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Concausa: la concesionaria vial debía evitar la acumulación de agua sobre la cinta asfáltica y el conductor debía circular a una velocidad prudente.

shutterstock_39504259Partes: V. L. A. N. c/ C. E. D. A. M. CEAMSE y otro s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: G

Fecha: 29-sep-2014

Cita: MJ-JU-M-89523-AR | MJJ89523 | MJJ89523

Existió concausa en el siniestro que produjo el fallecimiento de la víctima pues si bien la concesionaria vial debió evitar la acumulación de agua sobre la cinta asfáltica, el conductor debió circular a una velocidad prudente. 

Sumario:

1.-Corresponde atribuir por partes iguales la responsabilidad en el hecho al conductor y a la sociedad demandada pues, cuando la incidencia de la culpa de la víctima ha sido sólo parcial, el daño habrá de resultar de la interferencia o conexión de dos cadenas causales distintas: la que se origina en el hecho del mismo damnificado y la que proviene del riesgo o vicio de la cosa.

2.-Al existir concurrencia de causas o concausación respecto del fatal accidente de la víctima, si bien la responsabilidad objetiva no desaparece, se atenúa al circunscribirse a los límites en que el riesgo o vicio realmente contribuyó o pudo contribuir a la producción del evento dañosos, dentro de los cuales, únicamente, le corresponderá indemnizar al dueño o guardián de la cosa.

3.-Puesto que la responsabilidad asignada a la demandada no empece la que le cabe al conductor del automóvil, cabe admitir la existencia de concurrencia de causas pues aun cuando no se ha podido relevar la velocidad a la que se desplazaba el auto siniestrado, si el vehículo hubiera estado circulando a una velocidad prudencial, -indispensable ante la copiosa lluvia, la visibilidad reducida y la curva existente-, no habría sufrido tal cantidad de impactos y no habría terminado apostado en la mano contraria.

4.-El reclamo debe enmarcarse en la órbita extracontractual y cabe concluir que la demandada ha de responder por los perjuicios padecidos por la demandante, pues aquélla es la dueña o guardiana del camino de que aquí se trata y como tal, debe cuidar que ese corredor se encuentre en condiciones tales que no constituya un riesgo para los rodados que transitan por él (art. 1113 del Cciv.), lo que se encontraría infringido si no se evita la acumulación de agua sobre la cinta asfáltica en una medida que resulte peligrosa los que por allí circulan.

5.-Para fijar la indemnización por el denominado valor vida no pueden aplicarse fórmulas matemáticas, sino que es menester computar las circunstancias particulares de la víctima y de los damnificados, tales como edad, grado de parentesco, profesión, ingresos, posición económica y social, expectativa de vida, etc; y no debe ser apreciado con criterios exclusivamente económicos, sino mediante una comprensión integral de los valores materiales y espirituales, pues el valor vital de los hombres no se agota con la sola consideración de aquellos criterios.

6.-El rubro daño moral debe admitirse pues no resulta difícil inferir el intenso sufrimiento que genera la pérdida de uno de los seres más queridos, debiendo apreciarse no solo el dolor que apareja la muerte del esposo, sino la situación que significa la viudez como ruptura de un plan de vida y frustración de un elenco de expectativas afectivas, sumado al evidente padecimiento que inevitablemente produce en los hijos, -cualquiera sea su edad-, la muerte de su padre, ya que deberán desenvolverse sin su afecto, consejo, apoyo y compañía.

7.-No cabe admitir la apelación deducida contra la imposición de costas pues no se alega la concurrencia de cuestiones doctrinaria o jurisprudencialmente controvertidas ni se advierten otras de hecho como para configurar una situación de excepción, máxime cuando no se ha invocado qué dificultades habría encontrado la actora para tomar conocimiento de que la autopista donde ocurrió el sinietro se hallaba a cargo de la demandada.

Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 29 días de septiembre de dos mil catorce, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, para conocer en los recursos de apelación interpuestos en los autos caratulados: «V. L., A. N. C/ C. E. D. A. M. CEAMSE Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS», respecto de la sentencia de fs. 704/705 vta., el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿ES JUSTA LA SENTENCIA APELADA?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: Señores Jueces de Cámara Doctores CARLOS CARRANZA CASARES – CARLOS ALFREDO BELLUCCI – BEATRIZ AREÁN.-

A la cuestión planteada el Señor Juez de Cámara Doctor Carranza Casares dijo:

I.- El 22 de diciembre de 2002 cerca de las 14 mientras circulaba por el Camino Parque del Buen Ayre el Renault Megane al mando de F. V. sufrió un accidente que provocó la muerte de su conductor.

La sentencia dictada en el juicio entablado por A. N. V. L., G. A. V. y M. H. V., viuda e hijos del fallecido, hizo lugar parcialmente a la demanda y condenó a C. E. Á. M. S. del E., con extensión a Provincia Seguros S. A., al pago de $52.500 a la primera y $22.500 a cada uno de los segundos, más intereses y costas.

Para así decidir el pronunciamiento concluyó que el siniestro había ocurrido porque la cinta asfáltica se encontraba en un estado deficitario de conservación y por la falta de prudencia del conductor, atribuyendo a la concesionaria el veinticinco por ciento de responsabilidad y al accidentado el setenta y cinco restante.

II.- El fallo fue recurrido por la parte actora, la empresa demandada y su citada.

La primera al expresar sus agravios a fs. 726/741, que fueron respondidos a fs.748/752 y 755/769 vta., cuestiona la responsabilidad parcial atribuida, pretende el incremento de lo otorgado en concepto de valor vida y daño moral, y también crítica la tasa de interés aplicada.

La segunda en su memorial de fs. 717/724, cuyo traslado no fue contestado, se queja por la atribución parcial de responsabilidad y por la condena en costas.

La última al fundar su recurso a fs. 710/711 vta., replicado a fs. 743/ 746, además de efectuar las mismas criticas que su asegurada, se agravia de lo acordado por las partidas denominadas valor vida y daño moral.

III.- Antes de entrar en el estudio de la cuestión de fondo he de examinar el recurso de fs. 307 punto I, concedido en forma diferida a fs. 323, primer párrafo.

El art. 68 del Código Procesal consagra el criterio objetivo de la derrota en materia de costas, entendiéndose por parte vencida a la que ha obtenido un pronunciamiento judicial que le es adverso.

El mismo criterio rige para los incidentes por imperio del art. 69, de modo que quien resulte perdidoso debe correr en la carga de las costas devengadas. Sólo si las circunstancias especiales del caso permitieran ponderar la cuestión como de dudoso derecho o si la imposición de las costas condujera a resultados no queridos, se justificaría entonces una solución diferente.

Conspira contra el progreso de las quejas vertidas por la imposición de los gastos del juicio el propio concepto del instituto, en tanto se define a las costas como las erogaciones o desembolsos que las partes se ven obligadas a efectuar, como consecuencia directa de la tramitación de un proceso, o de un incidente dentro de éste. No implican una penalidad para el vencido, sino imponerle la obligación de restituir los gastos que en el caso efectuó su contraria para repeler la acción que contra ella el recurrente entablara (cf. C.N.Civ., esta sala, R. 36.311, del 11/8/88 y sus citas; R. 404.285, del 29/6/04; R.441.149 del 17/10/05, L. 558.401, del 16/5/11, entre otros).

En este orden de ideas, se aprecia que si bien es cierto que el principio objetivo de la derrota no es absoluto -ello a tenor de lo dispuesto en el art. 68, párr. 2° de la ley adjetiva- no lo es menos que para apartarse de él se requiere la existencia de circunstancias excepcionales, o la configuración de situaciones normadas específicamente (cf. Gozaíni, O., Costas Procesales, pág. 78 y C.N.Civ., esta Sala, R. 478.934, del 30/3/07 y 497.773, del 12/12/07), lo cual en modo alguno ocurre en la especie, en la que no se alega la concurrencia de cuestiones doctrinaria o jurisprudencialmente controvertidas ni se advierten otras de hecho como para configurar una situación de excepción, máxime cuando no se ha invocado qué dificultades habría encontrado la demandante para tomar conocimiento de que el Camino Parque del Buen Ayre se hallaba a cargo de la demandada CEAMSE.

