Rechazo del recurso de inconstitucionalidad deducido contra la resolución a la que se arribó en la acción de defensa de intereses difusos intentada para preservar el patrimonio paisajístico de un barrio

1casPartes: Vecinos de la Cascada Arroyo Saladillo y os. c/ Provincia de Santa Fe s/ Ley 10000

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario

Sala/Juzgado: Tercera

Fecha: 26-nov-2014

Cita: MJ-JU-M-91732-AR | MJJ91732 | MJJ91732

Rechazo del recurso de inconstitucionalidad deducido si no se ha demostrado arbitrariedad o ilegalidad alguna en la resolución a la que se arribó en la acción de defensa de intereses difusos intentada para preservar el patrimonio paisajístico de un barrio.

Sumario:

1.-Corresponde rechazar el recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto por la parte actora no ha logrado la recurrente exponer una hipótesis de arbitrariedad en abstracto con una diferente y concreta aplicación a los hechos de esta litis de otro enfoque jurídico superador del razonamiento del acuerdo que pretende poner en crisis.

2.-Es inadmisible el recurso de inconstitucionalidad dirigido contra un acuerdo alcanzado en el marco de una acción de defensa de los intereses difusos, prevista en la ley 10.000, por vecino que pretenden defender el bien jurídico, patrimonio paisajístico, histórico y cultural de la ciudad ante la inminencia del proceso licitatorio de una obra pública que, a su juicio, afectaría el paisaje, y con ello, el patrimonio histórico cultural del barrio indicado.

3.-Resultan vigentes los arts. 20 y 21 del CPCC de SF., en un procedimiento, por más que se encuentren inmiscuidas temáticas ambientales, son las circunstancias concretas las que marcan que el juez haya de vislumbrar la necesidad de intervenir con una participación que pueda tener o no un rol más activo en su carácter de director del proceso y ello está muy vinculado a la personalidad y de cada magistrado y a las situaciones de contexto que se van dando dentro del procedimiento.

4.-La obra pública cuestionada por vecinos en el marco de una acción de defensa de intereses difusos no configura, en los términos de la normativa nacional que se pondera analógicamente, una actividad riesgosa y por tanto no resulta exigible, ni aun en términos de aplicación analógica, un supuesto que necesariamente deba ser asegurado, por lo que no existe agravio constitucional suficiente para habilitar la instancia extraordinaria ya que no hay irrazonabilidad, falta de fundamentación o insuficiencia de la misma.

5.-La creación y funcionamiento o la modificación de estos aspectos en marco de emprendimientos urbanísticos implica una compleja red en el manejo patrimonial y financiero que necesariamente debe ser considerado en sus alcances y trascendencia popular, sobre todo cuando son fondos públicos los que están en juego.

Fallo:

Rosario, 26 de Noviembre de 2014.

Y VISTOS: Los presentes caratulados “VECINOS DE LA CASCADA ARROYO SALADILLO Y OTROS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ LEY 10.000”, Expte. N° 143/13, venidos a despacho para resolver el recurso de inconstitucionalidad interpuesto a fs. 597/621, traslado contestado a fs. 625/640, y demás constancias de autos;

Y CONSIDERANDO: Voto del Dr. Cúneo: Acusa la quejosa al acuerdo de cámara la asimilación de tipología legal que vincula a la figura del amparo, lo que estima que brinda una referencia del encuadre teórico sobre la ideología y bases de interpretación sobre la que argumentar con base en “La fuerza normativa de la Constitución”, por Bidart Campos Germán J. en: “El amparo constitucional, perspectivas y modalidades”, Depalma, Bs. As. 2000, págs. 1 y ss.).

Afirma que el amparo no es instituto sucedáneo de la Ley 10.000 sino que lo es el código adjetivo santafesino, por lo que considera que el encuadre inicial que formula el señor vocal sería, desde el inicio, incorrecto.

Respecto de la mencionada doctrina largamente transcripta dice que la misma es de absoluta coincidencia con el pensamiento de la parte actora.

Puede desde ya señalarse que no deja deslizar siquiera en estos párrafos un agravio en concreto.

El informe presentado por la demandada ante la instauración de la demanda, afirma la Sala, que es ajustado al estudio de las pertinentes medidas tendientes a la preservación de los aspectos sobre los que gira el reclamo actoral incluidos los que hacen al patrimonio cultural a preservar al realizar los trabajos, relativos a la conservación y preservación del cauce y demás estructuras afectadas por el continuo correr del agua a que refiere la obra y que los respectivos estudios presentados en autos por la parte demandada están orientados a las perspectivas de futuro, previéndose los trastornos erosivos pertinentes.

Al respeto la quejosa señala a la Excma.Cámara que no ha podido encontrar en parte alguna de los escritos presentados por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Santa fe, ni en el texto de la licitación internacional, ni en las constancias administrativas de quienes concursaron ni menos en el estatuto que finalmente se pretende aplicar, que se haya hecho mención a la tutela del patrimonio natural y cultural que es la Cascada del Arroyo Saladillo.

