Multan a dos abogados incluídos en el mismo poder del empleador, por repesentar intereses contrapuestos en el SECLO.

justicia6Partes: G. O. E. y otro c/ Colegio Público de Abogados de Capital Federal s/ recurso directo de organismo externo

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

Sala/Juzgado: I

Fecha: 11-nov-2014

Cita: MJ-JU-M-90102-AR | MJJ90102 | MJJ90102

Por infracción al Código de Ética Profesional, se multó a dos abogados que estaban incluídos en el mismo poder del empleador repesentando intereses contrapuestos en el SECLO.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la multa dispuesta por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal a los abogados que se presentaron ante el Servicio de Conciliación Obligatoria estando ambos en el poder otorgado por el empleador, representando uno de ellos al trabajador, ya que ratificar el acuerdo a pesar de haber sido advertidos de dicha circunstancia por el funcionario interviniente demuestra una clara violación a la ética profesional.

2.-No se encuentra violado el debido proceso por errar el Tribunal de ética profesional en indicar que fue el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario, y no el Servicio de Conciliación Obligatoria, quien denunció el hecho, toda vez que los recurrentes no lograron demostrar cuál fue el perjuicio causado por el error.

3.-El hecho de comparecer a una sala donde se encontraban ya reunidos los miembros del Tribunal y los representantes del Servicio de Conciliación Obligatoria no viola la garantía del debido proceso, toda vez que no se demostró el perjuicio ocasionado por dicha situación.

4.-Es improcedente el reclamo acerca de la participación de vocales suplentes a pesar de no probarse la ausencia de un vocal titular, ya que no hay norma legal que exija notificar a las partes la integración del tribunal, siendo suficiente que la sentencia lleve las firmas necesarias para otorgarle validez.

Fallo:

Buenos Aires, de de 2014.- NRC Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I. Que en la sentencia nº 5143/13, la Sala II del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (fs. 55/62) impuso a los abogados J. E. G. y O. E. G. la sanción de multa de cinco mil pesos ($ 5.000), a cada uno, por haber infringido diversas disposiciones.

La Dra. J. E. G.: los artículos 6, inciso e), y 44, incisos e), g) y h), de la ley 23.187 y 6, 10, incisos a) in fine, y g), 12 y 19, inciso a) in fine, del Código de Ética.

El Dr. O. E. G.: los artículos 6, inciso e), 10, inciso a), 44, incisos e), g) y h), de la ley 23.187, 6 y 10, incisos a) in fine, y 19, incisos a), d), g) y h), y 22, inciso a), del Código de Ética.

II. Que las presentes actuaciones se iniciaron con el oficio remitido por el Servicio de Conciliación Obligatoria (SeCLO) del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en el marco del expediente nº 114.348/12, en el que el 9 de octubre de 2012 la abogada J. E. G. se presentó como apoderada de la empresa requerida y acompañó un poder general judicial en el que figuraba también como mandatario el abogado O. E. G., letrado patrocinante del trabajador, quienes pese a haber sido advertidos ratificaron la firma y el contenido del acuerdo suscripto entre las partes.

III. Que para así decidir, el tribunal a quo, sostuvo que:

1. El abogado O. E. G. sabía que se encontraba mencionado en el poder, y aun cuando el funcionario interviniente advirtió dicha circunstancia, antepuso su actuación profesional al cumplimiento de las normas éticas vigentes.

Debió actuar con celo profesional y abstenerse de patrocinar al trabajador, quien se vio privado de contar con un abogado que garantizase la transparencia del acto celebrado, por cuanto tuvo la asistencia profesional del letrado apoderado de la parte contraria.

2. La abogada J. E. G., tía de O. E.G., asistió a la audiencia en representación de la empresa requerida con el poder otorgado, en el que además estaba mencionado aquél como apoderado del empleador.

