La firma de un acuerdo espontáneo de desvinculación laboral sin actuación profesional configura infracción al Código de Ética

declaracionPartes: R. H. P. c/ Colegio Público de Abogados de Capital Federal s/ recurso directo de organismo externo

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

Sala/Juzgado: III

Fecha: 23-oct-2014

Cita: MJ-JU-M-89430-AR | MJJ89430 | MJJ89430

La firma de un acuerdo espontáneo de desvinculación laboral sin actuación profesional configura infracción al Código de Ética, pues la misión del abogado no consiste solamente en rubricar acuerdos sino en ejercer plenamente la dirección del tema encomendado.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la multa impuesta por el Colegio de Abogados al letrado dado que, acreditada la infracción (firma del acuerdo espontáneo de desvinculación laboral sin haber desarrollado ninguna actuación profesional en la negociación), es atribución exclusiva del citado organismo la fiscalización, respecto de sus matriculados, del correcto ejercicio de la profesión de abogado y que, al efecto, se le reconoce el ejercicio del poder disciplinario (conf. art. 43 de la Ley N° 23.187).

2.-Dado que no se encuentran controvertidas las principales cuestiones fácticas en las que se sustenta la sanción aplicada, esto es que el actor actuó como letrado patrocinante del trabajador sin desarrollar labores profesionales, es evidente que el reproche disciplinario se encuentra suficientemente justificado.

3.-Corresponde confirmar la imposición de la multa toda vez que la conducta del profesional fue manifiestamente perturbadora del deber previsto en el inc. a) del art. 19 del Código de Ética al firmar un acuerdo espontáneo de desvinculación laboral sin haber desarrollado actuación profesional alguna, máxime siendo que la evaluación que el matriculado realizó acerca de su función profesional reveló una ausencia total de autocrítica y una interpretación arbitraria de lo que debe ser el cumplimiento de las obligaciones de un abogado patrocinante.

4.-La misión del abogado no consiste solamente en rubricar escritos y/o acuerdos sino en ejercer plenamente la dirección del tema encomendado y/o aceptado, con cumplimiento de las obligaciones que ello comporta; por lo tanto, la firma de acuerdo espontáneo de desvinculación laboral sin intervención y/o asesoramiento alguno configura una infracción al Código de Ética que rige la profesión del abogado.

5.-Puesto que la subsunción del supuesto fáctico concreto dentro de la fórmula de la infracción deontológica-profesional es, como principio, resorte primario de quien está llamado a valorar los comportamientos que pueden dar lugar a la configuración de aquellas infracciones, limitándose la revisión judicial a las hipótesis en las que ha mediado indefensión o la decisión resulta manifiestamente arbitraria; el rol de la Cámara se circunscribe al control de legalidad y razonabilidad del obrar del Tribunal de Disciplina en el cumplimiento de la potestad específica de la función administrativa de policía profesional que le fue deferida por la Ley N° 23.187.

Fallo:

Buenos Aires, 23 de octubre de 2014.- MST

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I.- Que, por pronunciamiento glosado a fs. 87/91, la Sala I del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal impuso al Dr. H.P.R. (Tº Fº) sanción de multa de $2.900 -conf. art. 45, inc. c), de la ley nº 23.187- por violación a lo dispuesto en los arts. 6, inc. e), 44, incs. g) y h) de la ley nº 23.187 y 19, inc. a) el Código de Ética.

En primer término, se indicó que las actuaciones se iniciaron en virtud de la denuncia de oficio entablada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – SECLO a fin de poner en consideración de ese Tribunal la actuación profesional desplegada por los abogados H.P.R. y P.F.L.en el marco del expediente nº . del registro de ese organismo.

Y, al respecto, se precisó que, a la fecha del acuerdo, los abogados denunciados no resultaban apoderados de la firma N. S.A. en tanto que se observó que la participación del Dr. R. en la audiencia de acuerdo espontáneo por ante el SECLO fue contradictoria, confusa y ambigua y, en tal sentido, se explicitó: que el trabajador -señor M.- jamás lo identificó como su abogado; que el mencionado matriculado presenció, participó y avaló con su gestión profesional la firma de un acuerdo en el que -en rigor de lo allí establecido- lo hacía como abogado del trabajador pese a desconocer en modo acabado los hechos del caso en concreto y sin tan siquiera estar allí abogando por los intereses del trabajador en cuestión.

