Aplicación del plazo bienal a la acción de daños deducida a raíz de las lesiones sufridas por el hijo del actor durante un partido de fútbol en el colegio.

shutterstock_210359746Partes: Vargas Luis Nicolas c/ Dirección General de Escuelas s/ daños y perjuicios recurso ext. de casación

Tribunal: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza

Sala/Juzgado: Primera

Fecha: 13-nov-2014

Cita: MJ-JU-M-89843-AR | MJJ89843 | MJJ89843

Aplicación del plazo bienal de prescripción a la acción de daños y perjuicios deducida a raíz de las lesiones sufridas por el hijo del actor durante un partido de fútbol en el colegio.

Sumario:

1.-A la responsabilidad de los titulares del centro educativo por el daño sufrido por el educando menor le serán aplicables los efectos y consecuencias que el CCiv. reserva a la responsabilidad por hechos ilícitos, especialmente la prescripción bienal, pues al objetivarse legalmente el factor de atribución para ambos supuestos de responsabilidad civil, el contractual y el extracontractual, ya no resulta necesario desbrozar su naturaleza para de ella derivar las eximentes.

2.-La idea objetiva de falta de servicio se configura por el inadecuado o irregular ejercicio del deber de custodia y seguridad por parte del establecimiento educativo, al omitir o descuidar las medidas necesarias de vigilancia a que estaba obligado como modo de contribuir a la eficaz prestación del servicio de la educación; en consecuencia, tratándose de perjuicios que provienen de la actividad desarrollada por el Estado para el desenvolvimiento de sus fines, la cuestión entra en el terreno de la responsabilidad extracontractual y el deber de reparación se asienta sobre el art. 1112 del CCiv., por lo que resulta indudable la aplicación del art. 4037 del mismo Código que dispone un plazo de prescripción de dos años.

3.-La prestación cumplimentada en la escuela pública de impartir educación es consecuencia de la asunción por parte del Estado de una función que le es propia, lo que presupone la obligación de prestar un servicio de modo regular y, por ende, es responsable de los perjuicios que causaren su incumplimiento o su ejecución irregular.

Fallo:

En Mendoza, a trece días del mes de noviembre del año dos mil catorce, reunida la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, tomó en consideración para dictar sentencia definitiva la causa n° 13-02123237-2 (012174-11075701), caratulada: “VARGAS LUIS NICOLAS EN J° 191066/34779 VARGAS LUIS NICOLAS C/ DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS P/ D.Y P. P/ RECURSO EXT.DE CASACIÓN”-

De conformidad con lo decretado a fojas 63 quedó establecido el siguiente orden de estudio en la causa para el tratamiento de las cuestiones por parte de los Señores Ministros del Tribunal: primero: DR. ALEJANDRO PEREZ HUALDE; segundo: DR. JORGE NANCLARES; tercero: DR. OMAR PALERMO.

ANTECEDENTES:

A fojas 23/28, el Dr. RUBÉN R. ROSAS en representación del recurrente Sr. LUIS NICOLAS VARGAS interpone recurso extraordinario de Casación contra la resolución dictada por la 3° CC a fojas 254/261 de los autos n° 191066/34.779, caratulados: “VARGAS, LUIS NICOLÁS C/ DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS P/ D Y P “.-

A fojas 39 se admite formalmente el recurso deducido, se ordena correr traslado a la parte contraria, a fojas 44/48 contesta la Dirección General de Escuelas solicitando su rechazo, igual posición asume Fiscalía de Estado a fs. 51/53.

A fojas 58/59 se registra el dictamen del Sr. Procurador General del Tribunal, quien aconseja el rechazo del recurso deducido .

A fojas 62 se llama al acuerdo para dictar sentencia y a fojas 63 se deja constancia del orden de estudio efectuado en la causa para el tratamiento de las cuestiones por parte de los Señores Ministros del Tribunal.

De conformidad con lo establecido en el art. 160 de la Constitución de la Provincia, se plantean las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTION:¿Es procedente el recurso de Casación interpuesto?

