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No se prueban las fallas alegados por quien compro un televisor en una de las sucursales de la demandada.

TelevisiónPartes: Belfer Jaime y otros c/ Philips S. A. y otro s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario

Sala/Juzgado: Tercera

Fecha: 12-dic-2014

Cita: MJ-JU-M-91364-AR | MJJ91364 | MJJ91364

Rechazo de la demanda tendiente a obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios derivados de las presuntas fallas del televisor adquirido en una de las sucursales de la demandada, el cual fuera fabricado por la codemandada, por no acreditarse las fallas alegadas.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia que rechazó la demanda del actor, tendiente a que se le reparen los perjuicios sufridos por fallas en un producto adquirido en la empresa demandada y fabricado por la codemandada – en el caso, televisor – pues si tal como alega el actor, luego de una primer reparación, ésta no hubiera resultado satisfactoria por presentar el mismo nuevas fallas, y éstas fallas no han sido reconocidas por las demandadas, pesa sobre el demandante la carga de la prueba, lo que no aconteció, produciéndose en consecuencia para el demandante el perjuicio procesal que supone el rechazo de la demanda.

2.-Aún cuando pueda llegar a presumirse, en el caso de autos, la culpa de las demandadas, ello no significa que el actor se encuentre liberado de la carga que le cabe en lo atinente a la prueba del hecho dañoso; en este caso, las fallas del televisor alegadas por el accionante que no fueron admitidas por las accionadas, debiendo rechazar el agravio del actor contra la sentencia que rechazó la demanda.

Fallo:

En la ciudad de Rosario, a los 12 días del mes de Diciembre de 2014, se reunieron en Acuerdo los Sres. Jueces de la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Dres. María del Carmen Álvarez, Mario E. Chaumet y Dario L. Cúneo, para dictar sentencia en los caratulados «BELFER, JAIME Y OTROS c/ PHILIPS S.A. Y OTROS s/ DAÑOS», Expte. N° 68/14, venidos del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la 16ta Nominación de Rosario, en apelación de la sentencia N° 1253 de fecha 21 de Agosto de 2013 obrante a fs. 179/183, y habiéndose efectuado el estudio de la causa, se resolvió plantear las siguientes cuestiones:

PRIMERA: Es nula la sentencia recurrida?

SEGUNDA: Es ella justa?

TERCERA: Qué pronunciamiento corresponde dictar?

Efectuado el sorteo de ley, resultó el siguiente orden de votación: Dres. Cúneo, Álvarez y Chaumet.

A la primera cuestión, dijo el Dr. Cúneo: El recurso de nulidad no es mantenido en esta sede. Por ello, y por no advertir la existencia de vicio sustancial que implique su declaración de oficio, voto pues por la negativa.

A la misma cuestión, dijo la Dra. Álvarez: De conformidad con lo expuesto por el Sr. vocal preopinante, voto por la negativa.

A la segunda cuestión, dijo el Dr. Cúneo: 1. El actor interpuso demanda contra Electronica Megatone S.A. y Philips Argentina S.A., por medio de la cual pretendió obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios derivados de las presuntas fallas del televisor adquirido en una de las sucursales de la primera, el cual fuera fabricado por la segunda.

1.1 Mediante Sentencia N° 1253 de fecha 21 de Agosto de 2013 (fs. 179/183), el juez a-quo resolvió: «1) Rechazar la demanda instaurada. 2) Costas al perdidoso (art. 251 C.P.C.C.» (fs. 183).

1.En la misma dejó sentado que «(.) examinados los elementos de convicción aportados, no surge que en los mismos se haya acreditado la existencia del hecho presuntamente dañoso, no concurriendo entonces, uno de los presupuestos esenciales de la responsabilidad civil, esto es, la antijuridicidad de la conducta de la demandada» (fs. 181).

Señaló que «(.) la existencia del hecho y las circunstancias que rodearon su producción encuentran sustento solamente en las afirmaciones vertidas por el actor, no habiéndose aportado ningún otro elemento -siquiera indiciario- que permita vislumbrar su efectiva producción. En efecto, las pruebas dirigidas a su demostración, no cuentan con la entidad suficiente para acreditar la existencia del daño invocado» (fs. 182).

