Se revoca la orden de eliminar un blog pues la expresión de ideas a través de internet es una garantía que ampara la libertad de expresión

shutterstock_87109075Partes: Sanchez Lorena Susana y otro c/ Google Inc. s/ medidas cautelares

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: III

Fecha: 16-dic-2014

Cita: MJ-JU-M-91681-AR | MJJ91681 | MJJ91681

Puesto que la expresión y difusión de ideas a través de internet es una garantía constitucional que ampara la libertad de expresión, la medida cautelar que ordenó la eliminación del blog debe revocarse.

Sumario:

1.-Corresponde revocar la medida cautelar otorgada con el fin de eliminar un web site y los resultados de búsqueda que ofrece el buscador demandado, pues el contenido de la información cuestionada no se refiere a la vida privada de una persona, sino que se vincula con su actividad comercial y con la de la firma cuya representación invoca la actora.

2.-Puesto que no se advierte que en el blog se exhiban datos personales que pongan en riesgo la seguridad personal de la peticionaria, habida cuenta de que, a su respecto, sólo se indica un número de documento de identidad, y siendo que por ser una medida cautelar innovativa, tiene carácter excepcional porque altera el estado de hecho y de derecho existente, -importando un anticipo de jurisdicción-, corresponde revocarla.

3.-Toda vez que no hay probanzas que acrediten la falsedad o una mera intencionalidad difamatoria sin sustento real en los hechos que los comentarios indican en el blog cuya eliminación se persigue, el alcance de la medida cautelar dictada contra la demandada, como proveedor de la plataforma del blog y como buscador , es susceptible de restringir la búsqueda, recepción y difusión de información que podría ser de interés público y, por ende, el derecho a la libertad de expresión que tiene jerarquía constitucional, limitando en forma irrazonable el debate libre que permite Internet, elemental en un sistema democrático y republicano.

4.-Además de no haberse acreditado la falsedad de la información, tampoco se demostró la imposibilidad de identificar al titular del blog, por lo tanto, la medida cautelar decretada no es la única forma de evitar que el daño invocado se siga produciendo, circunstancia que no se puede soslayar debido a los efectos perjudiciales que la restricción puede proyectar sobre derechos constitucionales.

5.-La medida cautelar que receptó el pedido de eliminación del blog debe revocarse puesto que la búsqueda, recepción y difusión de ideas de toda índole, a través del servicio de internet, se considera comprendido dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión (art. 1° de la ley 26.032); máxime siendo que el derecho a expresarse a través de Internet fomenta la libertad de expresión tanto desde su dimensión individual como colectiva, y destacó la importancia del rol que desempeñan los motores de búsqueda en la difusión de información y de opiniones.

Fallo:

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2014.

Y VISTO:

El recurso de apelación interpuesto a fs. 119/20 contra la resolución de fs. 106/107, fundado a fs. 128/35vta., cuyo traslado fue contestado a fs. 137/48vta., y

CONSIDERANDO:

1. La señora Sánchez, abogada, por derecho propio y en representación de la firma Diagonal Norte Consulting SRL -propietaria del emprendimiento «Punta Paraná»-, solicitó una medida cautelar para que se ordenase a Google Inc.: 1) eliminar el web site accesible desde la dirección electrónica http://puntaparana.blogspot.com y los resultados de búsqueda que ofrece el buscador, y 2) cesar en la difusión de dicho blog cada vez que un usuario realice una búsqueda con su nombre o con el de «punta parana».

Fundó su petición en que Google permite la creación y almacenamiento gratuito del citado blog, como así también facilita la localización y difusión de sus contenidos. Alegó que la información difundida en el blog en forma anónima es mendaz y falsa, y que mediante ella agravian, insultan, injurian y descalifican a su persona y a la firma, que tiene una reconocida trayectoria en el mercado de la construcción, desarrollo y venta de emprendimientos inmobiliarios. Añadió que en el blog se exhiben datos personales y que le resulta imposible identificar a su autor, por lo que la única forma de evitar el daño es con su eliminación.

Entre otros fundamentos, destacó la responsabilidad de Google en el carácter riesgoso de su actividad, la cual permite la difamación de terceros en forma anónima y gratuita. Y sostuvo que la información cuestionada no está protegida por la libertad de expresión o de prensa, desde que su única finalidad es la de perjudicar su imagen con calumnias e injurias.

