fbpx

ART debe restituir el 50% de las sumas que la aseguradora abonó por accidente in itinere

shutterstock_215151967Partes: Berkley International ART. S.A. c/ Tedeschi Ariel Marcelo y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: K

Fecha: 13-nov-2014

Cita: MJ-JU-M-90914-AR | MJJ90914 | MJJ90914

La demandada debe restituir el 50% de las sumas que la aseguradora abonó por accidente in itinere al peatón embestido, ya que se estableció que la responsabilidad fue concurrente entre las partes involucradas en el accidente.

Sumario:

1.-Corresponde revocar la sentencia apelada, y por lo tanto hacer lugar a la demanda de repetición por las sumas abonadas a quien resultó víctima de un accidente de tránsito, incoada por la aseguradora de riesgos del trabajo contra aquel que embistió al asegurado con su automóvil mientras emprendía el cruce de una avenida, no obstante, al existir concausas en la producción del hecho -es decir, culpa de la víctima al emprender imprudentemente el cruce de la arteria con el semáforo en color intermitente e imprudencia del conductor en no mantener el pleno dominio del automóvil ante la aparición imprevista del peatón- la responsabilidad, y por lo tanto su reparación, se distribuye en un 50 % para cada participante del hecho.

2.-Cuando un peatón es atropellado en la vía pública por un automotor en movimiento, resulta aplicable la norma contenida en el segundo párrafo, segunda parte del art. 1113 CCiv., pues ese vehículo constituye una cosa peligrosa o generadora de riesgo; se trata de un supuesto de responsabilidad objetiva en la órbita extracontractual, en la que el dueño o guardián sólo se eximirá de responsabilidad probando la culpa de la víctima, la de un tercero por quien no debe responder o el caso fortuito o fuerza mayor que fracture la relación causal.

3.-En la especie, probado el contacto entre el vehículo y la víctima, se presume la responsabilidad del conductor del rodado en el acaecimiento del hecho dañoso (en su carácter de guardián), quien debe probar la causa ajena.

4.-La problemática de la causalidad por las víctimas se plantea cuando alguien (o personas o cosas a su cargo) interviene materialmente en un suceso que daña a otro, pero esta intervención no es causal porque el menoscabo deriva del propio damnificado, quien habría obrado o se habría colocado en una situación apta para que sobreviniera el siniestro; a la inversa, no hay causalidad imputable a la víctima cuando interviene materialmente en el suceso que la lesiona, pero dicha participación no era idónea para generarle un daño, sino que deriva del hecho lesivamente adecuado de otra persona.

5.-La culpa de la víctima por su daño, así sea factor inicial y necesario, no descarta el análisis causal posterior, para esclarecer si la causa que aquélla puso, tornaba objetivamente previsible el perjuicio final o bien otro menor o reducido, de manera que la cuota de agravación pueda imputarse a un diferente obrar; debe determinarse sí, y en qué medida provocó ella la lesión, y no pierde el derecho a reclamar por la porción causal en que el daño no resultó de su propio hecho.

6.-Cuando se habla de causas concurrentes , si media concausalidad de la víctima, el demandado responde sólo en la medida en que su hecho contribuyó causalmente al resultado, en la proporción restante el daño es soportado por el perjudicado; se indaga la actitud de cada concausa para producir el resultado.

7.-Si bien el semáforo intermitente habilita a transitar al peatón -en el caso el causante emprendió el cruce con la luz intermitente-, debe hacerlo extremando los recaudos que la situación amerita, por cuanto inminentemente la luz del semáforo habilitará el paso a la circulación vehicular, con el riesgo que ello importa para los peatones que efectúan el cruce en tales condiciones.

8.-La intermitencia de los semáforos responde a cuestiones de seguridad, con el fin de evitar sorprender a los peatones a mitad del cruce, por ello, es dable exigirles que, previo a emprender la marcha se aseguren la probabilidad de atravesar íntegramente el ancho de la calzada.