A la luz de lo expuesto estimo que no cabe admitir la apelación deducida contra la imposición de costas decidida a fs. 304, sin imponerlas en esta instancia por no haber mediado contradictorio.

IV.- Los usuarios de las rutas cuentan con el importante sistema de protección de derechos que ofrece la ley 24.240 (conf. mi voto en L. 473.124 del 27/6/07). La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha afirmado que el vínculo que se establece entre el explotador de las rutas y sus usuarios es calificado como una relación de consumo, que tiene sustento en el art. 33 de la Constitución Nacional (a partir de la reforma de 1994, la referencia expresa se halla en el art. 42 de la norma fundamental). Bajo esta óptica, los arts.4, 5 y 40 de la citada ley constriñen al concesionario a prestar al usuario del corredor vial detallado, eficaz y suficiente información y seguridad respecto de los peligros para su integridad física en condiciones previsibles y normales de uso (Fallos: 329:4944), aun respecto de los peligros que previsiblemente puedan deberse a la actitud de terceros (C.N.Civ., sala E, L. 478.504 del 17/9/07).

Este abordaje del vínculo entre la empresa y el usuario desde la perspectiva de la relación de consumo ya ha sido adoptado por numerosas salas de este Tribunal (Sala A, L. 469.308 del 23/4/07 y L. 458.943 del 2/5/07; sala D, L. 451.021 del 27/11/06; sala E, L. 478.504 del 17/9/07; sala H, L. 451.000 del 28/12/06 y L. 470.747 del 21/3/07, sala K, L. 457.005 del 27/12/06 y sala M., L. 428.280 del 6/7/06) y no resulta incompatible con las que seguidamente se exponen.

Una segunda perspectiva -también abordada por la Corte en el citado precedente- radica en la calificación contractual del vínculo existente entre quien tiene a su cargo la autopista y el usuario y en sostener que el primero no asume una obligación de dar el uso y goce de una cosa, sino de prestar un servicio que importa que hay una obligación nuclear del contrato, constituido por la prestación encaminada al mantenimiento de la ruta en todos sus aspectos y también deberes colaterales con fundamento en la buena fe (art.1198 del Código Civil), entre los que existe un deber de seguridad, de origen legal e integrado en la relación

contractual, que obliga al prestador a la adopción de medidas de prevención a los concretos riesgos existentes en la ruta concesionada, en tanto resultan previsibles.

Desde una tercera perspectiva, encuadrada en la órbita extracontractual entiendo que también cabe concluir que la demandada ha de responder por los perjuicios padecidos por la demandante.

Ello es así pues aquélla es la dueña o guardiana del camino de que aquí se trata y como tal debe cuidar que ese corredor se encuentre en condiciones tales que no constituya un riesgo para los rodados transitan por él (art. 1113 del Código Civil), lo que se encontraría infringido si no se evita la acumulación de agua sobre la cinta asfáltica en una medida que resulte peligrosa los que por allí circulan.

Así, desde distintas perspectivas jurídicas se coincide en postular la existencia de responsabilidad por parte de los encargados de las rutas respecto de los daños provocados por la acumulación de agua sobre la calzada (cf. C.N.Civ., sala F, L.401.153 «Conde c/ Autopistas del Sol S.A.», del 16/11/04; ídem, sala D, «Lorenzatto c/ A.E.C. S.A.» del 11/3/10, en DJ 4/8/10, 2088; íd., sala K, «Puertas c/ Coviares S.A.», del 7/9/06, en elDial AA37FA; íd, sala L. «Cesano c/ Corredor Americano S.A.», del 8/5/13, en RCyS 2014-IV , 132).

