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El nuevo Código Procesal Penal de la Nación: los cambios y los principales desafíos que se avecinan

Codigo Civil 2Autor: Álvarez, Javier T.

Fecha: 16-dic-2014

Cita: MJ-DOC-7020-AR | MJD7020

Sumario:

I. Introducción. Las principales diferencias entre ambos sistemas. II. Lineamientos del nuevo Código Procesal. III. Procedimientos. IV. Conclusiones.

Doctrina:

Por Javier T. Álvarez (*)

PRESENTACIÓN

El nuevo Código Procesal Penal de la Nación  adopta como sistema de enjuiciamiento el modelo acusatorio dejando atrás el viejo sistema mixto con claros tintes inquisitivos. Este cambio de paradigma implica profundas transformaciones en la administración de justicia, en las funciones y los roles asumidos por cada uno de los sujetos que intervienen como también en las etapas del propio proceso penal.

En el presente texto se presentarán los principales cambios introducidos y los desafíos a los que el nuevo sistema se enfrenta.

I. INTRODUCCIÓN. LAS PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE AMBOS SISTEMAS

Con la sanción del nuevo código de rito, el sistema procesal federal argentino ha abandonado definitivamente el modelo procesal de corte inquisitivo que, pese a las reformas del año 90 al incorporar la oralidad y adaptarse a un sistema mixto, seguía vigente en nuestro país.

En el modelo de corte inquisitivo el rol del juzgador se confunde con el de investigar, siendo que ambas tareas pueden ser realizadas por una misma persona. Así, el juez asume un rol de parte en el proceso pues investiga, instruye, persigue y, al mismo tiempo, valora la prueba y decide sobre la cuestión.

En cambio, en el modelo de corte acusatorio el rol del juzgador es netamente el de valorar la prueba traída por las partes (acusador y acusado) decidiendo sobre la misma, pero no participa en su recolección. Se mantiene fuera de la contienda observándola, pero no participando de ella, a los fines de su juzgamiento.

En un proceso de características inquisitivas la averiguación de la verdad histórica como objetivo principal del mismo impone que, para cumplir dicha meta, pueda utilizarse cualquier medio. Es objetivo del juzgador averiguar la verdad por lo que puede intervenir en el proceso frente a la inactividad de las partes del mismo. De allí surge la facultad del juzgador de poder interrogar al imputado, ordenar elementos probatorios o interrogar testigos aun sin el requerimiento de ninguna de las partes.En este sentido, en un proceso de base acusatoria la búsqueda de la verdad no será por cualquier medio, sino por el que las partes proponen, el juzgador controlará la realización de las mismas pero su límite será impuesto por la acusación, vale decir, que no puede decidir más allá de lo que las partes proponen. El juzgador no puede por sí solo ordenar medidas de prueba, interrogar al imputado ni a los testigos propuestos, solo se limita a juzgar la contienda de las partes.

En el modelo inquisitivo, como se expuso, su nota distintiva es la concentración de poder en manos del juzgador, es decir, del poder de perseguir y decidir. La facultad del acusador será la de impulsar la acción penal, pero la investigación estará en manos del juez. Podrá proponer prueba, participar en su producción pero siempre a instancias del juzgador. No posee facultades amplias para llevar adelante la acusación como consecuencia derivada de compartir dicha tarea con el juez. El acusado tiene las facultades de elaborar su defensa pero deberá efectuarla no frente al acusador sino frente al juzgador. En un proceso de fuerte raíz inquisitiva, podrá ser utilizado como objeto del proceso, en cuanto a material probatorio, y no como sujeto del mismo encontrándose así con fuertes limitaciones al ejercicio de su defensa.

Por su parte, el acusatorio es un proceso contradictorio, de contienda de partes, por lo que el acusador y el acusado se tornan en protagonistas del mismo. En reemplazo de la concentración de poder que sugiere el proceso inquisitivo, en el proceso acusatorio rige la división de poderes. Así, sin el acusador no existe el proceso pues el juzgador no podrá ir más allá de su imputación. Tiene a su cargo la investigación e impulso de la acción.El acusado es un sujeto de derechos quien se encuentra en situación de igualdad ante el acusador, siendo que ejerce su defensa frente al acusador.