9.-En el caso, las características del espacio que debía recorrer la víctima, una avenida ancha, de alto tránsito vehicular, de tres carriles y doble sentido de circulación, sumado a que debió apresurar la marcha al ver que el tránsito avanzaba, convencen acerca de que el damnificado obró con manifiesto descuido, en efecto, no previó contar con el tiempo suficiente para finalizar el cruce antes del cambio de señal lumínica.

10.-En el caso, la reclamante logró acreditar el contacto entre la víctima y la cosa riesgosa y el demandado, no obstante advertir la presencia del peatón, efectuó una maniobra de esquive infructuosa, no manteniendo así el dominio del rodado para evitar el impacto; y aun la aparición de la figura del peatón imprudente, es un hecho que se presenta, si no normalmente, al menos ocasionalmente; y el conductor debe estar lo suficientemente alerta como para sortear tales emergencias, quien debió conservar en la ocasión el pleno dominio del rodado a su mando, máxime cuando el peatón cruzaba por la senda peatonal (conf. art. 39 inc. B Ley 24.449).

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 13 días del mes de noviembre de 2014, hallándose reunidos los Señores Vocales de la Sala K de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, a fin de entender en el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en los autos caratulados «BERKLEY INTERNATIONAL ART S.A. contra TEDESCHI, Ariel Marcelo y otros sobre daños y perjuicios», habiendo acordado seguir en la deliberación y voto el orden del sorteo de estudio, la Dra. Lidia B. Hernández dijo:

Contra la sentencia de grado dictada a fs. 617/624 que rechazó la demanda, expresó agravios la actora a fs. 648/649, los que fueron contestados por la empresa citada en garantía a fs. 668 y por el codemandado Ariel Tedeschi a fs. 669/672.

I.- La cuestión litigiosa.

Berkley International Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. requirió el reintegro de las sumas que desembolsó a favor de Miguel Leoncio Fuentes, en concepto de prestaciones médicas y dinerarias por el accidente in itinere que sufrió el día 2 de agosto de 1996.

Efectuó su reclamo en el marco del art. 39 inc. 5 de la ley 24.557, en virtud del contrato de afiliación suscripto entre la reclamante y Molinos Río de la Plata S.A., quien fuera empleadora de la víctima.

Manifestó que el damnificado se dirigía hacia su trabajo, donde se desempeñaba como electricista, ubicado en el Dique III del Puerto de Buenos Aires. En circunstancias en las que finalizaba el cruce de la Avenida Ingeniero Huergo, en su intersección con la Avenida Belgrano, de esta Ciudad, por la senda peatonal y semáforo habilitante, resultó atropellado por el vehículo marca Dacia (dominio B-2.636.529), conducido por Ariel Marcelo Tedeschi, quien infringió la luz del semáforo que regulaba la encrucijada del accidente.

Imputó la responsabilidad por el hecho dañoso a Ariel Marcelo y a Carlos Héctor Tedeschi, conductor y propietario respectivamente del rodado que intervino en el siniestro.Requirió la citación en garantía de «Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada».

Si bien los demandados reconocieron el accidente, negaron las circunstancias en las que éste acaeciera. Explicaron que la víctima cruzó la Avenida Ingeniero Huergo sin estar habilitada por la luz del semáforo. Así, cuando advirtió que el tránsito estaba circulando apresuró su marcha para no ser alcanzada por el vehículo, dio un salto, tropezó y cayó sobre el pavimento sufriendo ciertos golpes y magulladuras. Negaron el contacto entre la víctima y el vehículo. Agregaron que detuvieron el rodado y trasladaron al damnificado a la enfermería del Dique III para que recibiera las primeras curaciones (conf. contestación de fs. 153/158).

La empresa citada en garantía reconoció la cobertura del seguro y negó la ocurrencia del accidente (conf. contestación de fs. 234/237).

En la instancia de grado se rechazó la demanda porque se tuvo por acreditada la culpa de la víctima. Tal determinación motivó el agravio de la actora, quien requiere la revocación del decisorio.

Al contestar los agravios el codemandado solicita que se declare desierto el recurso de apelación interpuesto por la reclamante al no reunir los requisitos mínimos exigidos por el art. 265 del Código Procesal.