Resaltó, asimismo, que «(.) a pesar de su ofrecimiento por parte del actor a fs. 79, la prueba pericial no se produjo en autos, lo cual hubiese sido determinante a los fines de acreditar la existencia de la falla invocada y la naturaleza de la misma. Ante esta omisión se genera una duda razonable acerca del presunto hecho dañoso, sumado a que las pruebas ofrecidas por el actor no son suficientemente aptas para generar responsabilidad en los demandados» (fs. 182).

Remarcó, finalmente, que «(.) la protección que el microsistema de Defensa del Consumidor otorga a éste, no lo releva sin más de acreditar el daño sufrido. La carga probatoria se encuentra en cabeza del actor, y si bien se puede aligerar la misma, éste no puede ser eximido de aportar elementos en tal sentido» (fs. 182 y vta.).

2. Contra dicho pronunciamiento se alzó el actor.

2.1. Al expresar sus agravios, se queja por cuanto el inferior «.sin fundamento alguno, dogmáticamente, adelanta que no surge ‘se haya acreditado la existencia del hecho presuntamente dañoso’, de lo que concluye que no concurre uno de los presupuestos esenciales de la responsabilidad civil, esto es, dice, ‘la antijuridicidad de la conducta de la demandada'» (fs.213).

En tal sentido agrega que «Ninguna de las dos afirmaciones es cierta (.) en tanto que los hechos que lo produjeron, relatados en el escrito de demanda, fueron reconocidos -sea expresa o tácitamente- en las contestaciones» (fs. 213 vta.).

En virtud de ello, entiende el quejoso que «Tal reconocimiento exime de prueba.»; que «contrariamente a lo que dice el fallo, nada tenía que probar mi parte ante el reconocimiento de los hechos de la causa formulado en las contestaciones de demanda. La sentencia lo ignora, no obstante tratarse de hechos que integran la litis» (fs. 213 vta.).

2.2. Aduce el actor, asimismo, que «la sentencia omitió considerar dos cuestiones esenciales, conducentes a la solución de la causa, que también integraron la demanda y contestación, de las que surge la conducta culpable y por tanto antijurídica de la demandada.» (fs. 214).

2.2.1. La primera de las supuestas violaciones a la ley 24.240 refiere, dice el apelante, «.a la obligación que establece la ley en su art. 15: ‘cuando la cosa hubiese sido reparada bajo los términos de una garantía legal, el garante estará obligado a entregar al consumidor una constancia de reparación (.). Nunca -en ninguna de las dos primeras oportunidades en que el TV fue al service- se nos suministró la información que establece el art. 15 de la ley 24.240″ (fs. 214 vta y 215)».

2.2.2. También manifiesta que «Ya con la primera falla, la admitida, el reemplazo del display según ‘dijo’ la demandada, nació el derecho de mi parte a la sustitución de la cosa adquirida (art. 17 inc. A ley 24240), pues la reparación no resultó satisfactoria al no reunir la cosa reparada las condiciones óptimas para cumplir con el uso al que está destinada» (fs. 215 vta).

2.2.3. Otra de la violaciones, sigue diciendo el recurrente, «.refiere a la obligación de transporte, doblemente impuesta -último párrafo del art. 11 de la ley 24.240 y art. 10 de la garantía (fs.86)- de la que son responsables ambas demandadas en virtud de la solidaridad establecida en el art. 13 de la ley. Este otro incumplimiento de una obligación legal y convencional, surge acreditado fehacientemente de las constancias de autos» (fs. 215 vta.).

2.3. Señala que le agravia, además, que «La sentencia, no obstante expresar al referirse a los testigos ‘que los dichos de los mismos deben ser debidamente ponderados a la luz de la razonabilidad de sus expresiones.’ (fs. 181 v.), no cumple con ello. No examina si las declaraciones de los ofrecidos por las demandadas aparecen razonables en correspondencia con los hechos que surgen de las constancias de la causa. El fallo se limita a una única consideración acerca de las testimoniales: ‘coinciden en la afirmación de que el televisor no presentaba defecto alguno’ (fs. 81) y ‘son respaldadas por las informativas de ambos servicios técnicos'» (fs. 181 vta).

2.4. Por último, se agravia en cuanto entiende que si bien no se produjo la pericial técnica, ella «.no resultaba necesaria para acreditar el daño» (fs. 218).

Es más, expresa el apelante que son «las demandadas debieron acompañar la entrega de las constancias de las reparaciones o la constancia de que el TV funcionaba bien (.). El daño surge de demanda y responder (.). La pericial era en el caso impertinente» (fs. 218).

