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Los demandados deben responder por el accidente pues, aun estando el motociclista en estado de ebriedad y sin el casco reglamentario, el colectivo invadió el carril de circulación de la víctima.

shutterstock_61217245Partes: Vegezzi José María y otros c/ Nudo S.A. y otros s/ daños y perjuicios (acc. tran. c/les. o muerte)

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: H

Fecha: 17-oct-2014

Cita: MJ-JU-M-89943-AR | MJJ89943 | MJJ89943

Los demandados deben sorportar la totalidad de la eficacia causal del accidente pues, aun estando el motociclista en estado de ebriedad y sin el casco reglamentario, el colectivo invadió el carril de circulación de la víctima.

Sumario:

1.-Corresponde asignar a los demandados la totalidad de la eficacia causal en la producción del accidente dado que, con indepedencia del estado de ebriedad del motociclista, quedó acreditado que el colectivo giró hacia su izquierda, hacia la calle por la cual circulaba la motocicleta, en forma demasiado cerrada, e invadió el carril de circulación de la víctima.

2.-Toda vez que no hay ningún elemento que permita asignar un porcentaje de incidencia causal al hecho de la víctima, sumado que la prueba del hecho de la víctima, en tanto causa de exoneración del responsable, debe ser aportada por este en forma certera e indubitada, sin que sea suficiente con la simple duda acerca del modo en que sucedieron los hechos, corresponde asignar a los demandados la totalidad de la eficacia causal del accidente.

3.-No corresponde admitir que el conductor de la motocicleta haya realizado una maniobra negligente por el solo hecho de que se encontrara alcoholizado, y que de este modo, enerve la imputación de responabilidad de los demandados, pues esta única comprobación no acredita per se un accionar concreto de la víctima que configure una eximente en los términos del art. 1113, segundo párr., segunda parte , del CCiv.

4.-Sin perjuicio de que conducir un rodado en estado de ebriedad es una conducta culpable, más allá de esta calificación, los demandados debían probar la concreta incidencia causal de aquel estado de ebriedad en el accidente de autos (art. 377 del CPCCN.) como para configurar un eximente de su responsabilidad en los términos del art. 1113, segundo párr., segunda parte, del CCiv.

5.-No corresponde englobar en el tratamiento del rubro incapacidad sobreviniente tanto a las consecuencias patrimoniales de la incapacidad como otras facetas relacionadas con lo espiritual, pues tal tesitura importa, en puridad, generar un doble resarcimiento por el mismo perjuicio, que sería valorado, primero, para fijar la indemnización por incapacidad sobreviniente, y luego para hacer lo propio con el daño moral.

6.-Toda vez que el principio de reparación integral importa, como lógica consecuencia, que la indemnización debe poner a la víctima en la misma situación que tenía antes del hecho dañoso (arg. art. 1083 , Cciv.), y teniendo en cuenta que el resarcimiento se fijará en dinero, nada resulta más adecuado que el empleo de cálculos matemáticos para tratar de reflejar de la manera más exacta posible el perjuicio patrimonial experimentado por el damnificado.

7.-Puesto que únicamente respecto de la incapacidad causada por la lesión en el cráneo puede tener relevancia la falta de casco, la omisión de llevarlo puesto, solo alcanza a los perjuicios efectivamente producidos por la falta de dicho instrumento de protección.

8.-No corresponde asignar un resarcimiento autónomo por daño estético pues las repercusiones espirituales de esas lesiones deben englobarse en el daño moral.

9.-Corresponde admitir la condena al pago del rubro gastos de traslado, kinesiología y farmacia toda vez que no resulta necesaria una prueba concreta y específica sino que su erogación se presume en orden a la entidad de los hechos acreditados, aun cuando la atención haya sido prestada en hospitales públicos o por una obra social, que, de ordinario, no cubren la totalidad de los gastos en que incurren los pacientes.

10.-El importe fijado en concepto de daño moral debe incrementarse teniendo en cuenta las lesiones sufridas por la víctima, su internación y posterior derivación, y la intervención quirúrgica a la que fue sometido, así como los demás malestares y las angustias que un evento como el de autos pudo haber generado en una persona tan joven como el actor.

11.-El pedido de que la condena sea soportada por la empresa de transporte en la medida del seguro resulta inadmisible ya que la admisión del planteo fundado en la oponibilidad de la franquicia beneficiaría a la aseguradora y perjudicaría a la empresa asegurada, que debería afrontar la parte de la condena que excediera aquella.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 17 días del mes de octubre de 2014, hallándose reunidos los señores jueces integrantes de la Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, a los efectos de dictar sentencia en los autos: «Vegezzi, José María y otros c/ Nudo S.A. y otros s/ daños y perjuicios (acc. tran. c/les. o muerte)», y habiendo acordado seguir en la deliberación y voto el orden de sorteo de estudio, el Dr. Picasso dijo:

I.- La sentencia de fs. 534/541 admitió parcialmente la demanda de daños promovida por José María Vegezzi y Adriana Nora de Teran, por derecho propio y en representación de su hijo menor de edad J. C. V., y condenó a los codemandados Nudo S.A. y Luis Domingo Protto a abonar a los actores las sumas de $ 1.300.-, $ 1.300.- y $ 107.000.-, respectivamente. Para así decidir, consideró que existió una fractura parcial del nexo causal por el accionar de la víctima, que contribuyó en la producción del hecho ilícito en un 20%. Asimismo, concluyó que la falta de utilización del casco por parte del menor al producirse el accidente tuvo una incidencia causal del 15% en las secuelas por él padecidas.

La decisión fue apelada por ambas partes.

A fs. 578/586 expresaron agravios los actores. En primer lugar, cuestionaron que se haya considerado que medió un hecho de la víctima causalmente relevante, y se le haya asignado una incidencia del 20%. Sostuvieron, en ese sentido, que no son veraces los dichos del testigo S. J., y que -contrariamente a lo afirmado en la decisión cuestionada- no se encuentra debidamente acreditado el nivel de alcohol en sangre que tenía la víctima. En segundo término, afirmaron que no puede atribuirse ninguna incidencia a la falta de uso del casco por parte del damnificado directo, pues las lesiones se localizaron, principalmente, en los miembros inferiores. Finalmente, se agraviaron del monto de la indemnización otorgada en la sentencia.

