Procedencia de la aplicación de una multa por conducta temeraria y maliciosa a los abogados del demandado.

infraccioneslegales2Partes: R. P. S. A. c/ M. E. C. y otro s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: G

Fecha: 27-nov-2014

Cita: MJ-JU-M-90596-AR | MJJ90596 | MJJ90596

Procedencia de la aplicación de una multa por conducta temeraria y maliciosa a los abogados del demandado.

Sumario:

1.-En tanto el abogado demandado prolongó injustificadamente el proceso planteando excepciones que fueron rechazadas en ambas instancias e incluso en la Alzada siguió negando hechos que fueron ampliamente probados, corresponde imponerle una multa por inconducta procesal, pues su accionar temerario y malicioso fue contrario a los deberes de lealtad, probidad y buena fe.

2.-Imponer una sanción en los términos del art. 45 del Código Procesal no significa un menoscabo al principio de defensa en juicio, o a otros protegidos en la Constitución Nacional, sino que trata de reprimir los casos de inconducta procesal utilizando los poderes otorgados por el legislador, cuyo propósito es evitar el inútil uso de la actividad jurisdiccional en la que el primer agraviado es el juez, a quien se trata de desviar en su tarea destinada a pronunciar una sentencia justa, mediante el planteo de cuestiones infundadas.

3.-La calificación por el juez de la conducta temeraria o maliciosa debe realizarse con un criterio estricto a fin de no impedir el debido ejercicio de la garantía constitucional de defensa en juicio amparada por el art. 18 de la CN., pero el saltar esta garantía también tiene límites. Bajo la invocación constitucional no se puede utilizar el proceso como un medio consagratorio de la mala fe.

Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 27 días del mes de Noviembre de Dos Mil Catorce, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, para conocer en el recurso de apelación interpuesto en los autos caratulados: “R. P. SA C/ M. E. C. Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, respecto de la sentencia de fs. 150/154, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿ES JUSTA LA SENTENCIA APELADA?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: Señores Jueces de Cámara Doctores BEATRIZ AREÁN – CARLOS ALFREDO BELLUCCI- CARLOS CARRANZA CASARES –

A la cuestión planteada la Señora Juez de Cámara Doctora Areán dijo:

I. La sentencia de fs. 150/154 hizo lugar a la demanda condenando a ambos demandados a abonar a la parte actora la suma de $126.420, con más sus intereses y costas. Hizo lugar al pedido de sanciones realizado a fs. 114 y condenó a los accionados y a sus letrados apoderados a pagar a la accionante el importe de $12.642 en concepto de multa. Reguló los honorarios de los profesionales intervinientes.

Contra dicho pronunciamiento se alzaron los abogados de los codemandados a fs. 162 y 163 y estos últimos, a fs. 164, siendo concedidos los respectivos recursos a fs. 165.

Estos expusieron sus quejas a fs. 179/180, con adhesión a fs. 181, los que merecieron réplica a fs. 185/188. Se quejan que el Juez a-quo haya aplicado sanciones pues entienden que su conducta procesal no puede ser calificada de temeraria o maliciosa. Además, el Tribunal de Disciplinas del Colegio es el único órgano facultado a sancionar a los letrados.

II. Se origina esta antigua historia muy conocida del tribunal en un juicio de desalojo que tengo a la vista, con igual carátula a los presentes, en los que se persiguió el desahucio del inmueble de R.V.P. 450, 2º piso, Dpto.3 de esta Ciudad.

Planteada la excepción de falta de personería y la defensa de falta de legitimación, la primera fue desestimada como de previo y especial pronunciamiento y confirmada por este tribunal en diciembre de 2008.

A fs. 179/180 el juez accedió a la demanda y a fs. 202/203, con voto preopinante de quien aquí vuelve a ocupar la misma función, confirmó el pronunciamiento. Dije a fs. 203 que habiendo sido resuelta con anterioridad la falta de personería, no podía dejar de exteriorizar mi verdadero asombro “que un letrado pueda insistir al intentar agraviarse de la sentencia condenatoria reiterando una defensa que ya fue resuelta y…reiterando en esta oportunidad procesal que la excepción “debe prosperar como “excepción de previo y especial pronunciamiento”. Con respecto a los dos párrafos siguientes me remito a la sentencia por su elocuencia y que lamentablemente el consejo que encerraban fue desoído.

En noviembre de 2011 se promueven los presentes autos que persiguen el cobro de daños y perjuicios derivados de la ocupación indebida.

A pesar que no era de suponer tanto descaro, al contestar la demanda C. E. M., representado por N. M. M.volvió a oponer la excepción de falta de personaría fundada en iguales argumentos que los anteriormente esgrimidos.

Análogos son los términos del responde de R. C.SRL, representada por N. M. M.