Con tales argumentos sustentó la verosimilitud de su derecho y el peligro en la demora y, por ende, la procedencia de la medida del art. 232 del Código Procesal.

2.La medida cautelar fue decretada por el a quo con el alcance peticionado y bajo caución juratoria. Para decidir de ese modo, tuvo por acreditado «el contenido injuriante de las manifestaciones vertidas en el blog y los resultados de búsqueda de Google respecto de las peticionarias», como asimismo la existencia actual de la información cuestionada y la posibilidad de que pueda causar serios perjuicios a la persona y a la empresa.

A esos fundamentos añadió que la medida no ocasiona a Google un grave perjuicio pero evita, en cambio, el daño permanente invocado.

3. Contra esa decisión se agravia Google con los siguientes argumentos: 1) no hay peligro en la demora desde que la página web cuestionada se publicó en 2009 y la medida se requirió en 2012, habiéndose notificado seis meses después de que se decretó; 2) Google es un intermediario, lo cual impide toda discusión acerca de la veracidad de lo publicado. Invoca que se debió dirigir contra quienes publicaron el contenido cuestionado, en tanto que la actora no acreditó la imposibilidad de identificar a los autores. Afirma que Google puede aportar, con orden judicial, los datos de registro de las cuentas; 3) ni la peticionaria ni el juez analizaron el contenido del blog, el cual podría tener información valiosa para el público consumidor u opiniones protegidas por el derecho a la libertad de expresión. Niega que se publiquen datos personales privados, desde que sólo se indica un DNI de la actora. Y agrega que la mera discrepancia con las críticas expresadas en las páginas web no las transforma en ilegales, en tanto que el término «estafadores» no puede abstraerse del contexto general en el que se inserta.

4. En primer término, hay que precisar que la medida cautelar decretada por el juez es innovativa y, por ende, tiene carácter excepcional porque altera el estado de hecho y de derecho existente al tiempo de su dictado; es decir, importa un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa.Tales extremos justifican una mayor prudencia en el examen de los recaudos que hacen a su admisión (Corte Suprema, Fallos 316:1883, 318:2431 , 319:1069 , 321:695 , 325:2347 y 331:466 ), y que concurra certidumbre acerca del daño inminente e irremediable si no se modifica la situación (doctrina de Fallos 331:941; esta Sala, causa 5861/03 del 9-6-2005; Sala 1, causa 7397/10 del 11-10-2011).

En ese sentido, cabe destacar que los casos como el que se plantea involucran dos intereses esenciales que necesariamente se deben ponderar: por un lado, el derecho de la sociedad a estar informada y a expresar todo tipo de opiniones e ideas a través de un medio de gran difusión como Internet -con sus efectos positivos y negativos-; y por el otro, los derechos (personalísimos o patrimoniales) de las personas físicas o jurídicas que puedan resultar afectados por el uso que se haga del referido medio, de acuerdo con las concretas circunstancias de cada caso (esta Sala, doctrina de la causas 4560/10 del 15-3-2012 y 6804/12 del 30-4-2013).

La naturaleza de estos derechos exige una precisa determinación de los intereses en juego. En el caso concreto, el contenido de la información cuestionada no se refiere a la vida privada de una persona, sino que se vincula con su actividad comercial y con la de la firma cuya representación invoca. Tampoco se advierte que en el blog individualizado se exhiban datos personales que pongan en riesgo la seguridad personal de la peticionaria -tal como se afirma a fs. 26-, habida cuenta de que, a su respecto, sólo se indica un número de documento de identidad.

5.Desde esa perspectiva corresponde examinar los requisitos de procedencia de la medida cautelar de acuerdo con los hechos y los fundamentos invocados por las partes.

