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Responsabilidad del Estado provincial por los daños y perjuicios sufridos por la actora a raíz del allanamiento realizado en su domicilio.

psa2-624x375Partes: S. C. A. y otros c/ Provincia de Mendoza s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de Mendoza

Sala/Juzgado: Segunda

Fecha: 11-dic-2014

Cita: MJ-JU-M-90427-AR | MJJ90427 | MJJ90427

Responsabilidad del Estado provincial por los daños y perjuicios sufridos por la actora a raíz del allanamiento realizado en su domicilio.

Sumario:

1.-Cabe confirmar la sentencia que hizo lugar a la demanda deducida contra el Estado provincial por los daños y perjuicios sufridos por la actora a raíz del allanamiento de domicilio realizado, pues si bien es cierto que los participantes del operativo cumplían con su deber, está demostrado que la agresión física y sicológica a gran escala era innecesaria teniendo en cuenta su experiencia y la actitud asumida por los accionantes.

2.-Si se buscaban seis armas utilizadas para la comisión de un delito y la orden de allanamiento se debió a que una persona sindicó al actor como uno de los intervinientes en el asalto, se justificaba la intervención del G.E.S. y el despliegue de su actividad específica. ; pero cuando este grupo especial culminó con su objetivo, la policía continúo cumpliendo la orden judicial en forma imperita, irregular y sin profesionalismo.

Fallo:

En la Ciudad de Mendoza, a once días del mes de diciembre de dos mil catorce, se reúnen en la Sala de Acuerdos de la Excma. Cámara Segunda de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, Paz y Tributario, las Gladys Delia Marsala y Maria Teresa Carabajal Molina, no así la Dra. Silvina Furlotti por encontrarse en uso de licencia y traen a deliberación para resolver en definitiva las causas Nº 95.321/50.699 caratulada: «SALVINI CRISTIAN ALEJANDRO C/ PROVINCIA DE MENDOZA P/ D. Y P.» y N° 99.260/50.705 caratulada «DE SOUSA VERONICA CONTRA PROVINCIA DE MENDOZA P/ DYP» originarias del Vigésimo Cuarto Juzgado Civil, Comercial y Minas de Mendoza, venido a esta instancia en virtud de los recursos de apelación interpuestos a fs. 374 -desistido a fs. 384.- por la Provincia de Mendoza y a fs. 377 por los abogados Carlos Enrique Gatica y Paula Andrea D’Alessandro por sus honorarios, de estos autos; y a fs. 215 por Fiscalía de Estado, fs. 218 por la Provincia de Mendoza -desistido a fs. 384- y a fs. 220 los abogados Carlos Enrique Gatica y Paula Andrea D’Alessandro por sus honorarios en la causa N° 50.705 caratulados «DE SOUSA VERONICA C/ PROVINCIA DE MENDOZA P/ DYP», todos ellos contra la sentencia de fecha 05 de marzo de 2014, obrante a fs. 192/201 de los autos 50.705 y a fs. 350/360 de estos actuados, la que decidió hacer lugar a la demanda entablada por los Sres. Cristian Alejandro Salvini y Verónica De Sousa en contra del Gobierno de la Provincia de Mendoza, en consecuencia, condena a la demandada a pagar a los actores, en el plazo de diez días de quedar firme y ejecutoriada la sentencia, la suma de Pesos Cincuenta Mil Trescientos Ochenta y Dos con Treinta y Siete Centavos ($50.382,37) y Cincuenta mil ($50.000), respectivamente, con más los intereses determinados en los Considerandos V y VI; impuso costas y reguló los honorarios a los profesionales intervinientes.

Habiendo quedado en estado los autos, a fs.411 se practicó el sorteo que determina el art. 140 del C.P.C., arrojando el siguiente orden de estudio: Dres. Marsala, Carabajal Molina y Furlotti.

De conformidad con lo dispuesto por el art. 160 de la Constitución de la Provincia, planteáronse las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA: ¿Es justa la sentencia apelada?.

En su caso: ¿qué pronunciamiento corresponde?

SEGUNDA: Imposición de costas.

SOBRE LA PRIMERA CUESTION, LA DRA. GLADYS DELIA MARSALA, dijo:

1. Llegan estos autos a la Alzada en virtud de los recursos de apelación interpuestos a fs. 374 -desistido a fs. 384- por la Provincia de Mendoza y a fs. 377 por los abogados Carlos Enrique Gatica y Paula Andrea D’Alessandro por sus honorarios, de estos autos; y a fs. 215 por Fiscalía de Estado, fs. 218 por la Provincia de Mendoza -desistido a fs. 384- y a fs. 220 los abogados Carlos Enrique Gatica y Paula Andrea D’Alessandro por sus honorarios en la causa N° 50.705 caratulados «DE SOUSA VERONICA C/ PROVINCIA DE MENDOZA P/ D. Y P», todos ellos contra la sentencia de fecha 05 de marzo de 2014, obrante a fs. 192/201 de los autos 50.705 y a fs. 350/360 de estos actuados