En tal oren de ideas, se advirtió: que, respecto del acuerdo que extinguió aquella relación de empleo, el trabajador M. carecía de abogado en tanto el propio matriculado R.manifestó que no lo había asesorado y que sólo tuvo una intervención formal y; que la circunstancia de que el trabajador hubiese consultado a otro colega, no exime la falta ética habida por el abogado denunciado en cuanto existió una singular falta de celo, saber y dedicación en su gestión profesional, ya que convalidó -con su firma- un acuerdo y patrocinio en el que negó haber intervenido más que como una mera formalidad.

En tales condiciones, se puso de resalto que la misión del abogado no consiste solamente en rubricar escritos y/o acuerdos sino en ejercer plenamente la dirección del tema encomendado y/o aceptado, con cumplimiento de las obligaciones que ello comporta.

II.- Que, por presentación de fs. 98/102vta., el Dr. H.P.R. interpone recurso de apelación directa contra el pronunciamiento precedentemente individualizado y, al efecto, sustancialmente postula: que la denuncia del SECLO se formuló con sustento en que él habría actuado como patrocinante del trabajador siendo, asimismo, apoderado de la empresa reclamada, cuestión que se demostró que no era así, por lo que ello obstaba a la posterior investigación por parte del Tribunal de Ética; que los dos testigos que ofreció manifestaron que él no tuvo ninguna actuación profesional en la negociación y desvinculación de M. de la empresa N. S.A. y que ellos llevaron a delante la misma y; que no hay proporcionalidad entre el reproche disciplinario -a él- formulado y la sanción aplicada.

III.- Que, a fs. 119/126vta., se presenta el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y contesta el traslado conferido respecto del recurso de apelación de autos.IV.- Que, preliminarmente, es oportuno recordar que el Tribunal no está obligado a seguir a los recurrentes en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que proponen a consideración de la Alzada, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (CSJN, Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; esta Sala, “Torre, Hugo c/ CPACF”, del 8/2/07; “Marroquín de Urquiola Ignacio Francisco c/ EN-Mº del Interior Prefectura Naval Argentina s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg.”, del 19/7/07; “Sayago Horacio Adrián y otro c/ EN- PFA y otro s/ daños y perjuicios”, del 11/10/07; “ACIJ c/ EN- ley 24240- Mº Planificación s/ proceso de conocimiento”, del 29/5/98; “MULTICANAL S.A. y otro c/ EN- SCI DLC (Actas 2600/09 y otras) s/ amparo ley 16.986”, del 21/5/09; “Ciudadanos Libres Calidad Institucional Asoc. Civil c/ EN- Dto 67/10 s/ medida cautelar autónoma”, del 21/10/10, entre otros).

V.- Que, asimismo, cabe precisar que las sanciones impuestas por el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal remiten a la definición como injustos de faltas puramente deontológicas, esto es, de infracciones éticas más que jurídicas, propiamente dichas, en cuyo diseño juegan enunciados generales e inespecíficos, que si bien no resultarían admisibles en un sistema punitivo abstracto fundado en una situación de supremacía general, caben perfectamente, bajo una relación de supremacía especial, como expresión tanto de la disciplina interna de la organización como por la cercanía moral de los titulares del órgano sancionador, pares de los inculpados, interpretando un sistema ético que les envuelve a ambos.Por consiguiente, la subsunción del supuesto fáctico concreto dentro de la fórmula de la infracción deontológica-profesional es, como principio, resorte primario de quien está llamado -porque así lo ha querido la ley- a valorar los comportamientos que, precisamente, pueden dar lugar a la configuración de aquellas infracciones, limitándose la revisión judicial a las hipótesis en las que ha mediado indefensión o la decisión resulta manifiestamente arbitraria (esta Cámara, Sala III: “Rodríguez Goyena Gabriel Oscar”, del 6 de julio de 2006; Sala V: “Alvarez Teodoro”, del 16 de agosto de 1995; entre otros).