A fs.588/591 expresaron sus quejas la demandada y la citada en garantía. Se agraviaron de que el magistrado de grado, pese a haber considerado que la víctima se desplazaba en estado de ebriedad, y que esa condición no le permitió mantener el dominio de la moto al advertir la presencia del ómnibus, le haya atribuido únicamente un 20% de eficacia causal en la producción del accidente. Asimismo, cuestionaron que se haya considerado que la falta del casco reglamentario influyó solo en una proporción del 15% en las lesiones incapacitantes que sufrió el motociclista. También sostuvieron que son excesivos los importes otorgados en concepto de resarcimiento, y se agraviaron de la tasa de interés aplicada. Finalmente, la aseguradora impugnó que se haya declarado inoponible la franquicia plasmada en la póliza.

Los fundamentos de las partes merecieron las réplicas de fs. 603/604 y 593/598, respectivamente.

II.- Como primer punto trataré las quejas de ambas partes referidas a la forma en que la sentencia distribuyó entre las partes la eficacia causal en la producción del accidente que tuvo lugar el día 16 de septiembre de 2007, aproximadamente a las 7.00 hs., en la intersección de la calle de ingreso a la Ciudad Universitaria de esta ciudad y una calle interna -que carece de nombre-, entre la moto de propiedad de la víctima, marca Yamaha 100 cc, y un colectivo de la línea 107, interno 688, dominio GAH 952, conducido por el codemandado Protto.

Recalco que la existencia misma del hecho no está desconocida en esta alzada.Lo que se encuentra discutido es la forma en que se produjo, pues mientras los demandantes adujeron que la motocicleta fue embestida por el ómnibus, que al girar invadió el carril por el cual la primera circulaba, la demandada sostuvo que fue el actor quien, al esquivar un charco que se encontraba en su vía, invadió el carril del colectivo y chocó contra él.

Como correctamente lo afirmó el magistrado de grado, nos encontramos ante un supuesto de atribución objetiva de la responsabilidad, pues el caso encuadra en el segundo supuesto del segundo párrafo del artículo 1113 del Código Civil.

En atención a lo que queda dicho, los actores solo debían acreditar el perjuicio por ellos sufrido y la intervención de la cosa que lo produjo o, lo que es lo mismo, la relación de causalidad puramente material entre el vehículo del cual se trata y el daño. Eso es así en la medida en que sobre el creador del riesgo gravita una presunción de adecuación causal, que solo puede ser desvirtuada si se acredita la intervención de la causa ajena; vale decir, el hecho de la víctima, de un tercero por quien no tenga el deber jurídico de responder o, en fin, el caso fortuito o la fuerza mayor (Pizarro, Ramón D., Responsabilidad civil por riesgo creado y de empresa, La Ley, Buenos Aires, 2006, t. II, p. 141; Zavala de González, Matilde, Responsabilidad por riesgo, Hammurabi, Buenos Aires, 1997, p. 43; Kemelmajer de Carlucci, Aída, comentario al artículo 1113 en Belluscio, Augusto C. (dir.) – Zannoni, Eduardo A. (coord.), Código Civil y leyes complementarias. Comentado, anotado y concordado, Astrea, Buenos Aires, 1994, t. 5, p. 460; Trigo Represas, Félix A., «Concurrencia de riesgo de la cosa y de culpa de la víctima», LL 1993-B-306).

Adicionalmente, de conformidad con lo resuelto por esta cámara en pleno, in re «Valdez, Estanislao F. c. El Puente S.A.T.y otro» (LL, 1995-A-136), la responsabilidad del dueño o guardián emergente de accidentes de tránsito producidos como consecuencia de una colisión plural de automotores en movimiento no debe encuadrarse en la órbita del art. 1109 del Código Civil, lo que implica que resulta aplicable en tales casos el art. 1113, segundo párrafo, segundo supuesto, del citado código. No desconozco que el art. 303 del CPCCN fue derogado por el art. 12 de la ley 26.853, recientemente sancionada. Sin embargo, en virtud del art. 15 de aquella norma, tal disposición recién entrará en vigor a partir de la efectiva integración y puesta en funcionamiento de los tribunales que allí se crean, razón por la cual hasta ese momento continúa vigente la doctrina plenaria (esta cámara, Sala A, 20/5/2013, «Granero, José Roberto c/ Olguín, Osvaldo Horacio y otros s/ Daños y perjuicios», Libre n° 611.788).

En el sub lite, hallándose reconocida la existencia de contacto material entre los vehículos, se encuentran reunidos los extremos para la aplicación de la norma invocada por los actores. Sin embargo, la citada en garantía y la empresa de transportes demandada alegaron la existencia de una eximente, consistente en el hecho de la víctima, quien habría invadido la mano correspondiente al ómnibus, y se habría encontrado en estado de ebriedad al momento de producirse el accidente. En ese sentido, el colega de grado entendió que el estado de ebriedad en que se encontraba el conductor de la motocicleta al momento de producirse el accidente resulta suficiente como para imputar a su eccionar un 20% de eficacia causal en la producción de aquel.

La postura de la demandada se sustentó sustancialmente en la declaración del testigo S. J., quien declaró que, al momento del accidente:».yo iba ingrensado a la Ciudad Universitaria, unto hay una rotonda (.)el tiempo estaba lluvioso, paso una moto, medio raro como paso, no se si estaría en pedo, yo curce una loma, estaba muy resbaloso, estaba lloviendo, era un día de lluvia, cuando iba llegando a la esquina, en esa esquina se junta agua, o sea en contra del que va circulando como iba yo, la moto por [esquivar] el charco patino no se que maniobra raro hizo, se llevo por adelante el coletivo, la moto iba circulando bien, yo no lo vi al colectivo cuando venía, solo ví que el de la moto hizo una mala maniobra para esquivar el charco, se metió contramano» (sic, fs. 277/278).

Ahora bien, advierto que las declaraciones del testigo, amén de confusas, son contradictorias, pues afirmó, primero, que el conductor de la motocicleta pasó «medio raro», luego dijo que «iba circulando bien», y finalmente volvió a decir que «hizo una mala maniobra». Asimismo, no puede dejarse de lado el hecho de que el declarante, como él mismo lo señala, era dependiente de la empresa de colectivos aquí demandada, lo que relativiza el valor de sus dichos (vid. fs. 277/278).

Más allá de ello, también quitan verosimilitud a los dichos del testigo el croquis realizado por el perito ingeniero que intervino en la causa (vid. fs. 304) y, principalmente, el elaborado en sede penal con motivo de la producción del accidente (fs. 509), como así también las fotos adjuntadas en la jurisdicción punitiva (vid. fs. 67/68). Es que la sola compulsa de dichas constancias permite advertir que sería irrazonable considerar que la motocicleta cambió de mano, pues -como resultado del hecho- quedó arrojada sobre el mismo carril por el cual venía circulando.Es más, si los hechos se hubieran producido -por vía de hipótesis- conforme a los dichos del testigo, y dada la posición en que quedó el ómnibus de la codemandada, entonces el biciclo habría colisionado con la trompa del colectivo, y no con su parte lateral izquierda.

