Medidas para restablecer el vínculo materno filial a pesar de lo manifestado por los hijos de no querer mantener contacto

estimular-prematuroPartes: T. R. E. y otros c/ B. C. R. s/ autorización

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: B

Fecha: 15-dic-2014

Cita: MJ-JU-M-91309-AR | MJJ91309 | MJJ91309

El tribunal dispone en forma cautelar una serie de medidas para restablecer el vínculo entre la progenitora y sus hijos, a pesar de lo manifestado por éstos de no querer mantener contacto con ella.

Sumario:

1.-En el marco de un proceso de pedido de autorización para viajar al exterior de dos adolescentes con su padre, considerando probable que sus dichos en cuanto a que no quieren tener contacto con la progenitora no respondan a verbalizaciones genuinas ya que no expresaron ninguna razón de peso que permita entenderlo racionalmente en tanto se evidenciada una fuerte identificación de hijos con el discurso de su padre, y ponderando que de la lectura de la totalidad de los informes obrantes en el expediente puede concluirse que la presencia de la madre en la vida de sus hijos no representa un riesgo de ninguna índole para la salud psicofísica de ellos, corresponde adoptar con carácter cautelar ciertas medidas -asistencia a terapia familiar y procedimientos terapéuticos a cargo de un psiquiatra- orientadas a poner fin a la irregular y poco saludable situación de desvinculación materno-filial.

2.-En toda actuación judicial en la que se encuentren vinculados niños o adolescentes, el deber de priorizar la atención y cuidados de aquellos no se encuentra exclusivamente a cargo de sus representantes necesarios o del Ministerio Público, sino que es un deber del Estado de modo que, el Poder Judicial se erige así no solo en garante de tales derechos, sino en partícipe activo del obrar del Estado en ese sentido, y la omisión del dictado de las disposiciones pertinentes ante menores en estado de riesgo comportaría un directo incumplimiento de los deberes a su cargo, involucrando incluso la responsabilidad del Estado, es por todo ello el magistrado posee aptitud plena para disponer medidas incluso de oficio en tanto se ordenen a dar plena garantía a la tutela y/o restitución de derechos que menores afectados le pudieran estar siendo vulnerados.

3.-Dada la medular importancia que el contacto con ambos padres tiene para la estructuración psíquica y moral de los hijos, la comunicación entre el padre o la madre excluido del cuidado personal y sus hijos revista los caracteres de inalienable e irrenunciable, y es por ello que su limitación sólo debe disponerse cuando se verifique la concurrencia de causas que pongan en peligro la seguridad o la salud del niño o adolescente.

4.-Escuchar al niño o adolescente no significa hacer lo que él verbalice, sino aquello que contemple de mejor manera su interés superior, máxime cuando como en el caso las palabras de los menores involucrados, quienes manifestaron no querer tener contacto con la madre demandada, no estarían transmitiendo su propia opinión sino la de uno de sus progenitores, de modo que no debe incurrirse en el error de identificar en todas las situaciones las peticiones o supuestos deseos que emita el joven con su verdadero interés.

5.-La inasistencia de los integrantes de la familia a la terapia de reorganización familiar dispuesta por el tribunal será sancionada con una multa – en el caso de $10.000- que se devengará en beneficio de la contraparte y por cada día de incomparecencia, siendo impuesta al progenitor que detenta la guarda de hecho de los menores en el supuesto de incumplimiento por parte de los hijos, asimismo también incluye el deber de las partes colaborar activamente para el éxito de la terapia bajo apercibimiento de aplicar la referida multa.

Fallo:

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2014.- PM

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I. A f. 29 la Sra. Juez de primera instancia decidió diferir el dictado de la providencia destinada a dar trámite al pedido de autorización para salir del país y de restitución de documentación formulado a fs. 4/7 por los jóvenes L. U. y C .A. T. -con el patrocinio letrado de la Dra. P. F. P.-, hasta tanto se encuentre firme o ejecutoriado lo resuelto a fs. 401/402 de los autos sobre cuidado personal (llamado tenencia de hijos) seguidos entre las mismas partes. Contra aquella decisión interpusieron recurso de apelación los hijos en común de las partes antes mencionados, y el progenitor, Sr. R. E. T. Los respectivos memoriales obran agregados a fs. 35/39 y a fs. 49/57, y no recibieron respuesta.

II. Examinadas cuidadosamente por el Tribunal las actuaciones cumplidas en la causa sobre cuidado personal antes mencionada (expte. N° 42.570/2013, que se tiene a la vista para este acto), es posible advertir que la referida resolución de fs. 401/402 ha sido también apelada por los jóvenes L. U. y C. A. T. y por el progenitor, quienes ya han presentado sus respectivos memoriales, que han sido -además- debidamente sustanciados con la progenitora. En idéntica situación procesal se hallan las providencias dictadas a fs. 409 y 412 de aquellas actuaciones, vinculadas al decisum de fs. 401/402, de modo análogo a lo que acontece con el proveído de f. 29 de estos autos. De manera tal que, para que el Tribunal se halle en condiciones de proceder a revisar las aludidas decisiones de f. 401/402, 409 y 412 del expediente n° 42.570/2013 -íntimamente relacionadas entre sí y con la dictada a f.29 del presente, como se ha dicho-, únicamente se encuentra pendiente que se corra vista a la representante del Ministerio Público ante la anterior instancia a fin de que tome conocimiento de dichas resoluciones.

En tales condiciones, en cumplimiento de los deberes impuestos al Tribunal por el artículo 34, inciso 5), apartados a) y e), del Código Procesal, con sustento en los principios de concentración y de economía procesal, en carácter de medida para mejor proveer, se ha de disponer la remisión de los autos “B. C.R. y otros c/ T. R.E. s/ Tenencia de Hijos” (expte. n° 42.570/2013) a primera instancia, por el plazo de cinco días, a los fines del cumplimiento de la vista a la Sra. Defensora de Menores de primera instancia señalada en el párrafo anterior, con cargo de oportuna elevación para el tratamiento conjunto de las apelaciones articuladas contra las decisiones de fs. 401/402, 409 y 412 de esos autos, y contra el proveído de f. 29 del presente. Al respecto, déjase sentado que la narración precedente no implica de ninguna manera reconocer la eventual capacidad procesal que esgrimen los hijos de los progenitores, la cual será materia de oportuna decisión por este Tribunal.

III. Ahora bien, no es posible soslayar la grave conflictiva familiar que subyace a la cuestión específica que tramita en el incidente elevado en grado de apelación, y que emana con toda claridad de las constancias de las mencionadas actuaciones sobre cuidado personal de los hijos.

Cabe aquí destacar que la naturaleza federal y supra legal del superior interés del niño confiere a éste una protección especial, un “plus de protección”, dada su situación de vulnerabilidad; y ello en razón que no ha completado todavía la constitución de su aparato psíquico.Dicha tutela debe prevalecer como factor primordial de toda relación jurídica; de modo que, ante situaciones como las presentadas en autos, el interés moral y material de los niños y adolescentes involucrados debe tener una relevante prioridad sobre cualquier otra ponderación (CSJN, Fallos: 327:2074; 328:2870).