2. Luego de relatar los antecedentes de la causa la Sra. Juez me precedió en el juzgamiento razonó del siguiente modo: en primer lugar analiza la tacha a la testigo María Paula Festa, formulada a fs. 257/259 por Fiscalía de Estado. Estima que el incidente en análisis debe ser rechazado, ya que la idoneidad de los testigos debe ser apreciada por los jueces según la regla de la sana crítica, valorando las circunstancias y motivos que corroboren o disminuyan la fuerza de sus declaraciones (artículo 207 del C.P.C.), sin que sea dable destituir ab initio de toda eficacia a las declaraciones de los mismos. Advierte que el interrogatorio preliminar que contiene las llamadas «generales de la ley» (art.198 apartado III incisos 2 y 3 del C.P.C.), tienden a suministrar a los jueces elementos de juicio para apreciar el grado de atendibilidad que corresponda asignar a la declaración, pero no puede erigirse en causales de exclusión lisa y llana del testimonio prestado por quien tiene la edad requerida por la ley, y no está alcanzado por la inhabilidad que, como regla, prevé el artículo 194 inciso 1° de nuestra ley de rito.

Abordando el fondo señala que los actores demandan al Gobierno de la Provincia de Mendoza con el objeto de que el mismo indemnice los daños sufridos por un allanamiento efectuado el día 4 de agosto de 2.000 por personal de la policía de Mendoza, afirmando que los policías actuaron en forma violenta, gritando, rompiendo cosas, maltratando físicamente al Señor Cristian Alejandro Salvini, cuando ellos siempre expresaron su intención de cooperar en todo lo que solicitaran, ofreciendo las llaves del autos para que lo revisaran y exponiéndoles que el taller colindante al departamento interno era propio por lo que también lo podían revisar.

Considera que, de la plataforma fáctica expuesta en las demandas se desprende que estamos ante el supuesto de responsabilidad del estado por su actividad lícita.El estado responde por su actividad legítima cuando debido a una actuación de un órgano que no se aparta de la regularidad en la prestación del servicio, la cual atiende a una utilidad o finalidad pública, pero, a raíz de ella se causan perjuicios especiales y anormales a un particular, a quién se le impone un sacrificio superior (desigual, desproporcionado, grave, excesivo e irrazonable) del que resulta exigible a las restantes personas en virtud de las cargas que se imponen en la comunidad.

Entiende que esta responsabilidad directa que tiene el Estado por la actuación de sus órganos, es objetiva.

Recuerda que «en mérito a la sistematización, realizada por la C.S.J.N., a partir del caso «Tejeduría Magallanes» puede sostenerse que entre los presupuestos de la responsabilidad del Estado se encuentran: a) La existencia de un daño actual y cierto; b) La imputabilidad material de los daños al Estado; c) La relación de causalidad entre el accionara del Estado y el perjuicio; d) La necesidad de que se configure un sacrificio especial en el afectado; e) La ausencia del deber jurídico de soportar el daño a cargo del afectado. A todo ello, la doctrina hace su aporte, y agrega que nace para el Estado el deber jurídico de indemnizar, aunque haya desplegado una conducta legítima, en la medida que se presenten tres condiciones: 1) Privación de un derecho de propiedad o de sus atributos esenciales que de modo total o parcial impliquen una posibilidad real de ejercer aquél en la medida en que constitucionalmente está reconocido y tutelado:2) Lesión esta que debe provenir de un trato desigualitario, de modo que el particular no asuma en forma individual y de manera exclusiva lo que debe ser materia de cobertura, solidariamente, por el conjunto de la comunidad; 3) Que el particular (persona individual o colectiva) que ha sufrido las consecuencias gravosas no haya sido autor de al conducta disvaliosa; es decir, que se reconozca como causa justificante de la atribución de responsabilidad al obrar exclusivo del Estado» (Marisa Gabriela López Bravo, «¿La víctima debe renunciar al reclamo por daño moral frente al accionar lícito del Estado?, en RCyS, septiembre 211-9», La Ley, Bs. As., 2.011, pág. 85/86).

Señala que la parte demandada afirma que es cierto que se realizó un allanamiento en el domicilio de los actores y que actúo en el mismo personal del GES y de la policía de Mendoza, pero niega el hecho de la irrupción policial, que hayan actuado sin orden, o excediendo los límites de la orden, que hayan producidos daños, que los policías no se hayan identificado, que hayan proferido insultos, que hayan hecho pasar vergüenza a los accionantes y que les hayan causado algún tipo de daño, estrés, incomodidad etc.

De la causa penal n° P- 74.194/09 remitida por el Señor Juez del Primer Juzgado de Garantías, quién indica que la misma es originaria del Octavo Juzgado de Instrucción con número de origen 88.312/3, que tiene a la vista surge que el día 31 de mayo del año 2.000 una persona denuncia que ha sido víctima de un asalto a mano armada (fs. 1), transcurriendo un tiempo sin que se pudiera ubicar a los autores del ilícito.El día 3 de agosto de 2.000 el Comisario José Antonio Chávez le hace saber el titular el Octavo Juzgado de Instrucción que se había presentado en forma espontánea una ciudadano, cuyos datos filiatorios indica, y había denunciado que por medio de unos amigos había tomado conocimiento quienes fueron los autores del ilícito cometido el día 31 de marzo de 2.000, individualizando a tres personas, una de ellas de nombre Cristian domiciliado en calle Falucho 666 de la Ciudad de Luján de Cuyo que convive con una mujer de la cual se ha podido saber que se llamaría Verónica de Souza y que en el mismo domicilio en un departamento interno estaría viviendo otro de los partícipes del hecho delictivo identificada como EL PEREGIL, por lo que solicita al magistrado que se libre orden de allanamiento a los fines de proceder al secuestro de los siguientes elementos: armas de puño y largas que los delincuentes habrían utilizado en ocasión de los hechos, como también se solicita la detención de los ciudadanos nombrados en averiguación de los hechos (fs. 6). El Juez Correccional ordenó el allanamiento de tres domicilios, uno de ellos el de Falucho 666 de Luján de Cuyo, donde viven los actores de las presentes causas civiles (fs. 20), obrando a fs. 22 el acta de allanamiento en la que figura como testigo del mismo la Señora Mónica Beatriz Coria Aragón.

