Se ordena cautelarmente a la AFIP no liberar boleta de deuda para el cobro de las deudas que la actora tiene, y que venía regularizando mediante planes de pagos, los que fueron declarados ilegítimamente caducos, hasta tanto no se agote la vía administrativa pertinente

CertificadoPartes: C.A.B.A. SA. c/ AFIP s/ medida cautelar autónoma

Tribunal: Juzgado Federal de Mendoza

Fecha: 30-dic-2014

Cita: MJ-JU-M-91771-AR | MJJ91771 | MJJ91771

Se ordena cautelarmente a la AFIP no liberar boleta de deuda para el cobro de las deudas que la actora tiene, y que venía regularizando mediante planes de pagos, los que fueron declarados ilegítimamente caducos, hasta tanto no se agote la vía administrativa pertinente.

Sumario:

1.-La impugnación deducida ante la autoridad administrativa opera como una suerte de proceso pendiente que habilita el dictado de la cautelar solicitada, frente al silencio de la misma en relación al pedido expreso del recurrente de suspender los efectos de la caducidad de los planes de pago, por lo que corresponde hacer lugar a la precautoria, intertanto se produzca el agotamiento de la vía administrativa.

2.-Mientras está pendiente de resolución por la administración el recurso interpuesto ante ella contra un acto administrativo, puede ser procedente una medida cautelar judicial de suspensión del acto impugnado en sede administrativa, hasta tanto se resuelva el recurso administrativo.

3.-La medida de no innovar no es la vía idónea para impedir la prosecución de procedimientos distintos a aquél en que se dicta, ni puede tener por efecto la paralización a priori de una eventual demanda a dirigirse contra el peticionario, ya que este objeto sobrepasa los límites y modalidades propias de la cautela en cuestión y daría pie a una incertidumbre inadmisible.

Fallo:

Mendoza, 30 de diciembre de 2.014 AUTOS, VISTOS: Los presentes autos N° 42.912/2.014, caratulados: «1765 C.A.B.A. S.A. c/ AFIP S/ MEDIDA CAUTELAR AUTONOMA», y, CONSIDERANDO:

I.- Que a fs. 24/39 el Dr. Juan Cruz Cardoso, por 1765 C.A.B.A. S.A., con el patrocinio letrado del Dr. Alejo M. Cardoso, solicita medida cautelar autónoma con el objeto de que se ordene al Estado Nacional- Administración Federal de Ingresos Públicos, no liberar boleta de deuda para el cobro de las deudas que la actora tiene, y que venía regularizando mediante planes de pagos nº H 214908 y G 970861, los que fueron declarados ilegítimamente caducos, el día 21/10/2014, hasta tanto no se agote la vía administrativa pertinente, la cual se encuentra en curso y pendiente de una resolución fundada y definitiva por el Juez Administrativo.-

Relata que, 1.765 C.A.B.A S.A., es una sociedad que se dedica a la gastronomía, es propietaria de tres restaurantes, y presta servicios de catering. Que su actividad es estacional, con periodos de mayor consumo y otros donde baja ostensiblemente.Que en virtud de ello, se ve obligado a realizar contrataciones eventuales, por temporada, y permanentes, razón por la cual, o por cuestiones ajenas a su voluntad (renuncias, abandono de trabajo o despidos), la planta de personal varía constantemente.-

Expresa que su mandante tenía con el Fisco Nacional, dos deudas, una correspondiente a Aportes y Contribuciones de la Seguridad Social, por $ 342.472,08, a regularizar con plan nº H214902; y otra correspondiente a IVA, por el monto de $ 96.885,36, a regularizar con el plan nº G970861; todo ello en virtud de la Resolución General de AFIP nº 3516/13, modificada por la Resolución General de AFIP nº 3631/14.-

Manifiesta que, solicitó el plan de pagos H214902, el día 10/09/2014, y no alcanzó a cancelar ninguna cuota antes de la declaración de caducidad el día 21/10/14; sin embargo, con posterioridad a ello, AFIP el día Fecha de firma: 30/12/2014 igualmente debitó la primer cuota de la cuenta denunciada por el contribuyente; por lo que solo estarían pendientes las últimas cinco cuotas.-