En tal entendimiento, el día 1° de diciembre próximo pasado, el Presidente del Tribunal, Dr. Mauricio L. Mizrahi, con la presencia de la Sra. Defensora de Menores de Cámara ad hoc Dra. Analía V. Núñez, de la Prosecretaria Administrativa de la Sala, Dra. Paula D. Marinkovic, y de la Lic. Paula María Estrada, del Servicio de Psicología de esta Cámara, mantuvo contacto personal con los jóvenes L. U. y C. A. T., escuchándolos en los términos previstos por el artículo 12 de la Convención Sobre los Derechos del Niño los arts. 24 y el art. 27 de la Ley de Derechos del Niño 26.061 (ver f. 79). A su vez, el Tribunal se reunió por separado con ambos progenitores, en los términos de los artículos 34, inc. 5°, y 36, incs. 3° y 4°, con fecha 2 del corriente mes y año, conversando largamente con cada uno de los citados acerca de la problemática familiar implicada en los numerosos procesos que tramitan entre ellos.

Las impresiones referidas en los aludidos comparendos han contribuido a reforzar la convicción del Tribunal en orden a que la severidad de la crisis por la que atraviesa este grupo familiar desborda lo que fuera puntual objeto de apelación en este incidente. Ha surgido patente un problema familiar de serias dimensiones que rebasa ampliamente la cuestión formal por la que fue traída la causa ante esta alzada. Se advierten comprometidos derechos fundamentales de los jóvenes, aspecto sobre el cual corresponde que el tribunal se expida como modo de restituir a L. y C., como seres más vulnerables del conflicto, los derechos de los que se encuentran privados por el obrar de los adultos.

IV.En el referido marco de situación, consideramos adecuado señalar que esta Sala participa del criterio de que en toda actuación judicial en la que se encuentren involucrados niños o adolescentes, debe velarse por el interés supremo de éstos, que se erige como principio rector del derecho procesal de familia. Sobre el tema, téngase presente que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que la expresión “interés superior del niño” implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración y la aplicación de normas en todos los órdenes relativos a su vida (CIDH, 28/08/2002, Opinión Consultiva OC 17/02, solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, LL 2003-B, 312); y la ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes N° 26.061 lo definió como “la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos por esta ley” (art. 3°). En consecuencia, en todos los asuntos de esta índole en los que nos toca intervenir, ha de ser aquel interés primordial de los niños y adolescentes el que ha de orientar y condicionar toda decisión de los Tribunales de todas las instancias llamados al juzgamiento de los casos; y ello conforme a reiterada jurisprudencia de nuestra Corte Federal (CSJN, 6/2/2001, “Fallos”, 324:122 ; 2/12/2008, “Fallos”, 331:2691 ; 29/4/2008, “Fallos”, 331:941 ; entre muchos otros).

Por eso, este tipo de procesos son inquisitivos; dada la indisponibilidad del derecho sustancial (ver Kielmanovich, Jorge L., “Sistema inquisitivo y derechos del niño”, en “Rev. de Derecho de Familia y de las Personas”, La Ley, n° 9, octubre de 2011, p. 73; esta Sala, 10-3-2009, “K., M. y otro c/ K., M.D.”, LL, 2009-B-709; 29-2-2012, “C.V.S., L. c/ S., R.D. s/ Régimen de visitas”, R. 590.131; 28-2-2012, “M., A.E.c/ G., S.D. s/ art. 250 C.P.C.C.N.-Incidente de Familia”, R. 592.724; P., L. E. c/ O., P. y otro s/ régimen de visitas, del 25/04/2012. Ver, también, C.Apel. Trelew, Sala A, 24-2-2011, “B., D.E. c/ C., M.G.”, en Rev. de Derecho de Familia y las Personas, La Ley, N° 9, octubre 2011, p. 77; íd., íd., 10-3-2010, “S., E.B. c/ N., J. de la C.”, LL, Online AR/JUR/95785/2010).

En resumidas cuentas, no corresponde en casos como el traído a examen limitarse a la aplicación rigurosamente técnica de pautas formales que llevarían a desentenderse del hecho de hallarnos operando sobre derechos indisponibles. Nótese que la normativa los declara “irrenunciables” (art. 2, párr. 2°, de la ley 26.061), lo que lleva a privilegiar el principio opuesto al dispositivo y, en consecuencia, las facultades de las partes cederán paso a las facultades judiciales (conf.: Morello, Sosa, Berizonce, Códigos Procesales., 2da. ed., I-574, “C”). Vale decir, el orden público es el que se impone y, con él, el deber de los jueces de actuar oficiosamente.

Los judicantes no pueden cerrar los ojos ante la realidad y mirar para otro lado cuando se les exhibe una afectación significativa de los derechos de los niños o adolescentes entrampados en una problemática familiar compleja, por lo que deben desempeñar un rol activo y comprometido en la causa.La natural condición de dependencia en la que se hallan aquéllos hace necesario que las instituciones contribuyan a un resguardo intenso y diferencial, y particularmente cuidadoso, de los derechos y garantías que les asisten; con el consecuente deber de los jueces a que ese resguardo tenga una “efectividad directa como mandato de la Constitución”.

En definitiva, el deber de priorizar la atención y cuidado de los niños y adolescentes no se encuentra exclusivamente a cargo de sus representantes necesarios (que ocasionalmente -voluntaria o involuntariamente- pueden operar en contra de sus asistidos) o del Ministerio Público, sino que es un deber del Estado que todos sus poderes deben atender activamente. El Poder Judicial se erige así no sólo en garante de tales derechos, sino en partícipe activo del obrar del Estado en este sentido; mientras que la omisión en el dictado de las disposiciones pertinentes -ante jóvenes en estado de riesgo, como es el caso de autos- comportaría un directo incumplimiento de los deberes a su cargo, involucrando incluso la responsabilidad del Estado, habida cuenta los compromisos asumidos ante la comunidad internacional (conf.: CNCiv, esta Sala, 19/3/2009, LL 2009-B-709; íd., íd., expte. n° 72.318/2012, “Z., M. c/ G., R. s/ Exhorto, del 6/12/2013; íd., Sala C, 21/05/1976, voto del Dr. Atilio A. Alterini, con adhesión de los Dres. Augusto C. Bellus cio y Santos Cifuentes, ED 68-180, f. 28.469).

Es por tales razones, de incontestable relevancia -a nuestro ver-, que consideramos que el magistrado posee aptitud plena para disponer medidas, incluso de oficio, en tanto se ordenen a dar plena garantía a la tutela y/o restitución de derechos que a los jóvenes aquí afectados le pudieran estar siendo vulnerados.