Expresa que esta testigo prestó declaración sobre los hechos ocurridos durante el allanamiento en la referida causa penal y en este proceso civil, contradiciéndose en forma manifiestas. Tal es así que a fs. 36/37 de la causa penal afirmó que ingresó a la casa por el portón que siempre ha estado en muy mal estado de conservación, observando que la puerta de acceso a la vivienda tenía los vidrios rotos, pero la puerta no estaba rota.Manifestó q ue a Cristian, mientras ella estuvo observando no lo trataron mal y que éste no se quejaba por el tratamiento recibido, que únicamente manifestó que le dolía el brazo que se le había luxado hacía una semana y que le dolía por las esposas, por lo que uno de los policías primero se las aflojó y luego se la quitó. Indicó que cuando la policía revisó la casa, no rompieron nada, al contrario para ella el tratamiento fue muy amable. Señaló que la revisación que hicieron cree que era lo que tenían que hacer, revisaron rincones, los colchones, cajones, roperos, el techo, el baño, la cocina y cuando terminaron la revisación el oficial hizo un acta que ella firmó, diciendo que no habían encontrado nada, y que sólo secuestraban una fotos. Refirió que acto seguido fueron a un departamento interno de la casa, en donde estaba una señora con dos chicos, y aquí la puerta de acceso estaba rota como para abrirla, pero no sabe si esto estaba o no porque ese departamento no lo conocía. Expresó que revisaron todo, colchones, cajones, un canasto de juguetes, baño, sin encontrar nada y en ningún momento rompieron absolutamente nada, siendo el trato con la señora muy bueno y respetuoso. Cuando se le preguntó sobre la puerta que figura en la foto obrante a fs. 6 de las actuaciones sumariales 2563/01/00 que se le exhibió, contestó que es la puerta de la casa de Cristian y que queda exactamente frente a su domicilio, siendo por allí donde ingresó al domicilio para ser testigo, que la misma se encontraba separada del marco como aparece en la foto y que en ese estado ha estado siempre, no presenta ninguna rotura extra.Indicó que no son de su autoría los dichos que como testigo del allanamiento le son atribuidos en la nota del diario Los Andes del 5 de agosto de 2.000 y que en ningún momento desde que ella ingresó a la casa observó que golpearan a Cristian muy fuerte, ni que éste se resistiera.

La misma testigo al prestar declaración en la presente causa civil, como surge del acta que glosa a fs. 228/229, indicó que fue testigo presencial del allanamiento efectuado en la vivienda del Señor Cristian Salvini el día 4 de agosto de 2.000. Manifestó que siendo las 8:30 horas levantó la persiana de su casa y justo fue un oficial de la policía para buscarla como testigo para hacer el allanamiento y cuando entraron estaba Cristian en el suelo porque lo habían arrestado, él pidió que la deponente saliera para vestirse y cuando estaba vestido entraron y empezaron a revisar la casa, entraron al dormitorio dieron vuelta el colchón, sacaban cosas del placard, luego fueron a la cocina donde esta Cristian esposado y estaba todo revuelto, la cocina un lavarropas que había ropa y no encontraron absolutamente nada en ningún lado. Afirmó que le llamó la atención de cómo hacían las cosas, habían roto la puerta, que le revisaron la computadora, que le habían roto el visor porque hacia poco que le habían entrado a robar a la casa, después que terminaron ahí fueron al departamento que estaba a lado que esta dentro de la misma casa, también revisando todo y luego se llevaron a Cristian. Expresó que cuando ingresó a la casa de Cristian vio como uno de los policías le dio una patada en la cola.Respecto al trato del personal policial contestó que con ella fueron muy amables, pero con los integrantes de la vivienda los tenían como personas peligrosas, los trataban como personas muy peligrosas y no era así; eran bastantes imprudentes, los trataban con mucha prepotencia y creaban un ambiente de miedo dentro del seno familiar, y lo que ella veía era que tanto Vero como Cristian no se oponían a los que ellos le pedían y cuando él estaba esposado el policía que lo estaba cuidando tenía las armas hacia él.

El Señor Raúl Gabriel Jara, en su declaración testimonial que obra a fs. 231 reconoció la documentación que se le exhibió y expresó que conoce la vivienda del Señor Cristian Salvini ubicada en calle Falucho n° 666 de Luján de Cuyo porque le hizo varias reparaciones, la reja del frente y las rejas de la casa principal, que no sabe la causa de las roturas ya que todo fue muy confuso, tiene conocimiento de que hubo un allanamiento del grupo Geo y se encontró al Señor Salvini en la sala de primeros auxilios esposado con una remera blanca y maltratado, con una marca de zapato en el pecho, ahí intercambiaron palabras y el policía no le dijo que no podía hablar con él. Después afirmó que sabe que allanaron el domicilio de Cristian y le rompieron las dos puertas porque él las reparó, la principal de madera y las otras dos de chapa.