SEGUNDA CUESTION: En su caso, ¿qué solución corresponde?

TERCERA CUESTION: Costas.

A LA PRIMERA CUESTION EL DR. ALEJANDRO PEREZ HUALDE, DIJO:

I. LOS HECHOS RELEVANTES PARA LA RESOLUCIÓN DE LA CAUSA.

1. A fs. 5/13 el 15/10/08 el Dr.Rubén Raúl Rosas en representación del Sr. Luis Nicolas Vargas inicia demanda por daños y perjuicios contra la Direccion General de Escuelas por la suma de $ 85.400 o lo que en más o en menos resulte de la prueba a rendirse con más los intereses legales; plantea la inconstitucionalidad de la Ley 7198. Relata que el día 5/5/1999 el Sr. Vargas sufrió un accidente dentro de la Escuela Provincial N° 4066 Madre Teresa de Calcuta, sita en el Departamento de Guaymallén. Señala que en la clase de educación física, cuando se desarrollaba un encuentro de fútbol entre alumnos de 3° y 5° año, se produjo un choque con un compañero, Lucas Becerra, golpeándose su pierna izquierda; destaca que el partido era dirigido por el Profesor Ricardo Pereyra; que a consecuencia de la lesión fueron trasladados al Hospital Central; que se realizaron placas radiográficas que revelaron una fractura de tibia en su pierna izquierda por el que se le colocó yeso. Que fue sometido a una cirugía compleja, se le colocó un clavo que permanece en su pierna a la fecha de la demanda. Invoca el art. 1117 del CC, responsabilidad objetiva, incumplimiento de una obligación de seguridad asumida por el establecimiento educacional y, responsabilidad subjetiva por negligencia de las autoridades educativas. Indica que a la fecha del hecho contaba con 17 años y padece una incapacidad del 40 %. Reclama: Incapacidad permanente $ 55.000; Gastos médicos-farmacéuticos $ 250; Gastos de transporte $ 150 ; Daño moral $ 30.000.

2. A fs. 31/35 contesta la Dirección General de Escuelas, opone la excepción de prescripción bianual, arts. 4037 y 1117 del CC; aduce que han transcurrido más de 9 años desde el hecho y recién en octubre del 2008 se dicta el decreto de traslado de la demanda ; efectúa una negativa en general y particular y rechaza los rubros reclamados . A fs. 39/40 a FISCALIA DE ESTADO solicita el rechazo de la demanda.

3. A fs.42/44 la actora contesta la excepción de prescripción, sostiene el plazo decenal.

4. A fs. 194/196 la Sra. Jueza del 2° Tribunal de Gestión Asociada hizo lugar a la excepción de prescripción interpuesta y en consecuencia rechazó la acción. Razonó la sentenciante que el art. 1117 del CC presume objetivamente la responsabilidad de los propietarios de los establecimientos educativos . Que en cuanto a la prescripción no existen posiciones unánimes. Que el articulo reformado se encuentra en el título correspondiente a las obligaciones que nacen de los ilícitos por lo que correspondería el plazo bianual. Que la Dra. Kemelmajer apenas surgida la reforma sostuvo que el plazo de prescripción es único, el del art. 4037 del CC (LL T. 1998-B pág. 1056). Que se considera aplicable el plazo previsto por la LDC siguiendo el criterio sustentado por la Corte Provincial en un caso análogo referido a hospitales públicos, por tratarse de un servicio escolar ( N°99597- Balderrama en j., LS 423-210). Siguiendo el temperamento, si el hecho ocurrió el 5/5/99 a la fecha de interposición de la demanda, el 15/10/08, el plazo trienal se había cumplido.