La expresión de agravios debe contener la crítica concreta razonada de las partes del fallo que el apelante considera equivocadas, por lo que el contenido de la impugnación se relaciona con la carga que le incumbe al apelante de motivar y fundar su queja señalando y demostrando los errores en que se ha incurrido o las causas por las cuales el pronunciamiento se considera injusto o contrario a derecho (CNCiv. Sala A, 1998-02-24, Tolabac Bianchi, La Ley 1999-C-777, J.Agrup. caso 13.807).

Al respecto, considero que el escrito presentado por la actora satisface las exigencias del art.265 del Código Procesal, pues cuestiona la valoración efectuada en la sentencia de las pruebas producidas.

Según el criterio de amplia flexibilidad, que resulta ser la interpretación que se juzga más acorde con la garantía constitucional de la defensa en juicio, cabe estimar que la carga de fundar los agravios se satisface con el mínimo de técnica exigido por las normas procesales en materia recursiva (conf. CNCiv. Sala G, mayo 15-1981, La Ley 1983-B-764; CNCom. Sala C, set. 22-1978, La Ley 1978-D-674; CNCiv. Sala H, feb. 26-2003, R 355.525).

Por los argumentos expuestos, serán tratados los agravios traídos a consideración de este Tribunal.

II.- La responsabilidad.

La parte actora persigue obtener el reintegro de las sumas que abonó a raíz del accidente in itinere padecido por un dependiente de «Molinos Río de la Plata S.A.», empresa con lo que oportunamente concertó un contrato de seguro de riesgos del trabajo.

Señálese que la legitimación de la ART para este reclamo se encuentra prevista en el inc. 5 del art. 39 de la Ley de Riesgos del Trabajo 24.557. La norma citada la obliga -al igual que al empleador- a otorgar al damnificado, o a sus derechohabientes, la totalidad de las prestaciones prescriptas en esta ley, quien luego puede repetir del responsable del daño causado el valor de lo que hubiera abonado, otorgado o contratado.

En suma, para que la aseguradora intente la repetición de la fracción de lo pagado, de conformidad a los parámetros de la ley citada, deberá probar la responsabilidad de quien señala como deudor de la obligación, en el caso, el dueño o guardián de la cosa riesgosa.

En este sentido quedó acreditado que el día 2 de agosto de 1996, aproximadamente a las 5 horas, en circunstancias en las que el Sr. Fuentes se disponía a cruzar la Avenida Ingeniero Huergo, en su intersección con la Avenida Belgrano, de esta Ciudad, resultó embestido por el vehículo marca Dacia (dominio B.2.636.529), al mando de Ariel Marcelo Tedeschi, propiedad de Carlos Héctor Tedeschi (conforme surge de las declaraciones testimoniales de fs. 323/326; fs. 328/330 y fs. 339/340 y denuncia de siniestro realizada por el asegurado que agregada luce a fs. 511/513).

Ahora bien, cuando un peatón es atropellado en la vía pública por un automotor en movimiento, resulta aplicable, tal como señaló el Sr. Juez a quo, la norma contenida en el segundo párrafo, segunda parte del art. 1113 Código Civil, pues ese vehículo constituye una cosa peligrosa o generadora de riesgo.

Se trata de un supuesto de responsabilidad objetiva en la órbita extracontractual, en la que el dueño o guardián sólo se eximirá de responsabilidad probando la culpa de la víctima, la de un tercero por quien no debe responder o el caso fortuito o fuerza mayor que fracture la relación causal (Cazeaux, Trigo Represas, Derecho de Obligaciones, T III, p. 443; Orgaz A. La Culpa, p. 176; Bustamante Alsina, J. Teoría General de la Responsabilidad Civil, p. 265, núm. 869).

En la especie, probado el contacto entre el vehículo y la víctima, se presume la responsabilidad del conductor del rodado en el acaecimiento del hecho dañoso (en su carácter de guardián), quien debe probar la causa ajena En este sentido los demandados invocaron la culpa de la víctima.