Asimismo, indica que solicitó el plan de pagos G970861, el día 23/06/14, y alcanzó a cancelar tres cuotas en tiempo y forma; que el día 21/10/14 se declaró la caducidad del mismo; sin embargo, con posterioridad a ello, AFIP el día 26/10/14 igualmente debitó la cuarta cuota; por lo que solo estarían pendientes las cuotas 5º y 6º de este plan.-

Alega que, la demandada, declaró la caducidad de los mentados planes, sin explicación ni motivación alguna, y sin notificar la decisión administrativa.Que su mandante advirtió las declaraciones de caducidad, vía web, cuando su contador ingresó su clave fiscal para verificar el estado de los planes, advirtiendo asimismo que el Fisco igualmente debitó de la cuenta de CABA los montos correspondientes a las cuotas del periodo siguiente en ambos planes de pago, como si los mismos estuvieran vigentes.-

Menciona que, analizando las Resoluciones Generales de AFIP, se llegó a la conclusión que la caducidad sólo pudo haber sido declarada en virtud de que el contribuyente redujo sin culpa ni intención alguna, su planta de trabajadores, atento a que las únicas dos causales de caducidad de planes de pago son la disminución de la cantidad de empleados obrantes en las declaraciones juradas, o la falta de cancelación de una cuota en las fechas de débito previstas.- Destaca que, la declaración de caducidad no siguió ni los más mínimos recaudos legales que impone la LNPA para el dictado de los actos administrativos, conforme art. 7, toda vez que notificó los actos vía internet, a través de un simple aviso que informó la caducidad del plan, sin fundarla, ni hacer referencia alguna de las normas en juego, ni mucho menos a los antecedentes que sirvieron para tal pronunciamiento , y que además, se cobró la cuota siguiente.- Refiere que, como consecuencia de estas arbitrariedades, en forma ilegítima, el día 22/08/2014 AFIP libró boleta de deuda, y posteriormente inició juicio de ejecución fiscal, por un monto de $ 31.188,35, con más intereses, costos y costas, el cual al día de hoy está cancelado.-

Expresa que, advirtiendo la actitud del Fisco, el contribuyente presentó una multinota ante AFIP, en donde por motivación propia y espontánea dio las explicaciones pertinentes del caso, asumiendo que la caducidad es por la reducción de personal, a fin de que tuviera bien rever la decisión arbitraria tomada, y al mismo tiempo autorizar la continuidad del plan solicitado, cuya primera cuota había sido ya cancelada.Asimismo, previendo que el Fisco no iba a pronunciarse rápidamente, se amplió la nota presentada, solicitándose a AFIP se abstenga de liberar boleta de deuda por los montos de los planes de pago referidos, hasta tanto se agote la vía administrativa y se decida respecto del primer pedido; sin obtener respuesta.-

Justifica la procedencia de la medida solicitada. Invoca el cumplimiento de los requisitos establecidos en las leyes 19.549 y 26.854. Acredita la verosimilitud del derecho invocado, en la ilegitimidad denunciada y en los vicios de la decisión fiscal. Alega que AFIP ha ido en contra de sus propios actos, ya que con posterioridad a la declaración de caducidad, cobró cuotas de los planes de pago.- En cuanto al peligro en la demora, invoca que ya se ha librado boleta de deuda por $ 31.188,35, existiendo real peligro de que , sin contestar las notas presentadas, libere las boletas de deuda para el cobro de las restantes deudas, con el consiguiente daño que implicaría el cobro en una sola y única vez, con más costas y honorarios. Ofrece caución juratoria, y para el caso en que se considerara insuficiente, aclara que la cautelar puede garantizarse con los pagos mensuales que CABA se había comprometido a efectuar ante AFIP.- Plantea la inconstitucionalidad de los arts. 4, 5, 8, 10, 11 y 13 de la ley 26.854, a lo que hago remisión en honor a la brevedad.- Cita abundante jurisprudencia y doctrina. Ofrece prueba. Funda en derecho. Efectúa reserva del caso federal.-

II.- A fs. 49, resolutivo 3º) se requiere a la demandada el informe previsto en el art. 4 de la ley 26.854, que dé cuenta del interés público comprometido.-