A fs. 94 el juez de grado rechazó ambas excepciones y junto con la apelación cursa la parte actora el pedido de aplicación de sanciones en los términos del art. 45 del Código Procesal.

A fs.111 este tribunal confirmó el decisorio de la instancia anterior.

Dictada la sentencia definitiva, los únicos apelantes son los letrados sancionados, argumentando, entre otros absurdos, el de la limitación de defensas en el desalojo anterior, sin considerar que tramitó por medio del proceso ordinario y sin límite en la prueba por fundarse en la causal de intrusión,

Aluden a una nueva integración de la sala lo que absolutamente falso por cuanto no ha habido ninguna alteración.

Hablan en un alarde de desfachatez de buena fe, de ausencia de temeridad y malicia y de propósitos obstruccionistas.

El art. 45 del Código Procesal sanciona la conducta temeraria y maliciosa de los litigantes y letrados.

Ante todo cabe destacar que la conducta temeraria se configura cuando se litiga convencido de la falta de razón y sabiendo que no se cuenta con protección legal, y es maliciosa cuando se utiliza al proceso en contra de sus fines, obstaculizando su curso (Conf. Fenochietto-Arazi, Código Procesal…, Tomo 1, págs. 188 y sigs.).

La malicia es la inconducta procesal que se manifiesta en la formulación de peticiones destinadas exclusivamente a obstruir el normal desenvolvimiento del proceso o a retardar su decisión (Conf. Palacio, Lino, “Derecho Procesal Civil”, Tomo III, pág. 52).

Normalmente esos propósitos obstrucionistas se traducen en la utilización arbitraria de los actos procesales en su conjunto y el empleo de las facultades que la ley otorga a las partes, en contraposición con los fines del proceso, y en violación de los deberes de lealtad, probidad y buena fe, con la mira de dilatar indebidamente el cumplimiento de las obligaciones y deberes cuya existencia reconoce la sentencia (Conf. Fassi-Yañez, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado”, Tomo 1, pág. 323).

La norma del art. 45 del Cód. Procesal se funda en el propósito de adecuar el proceso a la naturaleza de sus fines, evitando dilaciones arbitrarias o artificiales.Se refiere a la inconducta procesal genérica absurda a través de la sustanciación del litigio e impone una multa que obedece exclusivamente a la actitud temeraria o maliciosa asumida por el vencido. Se configura temeridad cuando se tiene o debió tener conocimiento de la carencia de motivos para accionar, no obstante lo cual entabló demanda; mientras que habrá malicia cuando existe utilización arbitraria de los actos procesales en su conjunto y el empleo de las facultades que la ley otorga a las partes en contraposición con los fines del proceso, obstruyendo su curso y en violación de los deberes de lealtad, probidad y buena fe con el objeto de dilatar indebidamente el cumplimiento de obligaciones y deberes cuya existencia reconoce la sentencia (Conf. esta Sala, 15/02/1984, LL, 1984-C, 626, (36.671-S).

Si el abogado demandado prolongó injustificadamente el proceso e, incluso en segunda instancia, siguió negando hechos que fueron ampliamente probados, corresponde imponerle una multa por inconducta procesal, pues su accionar temerario y malicioso fue contrario a los deberes de lealtad, probidad y buena fe (Conf. CNCivil, Sala L, 05/04/2013 RCyS 2013-VIII , 152).

Esta sala también ha expresado que si bien es cierto que debe obrarse con suma prudencia en la valoración de las conductas para considerarlas temerarias y maliciosas con la consiguiente aplicación de sanciones, de modo de castigar solamente aquellos casos en que traspasan los límites dentro de los cuales deben actuar los litigantes y profesionales, con el adecuado respeto a los deberes de lealtad, probidad y buena fe, existen aquéllos en que esos límites han sido sobrepasados. Además, imponer una sanción en los términos del art.45 del Código Procesal no significa un menoscabo al principio de defensa en juicio, o a otros protegidos por la Constitución, sino que trata de reprimir los casos de inconducta procesal utilizando los poderes otorgados por el legislador, cuyo propósito es evitar el inútil uso de la actividad jurisdiccional en la que el primer agraviado es el juez, a quien se trata de desviar en su tarea destinada a pronunciar una sentencia justa, mediante el planteamiento de cuestiones infundadas (cf. C.N.Civ., esta sala, L. 498.174, del 11/4/08 y sus citas; íd., R. 552.867, del 21/4/10).