El restante argumento de la demandada -también utilizado por el colega de grado- se centró en el estado de ebriedad en que se habría encontrado el conductor de la motocicleta al momento de producirse el hecho, a tenor de los dichos del médico que lo atendió, quien constató la existencia de aliento etílico (vid. fs. 36/37). Sin embargo, y como ya lo he dicho en otra oportunidad, el solo hecho de que el conductor se encuentre alcoholizado, por sí solo, no habilita para dar por cierto que realizó alguna maniobra negligente que enerve la imputación de responabilidad de los demandados. Es que esta única comprobación no acredita per se un accionar concreto de la víctima que configure una eximente en los términos del art. 1113, segundo párrafo, segunda parte, del Código Civil. Sin duda, conducir un rodado en estado de ebriedad es una conducta culpable, pero sucede que más allá de esta calificación los demandados debían probar la concreta incidencia causal de aquel estado de ebriedad en el accidente de autos (art. 377 del Código Procesal), lo que no ha sido debidamente acreditado (ver mi voto como vocal de la Sala A de esta cámara, in re «García, Ángel Raúl y otro c/ Palma, Jorge Eduardo Orlando y otros s/ daños y perjuicios», L. 619.590, del 14/10/13).

Más allá de eso, y sólo a mayor abundamiento, corresponde poner de resalto que las constancias antes relatadas, así como el dictamen del perito mecánico que intervino en la causa (vid. fs.305/309), conducen a la conclusión de que, en realidad, el colectivo giró hacia su izquierda, hacia la calle por la cual circulaba la motocicleta, en forma demasiado cerrada, e invadió el carril de circulación de la víctima.

Por ende, considero que en el caso no hay ningún elemento que permita asignar un porcentaje de incidencia causal al hecho de la víctima. A lo que cabe añadir que la prueba del hecho de la víctima, en tanto causa de exoneración del responsable, debe ser aportada por este en forma certera e indubitada, sin que sea suficiente con la simple duda acerca del modo en que sucedieron los hechos (esta cámara, Sala A, 18/6/2013, «Bejarano Condori, Martina y otros c/ Martínez, Gustavo y otros s/ daños y perjuicios», L. 606.722; Trigo Represas, Félix A. – López Mesa, Marcelo J., Tratado de la responsabilidad civil, La Ley, Buenos Aires, t. II, p. 882 y sus citas; Zavala de González, Matilde, Resarcimiento de daños, Hammurabi, Buenos Aires, 1997, t. 3, p. 186/187).

Por lo expuesto, propongo al acuerdo admitir los agravios de los actores, modificar la sentencia, y asignar a los demandados la totalidad de la eficacia causal en la producción del accidente.

III.- Corresponde ahora ingresar en el tratamiento de los planteos vinculados con la indemnización establecida en la instancia de grado.

a) Incapacidad sobreviniente.

El Sr. Juez de primera instancia admitió este rubro por la suma de $ 80.000.-, aunque, dada la incidencia causal que otorgó al accionar de la víctima, lo redujo a la suma de $ 52.000.- Las dos partes se agravian sobre este aspecto de la decisión.

Desde un punto de vista genérico, Matilde Zavala de González define a la incapacidad como «la inhabilidad o impedimento, o bien, la dificultad apreciable en algún grado para el ejercicio de funciones vitales» (Zavala de González, Matilde, Resarcimiento de daños, Hammurabi, Buenos Aires, 1996, t. 2a, p.343). Ahora bien, es evidente que esa disminución puede, como todo el resto de los daños considerados desde el punto de vista «naturalístico» (esto es, desde el punto de vista del bien sobre el que recae la lesión; vid. Bueres, Alberto J., «El daño moral y su conexión con las lesiones a la estética, a la psique, a la vida de relación y a la persona en general», Revista de Derecho Privado y Comunitario, Daños a la persona, n° 1, Santa Fe, 1992, p. 237 y ss.), tener repercusiones tanto en la esfera patrimonial como en la extrapatrimonial de la víctima.

Este último aspecto no puede, a mi juicio, subsumirse en la incapacidad sobreviniente, sino que se identifica, en todo caso, con el daño moral. No coincido, entonces, con quienes engloban en el tratamiento de este rubro tanto a las consecuencias patrimoniales de la incapacidad como otras facetas relacionadas con lo espiritual (la imposibilidad de realizar ciertas actividades no lucrativas que llevaba adelante la víctima, tales como deportes y otras atinentes al esparcimiento y la vida de relación), pues tal tesitura importa, en puridad, generar un doble resarcimiento por el mismo perjuicio, que sería valorado, primero, para fijar la indemnización por incapacidad sobreviniente, y luego para hacer lo propio con el daño moral.

De modo que el análisis a efectuar en el presente acápite se circunscribirá a las consecuencias patrimoniales de la incapacidad sobreviniente, partiendo de la premisa -sostenida por la enorme mayoría de la doctrina nacional, lo que me exime de mayores citas- según la cual la integridad física no tiene valor económico en sí misma, sino en función de lo que la persona produce o puede producir. Se trata, en última instancia, de un lucro cesante actual o futuro, derivado de las lesiones sufridas por la víctima (Pizarro-Vallespinos, Obligaciones, cit., t. 4, p.305).

Lo hasta aquí dicho en modo alguno se contrapone con la doctrina que sigue actualmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a cuyo tenor «cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes físicas o psíquicas de manera permanente, esta incapacidad debe ser objeto de reparación al margen de que desempeñe o no una actividad productiva pues la integridad física tiene en sí misma un valor indemnizable y su lesión afecta diversos aspectos de la personalidad que hacen al ámbito doméstico, social, cultural, y deportivo, con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida» (CSJN, 27/11/2012, «Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra c/ Ejército Argentino s/ daños y perjuicios»; ídem, Fallos, 308:1109; 312:752 y 2412; 315:2834; 327:3753; 329:2688 y 334:376, entre otros). En efecto, entiendo que el eje de la argumentación del alto tribunal estriba en los siguientes parámetros: a) por imperio constitucional, la reparación debe ser integral; b) ello importa que deben resarcirse todas las consecuencias de la incapacidad, y no únicamente las patrimoniales, y c) a los efectos de evaluar la indemnización del daño patrimonial es insuficiente tener en cuenta únicamente los ingresos de la víctima, pues la lesión de su integridad física afecta también sus posibilidades de realizar otras actividades que, aunque no resulten remuneradas, son económicamente mensurables.Es en este último sentido, a mi juicio, que cabe interpretar la referencia de la corte a que la integridad física «tiene en sí misma valor indemnizable», pues la alternativa (esto es, afirmar que debe asignarse a la integridad física un valor en sí, independientemente de lo que produzca o pueda producir) conduciría al sinsentido de patrimonializar un derecho personalísimo, y asignar artificialmente (¿sobre la base de qué parámetros?) un valor económico al cuerpo de la persona.