La letrada conocía dicha situación, la ratificó cuando compareció a la audiencia de vista de causa, y puso en riesgo tanto los intereses de su cliente, como los de la otra parte. Debió cumplir las normas legales.

IV. Que contra esa resolución, apelaron O. E.

G. (fs. 69/71) y J. E. G. (fs. 73/76, replicado a fs. 92/98).

V. Que el abogado O. E. G. sostiene que la sentencia del tribunal a quo es nula, en tanto vulnera la garantía del debido proceso.

Manifiesta que los considerandos del pronunciamiento son incoherentes en tanto el tribunal a quo indicó que el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad había remitido las actuaciones, pero se trata de una denuncia que efectuó el SeCLO.

Dice haber recibido un trato diferente al que tuvo la denunciante cuando ingresó al recinto donde se llevó a cabo la audiencia de vista de causa, en el que se encontraban presentes los miembros del tribunal y los representantes del SeCLO.

Señala que el hecho de que su nombre figurase en el poder general judicial no puede constituir una presunción en su contra.

Y alega que el quantum establecido es desproporcionado. Añade que no se mencionaron los parámetros utilizados para su fijación, y que no corresponde la tasa activa determinada para el caso de mora en el pago de la multa.

VI. Que la abogada J. E. G.sostiene que la resolución es nula por cuanto los vocales formularon consideraciones arbitrarias acerca de los elementos de la causa, y además, el procedimiento tiene vicios manifiestos.

Señala que el tribunal a quo indicó en forma errónea que el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad había remitido las actuaciones, y después expuso que el SeCLO promovió la denuncia.

Dice que en la sentencia no se probó la ausencia de algún vocal titular y sin embargo participaron tanto los titulares como los suplentes.

Cuestiona el trato que se le dio, en tanto se la hizo comparecer a una sala donde ya estaban ubicados los miembros del tribunal y los representantes del SeCLO. Agrega que en la audiencia de vista de causa se afectó el derecho de defensa por falta de parcialidad.

Manifiesta haber incluido el nombre del Dr. G. en el poder con la finalidad de que la reemplazase ante algún impedimento, y que su presencia en el acto ratificó lo expuesto por aquel abogado, quien no asesoró ni representó a la firma requerida.

Se queja de que no se hayan tenido en cuenta las explicaciones brindadas, ni la conformidad del trabajador para continuar con la audiencia.

Y afirma que el quantum establecido es desproporcionado. Añade que no se mencionó qué parámetros fueron utilizados para fijar la multa.

VII.Que corresponde desestimar los planteos de nulidad formulados, habida cuenta de que:

(i) Para que proceda la declaración de invalidez de los actos procesales los interesados deben demostrar el perjuicio que tales vicios les provocan, pues la invocación genérica de haberse afectado el derecho de defensa no cumple con la exigencia impuesta legalmente (esta sala, causa”Quadraccia Roxana Andrea y otro c/ CPACF”, pronunciamiento del 16 de octubre de 2012).

(ii) Los recurrentes no probaron el perjuicio que les causó el error en el que el tribunal a quo incurrió al indicar que un juzgado de primera instancia promovió la denuncia, ni de qué modo se vio afectada la garantía de la defensa en juicio en la audiencia de vista de causa.

(iii) El artículo 87 del reglamento interno del CPACF establece que en los casos de impedimento del vocal titular “éste será reemplazado por el vocal suplente de la misma lista y en el orden correspondiente”, y toda vez que ninguna norma ética ordena notificar la integración del tribunal con el vocal suplente, ni la ley 23.187 hace distinción entre los miembros titulares y suplentes del tribunal para imponer la sanción, en la medida que la sentencia sancionatoria lleve las firmas necesarias para otorgar validez al pronunciamiento -en el caso la suscriben los cinco (5) miembros de la Sala II-(causa “Quadraccia” citada), es improcedente el cuestionamiento de la participación de los vocales suplentes pese a que no se probó la ausencia de algún titular.