En el proceso inquisitivo reformado (o mixto) el imputado es sujeto de derechos y posee libertad de defensa durante el mismo aunque con fuertes limitaciones en la etapa preliminar o de instrucción donde su participación se encuentra reducida o es prácticamente nula. Por su parte, recobra total protagonismo en la etapa de debate o plenario donde se equipara con el acusador.

En el modelo del common law esta etapa preliminar se encuentra «desburocratizada» y, por ende, no se encuentra sujeta a reglas formales, sino que la recolección de pruebas para dar base a la acusación del fiscal se hace de manera informal sin intervención del imputado quien tendrá acceso a ellas una vez que se haya formulado la acusación.

Por su parte, en la tradición europeo-continental rige el principio de legalidad procesal, por lo que el fiscal no posee las facultades discrecionales para iniciar o no una investigación. Tampoco posee las facultades de negociación con el imputado a través de contraprestaciones.

La investigación preparatoria se encuentra sostenida por ritos procesales cuya inobservancia acarrea la nulidad del acto viciado y de lo actuado en su consecuencia. El imputado puede intervenir en dicha investigación, aunque de manera muy limitada, pero sí se le reconoce el derecho a informarse salvo casos excepcionales en donde se decreta el secreto de las actuaciones.

En cuanto a la garantía de la protección contra la no incriminación, es dable manifestar que el proceso inquisitivo ha tenido como base en sus orígenes el no respeto a dicha garantía en donde era admitida la tortura con el fin de obtener una confesión por parte del imputado.En el modelo inquisitivo reformado tiene plena vigencia la garantía contra la no incriminación aunque surgen ciertas zonas oscuras en casos en donde el imputado es utilizado como medio de prueba, por ejemplo, en las ruedas de reconocimiento, extracción de sangre o fluidos corporales, ADN, cabellos y exámenes psicológicos, entre otros, por cuanto dichas medidas son autorizadas en afán de perseguir la búsqueda de la verdad absoluta de los hechos. En dichas situaciones no termina siendo uniforme el alcance de la garantía contra la no incriminación.

Por su parte, en relación a la declaración del imputado este, si bien puede optar por no declarar y que dicha decisión no sea tomada en su contra, si decide hacerlo no está obligado a decir la verdad.

En el modelo del common law del proceso de Estados Unidos esta garantía encontró su primera máxima postulación en el fallo «Miranda vs. Arizona», en donde se precisaron los derechos del imputado al momento de su declaración en sede policial y las garantías que lo asisten.

En relación a la defensa técnica, en el sistema inquisitivo mixto se encuentra garantizada siendo imprescindible para la validez de los actos procesales su intervención; tanto que en muchos países se encuentra el deber del Estado en designar un defensor cuando el imputado no pueda o no quiera designar uno. En la etapa de investigación preliminar, el imputado puede ofrecer prueba y controlar la que se produzca.

En el sistema del common law, el imputado tiene derecho a ser asistido por un defensor respecto de la asunción de culpabilidad («Boykin vs. Alabama», 395 US 238, 242 del año 1969). En la etapa de investigación preliminar, no interviene en la recolección de pruebas por parte del fiscal quien sí deberá anoticiarle de las pruebas de cargo y de descargo que posea.

A modo de síntesis de las principales diferencias entre ambos sistemas, Luigi Ferrajoli enuncia así al sistema acusatorio:»Se puede llamar acusatorio a todo sistema procesal que concibe al juez como sujeto pasivo rígidamente separado de las partes y al juicio como una contienda entre iguales iniciada por la acusación, a la que le compete la carga de la prueba, enfrentada, a la defensa en un juicio contradictorio, oral y público y resuelta por el juez según su libre convicción» (Ferrajoli, Luigi, Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, Madrid, Trotta, 1995).

II. LINEAMIENTOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL

El nuevo código se encuentra estructurado en dos grandes partes, la parte general y la de procedimientos.

La parte general cuenta con cinco libros siendo que cada uno de ellos abarca diversos tópicos, tales como los principios fundamentales, la justicia penal y los sujetos procesales, la actividad procesal, los medios de prueba y las medidas de coerción y cautelares.