V. En la especie, los jóvenes L. U. y C. A. T. han perdido el contacto personal con su progenitora, la Sra. C. R.B., desde el día 6 de julio de 2013 -o sea, hace ya casi un año y medio-, cuando el progenitor retiró a los nombrados del domicilio materno, presuntamente para que permanezcan con él durante las vacaciones de invierno en una propiedad en la localidad de C. S., distante -según las manifestaciones formuladas por el propio Sr. T.- aproximadamente a 150 km de esta ciudad, donde residían hasta entonces junto a su madre en el inmueble que fuera sede del hogar conyugal (ver copias certificadas obrantes a fs. 84/86 y presentación del progenitor de fs. 197/199 del expte. n° 42.570/2013). Desde entonces, los hijos permanecen en forma exclusiva con el padre, quien alegó que aquéllos se negaron a volver con la progenitora luego de concluido el receso escolar (ver fs. 191vta. de la citada causa).

Debe ponerse de relieve que este cambio de residencia de los hijos en común de las partes fue decidido por el Sr. T. de manera unilateral e inconsulta, en el marco de la grave crisis familiar desencadenada con motivo de la ruptura del matrimonio de las partes. Al respecto, no es posible soslayar que en forma previa a dicha modificación, a raíz de las denuncias por violencia familiar formuladas por la Sra. B., habían sido dictadas por la a quo una serie de medidas cautelares en virtud de las cuales se había excluido al Sr. T. del hogar conyugal, se le prohibió el acercamiento a una distancia menor de quinientos metros a la persona de la Sra. B., se había asignado a la madre la guarda provisoria de L. y C., y se estableció un régimen de encuentros paterno-filial.En él se preveía -inicialmente- el contacto entre padre e hijos dos veces por semana durante el horario previsto para el almuerzo por la institución escolar a la que concurren los jóvenes y fin de semana por medio, y luego debió ser reducido, limitándose a dos almuerzos semanales con la presencia de una Asistente Social, dejándose sin efecto los encuentros durante los fines de semana (conf.: fs. 35, fs. 85/86, fs. 177/178 y f. 195 del expte. n° 14.013/2013, que se ha tenido a la vista). Y si bien es cierto que para el día 6 de julio de 2013, cuando se produjo el hecho en cuestión, las medidas cautelares relacionadas con los hijos habían expirado (conf.: fs. 239/240 de los citados autos 14.013/2013); no lo es menos que la sola circunstancia de haberse dictado en su oportunidad, y su vigencia hasta pocos días antes de dicho evento, dan una idea acabada del alto grado de conflictividad existente en ese momento, al mismo tiempo que permiten advertir la clara violación del status quo existente hasta entonces que importó la conducta intempestiva e irregular del padre.

Como se ha visto, el padre ha “tomado” para sí el cuidado personal de los hijos acudiendo a las vías de hecho, con total desprecio por los límites impuestos por la ley. Debe quedar claro que la situación imperante en la actualidad, en que los hijos continúan residiendo en forma exclusiva junto a su progenitor y carecen de todo contacto con su madre y con todo el entorno familiar -incluida su hermana mayor R., fruto de un anterior matrimonio de la progenitora- y afectivo materno, se verifica en contra de la voluntad de la madre -quien ha recurrido a todos los medios legítimos a su alcance para recuperar el vínculo con L. y C.-, ni tampoco responde a resolución judicial ninguna.

VI.En el referido orden de ideas, resultan de importancia los hallazgos obtenidos en el psicodiagnóstico pericial de interacción familiar producido por el Departamento de Psicología del Cuerpo Médico Forense, que data del mes de junio de 2013. En el aludido informe, agregado en copias a fs. 52/58 del expte. n° 42.570/2013, se señaló la imposibilidad de diálogo de la pareja parental, quienes no logran reflexionar acerca de la posible participación de cada uno en la problemática familiar, que impresiona de larga data. Se puso de relieve que R. -el progenitor- no acepta la separación de la pareja. Se pudo observar, asimismo, que el progenitor y los hijos se encuentran unidos en una alianza, quedando C. -la madre- no sólo excluida, sino cuestionada y por momentos desvalorizada; detectándose una marcada influencia del padre en el modo de pensar de los hijos, que presentan una fuerte identificación con su papá. Se afirmó que L. y C. depositan en la progenitora la responsabilidad por la desintegración familiar y reclaman con marcado vigor afectivo que desean vivir con su padre; quedando en evidencia la existencia de un grave conflicto materno-filial, en el que los jóvenes adoptan una actitud de enfrentamiento y rebeldía con relación a la madre, a quien llegaron a insultar en la entrevista, al tiempo que -tangencialmente- le reclaman mayor presencia.

A su vez, en la posterior evaluación practicada a este grupo familiar en el mes de marzo del corriente año en el Centro Integral Especializado en Niñez y Adolescencia “Feliciana Manuela” (CIENA), dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (ver fs.290/292 de los autos sobre tenencia de hijo, a la vista para este acto), se destacó que el progenitor se presentó con una actitud reticente y una postura rígida, con escasa posibilidad de elaboración respecto a una crianza compartida por ambos padres; observándose su adhesión a estereotipos sociales sexistas, en función de los cuales postularía que quien se debe ocupar de la crianza de los hijos varones es el padre; llegando a expresar: ¡La madre de mis hijos soy yo!. Se afirmó también que el Sr. T. no demuestra interés en que sus hijos se revinculen con la madre. En relación a la progenitora, los profesionales de dicho centro evaluaron que conformó con el padre de sus hijos una pareja en la que predominó como modalidad vincular la violencia emocional ejercida por el Sr. T. Concluyeron que la Sra. B. presenta la denominada patología del dominado, centrada en la idealización del dominador. Respecto a los niños L. y C., se indicó que presentaron rigidez discursiva y emocional, resultando casi imposible moverlos de las cuestiones legales y lograr que profundicen en relación a su vínculo con la madre, a quien nombraban como “esa señora”. Manifestaron explícitamente su negativa a vincularse tanto con su mamá como con su hermana mayor R., enunciando ciertas condiciones que debería cumplir la madre para aceptar revincularse con ella: que desaloje el domicilio familiar y que los autorice a viajar a I. y tal vez quedarse a vivir allí.

Corresponde aquí recordar que nuestra Corte Federal ha dicho -a nuestro juicio con total acierto- que el superior interés de la infancia es un concepto abierto al que los jueces, en el desenvolvimiento de su ministerio -eminentemente práctico-, están llamados a asignar unos contenidos precisos. La determinación de ese mejor interés hará necesaria la intervención de especialistas, quienes han de transmitir al tribunal las comprobaciones y resultados de su actividad.Y, al hacerlo, le suministrarán elementos para la formación de su convencimiento con relación a temas cuya aprehensión va más allá de la ciencia jurídica. El perito es un intermediario en el conocimiento judicial, y si en los saberes no jurídicos esa mediación resulta fundamental, es indudable que la opinión profesional coadyuva eminentemente en la configuración regular de las decisiones judiciales. Tanto más, en ámbitos donde la complejidad de los nexos humanos reclama a menudo el apoyo técnico, a punto tal que se ha llegado a decir que el deber tutelar del Poder Judicial no puede desarrollarse sin la concurrencia de personas calificadas en las disciplinas de la salud, como tampoco sin la investigación de los datos de la realidad que, para su comprensión, requieren de dichos auxiliares (ver C.S.J.N., 14/09/2010, in re “V., M.N., c, S., W.F. s/autorización” (V.777.XLII), E.D., 27-12-2010, ps. 2/4).