Por otra parte, el criterio que se propone en este voto respeta el principio de reparación integral de todas las consecuencias de la incapacidad sobreviniente, aunque distingue adecuadamente según que ellas se proyecten en la esfera patrimonial o en la espiritualidad de la víctima. Respecto del primer punto, y como se verá enseguida, no tomaré en cuenta exclusivamente el monto del salario que el damnificado eventualmente percibiera, sino que evaluaré también la incidencia de la incapacidad en la realización de otras actividades no remuneradas pero patrimonialmente mensurables, así como sus eventuales posibilidades de mejorar su situación laboral o patrimonial por medio de su trabajo.

Establecidos de ese modo la naturaleza y los límites del rubro en estudio, corresponde hacer una breve referencia al método a utilizar para su valuación.

Al respecto me he expedido reiteradamente en el sentido de que, para el cálculo de las indemnizaciones por incapacidad o muerte, debe partirse del empleo de fórmulas matemáticas, que proporcionan una metodología común para supuestos similares. Como dicen Pizarro y Vallespinos: «No se trata de alcanzar predicciones o vaticinios absolutos en el caso concreto, pues la existencia humana es por sí misma riesgosa y nada permite asegurar, con certidumbre, qué podría haber sucedido en caso de no haber ocurrido el infortunio que generó la incapacidad o la muerte. Lo que se procura es algo distinto: efectuar una proyección razonable, sin visos de exactitud absoluta, que atienda a aquello que regularmente sucede en la generalidad de los casos, conforme el curso ordinario de las cosas.Desde esta perspectiva, las matemáticas y la estadística pueden brindar herramientas útiles que el juzgador en modo alguno puede desdeñar» (op. cit., t. 4, p. 317).

Es que no debe olvidarse que el principio de reparación integral -que, como lo ha declarado reiteradamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tiene status constitucional (Fallos, 321:487 y 327:3753, entre otros)- importa, como lógica consecuencia, que la indemnización debe poner a la víctima en la misma situación que tenía antes del hecho dañoso (arg. art. 1083, Código Civil). Así las cosas, y teniendo en cuenta que el resarcimiento se fijará en dinero -que, huelga decirlo, se cifra numéricamente-, nada resulta más adecuado que el empleo de cálculos matemáticos para tratar de reflejar de la manera más exacta posible el perjuicio patrimonial experimentado por el damnificado.

Resulta aconsejable, entonces, la utilización de criterios matemáticos que, partiendo de los ingresos acreditados por la víctima (y/o de la valuación de las tareas no remuneradas, pero económicamente mensurables, que ella llevaba a cabo y se vio total o parcialmente imposibilitada de continuar desarrollando en el futuro), y computando asimismo sus posibilidades de incrementos futuros, lleguen a una suma tal que, invertida en alguna actividad productiva, permita a la víctima obtener mensualmente (entre ese margen de beneficios y el retiro de una porción del capital) una cantidad equivalente a aquellos ingresos frustrados por el hecho ilícito, de modo tal que ese capital se agote al término del período de vida económicamente activa que restaba al damnificado. Así se tiene en cuenta, por un lado, la productividad del capital y la renta que puede producir, y, por el otro, que el capital se agote o extinga al finalizar el lapso resarcitorio (Zavala de González, op. cit., t. 2a, p.521). Si bien los fallos y los autores emplean distintas denominaciones (fórmulas «Vuoto», «Marshall», «Las Heras-Requena», etc.), se trata en realidad, en todos los casos, de la misma fórmula, que es la conocida y usual ecuación para obtener el valor presente de una renta constante no perpetua (Acciarri, Hugo – Testa, Matías I., «La utilidad, significado y componentes de las fórmul as para cuantificar indemnizaciones por incapacidad y muertes», LL, 9/2/2011, p. 2).

Siguiendo la formulación propuesta por los autores citados en último término, emplearé la siguiente expresión de la fórmula:

C = A . (1 + i)ª – 1

i . (1 + i)ª

Donde «C» es el capital a determinar, «A» la ganancia afectada, para cada período, «i» la tasa de interés a devengarse durante el período de extracción considerado, decimalizada (emplearé una tasa del 4%), y «a» el número de períodos restantes hasta el límite de la edad productiva o la expectativa de vida presunta de la víctima.

Sin embargo, también cabe subrayar que estas pautas de cálculo no tienen por qué atar al juzgador, sino que conducen, simplemente, a una primera aproximación, a un umbral, a partir del cual el juez puede y debe realizar las correcciones necesarias atendiendo a las particularidades del caso concreto (Pizarro-Vallespinos, op. cit., t. 4, p. 318; Zavala de González, op. cit., t. 2a, p.504). En otras palabras, no corresponde otorgar a la víctima, sin más, la suma que en cada caso resulte de la aplicación de la fórmula mencionada, sino que ella servirá simplemente como pauta orientadora para, a partir de allí, arribar a un justo resarcimiento según las circunstancias de la causa.

Ahora bien, previamente a ingresar en el análisis del quantum de este rubro, señalo que ambas partes -por distintas razones- se agravian de la valoración realizada en primera instancia acerca de la circunstancia de que la víctima carecía del casco reglamentario al producirse el accidente.

Sobre esta cuestión, es pertinente recordar que, en principio, la utilización o no del casco por parte del motociclista no tiene incidencia en la atribución de la responsabilidad, pero sí -como ocurre en el caso- puede afectar la procedencia de los rubros reclamados (esta sala, 18/12/2013, «V., C. P. y otro c/ B., G. O. y otro s/ daños y perjuicios», L. 629.335; esta cámara, Sala A, 15/7/14, «Campos, Federico Ariel c/ Barbeito, Eduardo Ezequiel y otros s/ daños y perjuicios», expte. nro. 47.891/08).

Partiendo de esa premisa, juzgo que sobre este punto asiste parcialmente la razón a ambas partes. Me explico.

