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Indemnizan por daño moral a trabajador que sufrió acoso laboral tras haber realizado de modo deficiente sus tareas

shutterstock_117088477Partes: Salvatierra Ricardo Diego c/ Terlizzi S.A. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: IX

Fecha: 21-oct-2014

Cita: MJ-JU-M-90028-AR | MJJ90028 | MJJ90028

Procede el resarcimiento del daño moral sufrido por un trabajador que fue acosado y maltratado por sus superiores jerárquicos por haber incurrido en mal desempeño de sus tareas.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la admisión del resarcimiento del daño moral pues aun cuando el actor haya incurrido en una prestación deficiente, en los arts. 65 y 68 de la LCT se establece que las facultades de dirección que asisten al empleador deben ejercitarse con carácter funcional, atendiendo a los fines de la empresa y a las exigencias de la producción, pero siempre guardando el respeto debido a su dignidad y excluyéndose toda forma de abuso del derecho.

2.-La indemnización en concepto de resarcimiento del daño moral derivado del acoso debe confirmarse pues no puede justificarse tal comportamiento en un supuesto mal desempeño de las tareas a cargo del actor; máxime siendo que las graves descalificaciones de tipo personal que recibió de sus superiores jerárquicos han sido acreditadas.

3.-No corresponde admitir las diferencias salariales reclamadas con sustento en la aplicación de una categoría convencional peyorativa de acuerdo a la que realmente le correspondía por aplicación del CCT 419/05 , -actividad del plástico-, dado que resulta contrapuesto con la conducta asumida por el actor, en tanto surge acreditado que se postuló para la elección de delegado en el Sindicato de la Industria del Vestido y afines (S.O.I.V.A.) (CCT 495/07 ).

4.-Sin perjuicio de que la empresa se dedique a la producción de bolsas de plástico, no corresponde la aplicación del CCT Nº 419/05 pues el CCT proyectable a su actividad es el CCT Nº 495/07, -industria del vestido-; máxime siendo que el actor soslaya exponer concretamente el alcance del perjuicio que se persigue redimir al omitir oponer en su recurso el salario efectivamente abonado, el que le hubiera correspondido de haberse aplicado el convenio colectivo y alguna de las categorías que postula.

5.-No corresponde admitir el rubro horas extras impagas pues de los recibos de sueldo agregados surge que durante el período alcanzado por el reclamo se le abonó frecuentemente dicho accesorio; máxime siendo que del informe contable surge que la demandada llevaba en legal forma el registro correspondiente previsto en el art. 6 de la Ley 11.544.

6.-Las horas extras reclamadas son improcedentes pues si bien los testigos propuestos por la actora afirman en forma casi coincidente que el actor cumplía un horario rotativo, fueron claramente contradichos por otros deponentes quienes dijeron que el demandante se desempeñaba al servicio de la demandada en otro turno, sin que la actora señale específicamente las circunstancias que convaliden otorgarle preeminencia probatoria a los deponentes que propuso en la causa ni tampoco el perjuicio concreto que le habría generado el supuesto pago insuficiente de la empleadora.

7.-No corresponde admitir la pretensión de diferencias salariales resultantes de la incorporación en la remuneración del rubro a cuenta de futuros aumentos , toda vez que se abonó una única y por ello, careció de la habitualidad que se requiere para reconocerse su exigibilidad en períodos futuros.

Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires, el 21-10-14 para dictar sentencia en los autos caratulados » SALVATIERRA RICARDO DIEGO C/ TERLIZZI S.A. S/DESPIDO» se procede a votar en el siguiente orden:

El Dr. Roberto C. Pompa dijo:

La sentencia dictada a fs. 456/462 suscita las quejas que la parte actora expone a fs. 467/477vta. y la demandada a fs. 478/480vta., recibiendo contestaciones a fs. 482/484vta. y 485/489, respectivamente.