En tales condiciones, el rol de la Cámara se circunscribe al control de legalidad y razonabilidad del obrar del Tribunal de Disciplina en el cumplimiento de la potestad específica de la función administrativa de policía profesional que le fue deferida por la ley n° 23.187 (esta Cámara, Sala III: “Rodríguez Goyena Gabriel Oscar”, cit. ídem; Sala I: “Acosta de Iturriagagoitia Walter A. c/ CPACF”, del 29 de agosto de 2000; entre otros); la actividad jurisdiccional del Tribunal resulta limitada al contralor de la ilegalidad o arbitrariedad, por lo cual, la cuestión fáctica y sus probanzas se examinan con el objeto de verificar si esos extremos han ocurrido, y sólo en esas circunstancias debe corregirse lo resuelto por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (esta Cámara, Sala III: “Rodríguez Goyena Gabriel Oscar”, cit. ídem; Sala II: “Cattelani, Inés”, del 8 de junio de 1989 y “Mazzini, Antonio”, del 13 de febrero de 1992; entre otros).

VI.- Que, ahora bien, en cuanto a los agravios esgrimidos por el apelante, corresponde señalar que es atribución exclusiva del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal la fiscalización -respecto de sus matriculados- del correcto ejercicio de la profesión de abogado y que, al efecto, se le reconoce el ejercicio del poder disciplinario (conf. art.43 de la ley nº 23.187).

Por otra parte, se debe poner de resalto que no se encuentran controvertidas las principales cuestiones fácticas en las que se sustenta la sanción aplicada, esto es: que el aquí actor actuó como letrado patrocinante del trabajador en la firma del acuerdo espontáneo de desvinculación laboral, ello pese a no haber desarrollado ninguna actuación profesional en la negociación relativa al acuerdo arribado; por lo que en tales condiciones es evidente que el reproche disciplinario se encuentra suficientemente justificado.

Y, por último, se impone destacar que el Tribunal de Disciplina efectuó concretas consideraciones en orden a fundamentar la graduación de la sanción aplicada. Al respecto, entendió que la conducta del profesional fue manifiestamente perturbadora del deber previsto en el inc. a) del art. 19 del Código de Ética y, asimismo, advirtió que la evaluación que el matriculado denunciado realizó acerca de su función profesional, reveló una ausencia total de autocrítica y una interpretación arbitraria de lo que debe ser el cumplimiento de las obligaciones de un abogado patrocinante. En tal contexto y teniendo en cuenta el monto de la multa impuesta, se concluye en que no se verifica la existencia de arbitrariedad en la determinación de la sanción aquí apelada.

En virtud, entonces, de las consideraciones expuestas, SE RESUELVE: rechazar el recurso de apelación directa deducido en autos, con costas (conf. art. 68, primer párrafo, del Código Procesal).

Teniendo presente la naturaleza y resultado del litigio, la calidad y eficacia de la gestión profesional, la etapa cumplida y la circunstancia de que la Sala ha declarado reiteradamente que los emolumentos que corresponde fijar a los profesionales y auxiliares de la justicia deben traducir -aún en los juicios de monto exiguo e inclusive sin monto- una justa retribución de las tareas desplegadas compatible con la dignidad en el ejercicio profesional, SE FIJAN los honorarios de la dirección letrada y representación de la parte demandada -Dr. Ignacio Andrés Castillo- en la suma de -($.)- (arts.6, 7, 8, 9, 37 y 38 del Arancel de Abogados y Procuradores).

El importe del impuesto al valor agregado integra las costas del juicio y deberá adicionarse a los emolumentos cuando el profesional acreedor revista la calidad de responsable inscripto en dicho tributo.

Los honorarios fijados precedentemente deberán ser abonados dentro de los diez (10) días corridos de notificados (art. 49 de la Ley de Arancel).

En caso de incumplimiento el acreedor queda facultado para solicitar la intimación de pago para que se cumpla en el plazo de cinco (5) días, bajo apercibimiento de ejecución, la que tramitará por ante primera instancia del fuero. Para ello, se facilitará en préstamo el expediente para la extracción de las copias pertinentes, que serán certificadas por el Tribunal y entregadas al interesado para el ingreso del respectivo incidente en la Mesa de Asignac iones de la Secretaría General de la Cámara. Si vencidos los plazos mencionados el interesado no impulsa el proceso en el término de diez (10) días hábiles, las actuaciones se devolverán sin más trámite.

Para el caso de que el profesional no haya denunciado la calidad que inviste frente al IVA, el plazo para el pago del tributo sobre el honorario regulado, correrá a partir de la fecha en que lo haga.

Se deja constancia de que el Dr. Sergio G. Fernández no suscribe la presente por encontrarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvanse.

JORGE ESTEBAN ARGENTO

CARLOS MANUEL GRECCO

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