En la nota periodística del Diario Uno, obrante a fs. 155, podemos observar una foto que muestra el desorden de uno de los ambientes de la casa de los actores. El periodista afirma que «El cuadro de desorden y desolación es inenarrable»

El médico que revisó al Señor Cristian Salvini, el día del allanamiento a las 12:00 horas constató «escoriaciones en región gluten izquierdo y codo derecho» (ver fs.31 de la causa penal N° P-74.194/09.

Respecto a la testimonial de la Señora Mónica Beatriz Coria Aragón, considera que los dichos manifestados ante sede penal no se ajustan a lo que realmente pasó en el allanamiento del que ella fue testigo realizado por personal policial el día 4 de agosto de 2.000. Efectúa tal afirmación ya que los hechos relatados en sede civil condicen con lo atestiguado por el Señor Jara, por lo que refleja la nota periodística a la que ha hecho referencia y con las lesiones constatada por el médico que revisó al Señor Salvini. Estima que la testigo, en sede penal no ajustó sus declaraciones a los que verdaderamente vio por miedo, ya que si bien a la misma la policía la trató bien, ella observó un trato prepotente, imprudente, hacia los habitantes del domicilio donde se practicaba la medida judicial, lo que pueden haberla intimidado al declarar en el expediente penal, en consecuencia, estima que la testimonial rendida a fs. 228/229 de autos tiene plena fuerza probatoria por lo que tendrá en cuenta la misma para resolver la cuestión planteada.

Expresa que, analizadas las pruebas individualizadas precedentemente a la luz de las reglas de la sana crítica racional (art.207 del C.P.C.) considera que como la orden de allanamiento tenía por objeto buscar armas de puño y largas que se habrían utilizado para cometer un robo se justifica que personal del grupo GES hayan ingresado al domicilio sito en calle Falucho n° 666 de Luján de Cuyo en forma abrupta, pero una vez adentro de la casa allanada, al no tener resistencia de sus habitantes y estando el Señor Salvini esposado, no se puede admitir desde ningún punto de vista que miembros de la Policía de Mendoza le hayan dado una patada en el glúteo, que lo hubiesen apuntado con un arma, que revolvieran todo lo que encontraban y dejar todo tirado, como se puede ver en la foto publicada por el Diario Uno, a la que hizo referencia precedentemente, que actuaran en forma imprudente y prepotente, como lo señaló la testigo del allanamiento al declarar en la presente causa.

Efectúa tal afirmación ya que del informe del Grupo Especial de Seguridad dependiente del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Mendoza, que glosa a fs. 184/191 del expediente N° 185.907/B3, remitido por el Juzgado de Garantías N° 5, surge que «Concretamente la actividad específica más conocida del «G.E.S.» es la denominada IRRUPCIÓN (dinámica o controlada), cuya técnica consiste en el ingreso rápido y violento (dinámico, conocido como golpe de mano) o ingreso lento, cauteloso y progresivo (controlado), a un determinado lugar, toma del objetivo y reducción de presuntos delincuentes, tarea que se practica bajo el marco jurídico contenido en el Código Procesal Penal. Esta maniobra táctica limita la posibilidad de reacción armada por parte de los presuntos delincuentes, como así éstos no cuenten con el tiempo necesario para hacer desaparecer pruebas relacionadas con el delito, y que en muchos casos resulta indispensable para la investigación judicial.Consecuentemente y una vez que el grupo culmina con la toma del objetivo, el personal de la dependencia actuante se hace cargo de continuar con el procedimiento, teniendo a su cargo el interrogatorio, pesquisas, controles, búsqueda de elementos, traslado de detenidos, identificación de personas y toda otra medida judicial necesaria. Esta modalidad operativa se desarrolla en todos los casos en que la fuerza cuenta con la información de que el oponente, llámese delincuente o banda de delincuentes, son caracterizados como peligrosos y cuentan con armas de fuego; situaciones que hacen presumir un alto riesgo para el efectivo en la actividad a realizarse».

Es decir, si se buscaban seis armas utilizadas para la comisión de un delito y la orden de allanamiento se debió a que una persona sindicó al hoy actor como uno de los intervinientes en el asalto, se justificaba la intervención del G.E.S. y el despliegue de su actividad específica.Ahora bien, cuando este grupo especial culminó con su objetivo, la policía continúo cumpliendo la orden judicial en forma imperita, irregular, sin profesionalismo.

Determinada la falta de servicio por parte de personal policial en el allanamiento realizado el día 4 de agosto de 2.000 en el domicilio de los Señores Cristian Alejandro Salvini y Verónica de Sousa, analiza si como consecuencia de la actuación policial irregular los actores han sufrido daños ciertos, que no tengan el deber jurídico de soportar.

La Señora Coria declaró que la familia Salvini se mudó después de lo ocurrido ya que tenían miedo a la represión que le había hecho la Policía, sobre todo Verónica porque como el marido trabajaba y quedaba sola tenía miedo de que volviera a suceder (respuesta a la novena pregunta y a la primera repregunta). También indicó que los vecinos le preguntaban a ella que había pasado y que habían algunos comentarios, si el andaba en la droga o había robado, pero eran preguntas por un tiempito y después nadie dijo nada más (respuesta a la octava pregunta).

