Se hace parcialmente lugar al reclamo entablado con el fin de obtener el cobro de las facturas emitidas con motivo del servicio de estadía de amarra prestado en el complejo náutico de titularidad de la actora

shutterstock_98439209Partes: Puerto Norte S.A. c/ Sircovich Jonathan s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: A

Fecha: 23-dic-2014

Cita: MJ-JU-M-91293-AR | MJJ91293 | MJJ91293

Se hace parcialmente lugar al reclamo entablado con el fin de obtener el cobro de las facturas emitidas con motivo del servicio de estadía de amarra prestado en el complejo náutico titularidad de la actora.

Sumario:

1.-La obligación de tener libros impuesta por el Código de Comercio (art. 43, 44 y ccdtes.) no se basa en un interés privado, sino que es de utilidad general y se funda en un interés del comercio” cuyo correcto ejercicio afecta los intereses económicos de la sociedad en tanto ésta tiene derecho de conocer cómo se ejerce el comercio y cuál es la conducta -buena o mala- del comerciante, y es para esto que le impone la obligación de relatar -día a día- sus operaciones mercantiles a fin de que, llegado el caso, la sanción de la ley y de la sociedad pueda cumplirse, con la justicia que exige el interés del comercio. De ahí que el sistema adoptado por nuestro legislador exige ciertos libros obligatorios a todo comerciante como un requerimiento inherente a su calidad de tal.

2.-Los libros de comercio constituyen un valioso medio de prueba admisible en juicio a favor de los titulares a quien pertenecen, siempre que dichos libros fuesen llevados observando las formalidades establecidas por el art. 53 del Cód. de Comercio y no posean los vicios o defectos que enumera el art. 54 del mencionado cuerpo legal. Reuniendo esos requisitos, los mencionados libros hacen plena prueba a. favor de sus titulares -y no en contra, como erróneamente enuncia el recurrente- en el caso de que su oponente no presente asientos en contrario hechos en libros arreglados a derecho u otra prueba plena o concluyente.

3.-Los libros de comercio hacen plena prueba a favor de quien los invoca cuando éstos fueron llevados de acuerdo a las formalidades establecidas por el art. 53 del Cód. de Comercio y sin los vicios o defectos que enumera el art. 54-, toda vez que el accionado no presentó otra prueba plena o concluyente.

4.-Las reglas sobre la carga de la prueba constituyen un recurso para descartar la posibilidad de que el juez llegue a un non liquet con respecto a la cuestión de derecho, a causa de lo dudoso de los hechos.

5.-Conforme lo sostiene conocida y reiterada jurisprudencia, el art. 377 del CPCCN pone en cabeza de los litigantes el deber de probar los presupuestos que invocan como fundamento de su pretensión, defensa o excepción, lo que no depende sólo de la condición de actor o demandado, sino de la situación en que cada litigante se coloque dentro del proceso.

6.-La carga de la prueba incumbe a quien afirma, no a quien niega ( ei incumbitprobatio, qui dicit, non qui negat”).

7.-La carga de la prueba actúa como un imperativo del propio interés de cada uno de los litigantes y quien no prueba los hechos que debe probar, corre el riesgo de perder el pleito.

8.-El texto actual del art. 623 del Cód. Civil no admite, en principio, la capitalización de intereses salvo que exista -como en el caso- convención expresa que autorice su acumulación al capital con la periodicidad que acuerden las partes. Dicho en otros términos, la capitalización de intereses está permitida solo excepcionalmente en el supuesto en que exista convención expresa que la autorice, con la periodicidad que acuerden las partes.

9.-El anatocismo consiste en la capitalización de intereses, de modo que acumulándose al capital los intereses que se vayan devengando, vienen a constituir una unidad productiva de nuevos intereses. Se trata, pues, del llamado interés compuesto .

10.-Sabido es que el Código de Vélez prohibía el anatocismo, en principio, entendiendo, con la corriente clásica, que el sistema de interés compuesto aumentaba tremendamente la deuda en un corto período y habría de provocar la ruina del deudor. Un negocio de estas características, revela un apremiante estado de necesidad del deudor, o su ignorancia supina acerca del alcance del compromiso contraído, y ello ha de conducir necesariamente a la ineficacia del acto.

11.-El criterio contemporáneo en materia de anatocismo o capitalización de intereses ha variado en esta materia. El aumento tan notable de la deuda en un corto período pudo encubrir una forma de usura en épocas de estabilidad económica y de moneda fuerte, pero cuando la moneda se ve afectada por una galopante inflación que anula casi por completo su significado como unidad de medida de valor, ya no sorprende que las deudas aumenten desmesuradamente en un corto lapso, en tanto ese crecimiento es sólo de valores nominales y la carga o entidad económica de la obligación es siempre la misma, para el deudor y para el acreedor.

12.-En épocas de inflación aguda, y aún aplicándose altas tasas de interés, si no se capitalizan los intereses que se van devengando no se logra siquiera mantener estable el valor real de la prestación dineraria debida. Por tal razón, cabe señalar una sustancial semejanza, casi una identidad, entre el anatocismo y determinados procedimientos indexatorios que fueron avalados por la jurisprudencia constante en nuestro país durante muchos años (hasta su prohibición por la ley 23.928), pues no puede dudarse que, en los hechos, indexar una suma de dinero por vía de aplicar al capital debido los índices de depreciación monetaria, mes a mes y acumulativamente, tanto importa como capitalizar los intereses mensualmente, para que éstos devenguen, a su vez, nuevos intereses.

13.-La prohibición del anatocismo que se contenía en el Código de Vélez era de orden público y por lo tanto no podía ser dejada sin efecto por el acuerdo de partes; y de esta manera violada la prohibición, la sanción debía ser la nulidad absoluta del pacto de capitalización de intereses. Pero en cuanto a su alcance o comprensión, esa prohibición, si bien de orden público, no era absoluta sino relativa, pues permitía la capitalización de intereses en los siguientes casos: a) por convención posterior, esto es la referida a los intereses ya devengados, que acordase incorporarlos al capital para que produzcan, a su vez, nuevos intereses y; b) cuando dentro de un proceso judicial se formulase liquidación de deuda integrada por capital e intereses, el juez mandase a pagarla y el deudor fuese moroso en hacerlo.

14.-El nuevo texto del Cód. Civil representa una modificación sustancial del derecho vigente en tanto autoriza a convenir, por pacto previo que debe ser expreso, la capitalización de intereses futuros que se devengaren, esto es, cabalmente el pacto de anatocismo, antes prohibido. Se ha hecho eco así, el legislador, de los reclamos de una uniforme corriente de doctrina que venía señalando lo anacrónico de la prohibición, como así también de determinada jurisprudencia, en especial de las Cámaras del fuero comercial de Capital.

15.-El propósito del legislador al autorizar el anatocismo en la misma ley 23.928 , que niega a los interesados la posibilidad de concertar acuerdos de indexación o ajuste de sumas de dinero, no ha de haber sido sólo dar respuesta a esa corriente que lo venía reclamando, sino también proveer a los contratantes de un medio apto para evitar el deterioro del capital que les fuere debido, en casos de inflación monetaria.

16.-Si las tasas de interés bancaria reflejan -cuando menos, aproximadamente- la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, tanto da actualizar una deuda dineraria conforme a índices, mes a mes o por períodos menores, como capitalizar los intereses con igual periodicidad.