Tal valoración obviamente corre por cuenta de quien recurre; pero cabe señalar que toda esta documentación ha sido presentada en razón de la demanda efectuada por ella sobre el tópico, por lo que no pueden hacer referencia a otra cuestión.

Señala que la transcripción de la normativa provincial que efectúa el vocal preopinante en nada ilustra ni respalda sus dichos más que como la prédica -justa por cierto- de las facultades y deberes que le atañen a las autoridades provinciales en orden de la protección ambiental. Agrega que sobre el punto no hay discrepancia alguna.

Critica que no existiría relación con las constancias de autos pues nada de ello se ha implementado.Salvo en lo que respecta al deber de la autoridad de aplicación.

En este punto vislumbra que el tribunal se ha apartado de la normativa constitucional proyectada a través de la Ley General del Ambiente en tanto ella consagra el principio de precaución (también recibido por la Ley del Ambiente santafesina N° 11.717). Dicho principio instaura el deber de proteger el ambiente para evitar el daño aún cuando no exista certeza técnica o científica al respecto.

Destaca que no se encuentra negada la existencia de una válida pretensión común que afecta intereses de incidencia colectivo, derivado de la realización de los trabajos correspondientes, incluyéndose la toma en consideración de los pareceres vecinales.

La Sala ha contemplado en su sentencia la aplicación de las normas mencionadas y que refieren, ambas, tanto la nacional como la provincial, el principio de precaución, ergo no se vislumbra agravio al respecto y en cuanto a la evitación del daño, la Sala se ha ocupado de valorar los estudios presentados y ha llegado a la conclusión que la obra en si misma no se agota en el Barrio Saladillo en cuanto a sus consecuencias dañosas y que la denodada ha tomado los recaudos protectorios y evitativas de daños que afectarían una zona más amplia, incluyendo las generaciones futuras del barrio y otros lugares geográficos involucrados como consecuencia de la obra.

Es decir que se han tomado los estudios en forma completa y abarcativa entendiendo las responsabilidades de la Provincia para con todos sus ciudadanos y no sólo parte de ellos al emprender una obra que es un proyecto único y abarcativo que no se restringe a una zona determinada en cuanto a sus efectos eventualmente dañosos.

En síntesis, los órganos de gobierno involucrados han entendido sus responsabilidades como órganos republicanos y no dependientes de intereses sectoriales.Con ello se ha respetado el principio quizás más importante puesto en juego por este pleito, constitucionalmente hablando.

Dice de la discrecionalidad con que el bien tutelado ha sido injustamente desvalido jurídicamente, siendo que los daños posibles futuros son una hipótesis inadmisible.

Introduce el siguiente párrafo:

“Como si El Valle de los Reyes, ahora, bajo las aguas del río Nilo, precisamente por dictamen del mismo “científico” ruso que recomendó su inundación, pudiese ser reversible. La finalidad del Derecho Ambiental es preservar al prevenir y precisamente no todo lo contrario, remediar (en este caso lo irremediable) cuando se pudo evitar antes”.

Sinceramente no puede vislumbrarse el agravio que pretende sustentar con él.

El daño prevenido (a la luz de los informes científico-técnicos obrantes en autos) ha sido remediado o evitado, en la medida de lo posible, con relación a todos los vecinos afectados por la obra. Ignora esta Sala cuál sería la posición que hubiera adoptado frente a las circunstancias y contexto en que Egipto admitió realizar las obras del Valle de los Reyes, nunca fueron estos integrantes de Cámara llamados a expedirse al respecto (obvias razones lo hubieran tornado imposible).

Es cierto que la Sala sostuvo que “El fallo a dictarse, además, ha de tener en cuenta que, en los modos de concreción, debe respetarse aquellas facultades que correspondan al ámbito de discrecionalidad de la administración que resulta, responsable en los términos de la ley de ambiente.

Estos asuntos de índole ambiental, y que a la vez trastocan, en alguna medida, los aspectos culturales que interesan a la vecindad, requieren de la jurisdicción un activo despliegue de atención en la preservación de las mandas constitucionales, evitando que las administraciones involucradas no incurran en omisiones u otro tipo de violaciones que impliquen incumplimiento de las mismas”.

También es cierto que, oportunamente la Sala señaló destacadamente que:

“Son las autoridades públicas las responsables de proveer los medios, recursos y herramientas necesarias para custodiar el cumplimiento no sólo de sus actividades de concreciónde las políticas públicas que les han sido encomendadas, sino también de la puesta en marcha de los proyectos tendientes a brindar a la conservación de los derechos fundamentales; a la vida, salud y bienestar general de los habitantes.

