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Procedencia de la demanda de daños derivados de las molestias provenientes del taller de chapa y pintura contiguo a la propiedad de la actora.

Taller de autosPartes: Araujo Mario Gabriel c/ Valdovino Nancy Ivón y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de Mendoza

Sala/Juzgado: tercera

Fecha: 12-nov-2014

Cita: MJ-JU-M-89684-AR | MJJ89684 | MJJ89684

Procedencia de la demanda de daños y perjuicios derivados de las molestias provenientes del taller de chapa y pintura contiguo a la propiedad de la actora.

Sumario:

1.-La parte demandada ha incurrido en un ejercicio abusivo de su derecho al realizar su actividad comercial -taller de chapa y pintura- con desaprensión a elementos mínimos de seguridad que eviten o minimicen la incidencia de su trabajo en la tranquilidad de los vecinos, pues el hecho de efectuar constantes trabajos de chapería en un lugar a cielo abierto, sin elemento de insonorización que permitan reducir el nivel de ruido como también efectuar todo trabajo (lijado o pintado) sin los lugares habilitados al efecto (cabina cerrada), ha trastocado no solo la tranquilidad vecinal sino también que su derecho a trabajar ha ido a contrapelo del derecho a contar con un ambiente sano que toda persona pretende vivir.

2.-Atento a las deficiencias marcadas con las que se encuentra el taller, la precariedad de las instalaciones, hace que toda actividad desplegada en el mismo resulte evidente que produzca molestias intolerables para el común de los vecinos, no haciendo falta acreditación certera y específica, cuando se advierte que se utilizan pinturas y solventes y no se cuenta con horno de secado o cabina habilitada al efecto; el ruido molesto se infiere no solo por la actividad desplegada, sino en las pésimas condiciones en las que se realiza.

3.-Establecer cuándo los ruidos superan la normal tolerancia del vecino afectado constituye una típica cuestión de hecho, sujeta a la apreciación judicial en cada caso concreto, de modo que no hay pautas fijas o inmutables para trazar el límite ni tablas de tolerancia de alcance invariable, como serían ciertas tablas de sonoridad admisible.

4.-La normal tolerancia a la que se refiere el art. 2618 CCiv. es una fórmula abstracta, debiendo ser el juez quien dirá cuál es esa normal tolerancia en cada caso concreto, para lo cual tendrá en cuenta las condiciones del lugar, considerando particularmente la índole de las inmisiones, su entidad y su injerencia en los inmuebles vecinos, ya que no pueden existir reglas rígidas, que por ello nos conducen al criterio de cada circunstancia en particular.

Fallo:

En Mendoza, a los 12 días del mes de noviembre de dos mil catorce, reunidos en la Sala de Acuerdo, los Sres. Jueces de esta Excma. Tercera Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributario, trajeron a deliberar para resolver en definitiva los autos Nº 6.625/50.543 caratulados «ARAUJO MARIO GABRIEL C/ VALDOVINO NANCY IVÓN Y OTS. POR D. y P», originarios del GEJUAS n° 1 de la Primera Circunscripción Judicial, venidos a esta instancia en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 270 contra la sentencia de fs. 258/63.

Llegados los autos al Tribunal, se ordenó expresar agravios al apelan-te, lo que se llevó a cabo a fs. 283/92, quedando los autos en estado de resolver a fs. 304.

Practicado el sorteo de ley, quedó establecido el siguiente orden de estudio: Dres. COLOTTO, STAIB y MASTRACUSA.

En cumplimiento de lo dispuesto por los arts. 160 de la Constitución Provincial, 141 y 142 del C.P.C., se plantearon las siguientes cuestiones a resolver.

PRIMERA CUESTION:

¿Es justa la sentencia?

SEGUNDA CUESTION:

Costas.

SOBRE LA PRIMERA CUESTION EL DR. COLOTTO DIJO:

1º) La sentencia de la instancia precedente rechazó la acción planteada por Mario Gabriel Araujo en contra de Nancy Ivonne Valdovino y Carlos Adrián Pizarro, imponiéndole las costas a la actora.