Por un lado, y respecto del planteo de los demandantes, poca duda cabe de que, si bien la omisión de llevar puesto el casco es una causa adecuada de las lesiones que pueda padecer la víctima, esto solo alcanza a los perjuicios efectivamente producidos por la falta de dichos instrumento de protección. Y, en el caso, dicha ausencia solo se vincula con las lesiones encéfalo craneanas sufridas por la víctima (ver fs. 456 y vta. del dictamen pericial). Así las cosas, únicamente respecto de la incapacidad causada por esa lesión puede tener relevancia la falta de casco.

Por otro lado, también asiste razón a la demandada en cuanto a que es reducido el porcentaje fijado por el Sr.juez de grado, pues es de presumir que la falta del casco reglamentario tuvo una mayor eficacia causal en la producción de las lesiones en la cabeza. Por ende, considero que, en este único aspecto, deberá atribuirse al accionar de la víctima el 50% de la incapacidad causada por esas lesiones, lo que tendré en cuenta al momento de calcular la indemnización que corresponde a este rubro.

Sentado lo anterior, apunto que la pericia médica producida en el sub lite da cuenta de las distintas lesiones padecidas por el actor como consecuencia del accidente, así como de la incapacidad correspondiente a cada una de ellas. Esas conclusiones pueden resumirse de la siguiente manera: a) por un traumatismo encéfalo craneano, con coma profundo grado 5, y presentación de convulsiones por el traumatismo, 6% de incapacidad (como ya lo señalé, cabe aquí atribuir al hecho del colectivo únicamente el 50% de la incapacidad resultante); b) por un traumatismo de tórax con producción de hemo neumotórax, que debió ser intervenido quirúrgicamente para descolapsar el pulmón derecho, 4% de incapacidad, c) por una fractura expuesta del hueso fémur izquierdo, a raíz de lo cual se practicó una toilette de la herida y osteosíntesis con cirugía de colocación de una clavija intramedular y clavos de fijación, cuyo resultado fue una limitación funcional de la cadera izquierda, 30% de incapacidad, y d) finalmente, por una fractura de la tibia izquierda, que dio lugar a una osteosíntesis con cirugía de colocación de una clavija intramedular y clavos de fijación, la víctima quedó con limitación funcional de la rodilla izquierda, que le causa un 15% de incapacidad (vid. fs. 456 y vta.).

En cuanto al aspecto psicológico, nada cabe señalar, pues este segmento de la decisión recurrida no fue motivo de agravio alguno.

No se me escapa que la experticia fue cuestionada en su oportunidad por la parte demandada, quien a fs.474 y 478/481 impugnó el grado de incapacidad física fijado por el perito, y además pidió explicaciones -con intervención de los consultores técnicos de parte-, que fueron contestadas satisfactoriamente a fs. 484/485 y 490/491.

Sin embargo, es sabido que, aun cuando las normas procesales no acuerdan el carácter de prueba legal al dictamen pericial, si el informe comporta la apreciación específica en el campo del saber del perito, para desvirtuarlo es imprescindible contar con elementos de juicio que permitan concluir fehacientemente en el error o el inadecuado uso que el experto hubiese hecho de sus conocimientos técnicos o científicos, por lo que, para que las observaciones que formulen las partes puedan tener favorable acogida, es necesario que aporten probanzas de similar o mayor rigor técnico que desmerezcan las conclusiones alcanzadas en el peritaje (esta cámara, Sala A, 10/11/2011, «Piñeiro, Gabriel Alberto c/ Ausilli, José Luis y otros s/ Daños y Perjuicios», LL 2011-F, 568; ídem, 30/11/2012, «Granatti, Aldo Rene y otro c/ Microómnibus General Pacheco S. A. y otros s/ Daños y Perjuicios», L. n° 562.884). Por lo tanto, y teniendo en cuenta que los fundamentos expuestos por el perito lucen razonables, otorgo pleno valor probatorio a la pericia médica presentada en autos (art. 477 CPCCN).

Ahora bien, de las constancias obrantes en el incidente de beneficio de litigar sin gastos surge que el menor J. C. V. trabajaba en un taller mecánico, por lo que percibía una suma mensual de $ 1.400.- (vid. fs. 78/81, expte. nro.11389/09), valor que tomaré como punto de partida al fin de efectuar el cálculo ya mencionado.

En función de lo expuesto, en base a las pautas que resultan de la fórmula mencionada precedentemente, adaptadas a las particularidades del caso, teniendo en cuenta asimismo las posibilidades de progreso económico del actor, así como el hecho de que la indemnización debe computar también la pérdida de la capacidad de la víctima para efectuar otras actividades no remuneradas, pero mensurables económicamente, y en uso de las facultades conferidas al tribunal por el art. 165 del CPCCN, propongo al acuerdo fijar el monto de la partida en la suma de $ 350.000.-

b) Lesión estética.

El magistrado actuante admitió este rubro por la suma de $ 16.000.-

Conforme a lo que he expuesto en el apartado anterior, la lesión estética carece de autonomía, y, según sus repercusiones, podrá configurar un daño moral y/o ser valorada junto con la incapacidad sobreviniente. Desde este último enfoque, se trata de lesiones que producen una merma en la capacidad del sujeto para realizar actividades patrimonialmente mensurables. Es esta merma, que resulta en una disminución patrimonial (un lucro cesante), lo que en definitiva constituye el daño resarcible (esta cámara, Sala A, 8/8/2012, «Pillado, Mirta Noemí c/ Vera, Juan Artemio y otros s/ Daños y Perjuicios», L.n° 591.463).

En consecuencia, no corresponde asignar un resarcimiento autónomo por «daño estético», por lo que las repercusiones espirituales de esas lesiones serán tratadas al examinar el daño moral.

Adicionalmente, en el presente caso no he tenido en cuenta las cicatrices que presenta la víctima para ponderar la incapacidad sobreviniente, pues de acuerdo a la actividad laboral que realizaba no encuentro que ellas puedan tener incidencia en su esfera patrimonial, sin perjuicio de que sus repercusiones espirituales serán valoradas al momento de fijar el monto del daño moral.

c) Gastos de traslado, kinesiología y farmacia.

El juez de grado otorgó una indemnización de $ 2.600.- por este concepto.

