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Rechazan pedido de indemnización de un policía que sufrió lesiones en ocasión de evitar un robo

PoliciaMultaPartes: Donato Esteban E. c/ Policía de la Pcia. de Bs. As. s/ daños y perjuicios

Tribunal: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires

Fecha: 5-nov-2014

Cita: MJ-JU-M-89974-AR | MJJ89974 | MJJ89974

Rechazo de la demanda de daños y perjuicios deducida por un agente policial contra el Estado provincial a raíz de las lesiones sufridas mientras intentaba impedir un robo.

Sumario:

1.-Cabe confirmar el rechazo de la demanda de daños y perjuicios deducida por un agente policial contra el Estado provincial a raíz de las lesiones sufridas mientras intentaba impedir un robo, pues la parte actora fundó su reclamo en el art. 1113 del CCiv., pero no explicitó cómo podrían subsumirse los hechos en la evocada norma. (Del voto del Dr. Soria, al que adhieren los Dres. Pettigiani, de Lázzari y Hitters – mayoría)

2.-La resolución de la autoridad policial que declaraba como imputable al servicio la lesión padecida por el actor no resulta un obstáculo para arribar a las conclusiones que expuso el a quo al evaluar los distintos supuestos de atribución de responsabilidad. (Del voto del Dr. Soria, al que adhieren los Dres. Pettigiani, de Lázzari y Hitters – mayoría)

3.-En el marco de ese riesgo propio de la tarea del agente de seguridad, diferente y diferenciable de los potenciales que encierran otras actividades laborales, el hecho del tercero, cuando éste sea partícipe necesario del acto de servicio que, en el caso, era frustrar un robo -más allá de que fuera el propio- en un enfrentamiento armado, no puede ser aprehendido como eximente total o parcial de la responsabilidad del empleador, en los términos del art. 1113 segundo párrafo in fine del CCiv., pues el daño causado por el mismo aparece como consecuencia previsible de la acción encomendada estatutariamente al dependiente. (Del voto de la Dra. Kogan – disidencia)

Fallo:

En la ciudad de La Plata, a 5 de noviembre de 2014, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Kogan, Pettigiani, de Lázzari, Hitters, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 112.152, «Donato, Esteban E. contra Policía de la Pcia. de Bs. As. Daños y perjuicios».

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal del Trabajo nº 4 del Departamento Judicial La Plata rechazó la acción instaurada, con costas a cargo de la parte actora (fs. 343/348 vta.). Ésta dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 354/365 vta.), concedido por el citado tribunal a fs. 366.

Dictada a fs. 372 la providencia de autos y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:

I. El tribunal de grado rechazó la demanda que Esteban Eduardo Donato promovió contra la Provincia de Buenos Aires, mediante la cual procuraba el cobro de una indemnización por daños y perjuicios (fs. 343/348 vta.).

Tras señalar que el actor trabaja para la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el a quo juzgó acreditado que el día 6 de julio de 1997, cuando se encontraba fuera de servicio, fue «agredido a balazos por tres malvivientes» y que, como consecuencia del hecho, sufre de «paresia leve en el ciático mayor izquierdo» que lo incapacita en el 21,25% de la total obrera (v. vered., fs. 343/344).

Sostuvo que si bien la parte actora fundó su reclamo en el art. 1113 del Código Civil, no explicitó cómo podrían subsumirse los hechos en la evocada norma, lo cual -consideró- resultaba suficiente para rechazar la demanda (v.sent., fs. 345 vta.).

Por vía de hipótesis, sostuvo que aun suponiendo que se reclama argumentando que el daño se produjo por el hecho de una «cosa riesgosa» que es propiedad de la Provincia o que está bajo su guarda; o bien, que la actividad del accionante debe ser considerada como tal, lo cierto era que la acción tampoco podía tener cabida (v. sent., fs. 345 vta./346).

En este sentido, y dejando a un lado el tema vinculado a la calificación de la actividad como «cosa riesgosa», expresó que ninguna relación tiene el daño sufrido con la actividad del dependiente, pues éste fue baleado no ya por cumplir con su deber de policía, sino por intentar impedir un asalto del cual él mismo era víctima, por lo que el nexo causal quedaba absolutamente desvirtuado, sin que tenga incidencia que la autoridad policial haya declarado «imputable al servicio» la lesión sufrida por aquél (v. sent., fs. 346).