5. A fs. 205 apela el actor.

6. A fs. 254/261 la 3° CC rechaza el recurso de apelación y confirma la decisión de primera instancia. Los argumentos del tribunal pueden sintetizarse del siguiente modo:

? Resulta aplicable el art. 1117 del CC (reformado por Ley 24830) que consagra una responsabilidad objetiva que debe asumir el propietario del establecimiento que según la doctrina gira bajo dos órbitas una contractual y otra extracontractual; la primera aplicable a los casos en que los daños los hayan sufrido los alumnos y, la segunda al caso en que el daño lo haya causado el alumno a otra persona (tercero ajeno o no al establecimiento educativo del cual forma parte) (cf. Kemelmajer de Carlucci, “La responsabilidad civil de los establecimientos educativos en Argentina después de la reforma de 1997, LL , 1998, t. B pag.1048 y ss).

– Es pacífica la jurisprudencia que aplica la responsabilidad contractual cuando el propietario es un ente estatal.

– La norma consagra el carácter objetivo de la responsabilidad endilgada al ente, sea este estatal o privado, gratuito u oneroso.

– Existe una presunción iuris tantum en contra de la Dirección General de Escuelas de responder por los daños sufridos por los menores, fundado en el deber de garantizarle al educando que mientras reciba la enseñanza por ella impartida no se le causará daño, haciéndose responsable en caso contrario.

– El tema a resolver es el plazo de prescripción aplicable a la acción intentada.

– La doctrina entendió que el art. 1117 del CC regula un solo y único plazo de prescripción: por la ubicación metodológica del artículo en cuestión que se encuentra entre las disposiciones relativas a “las obligaciones que nacen de los hechos ilícitos que no son delitos”; que debe tenerse en cuenta que la figura es introducida a un código dualista; que el plazo debería ser de dos años por cuanto la télesis de la norma es unificar; que se prevee un seguro obligatorio, para un plazo tan amplio de prescripción no habría compañía aseguradora que tome un riesgo de ese tipo (Kemelmajer de Carlucci, ob. Cit).

– Se coincide con la apreciación doctrinaria; la norma contiene un claro mensaje unificador al determinar el régimen por los daños sufridos o causados por los alumnos; el hecho que uno u otro supuesto tenga origen “contractual o extracontractual” no significa dotar de regímenes distintos.

– La ley no hace distingos, responsabiliza al propietario en idéntico sentido.

– La ubicación metodológica de la norma denota el claro interés de unificar el régimen de responsabilidad para ambos supuestos.- La imposición de un seguro obligatorio de responsabilidad civil sujeto a un plazo de responsabilidad decenal contraría toda hipótesis de riesgo asegurable.

– El régimen de responsabilidad es único por más que se asiente sobre base contractual o extracontractual, el plazo de prescripción es único para ambos supuestos.

– La cita efectuada por la jueza de primera instancia al caso de la Corte mendocina, referida a los hospitales públicos (autos N° 99597), es para calificar la referencia a la misma persona jurídica, el Estado, como proveedora de servicios públicos esenciales (salud, educación), motivo por el que resulta aplicable la norma consumerista (art. 40 y 50 de la Ley 24.240).

– No es irrazonable la adhesión al precedente de la Corte provincial toda vez que ello significa delimitar el ámbito de aplicación sobre el que se desenvuelve la actuación del Estado como prestador del servicio público.

? No resulta de aplicación al caso la reforma introducida por la Ley 26361 al art. 50 LDC. La ley añadió que “cuando por otras leyes generales o especiales se fijen plazos de prescripción distintos del establecido precedentemente, se estará al más favorable al consumidor o usuario”. Esa ley entró en vigencia en abril del 2008 cuando la acción ya se encontraba prescripta; el hecho dañoso había sucedido el 5/5/99 y la acción se inició el 15/10/2008. Por consiguiente no correspondía aplicar el art. 50 en su actual redacción sino en la original, esto es, sin la posibilidad de recurrir a otra ley que estableciera otro plazo de prescripción.

? Se considera que debe aplicarse un régimen único en materia de responsabilidad y prescripción, debiendo optase por el previsto en el art. 4037 del CC.