En relación con esto último cabe recordar que el art.23 de la ley 24.449 establece que cuando la seguridad o fluidez de la circulación estén comprometidas por situaciones u obstáculos anormales, los organismos con facultades sobre las vías deben actuar de inmediato, según su función, advirtiendo del riesgo a los usuarios y coordinando su accionar a efectos de dar solución de continuidad al tránsito.

El oficial de policía que intervino en el hecho dejó constancia que el vehículo conducido por el marido y padre de los actores chocó contra la defensa metálica del lugar y después contra la columna trescientos ochenta de la autopista, «derrapando unos cincuenta metros aproximadamente quedando finalmente atravesado sobre la calzada de la mano contraria, es decir, mano ascendente»; como así también que la cinta asfáltica se encontraba mojada, las condiciones climáticas era desfavorables y la visibilidad escasa (fs. 1 de la causa penal).

El declarante de fs. 382/384, de profesión gendarme y cuya presencia en el lugar del accidente está fuera de duda en atención a la constancia de fs. 4 de la causa penal, manifestó respecto de la autopista por donde circulaba el Renault accidentado que «esa calzada no está en buenas condiciones, en esa curva la calzada está mala y se llena de lagunas. Malísima en el sentido de que está llena de sapitos vive saltado (sic), la calzada está llena de honduras vive saltando. Y más cuando llueve es donde se forman las lagunitas». Preguntado sobre si existía señalización, contestó que no.

Quien atestiguó a fs. 385/386, amigo de la hija del accidentado, narró que en al autopista había desniveles y no estaba señalizado el lugar, no estaba parejo el lugar, «había charcos antes de la curva y en medio de la curva». Y quien lo hizo a fs. 422/424, que trabajaba con el fallecido, relató que «el asfal to estaba bien pero hay posos o sea se hacen espejos de agua, yo ví los desniveles, estos se notan».

En este punto es oportuno recordar que el art.456 del Código Procesal dispone que el juez ha de apreciar, según las reglas de la sana crítica (art. 386 del citado cuerpo legal), las circunstancias y motivos que corroboren o disminuyan la fuerza de las declaraciones. Como así también que esas reglas son las de la lógica, la experiencia y el sentido común, que constituyen el soporte del correcto entendimiento judicial (Fallos: 316:1877; 321:2990 ; 335:729), que no ha de prescindir del curso natural y ordinario de las relaciones humanas (Fallos: 316:247; 321:1596 ; 325:450 ).

Tales declaraciones, por otra parte, han de ser integradas y armonizadas con otras constancias de la causa, efectuando un examen completo de los distintos medios probatorios, lo cual tiende a resguardar la garantía de la defensa en juicio y el debido proceso (Fallos: 320:726 ; 322:1325 ; 323:1989 ; 325:1616 ; 326:2211 ).

Bajo tales premisas, estimo que las declaraciones testificales reseñadas, que no son objetadas en los memoriales de las recurrentes, dan suficiente cuenta de la acumulación de agua que existía en el tramo donde tuvo lugar el siniestro.

El perito ingeniero explicó a fs.545 que el accidente se produjo por el fenómeno denominado «hidroplaneo», «hydroplaning» o «acquaplaning», que consiste en «el deslizamiento de un vehículo respecto de la capa asfáltica» «cuando las fuerza en la interface del neumático y el pavimento exceden el coeficiente de fricción de ese neumático con esa superficie, para unas condiciones dadas».

El aludido fenómeno es generado por la alianza trágica entre el agua acopiada por precipitaciones pluviales -o provenientes de algún río que desborda y anega la ruta- y la falla del pavimento, y esta última puede haberse originado por un vicio de diseño en la conformación material del asfalto (ahuellamiento de la banda de rodamiento acrecentada por el tránsito de los vehículos pesados) o en su trazado geométrico (peralte o inclinación incorrecta), y/o una defectuosa tarea de manutención por parte de la autoridad competente, todo lo cual produce la falla de drenaje o escurrimiento del líquido (Martín D. Pirota «Accidentes de tránsito en carreteras concesionadas: evolución de la jurisprudencia argentina desde principio de los años ´90 hasta nuestro días», en Jurisprudencia Argentina, 2009-II, p. 1385).