Pero, también les cabe la responsabilidad de garantizar los recursos naturales del medio ambiente degradado o seguramente sujeto a una degradación, si bien posterior, también previsible, impidiendo daños futuros”.

La accionada precisamente se agravia de que, la sentencia recurrida, afirma que el proyecto no contempla los factores de significación social que conlleva el mismo.

Los párrafos de Acuerdo, por ella transcriptos, la desmienten.

Se repite en que en ninguna parte de los estudios y ensayos acompañados a la causa surge que se haya tenido en cuenta el aspecto de patrimonio natural y cultural de la Cascada en orden al estado actual en que se encuentra y como se la conoce, como Ícono Cultural de la Zona Sur, desde tiempos inmemoriales.

Este supuesto agravio fue ya referenciado como no superador de la perspectiva de razonamiento impuesta a los órganos estatales al momento de enfrentar sus responsabilidades ante el total de los ciudadanos.

Luego se introduce en el perfil del “juez ambiental” y se agravia de la concepción de las instancias conciliatorias habidas durante el transcurso de la causa, materia que será motivo de tratamiento infra.

La recurrente debe asumir con rigor el trabajo de elaborar la crítica de la sentencia de la que se queja por inconstitucionalidades contenidas en ella, debiendo volcar en el respectivo escrito de interposición todos los puntos controvertibles del razonamiento sentencial en los aspectos que hacen a las cuestiones constitucionales que se dicen violentadas por dicho decisorio.

Deben justificarse los respectivos planteos que han de ser concretos y específicos; pues no resultan eficaces las expresiones o referencias superficiales o genéricas.

Se requiere de una acabada impugnación.

Con ello quedan descartados todos los “agravios” circunscriptos a poner de manifiesto una discrepancia subjetiva o simple disconformidad con los motivos y conclusiones del fallo que se pretende descalificar.

Se deberá demostrar que el pronunciamiento cuestionadoadolece de vicios de entidad y rango constitucional que lo descalifican por completo como acto sentencial.

Son cuestiones esenciales aquéllas que hacen a la estructura de la traba de la litis y las que conforman el esquema jurídico que la sentencia debe atender para la solución; por ello no cabe otorgar tal nota de esencialidad a los extremos invocados por el recurrente o las que las partes consideren como tales en tanto su versión, en rigor, es tan sólo un argumento más expuesto para dar fortaleza a su posición procesal.

En esta instancia es que la recurrente intenta introducir en su larga exposición cuestiones relativas a la prueba sobre los hechos litigiosos, cuya valoración es de indiscutible importa ncia, pero sin definir las cuestiones relativas a una eventual arbitrariedad que invoca.

Del incumplimiento del requisito de autoabasto del escrito recursivo puede decirse que, en principio no hace un buen y objetivo relato de los hechos, descolocándose respecto de las exigencias que le plantea al recurrente el artículo 3° en su inc. 2º, pues le falta claridad y precisión, por lo que resulta en un libelo de difícil lectura, perjudicando su comprensión en lo referido a su comprensión y exposición de los antecedentes de la causa, ante lo extenso y complejo de la cuestión bajo debate en la causa.

Refiere la recurrente a particularidades propias del caso, que la recurrida se encarga de recordar en el escrito de conteste ejemplos:

1.- la incidencia de lo presuntamente “acordado” por las partes,

2.- la importancia del “proyecto Bessone”,

3.- discrepa y realiza una valoración del material probatorio de la causa; por ejemplo, los resultados de la pericial realizada en autos, o la documental rendida, todo sin precisiones dadas en una exposición clara y contundente que evidencie arbitrariedad fáctica.

Es en virtud de lo expuesto en párrafos precedentes que, aunque resultara cierto que no se hubieran considerado las circunstancias, dicha falta de consideración no conduce a la descalificación del fallo.Ello en tanto si bien es obligación de los jueces tratar todas las cuestiones esenciales sometidas a juzgamiento, los magistrados no están obligados a seguir a los litigantes en cada uno de sus planteos ni a contestar la totalidad de los argumentos de hecho o de derecho alegados por ellos y en materia de recurso extraordinario el autoabasto del escrito de presentación sí requiere del recurrente una precisa y detallada enumeración del desarrollo del proceso, de manera tal, que marque claramente en qué fundamenta el apartamiento del juzgador de la correcta apreciación del caso, o valoración de los hechos comprobados y la incidencia del o de los yerro/s en un resultado que devino disvalioso, en términos jurídicos.

En el caso, si bien hay una versión confusamente mínima de las circunstancias de hecho que hacen a lo trascendente del proceso, es cierto el señalamiento que se le formula desde la perspectiva de la recurrida en cuanto a que, más bien hace una referencia más centrada en de circunstancias a juicio de la recurrente, serían decisivas para lograr el éxito de su pretensión en esta instancia extraordinaria, pidiendo que las omisiones imputadas sean valoradas con particular estrictez.