2°) El decisorio fue recurrido por la parte actora, manifestando disconformidad con el fallo apelado.

Luego de una extensa explicación sobre el derecho aplicable (art 2.618 C.Civ.) , las condiciones a tener en cuenta para resolver toda cuestión vinculada con ruidos molestos, como los requisitos que debe cumplimentar los talleres como los del demandado, explicita las conclusiones de la pericia rendida fs.159 a 171.

Así también considera que los ruidos emanados no sólo son intensos sino continuos, tratándose de ruidos de martillos e idéntica situación se da con la pintura de autos, en el que conforme a las fotografías tomadas en el lugar se advierte que la actividad es permanente y ocasiona un daño continuo.

Luego refiere antecedentes doctrinarios y jurisprudenciales que tiende al resarcimiento del daño moral por las molestias ocasionadas a los habitantes por ruidos molestos sin necesidad de la prueba, bastando solo el hecho que el elemento productor de la molestia exista.

Refiere el Código contravencional, el parámetro de la normal tolerancia, que los demandados fueron insistentemente requeridos para cesaren en sus actividades e incontables las órdenes de clausura emanadas de la Municipalidad de Guaymallén, de la cual nunca obtuvo la habilitación municipal. Refiere en cuanto al ruido molesto, como la norma fija un rango límite de 60 dB, como también cómo el damnificado cuenta con diversas opciones para hacer cesar las molestias.

Dice que la a quo se equivoca cuando afirma que no ha probado que los ruidos y/ inmisiones sobrepasan la normal tolerancia, puesto que se acredita con la prueba instrumental e informativa ofrecida y producida los emplazamientos, las denuncias ante la Municipalidad que llevaron en varias oportunidades a la clausura del taller y que de las pericias surgen las condiciones precarias en las que se desarrollaban las actividades.

Dice que el criterio de la normal tolerancia es subjetivo y no como el razonamiento abstracto de la juez, la que si quería apreciar si existe o no ruidos tendría que haber hecho una inspección de visu en forma personal.

En cuanto a la estructura y muros medianeros, dice que la pericia de Mercado a fs.149 no puede considerarse ya que se trata de una sinopsis, que las fotografías demuestran la precariedad del taller que pone en riesgo la salud y seguridad de los vecinos.

Refiere la pericia como la crítica a la misma considerando que el juez ha interpretado erróneamente los dichos de Rijavek (fs. 64/9) puesto que si las medianeras son propias no significa que no exista peligro para el inmueble lindero, respecto de la medianera de la demandada se asienta sobre la medianera del inmueble del actor, que ha cedido en su construcción y hoy se encuentra aguantada por la propia pared del actor.

Concluye que los accionados no produjeron pruebas, se absolvió en rebeldía las posiciones de Pizarro.

3°) Corrido el correspondiente traslado este no es contestado por la parte demandada, quedando en estado de resolver.

4°) El tema que nos ocupa deriva de las relaciones de vecindad, cuestión no menor si se observa que las relaciones entre vecinos y justamente en el día de hoy con el acrecentamiento de la población en centros urbanos y con una errónea y desmedida distribución hace que este fenómeno (el problema vecinal) vaya día a día in crescendo.Tal como lo puntualizaba Alain Bénabent «los daños que crea la vecindad no son nuevos, pero sí se han acrecentado fuertemente con la multiplicación de las explotaciones industriales así como de altos edificios; ruidos, humos, polvos, olores, enmascarados a la vista o a plena luz».

Para que dicho fenómeno social pueda encontrarse correctamente sometido a la ley debió determinar en primer lugar los parámetros sobre el cual el derecho se apoya ya para prevenir o en su caso para solucionar los conflictos derivados de la relación de vecindad.

Así se observa que las legislaciones establecen de un modo u otro que los vecinos deben soportarse mutuamente en tanto y en cuanto no excedan ciertos parámetros que la propia ley fija.