La segunda parte referida a los procedimientos cuenta también con cinco libros siendo que el primero de ellos desarrolla las reglas del procedimiento ordinario, el segundo los procedimientos especiales, el tercero el control de las decisiones judiciales, el cuarto la ejecución de las penas y el libro quinto los actos de las fuerzas armadas.

A continuación se expondrán los principales cambios que trae aparejado el nuevo sistema.

1. Principios procesales

Entre el art. 1 y el 24, el nuevo código adjetivo enuncia una serie de principios sobre los cuales regirá el ordenamiento procesal.

Entre estos principios se expresan garantías procesales tales como el juicio previo, el principio de inocencia, el derecho a no autoincriminarse, la persecución única, el derecho de defensa, al juez natural, la imparcialidad y la independencia, in dubio pro imputado, la protección de la intimidad y la privacidad y otros.

Asimismo, se incorporan otros principios realmente novedosos como rectores del proceso penal.

Entre ellos se destacan los principios del proceso acusatorio enunciados en el art. 2. Los que deberán observarse durante todo el proceso. Estos principios del sistema acusatorio son: igualdad entre las partes, oralidad, publicidad, contradicción, concentración, inmediación, simplicidad, celeridad y desformalización.Todas las audiencias serán públicas con las excepciones estrictamente previstas en el código.

Por su parte, el art. 9 incorpora como principio procesal la separación de funciones, mediante el cual queda expresamente pro hibido que los representantes del Ministerio Público Fiscal realicen actos jurisdiccionales y que los jueces realicen actos de investigación o que impliquen el impulso de la persecución penal. Violar dicho principio se considerará falta grave de mal desempeño.

También se incorpora como principio la autonomía de la víctima en el proceso penal dejando zanjada de una vez la larga discusión acerca del carácter autónomo o adherente de quien se constituye en representación de la víctima. Dicho principio se encuentra contemplado en el art. 12.

Las condiciones carcelarias también son adoptadas como principios rectores del proceso, siendo que el art. 15 prohíbe expresamente alojar a personas privadas de libertad en lugares no habilitados, o en sitios que no reúnan las mínimas condiciones de salubridad. Asimismo, dispone que toda medida que conduzca a empeorar injustificadamente las condiciones de detención a presos o detenidos hará responsable a quien la ordene, autorice, aplique o consienta.

Otra interesante novedad es la incorporación del principio del plazo razonable enunciado en el art. 18 por el cual se establece que toda persona tiene derecho a una decisión judicial definitiva en tiempo razonable, conforme los plazos establecidos en el Código. La garantía del plazo razonable fue largamente enunciada por la jurisprudencia de la CIDH, la cual ha establecido que la razonabilidad de la duración del proceso debe medirse según los criterios de la complejidad del caso, la conducta del imputado y la diligencia de las autoridades. También indicó que el análisis de la razonabilidad del plazo del art. 8.1 (relativa al proceso), es más flexible que la del art. 7.5 (relativa a la prisión preventiva), pues esta afecta la libertad individual (v.precedentes «Firmenich», «Giménez», «Genie Lacayo», entre otros).

Asimismo, se revela otro principio de interesante alcance que impone la obligación a los operadores judiciales de motivar sus decisiones. El art. 20 enuncia el principio procesal de la motivación mediante el cual se dispone que «las decisiones judiciales deben expresar los fundamentos de hecho y de derecho en que se basen. La fundamentación no se puede reemplazar con la simple relación de documentos, afirmaciones dogmáticas, ficciones legales, expresiones rituales o apelaciones morales. Si se trata de sentencias dictadas por órganos jurisdiccionales, cada uno de sus miembros debe fundar individualmente su voto, salvo que adhiera a los motivos expuestos por otro miembro. La adhesión a los fundamentos de otro no permite omitir la deliberación».

Otro de los principios que se incorporan es el de la participación ciudadana en orden a lo dispuesto por la Constitución Nacional en sus arts. 24 , 75  incisos 12 y 118. Si bien el cuerpo del código no reglamenta el juicio por jurados, este se incorpora en el art. 249  el cual remite a la ley especial que se deberá dictar para su reglamentación.