No basta la formulación hechos o argumentos de modo inconexo respecto a cuál es su valor para el andamiento del recurso, limitándose a exponer situaciones disvaliosas axiológicamente e invocar principios genéricos; como lo cita la recurrida, S.C.J.S.F. en “Flores, S. M s/ denuncia”, 6.10.1993, A. y S. 103/9:”…en supuestos de ardua complejidad fáctica, resulta imprescindible una clara y precisa exposición de la base fáctica, de modo tal que el planteo resulte inteligible’ e insiste también en que “la exigencia legal de autoabastecimiento del escrito recursivo no consiste en un ocioso y vacío formulismo, sino que responde a la necesidad de que la Corte pueda comprender, con la mera lectura del memorial, cuáles la temática del pleito, los asuntos debatidos y el desarrollo el juicio, a efectos de no distorsionar la índole extraordinaria de la impugnación” (Cita: A. y S. 72/111; 100/449; 110/262), también se convocó a Lugones, Narciso (“Recurso Extraordinario”, LexisNexis Depalma, 2da. edición actualizada 2002, Buenos Aires, pág. 400/1) para destacar sus comentarios en el sentido de que los hechos incluidos en el relato deben estar acompañados de la descripción de la forma y modo en que inciden para una solución distinta del caso, así como los elementos de juicio que se aleguen como ignorados por el a quo, dando una prueba de su carácter conducente para resolver la litis.

El mínimo relato de los hechos y su inconexa relación con la interpretación dada a la prueba y la incidencia de esos elementos con el resultado del pleito de sumado a la circunstancia de que hay elementos que sólo son destacados en esta instancia hace necesario determinarse grado de relación que verdaderamente existe entre lo fundante del recurso y la realidad de lo acontecido en el trámite de la causa judicial.

La pretensión de la actora al demandar dando inicio a estos autos, aparece luego desvirtuada cuando pretende incluir como cuestión litigiosa el “Proyecto Bessone”.

En un principio, los actores iniciaron acción de defensa de los intereses difusos, prevista en la ley 10.000, fundando la misma en que eran vecinos del Barrio de la Cascada del Arroyo Saladillo y accionaron invocando como finalidad el defender el bien jurídico “Patrimonio Paisajístico, Histórico y Cultural de la Ciudad de Rosario.”, ello ante la invocada inminencia delproceso licitatorio de una obra pública que, a su juicio, afectaría el paisaje, la apariencia de la Cascada y, con ello, el patrimonio histórico cultural del Barrio Saladillo. De ese modo y justificando su actuar procesal contra la accionada, aludieron a que “…la Provincia de Santa Fe, a través del accionar del MASPyMA, habría violentado, con su obrar omisivo, una serie de normativa aplicable, en especial la Ley Ambiental Provincial, nro. 11.717, y la Ley General del Ambiente, Nro. 25.675”.

Solicitaron la condena de la demandada “. a realizar los actos institucionales, administrativos y técnicos exigidos por la normativa administrativa vigente, en orden a la realización previa de un ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL y/o -en caso de que la misma existiera- a seguir sus propias indicaciones técnicas en materia de protección del patrimonio natural y cultural y/o a ordenar que el mismo sea realizado en consideración especial de dichos rubros, así como su EVALUACIÓN Y APROBACIÓN por parte de la Autoridad de Aplicación (Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Santa Fe) conforme a la Ley Provincial del Ambiente N° 11.717 (B.O. 10/04/2000) específicamente en materia de evaluación del impacto en el valor patrimonial cultural de la intervención que se encuentra en proceso sobre dicho curso de agua, así como la realización conforme a derecho de la AUDIENCIA PÚBLICA previa a cualquier intervención sobre el recurso natural mencionado, en función y en los términos de obligatoriedad que prevé la Ley General del Ambiente N° 25.675 (B.O. del 22/11/2002). Asimismo a requerir la existencia de un SEGURO AMBIENTAL OBLIGATORIO (Art.22 de la Ley 25.675) previo al llamado a cualquier tipo de acto administrativo tendiente a intervenir en la cascada del arroyo Saladillo.”

Los actores denunciaron su descontento entonces con el proyecto de ingeniería aprobado por la autoridad interviniente y su anuencia con “.un proyecto técnico anterior que preveía la misma solución respecto del proceso de erosión sin afectar la caída vertical de la cascada”.

Surge enunciada la diferente reacción de la actora frente a lo que llama el “proyecto Bessone”, que ponderaba la caída vertical de la Cascada y el proyecto aprobado por la Administración y a licitarse, que preveía una caída con cierta pendiente de la Cascada, buscando según la accionada, minimizar el poder erosivo de la caída de agua sobre la estructura a construirse.

Esta situación o circunstancia no fue objeto de pedimento en concreto como condena a la demandada.

Al no ser objeto perseguido por la demandada no podía ser objeto de contestación por la accionada, ergo, jamás integró la litis.