Cabe desestimar inicialmente las alegaciones de la demandada que vagamente ponen en tela de juicio la valoración que mereció la fecha de ingreso del demandante, toda vez que en este segmento el recurso prescinde de la crítica concreta y razonada que se exige en el art. 116 de la LO como presupuesto ineludible para acceder a la revisión. Se limita a aludir a una supuesta e indeterminada época de plenitud de la contratación de personal eventual, como así también a deslices y liviandad en que se habría incurrido en la sentencia recaída al analizar las declaraciones de los testigos, todo ello sin poner de manifiesto defectos o arbitrariedades específicas que convaliden un nuevo estudio de la cuestión.

Consecuentemente, propondré que se declare desierto el recurso en este punto.

En cuanto a las diferencias salariales reclamadas con sustento en la aplicación de una categoría convencional peyorativa de acuerdo a la que realmente le correspondía, la divergencia hace hincapié en la improcedencia de haber proyectado el CCT Nº 495/07 correspondiente a la actividad del vestido, siendo según su postura más adecuado al ámbito industrial de la demandada el CCT Nº 419/05 aplicable a la actividad del plástico, ya que se dedicaba a la producción de bolsas de dicho material.

Resulta insoslayable que la postura asumida en la vcausa resulta claramente contrapuesta con la conducta que surge de la prueba informativa obrante a fs.194/195, de la que surge que el actor se postuló para la elección de delegado del 31/10/2008 que se celebró en el Sindicato de la Industria del Vestido y afines (S.O.I.V.A.), no resultando electo.

Ahora bien, la apelante de la misma manera ambivalente que no convalida el texto del art. 116 de la LO, esgrime que en el marco del convenio que considera proyectable a su situación -sin especificar concretamente el ámbito de aplicación de los textos en pugna-, le correspondían los salarios reconocidos a las categorías de «Operador» o «Operador Calificado» apartándose de tal manera no sólo del escrito de inicio en el que invocaba su calidad de «Oficial especializado» (fs. 4vta.) que la jueza estimó no acreditada, sino que además soslaya exponer concretamente el alcance del perjuicio que se persigue redimir ante esta Alzada, al omitir oponer en su recurso al salario efectivamente abonado, el que le hubiera correspondido de haberse aplicado el convenio colectivo y alguna de las categorías que postula.

La laxitud de la pretensión torna abstracto no sólo la debatida asignación de la carga probatoria sino también el tratamiento de la cuestión central sobre la que hace hincapié la apelante, es decir la determinación del convenio colectivo aplicable.

De tal manera, habrá de desestimarse por mi intermedio la eficacia recursiva de la queja vertida por la actora en este aspecto.

Respecto de las diferencias salariales invocadas con sustento en los rubros presentismo y gratificación que se dejaron de abonar según los dichos de la apelante en el año 2000, cabe señalar que aun admitiendo la postura relativa a la nulidad de la modificación, la quejosa omite sustentarse en elemento de juicio alguno que ponga de manifiesto que se habrían cumplido los presupuestos exigibles para su reconocimiento durante el período específicamente objeto de reclamo o la inexistencia de los mismos por el tiempo anterior a su supresión, por lo que su pretensión no será admitida por mi intermedio.

En torno al rechazo del rubrofundado en la realización de horas extras impagas, resulta de los recibos agregados por la propia apelante a fs. 107/147 que durante el período alcanzado por el reclamo se le abonó frecuentemente dicho accesorio, sumado a que del informe contable surge que la demandada llevaba en legal forma el registro correspondiente previsto en el art. 6) .6 de la ley 11.544 (fs. 356vta./357), pesaba sobre la parte actora la carga de acreditar que llevaba a cabo una prestación mayor a la que efectivamente se le abonaba.