Cabe poner de resalto que la problemática de la causalidad por las víctimas se plantea cuando alguien (o personas o cosas a su cargo) interviene materialmente en un suceso que daña a otro, pero esta intervención no es causal porque el menoscabo deriva del propio damnificado, quien habría obrado o se habría colocado en una situación apta para que sobreviniera el siniestro. A la inversa, no hay causalidad imputable a la víctima cuando interviene materialmente en el suceso que la lesiona, pero dicha participación no era idónea para generarle un daño, sino que deriva del hecho lesivamente adecuado de otra persona.En principio, no es la gravedad de la culpa de la víctima, sino la operatividad causal de su conducta, la que excluye o limita el deber indemnizatorio de terceros (Matilde Zavala de González «Resarcimiento de daños» T 4, p. 280 y 281 Buenos Aires, Editorial Hammurabi).

La culpa de la víctima por su daño, así sea factor inicial y necesario, no descarta el análisis causal posterior, para esclarecer si la causa que aquélla puso, tornaba objetivamente previsible el perjuicio final o bien otro menor o reducido, de manera que la cuota de agravación pueda imputarse a un diferente obrar. Debe determinarse sí, y en qué medida provocó ella la lesión, y no pierde el derecho a reclamar por la porción causal en que el daño no resultó de su propio hecho. Finalmente, cuando se habla de «causas concurrentes», si media concausalidad de la víctima, el demandado responde sólo en la medida en que su hecho contribuyó causalmente al resultado, en la proporción restante el daño es soportado por el perjudicado. Se indaga la actitud de cada concausa para producir el resultado (ob. cit p. 282/283).

En este orden de ideas, a fin de valorar la operatividad causal que desplegó la conducta de quien resultó damnificado en la producción del daño, se cuenta con las declaraciones testimóniales incorporadas a la causa, de las que se desprende de manera inequívoca la actitud imprudente que asumió el afectado.

En efecto, de los relatos aportados al proceso resulta indiscutible que cuando la víctima inició el cruce de la Avenida Huergo la luz del semáforo estaba intermitente.

En este aspecto, cabe destacar que en la apreciación de la prueba testifical el magistrado goza de amplia facultad; admite o rechaza la que a su criterio indique como acreedora de mayor fe o descartando la incongruente o inverosímil, en concordancia con los demás elementos de mérito que obren en el expediente (CNCom.Sala B, abril 13-2007, Lexis 1/1022623). Y se le ha reconocido al magistrado una amplia facultad en la apreciación de la prueba testimonial, reconociéndole la posibilidad de admitir la que a su justo criterio aparezca como objetivamente verídica o rechazar las que así no considera (CNCiv. Sala H, dic. 20/2002, Lexis 1/5516135; CNCiv. Sala M, octubre 31/1990, Lexis, 2/13100; CNCiv. Sala D, feb.22-2007, Lexis 1/70037544-1).

En el caso, las testimoniales señaladas acreditan que la víctima no cruzó en rojo, tal como sostuvo el primer sentenciante. Sin perjuicio que al momento de la embestida el conductor del rodado contara con la señal lumínica a su favor.

En suma, si bien el semáforo intermitente habilita a transitar al peatón, debe hacerlo extremando los recaudos que la situación amerita, por cuanto inminentemente la luz del semáforo habilitará el paso a la circulación vehicular, con el riesgo que ello importa para los peatones que efectúan el cruce en tales condiciones.

Resáltese que la intermitencia de los semáforos responde a cuestiones de seguridad, con el fin de evitar sorprender a los peatones a mitad del cruce. Por ello, es dable exigirles que, previo a emprender la marcha se aseguren la probabilidad de atravesar íntegramente el ancho de la calzada.

En el caso, las características del espacio que debía recorrer la víctima, una avenida ancha, de alto tránsito vehicular, de tres carriles y doble sentido circulación, sumado a que debió apresurar la marcha al ver que el tránsito avanzaba, convencen acerca de que el damnificado obró con manifiesto descuido.En efecto, no previó contar con el tiempo suficiente para finalizar el cruce antes del cambio de señal lumínica.