3. Cabe adelantar que el recurso interpuesto no ha de prosperar.

3.1. Con respecto al primero de los agravios expresados por el apelante, cabe tener presente que se contradice el mismo. En efecto, como surge de las transcripciones hechas ut supra, manifiesta el actor en primer término que «los hechos que lo produjeron, relatados en el escrito de demanda, fueron reconocidos -sea expresa o tácitamente- en las contestaciones» (fs. 213 vta.). Pero también sostiene, por otro lado, que «Ya con la primera falla, la admitida.» (fs. 215 vta), y que «El aparato -nuevo- tuvo de entrada una falla grave, admitida por las demandadas.» (fs.216). Se produce, en consecuencia, una verdadera contradicción, en cuanto que no pueden ser verdaderas al mismo tiempo y en el mismo sentido una proposición y su negación. No puede decir el actor que todos los hechos relatados en la demanda, en cuanto productores del supuesto daño, fueron reconocidos por las demandadas en su contestaciones; y a continuación expresar que el único hecho dañoso admitido por las accionadas fue el referido a la primera de las tres fallas alegadas por el demandante.

Resulta plenamente acertado, por consiguiente, lo manifestado en su fallo por el judicante de primer grado, en el sentido de que «(.) Respecto de la primera falla ocurrida en Mayo del 2010, existe acuerdo entre las partes. En efecto, en esta oportunidad, el televisor presentaba una anomalía en el display, el cual fue reemplazado y restituido a sus propietarios. Ahora bien, existe controversia respecto de las otras dos supuestas fallas que dan lugar al envío del televisor al servicio técnico (…)» (fs. 181).

No es cierto, por tanto, lo expresado por el actor a fs. 213 vta., cuando dice que nada tenía que probar cu parte ante el reconocimiento de los hechos de la causa formulado en las contestaciones de demanda. Por el contrario, como bien lo pone de resalto el a-quo, «(.) la protección que el microsistema de Defensa del Consumidor otorga a éste, no lo releva sin más de acreditar el daño sufrido. La carga probatoria se encuentra en cabeza del actor, y si bien se puede aligerar la misma, éste no puede ser eximido de aportar elementos en tal sentido» (fs. 182 y vta.).

Aún cuando el art. 53 de la Ley de Defensa del Consumidor, disponga que:»Los proveedores deberán aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder, conforme a las características del bien o servicio, prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en el juicio»; y haya quienes entienden que en su virtud «.pasa a tener consagración legal la postura doctrinaria y jurisprudencial que defendía la aplicación de la llamada ‘teoría de las cargas dinámicas’ a favor del consumidor.» (Bagalá, Pablo, «La carga de la prueba del vicio redhibitorio y la ley de defensa del consumidor», LLBA2014 -septiembre-, 843; Fallo comentado: Cámara de Apelacion es en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, sala III ~ 2014-02-04 ~ R., R. I. c. Francisco Osvaldo Diaz S.A. s/ vicios redhibiditorios; Cita Online: AR/DOC/3118/2014), ello no quita que permanezca en cabeza de éste la carga de probar el hecho dañoso. Como dice el mismo autor recién citado, «.al actor le bastaría probar que, verbigracia, el sifón le explotó en la mano y le lastimó la cara. El proveedor deberá demostrar que no había vicio en la botella o, por supuesto, culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder (es decir, demostrar causa ajena)» (Ibídem).

En otros términos, aún cuando pueda llegar a presumirse, en el caso de autos, la culpa de las demandadas, ello no significa que el actor se encuentre liberado de la carga que le cabe en lo atinente a la prueba del hecho dañoso; en este caso, las fallas del televisor alegadas por el accionante que no fueron admitidas por las accionadas.

Sentado ello, no corresponde hacer lugar, en este punto, a la primera de las quejas expresadas por el actor.

3.2. En segundo lugar, se refiere el actor a una serie de supuestas violaciones perpretadas por las demandadas a la Ley 24.240.

3.2.1.Con respecto a la primera de las mismas, debe tenerse presente que, como el propio apelante lo pone de manifiesto, no obstante lo afirmado en el escrito de demanda al respecto, «ambas demandadas negaron esa afirmación: Electrónica Megatone dijo ‘niego que no se haya suministrado al accionante la información que prescribe el art. 15 de la ley 24.240’ (fs. 50 vta); el apoderado de Philips SA ‘niego que mi mandante haya dejado de entregar las constancias del art. 15 de la ley 24.240 (fs. 57 v.n° 14)» (fs. 215).