En ese marco, resulta decisivo que si bien los testigos propuestos por la actora Leiva (fs. 230/3), Korenhof (fs. 234/236) y Rios (fs. 238/240) afirman en forma casi coincidente que el actor cumplía un horario rotativo de lunes a viernes de 7/18 hs. y en otro ciclo de 18/7 -el testigo Rios dice solitariamente que también trabajaban los sábados-, fueron claramente contradichos por los testigos Iñiguez (fs. 296/7), Ponce (fs. 298/300) y Voelki (fs. 376/7) quienes dijeron que el demandante se desempeñaba al servicio de la demandada de lunes a viernes de 7 a 16 hs.y rotaban al horario de 18/3, abonándose las eventuales horas extras, sin que la apelante señale específicamente las circunstancias que convaliden otorgarle preeminencia probatoria a los deponentes que propuso en la causa ni tampoco el perjuicio concreto que le habría generado el supuesto pago insuficiente de la empleadora, omisión que resulta decisiva al sellar la suerte desfavorable del recurso.

Desde esa perspectiva, propondré que se desestime también en este aspecto el recurso interpuesto por la demandante.

No tendrá mejor suerte la pretensión de diferencias salariales resultantes de la incorporación en la remuneración del rubro «a cuenta de futuros aumentos», toda vez que al haberse abonado como única vez en el mes de julio de 2008 careció de la habitualidad que se requiere para reconocerse su exigibilidad en períodos futuros de acuerdo a la doctrina legal emergente del Fallo Plenario de esta Cámara Nº 35 del 13/9/56 «in re» «Piñol, Cristobal A. c/ Genovesi S.A.». Carece de incidencia que -pese a su eliminación en el mes siguiente- no se haya producido ese «futuro aumento» al que aludía, circunstancia que no hace más que configurar su real carácter de gratificación que torna aplicable el criterio general apuntado.

Habrá en cambio de hacerse lugar a la objeción dirigida contra la cuantía reconocida en concepto de la indemnización fundada en el art. 9º de la ley 24.013, toda vez que de acuerdo a la real fecha de ingreso del 21/6/94 que -conforme se analizó precedentemente- arribó firme a esta Alzada, y la del registro del 1/9/95 (fs.356), considerando las pautas de cálculo establecidas en dicha norma no resultan los $1.300 que difirió a condena la sentenciante de grado, sino que se arriba a un parcial de $12.634,02 ($3.256,19/4×15,52).

Por tales razones, propondré que se modifique la sentencia incrementando la condena en esa extensión.

En cuanto a la indemnización diferida a condena en concepto de resarcimiento del daño moral derivado del acoso, aspecto que suscito quejas de ambas partes, cabe desestimar inicialmente las de la demandada toda vez que pretende justificar en un supuesto mal desempeño de sus tareas, las graves descalificaciones de tipo personal que recibió el actor de sus superiores jerárquicos y que tuvo por acreditadas la juez de grado anterior sin que se pusieran específicamente en tela de juicio, soslayando que aun cuando el actor haya incurrido en una prestación deficiente, se establece en los arts. 65 y 68 de la LCT que las facultades de dirección que asisten al empleador deberán ejercitarse con carácter funcional, atendiendo a los fines de la empresa y a las exigencias de la producción, sin perjuicio de la preservación y mejora de los derechos personales del trabajador, guardando el respeto debido a su dignidad y excluyéndose toda forma de abuso del derecho.

Habiéndose acreditado un hostigamiento continuo y sistemático sostenido por un largo período que antecedió al despido, propondré que también en este segmento se modifique la sentencia de grado anterior, elevándose la suma diferida en concepto de resarcimiento del daño moral al parcial de $42.330,47 ($3.256,19x 13) equivalente al pago de un año de remuneraciones y expresado a valores del distracto, con más los intereses establecidos en la anterior instancia hasta su efectivo pago.