VII. Por otro lado, una minuciosa lectura de los expedientes que se han tenido a la vista para este acto, ha permitido también al Tribunal advertir la solapada pero firme resistencia del padre a la revinculación materno-filial, no obstante su reiterado compromiso de no obstaculizarla. Esta resistencia queda evidenciada en numerosas manifestaciones formuladas en muchas de sus presentaciones en el expte. n° 42.570/2013, donde sostuvo que es la madre quien tiene que realizar el mayor esfuerzo modificando sus actitudes y que, para que dicho proceso sea posible, los hijos -a quienes asigna un suficiente grado de madurez para decidir cómo y cuándo revincularse- deben convencerse previamente de ese cambio (ver fs. 307, 313, 372vta., 383vta. y 385vta./386 de la citada causa). Y esta resistencia, también ha sido claramente percibida en el comparendo celebrado en esta sede, en el cual abundaron las expresiones paternas de similar tenor a las precedentemente transcriptas. Sin embargo, resulta llamativo que preguntado el Sr. T. en el acto de f. 81 acerca de si la Sra. B.había sido buena madre, contestó elocuentemente que sí, pero hasta el 12 de diciembre de 2012, día en que le comunicó su decisión de poner fin a su unión matrimonial. A partir de entonces, en el parecer del Sr. T., todo cambió radicalmente. Se estima significativo también que, según los dichos del progenitor en la audiencia en cuestión, el precepto impuesto por el Sr. T. a sus hijos L. y C. para gobernar la relación con su madre fue “la madre es sagrada”, más siempre destacando el límite temporal del 12 de diciembre de 2012. Y llama poderosamente la atención que, pese a lo reseñado -que responde a las propias expresiones del Sr. T. recogida s en el acto de f. 81 del presente- en cuanto a la relación materno-filial previa a la separación de los padres, al conversarse con L. y C. en el comparendo de f. 79 acerca del vínculo con su madre, nada parecen recordar ni rescatar de ella, tal como manifestaran en su oportunidad en sede pericial.

Así las cosas, el Tribunal entiende que corresponderá adoptar medidas muy firmes orientadas a neutralizar en lo posible la disfuncionalidad de esta familia. Es por eso que, dada la urgencia del caso, la ritualidad y cuestiones formales han de pasar a segundo plano. Por supuesto que -como quedara dicho- no es dable abdicar de los deberes que competen a los jueces en orden a la efectiva protección de los derechos de L. y C., y en resguardo de su salud psicofísica (conf.: art. 9°, inc. 3° de la Convención de los Derechos del Niño).

VIII. Conviene aquí apuntar que el derecho de L. y C. a no ser separado de sus padres y a tener adecuada comunicación con ellos, se encuentra garantizado por los arts.9.1 y 9.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño y por el artículo 11 de la ley 26.061, que dispone que los niños tienen derecho “.a la preservación de sus relaciones familiares., a mantener en forma regular y permanente el vínculo personal y directo con sus padres, aún cuando éstos estuvieran separados o divorciados”. A su vez, el artículo 376 bis del Código Civil prescribe que el juez establecerá los contactos “de acuerdo a las circunstancias del caso”.

Cabe destacar que, desde la perspectiva de los progenitores, mantener contacto y comunicación con el hijo constituye un deber paternal y maternal de interés y atención; pero no es posible olvidar que también en relación al hijo existe un deber filial de ver y comunicarse con aquéllos (conf.: Dolto, Francoise, “La causa de los adolescentes”, p. 194, ed. Seix Barral, Bs. As., 1990; y de la misma autora, “Cuando los padres se separan”, ps. 52 y 59, ed. Paidós, Bs. As., 1989). El reconocimiento de los deberes apuntados tiene por objeto salvaguardar los sentimientos humanos más elevados, desinteresados y permanentes, cuales son los nacidos de la maternidad, paternidad, consanguinidad y parentesco. Asimismo, encuentra su fundamento en la medular importancia que el contacto con ambos padres tiene para la estructuración psíquica y moral de los niños y adolescentes. Por tales razones, la comunicación entre el padre o madre excluido del cuidado personal y sus hijos reviste los caracteres de inalienable e irrenunciable, ya que tiende a la subsistencia de un lazo familiar y afectivo de particular importancia en su formación, y es por ello que su limitación solo debe disponerse cuando se verifique la concurrencia de causas que pongan en peligro la seguridad o la salud del niño o adolescente; lo que, prima facie, no es la situación de autos.

IX. Es útil también precisar que el art.12.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que “los Estados partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio del derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afecten al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño”. Sobre el punto, con razón se dijo que lo que se procura es que el niño o adolescente pueda desempeñar una actitud autónoma; es decir, que le asiste el derecho de plantear una posición diferente a la sustentada por sus progenitores. Incluso se podría decir que, en el ámbito de nuestro país, la ley 26.061, de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, supera aquella previsión; pues conforme a los arts. 2°, 3°, inc. b), 24, incs. a) y b), 27, inc. a), y 41, inc. a), del mencionado ordenamiento legal, todo niño de cualquier edad tiene derecho a ser oído sin que, bajo ningún concepto, se limite la escucha a los que pueden “formarse el juicio propio”.

En la presente causa los jóvenes L. y C. han sido oídos en primera instancia en forma indirecta en varias oportunidades, a través de los diferentes profesionales que tomaron intervención en el caso. En efecto, debe considerarse que aquéllos fueron sujetos de una escucha experta al producirse las evaluaciones del grupo familiar practicadas por el Departamento de Psicología del Cuerpo Médico Forense y por el CIENA, antes citados; y también han sido recibidos en la Defensoría Zonal 13, que tomó intervención en el caso (ver f. 124 del expte. n° 42.570/2013). A su vez, L. fue también escuchado en oportunidad de la denuncia por violencia familiar que formulara contra su progenitora en el ámbito de la Oficina de Violencia Doméstica, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (ver Informe Interdisciplinario de Riesgo obrante a fs.241/243 de los autos sobre tenencia de hijos).

Además, L. y C. fueron recibidos en la sede de este Tribunal en la audiencia de que da cuenta el acta de fs. 79, antes referida. En esta ocasión, ambos jóvenes mantuvieron su postura contraria a cualquier tipo de encuentro y contacto con su progenitora, en términos similares a los que resultan de lo informado por el CIENA, aclarando incluso que desde hace unos meses ni siquiera le atienden el teléfono. Preguntados por el Presidente del Tribunal para que se manifiesten acerca de los hechos o causas que han dado lugar a dicha negativa, tanto L. como C. -entrevistados de manera individual- se limitaron a reiterar unos pocos hechos y cuestiones puntuales (sin trascendencia mayor) de las que ya tenía conocimiento el Tribunal por haber sido enarboladas insistentemente a lo largo de los procesos que se siguen entre las partes. Vale decir, y esto vale la pena destacarlo con énfasis, los jóvenes no articularon nada nuevo o significativo que pudiera justificar siquiera mínimamente su desvinculación de la progenitora. En concreto, L. y C. no expresaron ninguna razón de peso que permita entender racionalmente el por qué no quieren tomar contacto con su madre.

X. A esta altura del relato, parece importante detenerse en los conceptos de “madurez y desarrollo” que menciona el inc. b), art. 24 de la Ley 26.061. Claro está que dichas pautas configuran los parámetros que deben ser considerados para graduar en qué medida las opiniones del niño o adolescente han de ser tenidas en cuenta por el magistrado a la hora de su decisión. De modo similar, el antes citado art. 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, con jerarquía constitucional en la Argentina a tenor del art. 75, inc.22, de nuestra Carta Magna, hace alusión a la necesidad de escuchar las opiniones de los niños “en condiciones de formarse un juicio propio”, “teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones en función de la edad y madurez”.

Con relación al mencionado tema, resulta hoy día incuestionable que el derecho positivo actual ha incorporado los criterios de autonomía y capacidad progresiva de los niños y adolescentes, sin sujeción a parámetros etáreos fijos. Dicha capacidad de hecho surge de los preceptos de la mencionada Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (conf.: arts. 5, 12 y 14); al tiempo que la ley del niño 26.061 ha avanzado notoriamente en la referida dirección (conf.: arts. 19, inc. a), 24, inc. b), 27, incs. d) y e). En efecto, vale la pena resaltar que las disposiciones citadas, tanto de la Convención del niño como de la ley 26.061, emplean expresiones tales como “ejerza”, “ejercicio”, “ejercerlo” y “participar activamente”, lo que denota, claramente, que lo que se ha instaurado en la Argentina es la ya apuntada capacidad progresiva del niño; esto es, un sistema progresivo de autonomía -sin vinculación estricta a una edad cronológica- en función de su madurez intelectual y psicológica, el suficiente entendimiento, y su grado de desarrollo (ver esta Sala, R. 517.179, “K., M. y otro c/ K., M.D. s/ Autorización”, del 19/3/2009, L.L., 2009-B, 709, AR/JUR/3038/2009).

Para decirlo en otras palabras, en nuestro derecho vigente la capacidad y discernimientos cronológicos (en función de la edad) -tal el caso de los artículos 54, 55 y 921 del Código Civil- tienen que ser complementados por un criterio de capacidad y discernimiento reales. Con ello queremos remarcar que el juez -en cada caso de familia que tenga en sus manos- deberá evaluar si el sujeto concreto, en atención a su capacidad progresiva, cuenta con la suficiente madurez para llevar a cabo por sí, autónomamente, una determinada actuación.Diríamos que, a lo sumo, las normas citadas del Código Civil podrán ser consideradas en todo caso -según sea la naturaleza del acto- como pautas orientadoras, fórmulas abiertas, o presunciones “iuris tantum”.

En el mencionado orden de ideas, es de suma importancia tener en cuenta que la aptitud o competencia para llevar a cabo el acto se analizará en función de las características de éste, y no de una manera general para todos los supuestos. De ahí que la madurez suficiente se apreciará con carácter relativo y concreto según cuál sea la cuestión de que se trate. Por eso, intervendrán en la valoración judicial tanto circunstancias subjetivas; esto es, el mayor o menor crecimiento intelectual del niño; como objetivas, relacionadas con el tipo de cuestión específica que motiva su participación en el juicio (conf.: Kemelmajer de Carlucci, Aída, “El derecho del niño a su propio cuerpo”, en Bergel-Minyersky, “Bioética y derecho”, p. 105, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2003; Facco, Javier Humberto, “Menores impúberes y adultos. La reciente reforma del Código Civil”, L.L., 2010-B, 1039; Fernández, Silvia E., “Los derechos de niños y adolescentes en el ámbito de la salud y del cuidado del propio cuerpo. Una aproximación a la cuestión frente a la ley 26.529 de Derechos del Paciente”, J.A., 2010-III, Lexis Nº 0003/015030).

Entonces, más allá que el contacto con el joven pueda exhibir a primera vista que éste tiene en general una capacidad para razonar, habrá que ver si ese adolescente no es objeto de influencias indebidas o presiones por parte de las personas de su entorno, o si padece una situación vivencial traumática o inestabilidad afectiva que a la postre le impida o le dificulte severamente comprender las consecuencias de sus actos y, por lo tanto, no transmita en el asunto concreto una visión confiable de sus necesidades (conf.: esta Sala, R. 590.131, “C.V.S., L. c/ S., R.D.s/ Régimen de Visitas”, del 29/02/2012).

XI. En la especie, en la entrevista mantenida el día 1° de diciembre próximo pasado en la sede del Tribunal, donde los jóvenes L. y C. T. fueron sujetos de una atenta escucha interdisciplinaria, que se prolongó por un largo rato en forma individual con cada uno de ellos, quedó evidenciada una fuerte identificación de los mencionados jóvenes con el discurso de su progenitor. Más bien, el discurso de aquéllos parecía, en verdad, el discurso de éste. Esto es, que los jóvenes, en sus palabras, muy lejos estuvieron de exhibir una postura autónoma y racional.

Al respecto, resultan también muy ilustrativas las impresiones recogidas por los profesionales de la Oficina de Violencia Doméstica que tomaron intervención con motivo de la denuncia formulada por L. contra su madre el día 7 de mayo de 2013, con el objeto de que -según los dichos del propio joven- se lo autorice a residir con su padre. En el Informe Interdisciplinario de Riesgo elaborado en dicha oportunidad señalaron que los hechos relatados por el mencionado joven no alcanzaban para justificar la denuncia, como así tampoco se presencia en un lugar de tramitación de alta conflictividad adulta, poniendo de relieve en forma enfática lo inadecuado y dañino de la situación; y concluyeron que no se trataría de un caso de violencia doméstica sino de un supuesto de participación de los hijos en las disputas parentales, sugiriendo se provea a L. de una adecuada protección y un tratamiento psicológico especializado (ver fs. 241/243 de los autos sobre tenencia de hijos).

También, en la evaluación practicada al grupo familiar en el CIENA se detectó en el progenitor un funcionamiento rígido y estricto en la crianza de sus hijos, por el cual el Sr. T.no da cuenta de los intereses legítimos de éstos, siendo predominante en su discurso apenas “el deseo del padre”; observándose, asimismo conductas intrusivas en relación a ellos (se relató que intentó por todos los medios escuchar lo que las entrevistadoras hablaban con los niños, pegándose a la puerta y a la pared desde un ambiente contiguo al consultorio). En esta ocasión, los profesionales concluyeron que el discurso del Sr. T. revela una problemática megalomaníaca, necesariamente transgresora de las funciones parentales y los límites generacionales. Por otro lado, en L. se advirtió un discurso unívoco, rígido y con características adultiformes. Y se escuchó en ambos niños un discurso desvalorizante y radical respecto a la madre, que respondería a una identificación extrema con este padre omnipotente y a una situación de cohersión por parte del Sr. T. respecto a sus propios ideales. Se destacó al respecto que los niños no ubican ningún recuerdo compartido con la madre o de apoyo y de educación de parte de ella. Para finalmente concluir que este discurso de los hermanos, que niega las diferencias y la historia, aboliendo todo registro materno-filial, constituye una forma de estar capturados. Las víctimas hacen suyos los intereses del dominador y se define en los estándares, tanto nacionales como internacionales, como abuso emocional (ver fs. 290/292 del expte. n° 42.570/2013).

Todo parecería indicar, entonces, que L. y C. no se hallan en condiciones psíquicas ni emocionales de opinar libremente, dado el vínculo presuntamente simbiótico y patológico que tienen con su padre; de lo que se sigue que en esta cuestión específica no se advierte en ellos un grado de autonomía aceptable -respecto de sus referentes familiares- como para priorizar su verbalización.Sobre el punto, es sabido que es precisamente dicha autonomía la que nos marca el parámetro que delimita el alcance del ejercicio de los derechos por parte de los hijos que no han llegado a la vida adulta y la que determina, en definitiva, su capacidad procesal para actuar por sí (ver Gil Domínguez, Andrés-Fama, María Victoria-Herrera, Marisa, “Ley de protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes”, p. 167, ed. Ediar, 2007). Por lo demás, corresponde destacar que escuchar al niño o adolescente no significa hacer lo que él verbalice, sino aquello que contemple de mejor manera su interés superior; sobre todo, insistimos, porque en sus palabras no estarían transmitiendo su propia opinión, sino la de otro; en el caso, la de su progenitor (conf.: esta Sala, R. 447.015, “T., R.L. c/ T., M.J. s/ Divorcio”, del 26/12/2006). Por tales motivos, el Tribunal estima que no debe incurrirse en el error de identificar en todas las situaciones las peticiones o supuestos deseos que emita el joven con su verdadero interés.

En consecuencia, ponderando que lo más probable es que los dichos emitidos por L. y C. no respondan a verbalizaciones genuinas, así como que una atenta lectura de la totalidad de los informes obrantes en el expte. n° 42.570/2013 permite concluir que la presencia de la progenitora en la vida de sus hijos no representa un riesgo de ninguna índole para la salud psicofísica de estos jóvenes, ha de concluirse que debemos orientarnos a poner fin a esta irregular y poco saludable situación de desvinculación materno-filial.

XII. En las condiciones expuestas, no nos cabe ninguna duda de que la problemática de estos jóvenes y su grupo familiar primario exige acciones firmes y decididas que les devuelvan los derechos de los que se encuentran de hecho privados, como modo de facilitar a futuro la sana construcción de su personalidad.En tanto existen niños o adolescentes afectados, el tribunal de familia tiene la obligación de no permitirse “mirar para el costado”, por lo que corresponde que se involucre a los fines de procurar alternativas de abordaje que permitan sanear las derivaciones patológicas del conflicto entre los adultos, buscando garantizar la salud psíquica y emocional de los hijos.

Con fundamento entonces en las razones precitadas, más allá del objeto inicial que motivó la intervención de esta Alzada, de conformidad a lo peticionado por la Sra. Defensora de Menores de Cámara en la audiencia de la que da cuenta el acta de fs. 80/82, y tomando en consideración las sugerencias formuladas por la Lic. Estrada y el ofrecimiento materno de hacerse cargo de los aranceles pertinentes (con la reserva de repetir, ver fs. 82 y 80 respectivamente), se ha de proceder a la designación de profesionales que actúan en la esfera privada, dentro del listado propuesto por la citada Lic. Estrada. No se nos escapa que el padre ha indicado su opción por las entidades públicas (ver f. 81). Empero, no haremos lugar a este requerimiento. Tres son las razones que nos inclinan a la referida decisión, Una, la gravedad del caso, que exige una intervención urgente, difícil de prestar por los organismos públicos saturados de labores. La otra, la posibilidad económica de esta familia de afrontar los gastos pertinentes; y la tercera, una cuestión relativa a la solidaridad social, pues bueno resulta que los escasos espacios públicos queden reservados para las personas carentes de recursos. En suma, se dispondrán las siguientes medidas, que se adoptan con carácter cautelar:

A) Ordenar que los jóvenes L. U. y C. A. T. y sus progenitores C. R. B. y R. E. T. inicien de modo inmediato una terapia de reorganización familiar, que tomará a su cargo el médico psiquiatra Dr. P. H. -matricula profesional n°…-, con domicilio en la calle J. S. 2745, piso 1°, Oficina 13, de esta ciudad, y teléfonos números.El Tribunal está persuadido que la seriedad, experiencia e imparcialidad del Dr. P. H., y su extensa y prestigiosa trayectoria en cuestiones de la naturaleza de la que nos ocupa, lo posicionan como un profesional especialmente indicado para llevar adelante la tarea encomendada en un caso de particular complejidad como el presente. Se deja debidamente aclarado que todos los costos y honorarios que genere la labor del Dr. P. H. en los presentes autos serán solventados exclusivamente por la Sra. C. R. B. -conforme al compromiso asumido por ella a fs. 80, sin perjuicio de la reserva de derechos planteada en el mismo acto-; debiendo el Dr. P. H. extender los correspondientes recibos en legal forma.

El mencionado profesional deberá realizar un abordaje integral del conflicto familiar, a cuyo fin gozará de plena libertad para establecer la modalidad, los tiempos y el o los espacios terapéuticos (individuales y/o de interacción) necesarios; y para disponer las intervenciones que considere convenientes para que, de un modo cuidado y protegido para el bienestar de L. y C., se concrete de la mejor manera posible, y en forma breve y efectiva, la reanudación de la más adecuada y fluida relación materno-filial interrumpida desde el mes de julio del año 2013. Con esto se deja en claro que no se admitirá condicionamiento alguno proveniente de ninguno de los miembros del grupo familiar para la efectivización de la terapia de reorganización familiar aquí decidida, tales como los mencionados por el progenitor a f. 384 del expte. n° 42.570/2013; de modo tal que queda absolutamente vedada la presencia de consultores técnicos, asesores y de todo profesional que pretenda representar los intereses de alguna de las partes, así como la grabación por cualquier medio de las sesiones de la terapia de reorganización familiar en cuestión.

Asimismo, el Dr. P. H. podrá realizar las derivaciones e interconsultas que entienda necesarias para un mejor abordaje de la problemática familiar, formulando las sugerencias que considere pertinentes.Con relación al tratamiento psicológico individual de los miembros de este grupo familiar, la cuestión deberá ser discernida por el profesional a cargo de la terapia de reorganización familiar, quien deberá expedirse en autos acerca d e la conveniencia y oportunidad de la realización de dichas terapias individuales.

A los fines de tornar operativa esta manda, se cita por este acto a la primera entrevista con el Dr. P. H., en el domicilio de su consultorio antes indicado, al Sr. R .E. T. para el día martes 13 de Enero de 2015 a las 17 hs., y a la Sra. C. R. B. para el día Jueves 15 de Enero de 2015 a la misma hora. Se encomienda al Dr. P. H. que al término de la aludida primera entrevista con el Sr. T. le comunique al progenitor la fecha y hora para la cual quedarán citados los hijos L. U. y C. A. T., debiendo dejar constancia escrita de estas citaciones, las que tendrán que ser firmadas por el Sr. T.

Dada la gravedad que presenta el caso se deja aclarado que las entrevistas que el terapeuta fije con los hijos antes nombrados se concretarán aunque medie oposición de uno o ambos progenitores; y que la terapia de reorganización familiar aquí ordenada no será suspendida durante el período de receso escolar del próximo verano; razón por la cual deberá cumplirse indefectiblemente con las citaciones que a tal efecto les curse el Dr. P. H. a los progenitores y a los hijos, sin que puedan invocarse aplazamientos de ninguna índole fundados en períodos o compromisos vacacionales o salidas de otro orden.

La inasistencia de los integrantes del grupo familiar a las citaciones que les curse el Dr. P. H. será sancionada con una multa de diez mil pesos ($ 10.000); que se devengará en beneficio de la contraparte, y por cada día de incomparecencia. En el supuesto de incumplimiento de los hijos dicha multa será impuesta al Sr. R. E.T., por ser quien detenta la guarda de hecho de los jóvenes. Sólo se admitirán como eximentes situaciones muy graves y excepcionales de fuerza mayor que se deberá acreditar fehacientemente. En tal sentido, se hace saber que sólo serán admitidos certificados extendidos por profesional médico de establecimiento público que individualice en la constancia respectiva sus datos personales, número de matrícula, domicilio y teléfono al cual habrá de ser citado en caso de considerarlo necesario el Tribunal, así como también, el lugar en el que se encuentra la padeciente y el tiempo que durará el impedimento para concurrir a una nueva citación. De no cumplirse con estos requisitos, se aplicará inexorablemente la multa dispuesta en caso de incomparecencia; para lo cual el terapeuta deberá comunicar la inasistencia dentro de las 48 hs. de acontecida, aunque se esté en período de receso judicial.

Se deja establecido que el deber de las partes no sólo alcanza a la obligación de concurrir a las citaciones, sino que también incluye el compromiso de colaborar activamente para el éxito de la terapia de reorganización familiar. Si se advirtiera que alguna de las partes no desempeñara esa colaboración activa, se le aplicará la correspondiente multa, la que se graduará conforme a los parámetros establecidos en la presente resolución. Al respecto, se deja aclarado que no se admitirán conductas omisivas de ningún tipo que pretendan avalarse con el pretendido sustento de que los hijos son lo suficientemente maduros como para decidir de acuerdo a su deseo y voluntad, como alegara el progenitor a f. 482 del expte. n° 42.570/2013. Cualquiera sea lo que expresen los hijos, la inasistencia de ellos o que se advierta que su falta de colaboración es inducida, determina la aplicación inmediata de la multa al progenitor.

Se deja aclarado, asimismo, que el requerimiento del Dr. P. H.en lo relativo a derivaciones, interconsultas y terapias individuales será de obligatorio cumplimiento, bajo apercibimiento de aplicarse a cargo del incumplidor y a favor de la otra parte una multa de cinco mil pesos ($ 5.000) por cada día de retardo en llevar a cabo lo que proponga el mencionado profesional. Asimismo, las inasistencias a las citaciones que se les cursen a los integrantes del grupo familiar desde estos espacios terapéuticos estarán sujetas a la misma sanción prevista para los supuestos en que no concurran a las citas convocadas por el Dr. H. Se reitera que en el supuesto de incumplimiento de los hijos dicha multa será impuesta al Sr. R. E. T., por ser quien detenta cuidado personal de hecho de los jóvenes.

B) Se hace saber al padre conviviente, Sr. R. E. T., que constituye un deber a su cargo que los jóvenes asistan a la terapia de reorganización familiar y a todo procedimiento terapéutico e interconsulta a la que sean derivados por el Dr. P. H., incluida una terapia psicológica individual, en el supuesto que sea recomendada por el mencionado profesional. Se impone entonces al Sr. T. el deber de intervenir activamente, acudiendo a todos los medios que entienda razonables, que no son pocos. La labor de él tiene que estar encaminada a que L. y C. concurran rigurosa y puntualmente a cada una de las citaciones que les cursen en el futuro, estimulándolos en ese sentido. Se reitera que la no concurrencia de los jóvenes a dichas citaciones se interpretará como un grave incumplimiento por parte del progenitor, sin que pueda ser invocada la eventual negativa de los hijos. Por supuesto, que en este deber se incluye la obligación de concurrir del mismo padre, sin aceptarse excusas de ninguna índole. La multa se aplicará igualmente al Sr. T. si se advierte o se presume que no incentiva a sus hijos para que se revinculen con la madre.

Resumiendo, entonces, se determina que los deberes que se imponen en la presente resolución en orden a la asistencia de L. y C.y de su padre a las aludidas citaciones, y de colaborar activamente con la terapia de reorganización familiar dispuesta por la presente resolución, lo son bajo los siguientes apercibimientos formales: 1) considerar los incumplimientos de los referidos deberes como un serio antecedente negativo para el Sr. T. en el momento que corresponda emitir una decisión en relación a la asignación del cuidado personal de los hijos, mal llamada “tenencia”. Ello en la inteligencia de que uno de los deberes fundamentales que tienen el padre y la madre que se encuentran al cuidado de un hijo es el de favorecer y estimular una adecuada comunicación con el otro progenitor, que le permita la construcción y afianzamiento de un vínculo entre ambos, habida cuenta la repercusión que el fortalecimiento de esa relación tendrá respecto de la salud psíquica del niño (conf.: esta Sala, R. 560.750, “S., A.V. c/ C., A.C. s/ Régimen de Visitas”, del 9/11/2010). En tal sentido, cualquier obstrucción o desidia a la hora de propender a ese vínculo resulta incompatible con los deberes a cargo de quien pretende ejercer el cuidado de los hijos. Desde la perspectiva apuntada, el Tribunal estima prima facie que, de producirse los incumplimientos en cuestión, ellos darán muestras de que el padre carece de idoneidad para tener a L. y C. bajo su cuidado personal. En definitiva, el cumplimiento o incumplimiento a lo ordenado será crucial para la determinación del progenitor más idóneo para ejercer el cuidado personal de los hijos; 2) aplicar al progenitor las multas establecidas en el precedente ap. A), que se devengarán en beneficio de la contraparte por cada incumplimiento en el que se incurra, para lo que bastará que se acredite en la causa la mera inasistencia.