III.- Que a fs. 52/73, el Dr.Carlos Eduardo Rodríguez, por la Administración Federal de Ingresos Públicos- Dirección General Impositiva, produce el informe previsto en el mentado artículo, alegando que el interés público comprometido consiste en que si se otorga la media cautelar solicitada se estaría ordenando suspender una función básica del estado: cobrar impuestos, desconociendo las facultades que son propias y exclusivas del Organismo Recaudador al imponerle una obligación contraria al texto de la ley.-

Invoca la inviabilidad de la medida cautelar solicitada, atento a que el contribuyente se sometió voluntariamente a los planes de facilidades de pago, los que establecen un sistema en donde la adhesión al régimen se realiza vía internet, con clave fiscal y cuya caducidad se realiza de pleno derecho, sin que medie intervención por parte del Organismo, en forma automática, sin necesidad de ningún tipo de notificación, acto administrativo previo o interpelación alguna; todo ello, de conformidad con lo dispuesto por el art. 13 de la RG 3631/2014.- Aporta documentación de donde surge que la actora redujo el número de empleados causando la caducidad del plan del periodo fiscal 05/2014, donde consta una nómina de 54 empleados, en el periodo 06/2014, la reduce a 53, en el periodo 07/2014 a 51 y en el periodo 08/2014 a 49, sin aumento en ningún periodo; incumpliendo con los requisitos exigidos por la Resolución General y operando la causal de caducidad del plan.-

Alega la presunción de legitimidad del acto administrativo y que el reclamo administrativo invocado por la actora, no tiene previsto el efecto suspensivo, y la Administración, de conformidad con lo normado por el art.12 de la ley 19.549, no está obligada a otorgarlo.- Arguye que en nuestro sistema rige la regla solve et repete, en virtud de la necesidad de recaudar las rentas públicas, a fin de disponer de los recursos necesarios e impedir que la resistencia de los contribuyentes pueda paralizar el funcionamiento del Estado.- Expresa que no es razonable por vía de precautoria, impedir la iniciación o prosecución de procesos distintos a aquel en que se dicta, ni puede tampoco concluir con la paralización «a priori» de una eventual demanda a dirigirse contra el peticionario.- Fecha de firma: 30/12/2014 Cita jurisprudencia y doctrina. Ofrece prueba. Funda en derecho. Efectúa reserva del caso federal.-

IV.- Liminarmente, he de reiterar mi criterio constante y sostenido acerca de la inadmisibilidad de la acción interpuesta; que no tiene recepción expresa en nuestro derecho positivo, toda vez que, por su naturaleza y alcance, la peticionada escapa a las pretensiones cautelares que, de ordinario, tienden a la obtención de una medida judicial que asegure el eventual cumplimiento de la sentencia de mérito a dictarse en un proceso de conocimiento o de ejecución. Es que, como sostiene un autor, «no se trata de pretensiones autónomas, pues se encuentran necesariamente subordinadas a una pretensión principal ya deducida o próxima a deducirse» (Palacio, «Derecho Procesal Civil», tomo I, pág. 437, ed. 1975).-

Si bien no desconozco los aportes hechos por una parte de la doctrina y jurisprudencia nacional que en la última década han comenzado a receptar esta nueva categoría que se ha dado en llamar «procesos urgentes» , la suscripta adhiere a los autores y a la jurisprudencia que, atendiendo la falta de regulación de tales medidas en nuestro sistema procesal vigente, sostienen que se trata de procedimientos inconstitucionales dado que vulneran el derecho de defensa en juicio y el debido proceso, y las resoluciones que en ellos se dictan son calificadas de sentencias sin proceso conforme las prescripciones del art. 195 y conc.del CPCCN.-

Es que, el proceso tendiente a obtener el dictado de una medida autosatisfactiva, a diferencia de las cautelares, no está enderezado a resguardar la efectividad de una sentencia futura, sino que, por el contrario, se agota con el dictado de la misma. Además, la acción no podría ser receptada bajo el ropaje de la «medida cautelar genérica» prevista en el art. 232 del CPCCN, pues en tales supuestos, por tratarse de un procedimiento cautelar, la ley procesal exige, igualmente, la promoción de una demanda principal que le proporcione sustento, lo que evidentemente no es intención del peticionante en autos ya que tal posibilidad, según sus propios dichos, está supeditada a lo que se resuelva en sede administrativa en virtud de la impugnación allí planteada y que se encuentra pendiente de resolución (ver fs. 27 vta./28, punto IV).-