En similar orden de ideas la Dirección de Policía Científica «Campo de Mayo» de Gendarmería Nacional, expresó a fs.394 que el efecto llamado «agua planing» o «hidroplaneo» es un fenómeno que se genera cuando existen algunos milímetros de agua sobre la superficie del camino y el vehículo circula a alta velocidad» Al no poder desplazar la película de agua que posee un determinado grosor y penetra como una cuña entre el pavimento y las cubiertas, el vehículo pierde adherencia al suelo patinando sobre este film de agua que lo separa de la conducción longitudinal del camino.

Al igual que lo que ocurre con la prueba de testigos, los peritajes -tanto el de ingeniero nombrado de oficio como el de Gendarmería Nacional- no son objeto de crítica alguna en los memoriales.

Consecuentemente estimó que ha sido determinada la responsabilidad de quien explota la autopista, más allá del grado o extensión que corresponde atribuirle por la falta de adecuados drenajes o el mal estado de conservación que ha permitido crear las condiciones para que ocurran siniestros como el que ha dado origen a este pleito, consumándose así una infracción al deber de seguridad.

Quien contrae la obligación de prestar un servicio lo debe hacer en condiciones adecuadas para cumplir el fin en función del cual ha sido establecido y es responsable de los perjuicios que causare su incumplimiento o su ejecución irregular.(Fallos:334:1361; 330:563; 329:4944).

La responsabilidad asignada a la demandada no empece la que le cabe al conductor del automóvil.

Aun cuando no se ha podido relevar la velocidad a la que se desplazaba el Renault Megane (fs.551), el recurso de los actores -de muy difícil lectura debido a que se encuentra completamente mal compaginado y con numerosos párrafos truncos o inconclusos- no logra refutar lo sostenido por la sentencia en cuanto a que si el vehículo hubiera estado circulando a una velocidad prudencial, indispensable ante la copiosa lluvia, la visibilidad reducida y la curva existente, «no habría sufrido semejante cantidad de impactos contra columnas y levantado vuelo hasta traspasar el cantero central de la autovía para terminar apostado en la mano contraria». Recuerdo en este sentido que entre las dos manos de circulación existía un doble guard rail que las separaba, que tuvo que ser atravesado por el automóvil para terminar volcado como se advierte en las fotografías de fs. 13 y 14 de la causa penal.

Es evidente y así lo ha afirmado el perito ingeniero (fs. 552), que en tales condiciones se debía conducir a una velocidad reducida.

Y ha puesto de relieve el dictamen de Gendarmería Nacional que el fenómeno denominado hidroplaneo tiene lugar cuando el vehículo afectado circuló a alta velocidad (fs. 394).

Vale decir que a mi juicio se ha demostrado la concurrencia causal en el origen del siniestro.

Cuando la incidencia de la culpa de la víctima, como en el caso, ha sido sólo parcial, el daño habrá de resultar de la interferencia o conexión de dos cadenas causales distintas: la que se origina en el hecho del mismo damnificado y la que proviene del «riesgo o vicio» de la cosa. Se produce entonces lo que se denomina «concurrencia de causas» o «concausación». En tal hipótesis, la responsabilidad objetiva no desaparece, pero se atenúa al circunscribirse a los límites en que el riesgo o vicio realmente contribuyó o pudo contribuir a la producción del evento dañosos, dentro de los cuales, únicamente, le corresponderá indemnizar al dueño o guardián de la cosa (cf. Brebbia, Problemática jurídica de los automotores, t. I, p.262, n° 9; Areán, Beatriz, Juicio por accidentes de tránsito, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2006, t. 2, p. 853).