De manera tal la norma, impone como regla o principio general el deber de tolerancia entre vecinos como condición mínima de la vida en sociedad, sin perjuicio de que existan límites puesto que de no establecerse ninguno la convivencia resultaría imposible.

Como indican la mayoría de los autores que tratan el tema, la cuestión más importante en esta materia es que el establecimiento de esos límites sea lo más justo y equitativo posible, para poder articular del mejor modo los aspectos negativos y positivos del derecho de dominio en esta manifestación.

En el ordenamiento argentino dichos límites se encuentran fijados por las normas a modo de establecimiento de un standard jurídico, la «normal tolerancia», contenido en el art. 2.618 del Cód. Civil.

Así la norma referenciada establece que: «Las molestias que ocasio-nen el humo, calor, olores, luminosidad, ruidos, vibraciones o daños similares por el ejercicio de actividades en inmuebles vecinos no deben exceder la normal tolerancia teniendo en cuenta las condiciones del lugar y aunque mediare autorización administrativa para aquéllas. Según las circunstancias del caso, los jueces pueden disponer la indemnización de los daños o la cesación de tales molestias.En la aplicación de esta disposición el juez debe contemporizar las exigencias de la producción y el respeto debido al uso regular de la propiedad; asimismo tendrá en cuenta la prioridad en el uso. El juicio tramitará sumariamen-te».

Para parte de la doctrina y la jurisprudencia, debe apreciarse la normal tolerancia desde un punto de vista objetivo, lo que implica la exclusión de las circunstancias estrictamente subjetivas del conflicto. Así se ha sostenido que «la cuestión no es matemática, pues su evaluación se hace sobre elementos de relativa apreciación, y debe hacerse de manera que se tome como cartabón a una persona normal y exenta de deficiencias psíquicas o auditivas, sin considerar la edad y otras circunstancias personales, pues en tal caso habría que tomar en cuenta a cada persona en particular lo que es contrario al establecimiento de criterios o reglamentaciones abstractas.» (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala D;Fortunato, José M. y otros c. El Hogar Obrero Coop. de C. E. C. L. • 17/03/1989 ; LA LEY 1990-D , 145;Cita online: AR/JUR/70/1989)

Andorno indica que se ha opuesto a tal criterio objetivo tres eventuales razones de «relatividad», a saber: 1) la ubicación del inmueble (por ejemplo si está destinado a vivienda o es de destino comercial; si está en zona industrial o en zona residencial, etc.), 2) la actividad desarrollada por el damnificado (un músico o un tornero, por ejemplo) y 3) la receptividad personal del afectado.

Vale aclarar que el último de los criterios debe descartarse por ser contrario al fin de la regulación de las relaciones de vecindad. Claro está que una persona hipersensible no puede reclamar que la vida cotidiana de los demás se adaptara a sus necesidades sin respetar las necesidades más comunes de los otros.

En general, se ha dicho que es necesario buscar un patrón objetivo para todo tipo de inmisiones, «ninguna fórmula rígida sería bastante y adecuada»: porque los supuestos son tan innúmeros y variables que impiden una «tabulación» exacta.Es por esta razón que nuestra jurisprudencia ha debido establecer directivas, configuradas no sólo por la intensidad y continuidad de las molestias, sino también por su naturaleza, frecuencia, y según las características de las zonas en cuestión, los usos tolerados en ellas y teniendo en cuenta las épocas y la evolución social y económica» (Spota, Alberto G., «La responsabilidad objetiva en el derecho de vecindad», Rev. LA LEY, t. 39, p. 166.).

En definitiva concluye el autor que hay que acudir al standard jurídico de la racionalidad.

En el caso de autos se ha denunciado la existencia de inmisiones inmateriales como ruidos molestos, polvillo, restos de pintura, etc., rindiendo prueba que a entender del apelante ha sido erróneamente considerada por la a quo a los fines de dirimir la disputa vecinal.