La elección de un proyecto técnico por sobre otro, escapaba dice (y adelanto correctamente) del control del Poder Judicial por cuanto la misma respondía a razones de mérito, oportunidad y urgencia propias de la Administración y así fue destacado en sus fundamentos por esta alzada (ver: (Acuerdo Nro. 192/14).

En su informe circunstanciado, equivalente al conteste, la demandada destacó la necesidad de realizar una obra de estabilización de la cascada del arroyo saladillo en tanto la misma, en virtud a un ineludible proceso erosivo, se encontraba en constante avance, poniendo en riesgo de inundación a barrios de la zona sur de Rosario y Villa Gobernador Gálvez.Ello sin perjuicio del riesgo que tal avance erosivo significaba también para las obras ya existentes en la zona.

Ello lo vinculó a un estudio y evaluación de impacto ambiental que el mismo ya había sido debidamente aprobado, sin perjuicio de qué la aprobación no resultaba indispensable para el inicio del proceso licitatorio, sino tan sólo para el inicio de la obra en cuestión.

En referencia a la obligación de las audiencias sostuvo que, en realidad, la Ley General del Ambiente no establece tal mecanismo de participación popular como obligatorio, sino que refiere a “. procedimientos de consultas o audiencias públicas como instancias obligatorias.” (art. 20).

Afirmó que procedimientos de consulta ya habían sido debidamente satisfechos, con la participación y mayoritaria anuencia de los vecinos de Rosario y Villa Gobernador Gálvez.

Destacó también que la ley provincial Nro. 11.717 establece a las audiencias públicas como un mecanismo facultativo (art. 4 inc. j, arts. 11 y 12) y manifestó que en el particular sistema de control del obrar administrativo de la ley 10.000, esta era la única norma que debía considerarse.

Sobre el pedido de un Seguro Ambiental obligatorio, sostuvo, acorde a una comparación con la reglamentación de nivel nacional, que la obra pública no era una actividad riesgosa y, como tal, se encontraba exenta de tal requerimiento, pero haciendo resaltar que la obra era realizada por el Estado Provincial, de reconocida solvencia.

Cierto es que la magistrada interviniente, llamó a una serie de audiencias del artículo 19 CPCC tendientes a una conciliación entre las partes, la que nunca llegó.

Fue en el marco de esta conciliación y en audiencia del 11/5/2011 (fs. 258), la Provincia de Santa Fe hizo entrega de la “propu esta Bessone” que fue remitida al Decano de la Facultad de Ingeniería y Cs. Hídricas de la U.T.N.consultando la cotización y estimación de los tiempos de desarrollo de la misma.

De la respuesta del decano surgió que, a julio de 2007, el costo estimado del análisis de la propuesta llegaba casi al medio millón de pesos y cualquier estudio conllevaría un tiempo estimado no menor a un año.

Ante esta información, y valorando que el financiamiento del banco Mundial que permitiría el desarrollo de la obra fenecería en septiembre de 2012, aludiendo el interés público en juego, la demandada dice haberse retirado de la instancia conciliatoria y pidió resolución por primera vez en fecha 25.08.2011. Este pedido de resolución fue reiterado en múltiples ocasiones, sin embargo, la sentencia de primera instancia se dictó a más de un año de tal pedido, en fecha 8 de febrero de 2013, hechos constatables de lo actuado en autos.

La demora se motivó en que el nuevo titular del juzgado de primera instancia convocó luego a otra audiencia del artículo 19 CPCC (01.12.2011) en la que, sin renunciar a su posición previa, la accionada accedió el oficiar al Banco Mundial a los fines de que esta entidad informara si era posible una prórroga de la financiación por un término de tres años.

Al respecto de la respuesta a este oficio dice el recurrente a fs. 609 vta.que la demandada adujo “. que los recursos asignados para la obra por el Banco Mundial se agotarían en la espera si no eran utilizados en determinado plazo.” Y que sin embargo, la misma accionada “. informó al tribunal que dicha objeción no era tal y que los recursos estarían disponibles para cuando el proyecto alternativo estuviese en condiciones de ser ejecutado” (sic).

Esta es una afirmación que destaca la importancia del relato certero de las cuestiones de hecho que se ponderan en el recurso.

El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), comúnmente conocido como Banco Mundial, no respondió lo que relata la quejosa sino que previo destacar las prerrogativas e inmunidades de las que goza, informó que “. efectivamente la actual fecha de cierre del Proyecto de la referencia es el 30 de setiembre de 2012 y que las extensiones del plazo de los préstamos requieren de un proceso de autorización interna que comienza luego de una solicitud formal del prestatario, en este caso el Gobierno Nacional representado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Una vez recibida ésta solicitud se tramita de acuerdo con las políticas operacionales del BIRF para la extensión de fechas de cierre (OP/BP 13.30)” (ver: fs. 325/6 de autos).