17.-Debe reconocerse a los magistrados la facultad de morigerar -aún de oficio- los intereses susceptibles de ser calificados de excesivos” o usurarios” en que por las circunstancias del caso, se pone en evidencia un cuadro de desproporción de los valores económicos en juego, situación que torna necesaria su recomposición en términos de justicia. Es que si bien no existe en nuestra legislación una base legal que fije la cuantía de los intereses y que -indirectamente- determine cual es la tasa que debe reputarse excesiva o usuraria -influyendo especialmente en esa apreciación el ritmo de la inflación- corresponde a los tribunales establecer la compatibilidad entre la tasa de interés y el orden moral, de forma tal de invalidar, no ya el pacto de intereses en sí mismo -como causa de deber-, sino la tasa de esos réditos, en la medida que se la juzgue exorbitante.

18.-El control de los intereses excesivos atribuido a los tribunales encuentra sustento en las claras disposiciones del artículo 953 del Código Civil y en el art. 502 del mismo cuerpo legal, que llevan a concluir que los acrecidos con esas características constituyen una causa ilegítima de las obligaciones. En este marco, y advertidas dichas circunstancias, se impone la reducción de los réditos pactados en términos de equidad, determinándose la nulidad parcial de los intereses en exceso.

19.-La Convención Americana de los Derechos Humanos -más conocida como Pacto San José de Costa Rica”- en sus arts. 21, inc. 3° , declara que tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre deben ser prohibidas por la ley” (art. 75, inc. 22 , de la Constitución Nacional, reforma del año 1994). A su vez, el art. 175 bis del Código Penal tipifica el delito de usura. Sobre tales premisas, este Tribunal estima pertinente, en ejercicio de la potestad morigeradora que al órgano judicial confieren los arts. 953, 656 y cc. del Código Civil, morigerar de oficio, tanto la aplicación de la tasa de interés como la capitalización pactada entre las partes. Respecto de la primera deberá utilizarse la tasa activa empleada por el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones ordinarias de descuento a 30 días, capitalizable, mas imponiendo al resultado total de este cálculo de capitalización, el tope de una vez y media la tasa activa que se ordena utilizar.

20.-Las tasas de interés excesivas generan una ilicitud del objeto de la obligación general que se traduce, bajo la óptica del art. 953, Cód. Civil, en una nulidad absoluta y parcial que no cabe considerar subsanada ni aún por una suerte de consentimiento tácito (conf. arts. 21 , 872 , 953, 1047 , 1058 Cód. Civil) por lo cual es deber de los jueces integrar las obligaciones -contratos- o sentencias cuando sus soluciones deban ser morigeradas por apreciarlas exorbitantes, estableciendo la tasa en definitiva aplicable. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 23 días del mes de diciembre de dos mil catorce, se reúnen los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos, con asistencia del Sr. Prosecretario Letrado de Cámara, para entender en los autos caratulados “PUERTO NORTE S.A c/ SIRCOVICH, JONATHAN s/ ORDINARIO” (Expte. n° 71.847, Registro de Cámara n° 18.374/2010), originarios del Juzgado del Fuero Nro. 17, Secretaría Nro. 34, en los cuales, como consecuencia del sorteo practicado de acuerdo con lo establecido en el art. 268 C.P.C.C.N., resultó que debían votar en el siguiente orden: Doctora Isabel Míguez, Doctora María Elsa Uzal y Doctor Alfredo Arturo Kolliker Frers.

En estas condiciones, estudiados los autos, se planteó la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

A la cuestión propuesta la Señora Juez de Cámara Doctora Isabel Míguez dijo:

I. – Antecedentes del caso.

1) En la sentencia de fs. 436/43, el Sr. Juez de grado dispuso receptar parcialmente la demanda entablada por “Puerto Norte S.A.” contra Jonathan Sircovich y, en consecuencia, condenó a este último a abonar a la primera el importe mandado a liquidar sobre la base de facturas impagas, con más los intereses allí especificados. Finalmente, impuso las costas al accionado, en su condición de sustancialmente vencido en la contienda (art. 68 del CPCCN).

Los hechos del sub-examine han sido sintetizados en el fallo indicado en lo que el Sr. Magistrado de grado estimó razonable consignar y a esa referencia cabe remitirse, brevitatis causae.

2) En el caso, “Puerto Norte S.A.” entabló en fs. 65/7 vta.acción ordinaria contra Jonathan Jonás Sircovich, titular de la embarcación “Constanza”, con el fin de obtener el cobro de las facturas emitidas con motivo del servicio de estadía de amarra prestado en el complejo náutico de titularidad de la actora, por la suma de $ 21.710, con más sus intereses y “los alquileres e intereses que en lo sucesivo vayan venciendo por los nuevos períodos transcurridos, hasta el efectivo pago”.

De su lado, al contestar demanda (fs. 78/82 vta.), Jonathan Jonás Sircovich postuló su rechazo con base en que las facturas reclamadas nunca le fueron presentadas por la contraria. Reconoció, sin embargo, que el 13.04.2004, celebró con la actora un contrato de servicio de estadía para amarrar una embarcación, por el que debía efectuar el pago de un abono mensual de $ 400. Manifestó que esta última parte modificó unilateralmente el monto del precio, incluyendo en todas las facturas reclamadas intereses anteriores -cuya morigeración requirió-, con base en cláusulas leoninas de capitalización de accesorios previstas en el contrato. Por último, se allanó al reclamo de la contraria, pero sólo hasta la suma de $ 260 por mes; monto -éste- que esgrimió como pactado originariamente en el contrato suscripto en su momento con la contraria.

Luego de trabada la litis y encontrándose abierta la causa a prueba, la actora acompañó las facturas emitidas en razón del servicio indicado, correspondientes al período 01.11.2010 – 01.03.2012 y amplió la demanda por la suma de $ 67.989 (fs. 295/6), toda vez que el demandado siguió utilizando las instalaciones de “Puerto Norte S.A.”, haciendo caso omiso de los requerimientos cursados a los efectos del retiro de la embarcación.

A fs. 318/9 el demandado contestó el traslado de la ampliación de demanda, solicitando su rechazo, con imposición de costas a la contraria.

A fs.343/4, la accionante amplió nuevamente los términos de su demanda, reclamando el cobro de la suma de $ 54.288 por los servicios de amarra, inherentes al período comprendido entre el 01.04.2012 y el 01.11.2012.

A fs. 358/361 Sircovich contestó el traslado de esta nueva ampliación de demanda, requiriendo su rechazo, con costas.

3) Conforme se adelantara, el Juez de grado acogió la demanda (véanse fs. 436/43). En ocasión de tomar su decisión, el anterior sentenciante valoró:

i) Que las partes se hallan contestes en punto a la existencia del contrato de servicio de amarra de embarcación que las vinculó.

ii) Que el perito contador interviniente en la causa constató que el contrato base del reclamo, así como las facturas acompañadas se hallaban debidamente asentados en la contabilidad de la actora; hecho que permitía conferir verosimilitud a la postura expresada en el escrito de inicio; concurriendo en el mismo sentido el allanamiento parcial del demandado.

iii) Que carecía de toda justificación la argumentación ensayada por el accionada dirigida a que el servicio de estadía mensual se mantuviese a valores de abril de 2004, fecha en que comenzó la relación contractual; ello por cuanto el incremento del costo de vida -hecho público y notorio- durante todo el tiempo transcurrido entre el inicio del vínculo entre las partes y la fecha de cada período reclamado en la demanda, así como entre esta última fecha y la de los vencimientos posteriores que conformaron las dos ampliaciones de la pretensión, constituía por sí solo argumento suficiente para desestimar la postura defensiva de Sircovich.