Con respecto a las primeras de las inmisiones debe sentarse que establecer cuándo los ruidos superan la normal tolerancia del vecino afectado constituye una típica cuestión de hecho, sujeta a la apreciación judicial en cada caso concreto, de modo que no hay pautas fijas o inmutables para trazar el límite ni tablas de tolerancia de alcance invariable, como serían ciertas tablas de sonoridad admisible.

Así se ha dicho con acierto que aun con el valor que como elementos técnicos pueden llegar a tener los exámenes y m ediciones, circunstancia que no se discute, ello no quita que la apreciación de la existencia de las inmisiones, resulta siempre sujeta al prudente arbitrio judicial que analice cada caso en particular con los elementos que lo integran. Se entiende que la normal tolerancia a la que se refiere el art. 2618 C.Civil es una fórmula abstracta, debiendo ser el juez quien dirá cuál es esa normal tolerancia en cada caso concreto, para lo cual tendrá en cuenta las condiciones del lugar, considerando particularmente la índole de las inmisiones, su entidad y su injerencia en los inmuebles vecinos, ya que no pueden existir reglas rígidas, que por ello nos conducen al criterio de cada circunstancia en particular (Cám. Civ.Com. Morón, sala 2ª, 12/4/94, LLBA, 1995-299; CNCiv., sala «B», 10/10/96, LA LEY, 1997-E, 287 y Cám. Apels. Trelew, sala A, 19/11/2002, «Antin, Belén y otro c. Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia Supermercados La Anónima s/juicio sumario» (Expte. Nº 18.095 – año: 2002).

Por consiguiente dicho exceso de la normal tolerancia no es algo que pueda definirse o establecerse exclusivamente en base a decibeles, ya que en ciertas circunstancias, como son los horarios de descanso o la repetición, son motivos por los cuales un ruido puede tornarse insoportable sin que sea razonable llegar al nivel de una tortura que definitivamente impida conciliar el sueño. A modo de ejemplo si bien puede ocurrir que el nivel de ruido no exceda el máximo de decibeles permitido para determinada actividad, su repetición o reiteración constante, termina siendo exasperante para el hombre medio y máxime en horarios de descanso.

Otro tanto ocurre con el polvillo en suspensión y los restos de pintura, los que verificados que provienen de la actividad desarrollada en el inmueble vecino, determinaran el exceso a la normal tolerancia cuando los mismos asuman el carácter ininterrumpido, no natural que supere las incomodidades normales de la vecindad. Es decir que su reiteración constante, habitual, aún frente a una actividad debidamente autorizada por la autoridad administrativa, puede determinar la configuración de una inmisión en la medida en que el desprendimiento del polvillo o las emanaciones de restos de pintura afecten el desarrollo normal y alteren la convivencia pacífica en las relaciones vecinales.Ello también sujeto a la actividad desplegada y conforme a las pruebas que se realicen para acreditar la reiteración constante de dichas emanaciones.

En el caso la a quo se sustenta en forma exclusiva la inactividad que verificó la perito de higiene y seguridad, sin advertir las condiciones precarias en la que se encontraba el taller de chapería y pintura, del cual y unido al resto del material probatorio determina la esencial configuración del exceso a la normal tolerancia.

Así adviértase que si bien al momento del examen del perito no se encontraban trabajando dentro del inmueble (por lo que no se registraron ruidos ni emisiones de compuestos orgánicos volátiles), solo se encontraban afuera del referido taller vehículos estacionados, sobre el cual en uno de ellos se estaban realizando tareas de lijado, se observaron en el caso tarros de pintura abiertos con restos de pintura seca, pinceles, trapos sucios. También observa que existen un comprensor sin protección de seguridad.

La experticia afirma que en el caso de utilización de pinturas y solventes deben ser usados en cabinas o zonas habilitadas para dicha tarea, recomendándose también que los desechos tales como aserrín, trapos, filtros, polvos de lijados deben ser diariamente desechados por cuanto se consideran residuos peligrosos.

Dicha precariedad también fue constatada en la medida previa (pericia) de fs.64/9 en el que se verificaron vehículos en reparación, como elementos de preparación de pinturas a cielo abierto, gasógeno (generador de gas acetileno altamente explosivo) sin medidas de seguridad, compresor sin protector de correas y poleas.