En primer lugar, debo recalcar que para resarcir esta clase de gastos (médicos, farmacéuticos y de trasaldo) no resulta necesaria una prueba concreta y específica, sino que su erogación se presume en orden a la entidad de los hechos acreditados, aun cuando la atención haya sido prestada en hospitales públicos o por una obra social, que, de ordinario, no cubren la totalidad de los gastos en que incurren los pacientes (esta cámara, Sala A, 25/6/2013, «Ruiz, Jorge Roberto y otra c/ Telefónica de Argentina S. A. y otro s/ Daños y perjuicios», L. n° 405.098; ídem, 24/5/2013, «Romero Larrea, Antonieta Jannette c/ Matos, Jesús Ramón y otros s/ daños y perjuicios», L. n° 562.140, «Quiroz, Ada Noemí y otros c/ Matos, Jesús Ramón y otros s/ daños y perjuicios», L. n° 562.141 y «Riquelme, María Elena y otros c/ Matos, Jesús Ramón y otros s/ daños y perjuicios» L. n° 562.143; ídem, 13/4/2012, «Torchia, Jesue y otro c/ Martin, Ivan David y otros s/ Daños y Perjuicios», L n° 582.770; ídem, 27/12/2011, «Morteyru, Juan Alberto y otro c.Juan, Gustavo Gabriel y otros s/daños y perjuicios», RCyS 2012-VI, 251).

También es presumible que los padres de la víctima directa hayan tenido que realizar erogaciones fuera de lo común para trasladarse a los distintos hospitales (Hospital Pirovano y Clínica Loiacono), y a las distintas consultas, a lo que hay que sumar el tiempo del tratamiento (esta cámara, Sala A, 4/7/2012, «Cotelo, Julio Manuel c/ Gatti, Mariano Guillermo y otros s/ daños y perjuicios», L. 594.810).

Por eso, conforme a los antecedentes ya relatados, y en los términos del art. 165 del Código Procesal, co nsidero que deberá elevarse la suma reconocida en la anterior instancia, a la de $ 10.000.-, lo que así propongo al acuerdo.

d) Daño moral.

El sentenciante de grado admitió este rubro por la suma de $ 39.000.-

Siguiendo a Pizarro, «El daño moral importa (…) una minoración en la subjetividad de la persona, derivada de la lesión a un interés no patrimonial. O, con mayor precisión, una modificación disvaliosa del espíritu, en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, consecuencia de una lesión a un interés no patrimonial, que habrá de traducirse en un modo de estar diferente de aquel al que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial» (Pizarro, Ramón D., Daño moral. Prevención. Reparación. Punición. El daño moral en la diversas ramas del derecho, Hammurabi, Buenos Aires, 2004, p. 31).

En lo que atañe a su prueba, cabe señalar que, a tenor del principio que sienta el art.377 del CPCCN, se encuentra en cabeza de la actora la acreditación de su existencia y magnitud, aunque, en atención a las características de esta especial clase de perjuicios, sea muy difícil producir prueba directa en ese sentido, lo que otorga gran valor a las presunciones (Bustamante Alsina, Jorge, «Equitativa valuación del daño no mensurable», LL, 1990-A-655).

En el caso, al haber existido lesiones físicas de importancia, que dejaron secuelas permanentes, la existencia de un daño moral es fácilmente presumible (art. 163 inc. 5, Código Procesal).

En cuanto a su valuación, cabe recordar lo recientemente señalado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el sentido de que: «Aun cuando el dinero sea un factor muy inadecuado de reparación, puede procurar algunas satisfacciones de orden moral, susceptibles, en cierto grado, de reemplazar en el patrimonio moral el valor que del mismo ha desaparecido. Se trata de compensar, en la medida posible, un daño consumado (…). El dinero es un medio de obtener satisfacción, goces y distracciones para reestablecer el equilibrio en los bienes extrapatrimoniales. El dinero no cumple una función valorativa exacta, el dolor no puede medirse o tasarse, sino que se trata solamente de dar algunos medios de satisfacción, lo cual no es igual a la equivalencia. Empero, la dificultad en calcular los dolores no impide apreciarlos en su intensidad y grado, por lo que cabe sostener que es posible justipreciar la satisfacción que procede para resarcir dentro de lo humanamente posible, las angustias, inquietudes, miedos, padecimientos y tristeza propios de la situación vivida» (CSJN, 12/4/2011, «Baeza, Silvia Ofelia c/ Provincia de Buenos Aires y otros», RCyS, noviembre de 2011, p.261, con nota de Jorge Mario Galdós).

En otras palabras, el daño moral puede «medirse» en la suma de dinero equivalente para utilizarla y afectarla a actividades, quehaceres o tareas que proporcionen gozo, satisfacciones, distracciones y esparcimiento que mitiguen el padecimiento extrapatrimonial sufrido por la víctima (Galdós, Jorge M., «Breve apostilla sobre el daño moral (como «precio del consuelo») y la Corte Nacional», RCyS, noviembre de 2011, p. 259). La misma idea se desprende del art. 1041 in fine del Proyecto de Código Civil y Comercial Unificado que actualmente se encuentra a estudio del Congreso Nacional, a cuyo tenor: «El monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas».

Es ese el criterio que tendré particularmente en cuenta para evaluar la suma que corresponde fijar en el sub lite en concepto de daño moral, a la luz de las características del hecho generador, su repercusión espiritual en la víctima, y las demás circunstancias del caso.

Sentado lo expuesto, y teniendo en cuenta las lesiones sufridas por la víctima (vid. el dictamen pericial de fs. 450/471; no pierdo de vista el porcentaje de la incapacidad derivada de los daños en la cabeza atribuible al hecho del propio damnificado), su internación en el Hospital Pirovano (fs. 225/230) y su posterior derivación en la Clínica Loiácono (fs. 386/443), y la intervención quirúrgica a la que fue sometido (fs.452 del informe del experto), así como los demás malestares y las angustias que un evento como el de autos pudo haber generado en una persona con las condiciones del actor (17 años al momento del accidente), entiendo que el importe de la partida reconocida en la sentencia en crisis es exiguo, por lo que considero que este rubro debe elevarse a la suma de $ 250.000.-

IV.- La citada en garantía se agravia por lo resuelto respecto de la oponibilidad de la franquicia pactada en el contrato de seguro.

La mencionada aseguradora entiende que la condena solo debe hacérsele extensiva en la medida del contrato celebrado con la empresa de transporte, y que debe respetarse la franquicia pactada en la póliza de seguro (por $40.000), que estaría a cargo de la asegurada.

Ahora bien, la pretensión deducida por la letrada apoderada de los demandados Nudo S.A., Luis Domingo Protto y Argos Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros, Dra. Romina F. Faija, trasunta intereses contrapuestos, ya que la admisión del planteo fundado en la oponibilidad de la franquicia beneficiaría a la aseguradora y perjudicaría a la empresa asegurada, que debería afrontar la parte de la condena que excediera aquella.