Los elementos de juicio obrantes en estas actuaciones , analizados en forma integral y de acuerdo a los principios que inspira la sana crítica, me llevan a concluir que ninguno de los sindicados como responsables del hecho actuaron como agentes pasivos en el desencadenamiento del hecho dañoso.

Ello, por cuanto la reclamante logró acreditar el contacto entre la víctima y la cosa riesgosa y el demandado, no obstante advertir la presencia del peatón, efectuó una maniobra de esquive infructuosa, no manteniendo así el dominio del rodado para evitar el impacto.

En este sentido, sabido es que aun la aparición de la figura del peatón imprudente, es un hecho que se presenta, si no normalmente, al menos ocasionalmente; y el conductor debe estar lo suficientemente alerta como para sortear tales emergencias, quien debió conservar en la ocasión el pleno dominio del rodado a su mando, máxime cuando el peatón cruzaba por la senda peatonal (conf. art. 39 inc. b Ley 24.449).

Por las consideraciones expuestas, en caso de resultar compartido este voto por mis colegas de Sala, propongo al acuerdo revocar la sentencia de grado.

En consecuencia, se hace parcialmente lugar a la demanda entablada por Berkley International ART. S.A., determinándose la concurrencia de responsabilidad en el hecho, en igual proporción (50% a la víctima y 50% al demandado).

La condena se hace extensiva a «Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada».

III.- El reintegro de las sumas abonadas por Berkley International ART S.A.

La actora pretende el reembolso de los importes que desembolsó a favor de Miguel Leoncio Fuentes, en concepto de prestaciones médicas y dinerarias por el accidente in itinere que sufrió el 2 de agosto de 1996. a) Los salarios caídos.

La reclamante, en virtud del contrato de afiliación suscripto con Molinos Río de la Plata S.A, empleadora de la víctima, abonó a ésta la suma de $ 24.041,48 en concepto de reintegro correspondiente al Sr.Miguel Leoncio Fuentes, conforme surge de la prueba informativa a fs. 271 y peritaje contable de fs. 386/395. b) Asistencia médica, medicamentos e intervención quirúrgica.

A raíz del accidente el damnificado recibió atención médica en el Hospital Británico, prestaciones que fueron abonadas por la reclamante y ascendieron a la suma total de $ 5.303,34, conforme surge de la prueba informativa a fs. 317. y peritaje contable de fs. 386/395. c) Indemnización por incapacidad prevista por la Ley de Riesgos del Trabajo.

Conforme el Dictamen de la Comisión Médica, la víctima quedó con una incapacidad del 10,50 %, por lo que le correspondió, de acuerdo a lo determinado por el art. 14 de la Ley de Riesgos del Trabajo, una indemnización de $ 5.775, suma que también fue afrontada por la accionante y de lo que da cuenta el informe de fs. 355 y el peritaje contable de fs. 386/395.

Valorando la prueba reseñada conforme las reglas de la sana crítica, corresponde hacer lugar al reintegro de las sumas abonadas por Berkley International ART S.A. a favor de Sr. Miguel Leoncio Fuentes, en virtud del contrato de afiliación suscripto entre la reclamante y Molinos Río de la Plata S.A. en los términos del art. 39 inc. 5 de la Ley 24.557 y en la proporción del porcentaje de responsabilidad que se les adjudicó a los demandados en esta instancia.

IV.- Intereses En este aspecto, corresponde aplicar la doctrina del acuerdo plenario de fecha 20 de abril de 2009 en autos: «Samudio de Martínez, Ladislaa contra Transportes Doscientos setenta S.A.sobre daños y perjuicios» , obligatoria para el fuero civil de la Capital Federal, por la que se dejó sin efecto la fijada en los plenarios «Vázquez, Claudia Angélica contra Bilbao, Walter y otros sobre daños y perjuicios» del 2 de agosto de 1993 y «Alaniz, Ramona Evelia y otro contra Transportes 123 SACI, interno 200 sobre daños y perjuicios» del 23 de marzo de 2004 que estableció como la tasa de interés moratorio la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, con cómputo desde el inicio de la mora hasta el cumplimiento de la sentencia, salvo que su aplicación en el período transcurrido hasta el dictado de dicha sentencia implique una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido».