Ergo, el Banco Mundial no dio respuesta afirmativa a una eventual prórroga del crédito, tal como dice la recurrente.

En ningún espacio de lo entrecomillado ni del resto de la respuesta surge lo relatado por la actora al recurrir.

Destácase especialmente que no puede la Provincia, sino solamente el Estado Nacional, realizar los trámites que se indican en la respuesta (art. 99 inc.11º C.N.).

En base a esta respuesta, el juez dispuso como medida de mejor proveer que se oficiara al Estado Nacional a los fines de efectivizar la solicitud de prórroga lo que fue recurrido por la demandada, quien en su lugar pidió se dictar sentencia.

La quejosa argumenta destacando la trascendencia de la única pericia realizada en autos y sostiene que la misma no mereció impugnación de ninguna de las partes (fs. 618) cuando, muy por el contrario, por escrito de fs. 275/278, la contraria denunció serios vicios que afectaban al debido proceso en relación a la realización de la pericia arquitectónica.

Había sido realizada e informada sin previa notificación a la Provincia de los puntos de pericia de la actora, imposibilitándola de presentar sus propios puntos de pericia, tampoco se le comunicó la fecha de por lo que no pudo asistir y controlar la misma.

También afirma la demandada que quedó demostrado un reconocido contacto previo e indebido con el apoderado de la actora sin la presencia de representantes de la Provincia de Santa Fe.

Destácase que también se manifestó por la accionada que dicho medio probatorio resultaba inconducente.Insiste la recurrida en que fracasa la actora en el intento recursivo por no respetar los requisitos mínimos de autoabastecimiento del escrito por el cual intenta el extraordinario.

Es decir sigue cuestionado el recurso en su fase de admisibilidad, sin entrar aún en el ámbito de procedencia del mismo.

Califica de falaces las afirmaciones sobre las que la actora basa su recurso, y pide que dicha circunstancia no sea desatendida a la hora de imponer las costas de esta instancia.

Todas estas cuestiones relativas a un, cuanto menos confuso y si se quiere extremar los calificativos, engañoso relato de los hechos fundantes del recurso e invocadas por la recurrida pueden ser constatadas como ciertas en las actuaciones a las que remite.

Insiste la demandada en contestar la admisibilidad el recurso intentado y continúa sosteniendo que, ya en otros niveles pero siempre de admisibilidad, de los planteos formulados por la actora no surge una viable hipótesis que en abstracto y en el caso concreto responda a condiciones doctrinarias y jurisprudenciales típicas de inconstitucionalidad y arbitrariedad.

En este punto se apoya en cita de Martínez, Hernán en “El recurso de Inconstitucionalidad en la Provincia de Santa Fe, Edit. Zeus, Rosario, 1981, pág.176.

Resulta claro que la requisitoria anunciada precedentemente fue cumplido por la impugnante, quien aparece más como intentando una inadmisible e improcedente revisión del recurso de apelación por la Suprema Corte, habilitando una impropia tercera instancia.

Sin perjuicio de su evidente desacuerdo con el decisorio arribado, la recurrente intenta un nuevo análisis del debate de los argumentos que ya expresados.

Esta instancia no es ordinaria, por lo que el debate propuesto resulta inadmisible en materia del recurso intentado.

Estimo que, en primer lugar no ha logrado la recurrente exponer una hipótesis de arbitrariedad en abstracto con una diferente y concreta aplicación a los hechos de esta litis de otro enfoque jurídico superador del razonamiento del acuerdo que pretende poner en crisis.

No superados estos requisitos de admisibilidad la invocación de gravedad institucional.

En principio y a mi criterio el recurso extraordinario intentando abrir la instancia máxima de la Corte ha fracasado en cuanto a superar los niveles de admisibilidad; sin embargo y para no incurrir en la posibilidad de un análisis parcial y que por ello se pueda perjudicar el decisorio en cuanto a los supuestos de procedencia analizados en un nivel superficial tampoco, adelanto me parecen suficientes.

En cuanto a la desnuda atribución de arbitrariedad debe decirse que no se ha logrado introducir razonamientos de derecho que, contrapuestos con la argumentación sentencial, hagan siquiera dudar que e la misma es realmente derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias probadas en la causa.

Los fundamentos dados son derecho vigente por lo que se la ha fundado suficientemente y en forma adecuada.

Se esfuerza la recurrente por distinguir el rol especial del juez en el “juicio ambiental”, sin embargo para nada se queja de que el acuerdo que dice perjudicarlo haya sido dictado por jueces no naturales, conforme las disposiciones constitucionales y de administración de justicia vigentes; por otro lado aceptó la intervención de todos los magistrados que trabajaron a lo largo del transcurso del proceso y, además nada dijo o reprochó de la sentencia anterior al respecto.

Denuncia una asimilación del trámite de esta acción con el previsto en la ley de amparo (pero no dice en qué lo agravia) y propugna especiales prerrogativas propias del “juez ambientalista”.