? Que la SCJ de la Provincia de Buenos Aires entendió que debía aplicarse el plazo del art. 4037 del CC. por los daños sufridos por una alumna por violación del deber de seguridad, que se trata de actividad desarrollada por el Estado, responsabilidad extracontractual que se asienta en el art.1112 del CC (MBS c/ Provincia de Buenos Aires s/ d y p. 26/9/2007); del mismo tribunal “Werjoglad Juan Pablo c/ Dirección General de Cultura de la Provincia de Buenos Aires p/ daño y perjuicios” 2/3/11.

– En esos precedentes al igual que en el de la Corte mendocina el denominador común está dado por la falta de servic io imputada al Estado, que permite la aplicación del art. 40 de la LDC.

– Por ende, ya sea por la falta de servicio porque la responsabilidad es de derecho público de naturaleza extracontractual o, por la necesidad de establecer un régimen unificado de responsabilidad, se establece un plazo de prescripción bianual (art. 4037 CC), o por la naturaleza consumerista asignada al consumidor del servicio público de educación aplicable el plazo trienal del art. 50 LDC , se entiende que la acción al momento de su interposición estaba prescripta.

– La acción fue ejercida en la mayoría de edad del actor por lo que no puede invocarse el interés superior del niño.

Contra esta resolución el actor interpone el recurso de Casación.

II. RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN.

Alega el recurrente:

– Errónea interpretación y aplicación subsumible en ambos incisos del art. 159 del CPC.; errónea aplicación del art. 1117 del CC y no aplicación del art. 4023 del CC.

– Que si la causación del daño es a otros corresponde la aplicación de la normativa extracontractual y si es el alumno el que sufre el daño se resuelve por la normativa contractual.

– La interpretación judicial agregó pretorianamente algo distinto a lo que la norma ha instaurado y que aún no ha sido reformado; se inicia un derrotero equivocado con la adhesión a la interpretación doctrinaria de la Dra. Kemelmajer de Carlucci.; mientras la norma esté vigente no se puede pretender darle un sentido inívoco.

– La norma distingue lo contractual de lo extracontractual otorgando 10 y 2 años de prescripción.- La prescripción no se presume; la ubicación de la norma constituye una simple cuestión de técnica legislativa; ante la duda debe pronunciarse la subsistencia del derecho.

– El seguro obligatorio exigido por la ley no puede cambiar el plazo de prescripción decenal.

– El razonamiento carece de cimientos jurídicos. Es inaplicable a la causa el art. 50 de la LDC.

III. SOLUCIÓN DEL CASO:

En el caso corresponde resolver si es normativamente correcta la decisión del tribunal que declaró prescripta la acción iniciada el 15/10/2008 contra la Direccion General de Escuelas por los daños padecidos por un alumno el 5/5/99 en un establecimiento escolar mientras se desarrollaba un partido de fútbol dirigido por el Profesor de Educación Física de la institución.

En las instancias de grado se arribó a tal solución por aplicación del plazo bianual (art. 4037 CC) en tanto el art. 1117 del CC establece un régimen único de responsabilidad con un solo plazo de prescripción y, en su caso se merituó que el resultado no hubiese variado por aplicación del plazo trienal establecido en el art. 50 de la LDC por tratarse el Estado de un proveedor de un servicio público esencial cual es la educación. Contrariamente, el recurrente sostiene la aplicación del plazo decenal (art. 4023 CC) por tratarse de una responsabilidad de carácter contractual.

La cuestión a resolver estriba en determinar cuál es el plazo de prescripción aplicable al supuesto en trato en función del régimen de responsabilidad objetivo previsto en el art. 1117 del CC. En otros términos cuál es la hermenéutica a seguir en el actual contexto legal : el plazo de prescripción de 2 años previsto para las acciones extracontractuales de daños o el de 10 años previsto para los daños de naturaleza contractual o el de 3 años regulado por la LDC .