La Señora María Paula Festa, al prestar declaración testimonial afirmó que el Señor Cristian Salvini, su esposa y su hijo sufrieron secuelas emocionales como consecuencia de lo acontecido el día 4 de agosto de 2.000. Refirió que Cristian realizó tratamiento psicológico, quedó muy perturbado, alterado, como con mucha angustia porque pensó que lo iban a matar a él, a su mujer y a su hijo, sintiendo mucha impotencia por no poder realizar nada. Indicó que Verónica se vio absolutamente afectada, sufrió mucho, realizó tratamiento psicológico, estaba en estado de shock con esta vivencia traumática que se le venía permanentemente a la cabeza, ella todo el tiempo decía que pensaba que lo iban a matar a los tres.Expresó que aquella no podía estar sola como consecuencia de esto, en ningún lado, no podía ni siquiera ir al baño sola o tenía que ir con la puerta abierta porque estaba aterrorizada, no podía conciliar el sueño, tenía dificultades para dormir, se sobresaltaba permanentemente frente a cualquier ruido que la sorprendiera, les trajo problemas en su pareja y también repercutió negativamente en el nene Caín (respuesta a la sexta pregunta). Indicó que el Señor Salvini y su familia inmediatamente después del allanamiento se fueron a vivir a la casa de los padres de él, donde estuvieron alrededor de unos dos meses, por la inseguridad que presentaba la casa, las puertas estaban totalmente rotas y porque les remitía a ese hecho traumático, y además porque habían quedado sospechado entre los vecinos, nunca se aclaró el hecho, nadie pidió disculpas por lo pasado y cuando volvieron intentaron permanentemente vender la casa para mudarse y ni bien la vendieron se fueron, al principio cree que a Guaymallén o por Mendoza y después se fueron a vivir a Comodoro Rivadavia donde están viviendo actualmente (respuesta a la séptima pregunta). Manifestó que veía al matrimonio Salvini en forma frecuente, no sabe si diariamente, por ahí si, dos o tres veces a la semana si está segura, vivían cerca en ese momento, tenían los chicos de la misma edad y eran muy amigos, realmente se juntaban bastante seguido, a veces todos los días, a veces no, pero el contacto era prácticamente diario (respuesta a la cuarta repregunta) (ver acta de fs. 257/259).

Estima que la declaración de esta testigo resulta categórica, no se advierten en sus dichos señales de mendacidad y parcialidad. Además sus dichos no han sido desvirtuados por otros medios de pruebas y no son discordantes con las demás circunstancias que ofrece la causa, por lo que aquella tiene plena eficacia probatoria.

La perito psicóloga designada en la presente causa, en el informe que obra a fs.261/262 indicó que «Los hechos denunciados en la presente causa han sido determinantes en la vida del Señor Cristian Salvini, ya que no sólo lo han afectado psicológica y emocionalmente a él sino a su esposa y a su hijo, e inevitablemente han producido un cambio radical en su vida. Estos hechos produjeron sentimientos de inseguridad y desprotección en él y en su familia, afectaron su relación de pareja, la imagen y el concepto de sí y lo que generó cambios en su vida de relación social y laboral y el sentimiento constante de pérdida. Pérdida de confianza, pérdida de seguridad, pérdida de eficacia en su función de protector frente a su hijo y su esposa, pérdida de su hijo de logros que había tenido acordes a su edad, en los cuales tuvo retroceso luego de lo sucedido (ejemplo enuresis), pérdidas materiales hasta el punto de haber tenido que dejar su casa, pérdida de la privacidad familiar ya que tuvo que convivir con sus padres». Concluye que el «Señor Cristian Salvini ha sufrido una privación y disminución de aquellos bienes que tienen un valor precioso en la vida del hombre que son la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la integridad individual que constituyen sus más gratos afectos».

Esta pericia fue impugnada a fs. 269 por Fiscalía de Estado y la perito debida-mente notificada (ver cédula de fs. 274) no contestó las impugnaciones, pero esto no obsta para que las conclusiones de la experta no tengan eficacia probatoria.Ello es así ya que no se ha arrimado al proceso elemento probatorio alguno que desvirtúe las conclusiones de los peritos designados en la causa, por lo que no corresponde apartarse de las mismas.

De las pruebas rendidas surge con claridad que los hechos ocurridos el día 4 de agosto de 2.000 perturbaron la paz, la tranquilidad de espíritu de los actores, viendo alterado su diario vivir, que le produjeron una alteración disvaliosa del bienestar psicofísico por lo que tienen la entidad suficiente para alcanzar la indemnización que determina el art. 1.078 del Código Civil, por lo que este daño debe ser resarcido por la demandada.

En relación al importe del resarcimiento de este daño, debe considerarse que al fijarse el mismo en una suma de dinero, ésta no debe ser equiparada a una función valorativa exacta, sino simplemente de satisfacción frente al sufrimiento.