Tal como se encarga de recordárselo la recurrida es posición ya tomada por esta Sala Integrada, e incluso consentida por la actora, la de asimilar a la acción de la ley 10.000 con la del amparo. Así, por resolución Nro. 332, de fecha 28.10.2013, por la cual se resolviera una incidencia en la Alzada, se nombró al procedimiento de la ley 10.000 como un “amparo colectivo contenido en la ley santafesina de protección de intereses difusos” (fs. 544) y se recurrió, para tal asimilación, a cita de fallos de la Sala IV de esta Cámara (“Pire, E. F. c/ Municipalidad de Rosario s. Rec. cont. Adm. Ley 10.000. Defensa Bienes Públicos Comunidad).

En el caso, en la primera instancia y en el caso, los magistrados intervinientes mostraron una actitud innegablemente enrolada en diligencia de predisposición al diálogo y a la participación proactiva resaltándose la extensa instancia conciliatoria y en el dictado de medidas de mejor proveer.

Pero ha de recordarse que la Sala, al momento de dictar el acuerdo impugnado, señaló y mantiene su posición respecto a que “. más allá de la conducta de las partes acordando la intervención de un tercero y admitiendo su informe como elemento a considerar, no estaban por eso ajustándose a un trámite arbitral que fuera determinante del resultado del pleito y despojando al a quo y al Poder Judicial de sus potestades de decir el derecho por sentencia”.

En un procedimiento, por más que se encuentren inmiscuidas temáticas ambientales, son las circunstancias concretas las que marcan que el juez haya de vislumbrar la necesidad de intervenir con una participación que pueda tener o no un rol más activo en su carácter de director del proceso y ello está muy vinculado a la personalidad y de cada magistrado y a las situaciones de contexto que se vandando dentro del procedimiento. Así puede que un juez considere que inmiscuirse más, en lugar de ser factor de ayuda, resulte por el contrario, de disociación y/ catalizador del enfrentamiento.

Pero resulta innegable la vigencia de los arts. 20 y 21 del C.P.C.C.S.F.

Con respecto a las objeciones a los proyectos desechados ha de tenerse presente que la autoridad de aplicació n ha contado con asesoramiento especializado, científico y no ha actuado con desaprensión o negligencia que haga que se dude de una concienzuda evaluación de los elementos científicos que tuvo a su alcance para decidir dentro de su ámbito.

Y si bien un juez puede, fundadamente dejar de lado argumentos científicos, cabe señalar que la especificidad y la amplitud de las derivas de una causa semejante, no pueden ser evaluadas a luz del conocimiento jurídico en exclusiva.

La Provincia, con avales suficientes descartó determinadas propuestas por calificarlas de insuficientemente satisfactorias por responder sólo de la voluntad de los vecinos y sostenerla engendraba riesgos para ellos en la actualidad y para las generaciones futuras.

El Tribunal, tomó en cuenta toda la prueba en su conjunto para arribar a su decisorio.

La mera disconformidad con la actividad de valoración de la prueba llevada a cabo por esta Sala no ha encontrado resistencia razonada y suficientemente fundada como para entender que haya un resquicio de arbitrariedad fáctica en el ejercicio de tal facultad privativa de los jueces.

El acuerdo es el resultado de la valoración y convencimiento de los firmantes, de que la propuesta llamada “proyecto Bessone” (se utiliza el nombre usado para su mejor identificación), pretendida como solución de la situación, según el concepto de los actores, desembocaba en una propuesta inviable como proyecto desde el punto de vista científico.

Del mismo modo se llegó al convencimiento de que la Provincia no estaba improvisando o apartándose de soluciones con reconocida fundamentación técnica previa evaluación (que corresponde a su esfera de poder y responsabilidad y a la que los magistrados somos extraños) de que respondía adecuadamente a válidas razones de oportunidad, mérito y conveniencia.

El acuerdo estimó que el estudio de impacto ambiental y su aprobación respondían a la normativa vigente, teniendo en cuenta, en el marco contextual de las circunstancias de tiempo, persona y lugar, el valor patrimonial cultural y natural que aporta la cascada del Arroyo Saladillo a su sector de influencia directa y otras zonas afectadas.

El fallo de anterior instancia consideró cumplimentadas las exigencias legales en torno a los derechos de la comunidad a la participación ciudadana sea por audiencias públicas u otros medios de participación suficientemente eficaces.

Este no fue materia de agravio en su apelación un punto cuestionado por la actora en su apelación, y el agravio es la medida del recurso, ergo, la cuestión en esta instancia ya resulta una novedad no sujeta a la posibilidad revisiva de una apelación ya tramitada.

Insiste la recurrente en la necesariedad del seguro ambiental obligatorio diciendo: “Obviamente el legislador conoce la doctrina de la presumida solvencia del Estado pero no obstante ello ha dispuesto expresa y materialmente que a dicha entidad también le corresponde contratar ese tipo de seguro, que, como su nombre lo indica, es obligatorio.” (Fs. 616 vta.)