iv) Que a ello se adicionaba que el demandado se limitó a cuestionar e impugnar los montos reclamados por la contraria, mas ni siquiera depositó en autos aquellas sumas de dinero que reconoció adeudar ni practicó una cuenta alternativa a la de la contraria, explicando los motivos fundados por los que, en su criterio, resultaba ajustada a derecho.Arguyó que tal omisión quitaba toda virtualidad al allanamiento parcial expresado en la contestación de demanda, en tanto no podía ser calificado de incondicionado, real, oportuno y efectivo, ya que no había mediado cumplimiento de la prestación que se reconoció adeudar.

v) Que -por su parte- la actora probó que los cánones reclamados eran similares a aquéllos que en iguales períodos de tiempo cobraba “Yacht Club Puerto Madero S.A.”, es decir, una empresa privada que explotaba otro complejo náutico en la Ciudad de Buenos Aires; agregando que este informe era conducente para decidir la suerte de la pretensión de la accionante, en tanto fue emitido por una sociedad comercial que realizaba una actividad lucrativa similar a la de “Puerto Norte S.A.” y por cuanto las tarifas informadas por la firma oficiada

brindaban una pauta interpretativa adecuada acerca de la razonabilidad de aquéllas reclamadas en autos.

vi) Que la similitud de los valores percibidos por “Yacht Club Puerto Madero S.A.” con aquellos cobrados por “Puerto Norte S.A” -hecho acreditado en razón de la actividad probatoria desplegada por la actora-, permitía desestimar la abusividad argumentada por el demandado, quien no llevó a cabo ninguna tarea destinada a tales efectos.

vii) Que coadyuvaba a decidir en tal sentido el hecho no controvertido relativo a que el accionado continuó amarrando su embarcación en el complejo náutico explotado por la actora hasta bien avanzado el trámite de este juicio, sin demostrar seriamente, en momento alguno, voluntad de cancelar las deudas impagas.

viii) Que el demandado tampoco respondió la intimación cursada mediante carta documento del 18.12.2008 y si bien negó haberla recibido, la misiva fue enviada a su domicilio y “Correo Argentino S.A.” ratificó su autenticidad y recepción.

ix) Que resultaba a todas luces injustificado que el accionado pretendiese solo ser condenado a abonar las sumas adeudadas a valores del año 2004, cuando incumplió con sus obligaciones y se aprovechó del servicio de amarra explotado por “Puerto Norte S.A.” desde el año 2008, sin derecho alguno.

x) Que,en relación al reclamo de morigeración o reducción de los intereses reclamados en la demanda, en el capítulo 5.8 del contrato las partes acordaron que “producida la mora por falta de pago, los usuarios deberán abonar los intereses moratorios que correspondan por el atraso incurrido, capitalizables mensualmente, calculados en dos veces y media según la tasa de descuento de documentos a treinta días que percibe el Banco de la Nación Argentina, pudiéndose negar Puerto Norte a aceptar el pago de la mensualidad si no se satisfacen con ella tales intereses, aplicándose dado ese supuesto las demás cláusulas previstas en el caso de falta de pago.”.

xi) Que este pacto expreso contenido en el contrato habilitaba la pretensión de la actora de capitalizar los intereses reclamados, en tanto la

convención sobre el particular constituía una de las excepciones a la prohibición del anatocismo contenida en el art. 623 del Cód. Civil.Señaló -entonces- que, habiendo mediado convención expresa, los intereses debían ser capitalizados mensualmente.

xii) Que, sin embargo, sin que hubiese mediado explicación alguna, la accionante computó sobre el capital adeudado, una tasa de interés del 3 % mensual, pese a que la cláusula antes transcripta había acordado -dispuesta unilateralmente, por tratarse de un contrato de adhesión con cláusulas predispuestas- una tasa diferente, esto es, dos veces y media según la tasa de descuento de documentos a treinta días que percibe el BNA.

xiii) Que, en tales condiciones, la tasa pretendida aparecía carente de todo sustento legal y convencional; por lo que cabía morigerarla, debiendo computarse sobre el capital reclamado una tasa equivalente a una vez y media la tasa de descuento de documentos a treinta días que percibe el Banco de la Nación Argentina.

Sobre esa base, el anterior sentenciante hizo lugar parcialmente a la demanda, condenando al demandado a abonar a la actora la suma que resultase de practicar el cálculo indicado en los considerandos anteriores, computando los intereses conforme a las pautas allí establecidas desde la fecha de vencimiento de cada factura y hasta el efectivo pago. Impuso las costas del proceso a cargo del accionado sustancialmente vencido, por aplicación del principio objetivo de la derrota consagrado en el art. 68 del CPCCN.

II. – El recurso.

Contra el pronunciamiento de la anterior instancia se alzó únicamente el demandado, quien introdujo su recurso en fs. 448 y lo fundamentó en fs. 526/30 vta., el cual fue contestado por la accionante a fs.532/3vta.

El accionado se agravió de que el Sr. Juez de grado:

i) hubiese dispuesto la capitalización mensual de intereses, cuando ello no solo contrariaba la jurisprudencia, incluso plenaria, del fuero, sino además la propia ley, que prohibía la referida capitalización. Criticó así la afirmación del a quo en cuanto consideró que, habiendo

mediado convención expresa los intereses debían capitalizarse mensualmente, en base al art. 623 del Cód.Civil, al haber sido convenidos por las partes en el contrato de marras.

ii) hubiese acogido la demanda por los montos unilateralmente establecidos por la actora, pese a que en el contrato originario se estableció un precio de canon mensual de $ 260. Refirió, en esa línea de ideas, que no podían ser tenidos en cuenta los libros contables de la accionante, pues -en todo caso- éstos debían hacerse valer en contra de su dueño, mas nunca a su favor.

iii) hubiese conferido relevancia, en tal sentido, a la prueba informativa de “Yacht Club Puerto Madero S.A.”, a los fines de efectuar el cómputo de los cánones presuntamente adeudados por su parte, cuando era conocido que dicha marina era la más costosa del país.

iv) hubiese puesto a su cargo las costas generadas por la actuación del perito contador, pese a que dicha peritación se practicó únicamente sobre los libros de la contraria.

III. – La solución.

1°) Liminarmente, y no estando desconocida por el demandado su obligación de pagar los cánones adeudados a la actora, procede afirmar, tras una minuciosa lectura del memorial de agravios, que la argumentación desarrollada en dicha pieza no contiene -en rigor- una crítica concreta y razonada de las apreciaciones que dan sustento al fallo recurrido, con lo que -en principio- no se advierte satisfecha la carga impuesta por el art. 265 del CPCCN.

No obstante, este Tribunal siempre se ha guiado en este campo con un criterio de amplia tolerancia para ponderar la suficiencia de la técnica recursiva exigida por el citado art. 265 de la ley adjetiva, por entender que esa amplitud de criterio es la que más adecuadamente armoniza el cumplimiento de los requisitos legales impuestos por la norma legal antes citada, con la garantía de la defensa en juicio de raigambre constitucional (art. 18 CN), motivo por el cual, dentro del precario marco brindado por las quejas traídas, éstas serán analizadas (cfr.esta CNCom., esta Sala A, 05.10.2006, in re “Nievas, Alicia Angélica c/ Andrés Macaya Cereales S.R.L.”).

Adelanto, sin embargo que, al no estar obligados los jueces a explorar todos y cada uno de los planteos de las partes -pues basta con que lo hagan respecto de los que consideren esenciales y decisivos para el fallo de la causa-, únicamente se analizarán aquellos argumentos idóneos para incidir en la decisión final del pleito (cfr. CSJN, 13.11.1986, in re “Altamirano Ramón c/ Comisión Nacional de Energía Atómica” ; idem, 12.02.1987, in re “Soñes, Raúl c/ Administración Nacional de Aduanas” ; bis idem, 06.10.1987, in re “Pons, María y otro”; ter idem, 15.09.1989, in re “Stancato, Carmelo”, entre muchos otros; cfr. esta CNCom., esta Sala A, 14.07.2010, in re “Cabrera, Mercedes Ester c/ General Electric International Inc. y otros”).