Seguidamente se pregunta, el propio demandante: «¿Quién debía probar dicha circunstancia?», a lo que él mismo responde diciendo que «No hay duda que es la parte que afirma el hecho».

Consecuentemente, le cabe al actor la prueba de dicho incumplimiento, ya que fue él quién afirmo dicha circunstancia. Y si bien sostiene éste que «.el negar la entrega implica afirmar haberlo hecho.», no podemos sino concluir que resulta ser ésto una verdadera falacia argumentativa, de la que se vale el recurrente para intentar poner fundamentos a lo que no pasa de ser, en realidad, una mera discrepancia con lo resuelto por el judicante de grado.

3.2.2. En segundo término, se refirió el actor a la violación del art. 17 de la Ley de Defensa del Consumidor. Dicha norma expresa que: «En los supuestos en que la reparación efectuada no resulte satisfactoria por no reunir la cosa reparada, las condiciones óptimas para cumplir con el uso al que está destinada, el consumidor puede: a) Pedir la sustitución de la cosa adquirida por otra de idénticas características. En tal caso el plazo de la garantía legal se computa a partir de la fecha de la entrega de la nueva cosa; b) Devolver la cosa en el estado en que se encuentre a cambio de recibir el importe equivalente a las sumas pagadas, conforme el precio actual en plaza de la cosa, al momento de abonarse dicha suma o parte proporcional, si hubiere efectuado pagos parciales; c) Obtener una quita proporcional del precio.En todos los casos, la opción por parte del consumidor no impide la reclamación de los eventuales daños y perjuicios que pudieren corresponder».

Como puede apreciarse, las opciones reconocidas por la norma citada resultan residuales. Es decir, que sólo entran en fundionamiento en el específico supuesto de que la reparación efectuada no resulte satisfactoria por no reunir la cosa reparada, las condiciones óptimas para cumplir con el uso al que está destinada. En el caso de autos, ello ocurriría si la reparación efectuada respecto de la primera falla que presentó el Televisor (la admitida por la demandada) no hubiera resultado satisfactoria por presentar el mismo nuevas fallas, tal y como lo aduce el actor. Sin embargo, como ya se ha dicho más arriba, dichas fallas no han sido reconocidas por las demandadas. Rige en tal supuesto, por ende, lo mismo que se expresara en el punto 3.1 con respecto a la carga de la prueba. Recae ésta, en lo atinentes a dichas fallas, sobre la cabeza del actor. Carga que no fue satisfactoriamente cumplida, produciéndose en consecuencia para el demandante el perjuicio procesal que supone el rechazo de la demanda.

3.2.3. En cuanto a la violación de la obligación de transporte (normada en el art. 11 de la ley 24.240) referida por por el actor al expresar sus agravios, es suficiente aquí con recordar lo manifestado por el apoderado de Philips Argentina S.A. al contestar agravios, en el sentido de que «resulta imposible encontrar en qué parte el traslado del televisor pasa a ser una cuestión pertinente en la resolución del caso, como manifiesta la actora, ya que el mismo no fue objeto de la pretensión» (fs. 233). Es más, recién puede apreciarse la introducción a autos de tal reclamo al momento de formular los correspondiente alegatos (fs. 149 vta.).

Es por ello que no corresponde ahora dar tratamiento a dicho planteo, ya que de ser así se estaría violentando el propio principio de congruencia procesal al que el actor hace referencia a fs.213, que se relaciona con la correspondencia entre lo pretendido por las partes (en relación a sujetos, objeto y causa) y lo juzgado por el Tribunal. El cual se encuentra específicamente recepcionado, en nuestra Provincia de Santa Fe, el art. 243, CPCC, que reza: «Los hechos constitutivos de litis son los que proceden jurídicamente de la demanda y su contestación y de las peticiones formuladas en ellas, sea cual fuere la calificación que se les hubiese dado».

3.3. Se queja también la actora (conforme lo puesto de relieve en el punto 2.3) de la valoración de la prueba producida en autos llevada a cabo por parte del a-quo.