Es cierto que el acuerdo en sus considerandos recae en un evidente error material subsanable de la lectura completa del decisorio cuando sostiene que “la Municipalidad”, confundiéndola con “la Provincia”, sería demandada en autos.

El acuerdo no hace otra cosa que reconocer y reafirmar que se está frente un estado provincial solvente y no en default.

La obra pública en cuestión no configura, en los términos de la normativa nacional que se pondera analógicamente, una actividad riesgosa y por tanto no resulta exigible, ni aun en términos de aplicación analógica, un supuesto que necesariamente deba ser asegurado en la forma pretendida.

No se extrae de lo manifestado por la quejosa agravio constitucional suficiente para habilitar la instancia extraordinaria ya que no hay irrazonabilidad, falta de fundamentación o insuficiencia de la misma:La Provincia es solvente a los efectos de la pretensión ejercitada por la actora en el litigio., por cuanto el razonamiento detallado previamente no está viciado de arbitrariedad.

La insistencia en la caída vertical de la Cascada por aplicación del “proyecto Bessone”, diferente al aprobado para licitación en el diseño al ponderar la caída vertical de la Cascada, deberá reiterarse que el ámbito de una discusión conciliatoria no configura los límites de una litis.

Introducido este proyecto en etapa de conciliación, ya trabada la litis en primera instancia, resulta ajena y superflua en esta instancia extraordinaria.

La creación y funcionamiento o la modificación de estos aspectos en marco de emprendimientos urbanísticos implica una compleja red en el manejo patrimonial y financiero que necesariamente debe ser considerado en sus alcances y trascendencia popular, sobre todo cuando son fondos públicos los que están en juego.

Jurídicamente a su respecto entran a jugar no sólo preceptos del derecho urbanístico, sino también del derecho ambiental, del derecho de defensa de los consumidores, del derecho de las obligaciones y contratos (en el caso dentro del marco y que contextúa las decisiones políticas del estado provincial, etc.

Ello, innegablemente, ha provocado múltiples problemas y pese a que en su gran mayoría no hayan llegado a los tribunales por haberse logrado consensos a través de la razón, el sentido común, la buena voluntad y el ingenio, puestos todos ellos al servicio de una buena convivencia y el deseo de todos de mantener vigente la estructura ambiente; a veces, como en el caso, las demostraciones científicas que indican la amplitud espacial y geográfica de la interferencia negativa que se habrá necesariamente de producir de no abordar una obra de carácter preventivo (no sólo del espacio visual sino de erosiones y efectos disvaliosos diversos) como la propuesta, hace necesario que, constitucionalmente los jueces deban abordar su responsabilidad y avalar un proyecto que, si bien se reconoce ha de cambiar el marco visual de la zona por la que claman losvecinos recurrentes, dicha afectación no tiene el alto impacto de la no sustentabilidad de otros marcos geográficos de la ciudad, también habitados por vecinos con derechos colectivos a la no erosión o nacimiento de otros perjuicios consecuencia de la inactividad en la zona hoy en discusión.

En el caso, el fallo se encuentra fundado en expresas disposiciones legales y se sustenta en realidad derivada de un razonamiento razonado y razonable de lo materialmente probado dentro de la causa, sin caer en absurdas elucubraciones que lo hagan caer en irrazonabilidad o incoherencia manifiesta, el cuestionamiento a la forma en que la misma ha sido resuelta hace que resulte ajeno al recurso intentado tanto el acierto como el error con que se haya analizado el asunto, así como la forma en que fuera encarado; ello sella la suerte adversa de la impugnación intentada por esta vía extraordinaria.

La quejosa sólo ha calificado de arbitraria una sentencia que no se advierte, de su relato y agravios, en qué aspecto constitucional yerra.

Así, cabe concluir que el rechazo de la pretensión de apertura de la Alzada ante la Excma. Corte Provincial debe ser denegada, formal y fondalmente.

Voto de la Dra. Álvarez: Me adhiero en lo sustancial a los argumentos vertidos por el vocal preopinante, Dr. Darío L. Cúneo.

Seguidamente, dijo el Dr. Peyrano: Habiendo tomado conocimiento de los autos, y advirtiendo la existencia de dos votos coincidentes en lo sustancial, que hacen sentencia válida, me abstengo de emitir opinión (art. 26, ley 10.160).

En consecuencia, la Sala tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario, integrada,

RESUELVE: Rechazar el recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto por la parte actora contra el acuerdo Nº 192/14.

Insértese y hágase saber. (“VECINOS DE LA CASCADA ARROYO SALADILLO Y OTROS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ LEY 10.000”, Expte. N° 143/13)

CÚNEO

ALVAREZ PEYRANO

(ART. 26, LOPJ)

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