Dicho ello pasemos, pues, a abocarnos a examinar el recurso bajo estudio, comenzando por analizar lo atinente a la prueba producida en torno al capital adeudado en concepto de los cánones de referencia, para luego referir a la procedencia -o no- de la capitalización de intereses generados por dicho capital impago y concluir, finalmente, con lo relativo a cuál de los litigantes debe afrontar las costas generadas por la peritación contable producida en la especie.

2°) En uno de sus agravios centrales, el recurrente cuestiona la valoración de la prueba efectuada por el sentenciante.

Refiere que no surgen de la causa elementos de juicio que permitan corroborar los dichos de la accionante en punto a los montos reclamados en concepto de cánones adeudados, al afirmar que -a tal fin- resultaban inconducentes: a) la peritación contable practicada sobre los libros de la contraria y, b) los parámetros de valor proporcionados por el “Yacht Club Puerto Madero S.A.”.

Adelanto que ambos agravios son inaudibles, al considerar que el a quo efectuó un correcto enfoque de la cuestión según los principios de la sana crítica (art.386 del CPCCN).

2.1. – En efecto: respecto de la primera de tales quejas, sabido es que la obligación de tener libros impuesta por el Código de Comercio (art. 43, 44 y ccdtes.) no se basa en un interés privado, sino que es de utilidad general y se funda en un “interés del comercio” cuyo correcto ejercicio afecta los intereses económicos de la sociedad en tanto ésta tiene derecho de conocer cómo se ejerce el comercio y cuál es la conducta -buena o mala- del comerciante, y es para esto que le impone la obligación de relatar -día a día- sus operaciones mercantiles a fin de que, llegado el caso, la sanción de la ley y de la sociedad pueda cumplirse, con la justicia que exige el interés del comercio (cfr. Siburu J. B. “Código de Comercio Argentino” t° III pág. 231 y sgtes.). De ahí que el sistema adoptado por nuestro legislador exige ciertos libros obligatorios a todo comerciante como un requerimiento inherente a su calidad de tal (cfr. esta CNCom., esta Sala A, 14.02.2008, in re “Sistemas Bejerman S.A. c/ Nicolaide Héctor Jorge y otro” ; ídem, 14.12.2006, in re “Ratto S.A. c/ Alba Fábrica de Pinturas, Esmaltes y Barnices”; bis idem, 12.12.2006, in re “Domec Compañía de Artefactos Domésticos S.A.I.C. y F. C/Alonso Oscar Julio”).

Es por eso que los libros de comercio constituyen un valioso medio de prueba admisible en juicio a favor de los titulares a quien pertenecen, siempre que dichos libros fuesen llevados observando las formalidades establecidas por el art. 53 del Cód. de Comercio y no posean los vicios o defectos que enumera el art. 54 del mencionado cuerpo legal. Reuniendo esos requisitos, los mencionados libros hacen plena prueba a. favor de sus titulares -y no en contra, como erróneamente enuncia el recurrente- en el caso de que su oponente no presente asientos en contrario hechos en libros arreglados a derecho u otra prueba plena o concluyente (cfr.esta CNCom., esta Sala A, 07.12.2010, in re “Ripari S.A. c/ Grupo Q. S.A.”).

Tal como manifestó el Sr. Juez de grado, el perito contador que intervino en autos, constató que el contrato base del reclamo, así como las facturas anejadas a la causa se hallaban debidamente asentados en la contabilidad de la actora, lo que corrobora la postura volcada por ésta en su demanda.

En efecto, a poco que se examine la peritación contable producida en autos, se extraen las siguientes conclusiones, a saber: i) en primer lugar, los libros de la accionante estaban llevados en legal forma;

ii) en segundo término, de la documentación examinada surgía la operación que motivó la presente acción; iii) fueron examinados los libros Diario, Inventario y Subdiario de IVA Ventas correspondiente al año 2008 desde el 01.05.2008 hasta el 31.12.2008, donde se encontraban registradas las facturas nros. 22525, 22796, 23080, 23356, 23635, 23924, 24205 y 24487 a nombre de Sircovich; iv) en el libro Subdiario de IVA Ventas desde el 01.01.2009 hasta el 31.07.2009, donde se figuraban asentadas las facturas nros. 24770, 25044, 25322, 25605, 25892, 26175 y 26445 también a nombre de Sircovich; v) asimismo se pusieron a disposición las posiciones del libro IVA Ventas desde el 01.08.2009 hasta el 31.12.2010, según formularios presentados ante el AFIP, donde se encontraban incluidas las facturas nros. 26716, 26989, 27251, 27523, 27809, 28072, 28340, 28613, 28887 y 29152, a nombre del demandado; vi) la totalidad de las facturas mencionadas supra se hallaban debidamente contabilizadas y surgían como no abonadas (véanse respuestas a puntos de pericia 1°, 2°, 3° y 4°, ofrecidos por la parte actora, a fs. 273 y vta.de la peritación originaria).

En esa línea de ideas, el experto contable también refirió -en oportunidad contestar el traslado de las ampliaciones de demanda- que, de la documentación examinada y de los libros de la accionante, en particular, el libro Diario, Inventarios y Balances, así como los libros Subdiarios de IVA Ventas correspondientes al período comprendido desde el 12.11.2010 hasta el 12.03.2012, figuraban registradas las facturas nros. 30849, 31138, 31436, 31720, 32000, 32290, 32583, 32882, 32883, 33462, 33749, 34037, 34336, 34634, 34935, 35233, 35519, 35808, 36114, 36403, 36696, 36995, 37284, 37575 y 37864, a nombre del accionado; destacando que dichas facturas fueron debidamente contabilizadas y se encontraban impagas (véase ampliación del referido informe pericial a fs. 372). Repárese en que dicha prueba pericial contable no fue oportunamente impugnada por las partes, en los términos del art. 473 del CPCCN; por lo que corresponde otorgarle fuerza convictiva, de conformidad con las reglas de la sana crítica (arg. arts. 386 y 477 del CPCCN).

Cabe concluir, entonces, en que tales libros de comercio hacen plena prueba a favor de la actora -teniendo en cuenta que éstos fueron llevados de acuerdo a las formalidades establecidas por el art. 53 del Cód. de Comercio y sin los vicios o defectos que enumera el art. 54-, toda vez que el accionado no presentó otra prueba plena o concluyente; tal como se analizará infra.

2.2.- En lo concerniente a la segunda problemática, relativa al cuestionamiento del valor de los servicios prestados por la accionante, cierto es que si bien el demandado se allanó hasta la suma de $ 260 mensuales previstos originariamente en el contrato que lo uniera a la contraria, no menos cierto es que resulta inaudito que pretenda mantener incólumne dicho valor fijado hace más de diez años, en abril de 2004.

Ello así, pues es de público y notorio conocimiento que el costo de vida y la inflación se inc rementaron notablemente durante el período habido entre el inicio del vínculo contractual y la fecha de cada período objeto de reclamo en la demanda.

Desde esa perspectiva, razonable es tomar como prueba de comparación el incremento que tales cánones experimentaron en “Yacht Club Puerto Madero S.A.”, otra empresa privada que explota un complejo náutico en la ciudad, y que aportó la información de referencia a fs. 217.Repárese en que la similitud entre los valores expresados por esta empresa y los pretendidos por la actora permite descartar toda idea de abuso respecto del capital demandado.