VIII. Que se encuentran probadas las circunstancias en que se sustentaron los reproches formulados: en el caso de la Dra.

J. E. G., el conocimiento de que el Dr. O. E. G. – patrocinante del trabajador ante el SeCLO- era también apoderado de la firma que ella representaba; y en el caso del Dr. O. E.G., actuar con intereses contrapuestos al patrocinar a una de las partes.

Se advierte que del acuerdo espontáneo por desvinculación suscripto por el trabajador y su empleadora surgen los intereses contrapuestos, y la declaración del trabajador es una prueba suficiente, quien dijo que “…una vez percibida la totalidad de la suma acordada, nada más tendrá que reclamar de la empleadora por ningún concepto emergente de la relación laboral que los uniera…” (fs. 6 vta.). Dicho acuerdo fue ratificado en el ámbito del SeCLO (fs. 7).

Más aún, en la planilla en la que la Unidad de Ratificación de Acuerdos Espontáneos verificó el cumplimiento de diversos datos de las partes, el funcionario interviniente dejó constancia de que el Dr. O. E. G. en su condición de letrado patrocinante del trabajador figuraba como apoderado de la empresa, y que lo había advertido cuando tomó la audiencia a las partes, quienes manifestaron su voluntad de seguir adelante con el acto (fs. 10).

De este modo, la mención del letrado patrocinante del trabajador en el poder general judicial otorgado por la empresa es compatible con la infracción ética consistente en representar, patrocinar y/o asesorar simultáneamente intereses opuestos en la misma causa, más allá de que no existan constancias de que aquél le hubiese prestado servicios profesionales.

IX. Que en consecuencia, no se ha probado en autos que el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados -órgano al que el legislador atribuyó el juzgamiento ético del comportamiento de los integrantes del foro local- haya ejercido ilegal o arbitrariamente su potestad al decidir del modo en que lo hizo (esta sala, causa “Castro Roberts Oscar Alberto c/ CPACF”, pronunciamiento del 16 de septiembre de 2014).

X.Que por último, la sanción aplicada a cada uno de los recurrentes no se presenta como manifiestamente desproporcionada frente a la gravedad asignada a la conducta que se le reprocha -a tenor de lo dispuesto en los artículos 26, inciso b), y 28, inciso b), del Código de Ética-, encuadradas como “falta grave”, ni se aparta de la escala del sistema normativo de conformidad con lo establecido en el artículo 45, inciso c), de la ley 23.187 (esta sala, causa “Rizzone Silvina Patricia c/ CPACF”, pronunciamiento del 17 de noviembre de 2011).

En caso de mora en el pago de la multa del apelante O. E. G., corresponde aplicar la tasa pasiva que publica el B.C.R.A. -Comunicación nº 14.290- (esta sala, causa “Consorcio de Propietarios edificio calle miro 79”, pronunciamiento del 21 de agosto de 2014).

Por lo expuesto el tribunal RESUELVE: desestimar los agravios y confirmar la sentencia nº 5143 del 12/9/13 dictada por la Sala II del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, con costas, en tanto no existe mérito para la dispensa (artículo 68, primer párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

XI. Que en razón de la naturaleza del proceso -que viene dado en el caso por el importe de las sanciones de multa impuestas-, el mérito, la calidad y la extensión de la labor profesional desarrollada a la luz del resultado obtenido durante la sustanciación del presente recurso directo ante este tribunal SE ESTABLECEN en la suma de ($.) los honorarios a favor del Dr. Fernando Mauriz, por su intervención ejerciendo la representación procesal y la dirección legal de la demandada (arts. 6, 7, 9,19, 37, 38 y demás c.c. del Arancel de A bogados y Procuradores).

ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.

El Dr. Carlos Manuel Grecco interviene en la presente causa en los términos de la acordada nº 16/2011 de esta cámara.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rodolfo Eduardo Facio

Clara María do Pico

Carlos Manuel Grecco

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