Por lo expresado, al no encontrar motivos para asignar mayor incidencia causal a alguno de los factores examinados en detrimento del otro, considero que corresponde atribuir por partes iguales la responsabilidad en el hecho al conductor y a la sociedad demandada.

V.- Tratada la precedente cuestión, corresponde que me aboque a los restantes agravios.

a. Tiene dicho la Corte que la vida humana no tiene valor económico por sí, sino en consideración a lo que produce o puede producir. No es dable evitar una honda turbación espiritual cuando se habla de tasar económicamente una vida humana, reducirla a valores crematísticos, hacer la imposible conmutación de lo inconmutable. Pero la supresión de una vida, aparte del desgarramiento del mundo afectivo que produce, ocasiona indudables efectos de orden patrimonial como proyección secundaria de aquel hecho trascendental, y lo que se mide en signos económicos no es la vida misma que ha cesado, sino las consecuencias que sobre otros patrimonios acarrea la brusca interrupción de una actividad creadora, productora de bienes. En ese orden de ideas, lo que se llama elípticamente la valoración de una vida humana no es otra cosa que la medición de la cuantía del perjuicio que sufren aquellos que eran destinatarios de todo o parte de los bienes económicos que la víctima producía, desde el instante en que esta fuente de ingresos se extingue (cf. Fallos: 316:912; 317:728, 1006 y 1921; 318:2002 ; 320:536 ; 322:1393 ; 323:3614 ; 324:1253 y 2972; 325:1156 ; 326:1299 ).

No obstante lo expuesto, para fijar la indemnización por el denominado valor vida no han de aplicarse fórmulas matemáticas, sino que es menester computar las circunstancias particulares de la víctima y de los damnificados: edad, grado de parentesco, profesión, ingresos, posición económica y social, expectativa de vida, etc. (cf. Fallos:310:2103; 317:1006; 324:2972 ; 325:1277 ).

Es oportuno recordar que el valor de la vida humana no debe ser apreciado con criterios exclusivamente económicos, sino mediante una comprensión integral de los valores materiales y espirituales, pues el valor vital de los hombres no se agota con la sola consideración de aquellos criterios (cf. Fallos: 326:4768 y sus citas).

En este sentido también se ha dicho que a partir de la muerte del cónyuge desaparece el enriquecimiento material -además del espiritual- que aportaba al hogar a través de la actividad que desarrollaba y esta pérdida debe ser resarcida (cf. Zavala de González, Matilde, Daños a las personas. Pérdida de la vida humana, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2 b, p. 360 y ss.).

Bajo tales premisas, más allá de la previsto en los arts. 1084 y 1085 del Código Civil, a la luz de lo dispuesto por el art. 1079 del Código Civil (cf. Kemelmajer de Carlucci en Belluscio-Zannoni, Código Civil, Ed. Astrea, Buenos Aires 1994, T.5, pág 565 y ss.), advierto que al tiempo de ocurrir el lamentable accidente, el fallecido contaba con sesenta y un años, era casado, tenía dos hijos mayores de edad, se despeñaba como conductor de remise con su propio vehículo; como así también que la cónyuge era ama de casa y no trabajaba fuera de ella (fs. 2, 3 y 4 del incidente de beneficio de litigar sin gastos y fs.385 del principal), que sus hijos que vivían con ellos, Mariana de 31 años y Gustavo de 28, se desempeñaban, la primera en una empresa dedicada a servicios de managment (fs. 140/141 del aludido incidente) y el segundo en trabajos temporarios como chofer o albañil (fs.3 y 4 del citado incidente).

Por todo ello, teniendo en cuenta el modo de reparar propuesto en el apartado VII, postulo la confirmación del importe establecido e n el pronunciamiento, a los que corresponde aplicar el porcentaje de responsabilidad determinado en el presente.

b. En relación con la reparación del daño moral -prevista en los arts. 522 y 1078 del Código Civil- sabido es que está dirigida a compensar los padecimientos, molestias e inseguridades, únicamente desde el plano espiritual, cobrando especial importancia la índole de las lesiones y el grado de menoscabo que dejaren, para mostrar en qué medida ha quedado afectada la personalidad y el sentimiento de autovaloración.