Dicha precariedad también evidenciada en la deficiente instalación eléctrica con la que cuenta el referido taller, ha tenido su correlato en las emanaciones de ruidos, polvillos y pintura que en el ambiente se han mantenido y que determinan que quienes deben sufrir los mismos sean los vecinos.

Así adviértase que conforme a la declaración testimonial de Lorena Tejo (no tachada por la contraria), afirma conocer las molestias que produce el taller de chapa y pintura del demandado, tales como ruidos molestos, mucho olor a pintura sin respeto por los horarios principales, como la siesta y de noche, el uso de maquinarias que afecta la electricidad de la familia Araujo (merma de luz, afectación de aparatos eléctricos).

Taller que como se observa no se encontraba habilitado por el Municipio de Guaymallén. Adviértase que conforme a la pericia de fs. 64/9, se indica que Pizarro había dado inicio al trámite de habilitación, en el cual solicita una prórroga de habilitación, pero que no presentó el certificado final. Si ello lo relacionamos con el testimonio de la srta. Tejo, la misma nos indica que el referido taller había sido clausurado pero que Pizarro a los dos días rompió la faja de seguridad y siguió trabajando, lo que se condice con el material fotográfico adjuntado (fs. 4 vta. superior), con las posiciones absueltas en rebeldía por Pizarro y por las expuestas por la codemandada Valdovino, quien reconoce que el taller tenia «media habilitación», y que es verdad que se ha encontrado clausurado dicho taller.

En la relación del material probatorio, atento a las deficiencias marcadas con las que se encuentra el taller, la precariedad de las instalaciones, hace que toda actividad desplegada en el mismo resulte evidente que produzca molestias intolerables para el común de los vecinos.No hace falta acreditación certera y específica, cuando se advierte que se utilizan pinturas y solventes y no se cuenta con horno de secado o cabina habilitada al efecto. El ruido molesto se infiere no solo por la actividad desplegada, sino en las pésimas condiciones en las que realiza. Adviértase que el simple repiqueteo constante de un martillo para arreglar las chapas, por más que no supere la cota auditiva de un decibelímetro resulta intolerable a cualquier oído, máxime si se realiza en un taller que no presenta condiciones mínimas de seguridad (tinglados, debidamente cerrado, realizándose a cielo abierto la actividad).

Dicha precariedad en las instalaciones también se ve patentizada en las estructuras por cuanto si bien el perito ingeniero a fs. 149 menciona que no existen peligros de derrumbe, la construcción realizada (no se trata de muros antisísmicos) sino de adobe, que la división entre las propiedades con material tipo lámina plástica sumamente precario. Sin embargo como se dijo al no existir otros elementos probatorios que corroboren la amenaza efectiva de derrumbe (la actora no ha sido diligente y no ha aportado los correspondientes expedientes municipales ofrecidos como prueba), hacen que en este aspecto no pueda tenerse por configurada el supuesto de inmisión material planteado.

5°) La responsabilidad derivada de las inmisiones es de carácter particular, típicamente objetiva y por lo tanto desprovista de culpa y de ilicitud, siendo derivación razonada de la norma involucrada (art. 2618 C.Civ).

Requiere la acreditación de las referidas inmisiones, involucrándose en dicho concepto al humo, gases, trepidaciones, rajaduras, luminosidad, vibra-ciones de motores, hollín, etc.propias de la naturaleza del establecimiento (en el caso el polvillo, pintura y ruidos es típico de un taller de chapería y pintura), debiendo a los fines de su configuración como un supuesto de responsabilidad demostrar, tal como se viene pregonando, el exceso de las molestias con el rango de superar la tolerancia normal que un hombre medio puede soportar de dichas inmisiones.

Al encontrarse desprovista de toda ilicitud e intencionalidad, varios autores pregonaron la especialidad de dicha responsabilidad, aunque es de de destacar que la ausencia o carencia de dichos elementos no significan que deba ser desprovisto de la imputabilidad, puesto que en la medida en que el hecho o la conducta dañosa sea imputable al responsable, solo en tal medida puede hablarse de responsabilidad.