No paso por alto que el apelante renegó por el hecho de que dicha marina sería, a su entender, la más costosa del ámbito de la ciudad.

Mas lo concreto -y esto termina por derribar su queja- es que pese a impugnar los montos en juego, el demandado no aportó ningún elemento probatorio conducente que le permitiese constatar la existencia de otros valores distintos a los allí informados.

No escapa a este Tribunal que el accionado ofreció -y produjo- prueba informativa al Club Universitario de Buenos Aires (“CUBA”), mas lo cierto es que dicha probanza no puede ser cotejada en parangón con los valores emergentes de las facturas reclamadas por la aquí actora “Puerto Norte S.A.”, ni tampoco con los precios suministrados por la empresa oficiada “Yacht Club Puerto Madero S.A.”. Ello, por cuanto -tal como acertadamente sostuvo el anterior sentenciante- “C.U.B.A.” es un club social y deportivo, una asociación civil sin fines de lucro; por lo que percibe tarifas sensiblemente menores a las reclamadas en el escrito inicial, en tanto el servicio prestado está destinado exclusivamente a sus socios, quienes además abonan una cuota mensual por su condición de tales.

Por su parte, no debe soslayarse que Sircovich fue declarado negligente en la producción de la prueba informativa dirigida a “Náutico Sarandí” y “Club San Fernando” (véase resolución obrante a fs. 388 y vta., como así también providencia de fs. 398); prueba ésta que hubiese resultado relevante -en su caso- para avalar su postura.

Desde tal perspectiva, es claro que Sircovich ha limitado su defensa a una simple afirmación, más nada hizo para probar los extremos fundantes de su postura; incumpliendo -de ese modo- con la carga impuesta por el art.377 del CPCCN.

En este estado de situación, necesario es recordar que las reglas sobre la carga de la prueba constituyen un recurso para descartar la posibilidad de que el juez llegue a un non liquet con respecto a la cuestión de derecho, a causa de lo dudoso de los hechos.

Conforme lo sostiene conocida y reiterada jurisprudencia, el art. 377 del CPCCN pone en cabeza de los litigantes el deber de probar los presupuestos que invocan como fundamento de su pretensión, defensa o excepción, lo que no depende sólo de la condición de actor o demandado, sino de la situación en que cada litigante se coloque dentro del proceso (cfr. esta CNCom., esta Sala A, 14.06.2007, in re “Delpech, Fernando Francisco c/ Vitama S.A.”; idem, 14.08.2007, in re “Abraham, Miguel Ángel c/ Empresa de Transportes Fournier S.A. y otros” ; bis idem, 18.11.2008, in re “Seminara EC S.A. s/quiebra c/Aranovich, Ernesto”; ter idem, 09.12.2008, in re “Trialmet S.A. c/ Destefano y Feuer Constructora S.R.L.”; quater idem, 10.08.2010, in re “Turinaut S.A. c. Hyundai Motor Argentina S.A. y otro” , entre muchos otros).

Ello así, toda vez que la carga de la prueba incumbe a quien afirma, no a quien niega (“ei incumbitprobatio, qui dicit, non qui negat”).

La carga de la prueba actúa, entonces, como un imperativo del propio interés de cada uno de los litigantes y quien no prueba los hechos que debe probar, corre el riesgo de perder el pleito (véase CNCom., esta Sala A, 29.12.2000, in re “Conforti, Carlos Ignacio y otros c/ B. G. B. Viajes y Turismo S.A.”, entre otros).

Claramente, es el actor quien acreditó en autos la solidez de su reclamo, apreciándose, como contrapartida, una absoluta orfandad probatoria de la postura defensiva asumida por su contraria.

Lo hasta aquí manifestado permite sellar, a mi entender, la suerte adversa de los agravios deducidos por el quejoso respecto de los asuntos abordados, debiendo, por ende, ser confirmado lo decidido por el Sr. Juez de grado sobre esa materia en el pronunciamiento apelado.

3°) Lo concerniente a la queja atiente a la capitalización de intereses dispuesta en la anterior instancia no correrá mejor suerte que los agravios precedentemente tratados.

Ello así, pues el demandado pretende aplicar -sea ya por ignorancia del derecho, sea ya con la intención de procurar confundir a este Tribunal- el antiguo texto del art. 623 del Cód. Civil, que establecía que “no se deben intereses de los intereses, sino por obligación posterior, convenida entre deudor y acreedor (.)”, cuando en realidad el texto actual dispone que “no se deben intereses de los intereses, sino por convención expresa que autorice su acumulación al capital con la periodicidad que acuerden las partes (.)”.

Adviértase que el apelante afirma, a fs. 527 y vta. de su memorial, que “el principio que veda el pacto de capitalización de intereses no vencidos, es de orden público y no puede dejarse sin efecto por el acuerdo de las partes o la renuncia anticipada del deudor”; agregando -por si ello fuera poco- que “la cláusula de un contrato que contenga un pacto prohibido de esta naturaleza es nula de nulidad absoluta, lo que no obsta a la validez del contrato en el que ha sido incluida”: Continuó señalando el demandado que la excepción a la que hiciera referencia el a quo era “para el caso de convención posterior al devengamiento del interés, elemento que no sucedió en el caso”; agregando que “no hubo ninguna convención posterior a la suscripción del contrato original.por lo que no puede entenderse de ninguna manera que operó la excepción establecida por el a quo” (véanse afirmaciones vertidas por el quejoso, a fs. 527 y vta. del memorial).

Contrariamente a lo aseverado -llamativamente- por el apelante, cabe resaltar que el texto actual del art. 623 del Cód. Civil transcripto supra, vigente en la materia, no admite, en principio, la capitalización de intereses salvo que exista -como en el caso- convención expresa que autorice su acumulación al capital con la periodicidad que acuerden las partes. Dicho en otros términos, la capitalización de intereses está permitida solo excepcionalmente en el supuesto en que exista convención expresa que la autorice, con la periodicidad que acuerden las partes.

En ese marco, cuadra señalar que el anatocismo consiste en la capitalización de intereses, de modo que acumulándose al capital los intereses que se vayan devengando, vienen a constituir una unidad productiva de nuevos intereses. Se trata, pues, del llamado “interés compuesto” (cfr. Llambías, Jorge Joaquín, “Tratado de Derecho Civil – Obligaciones”, t° II-A, 1970, n° 930; en igual sentido, Busso, “Código Civil anotado”, t° IV, 1951, pág. 324; Cazeauz – Trigo Represas, “Derecho de las Obligaciones”, t° I, 1987, pág. 603, citados por Bueres Alberto J. – Highton, Elena I. “Código Civil y normas complementarias, Análisis doctrinal y jurisprudencial”, t° 2A, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2008, pág. 486).

Sabido es que el Código de Vélez prohibía el anatocismo, en principio, entendiendo, con la corriente clásica, que el sistema de interés compuesto aumentaba tremendamente la deuda en un corto período y habría de provocar la ruina del deudor. Un negocio de estas características, explica Llambías, revela un apremiante estado de necesidad del deudor, o su ignorancia supina acerca del alcance del compromiso contraído, y ello ha de conducir necesariamente a la ineficacia del acto (cfr. Llambías, Jorge Joaquín, “Tratado de Derecho Civil – Obligaciones”, t° II-A, ob. cit., n° 931, citado por Bueres Alberto J. – Highton, Elena I.”Código Civil y normas complementarias, Análisis doctrinal y jurisprudencial”, t° 2A, ob. cit., págs. 486/7).

