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Si previa y posteriormente a la quiebra se plantea la responsabilidad penal del fallido por delitos económicos, resulta imperioso examinar las constancias que impiden la inhabilitación automática del mismo

sentenciaPartes: Souto Oscar Rubén s/ quiebra

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: C

Fecha: 2-dic-2014

Cita: MJ-JU-M-91263-AR | MJJ91263 | MJJ91263

Si la responsabilidad penal del fallido por delitos económicos susceptibles de generar inhabilitación se había ya planteado antes de la quiebra y volvió a replantearse después de ésta, ello revela la necesidad de un examen de las constancias respectivas que impiden concluir que la inhabilitación hubiera cesado con la automaticidad que le es propia.

Sumario:

1.-En tanto el fallido fue sometido a numerosos procesos penales por defraudación, malversación de caudales públicos, estafas reiteradas, etc., teniendo incluso pendiente de cumplimiento por una de esas causas una condena pendiente de vencimiento y habiéndose asimismo constatado que el recurrente fue sometido a proceso penal a causa de esta quiebra, forzoso es concluir por la improcedencia de su pedido de rehabilitación, pues los aludidos antecedentes autorizan a considerar producido el supuesto de prórroga de la inhabilitación al que alude el art. 236 LCQ.

2.-Tanto para reducir el plazo de un año de inhabilitación previsto en el art. 236 de la Ley 24.522, como para admitir su prórroga, la ley requiere que los presupuestos respectivos se presenten ante el juez en términos verosímiles, lo cual presupone que, en ciertos casos, el magistrado deberá ponderar el mérito de aquello que es sometido a su consideración. Ello es lo que expresa la norma cuando, para admitir la reducción del plazo, defiere al juez la evaluación acerca de si, verosímilmente, el inhabilitado no se encuentra prima facie incurso en delito penal y lo mismo hace cuando, para aceptar el alongamiento del plazo remite a la verificación de si el inhabilitado ha sido …sometido a proceso penal… , hipótesis esta última que no es automática como pareciera indicar la norma.

3.-El sentido lógico-jurídico de la norma del art. 236 de la Ley 24.522 no permite albergar dudas en cuanto a que, a estos efectos -esto es, decidir la prórroga de ese plazo-, no basta con una mera denuncia penal, sino que es necesario que en el proceso respectivo se haya verificado algún acto que haga verosímil la responsabilidad del inhabilitado.

4.-Si la responsabilidad penal por delitos económicos susceptibles de generar inhabilitación se había ya planteado antes de la quiebra y volvió a replantearse después de ésta, ello revela la necesidad de un examen de las constancias respectivas que impiden concluir que la inhabilitación hubiera cesado con la automaticidad que le es propia. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2014.

VISTOS:

I. Viene apelada la resolución de fs. 593, por medio de la cual el Sr. juez de primera instancia rechazó, tras disponer la rehabilitación del fallido, su aplicación retroactiva al año del decreto de quiebra.

II. A fs. 596 apeló el deudor, y sostuvo su recurso mediante el memorial de fs. 605/606, el cual fue contestado por el síndico a través del escrito de fs. 615/616.

A fs. 620 fue oído el Sr. fiscal general.

III. Se adelanta que el recurso será desestimado.

En efecto: como surge de las constancias de autos y fuera destacado otrora por el primer sentenciante en la resolución de fs. 463, el fallido fue sometido a numerosos procesos penales por defraudación, malversación de caudales públicos, estafas reiteradas, etc. (ver fs. 366/391), teniendo incluso pendiente de cumplimiento por una de esas causas una condena con vencimiento el 28/10/17.

Se constató también que el recurrente fue sometido a proceso penal a causa de esta quiebra (ver copias agregadas a fs. 287/391), dictándose sobreseimiento recién con fecha 8 de agosto de 2012.

Forzoso es concluir, entonces, que la cuestión fue bien decidida por el juez de primera instancia.

Así se juzga si se atiende a que los aludidos antecedentes autorizan a considerar producido el supuesto de prórroga de la inhabilitación al que alude el art.236 LCQ.

Nótese, en tal sentido, que, tanto para reducir el plazo de un año de inhabilitación allí previsto, como para admitir su prórroga, la ley requiere que los presupuestos respectivos se presenten ante el juez en términos verosímiles, lo cual presupone que, en ciertos casos, el magistrado deberá ponderar el mérito de aquello que es sometido a su consideración.

Eso es lo que expresa la norma cuando, para admitir la reducción del plazo, defiere al juez la evaluación acerca de si, verosímilmente, el inhabilitado no se encuentra prima facie incurso en delito penal.

lo mismo hace cuando, para aceptar el alongamiento del plazo remite a la verificación de si el inhabilitado ha sido «.sometido a proceso penal.», hipótesis esta última que no es automática como pareciera indicar la norma.

Por el contrario: el sentido lógico-jurídico de la disposición no permite albergar dudas en cuanto a que, a estos efectos -esto es, decidir la prórroga de ese plazo-, no basta con una mera denuncia penal, sino que es necesario que en el proceso respectivo se haya verificado algún acto que haga verosímil la responsabilidad del inhabilitado.

Esto es lo que debe entenderse sucedido en la especie.

Así se juzga si se atiende a que en el caso esa responsabilidad penal por delitos económicos susceptibles de generar inhabilitación se había ya planteado antes de la quiebra y volvió a replantearse después de ésta, lo cual revelaba la necesidad de un examen de las constancias respectivas que impedía concluir que la inhabilitación hubiera cesado con la automaticidad que le es propia (Fallos 333:5).

IV. Por ello se RESUELVE: rechazar el recurso de apelación interpuesto por el fallido, y confirmar el pronunciamiento recurrido. Las costas de Alzada se imponen en el orden causado atento el temperamento adoptado sobre el particular por la sindicatura.

Notifíquese por Secretaría.

Devueltas que sean las cédulas debidamente notificadas, vuelva el expediente a la Sala a fin de dar cumplimiento a la comunicación ordenada por el art. 4° de la Acordada de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación 15/13, del 21.5.2013.

Oportunamente, devuélvase al Juzgado de primera instancia.

EDUARDO R. MACHIN

JUAN R. GARIBOTTO

JULIA VILLANUEVA

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