Finalmente, el art. 24  incorpora el principio de la diversidad cultural por el cual se ordena que cuando se trate de hechos cometidos entre miembros de un pueblo originario, se deberán tener en cuenta sus costumbres en la materia. Si bien es celebrable la incorporación de dicho principio, su enunciación resulta quizás demasiado genérica lo que podría provocar ciertas rispideces en graves casos como delitos sexuales, reducción a la servidumbre y castigos corporales.

Tal como puede apreciarse, entonces, la primera novedad a resaltar del nuevo ordenamiento es la enunciación de diversos principios que regirán el proceso penal destacándose entre ellos los principios del sistema acusatorio.

2. Disponibilidad de la acción penal

Otra de las novedades introducidas en el ordenamiento es la disponibilidad de la acción penal en manos del Ministerio Público Fiscal.

Así, el art.30  establece que el representante del Ministerio Público Fiscal puede disponer de la acción penal pública en los siguientes casos:

– criterios de oportunidad

– conversión de la acción

– conciliación

– suspensión del proceso a prueba.

Esta facultad encuentra una importante limitación pues el representante del Ministerio Público Fiscal no podrá disponer de la acción penal cuando el imputado sea un funcionario público y se le atribuyera un delito cometido en el ejercicio o en razón de su cargo, o cuando apareciere como un episodio dentro de un contexto de violencia doméstica o motivada en razones discriminatorias. Tampoco podrá en los supuestos que resulten incompatibles con previsiones de instrumentos internacionales, leyes o instrucciones generales del Ministerio Público Fiscal fundadas en criterios de política criminal.

Los criterios de oportunidad, tal como ya lo hemos anunciado, son la contracara del principio de legalidad procesal mediante el cual se obligaba al Ministerio Público Fiscal a instar la acción frente a todos los hechos denunciados como delitos.Los criterios de oportunidad enunciados en el nuevo ordenamiento procesal deben versar en los siguientes ejes:

– si se tratara de un hecho que por su insignificancia no afectara gravemente el interés público;

– si la intervención del imputado se estimara de menor relevancia, y pudiera corresponder pena de multa, inhabilitación o condena condicional;

– si el imputado hubiera sufrido a consecuencia del hecho un daño físico o moral grave que tornara innecesaria y desproporcionada la aplicación de una pena;

– si la pena que pudiera imponerse por el hecho careciera de importancia en consideración a la sanción ya impuesta, o a la que deba esperarse por los restantes hechos investigados en el mismo u otro proceso, o a la que se impuso o se le impondría en un procedimiento tramitado en el extranjero.

La conversión de la acción penal pública en privada se prevé a pedido de la víctima cuando el fiscal aplicara un criterio de oportunidad, solicitara el sobreseimiento al final de la investigación preparatoria o si se tratara de un delito que requiera instancia de parte. En este caso, se requerirá el consentimiento de todas las víctimas aun en aquellos casos en donde solamente alguna de ellas se constituyera en parte querellante.

Por su parte, se incorpora la posibilidad de la conciliación mediante la cual la víctima y el imputado pueden efectuar acuerdos conciliatorios en los casos de delitos con contenido patrimonial cometidos sin violencia sobre las personas o en los delitos culposos siempre que no existan lesiones gravísimas o resultado muerte. El procedimiento requiere que dicho acuerdo se presente a ser homologado por el juez, el que puede convocar una audiencia con todas las partes. Una vez acreditado el cumplimiento del acuerdo, se extingue la acción penal; si el acuerdo se incumple, la víctima o el fiscal podrán solicitar la reapertura de la investigación.Finalmente, también se introducen importantes reformas al instituto de la suspensión del juicio a prueba.

En el código aún vigente, la referencia a la suspensión del juicio a prueba la encontramos en el art. 293 , el cual establece la modalidad en audiencia de la sustanciación procesal para la concesión del beneficio, sin disponer referencia alguna para los requisitos formales los cuales se encuentran dispuestos en el art. 76 bis  del Código Penal.

En el nuevo ordenamiento procesal, el art. 35  establece los nuevos requisitos para su concesión siendo que alguno de ellos difiere a los dispuestos por la ley de fondo.