Mas debe señalarse que el criterio contemporáneo ha variado en esta materia. El aumento tan notable de la deuda en un corto período pudo encubrir una forma de usura en épocas de estabilidad económica y de moneda fuerte. Pero cuando la moneda se ve afectada por una galopante inflación que anula casi por completo su significado como unidad de medida de valor, ya no sorprende que las deudas aumenten desmesuradamente en un corto lapso, en tanto ese crecimiento es sólo de valores nominales y la carga o entidad económica de la obligación es siempre la misma, para el deudor y para el acreedor. En verdad, en épocas de inflación aguda, y aún aplicándose altas tasas de interés, si no se capitalizan los intereses que se van devengando no se logra siquiera mantener estable el valor real de la prestación dineraria debida. Por tal razón, cabe señalar una sustancial semejanza, casi una identidad, entre el anatocismo y determinados procedimientos indexatorios que fueron avalados por la jurisprudencia constante en nuestro país durante muchos años (hasta su prohibición por la ley 23.928), pues no puede dudarse que, en los hechos, indexar una suma de dinero por vía de aplicar al capital debido los índices de depreciación monetaria, mes a mes y acumulativamente, tanto importa como capitalizar los intereses mensualmente, para que éstos devenguen, a su vez, nuevos intereses (cfr. Bueres Alberto J. – Highton, Elena I., ob. cit., pág. 487).

Es de remarcar, que coincidía la doctrina uniforme -y también la jurisprudencia- en que la prohibición del anatocismo que se contenía en el Código de Vélez era de orden público y por lo tanto no podía ser dejada sin efecto por el acuerdo de partes; y de esta manera violada la prohibición, la sanción debía ser la nulidad absoluta del pacto de capitalización de intereses.Pero en cuanto a su alcance o comprensión, esa prohibición, si bien de orden público, no era absoluta sino relativa, pues permitía la capitalización de intereses en los siguientes casos: a) por convención posterior, esto es la referida a los intereses ya devengados, que acordase incorporarlos al capital para que produzcan, a su vez, nuevos intereses y; b) cuando dentro de un proceso judicial se formulase liquidación de deuda integrada por capital e intereses, el juez mandase a pagarla y el deudor fuese moroso en hacerlo” (cfr. Bueres Alberto J. – Highton, Elena I., ob. cit., págs. 487/8).

Sin embargo, -tal como se anticipara- el nuevo texto del Cód. Civil representa una modificación sustancial del derecho vigente en tanto autoriza a convenir, por pacto previo que debe ser expreso, la capitalización de intereses futuros que se devengaren, esto es, cabalmente el pacto de anatocismo, antes prohibido. Se ha hecho eco así, el legislador, de los reclamos de una uniforme corriente de doctrina que venía señalando lo anacrónico de la prohibición, como así también de determinada jurisprudencia, en especial de las Cámaras del fuero comercial de Capital, a la que ya se ha aludido (cfr. Bueres Alberto J. – Highton, Elena I., ob. cit., pág.491).

Cuadra señalar, de otro lado, que el propósito del legislador al autorizar el anatocismo en la misma ley 23.928, que niega a los interesados la posibilidad de concertar acuerdos de indexación o ajuste de sumas de dinero, no ha de haber sido sólo dar respuesta a esa corriente que lo venía reclamando, sino también proveer a los contratantes de un medio apto para evitar el deterioro del capital que les fuere debido, en casos de inflación monetaria.

Recuérdese que si las tasas de interés bancaria reflejan -cuando menos, aproximadamente- la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, tanto da actualizar una deuda dineraria conforme a índices, mes a mes o por períodos menores, como capitalizar los intereses con igual periodicidad.

Así las cosas, habiendo mediado convención expresa entre las partes, es claro -pues- que la pretensión de la actora de capitalizar los intereses reclamados en los términos del art. 623 del Cód. Civil, habrá de prosperar en el sub-lite.

Lo hasta aquí sostenido da cuenta de lo acertado de la solución propiciada por el Sr. Juez de grado respecto de la cuestión bajo estudio.

Sin embargo, este Tribunal no desconoce que en los supuestos en que los intereses así generados resultasen notoriamente elevados, excediendo largamente la expectativa de conservación patrimonial que pudo haber tenido en mente al accionante, éstos deben ser morigerados, so riesgo de avalar una situación que se aproxima al despojo del deudor.

A este respecto, tiene dicho esta Sala que en casos como el de la especie debe reconocerse a los magistrados la facultad de morigerar -aún de oficio- los intereses susceptibles de ser calificados de “excesivos” o “usurarios” en que por las circunstancias del caso, se pone en evidencia un cuadro de desproporción de los valores económicos en juego, situación que torna necesaria su recomposición en términos de justicia.Es que si bien no existe en nuestra legislación una base legal que fije la cuantía de los intereses y que -indirectamente- determine cual es la tasa que debe reputarse “excesiva” o “usuraria” -influyendo especialmente en esa apreciación el ritmo de la inflación- corresponde a los tribunales establecer la compatibilidad entre la tasa de interés y el orden moral, de forma tal de invalidar, no ya el pacto de intereses en sí mismo -como causa de deber-, sino la tasa de esos réditos, en la medida que se la juzgue exorbitante (esta CNCom., esta Sala A, mi voto, 13/10/2009, in re: “Alegre, Jorge c. Bridgestone Firestone Argentina SAIC”).

Este control de los intereses excesivos atribuido a los tribunales encuentra sustento en las claras disposiciones del artículo 953 del Código Civil y en el art. 502 del mismo cuerpo legal, que llevan a concluir que los acrecidos con esas características constituyen una causa ilegítima de las obligaciones. En este marco, y advertidas dichas circunstancias, se impone la reducción de los réditos pactados en términos de equidad, determinándose la nulidad parcial de los intereses en exceso (conf. Llambías, Jorge Joaquín, “Tratado de Derecho Civil” – Obligaciones”, Tomo II, N° 928 y doctrina y jurisprudencia citada bajo N° 108).

Debe recordarse que la Convención Americana de los Derechos Humanos -más conocida como “Pacto San José de Costa Rica”- en sus arts. 21, inc. 3°, declara que “tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre deben ser prohibidas por la ley” (art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional, reforma del año 1994). A su vez, el art. 175 bis del Código Penal tipifica el delito de usura.

Sobre tales premisas, este Tribunal estima pertinente, en ejercicio de la potestad morigeradora que al órgano judicial confieren los arts. 953, 656 y cc. del Código Civil, morigerar de oficio, tanto la aplicación de la tasa de interés como la capitalización pactada entre las partes.Respecto de la primera deberá utilizarse la tasa activa empleada por el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones ordinarias de descuento a 30 días, capitalizable, mas imponiendo al resultado total de este cálculo de capitalización, el tope de una vez y media la tasa activa que se ordena utilizar.

En efecto, es claro que para decidir de esta forma se otorga preeminencia a los principios de orden público involucrados en la admisibilidad de tasas de interés desmedidas.

Ha de reiterarse que las tasas de interés excesivas generan una ilicitud del objeto de la obligación general que se traduce, bajo la óptica del art. 953, Cód. Civil, en una nulidad absoluta y parcial que no cabe considerar subsanada ni aún por una suerte de consentimiento tácito (conf. arts. 21, 872, 953, 1047, 1058 Cód. Civil) por lo cual -reitero- es deber de los jueces “integrar” las obligaciones -contratos- o sentencias cuando sus soluciones deban ser morigeradas por apreciarlas exorbitantes, estableciendo la tasa en definitiva aplicable, tal como se propone en la especie (véanse argumentos de esta CNCom., esta Sala A -en su anterior composición-, 17.02.2004, in re “Avan SA c/ Banco Tornquist SA s/ ordinario”).