Agregó que en tanto el menoscabo que padeció el actor fue causado por la acción de un asaltante, tercero por quien la demandada no debe responder, se configuraba la causal de eximición prevista en el art. 1113 del Código Civil, lo que también provocaba la ruptura del nexo causal entre el daño y la responsabilidad de la Provincia de Buenos Aires (v. sent., fs. cit.).

Determinó también, por mayoría, que igualmente inaplicable resultaba la normativa de la ley 24.557, desde que el episodio no se había producido por el hecho o en ocasión del trabajo. Además, no podía ser considerado como in itinere, porque el itinerario de su casa al trabajo había sido interrumpido por razones ajenas al servicio (indicó que el accionante se sentó dentro del auto de su hermano a dialogar con él; v. vered., fs.343 vta.) y, por ello, señaló que tampoco en este supuesto representaba un obstáculo el que la autoridad policial hubiera declarado como «imputable al servicio» la lesión padecida por el señor Donato, calificación que, destacó, se encontraba referida «a los beneficios establecidos en el art. 119 de la ley 9.550» (v. fs. 67 del expte. adm. 5100-14190-99 y 36 del sumario 481.905/97; sent., fs. 346 y vta.).

II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 10, 11 y 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 375 del Código Procesal Civil y Comercial y 32 de la ley 11.653 (fs. 354/365 vta.).

Alega que la decisión de origen proviene de una absurda apreciación de los hechos y constancias de la causa (especialmente del expediente administrativo agregado a la presente), al tiempo que señala que el juzgador ha invertido en su perjuicio la carga probatoria (v. fs. 355 vta./356 vta.).

En lo esencial, aduce que al exonerar de responsabilidad a la Provincia por los daños derivados del suceso del que fuera víctima el accionante, el sentenciante de grado no sólo desconoció las obligaciones que en virtud del «estado policial» le son impuestas al dependiente aun cuando no está en funciones, sino además, el alcance que posee la resolución dictada por la autoridad administrativa que calificó el hecho como «acto de servicio», máxime teniendo en cuenta la presunción de legitimidad que la inviste (v. fs. 356 vta./359 vta.).

Refiere que el actor sólo tenía la carga de probar la existencia del evocado hecho y su calificación por parte de la Administración, ya que no existió un planteo de nulidad o de inconstitucionalidad de la resolución que lo reconocía como un «acto de servicio» (v. fs.360).

Insiste en señalar que resulta absurda y arbitraria la decisión de exonerar de responsabilidad a la demandada por las consecuencias generadas por un hecho al que la propia Administración calificó como «acto de servicio» (v. fs. 361/365).

III. El recurso no prospera.

1. La facultad revisora de esta casación está circunscripta al contenido de la sentencia y a la concreta impugnación contra ella formulada (conf. causas L. 104.154, «Reynoso», sent. de 11-V-2011; L. 90.041, «O., J», sent. de 3-III-2010; L. 87.969, «Viejo», sent. de 8-VII-2008; entre otras).

La suerte de la postulación recursiva dependerá entonces de que se baste a sí misma, para que de su lectura pueda advertirse el error en la aplicación de la ley o de la doctrina legal. Ello exige una crítica concreta, directa y eficaz de las conclusiones definitorias y argumentos en que se funda la sentencia recurrida (conf. causas L. 101.312, «Escobar», sent. de 28-XII-2011; L. 100.239, «García», sent. de 18-VIII-2010; L. 89.439, «Lescano», sent. de 10-XII-2008).

2. Bajo tales premisas, se avizora la insuficiencia del embate traído.

a. El interesado deja sin réplica la conclusión central del pronunciamiento impugnado, según la cual el sentenciante consideró que la ausencia de explicitación de los supuestos que permitiesen subsumir el acontecimiento sufrido por el actor en la norma invocada en sustento de su reclamo (art. 1113, Cód. Civ.), resultaba un obstáculo insalvable para el progreso de la demanda (v. sent., fs. 345 vta.).

b. Para más, los restantes argumentos que -si bien por vía de hipótesis- contiene el pronunciamiento tampoco son idóneamente rebatidos.