Por consiguiente por más que sea lícito y no exista elemento intencional o subjetivo alguno que permita determinarlo, el autor del exceso deberá reparar el daño causado, en la medida en que dicho exceso le sea imputable y solo podrá exonerarse en la medida en que exista fuerza mayor.

En cuanto al daño resarcible el mismo puede consistir en una reparación material, como por ejemplo el daño sufrido en la propiedad del vecino u otros objetos; puede obtenerse la reparación del daño corporal producido por la inmisión (irritaciones, alergias, cánceres aparecidos en el cuerpo de los vecinos por la actividad excesiva); como también de índole moral (depresión o trastornos provocados por los padecimientos).

En ese sentido se ha resuelto que que es dable condenar al dueño de la cosa molesta (terreno destinado al estacionamiento de camiones de gran porte) a indemnizar la reparación del agravio moral, porque, aunque el art. 1078 CCiv. reserva esa obligación para el caso de los actos ilícitos, éste lo es por contravenir la norma municipal (art. 1066, C.Civil) (. Civ. y Com. San Isidro, sala 2ª, 03/06/2003, Sánchez, Américo y otra c.Cedrato, Rosa y otras, JA 2006-II-síntesis).

En el caso de autos el reclamo indemnizatorio cuenta con dos aristas el reclamo del daño material y el daño moral. Con respecto al primero menciona que requiere el arreglo inmediato de las medianeras de adobe y alero.

Ciertas objeciones se presentan al mismo. Así no existe prueba fehaciente que determine en primer lugar la necesidad imperiosa del arreglo, en segundo lugar no se ha acreditado el peligro de derrumbe, en tercer lugar no se trata de muro medianero sino de muro propio del veci no, en cuarto lugar la única invasión sobre el vecino es el alero del costado sur, del cual, tal como lo afirma el experto, al tratarse de una subdivisión de una propiedad de mayor superficie el alero existía al momento de la construcción, no resultando propia del demandado, por lo que la carga de su reparación, en el caso de ser necesaria se le impone a ambos, por último no existe prueba tampoco sobre la estimación y presupuesto de los montos que estima sean reparados, lo que torna inadmisible la reparación.

En cuanto a la procedencia del daño moral al margen de considera su procedencia tal como lo había estimado en la norma indicada que con criterio flexible permite su indemnización, también puede verse el fundamento de su reparación bajo la figura del ejercicio irregular o antifuncional de los derechos previstos por el art. 1071 del Código Civil. La figura se verifica cuando quien ejercita un derecho del cual es titular, lo hace con desviación de los propósitos o fines que por los que el ordenamiento jurídico ha reconocido tales derechos subjetivos.

En el caso de autos, resulta evidente que la parte demandada ha incurrido en un ejercicio abusivo de su derecho al realizar su actividad comercial con desaprensión a elementos mínimos de seguridad que eviten o minimicen la incidencia de su trabajo en la tranquilidad de los vecinos.El hecho de efectuar constantes trabajos de chapería en un lugar a cielo abierto, sin elemento de insonorización que permitan reducir el nivel de ruido como también efectuar todo trabajo (lijado o pintado) sin los lugares habilitados al efecto (cabina cerrada), ha trastocado no solo la tranquilidad vecinal sino también que su derecho a trabajar ha ido a contrapelo del derecho a contar un ambiente sano que pretende toda persona vivir.

En tren de estimar los mismos, contamos como antecedente la causa originaria de este Tribunal n° 33.943 «Metz, Susana y ots. c/ Ferrraris, María Carolina p/ daños y perjuicios» del 3/09/2012, por el cual se reparó el daño moral a las actoras en la suma de $ 6.500 a cada una de ellas y en la que se tuvo en cuenta los sinsabores sufridos por las inmisiones, las incidencias psicológicas que trastocaron sus vidas de relación y que requirió de psicoterapia, y medicación antidepresiva y ansiolítica.