En la especie, la accionante, mediante el «proceso autosatisfactivo» que promueve, pretende se ordene a AFIP no librar boleta de deuda para el cobro de las deudas que el contribuyente tiene y que venía regularizando mediante planes de pago nº H214902 Y G970861, los que fueron declarados caducos, ambos el día 21/10/2014, hasta tanto se agote la vía administrativa pertinente; medida en principio inadmisible, ya que por vía precautoria no es procedente evitar la promoción de otros procesos.- Es que, es prácticamente unánime el criterio sustentado por la doctrina y la jurisprudencia en el sentido d e que la medida de no innovar no puede impedir la promoción de una demanda, como así tampoco alcanzar otras actuaciones judiciales, es decir, no puede suspender otro juicio o un acto del mismo. Sostiene Roland Arazi que:».la medida de no innovar no es la vía idónea para impedir la prosecución de procedimientos distintos a aquél en que se dicta, ni puede tener por efecto la paralización a priori de una eventual demanda a dirigirse contra el peticionario, ya que este objeto sobrepasa los límites y modalidades propias de la cautela en cuestión y daría pie a una incertidumbre inadmisible.» , «.la medida de no innovar apunta a la preservación de una situación de hecho o de derecho existente en un momento procesal determinado, pero de ningún modo constituye la vía adecuada para evitar la promoción o prosecución de otras causas, aunque posean actual o eventual incidencia sobre el objeto del juicio en el que se pide la medida.» – el destacado del texto nos pertenece- («Medidas Cautelares», ed. Astrea, p. 276).-

Es que, tal posibilidad va más allá de su ámbito normal de aplicación e implica reconocerle efectos que exceden la naturaleza propia de ese instituto.- La propia Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado sobre esta cuestión señalando que: «La medida cautelar de no innovar no puede, como regla, interferir en el cumplimiento de pronunciamientos judiciales, ni ser empleada para impedir u obstaculizar el derecho de índole constitucional de ocurrir a la justicia para hacer valer los derechos que las partes interesadas consideran tener». (CSJN o 16/07/1996 o Líneas Aéreas Williams S.A. (Lawsa) c. Provincia de Catamarca – Dirección Provincial de Aeronáutica- o L. L. 1996- E, 544 – DJ 1997-1, 218).- La sala «A» de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, se ha expedido con igual temperamento al que aquí propicio en as. Nº 68.583-I-1.251, caratulado: «Importime S.A. c/ Dirección General de Aduanas p/ Cont. Administrativo»; N° 73.991-S- 2879, caratulado: «S.H. S.A. y ots. c/ ING. B.A. Suc. Arg. y ots. p/ Amparo» y Nº 73892-P- 3330, caratulado «PEVE PLAST S.A.c/ AFIP – DGI p/ Amparo», entre muchos otros.-

Así las cosas, cabe afirmar que no podría ordenarse a AFIP-DGI, y mucho menos por medio de una cautelar autónoma, que se abstenga de iniciar ejecución.- En el caso de autos, la actora presentó, en fecha 29/10 y 12/11/14, sendas multinotas ante AFIP, solicitando se revea la decisión tomada respecto a la caducidad de los planes de pago y la continuidad de los mismos, requiriendo se abstenga de liberar boleta de deuda, hasta tanto se agote la vía administrativa y se decida respecto al pedido efectuado. La Administración no ha resuelto el pedido ni ha suspendido sus efectos, pese a la petición expresa del recurrente, lo que, en principio, basta para el otorgamiento de la suspensión peticionada, vía judicial (ver fs. 17/19).-