Para estimar pecuniariamente tal reparación, falta toda unidad de medida, pues los bienes espirituales no son mensurables en dinero. Sin embargo, al reconocerse una indemnización por este concepto, no se pone un precio al dolor o a los sentimientos, sino que se trata de suministrar una compensación a quien ha sido injustamente herido en sus afecciones íntimas. Si la indemnización en metálico no puede por sí restablecer el equilibrio perturbado del bienestar de la víctima, puede sin embargo, procurarle la adquisición de otros bienes que mitiguen el daño (Cf. C.N.Civ., esta sala L. 465.066, del 13/2/07 y L. 563.986, del 22/2/11, entre otros).

Este tribunal ha recordado que la determinación de este daño no se halla sujeta a parámetros objetivos, pues las aflicciones se producen en el ámbito espiritual de la víctima, por lo que su valoración debe efectuarse según la cautelosa discrecionalidad del juzgador ceñido a considerar la situación personal de aquélla (cf. arts. 163, inc. 5°, 165, 386, 456, 477 y cc. del Código Procesal; arts. 1078, 1083 y cc. del Código Civil; C.N.Civ., esta sala, L.488.078, del 6/11/07 y sus citas).

Desde esta perspectiva, no resulta difícil inferir el intenso sufrimiento que genera la pérdida de uno de los seres más queridos, debiendo apreciarse no solo el dolor que apareja la muerte del esposo, sino la situación que significa la viudez como ruptura de un plan de vida y frustración de un elenco de expectativas afectivas (cf. C.N.Civ., esta sala, L. 534.226, del 9/10/09). Y también es evidente, el padecimiento que inevitablemente produce en los hijos – cualquiera sea su edad – la muerte de su padre, ya que deberán desenvolverse sin su afecto, consejo, apoyo y compañía (cf. C.N.Civ., esta sala., L. 521.482, del 21/4/09).

Por todo lo dicho, sin dejar de advertir la dificultosa valoración de esta partida, teniendo en cuenta el modo de reparar propuesto en el apartado VII y el hecho de que la crítica efectuada tanto por los actores como por la demandada, reducida a cinco y siete renglones respectivamente, no alcanza para refutar los fundamentos de la sentencia en este punto (cf. art. 265 y 266 del Código Procesal), que a mi juicio resultan razonables, propicio la confirmación de los importes asignados a los que corresponde aplicar el porcentaje de responsabilidad determinado en el presente.

VI.- En lo concerniente a las costas, he de recordar que en los procesos de daños y perjuicios deben imponerse al demandado vencido aun cuando no hayan prosperado todos los rubros pretendidos por el actor, atento al principio de reparación integral y a la naturaleza resarcitoria que revisten estos gastos, como parte integrante de la indemnización, sin que obste a ello la demasía en la pretensión esgrimida, pues fue la actitud del accionado la que hizo necesario tramitar el pleito. De admitirse una solución contraria, el derecho que la sentencia reconoce al actor quedaría menoscabado con infracción del fundamento mismo de la institución de las costas (cf.C.N.Civ., sala H, «Fiore de Genovese, María c/ Natural Foods Industria Exportadora S.A. y otro», del 17/12/02, en La Ley 2003-B, 198; íd., esta sala L. 469.367, del 20/2/07; íd., L. 489.020, del 27/12/07, entre muchos otros), máxime cuando no se ha acreditado la existencia de una pluspetición inexcusable (cf. C.N.Civ., esta sala, L. 484.372, del 17/10/07, entre muchos otros).

VII.- Respecto de los intereses a aplicar, la sentencia decidió que debían liquidarse al 8% anual desde la fecha del accidente hasta la fecha del plenario «Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S.A. s/ daños y perjuicios» , y desde entonces a la tasa activa contemplada en este fallo.