En virtud de ello, deberá aplicarse la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, con cómputo desde el inicio de la mora, en caso, desde que cada desembolso se hizo efectivo, hasta el cumplimiento de la sentencia.

IV.- Las costas.

Debe considerarse que en el presente, tratándose de un juicio de daños y perjuicios, las costas por su naturaleza resarcitoria integran la indemnización, por lo que deben ser impuestas al ofensor en su totalidad, aun cuando la demanda no prospere íntegramente, pues de lo contrario la reparación no sería plena (Esta Sala 2000-4-28 en autos Lekini, Mónica O c. Tsitso, Ricardo y otros, La Ley 2000-E-585; CNCiv, Sala E, 2000-3-14, Franco de Palomo Sara c. Balentini Carlos A y otro, La Ley 2000-F-313, CNCiv Sala F, 1999-10-11 V.J c. Editorial Perfil RcyS, 2000-884; CNCiv, Sala A. 1998-11/19, Roghera SA c. Bustos Claudio L, La Ley 2000-A-623, J Agrup.caso 14-813 y JA 1999-III-191).

En tal entendimiento, las costas del proceso se imponen a los demandados y a su aseguradora en su condición de vencidos (art. 68 del Código Procesal).

Por los motivos expuestos, en caso de resultar compartido este voto por mis colegas de Sala, propongo al acuerdo revocar la sentencia de grado. En consecuencia: 1) Se hace parcialmente lugar a la demanda entablada por Berkley International ART S.A., adjudicándole a la víctima el 50 % de la responsabilidad en el hecho dañoso; 2) Los demandados deberán reintegrar a Berkley International ART S.A. las sumas que abonó a favor de Sr. Miguel Leoncio Fuentes, en la proporción del porcentaje de responsabilidad que se les adjudicó en esta instancia, con más los intereses que se calcularán en la forma establecida en el apartado IV; dentro del plazo de diez días de encontrarse notificada de la presente; 3) La condena se hace extensiva a «Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada; 4) Las costas de ambas instancias se imponen a los demandados y a su aseguradora en su condición de sustancialmente vencidos (art. 68 del Código Procesal).

El Dr. Ameal y el Dr. Domínguez por las razones y consideraciones aducidas por la Dra. Hernández votan en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2014.

Y visto lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, por unanimidad de votos el Tribunal decide revocar la sentencia de grado. En consecuencia: 1) Se hace parcialmente lugar a la demanda entablada por Berkley International ART S.A., adjudicándole a la víctima el 50 % de la responsabilidad en el hecho dañoso; 2) Los demandados deberán reintegrar a Berkley International ART S.A. las sumas que abonó a favor de Sr.Miguel Leoncio Fuentes, en la proporción del porcentaje de responsabilidad que se les adjudicó en esta instancia, con más los intereses que se calcularán en la forma establecida en el apartado IV; dentro del plazo de diez días de encontrarse notificada de la presente; 3) La condena se hace extensiva a «Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada; 4) Las costas de ambas instancias se imponen a los demandados y a su aseguradora en su condición de sustancialmente vencidos (art. 68 del Código Procesal).

Diferir la regulación de honorarios para una vez aprobada en autos liquidación definitiva (art. 279 del Código Procesal).

Regístrese de conformidad con lo establecido con el art. 1° de la ley 26.856, art. 1 de su Decreto Reglamentario 894/2013 y arts. 1, 2 y Anexo de la Acordada 24/13 de la CSJN.

Se deja constancia que la difusión de la presente resolución se encuentra sometida a lo dispuesto por el art. 164, segundo párrafo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y art. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional. En caso de su publicación, quien la efectúe, asumirá la responsabilidad por la difusión de su contenido.

Regístrese, notifíquese por secretaría y cumplido ello, devuélvase a la instancia de grado. FDO.

LIDIA B. HERNÁNDEZ.

OSCAR J. AMEAL.

CARLOS A. DOMÍNGUEZ.

RAQUEL E. RIZZO (SEC.).

Es copia.

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: