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La Corte revocó un fallo y puso freno a la alta evasión a través de facturas truchas

cálculoEn lo que constituye un fallo que fue celebrado en las oficinas de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Corte Suprema de la Justicia de la Nación le dio la razón al organismo al confirmar la determinación de impuesto, la aplicación de una multa y de intereses, en base a la impugnación de proveedores de un contribuyente.
Puntualmente, en el marco de la causa «Feretti, Félix Eduardo c/ DGI», el máximo tribunal validó el accionar del fisco nacional al considerar que no se habían realizado las operaciones que decían haberse llevado adelante.
Con este fallo, la Corte revocó lo resuelto por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y por el Tribunal Fiscal de la Nación (TFN), sentando jurisprudencia a favor de la AFIP en una maniobra utilizada por algunos para pagar menos impuestos de lo que les corresponde.
Todo comenzó con la impugnación del cómputo de los créditos fiscales declarados por el contribuyente, al considerar que los proveedores que surgían de la facturación examinada no habían realizado las operaciones de venta allí expresadas.
Asimismo, entendió que los débitos fiscales resultaban inferiores y las retenciones superiores a los montos que debía expresar en sus declaraciones juradas.
El particular apeló al TFN la determinación de la obligación tributaria, los intereses resarcitorios y la multa aplicada. Los vocales revocaron parcialmente el recalculo impositivo fundado en la impugnación de los proveedores.
Además, confirmaron la decisión respecto del ajuste basado en el incorrecto cómputo de los débitos fiscales y las retenciones practicadas. Respecto a la multa, fue dejada sin efecto.
El TFN consideró que se encontraba acreditada la realización de las operaciones cuestionadas, la cancelación de las facturas respectivas, el pago del IVA correspondiente y la entrega del material en cuestión.
En ese sentido, agregó que no existía impedimento para que computase el crédito fiscal y, por ende, la aplicación de la sanción resultó infundada.
Tras la apelación del fisco nacional, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso entendió que las transacciones de venta de chatarra por parte de los tres proveedores a Feretti se encontraban suficientemente acreditadas y que del peritaje contable surgía que los comprobantes cumplían con la normativa vigente al momento de su emisión. En cuanto a la multa, recalificó la conducta del contribuyente.
Finalmente, y pese a las decisiones de las instancias anteriores, la Corte Suprema decidió hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el organismo de recaudación, revocó la sentencia apelada y, en consecuencia, confirmó el acto administrativo.

Fuente: Infobae Profesional

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