Hallándonos en presencia de típicas cuestiones de índole fáctica, analizadas por el sentenciante en uso de potestades privativas, su revisión queda subordinada a la cabal invocación y demostración de absurdo (conf. causas L. 100.042, «Martínez», sent. de 27-IV-2011; L. 87.991, «Gallegos», sent.de 12-XII-2007; entre muchas otras). En la especie tal vicio no resulta evidenciado.

Insiste en señalar el recurrente que la sola calificación realizada en sede administrativa del hecho acaecido como «acto de servicio» posee virtualidad para atribuirle responsabilidad a la demandada y, en consecuencia, para reconocer al dependiente una reparación por el daño sufrido, tanto sea por la vía del derecho común (art. 1113, Cód. Civ.), como en virtud de lo previsto en la ley 24.557. Bajo este esquema postula, además, que estaba a cargo de la accionada producir prueba en contrario para eximirse del pago de una indemnización.

Sin embargo, no concreta una réplica adecuada frente a las razones que dio el sentenciante para determinar que la resolución de la autoridad policial que declaraba como «imputable al servicio» la lesión padecida por el señor Donato, no resultaba un obstáculo para arribar a las conclusiones que expuso al evaluar los distintos supuestos de atribución de responsabilidad.

En definitiva, la impugnación se revela disociada del desarrollo expuesto por los magistrados que dio sustento al fallo y que, sin embargo, ha quedado marginado de los agravios que estructuran la queja.

Al respecto tiene establecido esta Corte que es requisito ineludible del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la impugnación concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado, siendo insuficiente el que deja incólume la decisión, por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que se asienta (conf. causas L. 104.828, «Arenillas», sent. de 29-VI-2011; L. 100.037, «Negretti», sent. de 5-V-2010; L. 93.006, «Hermann», sent. de 28-V-2008; L. 87.862, «Cardozo», sent. de 16-V-2007; entre otras).

Con todo, corresponde reiterar una vez más que el concepto de absurdo hace referencia a la existencia, en la sentencia atacada, de un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica o una grosera desinterpretación material de la prueba producida.No cualquier error, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, alcanzan para configurarlo, sino que es necesario que se demuestre un importante desarreglo en la base del pensamiento, una anomalía manifiesta e inconciliable con los elementos objetivos de la causa (conf. L. 99.449, «Barrionuevo», sent. de 28-XII-2010; L. 95.836, «Legarra», sent. de 18-II-2009), extremos que -como se dijo- no son acreditados en la especie.

He de agregar, pues a ellas se alude en el recurso, que las reglas de la sana crítica no tienen cabi da en el fuero laboral, en el que impera el sistema de apreciación en conciencia del material probatorio prescripto por el art. 44 inc. «d» de la ley 11.653 (conf. causas L. 90.361, «Ávalos», sent. de 6-VI-2007; L. 79.601, «Rodríguez», sent. de 23-II-2005; entre otras).

También cabe indicar que la cita de fallos de otros tribunales no resulta eficaz para fundamentar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, porque ellos no constituyen la «doctrina legal» a la que alude el art. 279 del Código procesal (conf. causas L. 106.272, «Stromber», sent. de 9-XI-2011; L. 101.735, «Soler», sent. de 15-XII-2010; L. 87.637, «Reinoso», sent. de 25-XI-2009).

IV. Por todo lo expuesto, el recurso debe ser rechazado, con costas (art. 289, C.P.C.C.).

Voto por la negativa.

A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:

Disiento con la solución propuesta por el colega doctor Soria con el alcance que seguidamente he de precisar.

En el caso, el tribunal de la instancia de grado tuvo por demostrado que el día 6-VII-1997 el señor Donato, encontrándose fuera de servicio, «fue agredido a balazos por tres malvivientes» y, como consecuencia de ese hecho, sufre de «paresia leve en el ciático mayor izquierdo» que lo incapacita en el 21,25% de la total obrera. Y que el referido suceso fue calificado por la autoridad policial como «imputable al servicio» (v. vered., fs.343/344).