Recordemos primeramente que el nuevo artículo 1117 Cód. Civil (t.o. Ley 24.830- BO 7/7/97) dispone:”Los propietarios de establecimientos educativos privados o estatales serán responsables por los daños causados o sufridos por sus alumnos menores cuando se hallen bajo el control de la autoridad educativa, salvo que probaren el caso fortuito. Los establecimientos educativos deberán contratar un seguro de responsabilidad civil. A tales efectos, las autoridades jurisdiccionales dispondrán las medidas para el cumplimiento de la obligación pertinente. La presente norma no se aplicará a los establecimientos de nivel terciario o universitario”.

Destacada doctrina afirma que la expresión “daños causados o sufridos por sus alumnos menores” no es la más feliz, a través de ella se regla conjuntamente la responsabilidad contractual y extracontractual, asignando idéntico régimen a los daños que el alumno causare a un tercero (responsabilidad por el hecho de otro) que a los sufridos por el propio alumno (responsabilidad contractual). Que indudablemente es un régimen que unifica el tratamiento de la responsabilidad , se adoptó una decisión macro de unificar la responsabilidad contractual y extracontractual. Que insertar una norma híbrida como el art. 1117 del CC dentro de un Capítulo referido a la responsabilidad extracontractual no parece lo más conveniente, resultando criticable desde el punto de vista de la coherencia metodológica. Que este defecto de técnica legislativa no genera interrogantes abstractos sino dificultades concretas con consecuencias disímiles según sea la respuesta. Cabe preguntarse ¿cuál es el plazo de prescripción de cada una de estas acciones? ¿ambas prescriben en igual plazo? ¿cuál es dicho plazo dos o diez años? (Conf. FELIX A TRIGO REPRESAS – MARCELO J. LOPEZ MESA, T. III, pag. 262/263, Ed LL Bs. As , marzo 2004).

En respuesta al interrogante expresa el citado autor:”Por nuestra parte consideramos que cada una de las acciones conserva el plazo de prescripción que resulta aplicable a su esencia jurídica, por lo que tal plazo en las acciones de los padres contra el titular del establecimiento por la muerte o lesiones sufridas por un hijo suyo será el señalado por el art 4023 CC, mientras que a los reclamos de los terceros, que actúen al margen de cualquier relación convencional previa, se aplicará el plazo de 2 años que indica el art. 4037 del CC”. ( ob. Cit. TRIGO REPRESAS- LOPEZ MESA Pág. 264).

También se pronuncia el autor sobre la inconveniencia de la inserción de la norma en un sistema dualista e incluso llega a considerar que de “legeferenda” se sostiene la conveniencia de la unificación de los regímenes contractual y extracontractual. ( ob. Cit pág. 263).

Sagarna, en crítica a la norma, imputa falta de técnica legislativa, considera que confunde el panorama de la responsabilidad civil y enturbia el título que comprende a las obligaciones que nacen de los hechos ilícitos que no son delitos (Sagarna, F. Nuevo régimen de la responsabilidad civil de los propietarios de establecimientos educativos, en JA, 1997-III-937).

Dijo el autor: “la Ley 24.830, de forma incorrecta al no prestar la debida atención al art. 1107 del Código Civil, introdujo la responsabilidad de los propietarios de establecimientos escolares en el título dedicado a las normas aplicables a hipótesis aquilianas. Pero ante este criterio del legislador de 1997, ¿el Estado responde contractual o extracontractualmente? Es indudable que a partir de la vigencia de la ley 24.830 la obligación de seguridad del colegio —público o privado— es ex lege, eso es que ese deber de garantía nace de la ley y no del vínculo jurídico contractual, como sí lo era con el régimen anterior a la misma.Con el actual régimen, el Estado es responsable tanto por los daños sufridos como por los causados por alumnos menores en virtud de una norma expresa y a nuestro criterio lo sigue haciendo en forma aquiliana”. ( Sagarna, F., “Daños causados entre alumnos. Responsabilidad del Estado por sus escuelas. La temática antes y después de la Ley 24.830 y en el Proyecto de Código Civil de 1998”, RCyS 1999-365).