Los agravios de los demandantes persiguen la aplicación de esta última desde la fecha del hecho y les asiste razón ya que los montos fijados en el pronunciamiento no han sido calculados a valores actualizados, como expresamente señala la sentencia (fs. 647). Consecuentemente, al no configurarse la salvedad prevista en la respuesta al cuarto interrogante del mentado acuerdo, postulo la modificación de los accesorios en este sentido.

VIII.- En mérito de lo expuesto, después de haber examinado las argumentaciones y pruebas conducentes, propongo al acuerdo: confirmar la imposición de costas decidida a fs. 304 sin cargo causídico en alzada; modificar el pronunciamiento definitivo para atribuir la responsabilidad por partes iguales en el hecho y para fijar los intereses de acuerdo a lo expresado en el apartado VII del presente, y confirmarlo en todo lo demás que decidió y fue objeto de agravios no atendidos, con costas de alzada a la parte demandada por la forma como se decide y por la naturaleza del reclamo (art. 68 del Código Procesal).

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2014.-

Y VISTOS:

Por lo que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede, SE RESUEVE: I.- Confirmar la imposición de costas decidida a fs. 304, sin tal cargo en alzada.II.- Modificar el pronunciamiento definitivo para atribuir la responsabilidad por partes iguales en el hecho y para fijar los intereses de acuerdo a lo expresado en el apartado VII del presente, y confirmarlo en todo lo demás que decidió y fue objeto de agravios no atendidos, con costas de alzada a la parte demandada. III. Devueltas que sean las actuaciones se proveerá lo pertinente a fin de lograr el ingreso de la tasa judicial (arts. 13 y conc. de la ley 23.898). IV.- En atención al monto condenado, la calidad, extensión y mérito de la labor profesional desarrollada en este proceso, etapas cumplidas y resultado obtenido; a lo que establecen los arts. 6, 7, 9, 10, 14, 19, 33, 37, 38 y conc. de la ley 21.839 y la ley 24.432 se regulan los honorarios de los letrados apoderados de los actores DRES. R. B. C. y L. F. C. L., en conjunto, en la suma de ($.); los de los letrados apoderados de la demandada DRES. V. M. A., M. L., D. M. S. y P. G. S., en conjunto, en la suma de ($.) y los de los letrados apoderados de la citada en garantía DRES. F. J. E. B., G. C. H. S. y C. I. B. M., en conjunto, en la suma de ($.). Por la incidencia resuelta a fs. 264 se regulan los honorarios de la letrada apoderdara de la Dirección Nacional de Vialidad DRA. C. L. R. y los de la DRA. V. M. A., en la suma de ($.) en la suma de ($.) y por la decidida a fs. 304 se establecen los de la DRA. C. L. R., en la suma de ($.).Por los trabajos de alzada se fija la remuneración de la DR. R. B. C. en la suma de ($.); los de la DRA. D. M. S. y los del DR. C. I. B.M., en la suma de ($.). En atención a la calidad de la labor pericial desarrollada en autos; a su mérito y eficacia y a la adecuada proporción que deben guardar las retribuciones de los expertos con las de los letrados intervinientes (Fallos: 314:1873; 320:2349; 325:2119, entre otros) se establecen los honorarios del ingeniero mecánico S. C. D.´A., en la suma de ($.). Se deja constancia de que la publicación de esta sentencia se encuentra sujeta a lo establecido por el art. 164, segundo párrafo, del Código Procesal. Infórmese a la Dirección de Comunicación Pública dependiente de la CSJN. (conf. art 4°Acordada 15/13 C.S.J.N). Regístrese, notifíquese por cédula por Secretaría en el caso que corresponda y al domicilio denunciado, conforme lo dispone la ley 26.685 y acordadas 31/11 y 38/13 de la CSJN, oportunamente cúmplase con la acordada 24/13 de la Corte Suprema de la Nación.

CARLOS A. CARRANZA CASARES

CARLOS A. BELLUCCI

BEATRIZ AREAN

Por ante mi

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