Cabe recordar al respecto, que «Si considera el recurrente que existen errores cometidos por el juez en la apreciación de la prueba, debe analizarla destacando los errores que atribuye al juez en tal interpretación; no resultando suficientes las afirmaciones genéricas sobre la prueba, sin precisarse el yerro o desacierto en que incurre el juzgador en sus argumentos.» (Loutayf Ranea, Roberto G., «El recurso ordinario de apelación en el proceso civil», Astrea, t. II, p. 159).

Del mismo modo, debe tenerse presente que: «Los jueces no están obligados a considerar una por una todas las pruebas de la causa, sino sólo aquéllas que estimen conducentes para fundar sus conclusiones, como tampoco están constreñidos a tratar minuciosamente todas las cuestiones expuestas por las partes ni a analizar los argumentos que a su juicio no posean relevancia. La exigencia constitucional de que los fallos judiciales se motiven, sólo requiere una fundamentación suficiente, no una fundamentación óptima por lo exhaustiva.La insuficiencia de motivación debe apreciarse con un enfoque mejor positivo que negativo; más que los tópicos que el tribunal omite, hay que atender a los asuntos que el mismo considera, ya que una cosa es prescindir de prueba conducente a la solución del pleito y otra, bien distinta, exigir al tribunal la evaluación analítica de todas y cada una de las aportadas como demostración de no haberse incurrido en causal de descalificación de lo resuelto, pues sabido es que el fallo, de acuerdo a las características del tema, puede fundamentarse en una adecuada síntesis del material probatorio para el desarrollo de su fundamento racional» (CSSF, 18.05.94, Perret, Omar c. Agencia Marítima Cristofersen, A. y S., 107-460/463).

Se advierte, en consecuencia, que lo argumentado por el apelante no pasa de ser una discrepancia con el modo en que se seleccionó y valoró el material probatorio, puesto que no alcanza a exteriorizar con claridad y corrección, de manera ordenada y concisa, por qué la sentencia no es justa.

3.4. Por último, manifestó el actor que a su criterio no resultaba necesaria la prueba pericial técnica para la acreditación del hecho dañoso. Sin embargo, no llega nunca a precisar de modo fehaciente cuáles serían las razones de ello. Más aun teniendo en cuenta que fue el propio demandante quién en su momento ofrecio la prueba a la que luego tilda de impertinente. Con lo cual su conducta procesal deja entrever una posición cuanto menos diferente de la que ahora se vale a los fines de recurrir el fallo de primera instancia. Posición que además carece de fundamentos sólidos. Se ha dicho, en tal sentido, que disentir con la interpretación judicial sin fundamentar la oposición o sin dar bases jurídicas a un distinto punto de vista, no es expresar agravios (cfr. Allocatti, «Ley de Organización y Proc. de la Justicia Nacional del Trabajo», T. II, p.368).

Corresponde, por ende, rechazar también lo atinente a este agravio.

En virtud de todo lo expuesto, voto por la afirmativa.

A la misma cuestión, dijo la Dra. Álvarez: Compartiendo los argumentos expuestos por el Dr. Cúneo, adhiero a su voto.

A la tercera cuestión, dijo el Dr. Cúneo: Corresponde: 1. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la actora, con costas (Art. 251 CPCC). 2. Regular los honorarios profesionales en el 50% de los que, en definitiva, resulten regulados en primera instancia.

A la misma cuestión, dijo la Dra. Álvarez: El pronunciamiento que corresponde dictar en los presentes autos, es el que formula el Dr. Cúneo. En tal sentido voto.

Seguidamente, dijo el Dr. Chaumet: Habiendo tomado conocimiento de los autos, y advirtiendo la existencia de dos votos coincidentes en lo sustancial, que hacen sentencia válida, me abstengo de emitir opinión (art. 26, ley 10.160).

Con lo que terminó el Acuerdo, y atento sus fundamentos y conclusiones, la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial;

RESUELVE: 1. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la actora, con costas (Art. 251 CPCC). 2. Regular los honorarios profesionales en el 50% de los que, en definitiva, resulten regulados en primera instancia.

Insértese, hágase saber, bajen y déjese nota marginal de esta resolución en el protocolo del juzgado de origen. («BELFER, JAIME Y OTROS c/ PHILIPS S.A. Y OTROS s/ DAÑOS», Expte. N° 68/14)

CÚNEO

ÁLVAREZ

CHAUMET

(ART. 26, LOPJ)

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