Es que, tal como sostiene Tomás Hutchinson, al analizar los efectos de la impugnación administrativa del acto, «.si la Administración no suspende los efectos del acto ante el expreso pedido del particular, éste podrá acudir cuestionando dicha negativa – aunque esté pendiente el recurso administrativoante el juez, el que decidirá si estuvo bien o mal denegado; si ocurriere esto último, ordenará que la Administración suspenda los efectos del acto, no ordenará una medida cautelar innovativa. Si puede hacerlo en un caso en que revisa un acto administrativo denegatorio, no encontramos impedimento en que también pueda hacerlo cuando no exista acto previo. La ratio iuris es la misma». (el destacado me pertenece) (ED, 124, 68), siendo éste el caso de autos ya que no existe constancia de que la autoridad haya hecho lugar a la solicitud de suspensión formulada en la multinota impugnativa (v. fs. 17/19), lo que justifica acceder al anticipo jurisdiccional solicitado.- Por otro lado, de los términos del informe previsto en el art. 4 de la ley 26.854, que han sido transcriptos, no advierto que la medida peticionada afecte el interés público, ya que la misma se traduce en una mera postergación temporal de la ejecución de las resoluciones impugnadas.Tampoco implica intromisión en ámbitos propios del poder administrador, sino el ejercicio del control sobre los actos del mismo que es propio del poder judicial (art. 116 CN y las leyes que son su consecuencia).-

Por lo expuesto, considero que, la impugnación deducida ante la autoridad administrativa, opera como una suerte de proceso pendiente que habilita el dictado de la cautelar solicitada (art. 230 del CPCCN), frente al silencio de la misma en relación al pedido expreso del recurrente de suspender los efectos de la caducidad de los planes de pago nº H214902 y G970861, declarada el día 21/10/2014, y que, en consecuencia, corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada, intertanto se produzca el agotamiento de la vía administrativa.- Es que: «La jurisprudencia del fuero federal en materia procesal administrativa ha ido desarrollando en los últimos tiempos una interesantísima jurisprudencia, de la cual el presente fallo es otro ejemplo, por la cual mientras está pendiente de resolución por la administración el recurso interpuesto ante ella contra un acto administrativo, puede ser procedente una medida cautelar judicial de suspensión del acto impugnado en sede administrativa, hasta tanto se resuelva el recurso administrativo» (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosoadministrativo Federal Sala III, «Tienda león, Manuel SA c ENA Fuerza Aérea»).-

Es por ello que, con la provisoriedad que caracteriza al pronunciamiento cautelar, y sin que lo resuelto signifique adelantar opinión sobre la cuestión de fondo que la actora habrá de plantear en la demanda que considere pertinente, procede hacer lugar, parcialmente, a la precautoria que se impetra, ordenando la suspensión del acto administrativo impugnado, esto es, la caducidad de los planes de pago nº H214902 y G970861, intertanto se agota la vía administrativa.-

V.- Ahora bien, encontrándose en vigencia la ley N° 26.854, que regula las medidas cautelares, en las que es parte o interviene el Estado Nacional o sus entes descentralizados, y habiéndose solicitado la declaración de inconstitucionalidad de los arts.4, 5, 6, 8, 10, 11 y 13 de la ley 26.854, he de expedirme sobre dicho planteo.- En principio, la declaración de inconstitucionalidad de una norma, es la última ratio, tal como tiene dicho nuestra Corte Federal » La declaración de inconstitucionalidad constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, ya que configura un acto de suma gravedad, o ultima ratio del orden jurídico, por lo que no debe recurrirse a ella, sino cuando una estricta necesidad lo requiera y no exista la posibilidad de una solución adecuada del juicio a la que cabe acudir en primer lugar.

Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-(C. 2705 XLI, REX Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica c/Marini, Carlos Alberto s/ejecución. ,13/05/2008), no obstante, ello no impide el ejercicio del control sobre aquellas normas sometidas a su consideración, que contraríen la Constitución Nacional, de modo evidente.- Ahora bien, considero improcedente la tacha sobre la limitación de la vigencia temporal, carácter provisional y caducidad de las medidas cautelares, establecidas en los arts. 5, 6 y 8 de la ley 26.854, toda vez que ello, no desnaturaliza el carácter provisorio que poseen las medidas cautelares, sin perjuicio de que, la misma ley prevé, la posibilidad de prorrogar su vigencia (art.5 párr. ter. ley 26854).-