Daniel Pizarro, sostiene que una consecuencia tan severa como es limitar el plazo de prescripción de la responsabilidad contractual a 2 años no puede surgir de una inferencia sino emanar de una norma expresa e, indica que cuando la relación extracontractual de consumo sea emplazable en el ámbito del derecho del consumidor (arg. art. 1 y 2 d els ley 24240), el plazo de prescripción es el de 3 años que fija dicha ley en su art. 50 (Conf. Pizarro, Ramon Daniel, “Responsabilidad del Estado y del funcionario público”, pág. 102/103, de. Astrea, 2013).

No obstante, a continuación el citado autor advierte acerca de la falta de claridad normativa que: “A la luz de este panorama, en el que la predictibilidad del sistema en una cuestión de tanta importancia, como lo es la prescripción extintiva, resulta indispensable que en una futura reforma legislativa el legislador resuelva este punto con mayor precisión” (Pizarro, Ramon Daniel, “Responsabilidad del Estado y del funcionario público”, pág. 103, de. Astrea, 2013).

A su vez, desde la perspectiva de la Ley de Defensa del Consumidor, el art. 50 determina para las acciones emergentes de dicha ley para el consumidor o usuario un único plazo de prescripción que fija en 3 años. La doctrina entiende que el artículo es terminante y no formula distingos, ni siquiera para diferenciar los supuestos de obligaciones de naturaleza contractual de las que nacen de la responsabilidad aquiliana.Que puede ocurrir que el consumidor vea reducido el plazo de prescripción a 3 años para demandar a un proveedor en virtud de un vínculo jurídico cuya prescripción está sujeta al plazo de 10 años del art. 4023 del CC. Que salvo este supuesto -advierte el autor- que puede dar lugar a serias controversias en razón de lo dispuesto por el último párrafo del art. 3, en general este plazo de 3 años favorecerá a los usuarios en la mayoría de los contratos celebrados habitualmente para consumo o uso particular al otorgarle mayor tiempo del que disponían hasta ahora para promover la acción. ( Conf. FARINA, Juan M “Defensa del consumidor y del usuario” , pág. 542/4, de. Astrea , Bs. As. , 2011).

Conforme lo expuesto se advierte la falta de armonía normativa, la evolución social y, la adopción de nuevos paradigmas que confluyen en la falta de seguridad del sistema , resultando indispensable una prolija labor legislativa que supere las falencias legales.

La Dra. Kemelmajer de Carlucci, en doctrina a la que adhiero ha considerado para el supuesto en trato la existencia de un único plazo de prescripción que es el de dos años previsto en el art. 4037 del CC.Que el art. 1117, que regula ambos supuestos (daños causados por los alumnos a terceros y daños sufridos por los alumnos), está ubicado entre las disposiciones relativas a “las obligaciones que nacen de los hechos ilícitos que no son delitos”; que también en este título existen -mal ubicados- casos de responsabilidad contractual (arts. 1118/1121), motivo por el sostiene la autora la conveniencia de no sumar a un error, otro error. Que la nueva figura de neto corte unificador fue introducida en un código dualuista y, el silencio legislativo frente al plazo de prescripción pudo obedecer a dos causas: una mera inadvertencia, o la creencia de que estaba regulando un supuesto de responsabilidad extracontractual. (Conf.Kemelmajer de Carlucci, Aída, “La responsabilidad civil de los establecimientos educativos en Argentina después de la reforma de 1997” , Publicado en: LA LEY 1998-B, 1047 • Responsabilidad Civil Doctrinas Esenciales Tomo IV , 113).