El art. 35, inc. 5 del CPCCN impone a los sujetos del proceso actuar con lealtad, probidad y buena fe, y lo propio hace la ley 23.187 al imponer esa conducta a los abogados entre sus deberes específicos (art. 5, inc. «e»), como también la expresa prohibición de «representar, patrocinar y/o asesorar simultánea o sucesivamente, en una misma causa, intereses opuestos» (arts. 10, inc. «a» y 20 inc. «g» y art. 19 del Código de Ética dictado por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal).

De esta manera, la apoderada mencionada ha obrado en violación de esos principios, y con ello, dada su naturaleza, en el aspecto de que aquí se trata su actuación procesal ha sido ineficaz (art.953, Código Civil). Así lo ha resuelto esta cámara en similares ocasiones (esta sala, 15/8/2008, «Zapata, Joaquín Horacio c/ Trasporte Sol de Mayo y otro s/ Daños y perjuicios» ; esta cámara, Sala I, 3/10/2009, «Brizuela, Silvia Ester c/ NUDO S. A. y otros s/ Daños y perjuicios; íd., Sala A, 14/5/2013, «López Juan José c/ Empresa General Tomas Guido SACIF s/ Daños y perjuicios», L. 611.104).

Por tales razones, el pedido de que la condena sea soportada por la empresa de transporte en la medida del seguro resulta inadmisible, y en consecuencia propongo rechazar el planteo de Argos Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros.

V.- En cuanto a los intereses, el magistrado actuante los fijó a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina. De ello se agravian los demandados.

La cuestión ha sido resuelta por esta cámara en el fallo plenario dictado en los autos «Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S. A. s/ daños y perjuicios» , del 20/4/2009, que estableció, en su parte pertinente: «2) Es conveniente establecer la tasa de interés moratorio. 3) Corresponde aplicar la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina. 4)La tasa de interés fijada debe computarse desde el inicio de la mora hasta el cumplimiento de la sentencia, salvo que su aplicación en el período transcurrido hasta el dictado de dicha sentencia implique una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido».

No soslayo que la interpretación del mencionado fallo plenario, y particularmente de la excepción contenida en la última parte del texto transcripto, ha suscitado criterios encontrados.Por mi parte, estimo que una correcta apreciación de la cuestión requiere de algunas precisiones.

Ante todo, el propio plenario menciona que lo que está fijando es «la tasa de interés moratorio», con lo cual resulta claro que -como por otra parte también lo dice el plenario- el punto de partida para su aplicación debe ser el momento de la mora. Ahora bien, es moneda corriente la afirmación según la cual la mora (en la obligación de pagar la indemnización, se entiende) se produce desde el momento en que se sufre cada perjuicio objeto de reparación. Por lo demás, así lo estableció esta cámara -en materia de responsabilidad extracontractual, pero con un criterio que es igualmente aplicable a los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de una obligación- en otro fallo plenario, «Gómez, Esteban c/ Empresa Nacional de Transportes», del 6/12/1958.

Así sentado el principio general, corresponde ahora analizar si en el sub lite se configura la excepción mencionada en la doctrina plenaria, consistente en que la aplicación de la tasa activa «en el período transcurrido hasta el dictado de dicha sentencia implique una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido».

En ese derrotero, la primera observación que se impone es que, por tratarse de una excepción, su interpretación debe efectuarse con criterio restrictivo. En consecuencia, la prueba de que se configuran las aludidas circunstancias debe ser proporcionada por el deudor, sin que baste a ese respecto con alegaciones generales y meras especulaciones. Será necesario que el obligado acredite de qué modo, en el caso concreto, la aplicación de la tasa activa desde el momento del hecho implica una importante alteración del significado económico del capital de condena y se traduce en un enriquecimiento indebido del acreedor. En palabras de Pizarro:»La alegación y carga de la prueba de las circunstancias del referido enriquecimiento indebido pesan sobre el deudor que las alegue» (Pizarro, Ramón D., «Un fallo plenario sensato y realista», en La nueva tasa de inte rés judicial, suplemento especial, La Ley, Buenos Aires, 2009, p. 55).

Así las cosas, no creo posible afirmar que la sola fijación en la sentencia de los importes indemnizatorios a valores actuales basta para tener por configurada esa situación. Ello por cuanto, en primer lugar, y tal como lo ha señalado un ilustre colega en esta cámara, el Dr. Zannoni, la prohibición de toda indexación por la ley 23.928 -mantenida actualmente por el art. 4 de la ley 25.561- impide considerar que el capital de condena sea susceptible de esos mecanismos de corrección monetaria. En palabras del mencionado colega: «La circunstancia de que, cuando se trata de resarcimientos derivados de hechos ilícitos, el juez en la sentencia estima ciertos rubros indemnizatorios a valores actuales -como suele decirse-, a los fines de preservar en equidad el carácter resarcitorio de la indemnización, no significa que se actualicen los montos reclamados en la demanda o se apliquen índices de depreciación monetaria», pues tales mecanismos de actualización están prohibidos por las leyes antes citadas (Zannoni, Eduardo A., su voto in re «Medina, Jorge y otro c/ Terneiro Néstor Fabián y otros», ésta cámara, Sala F, 27/10/2009, LL Online, entre otros).

Pero más allá de ello, lo cierto es que, aun si se considerara que la fijación de ciertos montos a valores actuales importa una indexación del crédito, no puede afirmarse que la tasa activa supere holgadamente la inflación que registra la economía nacional, de forma tal de configurar un verdadero enriquecimiento del acreedor.La fijación de tasas menores, en las actuales circunstancias del mercado, puede favorecer al deudor incumplidor, quien nuevamente se encontrará tentado de especular con la duración de los procesos judiciales, en la esperanza de terminar pagando, a la postre, una reparación menguada -a valores reales- respecto de la que habría abonado si lo hubiera hecho inmediatamente luego de la producción del daño.

Por las razones expuestas, no encuentro que se configure, en la especie, una alteración del significado económico del capital de condena que importe un enriquecimiento indebido de la actora.

Finalmente, no desconozco que el art. 303 del CPCCN fue derogado por el art. 12 de la ley 26.853, recientemente sancionada. Sin embargo, en virtud del art. 15 de aquella norma, tal disposición recién entrará en vigor a partir de la efectiva integración y puesta en funcionamiento de los tribunales que allí se crean, razón por la cual hasta ese momento continúa vigente la doctrina plenaria. Ello, a su vez, es coherente con lo decidido por el máximo tribunal nacional en la acordada n° 23/2013.

Por consiguiente, considero que debe confirmarse la decisión recurrida en este aspecto.

