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Procedencia de la demanda de daños deducida contra la madre que convivió con una persona haciéndole creer a la actora que era su padre.

DemandaPartes: D. M. B. c/ M. A. M. s/ ordinario – otros – recurso de apelación

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba

Sala/Juzgado: novena

Fecha: 9-may-2014

Cita: MJ-JU-M-89682-AR | MJJ89682 | MJJ89682

Procedencia de la demanda de daños y perjuicios deducida contra la madre que convivió con una persona haciéndole creer a la actora que era su padre. Cuadro de rubros indemnizatorios.

fallo 3

Sumario:

1.-Cabe confirmar la sentencia que hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios deducida contra la madre que convivió con una persona haciéndole creer a la actora que era su padre, pues si la demandada ha adoptado conductas que tienen potencial procreacional, asume un deber de informarse respecto de las consecuencias de esas relaciones; en el caso, el haber tenido estas relaciones despreocupadamente, descansando en la presunción legal que atribuye el hijo al matrimonio, no la libera de la culpa que es dable atribuirle.

2.-La demandada no puede atrincherarse en que en autos sólo existen elementos que autorizan a entender que recién conoce el hecho de la paternidad de la actora al anoticiarse del informe genético, pues la culpa que se atribuye no resulta involuntaria por desconocimiento de sus consecuencias sino por su participación despreocupada en el hecho y el mantenimiento de una situación nacida al amparo de circunstancias que autorizan a sospechar.

3.-En toda cuestión relativa a la procreación se involucran derechos y obligaciones que corresponden a los distintos participantes e, incluso, a los hijos nacidos como fruto de estas uniones; por ello, si no está en discusión que la demandada ha tenido una conducta que, aunque puede considerarse privada, se ha proyectado efectivamente en afectación de derechos de terceros, es posible concluir que se debe considerar la situación en el marco del deber constitucional de no dañar con las respectivas consecuencias que genera.

4.-No puede sostenerse que exista un perjuicio fundado en un historial de hechos dañosos manifestados permanentemente durante la vida de relación filial, ya que no puede sostenerse con suficiencia la referencia de los malos tratos con la entidad relatada, ni la violencia verbal en los extremos invocados, y esto tiene interés por cuanto la misma actora relata que nada de ello le impidió crecer, recibirse y conseguir trabajo.

Fallo:

En la ciudad de Córdoba, a los nueve días del mes demayo del año dos mil catorce, reunidos en Audiencia Pública los Sres. Vocales de la Excma. Cámara Novena de Apelaciones de esta ciudad, a los fines de dictar sentencia en estos autos caratulados: «D., M. B. contra M. , A. M. -Ordinario- Otros- Recurso de Apelación» (Expte. 1888027/36), venidos del Juzgado de Primera Instancia y Sexta Nominación en lo Civil y Comercial de esta Ciudad, en virtud de los recursos de apelación interpuestos por la apoderada de la parte demandada y por el patrocinante de la actora en contra de la sentencia número ciento treinta y cinco del quince de mayo de dos mil trece, dictada por laDra. Clara M. Cordeiro, por la cual se resuelve: «1. Hacer lugar a la demanda deducida por la Sra. M. B. D. y condenar a la Sra. A. M. M. a abonar a la actora la suma de pesos ochenta mil ($ 80.000) con más los intereses correspondientes, dentro de los diez días de quedar firme la presente resolución.2. Imponer las costas a la demandada vencida Sra. A. M. M. , atento el principio objetivo de la derrota. (art. 130 del C.P.C.).3. Regular los honorarios de los Dres. Eduardo G. Secchi y Daniel O. Manez, en la suma de ($.), en conjunto y proporción de ley.4. No regular honorarios a la Dra. AdriA. Olmedo en esta oportunidad atento lo dispuesto por el art. 26 de la ley 9459.5. Regular los honorarios del perito oficial interviniente Dr. Martín Alejandro Agüero en la suma de ($.), a cargo de la condenada en costas.PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y DESE COPIA.»