Luego, tras señalar que en su demanda la actora no había subsumido los hechos en el art. 1113 del Código Civil cuya aplicación invocaba, en razón de ello descartó que se hubieran configurado los presupuestos para atribuirle responsabilidad a la accionada en el marco del citado precepto e incluso en los términos de la normativa especial de la ley 24.557 (v. sent., fs. 345/346 vta.).

A partir de cómo quedó resuelta la cuestión y los agravios vertidos por el quejoso, resulta necesario analizar si la pretensión del accionante, como refiere el recurso, fue valorada en forma absurda por el pronunciamiento dictado en la instancia.

En este cometido, tal como señalé en la causa L. 81.930, «D., M.N.» (sent. del 25-II-2009), situados ante un litigio que no aparece regido exclusivamente por las normas del derecho privado, dada la naturaleza estatutaria de la relación de empleo público que unía a las partes, gobernada por normas de derecho administrativo local, debe interpretarse el alcance del concepto cosa -comprensivo en el caso de la actividad y la función- a la luz de las previsiones que reglan los deberes del policía de seguridad.

Aquí es donde he de detenerme porque, si bien este hecho ocurrió cuando el accionante estaba fuera de servicio, y esa sola circunstancia -siempre que no deba invocar su condición de agente policial- ha de quedar cubierta por las normas de derecho privado, en este caso específico, entiendo que dicha figura se desdibuja. En efecto, ello es así en la medida que, al «dar la voz de alto e identificarse como policía», asumió la obligación-deber que la normativa específica pone en cabeza de dichos funcionarios, que en cualquier momento y lugar deben actuar con el fin de preservar la seguridad pública, de prevenir y reprimir los delitos, transformándose de ese modo en un acontecimiento ocurrido por el hecho u ocasión del trabajo.Así fue reconocido por la propia empleadora al calificarlo como «acto de servicio», y en esos términos, entiendo, debió ser analizado.

En el marco de ese riesgo propio de la tarea del agente de seguridad, diferente y diferenciable de los potenciales que encierran otras actividades laborales, juzgo que el hecho del tercero, cuando éste sea partícipe necesario del acto de servicio que, en el caso, era frustrar un robo -más allá de que fuera el propio- en un enfrentamiento armado, no puede ser aprehendido como eximente total o parcial de la responsabilidad del empleador, en los términos del art. 1113 segundo párrafo in fine del Código Civil, pues el daño causado por el mismo aparece como consecuencia previsible de la acción encomendada estatutariamente al dependiente (art. 901 del Código Civil).

Dicho en otras palabras, si la actividad del policía de seguridad presupone para éste el deber de asumir todo riesgo en la prevención y represión de delitos y contravenciones y, a su vez, se considera acto de servicio el enfrentamiento armado con delincuentes, antes que el hecho del tercero es la propia actividad la que aparece como causa adecuada en la producción del daño, desde que guía el accionar del trabajador más allá de los límites de su propia seguridad e integridad en aras de defender la vida, la propiedad o la libertad de las personas. Incluso la suya y la de su familia.

Desde ese mirador, del cual no puedo apartarme, encuentro que las particulares circunstancias comprobadas en la causa -el hecho que los malhechores agredieron al accionante cuando éste se identificara como funcionario policial, a fin de impedir el ilícito (v. fs. 36, expte.administ.)- no puede ser calificado como ajeno a aquel presupuesto que determina que la tarea de estos servidores públicos sea considerada riesgosa, precisamente por la posibilidad cierta de la ocurrencia de enfrentamientos armados, como el que produjo las lesiones del actor; donde en cumplimiento de su deber debió correr todos los riesgos y prueba de ello resultan las lesiones producto de disparos de arma de fuego.

Así en la causa, L. 79.690, «R., L. G. y otros», sent. del 28-VI-2006, referí que: «. la expresión ‘cosa’ utilizada por el art. 1113 del Código Civil excede el marco restringido de la definición del art. 2311 del ordenamiento citado y, en este sentido, puede ser utilizada para designar conceptualmente una tarea. Ello porque la naturaleza riesgosa de la cosa deviene de un cúmulo de circunstancias que le son idealmente referibles».