Ha dicho el Dr. Greco que: “La doctrina, en especial la italiana, ha estudiado el concepto de “temeridad” con referencia a la posibilidad, prevista en el derecho de ese país, de imponer-además de las costas-una condena a daños por vencimiento agravado o calificado. Uno de sus prestigios autores desdobla la noción en dos subespecies: dolo, cuando existe conciencia de la “injuria” o intención de infligir una sinrazón (“torto”), y culpa, cuando concurre insuficiente ponderación de las razones que apoyen la pretensión o la discusión. Aclara, además, que no toda culpa implica temeridad, la que no es mera imprudencia sino imprudencia exagerada, para cuya configuración se exige que la falta de fundamento aparezca en una indagación elemental; la aproximación de ambas subespecies conduce a una nueva aplicación del aforismo “culpa lata dolo a equiparatur” (Francesco Cannelutti, “Sistema de Derecho Procesal Civil”, traducción de Niceto Alcalá-Zamora y Castillo y Santiago Sentís Melendo, t. II, N° 175, ps. 128/130, Ed. U.T.E.H.A., Buenos Aires, 1944). En parecida orientación se reputa temerario al litigante “inconsiderado, imprudente, arrojado a los peligros sin meditar sus consecuencias, carente de fundamento, razón o motivo” (Eduardo J. Couture, “Vocabulario Jurídico”, p. 568, Montevideo, 1980; íd. “Condena en costas al vencedor”, publicado en el t. 3 de sus “Estudios”, ps. 340/341). El art. 45 del Cód.Procesal, en consonancia con la facultad judicial de declarar en la sentencia la temeridad o malicia en que hubieran incurrido los litigantes o profesionales intervinientes (su art. 34, inc. 6°), permite la aplicación de multa a favor de la otra parte en ambas situaciones; malicia-intención de dañar, que en materia de responsabilidad extracontractual caracteriza al dolo delictual, art. 1072 del Cód. Civil-o temeridad, que en el ámbito del proceso connota una culpa agravada que se aproxima al dolo aunque no evidencie la mencionada intención de dañar. Se ha propuesto una comprensión amplia de estos presupuestos, sin ceñirse a esquemas rígidos, para dejar librada a la prudente estimación judicial la apreciación de cuándo la parte merece la calificación de “improbus litigator” (Augusto Mario Morello, “La litis temeraria y la conducta maliciosa en el nuevo Código Proce sal Civil de la Nación”, JA, 1967-VI, sec. doc., ps. 901/914) (Conf. esta Sala, 12/03/1993, LL, 1993-E, 530)”.

La profundidad y claridad de las ideas expuestas torna innecesaria cualquier otra apreciación sobre el tema.

Es cierto que debe obrarse con suma prudencia en la valoración de las conductas para considerarlas temerarias y maliciosas con la consiguiente aplicación de sanciones, de modo de castigar solamente aquellos casos en que se traspasan los límites dentro de los cuales deben actuar los litigantes y profesionales, con el adecuado respeto a los deberes de lealtad, probidad y buena fe (Conf. CNCiv., Sala G, 27/12/1996, LL, 1997-B, 796, (39.351-S).

La calificación por el juez de la conducta temeraria o maliciosa debe realizarse con un criterio estricto a fin de no impedir el debido ejercicio de la garantía constitucional de defensa en juicio amparada por el art.18 de la Constitución Nacional, pero el saltar esta garantía también tiene límites.

Bajo la invocación constitucional no se puede utilizar el proceso como un medio consagratorio de la mala fe.

Por todo ello, propongo confirmar la sentencia apelada en todas sus partes, con costas a los vencidos (art. 68 del Código Procesal).

Los Señores Jueces de Cámara Doctores Bellucci y Carranza Casares votaron en igual sentido por análogas razones a las expresadas en su voto por la Dra. Areán. Con lo que terminó el acto.

Buenos Aires, 27 de Noviembre de 2014.-

Y VISTOS:

Por lo que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede, se resuelve: Confirmar la sentencia apelada en todas sus partes, con costas a los vencidos. II.- En atención a la calidad y mérito de la labor profesional desarrollada por ante este Tribunal y considerando el interés económico comprometido y conforme lo disponen los arts. 6, 7, 9, 14 y conc. de la ley 21.839 y la ley 24.432, se fija la remuneración de los letrados apoderados de la actora en ($.), los que deberán ser abonados en el plazo de diez días corridos. Regístrese, notifíquese por Secretaría al domicilio electrónico denunciado, conforme lo dispone la Ley 26.685 y acordadas 31/11 y 38/13 de la CSJN, oportunamente cúmplase con la acordada 24/13 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

BEATRIZ AREÁN CARLOS

ALFREDO BELLUCCI

CARLOS CARRANZA CASARES

Por ante mi:

  1. Floreal Néstor López Delgado 27 febrero 2015 de 4:36 PM

    La sentencia es correcta, reiterar el mismo planteo rechazado previamente por el mismo juez y sala de la cámara que iba a entender es “demasiado”.
    Debería aplicarse con mayor extensión pero, el derecho de defensa es muy importante y todo derecho que se otorga tiene implícita la posibilidad del abuso..

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