C) Sin perjuicio de lo referido en los apartados precedentes, se requiere al Dr. P.H.: 1) que brinde informes periódicos acerca de la evolución de la terapia de reorganización familiar que se le encomienda, sin que transcurra un período mayor a un mes entre uno y otro informe; debiendo presentar el primero de ellos en esta Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil (Lavalle 1220, Piso 11, de esta ciudad) una vez cumplidas las primeras cinco sesiones del referido tratamiento; 2) que haga saber a este Tribunal y posteriormente al Juzgado de Primera Instancia interviniente (Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 38, sito en Talcahuano 490, Piso 5°), acerca del grado de colaboración de una y otra parte e incumplimientos observados, debiendo documentar por escrito con firma de los citados las entrevistas que se determinen -como se detallara previamente- a los fines de poder adoptarse las medidas que correspondan. Las 48 hs. antes mencionadas, relativas al plazo para comunicar las inasistencias, se aplicará también para los casos que el profesional designado advierta la falta de colaboración de alguno de los progenitores.

D) Se dispone igualmente la intervención en autos del Servicio de Psicología que asiste a esta Excma. Cámara Civil y a los Juzgados del fuero (Licenciadas Paula María Estrada y Ana María Fernández Larravide o quienes las sustituyan), con sede en la calle Talcahuano 490, P.B., a fin de que colaboren con la articulación de todo lo aquí dispuesto, así como también con el seguimiento de la gestión encomendada y al Dr. P. H., realizando citaciones, contactos, articulaciones, interconsultas, comunicaciones y sugerencias que consideren apropiadas para el mejor cumplimiento de todo lo aquí establecido.Desde luego, todo aquello con la previa conformidad del terapeuta designado.

E) Tomando en consideración los antecedentes de autos, el elevado nivel de conflictividad familiar que se presenta en el caso, necesidad de dotar a los jóvenes de un marco de estabilidad legal y personal eficiente, que permita la correcta implementación de la terapia de reorganización familiar ordenada mediante la presente, con carácter cautelar, se dispone la prohibición de innovar respecto de la residencia de los jóvenes L. U. T. y C. A. T., quienes no podrán ser trasladados a extraña jurisdicción sin la conformidad previa del Tribunal. Ello se establece de este modo, como manera de evitar el gravísimo perjuicio que para los jóvenes acarrearía una mudanza de domicilio -aún transitoria-, con las implicancias de las innegables postergaciones que traería aparejada en orden al cumplimiento de la mencionada terapia de reorganización familiar, en demérito de los avances que en esta jurisdicci ón se intenta obtener en aras de garantizar adecuadamente el ejercicio de los derechos que a estos jóvenes se les han venido conculcando desde hace tiempo (conf.: esta Sala, expte. n° 54120/2013, L., N.A. c/ Z., M. s/Art. 250 C.P.C – Incidente Familia, del 31/10/2013).

F) De conformidad a lo solicitado por la Sra. Defensora de Menores de Cámara a f. 82, se ordena se practique a ambos progenitores -el Sr. R. E. T. y la Sra. C. R. B.- una profunda evaluación psicodiagnóstica (psicológica y psiquiátrica) en el Servicio de Psicodiagnóstico -a cargo de la Licenciada Adriana Nuñez- del Hospital de Emergencias Psiquiátricas Torcuato de Alvear, sito en Av. Warnes 2630 de esta ciudad. A tal fin, se librarán oficios dirigidos a la profesional a cargo del mentado servicio, cuya confección y diligenciamiento se pone a cargo de cada una de las partes, quienes deberán tramitarlos dentro del plazo de diez días.Se impone, asimismo, a ambos progenitores la obligación de concurrir puntualmente a los encuentros a los que sean citados a dicho efectos. Todo bajo los mismos apercibimientos previstos en el ap. A), último párrafo, de esta resolución. Se aclara que lo que se impone es sólo una evaluación diagnóstica y no tratamientos; los que quedarán sujetos a las indicaciones que formule el Dr. H.

G) En la oportunidad en que se decida la remisión de la causa a primera instancia, se hace saber a la magistrada de grado que deberá ordenar todas las medidas adecuadas para lograr la implementación de lo aquí resuelto y proceder a su seguimiento y supervisión, con amplias facultades en orden a lograr su acabado cumplimiento; y sin perjuicio de las demás disposiciones que entienda deba adoptar a la luz de lo que sea más conveniente para el interés superior de los jóvenes de autos. Las medidas que se ordenen en la primera instancia lo serán bajo los apercibimientos dispuestos en la presente resolución.

H) Se requiere al Dr. P. H. que toda medida judicial que estime sea para la buena marcha de la terapia de reorganización familiar, la requiera al Tribunal.

I) Todas las medidas aquí establecidas se dictan con carácter de medida cautelar, atento la necesidad de poner coto a la desbordada vulneración de los trascendentes derechos en juego que han padecido y padecen los jóvenes, principales testigos y víctima de la batalla judicial injustificada que se ha librado desde la separación de sus padres. Por ende, deberá procederse al estricto cumplimiento de todo lo ordenado, sin que eventuales planteos impugnativos demoren ni posterguen la efectividad de todo lo aquí decidido. En tal sentido, se deja debidamente aclarado que ningún recurso que se interponga, de cualquier naturaleza que fuere, suspenderá la inmediata ejecución de la presente resolución, de manera que el no cumplimiento -por más recursos y planteos que se interpongan- determinará la aplicación inmediata de las multas dispuestas.

XIII.Como consecuencia de las razones expresadas, de conformidad con lo dictaminado a f. 82 por la Sra. Defensora de Menores de Cámara, el Tribunal RESUELVE: 1. Disponer, en carácter de medida para mejor proveer, la remisión de los autos “B., C.R. y otros c/ T., R.E. s/ Tenencia de Hijos” (expte. n° 42.570/2013) a primera instancia, por el plazo de cinco días, a los fines del cumplimiento de la vista pendiente a la Sra. Defensora de Menores de primera instancia, con cargo de oportuna elevación para el tratamiento conjunto de las apelaciones articuladas contra las decisiones de fs. 401/402, 409 y 412 de esos autos, y contra el proveído de f. 29 del presente. 2. Ordenar, con carácter cautelar, las medidas que se detallan en los puntos identificados como A) a I), del considerando XII de la presente resolución, los que se considerarán aquí reproducidos brevitatis causae. 3. Regístrese. Notifíquese por cédula por Secretaría a las partes y al Dr. P. H., con carácter de URGENTE Y EN EL DÍA DE SU RECEPCIÓN EN LA OFICINA DE NOTIFICACIONES, con copia íntegra de la presente resolución que se adjuntará en sobre cerrado, y al Ministerio de Menores en su despacho. Asimismo, notifíquese lo aquí dispuesto por Secretaría y por oficio al Servicio de Psicología de esta Cámara, también con copia íntegra. Sin perjuicio de ello, publíquese (conf. Ac. 24/2013 CSJN). Fecho, sigan los autos según su estado.

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