En esa línea, en el precedente de referencia, precisé que: «. la propia actividad laboral puede constituirse en factor de causación del daño en el ámbito del art. 1113 del Código Civil, como también ha sido sostenido por el máximo Tribunal al señalar que el ambiente laboral es un elemento de juicio útil -valorado en conjunto con las tareas que desempeñaba el demandante, los testimonios rendidos y el informe médico- para tener por acreditada la presencia de la cosa riesgosa o viciosa causante de incapacidad laborativa (conf. ‘Fallos’, 312/145)».

Esta Corte, en reiteradas oportunidades -por mayoría- ha resuelto que, en el marco del art. 1113 del Código Civil, no cabe una interpretación estrecha del concepto «cosa», desde que, trascendiendo el puro concepto físico del término, no se debe omitir la ponderación razonada de la incidencia que posea la tarea desempeñada por el trabajador, pudiendo ésta constituirse en factor de causación del daño, y que -por lo tanto- el vocablo «cosa» se extiende para abarcar, en la actualidad, las tareas específicas del trabajador y la actividad laboral toda, razón por la cual se impone admitir su inclusión en las previsiones del precepto citado (conf.causas L. 88.672, «Doufour», sent. del 28-V-2010; L. 93.818, «Lezcano», sent. del 25-XI-2009; L. 92.726, «Galan», sent. del 17-XII-2008; L. 88.325, «Cepeda», sent. del 29-IX-2004; L. 72.336, «Iommi», sent. del 14-IV-2004; entre otras).

En consecuencia, descalificada con arreglo a lo expuesto la conclusión del fallo, procede hacer lugar al recurso extraordinario traído y revocar la sentencia impugnada. Los autos deberán ser devueltos al tribunal de origen para que, debidamente integrado, renueve los actos procesales que sean necesarios y emita el pronunciamiento que corresponda.

Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso interpuesto y devolver la causa al tribunal de origen para que -nuevamente integrado- y de conformidad con lo aquí resuelto, renueve los actos procesales que considere necesarios y dicte nuevo pronunciamiento en orden al reclamo indemnizatorio deducido. Costas por su orden atento la forma que se resuelve (arts. 289 del C.P.C.C. y 19 de la ley 11.653).

Voto por la afirmativa.

El señor Juez doctor Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó también por la negativa.

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:

En la causa L. 80.406, «Ferreyra» (sent. del 29-IX-2004), así como en otras posteriores, sostuve que en el marco interpretativo del art. 1113 del Código Civil no cabe asignarle un sentido estrecho al término «cosa» sino que, trascendiendo su puro concepto físico, ha de extendérselo para abarcar también las tareas específicas del trabajador y la actividad laboral toda. A ello puede agregárse que, cuando esas tareas pueden generar resultado dañoso, deben ser incorporadas al concepto de riesgosas, imponiéndose entonces admitir su inclusión en las previsiones del art. 1113 del Código Civil.

Tales afirmaciones, sin embargo, no encuentran punto de apoyo en el presente caso, donde -tal como se dijo por los jueces de grado- se ha omitido toda explicación de cómo los hechos ocurridos podrían subsumirse en la normativa de responsabilidad (arts.1109 y 1113 del Código Civil) y donde el propio actor se puso en una situación de peligro tal que -de abordarse su análisis- podría acabar resultando eximente de la responsabilidad del Estado empleador.

Luego, y desde que el recurso bajo análisis no alcanza a demostrar que en la sentencia se haya incurrido en absurdo (único supuesto que autorizaría a renovar el análisis de los hechos y la valoración de la prueba), la intención de modificar lo resuelto aduciendo la presunta violación de los actos propios (argumento eficazmente rebatido en la ponencia del doctor Soria) deviene insuficiente.

Por ello, adhiero al voto inicial y doy el mío también por la negativa.

El señor Juez doctor Hitters, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó también por la negativa.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente

S E N T E N C I A

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría, se rechaza el recur so extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, C.P.C.C.).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

DANIEL FERNANDO SORIA

JUAN CARLOS HITTERS

HILDA KOGAN

DUARDO JULIO PETTIGIANI

EDUARDO NESTOR DE LAZZARI

ANALIA S. DI TOMMASO

Subsecretaria

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