Que este Tribunal, en presencia de la actuaria se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1) ¿Es procedente el recurso?

2) En su caso, ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?

3) Efectuado el Sorteo de Ley, la emisión de los votos resulta en el siguiente orden:

1) Dr. Jorge Eduardo Arrambide, 2) Dra. Verónica Francisca Martínez de Petrazzini y

3).- Dra. M.Mónica Puga de Juncos.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA

EL SEÑOR VOCAL DOCTOR JORGE EDUARDO ARRAMBIDE DIJO:

I).- Que contra la sentencia cuya parte resolutiva fue precedentemente transcripta se alza la apoderada de la demandada mediante recurso de apelación interpuesto a fojas 184. El recurso es concedido por decreto del veintidós de mayo de dos mil trece (fojas185). Por su parte, también el patrocinante de la actora cuestiona la sentencia mediante recurso de apelación interpuesto a fojas 186, que fue concedido por decreto del veintitrés de mayo de dos mil trece (fojas 187). Elevadas las actuaciones, se corren los traslados de ley, a mérito de lo cual expresa agravios la demandada por medio de su apoderada (fojas 197/206), contestado por la actora a fojas 209/211.

Que a fojas 213/218 expresó agravios la parte actora, los que fueron contestados por la demandada a fojas 222/226.

Que en este estado se dicta decreto de autos. Firme y consentido el llamamiento para definitiva, pasan las actuaciones a estudio.

II).- Que siguiendo el orden en que se han expresado los agravios, definimos en primer lugar los que fundan el recurso de la parte demandada. El escrito en que se exponen las razones de la impugnación se encuentra diagramado en cuatro segmentos subtitulados como: Objeto, Antecedentes, Prueba y Petitorio. En el sector distinguido como Antecedentes, a su vez, se ordenan las cuestiones en sub puntos que van del «I.- a.» al «I.- d»; entre ellos se exponen los agravios, sin otro orden que el que responde al diseño del escrito.

Que, ingresando a los agravios expuestos por la demandada, previo señalar que a su entender se trata de una cuestión familiar que debía ser solucionada mediante alternativas extrajudiciales, con diálogo, compresión y respeto, la apelante aduce que la sentencia vulnera principios de orden constitucional, de congruencia y razón suficiente.Señala que la resolución habilita el reproche desde la normativa sustancial al definir el hecho antijurídico y por ello hace hincapié en que los hechos ejecutados sin discernimiento no producen obligación alguna. A partir de allí, es que alega haber tomado conocimiento del hecho negativo de la paternidad con el informe del Centro Integral de Genética Aplicada.Por lo tanto, excluye una ilicitud subjetiva, a la par que invoca la presunción de la ley respecto de los hijos nacidos durante el matrimonio.

Que, por otra parte, alega su excepción de incompetencia, al sugerir que debía impugnarse la paternidad, lo que no ha hecho pese a su actual edad. Con ello infiere que no se verifica la perturbación invocada.

Que en relación al factor de atribución,sostiene que las acciones privadas de los hombres que no ofendan el orden, la moral pública o afecten a un tercero, se encuentran sólo reservadas a Dios y exenta de la autoridad de los magistrados.

Que -dice- la a quo valida su conclusión en la pericial sin referir a otra prueba, por lo cual, resalta lo que a su criterio son contradicciones que surgen, por ejemplo, de las testimoniales.

Que en lo referido al daño moral hace una extensa transcripción de la resolución impugnada para sostener que en este caso ello entra en crisis con la prueba desde que indica que no existen los mencionados traumas psicológicos.

Que por tales razones pide se revoque la sentencia.

Que la actora contesta la expresión de agravios haciendo especial consideración en que ella adolece de deficiencias técnicas que la inhabilitan como tal.