En el caso de autos no existe prueba que acredite consecuencias psicológicas en la persona del actor, sin perjuicio de advertir que su tranquilidad espiritual se ha visto trastocada por la actividad comercial desplegada en el inmueble vecino, lo que configura a mi entender elemento suficiente como para estimar la procedencia del presente rubro.

El mismo al depender del prudente arbitrio judicial es dable estimarlo conforme a tales antecedentes, por lo que juzgo que al día de la fecha y a tenor del art. 90 inc. 7° C.P.C., la suma de pesos diez mil ($ 10.000), es suficiente reparación del agravio moral ocasionado por el exceso en las inmisiones.

El recurso por ende resulta admisible.

Atento a la suerte del recurso de apelación, voto en esta cuestión por la negativa, debiendo modificarse el fallo admitiendo parcialmente la apelación y condenando a los demandados por el monto de $ 10.000.-

A la misma cuestión, por sus fundamentos, los Dres. STAIB y MASTRASCUSA, adhieren al voto que antecede.

SOBRE LA SEGUNDA CUESTION EL DR.COLOTTO DIJO:

Las costas de esta instancia deben serle impuestas a la demandada (art. 36 del C.P.C. ). Así voto

A la misma cuestión, por sus fundamentos, los Dres. STAIB y MAS-TRASCUSA, adhieren al voto que antecede.

Con lo que terminó el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continuación se inserta:

SENTENCIA:

Mendoza, 12 noviembre de 2014

Y VISTOS:

El acuerdo que antecede, el Tribunal

RESUELVE:

1°) Admitir parcialmente el recurso de apelación planteado por la actora y en consecuencia revocar la sentencia dictada a fs. 258/63, la que quedará redactada de la siguiente manera: «I.- Admitir parcialmente la demanda interpuesta por Mario Gabriel Araujo en contra de Nancy Ivonne Valdovino y Carlos Adrián Pizarro y en consecuencia condenar a la demandada para que en el plazo de diez días de quedar firme la presente, abone a la actora la cantidad de pesos diez mil ($ 10.000) con más los intereses de la ley 4087 desde la fecha de promoción de la demanda hasta la sentencia y desde allí los intereses legales calculados a la tasa activa que cobra el BNA para sus operaciones de descuento hasta su efectivo pago.

II- Imponer las costas a la demandada.

III -Regular los honorarios profesionales de primera instancia por lo que se admite la demanda a los dres. María Cristina Gentile, Gabriel Pellegrino, Guillermo Bustos Bruno, proc. Carlos Cusimano, Graciela Agüero y María Ruth Giménez en la suma de ($.),($.), ($.), ($.), ($.), respectivamente y sin perjuicio de los complementarios que pudiesen corrresponder (art. 2, 3, 31, 32 ley 3641).

IV – Regular los honorarios de los peritos Rubén Rijavec, Carlos Mercado, Silvia Boainain y Juan Amadeo Marañón en las sumas de ($.), ($.), ($.), ($.), respectivamente.

2°) Imponer las costas de Alzada a la demandada, en la medida de sus vencimientos. (art. 36 C.P.C.).

3°) Regular los honorarios profesionales en la alzada a los dres. María Cristina Gentile y Mariano Acieff en la suma de ($.) a cada uno (art. 15 ley 3.641).

Notifíquese y bajen.-

Dr. Gustavo Colotto

Juez de Cámara

Dra. Graciela Mastrascusa

Juez de Cámara

Constancia: La presente es firmada por dos de los Ministros integrantes de la Cámara, atento a que el Dr. Alberto Staib se acogió a los beneficios jubilatorios. (Art 141 II del CPC).

Dra. Alejandra Iacobucci

Secretaria de Cámara

  1. Hola quiero denunciar que el taller sosa hnos situado en calle italia 876 del barrio palumbo godoy cruz en mza esta contaminando el medioambiete pintan a la interperie esparciendo toda la pintura en mi domicilio y al rededores

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