En este sentido se ha pronunciado la Corte Federal, señalando que, «.En efecto, si la sentencia en la acción de fondo demora un tiempo excesivo, se permitiría a la actora excepcionarse por el simple transcurso del tiempo de aplicación del régimen impugnado, obteniendo de esta forma por vía del pronunciamiento cautelar, un resultado análogo al que se lograría, en caso de que se acogiera favorablemente su pretensión sustancial en autos.Por esta razón, no solo debe ponderarse la irreparabilidad del perjuicio del peticionante de la medida, sino también el del sujeto pasivo de éstas, quien podría verse afectado de manera irreversible si la resolución anticipatoria es mantenida «sine die», de lo cual se deriva que la alteración del estado de hecho o de derecho con criterio restrictivo» (C.S.J.N G456.XLVI, caratulados «Grupo Clarín y otros s/ medida cautelares, 331:941).-

En el caso, tal prórroga estará s ujeta al propio accionar del Estado traducido en la agilización de los procedimientos en sede administrativa.- Igual suerte corre la tacha del art. 10 y 11, ya que el mismo, no ofrece distinciones ni variantes, respecto a las disposiciones previstas, en el plexo normativo procesal vigente, dado que, la caución era un requisito previsto por el art. 199 del CPCCN antes de la entrada en vigencia de la norma cuestionada, siendo facultad del juez, determinar, qué tipo de contracautela habrá de exigirse en el caso, por lo que, no encuentro agravio que torne inconstitucional dicha norma.- En cuanto al planteo de inconstitucionalidad del art. 13 inc. 3) de la ley, que contempla el efecto suspensivo de la eventual apelación que se interponga, con fundamento en que, la accionante ha recurrido un acto cuyo efecto podría, eventualmente, conculcar su derecho, causando un gravamen de difícil reparación en el caso de una decisión favorable, cabe tenerlo presente para su oportunidad en el caso de que la resolución sea recurrida.-

VI.- Conforme lo dicho, corresponde analizar el alcance temporal de la medida solicitada, en el contexto de la ley 26.854.-

Atento lo dispuesto por los arts. 5 de la mentada ley, la medida precautoria que aquí se adopta debe extenderse por un plazo que se fija en seis meses contados a partir de que se haga efectiva la presente, feneciendo automáticamente al expirar ese lapso, con la salvedad de lo previsto en el art. 5º, tercer párrafo de la ley citada. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el art.8 de dicha ley, la parte actora debe, en el término de los diez (10) días siguientes al de la notificación del acto administrativo expreso que agote la instancia administrativa, interponer acción judicial, bajo apercibimiento de caducidad de la medida que aquí se ordena.-

VII.- Que, a los fines del art. 199 y concordantes del C.P.C.C.N., teniendo en cuenta la naturaleza de la cuestión planteada, lo expuesto por la parte actora a fs. 35 vta. punto V.e), resulta adecuado fijar caución real o fianza personal para garantir los eventuales daños y perjuicios por la suma de $ 410.000, la que falta pagar, a fin de garantizar los eventuales daños que el cumplimiento de la medida pueda irrogar (art. 10 de la ley 26.854).- Por lo expuesto precedentemente, RESUELVO:

1) Tener al Dr. Carlos Eduardo Rodríguez, por la Administración Federal de Ingresos Públicos- Dirección General Impositiva, por presentado, parte y domiciliado legal y electrónicamente, a mérito de la documentación acompañada.-

2) HACER LUGAR A UNA MEDIDA CAUTELAR DISTINTA DE LA SOLICITADA (art. 204 del C.P.C.C.N.) y, en consecuencia, suspender en este caso en concreto, los efectos de la caducidad de los planes de pago nº H214902 y G970861, declarada por la Administración Federal de Ingresos Públicos, intertanto se produzca el agotamiento de la vía administrativa.-

3) PREVIO al despacho de la medida dispuesta, rinda la actora caución real, para responder por los daños y perjuicios que la misma pudiera llegar a irrogar (art. 10 de la ley 26.854), que se fija provisoriamente en la suma de $ 410.000.-

4) FIJAR como límite temporal de la medida precautoria adoptada el término de seis meses a partir de que se haga efectiva la presente resolución a la parte demandada, conforme lo expresado en los considerandos precedentes.-

5) INTIMAR a la peticionante para que en el término de los diez (10) días siguientes al de su notificación del acto administrativo expreso que agote la instancia administrativa interponga demanda judicial, bajo apercibimiento de caducidad de la medida cautelar que aquí se ordena.- CÓPIESE Y NOTIFÍQUESE ap

Fecha de firma

30/12/2014

Firmado por: OLGA ARRABAL DE CANALS, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA

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