Considera que, teniendo en cuenta los padecimientos psíquicos y espirituales derivados del hecho, sucintamente descriptos, estima equitativo fijar la suma indemnizatoria correspondiente al daño moral sufrido por los actores en la suma de Pesos Cincuenta Mil ($50.000,00), calculada a la fecha de la presente resolución, calculada a la fecha de la presente sentencia, con más los intereses que determina el artículo 1 de la ley 4.087 desde el 4 de agosto de 2.000, en que acaeció el evento dañoso y hasta la fecha de la presente resolución y desde aquí y hasta el efectivo pago los intereses deben liquidarse a la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (T.N.A.)

El Señor Cristian Salvini reclama en concepto de daños materiales la suma de Pesos TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS con 37/100 ctvos. ($382,00) en concepto de daños materiales. Indica que desembolsó dicha suma para reparar los daños ocasionados a la puerta, para afrontar los gastos de fotografía y de los honorarios de la actora.Con las declaraciones de la Señora Mónica Beatriz Coria Aragón se acredita que el personal policial rompió la puerta de la casa del Señor Salvini y el Señor Raúl Gabriel Jara reconoció la documentación que en copia glosa a fs. 17/19, acreditándose de esta manera el daño y la cuantía. Respecto a los gastos de fotografía y a los honorarios por la actuación notarial, la realización de los mismos surge de la presentación de dicha documentación a la causa y siendo sumamente razonable el monto solicitado, estima que también debe considerarse probado el daño y la extensión del mismo. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar el rubro en examen por la suma de Pesos TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS con 37/100 ctvos. ($382,37), con más los intereses moratorios que deben liquidarse desde la fecha del evento dañoso y hasta el efectivo pago a la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (T.N.A.).

3. A fs. 390/392 expresa agravios Fiscalía de Estado.

Ante todo recuerda que los actores demandaron a la Provincia por los daños que -según ellos- sufrieron como consecuencia de un allanamiento a la vivienda de ambos que tuviera lugar el 04/08/2000, manifestando que el procedimiento fue notoriamente violento, excediendo lo normal, produciendo daños materiales y morales.

Sostiene que la sentenciante ha valorado como determinante para acoger la demanda el testimonio de la Sra. Coria Beatriz Aragón, dándole valor fundamental a la declaración efectuada en sede civil la que se aparta notoriamente de lo expuesto por la misma testigo en sede penal.

Expresa que el tribunal a-quo sostuvo que la declaración de la Sra. Coria en sede penal no fue veraz, presumiendo que ella no ajustó sus declaraciones a lo que percibiera realmente por miedo, en cambio, sí le otorga valor a la declaración de fs. 228/229, la que dice que coincide con lo expuesto por la Sra.Jara.

Señala que la sentencia tiene por veraz un testimonio realizado 10 años después, por ello se le debió dar mayor valor a la declaración testimonial que estaba más cerca de la fecha de los hechos.

Argumenta que la testigo contestó que no había sido presionada, que lo único que le pidieron es que dijera lo que había visto y que la policía con ella había sido muy amable.

Considera que la presunción de la juez de que la testigo había sido presionada no tiene asidero, sino que además ha sido expresamente desvirtuada lo que justifica la revocación de la sentencia.

Aduce que el testimonio de la Sra. Coria en sede civil coincide con la del Sr Jara ya que él en la respuesta a la quinta pregunta dice que lo que supo se lo contó Cristian que es el actor.

Se agravia también de los montos concedidos a ambos actores pues son exagerados respecto de los concedidos en casos análogos por los tribunales, solicitando se los reduzca a los valores que justamente correspondan.

4. A fs. 396/399 contesta el abogado Carlos Enrique Gatica por el Sr. Cristian Alejandro Salvini.

5. A fs. 400/401 alegan razones los abogados Paula Andrea D?’Alessandro y Carlos Enrique Gatica.

Sostienen que a los Dres. Pablo y Ortiz interpusieron la acción y nada más, esa presentación ni siquiera pudo ser proveída de manera que se ordenara el traslado y, cuando los letrados comenzaron a actuar con posterioridad la causa estaba en condiciones de ser declarada caduca. Esto respecto de estos autos.

Con respecto a los autos 50.705, la demanda debió ser ampliada, sobre todo en el aspecto probatorio.

Expresan que no es justo que quienes hicieron abandono de sus clientes tengan derecho a un tercio del total de los honorarios. Sostienen que su actuación debe ser merituada conforme con el art. 10 ley 3641.

6. A fs. 405, 406, 407, 408 se notifica a los restantes interesados -art. 40 CPC- quienes no obstante no alegan razones.

7. A fs.410 los expedientes quedan en estado de resolve r.

8. Solución del caso

8.1. Recurso de Fiscalía de Estado.

8.1.a. La Fiscalía de Estado no ha negado la realización del allanamiento, discrepa con la sentenciante con la valoración que otorga al testimonio de la Sra. Coria Aragón, sosteniendo que debe otorgársele valor a las declaraciones efectuadas en sede policial que fueron realizadas coetáneamente al acaecimiento de los hechos y no, a las prestadas en esta sede.

Estimo que no asiste razón al quejoso. Explicaré por qué.

No es irrazonable sostener que la cuestionada testigo declaró en sede penal presionada -por sí misma- como consecuencia de la situación que presenció, liberándose diez años después.