Explica la prestigiosa autora los motivos por los que sostiene la existencia de un plazo único de 2 años: a) La télesis objetiva de la norma es unificar; el propósito surge claro del apartamiento deliberado, en esta materia, de los precedentes nacionales y extranjeros que mantenían la dualidad. La interpretación debe ser consecuente con el nuevo espíritu, no con el viejo; b) ¿Cómo explicar al hombre común, más allá de la ortodoxia del dualismo, que los daños regulados en una única norma tienen plazos de prescripción diferentes?; c) El art. 1117 prevé, un seguro obligatorio, afirmar el plazo de diez años de prescripción implica, de hecho, hacer inaplicable la norma, pues no habrá compañía aseguradora que tome un riesgo de este tipo, desde que los casos más frecuentes no son los daños que los alumnos causan a terceros sino los que ellos mismos sufren; d) El intérprete no puede, de buena fe, pensar que el legislador ha previsto una solución tan transformadora de la realidad con puro ánimo gatopardista, en fraude a la sociedad para la cual legisla; e) Finalmente, mal o bien, el art. 1117, norma única, se ubica entre las normas relativas a las obligaciones que nacen de los hechos ilícitos que no son delitos. ( conf. Ob cit.).

En coincidencia Bueres-Higton se sostienen: “.con la modificación legislativa operada el carácter del deber de seguridad ha perdido relevancia. Ello es así porque, al objetivarse legalmente el factor de atribución para ambos supuestos de responsabilidad civil, el contractual y el extracontractual, ya no resulta necesario desbrozar su naturaleza para de ella derivar las eximentes.Coincidimos con Kemelmajer de Carlucci en que, dada la asimilación efectuada , a la responsabilidad de los titulares del centro educativo por el daño sufrido por el educando menor le serán aplicables los efectos y consecuencias que nuestro Código Civil reserva a la responsabilidad por hechos ilícitos , especialmente la prescripción bienal ” ( ALBERTO J BUERES-ELENA I HIGHTON , en “Código civil y normas complementarias”, T 3 B, pág 26, art. 1117, Hammurabi, año 2000).

En consonancia y en igualdad de resultado, el Nuevo Código Civil , cuya vigencia se estableció a partir del 1/1/2016 , regula la responsabilidad de los establecimientos educativos en el art. 1767 y, acerca de los plazos de prescripción establece en el último párrafo del art. 2561-plazos especiales – el siguiente texto: ” El reclamo de la indemnización de daños derivados de la responsabilidad civil prescribe a los TRES (3) años” .

En fecha reciente el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos , Sala II, en los autos “Miño, Pablo David c/ Superior Gobierno de la provincia de Entre Ríos s/ Sumario”, 30 de abril de 2014, resuelve el tema de la prescripción de la acción para reclamar los daños producidos a un alumno por otro dentro de un establecimiento educacional público, sin tener la custodia de docente a cargo o del preceptor. Para la resolución del caso el tribunal tuvo especialmente en cuenta la naturaleza jurídica de la relación existente entre el Estado prestador del servicio educacional y el alumno víctima. Y a partir de ello, definió cual era el plazo de prescripción aplicable al reclamo deducido. Entendió que la naturaleza jurídica del vínculo que relaciona al alumno con el establecimiento público estatal es de carácter extracontractual.Sostuvo :”En efecto, la prestación cumplimentada en la escuela pública de impartir educación es consecuencia de la asunción por parte del Estado de una función que le es propia, lo que presupone la obligación de prestar un servicio de modo regular y, por ende, es responsable de los perjuicios que causaren su incumplimiento o su ejecución irregular. “En el caso, la idea objetiva de falta de servicio, se configura por el inadecuado o irregular ejercicio del deber de custodia y seguridad por parte del establecimiento, al omitir o descuidar las medidas necesarias de vigilancia a que estaba obligado como modo de contribuir a la eficaz prestación del servicio de la educación. “En consecuencia, tratándose de perjuicios que provienen de la actividad desarrollada por el Estado para el desenvolvimiento de sus fines, la cuestión entra en el terreno de la responsabilidad extracontractual y el deber de reparación se asienta sobre el art. 1112 del Código Civil, por lo que resulta indudable la aplicación del art. 4037 del mismo Código que dispone un plazo de prescripción de dos años”.