El blog cuya eliminación se ordenó con carácter cautelar contendría opiniones críticas de diferentes personas que se expresan anónimamente en ese foro virtual como damnificados por la actividad comercial de la actora, las que -en principio- tienen la protección de los arts. 14, 32 y 75, inc. 22 de la Constitución Nacional (ver art. IV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; asimismo, ley 26.032), y además se vinculan con el derecho reconocido con esa jerarquía a los consumidores (art. 42 C.N.). Por el momento, y sin perjuicio de lo afirmado reiteradamente por la actora en su escrito de inicio y en el de contestación de agravios, no hay probanzas que acrediten su falsedad o una mera intencionalidad difamatoria sin sustento real en los hechos que los comentarios indican.En tales condiciones, el alcance de la medida cautelar dictada contra Google, como proveedor de la plataforma del blog y como «buscador», es susceptible de restringir la búsqueda, recepción y difusión de información que podría ser de interés público y, por ende, el derecho a la libertad de expresión que tiene jerarquía constitucional, limitando en forma irrazonable el «debate libre» que permite Internet, elemental en un sistema democrático y republicano (esta Sala, causas 1799/12 del 14-8-2012 y 6804/12 del 30-4-2013; Sala 1, causa 222/13 del 7-5-2013; Sala 2, causas 8308/11 del 7-6-2012 y 7456/12 del 17-12-2013).

De acuerdo con la protección constitucional de los referidos derechos, la carga de la prueba acerca de la afectación de la imagen que se invoca recae sobre quien requiere su restricción por la vía cautelar (esta Sala, causa 2774/13 del 29-5-2014; Sala 2, causa 7456/12, citada).

En esa línea argumental, se debe reparar en que además de no haberse acreditado la falsedad de la información, tampoco se demostró la imposibilidad de identificar al titular del blog -como afirmó la actora a fs. 26vta. (tercer párrafo)-, máxime cuando Google indicó que con una orden judicial provee dicha información (ver fs. 129). Es decir, la medida cautelar decretada no es la única forma de evitar que el daño invocado se siga produciendo, tal como lo sostuvo la peticionaria (fs. 26vta., párrafo mencionado), circunstancia que no se puede soslayar debido a los efectos perjudiciales que la restricción puede proyectar sobre los referidos derechos constitucionales (esta Sala, causa 1799/12 y Sala 2, causa 7456/12, citadas).

La República Argentina contrajo el compromiso de tutelar el derecho de toda persona a la libertad de investigar, opinar, expresar y difundir su pensamiento por cualquier medio (art.IV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre), sin que pueda ser molestada a causa de ellas, derecho que también incluye el de investigar y recibir informaciones y opiniones, de difundirlas, sin limitación de fronteras (art. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos). Ese derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección -art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos- (Corte Suprema, in re «Sujarchuk, Ariel Bernardo c. Warley, Jorge Alberto s. daños y perjuicios», S.C., S.755, XLVI, del 1-8-2013, con remisión al dictamen de la Procuración General). Ello, claro está, sin perjuicio de la responsabilidad ulterior de los autores de las opiniones cuya falsedad se acredite.

En lo que respecta al derecho interno, la búsqueda, recepción y difusión de ideas de toda índole, a través del servicio de internet, se considera comprendido dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión (art. 1° de la ley 26.032), en tanto que recientemente la Corte Suprema se pronunció en el sentido de que el derecho a expresarse a través de Internet fomenta la libertad de expresión tanto desde su dimensión individual como colectiva, y destacó la importancia del rol que desempeñan los motores de búsqueda en la difusión de información y de opiniones («R., M. B. c. Google Inc . s. daños y perjuicios» , R.522.XLIX, del 28-10-2014).

Tal criterio también es aplicable, en una primera reflexión propia de este marco cautelar, al proveedor de la plataforma para que funcione un blog, sitio de opinión y expresión dentro del cual el anonimato -que tanto cuestiona la actora-, no constituye una circunstancia determinante de la ilicitud denunciada, máxime cuando se trata de opiniones críticas.

Por ello, SE RESUELVE: revocar la resolución apelada en cuanto fue motivo de agravios, con costas a la peticionaria en atención al principio objetivo de la derrota y a los numerosos precedentes de esta Cámara ante casos análogos al que se plantea (arts. 68 y 69 del Código Procesal).

Se difiere la regulación de los honorarios hasta tanto se fijen los correspondientes a la instancia principal.

La doctora Graciela Medina no interviene por haberse aceptado su excusación en la causa.

Regístrese, notifíquese, oportunamente publíquese y devuélvase.

Guillermo Alberto Antelo

Ricardo Gustavo Recondo

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