III).- Que a su turno, la actora cuestiona la sentencia a partir de dos segmentos vertebrales en los que expone sus quejas en orden a lo que define como «Primer agravio» y «Segundo agravio». En laprimeraqueja objeta el rechazo del daño ocasionado por el trastorno psíquico que reclama a partir de su proyección material.Argumenta tomando como punto de partida la prueba de autos y la posición que al respecto ha adoptado la doctrina y la jurisprudencia. Que en el segundo tópico relacionado con el daño moral, aunque reconoce que se acoge su pretensión en este orden, cuestiona la cuantificación realizada. Pese, a reconocer la dificultad en su estimación, sostiene que en el presente no se trata de un simple dolor sino un sufrimiento continuado durante un importante período. Cita doctrina y pide la modificación de la sentencia.

Que la demandada contesta los agravios. Define que el daño psicológico no constituye una categoría autónoma y por ello encuentra contradictorio la petición de la actora.

Que también refuta el cuestionamiento del daño moral. Pide el rechazo de la apelación.

IV).- Que la sentencia recurrida hace lugar parcialmente a la demanda y condena a la demandada a abonar a la actora la suma de pesos ochenta mil ($ 80.000) en concepto de daño moral e impone las costas a la accionada. La a quo encuentra que la relación filial madre/hija no se encuentra negada como sí se ha hecho con el resto de los hechos que integran el relato de la demanda. Al A.lizar la prueba considera la libreta de familia en la que se define quienes figuran como padres de la actora, el informe de genética aplicada que excluye al señor D. como padre biológico y la pericia médica que determina una incapacidad parcial y permanente del 22,5%. A continuación, expone la posición jurisprudencial que acordó resarcimiento por falta de reconocimiento y establece que, aun cuando no es el supuesto concreto que aquí se trata, existen coincidencias. Por ello es que identifica el hecho antijurídico en el emplazamiento inexacto de un estado de familia. También encuentra la actitud culpable de la demandada en el haber mantenido relaciones con otra persona distinta a su marido y transmitir a su hija estas cuestiones perturbándola en su niñez. Asimismo, halla una adecuada relación de causalidad.Sobre estos elementos procede a determinar el daño, para lo cual considera que el daño psíquico no es indemnizable per se sino en su proyección moral o patrimonial, y al no poder resarcir con dos nomenclaturas distintas el mismo daño dispone rechazar la petición del daño psíquico y conceder el daño moral en una suma que considera adecuada.

V).- Que según hemos establecido, recurren la sentencia tanto la demandada como la actora. La primera cuestiona la existencia misma de los elementos de la responsabilidad y el daño moral. La actora, por su parte, objeta el rechazo del daño reclamado como psíquico y el monto acordado por daño moral. Las cuestiones traídas por los recurrentes nos lleva a comenzar por tratar el recurso de la demandada en tanto ella pone en cuestión las condiciones mismas para la procedencia de la responsabilidad por la que reclama la actora; sin perjuicio de que, al ingresar, eventualmente, en el daño moral resulte conveniente ponderar también ese segmento del recurso de la actora, para no tener que volver luego sobre el mismo punto.

Que en este orden de ideas ypara enderezarnos sobre el planteo de la accionada advertimos que en él se cuestionala definición del hecho antijurídico subjetivo desde que, según esta misma sostiene, recién toma conocimiento de la paternidad biológica de la actora a partir del informe del Centro de Genética Aplicada. Afirma que la actora debía haber impugnado la paternidad matrimonial atribuida legalmente. También ingresa al factor de atribución por cuanto los actos privados de los hombres que de ningún modo ofenden el orden, la moral pública o perjudican a un tercero están sólo reservados a Dios y exentos de la autoridad de los Magistrados.Por último, pone en cuestión la causalidad definida y el daño moral acordado.

Que así resumidas las cosas, estimamos conveniente exponer que la demanda se ha fundado en una relación de hechos históricos en los que se narra la existencia del matrimonio y de los hijos habidos en él. También el divorcio de los padres y la continuidad de habitación de los menores con la madre. Se relatan malos tratos físicos y una constante mención a que su padre no era el padre biológico, como también referencias peyorativas y la insinuación constante de la madre para que la actora lo denunciara por abuso s exual. Refiere a la existencia de una golpiza grande que terminó en una denuncia penal, el abandono de la casa y de sus hijos por parte de la madre,los que ante el desamparo fueron a vivir con el padre. Relata asimismo la forma en que se reanudó el vínculo. Posteriormente se hace el estudio genético del que resulta que hay un informe negativo respecto de su padre, el Sr. D.

Que todos estos hechos fundan la pretensión y de ellos sólo contamos con el reconocimiento de la maternidad de la demandada respecto de la actora y del divorcio de los padres de la accionante. Luego se ha probado que la actora no es hija biológica del señor D. -según informe de centro de genética y hecho no cuestionado- lo que presenta entidad para provocar una reacción vivencial incapacitante (perito oficial, fojas 132/5). En este marco es que debemos verificar las condiciones que disparan el deber de responder. El caso que nos ocupa presenta un giro que lo diferencia esencialmente de los supuestos que de ordinario conocemos en los antecedentes jurisprudenciales. Sin embargo, existen en éstos directrices hermenéuticas que nos permiten conformar las pautas con que debe ser resuelta la presente.

Que en toda cuestión relativa a la procreación se involucran derechos y obligaciones que corresponden a los distintos participantes e, incluso, a los hijos nacidos como fruto de estas uniones.Si no está en discusión que la demandada ha tenido una conducta que, aunque puede considerarse privada, se ha proyectado efectivamente en afectación de derechos de terceros, es posible concluir que se debe considerar la situación en el marco del deber constitucional de no dañar con las respectivas consecuencias que genera. No nos referimos aquí a las cuestiones maritales, que no están propuestas ni corresponde a nuestra competencia, pero sí a las consecuencias de esa conducta en cuanto fue determinante del nacimiento de la actora que resultó emplazada en un estado familiar que no se correspondía con su realidad biológica. Si la madre demandada, como también ocurre con los padres renuentes a reconocer, ha adoptado conductas que tienen potencial procreacional, asumeun deber de informarse respecto de las consecuencias de esas relaciones. En el caso, el haber tenido estas relaciones despreocupadamente, descansando en la presunción legal que atribuye el hijo al matrimonio, no la libera de la culpaque es dable atribuir a la accionada. Es que, no puede atrincherarse en que en autos sólo existen elementos que autorizan a entender que recién conoce el hecho al anoticiarse del informe genético, pues la culpa que se atribuye no resulta involuntaria por desconocimiento de sus consecuencias sino por su participación despreocupada en el hecho y el mantenimiento de una situación nacida al amparo de circunstancias que autorizA. sospechar. En la presunción de la ley respecto de los hijos nacidos en el matrimoniono se contiene un imperativo de atacar previamente la paternidad atribuida para permitir la reparación de los daños derivados del conocimiento de un emplazamiento incorrecto por silencio de la madre. Por ello aquí no se torna necesario establecer la paternidad y el vínculo filial no asumido; la situación resulta esencialmente diferente desde que el daño se apunta a partir de la actitud dañosa atribuida a la demandada.Además, como la demandante es ahora una persona mayor y conocida públicamente con ese emplazamiento, nombre y apellido, tal exigencia podría potenciar el daño, sobre todo, cuando no hay elementos para conocer la verdadera paternidad.

Que así entonces, existe el hecho antijurídico al haber omitido las diligencias necesarias para el correcto emplazamiento y también en el incumplimiento al deber de informarse respecto de las consecuencias de la relación habida. Tal conducta afecta el derecho a la identidad del hijo, que una vez gestado adquiere derechos propios frente a los que no puede invocar la madrederechos como el de intimidad, por cuanto éste cede frente a los del hijo nacido por esas conductas.

Que de autos queda en claro que la situación se conoce con certeza recién a partir del estudio genético realizado por el C.I.G.A. (fojas86/94), reconocido a fojas 131. No hay elementos que nos permitan sostener que hubo conocimiento anterior y menos aún que haya sido por el destrato de la madre que así se lo enrostró durante la infancia de la actora. El informe pericial establece la vinculación causal entre la incapacidad que otorga a la actora y los hechos que le resultaron traumáticos, debido a una reacción vivencial neurótica anormal de IIIº grado, como asimismo el daño. Es así que los elementos se corroboran, aunque podemos expresar alguna diferencia con la a quo, pues no existe probanza suficiente de la violencia verbal permanente sufrida desde la niñez, la permanente manifestación de que su padre no lo era, los golpes, la necesidad de irse con su padre o el abandono. Solamente dos testigos refieren a conflictos familiares con su madre durante todo el secundario, pero todas las referencias parten de atribuciones que escucharon de la propia actora.Estos testimonios a lo sumo pueden generar dudas respectode la secuencia y efectividad del relato efectuado en la demanda, desde que si estamos a la edad denunciada en el libelo introductivo y a las fechas en que se denuncia el abandono y continuidad de la relación en forma esporádica, no tendríamos coincidencia en los períodos descriptos por ellos y los trece años que debía tener la actora al tiempo de producirse el quiebre del vínculo. De allí que podemos compartir con la a quo la verificación de los antecedentes necesarios para definir la obligación resarcitoria, pero en los extremos que hemos establecido y no por la perturbación desde la niñez, ni por sembrar la inquietud de conocer científicamente su identidad.

VI).- Que hasta acá, entonces, la crítica se expresa insuficiente para revertir la conclusión de la a quo. Ingresamos, entonces, en el daño moral. En este punto, la demandada reclama por cuanto considera que se ha fijado una condena por daño moral cuando no se ha probado la afectación, siendo que la actora fue siempre feliz y sin traumas psicológicos. La actora por su parte, considera insuficiente la suma acordada. En este punto, la crítica de la accionada se despliega fundamentalmente a partir de la transcripción de antecedentesjurisprudenciales, que en gran parte se presentan como alineados a la condena, y en relación con una ausencia de prueba que se afirma. Sin embargo, no podemos considerar que exista necesidad de mayor probanza para establecer que provoca un perjuicio espiritual severo el hecho de sostener que la identidad comúnmente reconocida de una persona,no es la real. Aunque no se requiere para ello de mayor prueba, dada la entidad de la cuestión involucrada entendemos que una persona no puede razonablemente eludir la afectación que tal noticia ocasiona.Pero aun si no fuera así considerado, tenemos en autos una pericial que define la vivencia traumática del hecho que justifica la condena por este segmento resarcitorio.

Que respecto del recurso que por este rubro materializa la actora, sus razones se apoyan fundamentalmente en que ha sido sometida desde niña al maltrato y al engaño, por lo que debe considerarse una mayor reparación. Sin embargo, hemos visto ya que estos antecedentes del relato inicial han presentado un déficit probatorio en el decurso del trámite. Por lo tanto no existe elemento que nos permita considerar que la suma fijada por la prudente ponderación judicial resulte escasa como reparación.

VII).- Que de lo dicho hasta aquí, podemos concluir parcialmente en que corresponde rechazar en su totalidad el recurso de la demandada y parcialmente el de la actora en cuanto cuestiona el daño moral. Nos queda pendiente tratar la cuestión vinculada con el daño psicológico planteado por la actora y rechazado por la a quo.

VIII).- Que a esta altura, entonces, sólo resta considerar el agravio de la parte actora referido a la incapacidad sobreviniente que fue rechazado en la anterior instancia. Tal como lo sostiene la recurrente, en la demanda, al identificar los daños por los que se acciona, indicó la actora en forma expresa que lo hacía por incapacidad sobreviniente, la que desarrolló bajo la denominación «psicológicos». Luego de diferenciarlo del daño moral y conceptualizarlo como daño material, establece su cálculo en base a la formula Marshall. La demandada, por su parte, en su contestación no procede de modo demasiado puntual respecto de este segmento. La cuestión queda, entonces, contenida en el rechazo general a la pretensión, pero no en una confrontación concreta del punto conforme con la forma y contenido en que fue reclamado.Sin perjuicio de ello, la ausencia de una oposición específica no convierte automáticamente este segmento en un procedente, ni autoriza su inclusión en la condena sin más.

Que la actora al demandar por este rubro y considerarlo como un daño material adopta una posición diferente de la de aquellos que consideran el daño psicológico como una especie autónoma del daño patrimonial y del moral. En nuestro entendimiento, tal como lo ha dicho la actora, no puede considerarse el psicológico como una especie diferenciada del daño patrimonial y del moral. Es que, en realidad la ley sustancial contempla sólo estas dos categorías indemnizatorias en vista a la forma en que se proyecta el perjuicio. Las distintas clasificaciones que podemos realizar de los daños, en función de sus características definitorias, necesariamente debenacomodarse a alguna de estas categorías para poder considerarse una reparación aceptada por la ley ante la patología del daño.

Que, entonces, el reclamo por incapacidad sobreviniente expuesto a partir del daño psicológico se ha planteado, concretamente, en su proyección patrimonial, independientemente de que sin lugar a duda alguna conforma la base del perjuicio moral que también se reclama. Sin embargo, estamos ante dos espacios s obre los que gravita el hecho y en los que se manifiesta perjudicialmente de maneras diferentes. Por lo tanto, nos corresponde establecer el perjuicio en cada uno de los bienes afectados.

Que de acuerdo a cómo hemos delimitado la cuestión, no podemos sostener que exista un perjuicio fundado en un historial de hechos dañosos manifestados permanentemente durante la vida de relación filial. Ya dijimos que no puede sostenerse con suficiencia la referencia de los malos tratos con la entidad relatada, ni la violencia verbal en los extremos invocados. Y esto tiene interés por cuanto la misma actora relata que nada de ello le impidió crecer, recibirse y conseguir trabajo.Más allá de que la situación familiar podía dificultarle las cosas, la actora admite ser una persona con objetivos claros y de esfuerzo, lo que no descarta que haya debido aportar una cuota superior a la ordinaria. Pero ello siempre vinculado a una situación de quiebre familiar que le tocó vivir y una aparente mala relación con su madre. Nunca podremos considerar aquí la violencia física y verbal, ni el tenor de las expresiones y agresiones psicológicas que relata en la demanda por ausencia de elementos suficientes para formar convicción. Sin embargo, como ya dijimos, el conocimiento de no ser hija de D., con toda su significación, contenido y gravitación, resulta ser uno de los hechos que sustentan el reclamo y no se encuentra discutido. No vamos aquí a repetir los elementos que determinan posibilidad de indemnización de los daños derivados de este hecho.

Que en ese aspecto, es que debemos consideraréste rubro quela a quo rechazó por identificarlo con el daño moral y considerar improcedente una condena que tras el eufemismo de variar la denominación del daño duplique la reparación. De acuerdo con lo que hemos dicho, no es ello lo que ocurre en autos, pues lo que se ha reclamado por incapacidad sobreviniente se vincula concretamente con un perjuicio material y en esos términosfue reclamado.——–

Que si bien el daño patrimonial no ha podido establecerse en función de una concreta disminución de los ingresos ni de una pérdida material efectiva, encontramos que la pericia ha definido que la patología provocada a la actora genera episodios depresivos que limitan su vida de relación, laboral y doméstica.No olvidemos aquí que la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación establece que la incapacidad sobreviniente no puede restringirse a una consideración meramente numérica, en tanto esta se proyecta sobre todos los aspectos de la vida, afirmación que corrobora lo dicho por el perito.

Que sin embargo, tal como fue propuesta la reparación, esta se presenta en función de un ingreso que no se reconoce afectado por la noticia que agravia la identidad, ni hay elemento que nos permita considerar una proyección futura en esa restricción de los ingresos como expectativa razonable. Aunque el propio perito informa sobre la gravitación de esta incapacidad como una limitación sobre la actividad laboral, social y doméstica. Y en este contexto, la reparación no puede sino ser acogida como una pérdida de chance. Es decir, que el agravio resulta procedente y debe modificarse la sentencia en este punto.

IX).- Que aunque la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que no debe someterse la reparación de los daños y perjuicios a fórmulas matemáticas que sometan el resarcimiento a una suerte de tarifación restrictiva, en nuestro medio es ampliamente aceptado que la solución aportado por Marshall permite armonizar este tipo de condenas y el control de su cálculo. De tal modo, recurrimos a esa fórmula, que por otro lado es la propuesta en la demanda y no discutida por la accionada.

Que en ese cometido debemos definir las pautas sobre las que proceder, pues la actora sin mayores justificaciones aporta el valor de algunos componentes sin seguir el criterio originario de la fórmula utilizada. Veremos la cuestión desde la fórmula abreviada en la que C (indemnización a calcular) es igual a ax b. En esta a es la disminución patrimonial periódica y b el lapso temporal. Para establecer la disminución patrimonial se parte del ingreso a la fecha del accidente.En nuestro caso, se denuncia la irregularidad del mismo y se propone dos salarios mínimos que se cuantifican en pesos tres mil ($ 3.000). En estricto sentido, a la fecha del informe del C.I.G.A. (24.06.2009) el salario mínimo vital y móvil resultaba inaceptablemente bajo, pero en la fórmula se recurre al ingreso de la fecha del hecho. Nosotros entendemos que a efectos de hacer más aceptables y reales las bases del cálculo debe tomarse el valor del salario mínimo vital y móvil a la fecha de la demanda, de pesos mil quinientos (Resolución 2/2009 – 07.2009) lo que supera las dos veces el salario mínimo a la fecha del hecho y otorga una pauta razonable. En lo que hace a la disminución de ese ingreso, el perito ha definido una incapacidad del veintidós coma cincuenta por ciento (22,50%), pero como en nuestro caso refiere a una chance esta debe llevarse, por las características del caso y según la propia afirmación de la actora, al diez por ciento (10%). Es decir, que cabe proceder sobre pesos treinta y tres con setenta y cinco centavos ($ 33,75) que debe ser multiplicado por trece, suma a la que se adiciona un interés del seis por ciento (6%). A efectos de obtener el otro punto de la fórmula debemos tener presente que la edad debe considerarse a la fecha de la sentencia (30 años), de modo que el período faltante para llegar a los 72 años es de cuarenta y dos, lo que en la fórmula abreviada autoriza a utilizar el coeficiente 15.2184, con lo que el rubro debe acordarse en la suma de pesos siete mil setenta y siete con sesenta y dos centavos ($ 7.077,62), al que corresponde añadir el interés fijado en la sentencia de primera instancia.

X).- Que de acuerdo con lo expuesto, nos pronunciamos en forma negativa a la primera cuestión respecto del recurso de la demandada y en modo parcialmente afirmativo respecto del recurso dela actora.

LA DRA. VERÓNICA FRANCISCA MARTINEZ DE PETRAZZINI, DIJO:

Adhiero a los fundamentos y conclusiones arribados por el Vocal preopinante, votando en consecuencia en idéntico sentido. LA DRA. M. MÓNICA PUGA DE JUNCOS DIJO:

Adhiero a los fundamentos y conclusiones arribados por el Vocal preopinante, votando en consecuencia en idéntico sentido.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN:

EL DR. JORGE EDUARDO ARRAMBIDE, DIJO:

Que de lo expuesto al tratar la primera cuestión, se concluye que corresponde:rechazar el recurso planteado por la accionada y acoger parcialmente el de la actora, en virtud de lo cual debe modificarse la sentencia impugnada dejando sin efecto el rechazo de la incapacidad sobreviniente, la que se acepta y por la cual se condena a la demandada, en los mismos términos establecidos en primera instancia en la suma de pesos siete mil setenta y siete con sesenta y dos centavos ($ 7.077,62), al que corresponde añadir el interés fijado en la sentencia de primera instancia en tanto no fueron cuestionados. Las costas por el recurso de la demandada se establecen a cargo de la apelante. En cuanto a las costas del recurso de la actora estimamos que los valores en juego, los montos por los que procede el recurso, la situación familiar involucrada, la existencia de un vencimiento recíproco, así como la posición poco consolidada en el doctrina respecto a la forma de acoger el daño psíquico frente al reclamo del daño moral correlativo, nos autoriza a disponer que en este particular se dispongan por su orden.

Que de tal forma proponemos resolver: «I).-Rechazar el recurso planteado por la accionada y acoger parcialmente el de la actora, modificando la sentencia impugnada.II).- Dejar sin efecto el rechazo de la incapacidad sobreviniente, la que se acepta y por la cual se condena a la demandada, en los mismos términos establecidos en primera instancia en la suma de pesos siete mil setenta y siete con sesenta y dos centavos ($ 7.077,62), con los intereses fijados en la sentencia de primera instancia.III).-Imponer las costas a la demandada por el recurso de apelación que esta planteara y por su orden en lo que respecta al recurso incoado por la actora.- IV).-Por el recurso de la demandada, fijar la regulación de honorarios del Dr. Daniel O. Mañez, en el 33 % del punto medio de la escala del art. 36, CA sobre la base de lo que fue motivo de discusión en este recursocon respeto al mínimo previsto para la instancia (8 ius, art. 40, CA). No corresponde regular honorarios a la Dra. AdriA. M. Olmedo (art. 26 CA contrario sensu). Por el recurso de la actora, fijar los honorarios del Dr. Daniel O. Mañez, en el 33% del punto medio de la escala del art. 36, CA sobre la base de lo que fue motivo de discusión en este recursocon respeto al mínimo previsto para la instancia (8 ius, art. 40, CA) y los de la Dra. AdriA. M. Olmedo en el 33% del punto medio de la escala del art. 36 CA sobre la base de lo que fue motivo de discusión en este recurso-reducida en un 30% por lo dispuesto en el art. 31 inc. 2 CA- con respeto al mínimo previsto para la instancia (8 ius, art. 40, CA).

LA DRA. VERÓNICA FRANCISCA MARTINEZ DE PETRAZZINI, DIJO:

Adhiero a la solución propuesta por el Vocal preopinante, votando en consecuencia en idéntico sentido.

LA DRA. M. MÓNICA PUGA DE JUNCOS DIJO:

Comparto la conclusión que propone el Vocal Dr. Arrambide; adhiero a su voto.

Por todo ello y disposiciones citadas.

SE RESUELVE:I).- Rechazar el recurso planteado por la accionada y acoger parcialmente el de la actora, modificando la sentencia impugnada.

II).- Dejar sin efecto el rechazo de la incapacidad sobreviniente, la que se acepta y por la cual se condena a la demandada, en los mismos términos establecidos en primera instancia en la suma de pesos siete mil setenta y siete con sesenta y dos centavos ($ 7.077,62), al que corresponde añadir el interés fijado en la sentencia de primera instancia.

III).- Imponer las costas a la demandada por el recu rso de apelación que esta planteara y por su orden en lo que respecta al recurso incoado por la actora.

IV).-Por el recurso de la demandada, fijar la regulación de honorarios del Dr. Daniel O. Mañez, en el 33 % del punto medio de la escala del art. 36, CA sobre la base de lo que fue motivo de discusión en este recursocon respeto al mínimo previsto para la instancia (8 ius, art. 40, CA). No corresponde regular honorarios a la Dra. AdriA. M. Olmedo (art. 26 CA contrario sensu). Por el recurso de la actora, fijar los honorarios del Dr. Daniel O. Mañez, en el 33% del punto medio de la escala del art. 36, CA sobre la base de lo que fue motivo de discusión en este recursocon respeto al mínimo previsto para la instancia (8 ius, art. 40, CA) y los de la Dra. AdriA. M. Olmedo en el 33% del punto medio de la escala del art. 36 CA sobre la base de lo que fue motivo de discusión en este recurso-reducida en un 30% por lo dispuesto en el art. 31 inc. 2 CA- con respeto al mínimo previsto para la instancia (8 ius, art. 40, CA).

Protocolícese, hágase saber y dése copia.

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