En principio esta diferencia legislativa podría acarrear algún planteo pues el nuevo art. 35 establece más condiciones menos flexibles que las del actual art. 76 bis del Código Penal.

A continuación se expondrá un cuadro comparativo entre ambos a fin de revelar estas diferencias.

imagen-CPP

 

Entre las diferencias más significativas se puede señalar, el límite de los tres años de pena para la concesión del beneficio lo que remitiría a la postura adoptada en el plenario «Kosuta»  de la Cámara de Casación Penal de la Nación mediante el cual se propone la interpretación literal en cuanto al límite del quantum punitivo para la concesión del beneficio, postura que la CSJN dejó atrás en el precedente «Acosta» (SCA 2186, LXL, «Acosta, Alejandro Esteban s/ infracción art. 14, primer párrafo de la Ley 23737» , Causa Nº 28/05).Pero la reforma más significativa se refiere a la situación de los extranjeros. La nueva normativa expresa que también podrá aplicarse la suspensión del juicio a prueba en caso de tratarse de una persona extranjera que fuera aprehendida en flagrancia de un delito pero la aplicación de este instituto procesal implicará la expulsión del territorio nacional siempre que no vulnere el derecho de reunificación familiar.La expulsión, a su vez, traerá aparejada la prohibición de reingreso al país cuyo plazo se determinará entre los límites de cinco a quince años.La expulsión del país solo se podrá aplicar a extranjeros en situación migratoria irregular en el país pues, de lo contrario, se vulnerarían derechos constitucionales concedidos a todos los ciudadanos.La objeción a esta medida se fundamenta en que implica la aplicación de una pena accesoria, inadmisible para quien no ha sido declarado culpable.Por su parte, la otra gran reforma es la incorporación de la víctima en cuanto al reconocimiento de su derecho a ser informada sobre el cumplimiento de las reglas de conducta.3. Sujetos procesalesEntre los sujetos procesales se destaca la incorporación de la víctima con derechos especiales y la posibilidad de participar en todas las etapas del proceso, tal como hemos visto, e incluso, en la etapa de la ejecución de la pena.

El art.78  establece que se considerará víctima a:

– a la persona ofendida directamente por el delito;

– al cónyuge, conviviente, herederos, tutores o guardadores en los delitos cuyo resultad o sea la muerte de la persona con la que tuvieren tal vínculo, o si el ofendido hubiere sufrido una afectación psíquica o física que le impida ejercer sus derechos;

– a los socios, respecto de los delitos que afecten a una sociedad, cometidos por quienes la dirigen, administren, gerencien o controlen;

– a las asociaciones o fundaciones, en casos de crímenes de lesa humanidad o de graves violaciones a los derechos humanos siempre que su objeto estatutario se vincule directamente con la defensa de los derechos que se consideren lesionados y se encuentren registradas conforme a la ley;

– a los pueblos originarios en los delitos que impliquen discriminación de alguno de sus miembros, genocidio o afecten de un modo directo sus derechos colectivos reconocidos constitucionalmente.

Asimismo, la víctima cuenta con la posibilidad de asesoramiento de un abogado o podrá solicitar que sus derechos sean ejercidos por una asociación de víctimas constituida legalmente.

En cuanto al imputado, se elimina el límite para la designación de defensores. El código actual dispone la posibilidad de nombrar hasta dos defensores por imputado siendo que el nuevo ordenamiento en su art. 74  establece el derecho del imputado a designar libremente uno o más defensores, pero no podrá ser asistido por más de dos en las audiencias orales o en un mismo acto.

III. PROCEDIMIENTOS

El nuevo procedimiento se erige en tres etapas diferenciadas:

– investigación preparatoria

– control de la acusación

– juicio.

La característica esencial del nuevo procedimiento es la oralidad la cual se proyecta en todas las etapas a través de la realización de audiencias.