Se entiende el perjuicio indemnizable como padecimiento emocional que incide negativamente en el desenvolvimiento del afectado en su vida social y familiar, que excede la normal derivación de la ruptura laboral alcanzada por la tarifa prevista en el art.245 de la LCT y que necesariamente abarca a las secuelas psicológicas generadoras de dichas dificultades en las que hace hincapié la queja.

En cuanto a los certificados previstos en el art. 80 de la LCT, toda vez que la actora se limita a esgrimir una situación que en esta etapa resulta meramente hipotética, ante la ausencia de interés recursivo cabe desechar su tratamiento por devenir abstracto.

Respecto a la queja dirigida por la demandada contra lo decidido en el punto, cabe señalar que los instrumentos que oportunamente agrego al contestar la acción carecen de los datos reales del vínculo de acuerdo a las consideraciones precedentes en cuanto a la verdadera fecha de ingreso, por lo que resultan ineficaces para tener por cumplida la obligación legal.

Respecto a la presunta cancelación de la liquidación final, cabe declarar desierto el recurso de la demandada toda vez que insiste en que se habrían depositado los salarios del mes de despido y liquidación final con sustento en la prueba informativa al Banco Galicia agregada en sobre adjunto, pretendiendo su descuento de la condena soslayando no sólo la directiva del art. 138 de la LCT que impone el recibo firmado por el trabajador como único medio para acreditar el pago de haberes, sino además la precisa y concreta indicación de los montos que se deberían deducir de admitirse su postura, omitiendo de tal manera la crítica concreta y razonada que se exige en el art. 116 de la LO.

De prosperar mi voto, teniendo en cuenta las modificaciones propuestas en los considerandos VII y VIII, habrá de reajustarse el monto diferido a condena en la anterior instancia a la suma de $253.961,30 ($11.334,02+ $22.330,47+ $220.296,81) con más los intereses allí establecidos sin suscitar controversia.

El nuevo resultado del litigio impone dejar

sin efecto la imposición de costas y regulación de honorarios practicada en la anterior instancia, debiéndose efectuar nuevamente en esta Alzada en forma originaria (conf. Art.279 del CPCCN), tornándose abstracto el tratamiento de las quejas dirigidas contra dichos accesorios.

Costas de ambas instancias a cargo de la demandada vencida (conf. art. 68 del CPCCN).

Regúlense los honorarios de la representación letrada de la parte actora en el 17%, de la demandada en el 14% , del perito contador en el 7% y del médico psiquiatra en el 6%, todos a calcular sobre el total diferido a condena (capital e intereses) y teniendo en cuenta la calidad, mérito y extensión de las tareas desplegadas en la anterior instancia (conf. art. 38 primera parte de la LO, Dec. Ley Nº 16.638/57 y ley 24.432).

Por las actuaciones desplegadas ante esta Alzada, regúlense los honorarios de la representación letrada de la parte actora y de la demandada en el 25% de lo que a cada uno le correspondió por lo actuado en la anterior instancia, conforme las pautas y normativa precedentemente expuestas.

El Dr. Alvaro Edmundo Balestrini dijo:

Por compartir los fundamentos, me adhiero al voto que antecede.

El Dr. Gregorio Corach no vota (conf. Art. 125 L.O.).

A mérito del acuerdo al que se arriba, el Tribunal RESUELVE :I) Modificar la sentencia dictada en la anterior instancia y elevar el monto de condena a la suma de $253.961,30 (PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO CON TREINTA CENTAVOS), con más los intereses allí establecidos. II) Dejar sin efecto la imposición de costas y regulación de honorarios practicada en la anterior instancia. III) Costas de ambas instancias a cargo de la demandada. IV) Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora en el 17%, de la demandada en el 14% , del perito contador en el 7% y del médico psiquiatra en el 6%, todos a calcular sobre el total diferido a condena (capital e intereses). V) Por las actuaciones desplegadas ante esta Alzada, regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora y de la demandada en el 25% de lo que a cada uno le correspondió por lo actuado en la anterior instancia.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

ANTE MÍ

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