Con igual criterio otros tribunales resolvieron: “El Estado debe a los particulares o administrados funciones esenciales: salud, justicia, educación y seguridad. Estas funciones constitucionales generan una relación muy especial que en manera alguna es de derecho privado y menos aún contractual. Por lo tanto, la relación del estado, a través de los establecimientos educativos, con el alumno, es de derecho constitucional-administrativo, y la responsabilidad es extracontractual. La relación del Estado a través de los establecimientos educativos con los alumnos se desenvuelve en el ámbito del derecho público, derecho constitucional y/o administrativo (art. 75 incs. 19 y 23 Constitución Nacional), y consecuentemente la responsabilidad se encuadra en el régimen extracontractual, correspondiendo, por ende, aplicar en materia prescriptiva el plazo establecido en el art. 4037 del Código sustantivo.” ( CC0101 MP 103900 RSD-403-6 S 05/09/2006 Juez CAZEAUX (MI) ; Carátula:Cabrera, Yolanda Herminda c/Chiodi, Ricardo Miguel s/Daños y Perjuicios ; Magistrados Votantes: Font-Cazeaux-Azpelicueta ).

Como se advierte y, en función de la doctrina que explicité , a la que como expuse adhiero, la acción iniciada el 15/10/08 por un hecho acaecido el 5/5/1999 , es sin duda extemporánea y se encuentra prescripta por haber transcurrido en exceso el término de 2 años previsto en el art. 4037 del CC o el más favorable de 3 años regulado en el art. 50 de la LDC.

Por las razones expuestas, si mi voto es compartido por mis distinguidos colegas de Sala propicio el rechazo del recurso articulado y por ende la confirmación de la sentencia que hizo lugar a la excepción de prescripción.

Así voto.

Sobre la misma cuestión los Dres. NANCLARES y PALERMO, adhieren al voto que antecede.

A LA SEGUNDA CUESTION EL DR. ALEJANDRO PEREZ HUALDE, DIJO:

Corresponde omitir pronunciamiento sobre este punto, puesto que ha sido planteado para el eventual caso de resolverse afirmativamente la cuestión anterior.

Así voto.

Sobre la misma cuestión los Dres. NANCLARES y PALERMO, adhieren al voto que antecede.

A LA TERCERA CUESTION EL DR. ALEJANDRO PEREZ HUALDE , DIJO:

Atento el resultado al que se arriba en el tratamiento de las cuestiones que anteceden, corresponde mponer las costas al recurrente vencido (arts. 35 y 36 del C.P.C.).

Así voto.

Sobre la misma cuestión los Dres. NANCLARES y PALERMO, adhieren al voto que antecede.

Con lo que se dio por terminado el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continuación se inserta:

S E N T E N C I A :

Mendoza, 13 de noviembre de 2014

Y VISTOS:

Por el mérito que resulta del acuerdo precedente, la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, fallando en definitiva,

R E S U E L V E :

I. Rechazar el recurso de casación articulado a fs. 23/28 por el Sr. Luis Nicolas Vargas contra la sentencia de fs. 254/261 de los autos principales, la que se confirma.

II. Imponer las costas al recurrente vencido .

III. Regular los honorarios por el recurso de casación del siguiente modo: Dra. Noemi Lujan CORREA, en la suma de ($.); Dr. Roberto Hugo SORIA, en la suma de ($.); Dr. Pedro A. GARCIA ESPETXE, en la suma de ($.); Dres. Pablo D. LIMA y Fernando Raul MELGAR, en la suma de ($.) en conjunto y Dr. Rubén R. ROSAS, en la suma de ($.) (arts. 15 , 13 y 31 LA).

IV. Dar a la suma de pesos SEISCIENTOS TREINTA y DOS ($ 632), de la que da cuenta la boleta obrante a fs. 6, el destino previsto por el art. 47 inc. IV del C.P.C.

Notifíquese. Ofíciese.

DR. ALEJANDRO PEREZ HUALDE

Ministro

DR. JORGE HORACIO NANCLARES

Ministro

DR. OMAR ALEJANDRO PALERMO

Ministro

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