Así, las audiencias previstas en el nuevo procedimiento son:

Etapa preparatoria:

1. audiencia de suspensión de juicio a prueba

2. audiencia de cumplimiento de condiciones de la suspensión de juicio a prueba

3. audiencia de excepciones

4. audiencia de recusación

5.audiencia de comparecencia de rebelde

6. audiencia de saneamiento o declaración de nulidad

7. audiencia unilateral de medidas de prueba

8. audiencia unilateral de mantenimiento de secuestro

9. audiencia de control de medidas

10. audiencia de oposición

11. audiencia de fijación de caución

12. audiencia de detención

13. audiencia de aprehensión sin orden judicial

14. audiencia de medida de coerción

15. audiencia de revocación o sustitución de medida de coerción

16. audiencia de anticipo de prueba y otros

17. audiencia unilateral de reserva de legajo

18. audiencia por rechazo a la intervención de querella

19. audiencia unilateral de prórroga para la formalización de la investigación con autor identificado

20. audiencia unilateral para continuar la investigación previa a la formalización

21. audiencia unilateral de solicitud de información sobre la investigación previa a la formalización

22. audiencia de formalización de la investigación

23. audiencia de ampliación del objeto de la investigación preparatoria

24. audiencia sobre procedencia de diligencias rechazadas

25. audiencia de anticipo jurisdiccional de prueba

26. audiencia sobre reducción del plazo de la etapa preparatoria

27. audiencia de prórroga de la etapa preparatoria

28. audiencia de sobreseimiento.

Control de la acusación:

1. Audiencia de control de la acusación (art. 246 ).

Juicio:

1. audiencia de determinación de la pena

2. audiencia de lectura de sentencia

3. audiencia de conciliación en procedimiento de acción privada

4. audiencia de admisibilidad de prueba y convocatoria a juicio de acción privada

5. audiencia de juicio de acción privada

6. audiencia de procedimiento abreviado pleno

7. audiencia de procedimiento abreviado parcial

8. audiencia de juicio directo

9. audiencia unilateral para reserva de identidad de investigadores

10. audiencia de sustanciación de impugnación

11. audiencia de oposición al cómputo de pena

12. audiencia de unificación de penas o condenas

13. audiencia de revocación o cumplimiento de reglas de conducta

14. audiencia de planteos durante la etapa de ejecución

15.audiencia de revisión de decisiones del juez con funciones de ejecución

16. audiencia de multa.

La etapa preparatoria tiene como característica esencial la desformalización. Ello significa la eliminación del expediente tal cual se conoce hasta el día de hoy que es reemplazado por el legajo de investigación. Este legajo de investigación es formulado por el fiscal con el fin de preparar sus planteos y no está sujeto a formalidad alguna. El legajo pertenecerá al representante del Ministerio Público Fiscal y contendrá la enumeración de los documentos y elementos de convicción recogidos por él, y un resumen sumario de todas las diligencias practicadas, de los datos obtenidos con indicación de la fecha y hora de su realización y de la identidad de los sujetos intervinientes y de los entrevistados. Lo esencial es que en ningún caso podrá ser consultado por el órgano jurisdiccional con el objeto de evitar contaminaciones al momento de la toma de decisiones.

La defensa podrá acceder a toda la información recabada en el legajo de investigación.

Esta investigación preparatoria quedará formalizada en audiencia con el imputado y en presencia del juez en donde se le atribuye el hecho, la calificación legal, el grado de participación y los elementos de prueba en su contra.

Ahora bien, antes de la formalización de la investigación preparatoria, la defensa como también la querella podrán pedir al fiscal información sobre los hechos que fueren objeto de investigación, las diligencias practicadas y las pendientes.El fiscal podrá oponerse a dicha vista, en cuyo caso el juez resolverá en audiencia previo a escuchar a las partes.

Asimismo, las partes podrán solicitar al representante del Ministerio Público Fiscal diligencias en cualquier momento de la investigación preparatoria cuando el resultado de las mismas podría verse afectado de postergarse su realización.

La investigación preparatoria finaliza con la solicitud de sobreseimiento o la acusación al imputado.

El sobreseimiento puede fundarse en los mismos criterios actuales con la única incorporación de los criterios de oportunidad.

El pedido de sobreseimiento debe ser fundado y notificado a la víctima quien podrá objetarlo solicitando la revisión ante el superior fiscal o constituirse como querellante y como tal formular acusación en cuyo caso continuará el ejercicio de la acción penal en solitario. Esta última circunstancia pone fin a una larga discusión luego del precedente «Santillán» de la CSJN mediante el cual se reconocieron facultades autónomas de acusación de la querella.