Pero, lo cierto es que, a pretensión de los actores debe ser acogida sin tomar en consideración esa declaración, surgiendo la responsabilidad de las siguientes pruebas no refutadas por Fiscalía de Estado:

-las lesiones que figuran certificadas a fs. 20 del AEV «Fiscal c/ NN»;

-el testimonio del Sr Corvalán de fs. 192 que dan cuenta del estado del inmueble después del allanamiento -ver contestación a la sexta sustitución-;

-la testimonial del Sr Jara que en modo alguno declara lo que le dijeron sino lo que vio -ver fs. 231-: el Sr Salvini estaba en la sala de primeros auxilios esposado con una remera blanca y maltratado, con una marca de zapato en el pecho; también declara que rompieron dos puertas que él reparó.

-la declaración de la Sra. Festa -ver fs. 257/258- describiendo lo que ella observó luego del allanamiento.

-lo informado -en su oportunidad- por el Diario Uno -ver fs. 11/16-.

Toda esta prueba descripta, no cuestionada por la apelante prueban -sin lugar a dudas- las irregularidades que se produjeron en el allanamiento, por lo que el agravio debe desestimarse.

8.1.b.Con respecto a los montos otorgados tampoco asiste razón al quejoso.

Si bien es cierto que los participantes del operativo cumplían con su deber, está demostrado que la agresión física y sicológica a gran escala era innecesaria teniendo en cuenta su experiencia y la actitud asumida por los accionantes.

En la causa N° 102.879/50.762, caratulada: «ESCOBAR LUIS GABRIEL C/ UNO GRAFICA S.A. P/ D. Y P.» resolvimos, con voto preopinante de la Dra. Furlotti; «.,Sabidas son las dificultades que genera la cuantificación del daño extrapatrimonial, es por ello que la ley local lo deja librado a la apreciación judicial y el nuevo Código Unificado determina como pauta a tener en cuenta «las satisfacciones sustitutivas y compensatorias» del dinero. El art. 1741 del nuevo Código Civil y Comercial unificado, in fine, señala que: «El monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas.»

«.Esta forma de cuantificar el daño extrapatrimonial no es novedosa, por ejemplo con claridad lo explica Galdós, en nota a fallo: «el daño moral puede «medirse» en la suma de dinero equivalente para utilizarla y afectarla a actividades, quehaceres o tareas que proporcionen gozo, satisfacciones, distracciones, esparcimiento que mitiguen el padecimiento extrapatrimonial. Por ejemplo, salir de vacaciones, practicar un deporte, concurrir a espectáculos o eventos artísticos, culturales o deportivos, escuchar música, acceder a la lectura, etc. El dinero actúa como vía instrumental para adquirir bienes que cumplan esa función: electrodomésticos, artefactos electrónicos (un equipo de música, un televisor de plasma, un automóvil, una lancha, etc.), servicios informáticos y acceso a los bienes de las nuevas tecnologías (desde un celular de última generación a un libro digital). Siempre atendiendo a la «mismidad» de la víctima y a la reparación íntegra del daño sufrido.» Luego agrega el prestigioso Jurista que:»Se consolida, en suma, la etapa actual del estudio del daño moral como precio del consuelo, propiciado hace tiempo entre nosotros por Iribarne y tempranamente receptado en la jurisprudencia por High-ton de Nolasco.» Galdós, Jorge Mario daño moral (como «precio del consuelo») y la Corte Nacional, RCyS 2011-VIII, 176 – RCyS 2011-XI , 259, AR/DOC/2320/2011).».

«.La Corte Nacional en el caso «Baeza», el cual es comentado por el autor citado, dice al respecto: «El dolor humano es apreciable y la tarea del juez es realizar la justicia humana; no se trata de una especulación ilícita con los sentimientos sino de darle a la víctima la posibilidad de procurarse satisfacciones equivalentes a lo que ha perdido. Aun cuando el dinero sea un factor muy inadecuado de reparación, puede procurar algunas satisfacciones de orden moral, susceptibles, en cierto grado, de reemplazar en el patrimonio moral el valor que del mismo ha desaparecido. Se trata de compensar, en la medida posible, un daño consumado. En este orden de ideas, el dinero es un medio de obtener satisfacción, goces y distracciones para restablecer el equilibrio en los bienes extrapatrimoniales.» Y sobre su cuantificación específicamente dice: «La evaluación del perjuicio moral es tarea delicada, pues no se puede pretender dar un equivalente y reponer las cosas a su estado anterior, como en principio debe hacerse de acuerdo al art. 1083 del Código Civil. El dinero no cumple una función valorativa exacta, el dolor no puede medirse o tasarse, sino que se trata solamente de dar algunos medios de satisfacción, lo cual no es igual a la equivalencia. Empero, la dificultad en calcular los dolores no impide apreciarlos en su intensidad y grado por lo que cabe sostener que es posible justipreciar la satisfacción que procede para resarcir dentro de lo humanamente posible, las angustias, inquietudes, miedos, padecimientos y tristeza propios de la situación vivida. (CS, Baeza, Silvia Ofelia c.Provincia de Buenos Aires y otros, 12/04/2011, LA LEY 12/05/2011, 5 – LA LEY 2011-C, 218 – LA LEY 30/05/2011, 11 con nota de Alejandro Dalmacio Andrada; Juan Manuel Prevot – LA LEY 2011-C, 393 con nota de Alejandro Dalmacio Andrada; Juan Manuel Prevot – Sup. Adm. 2011 (junio), 62 – DJ 22/06/2011, 41 – RCyS 2011-VII , 53 con nota de Félix A. Trigo Represas – RCyS 2011-XII, 261 – LLP 2011 (septiembre); Fallos Corte: 334:376: AR/JUR/11800/2011).».