Ergo, si bien el agravio del accionado habrá de ser desestimado, las limitaciones precedentemente especificadas imponen una modificación de la sentencia apelada, en los términos precedentemente establecidos.

4°) Finalmente, el accionado se agravió porque el Magistrado a quo impuso a su parte las costas generadas por la actuación del perito contador, pese a que dicha peritación se practicó únicamente sobre los libros de la contraria.

A este respecto, cuadra recordar que en nuestro sistema adjetivo los gastos del juicio deben ser satisfechos -como regla- por la parte

que ha resultado vencida en aquél. Ello así, en la medida que las costas son en nuestro régimen procesal corolario del vencimiento (arts.68, 69 y 558 del CPCCN) y se imponen, no como una sanción, sino como resarcimiento de los gastos provocados por el litigio, gastos que deben ser reembolsados por el vencido con independencia de la buena fe con que hubiese actuado.

La Corte Suprema ha resuelto en reiteradas oportunidades que el art. 68 CPCC consagra el principio del vencimiento como rector en materia de costas, que encuentra su razón de ser en el hecho objetivo de la derrota, de modo que quien resulta vencido debe cargar con los gastos que debió realizar la contraria para obtener el reconocimiento de su derecho (CSJN, Fallos, 312:889, entre muchos otros).

Es cierto que ésa es la regla general y que la ley también faculta al Juez a eximir de las costas al vencido, en todo o en parte, siempre que encuentre mérito para ello (arts. 68 y ss. CPCC). Pero ello, esto es, la imposición de las costas en el orden causado o su eximición -en su caso-, sólo procede en los casos en que por la naturaleza de la acción deducida, la forma como se trabó la litis, su resultado o en atención a la conducta de las partes su regulación requiere un apartamiento de la regla general (cfr. Colombo, Carlos – Kiper, Claudio, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, t. I, pág. 491).

Sin embargo, ninguna de estas excepcionales circunstancias parecieran verificarse en el sub-lite de modo de autorizar un apartamiento del principio general establecido en la materia, por lo que, en atención al resultado de la litis, no parece que pueda arribarse a otra conclusión más que la de que las costas de la anterior instancia sean afrontadas por el demandado, dada su condición de vencido en la contienda, debiendo confirmarse también, en este punto, lo decidido por el Magistrado de grado; solución ésta que cabe hacer extensiva a los gastos causídicos devengados en la Alzada, por análogas razones (art.68 del CPCCN), al haber sido rechazado -en su totalidad- el recurso deducido por el accionado.

A mayor abundamiento, se advierte que la peritación contable resultó ser -tal como refirió el Sr. Juez de grado; v. fs. 368- una consecuencia lógica de la actividad probatoria que debía desplegar la actora para demostrar la veracidad de su reclamo. En definitiva, esta era una prueba ineludible para acreditar el incumplimiento contractual del demandado.

Tal circunstancia basta, pues, para desestimar el reproche esbozado sobre esta cuestión y termina por sellar la suerte del recurso en sentido adverso al accionado.

IV. – Veredicto:

Por los fundamentos descriptos en los considerandos precedentes, propongo al Acuerdo:

a) Desestimar, en lo sustancial, el recurso de apelación interpuesto por el demandado;

b) Modificar la sentencia de la anterior instancia conforme a lo dispuesto en el considerando III.- 3°).

c) Confirmar la sentencia de la anterior instancia en todo lo demás que decide y fue materia de agravio;

d) Cargar con las costas de Alzada a cargo del recurrente, dada su condición de vencido en esta instancia (art. 68 del CPCCN).

Así expido mi voto.

A la cuestión propuesta la Señora Juez de Cámara Doctora María Elsa Uzal dijo:

Comparto la solución final a la que ha arribado mi distinguida colega Dra. Míguez en la ponencia que antecede en cuanto propone morigerar de oficio la aplicación de la capitalización pactada entre las partes y la tasa de interés aplicable, imponiendo a su resultado total el tope de una vez y media la tasa activa que cobre el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones ordinarias de descuento a 30 días. Sólo he de discrepar con la propuesta en cuanto a los presuntos beneficios que se arrogan a la capitalización pactada entre las partes.

En efecto, señalo que si bien el art. 623 C.Civ.-después de su reforma- autoriza la capitalización con un criterio más amplio que en la anterior redacción, sigue limitándola a los supuestos expresamente contemplados por la norma, por lo que dado su carácter de excepción a la regla, no pueden ser interpretados extensivamente. En tal sentido, debe evitarse en su aplicación toda posibilidad de menoscabo a las garantías contempladas en los arts. 17 y 18 C.N. Es que, precisamente tal modalidad de cálculo de accesorios, máxime si está incluida en contratos predispuestos (véase fs. 9, cláusula 5.8) solo puede ser admitida y administrada bajo cuidadosos parámetros de equidad a fin de evitar deslizamientos que solo podrían conducir a resultados que, por desmedidos, caerían dentro de la misma tacha de contrariedad a elementales principios de orden público que vedan a un acreedor el enriquecimiento desmedido o sin causa razonable, a costa de su deudor.

Es que, recuerdo que el fallo de la C.S.J.N recaído in re “Fabiani Esteban Mario c. Pierrestegui Jorge Alberto” reeditado el 15-7-97 in re “Okretich, Raúl c/Editorial Atlántida S.A.”, en la línea expresada supra advirtió que esos excesos se configuran cuando, so pretexto de acatar la anteriormente vigente doctrina plenaria “Uzal SA c. Moreno Enrique” (C.N.Com, en pleno, 2.10.91), se autorizaba la violación de una norma expresa de orden público que no permitía, como principio, la capitalización de intereses, sin que concurran los supuestos legales de excepción.-

En efecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los ya mentados autos “Fabiani Esteban Mario c/ Pierretegui Jorge Alberto s/ recurso de hecho” (Fallos: 316:3131), dejó sin efecto la capitalización de intereses aplicada sobre un monto de condena, al advertir una distorsión en la cantidad debida provocada por la aplicación del sistema de capitalización, que superaba cualquier ajuste que pudiera haberse ordenado para mantener intangible el crédito.

Tal situación la estimo configurada en la especie, pues la aplicación del sistema de capitalización propuesto en la sentencia (una vez y media la tasa activa capitalizable mensualmente) produciría una alteración tal en el monto debido, que se advierte capaz de generar un perjuicio en el derecho de propiedad del deudor amparado constitucionalmente, ello, a poco que se repare en que el incremento financiero de la suma reclamada excede cualquier ajuste que pudiera utilizarse para mantener intangible el crédito de la accionante.

De ello se sigue que, manteniendo la capitalización mensual de los intereses pactados, sin morigeración de la tasa aplicable o sin control de su resultado final, se estaría dando a la deuda del sublite un tratamiento financiero desproporcionado respecto del rendimiento de cualquier otra actividad productiva o de prestación de servicios que pudiere emprenderse en el país. Es desde tal ángulo que comparto el criterio morigerador propiciado por mi colega preopinante.

Estímase evidente pues, que el resultado que arroja la aplicación de las pautas de la sentencia cuestionada aún con la morigeración que incluye, al adicionarse una capitalización mensual posterior, excedería notablemente la razonable expectativa de conservación patrimonial que pudo haber tenido en mente el accionante de modo tan grosero que no puede ser mantenida bajo el argumento de un supuesto respeto al principio de la cosa juzgada (CJSN, “Sequeiros Eduardo Ricardo c/ Miranda Hector Alejandro y otro s/ recurso de hecho”, Fallos: 316: 3054). Así las cosas, siendo que la liquidación de los réditos conforme a esas pautas, llevaría a una consecuencia patrimonial inequitativa para el deudor, cuya obligación no debe exceder el crédito actualizado con un interés que no trascienda los límites de la moral y las buenas costumbres (arts.953 y 1071 Cód. Civil, en igual sentido: esta CNCom., Sala A, 6/6/96, “Nearco y Cia. c/ Friman, Salomon”), y ante la ausencia de invocación de otra norma legal que lleve a apartarse de lo normado por el art. 623 Cód. Civil, considérase que se configura en autos un supuesto de excepción que habilita, como en muchos otros precedentes de esta Sala, para decidir la morigeración propuesta por la colega, a poco que se considere el resultado a que conduce la dilatada proyección en el tiempo de pautas tales como la fijada en el contrato y aún, como la consagrada en la sentencia, si es que se mantiene la capitalización mensual de intereses por todo el período transcurrido desde la mora, máxime al ser calculados a una vez y media la tasa activa.

Por lo demás, se ha señalado que “los limitados supuestos que se han previsto legislativamente denotan que la ley ha seguido en este tema un criterio restrictivo y estricto, evitando efectuar aplicaciones con sentido genérico. De manera que resulta necesario proceder con cautela en la adopción de una solución que importaría prescindir del texto expreso de la norma con invocación de la existencia de una realidad que contradice el presupuesto de hecho contemplado en ella” (véase: CNCom., esta Sala A, 12.12.2014, “Solar del Bosque Country Club S.A. c/ Garone Ángel Fabián y otro s/ ejecutivo” y CNCom., en pleno, 25/08/2003″Calle Guevara Raúl (Fiscal de Cámara) s/revisión deplenario” -voto mayoritario-).

De otro lado, también se ha dicho, que sería erróneo suponer que la redacción dada por la ley 23.928 al art. 623 del Cód. Civil habría cambiado el sentido del art. 565 del Cód.de Comercio, puesto que únicamente importó admitir los pactos expresos de capitalización sin exigir que sean posteriores a la generación del interés, pero esto no implica en modo alguno alterar la regla básica que veda la capitalización ni la segunda parte del precepto que se refiere a los procesos judiciales, que ha sido mantenida y convalidada en su integridad. Lo que significa que los jueces sólo están habilitados para aplicar la capitalización de los intereses moratorios en la forma y con las pautas expresamente previstas allí, en concordancia con los arts. 569 y 570 del Cód. de Comercio, cuya interpretación armónica impide extender sin más, el art. 565 del mismo cuerpo legal. Por eso, cabe insistir una vez más en que aplicar genéricamente un interés judicial con períodos de capitalización semejantes a los bancarios podría llegar a constituir un apartamiento de las normas legales vigentes (véase voto mayoritario de los Dres. Míguez, Peirano, Viale, Butty, Monti, Di Tella y Caviglione Fraga en el plenario supra citado).-

Con base en todo lo aquí expresado y en ese marco de apreciación, toda vez que el art.623 del Código Civil mantiene el principio general que veda el “anatocismo”, esto es, la aplicación de intereses sobre intereses y siendo que aunque la misma norma legal enumera, como supuesto de excepción, el que aquí se configura, ya se ha dicho también, que es facultad de los magistrados judiciales morigerar, aún de oficio, los intereses susceptibles de ser calificados de excesivos o usurarios, se aprecia procedente la morigeración de la capitalización y tasa de interés aplicable, imponiendo, a su resultado total, el tope de una vez y media la tasa activa

que cobre el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones ordinarias de descuento a 30 días, tal como lo propone la colega preopinante.-

He aquí mi voto.

El Señor Juez de Cámara Doctor Alfredo Arturo Kolliker Frers adhiere al voto de la Doctora Míguez salvo en lo atinente a la aplicación oficiosa de la facultad morigeradora de que se encuentran investidos los jueces, con fundamento en que tal aplicación aparece por el momento como prematura en esta instancia del proceso donde se desconoce aún el resultado de la utilización del régimen de capitalización de intereses pactados por las partes en relación al crédito del actor -aspecto que sólo podrá esclarecerse definitivamente al momento de practicarse la correspondiente liquidación en los términos del CPCC: 503-; circunstancia que conduce a que deba desestimarse íntegramente el recurso interpuesto por el demandado y confirmarse la sentencia en todo aquello que fue materia de agravio. Así lo voto.

Con lo que terminó este Acuerdo que firmaron los Señores Jueces de Cámara Doctores: Alfredo Arturo Kolliker Frers (en disidencia parcial), Isabel Míguez y María Elsa Uzal (con ampliación de fundamentos). Ante mí, Jorge Ariel Cardama. Es copia del original que corre a fs.del libro N° 124 de Acuerdos Comerciales – Sala A.

Jorge Ariel Cardama – Prosecretario de Cámara

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2014.

VISTOS:

Por los fundamentos del Acuerdo precedente, se resuelve:

a) Desestimar, en lo sustancial, el recurso de apelación interpuesto por el demandado;

b) Modificar la sentencia de la anterior instancia conforme a lo dispuesto en el considerando III.- 3°).

c) Confirmar la sentencia de la anterior instancia en todo lo demás que decide y fue materia de agravio;

d) Cargar con las costas de Alzada a cargo del recurrente, dada su condición de vencido en esta instancia (art. 68 del CPCCN).

e) En cuanto a los recursos de apelación en materia arancelaria, atento lo resuelto precedentemente en materia de costas y dado que conforme lo normado por el art. 279 del Código Procesal incumbe a este Tribunal la fijación de los respectivos estipendios, déjase sin efecto la regulación de fs. 442/443.-

Establecido ello, conforme el monto comprometido en la presente litis, con inclusión de intereses, atento las etapas efectivamente cumplidas y merituando la labor profesional desarrollada por su eficacia, extensión y calidad, se fijan en pesos veintitrés mil, en dieciséis mil, en dos mil ciento diez y en cuatro mil trescientos los honorarios de la doctora María Claudia Sota, del doctor Jonathan Jonás Sircovich, de la mediadora Ana María Pérez y del perito contador Aníbal M. Cárdenes, respectivamente; respecto a la incidencia resuelta en fs. 144/149, se fijan en pesos un mil los estipendios a favor de la doctora de la doctora María Claudia Sota; por la incidencia de fs. 185/187, se fijan en pesos quinientos los emolumentos a favor de la doctora María Claudia Sota; y, en lo que atañe a la incidencia de fs. 368, se fijan en pesos quinientos los honorarios a favor de la doctora María Claudia Sota (arts. 6, 7, 9, 19, 33, 37 y 38 de la ley 21.839, modif. por la ley 24.432; anexo III, art. 1, inc. g), del Decr.1467/11, reglamentario de la ley 26.589; art. 3 Dcto. ley 16.638/57 modif. por ley 24.432.).-

f) Notifíquese a las partes y devuélvase a primera instancia encomendándole al señor Juez disponer las notificaciones pendientes de la regulación de honorarios.

g) A fin de cumplir con la publicidad prevista por el art. 1° de la ley 25.856, según el Punto I.3 del Protocolo anexado a la Acordada 24/13 CSJN y con el objeto de implementar esa medida evitando obstaculizar la normal circulación de la causa, hágase saber a las partes que la publicidad de la sentencia dada en autos se efectuará, mediante la pertinente notificación al CIJ, una vez transcurridos treinta (30) días desde su dictado, plazo durante el cual razonablemente cabe presumir que las partes ya habrán sido notificadas.

Alfredo A. Kolliker Frers (en disidencia parcial)

Isabel Míguez

María Elsa Uzal (con ampliación de fundamentos)

Jorge Ariel Cardama – Prosecretario de Cámara

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