La acusación deberá formularse por escrito pudiéndose incorporar acusaciones alternativas.

La acusación se controlará en audiencia con intervención del juez, las partes y la víctima en la cual el imputado podrá objetar la acusación, oponer excepciones, instar el sobreseimiento, proponer un medio alternativo de resolución de conflictos, entre otras opciones.

Efectuada la audiencia de control de la acusación, el juez efectuará el auto de apertura a juicio y enviará este escrito a la oficina judicial la cual procederá inmediatamente a sortear los jueces y fijar el día y hora del debate la cual no podrá realizarse antes de cinco días ni después de treinta días.

El nuevo ordenamiento modifica sustancialmente el modo de realización de la audiencia de debate.En primer término la acusación ya no se formaliza con la lectura por parte del secretario del juzgado de los requerimientos de elevación a juicio, sino que las partes deben efectuar un alegato de apertura el cual debe contener la acusación, los hechos, las pruebas que se producirán para probar la acusación y la calificación legal pretendida.

Efectuados los alegatos de apertura, se dará inicio a la producción de las pruebas. Son interesantes las reglas para examinar a los testigos que constarán de interrogatorios efectuados por las partes a través de preguntas que no deben ser sugestivas o indicativas, a menos que se autoricen para el llamado «testigo hostil». Luego se dará inicio al contraexamen a cargo de la contraparte de la que ofreció al testigo.

Los jueces no podrán formular ningún tipo de preguntas permaneciendo en su rol de juzgador que observa la contienda para luego efectuar su sentencia.

Otra interesante incorporación es la llamada «cesura del debate» mediante la cual, luego de que se declarare la culpabilidad del imputado, se procederá a determinar la pena en una audiencia especial en la cual se abrirá a debate sobre la pena y la modalidad de cumplimiento.

IV. CONCLUSIONES

El nuevo proceso penal que se avecina con la sanción de la Ley 27.063  adopta un modelo de enjuiciamiento de corte acusatorio colocando al país en los estándares procesales internacionales dejando en el olvido las estructuras más vetustas para la investigación criminal.

Entre las ventajas más significativas se destaca la clara división de tareas mediante la cual el órgano jurisdiccional se limita solo a su función de juzgar la contienda eliminándose todas sus facultades investigativas.

También se revela como una gran ventaja la oralidad que se traducirá en la rapidez de los procesos los cuales tienen plazos máximos para su duración siendo que la violación a dichos plazos acarrea sanciones disciplinarias para los fiscales.Esta oralidad requerirá la adopción de las técnicas de litigación oral las que suponen que cada parte deberá contar con una estrategia de preparación del caso y desarrollar herramientas específicas para la producción de pruebas.

La litigación oral se convierte de esta manera en un medio para reconstruir la realidad a través de la confrontación de las partes de manera adversarial como mejor motor de búsqueda de la verdad.

Ahora bien, el proceso de implementación de este nuevo esquema procesal también enfrenta a ciertos desafíos tales como una nu eva técnica de enseñanza del derecho procesal penal pues la pedagogía ya no puede ser la tradicional sino la del «rol play» a través de talleres de litigación oral pues en la tradición procesal argentina la escritura ha sido la actriz principal del escenario judicial.

Por su parte, otro gran desafío es garantizar una verdadera contienda de partes en donde el imputado y la acusación se encuentren en pie de igualdad. La monopolización de la acusación e investigación en manos del Ministerio Público Fiscal requerirá que los fiscales se comprometan no solamente con las víctimas sino también con la defensa de los imputados a quienes se les deberá garantizar el acceso a toda información que posean en sus legajos de investigación.

Los desafíos son muchos, pero las ventajas del proceso acusatorio se reflejan para todas las partes que intervienen en el proceso.

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(*) Abogado, UBA. Especialista en Derecho Penal, UTDT. Profesor de Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal, cátedra del Dr. Raúl E. Zaffaroni, UBA. Profesor adjunto de Derecho Penal I y de Derecho Procesal Penal, UAI. Profesor titular de Derecho Penal I y de Delitos Sexuales, UP. Profesor de Sistemas Penitenciarios Comparados, UNLZ.

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