Siguiendo estos lineamientos entiendo que, la suma otorgada por la Sra. Juez permitirá a los actores podrá recurrir al disfrute de otros bienes para restablecer o mitigar de algún modo el daño sufrido, bienes que compensen o sustituyan el daño padecido, como se dijo en el precedente; «.a modo de ejemplo emprender un viaje con su familia, cambiar su automotor, adquirir nuevos productos tecnológicos, remodelar su hogar, en fin recurrir a otros bienes que le permitan reestablecer su faz extramatrimonial.».

8.2. Recurso por honorarios

Estimo que el recurso debe ser rechazado.

En efecto, es el art. 11 de la Ley 3641 el que determina las partes en que cabe diferenciar los distintos procesos a los efectos regulatorios y, ello es lo que debe aplicarse. Recuérdese que la ley citada ley es tarifada, o sea, se aplica independientemente, del mérito subjetivo que pueda atribuirse a los actos realizados.

Así nuestro Alto Tribunal ha resuelto: «.La ley arancelaria local prevé un procedimiento porcentual básico o general para regular la actuación profesional en el proceso principal y que consiste en una escala variable, aplicable sobre el monto de la demanda – art. 2 ley 3.641- . También prevé otras alternativas porcentuales, para la labor profesional desarrollada en el resto de las articulaciones procesales por cuya especificidad no resultan alcanzadas por el régimen general, como es el caso de las incidencias, recursos y otros casos especiales. En estas últimas, la regulación debe efectuarse necesariamente aplicando el porcentual contemplado en cada caso sobre la base de la escala del art.2 por expresa remisión de la norma aplicable en cada supuesto (arts. 7, 9, 14, 15, 16, 18). Por lo mismo y teniendo en cuenta la forma con que la ley contempla las diversas situaciones procesales posibles, ambos procedimientos resultan excluyentes; es decir, o se regula aplicando la escala del art. 2 -en forma total si la labor alcanzó todas las etapas cumplidas; arts. 11 y 12-, o se lo hace aplicando el porcentual de cada caso especial referido siempre a la misma escala (Expte.: 77315 – VIGNONI, DANIEL F. Y OTRO EN J: 18.505/93.159 ENTE DE FONDOS RESIDUALES DEL BANCO DE MENDOZA S.A. Y BANCO DE PREVISIóN SOCIAL S.A. CASA FERNANDEZ PRADA S.A. CAS, 28/07/2004, SCJMZA, LS339-093)

Por lo expuesto propongo a mi distinguida colega confirmar in totum la sentencia puesta en crisis.

ASI VOTO.

Sobre la misma cuestión la Dra. Carabajal Molina dice que adhiere al voto que antecede.

SOBRE LA SEGUNDA CUESTION LA DRA. GLADYS DELIA MARSALA, dijo:

Las costas de esta instancia se imponen al recurrente vencido por ser de ley (arts. 35 y 36 ap. I CPC).

A la apelación por honorarios, sin costas (art. 40 CPC).

ASI VOTO.

Sobre la misma cuestión la Dra. Carabajal Molina dice que adhiere al voto que antecede.

Con lo que se dio por finalizado el presente acuerdo, procediéndose a dictar la sentencia que se inserta a continuación:

S E N T E N C I A

Mendoza, 11 diciembre de 2014.

Y V I S T O S:

Por lo que resulta del acuerdo precedente, el Tribunal

R E S U E L V E:

1. Rechazar el recurso de apelación interpuesto a fs. 215 de los autos N° 50.705 por Fiscalía de Estado, contra la sentencia de fecha 5 de marzo de 2014, la que obra fs. 350/360 de estos autos y a fs. 192/201 de los autos 50.705, dictada por el Vigésimo Cuarto Juzgado Civil, Comercial y Minas de la primera Circunscripción Judicial, la que se confirma en todas sus partes.

2. Imponer las costas de la Alzada al recurrente vencido (arts. 35 y 36 ap. I CPC).

3. Regular los honorarios profesionales de la siguiente forma: Dra. Paula D’Alessandro en la suma de ($.) y Dr. Carlos Enrique Gatica en la suma de ($.) (arts. 4, 15 y 31 Ley 3641).

4. Omitir la regulación de honorarios de los profesionales de la apelan te por imperio de la Ley 5.394.

5. Rechazar el recurso de apelación interpuesto a fs. 377 de estos autos y fs. 220 de los autos 50.705.

6. A la apelación por honorarios, sin costas (art 40 CPC).

NOTIFIQUESE Y BAJEN.

GM/va

Dra. Gladys Delia MARSALA

Juez de Cámara

Dra. María Teresa CARABAJAL MOLINA

Conjuez de Cámara

  1. La verdad que no entiendo en mi casa hicieron un allanamiento y me.robaron y sellebaron cosas legales y en sima se lo yebaron preso a mi hermano le pegaron mal le fracturaron los dedos y lo querían obligar a firmar y que se aga cargo de algo que no ISO y hasta el día de hoy las cosa legal que sellebaron no nos dan y mi hermano sigue de tenido x nada

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