VII.- Por todo lo expuesto, propongo al acuerdo hacer lugar parcialmente al recurso de los actores y desestimar el de los demandados, y en consecuencia: 1) Modificar la sentencia recurrida en el sentido de elevar las partidas indemnizatorias a las siguientes sumas: a) trescientos cincuenta mil pesos ($ 350.000.-) en concepto de incapacidad sobreviniente; b) diez mil pesos ($ 10.000.-) en concepto de gastos, y c) doscientos cincuenta mil pesos ($ 250.000.-) en concepto de daño moral; 2) Confirmar la sentencia de primera instancia en lo demás que decide y fue materia de apelación y agravios, y 3) Imponer las costas de la alzada a los demandados, por haber resultado sustancialmente vencidos (art. 68 del CPCCN).

El Dr. Kiper y la Dra. Abreut de Begher, por las consideraciones expuestas por el Dr. Picasso, adhieren al voto que antecede.Con lo que se dio por terminado el acto firmando los señores Jueces por ante mí, que doy fe.

FDO.

Sebastián Picasso.

Liliana E. Abreut de Begher.

Claudio M. Kiper.

Buenos Aires, de octubre de 2014.

Y VISTO, lo deliberado y conclusiones establecidas en el acuerdo transcripto precedentemente por unanimidad de votos, el Tribunal decide: I.- Modificar la sentencia recurrida en el sentido de elevar las partidas indemnizatorias a las siguientes sumas: a) trescientos cincuenta mil pesos ($ 350.000.-) en concepto de incapacidad sobreviniente; b) diez mil pesos ($ 10.000.-) en concepto de gastos, y c) doscientos cincuenta mil pesos ($ 250.000.-) en concepto de daño moral; II.- Confirmar la sentencia de primera instancia en lo demás que decide y fue materia de apelación y agravios, y III.- Imponer las costas de la alzada a los demandados, por haber resultado sustancialmente vencidos (art. 68 del CPCCN).

IV.- En atención a lo dispuesto por el artículo 279 del Código Procesal, corresponde dejar sin efecto las regulaciones efectuadas en la instancia de grado y establecer los honorarios de los profesionales intervinientes adecuándolos a este nuevo pronunciamiento.

En lo que se refiere a la base regulatoria, este Tribunal considera que, de conformidad con lo establecido por el art. 19 de la ley 21.839, debe considerarse como monto del proceso a los fines arancelarios al capital de condena con más los intereses reclamados y reconocidos en la sentencia (autos «Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA c/Medina Juan José y otros s/cobro de sumas de dinero» del 27/09/11).

Respecto del planteo de fs. 544, punto II, corresponde señalar que nuestro más alto Tribunal interpretó que el art. 505 del Cód.Civil (según ley 24.432) sólo limita la responsabilidad del condenado en costas por los honorarios devengados, más no respecto de la cuantificación de éstos (CSJN, del 27/05/09, in re «Villalba Matías Valentín c/ Pimentel José y otros s/ accidente-ley 9688»).

En virtud de lo expuesto, la jurisprudencia ha entendido que, todas las regulaciones de honorarios deben efectuarse prescindiendo del tope que determina esta norma y aplicando el arancel local correspondiente. (Conf. Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco, sala I en lo civil, comercial y laboral , 30/11/2006 , » S., M.I y otros c. Fábrica S.R.L.»; Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes, 15/11/1996, » Tabarez, Andrés S. c. Dirección Provincial de Energía de Corrientes y/u otro» LLLitoral 1997, 337, entre otros).

Ello determina en definitiva el «quantum» total de honorarios de cada profesional y, de tal manera, la cuestión deberá ser, en su caso, ser propuesta y tratada en la etapa de ejecución.

Sentado lo anterior se tendrá en cuenta el objeto de las presentes actuaciones y el interés económicamente comprometido resultante del capital de condena, naturaleza del proceso y su resultado, etapas procesales cumplidas, y el mérito de la labor profesional apreciada por su calidad, eficacia y extensión, considerando además lo dispuesto por los artículos 1, 6, 7, 9, 10, 19, 33, 37, 38 y concs. de la ley 21.839 -t.o. ley 24.432-.

En consecuencia, regúlanse los honorarios de los Dres. Ana Graciela Orioni y Esteban Marcos Guidi, letrados de los coactores, el primero como apoderado y la segunda como patrocinante, en conjunto, por las tres etapas del proceso, en la suma de ($.); y los de la Dra.Romina Fabiana Faija letrada apoderada de los demandados y citada en garantía, por las tres etapas, en la suma de ($.).

V.- En cuanto a los honorarios de los peritos, se tendrá en consideración el monto del proceso conforme lo decidido precedentemente, la entidad de las cuestiones sometidas a sus respectivos dictámenes, mérito, calidad y extensión de las tareas, incidencia en la decisión final del litigio y proporcionalidad que debe guardar con los estipendios regulados a favor de los profesionales que actuaron durante toda la tramitación de la causa (art. 478 del CPCC).

Por lo antes expuesto se regulan los honorarios del perito ingeniero mecánico Guido Arnaldo Micozzi, del perito médico Hugo Alberto Sola y de la perito psicóloga María de Lourdes Canosa, en la suma de ($.) para cada uno.

Los del perito consultor técnico médico Dr. Néstor J. Caminos y de la perito consultora técnica psicóloga María Marta Domínguez, en la suma de ($.), para cada uno.

VI.- En cuanto a los honorarios de la mediadora, esta Sala entiende, por mayoría de votos de sus integrantes, que a los fines de establecer los honorarios de los mediadores corresponde aplicar la escala arancelaria vigente al momento de la regulación (cfr. autos «Brascon, Martha Grizet Clementina c. Almafuerte S.A. s/ds. y ps.», del 25/10/2013, Exp. 6618/2007, con disidencia del Dr. Picasso).

En consecuencia, ponderando el monto de la sentencia y lo dispuesto por el Dec. 1467/2011, Anexo III, art. 1, inc. g), se fija el honorario de la Dra. Bibiana Josefina Cano en la suma de ($.).

VII.- Por su actuación en la etapa recursiva que culminó con el dictado de la presente sentencia definitiva, regúlase el honorario de los Dres. Ana Graciela Orioni y Esteban Marcos Guidi, en conjunto, en la suma de ($.), y el de la Dra. Romina Fabiana Faija, en la suma de ($.) (art. 14 del Arancel).

Regístrese, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública, dependiente de la CSJN (conf. Ac. 15/13), notifíquese y, oportunamente, archívese.

FDO. Sebastián Picasso.

Liliana E. Abreut de Begher.

Claudio M. Kiper.

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