Consideraciones sobre el trabajo penitenciario en Argentina

Carcel 3Autor: Auliu, Eduardo C. de Luján

Fecha: 9-dic-2014

Cita: MJ-DOC-6994-AR | MJD6994

Sumario:

I. Consideraciones previas. II. Prisión y trabajo. Breve reseña histórica. III. El trabajo penitenciario, la Constitución Nacional y la normativa internacional. IV. Criterio de la Organización Internacional del Trabajo. V. Normativa nacional y trabajo de presos. VI. Jurisprudencia destacada. VII. Consideraciones finales.

Doctrina:

Por Eduardo C. de Luján Auliu (*)

I. CONSIDERACIONES PREVIAS

Lo dispuesto por la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal en autos “K. Y. T. s/ recurso de casación” en fecha del 1º de diciembre de 2014, ha revitalizado una polémica nunca superada respecto del trabajo de presos, las condiciones en que estos realizan su labor, y por supuesto, los derechos y beneficios que a raíz de tal actividad surgen.

Claro está que al analizar temáticas como la citada deviene inevitable la connotación ética y moral del delito y de quien lo ha cometido, las elucubraciones respecto de políticas carcelarias, las consideraciones pretendidamente filosóficas, comparativas inoficiosas entre las condiciones laborales de los privados de la libertad y quienes no lo están, así como también ineludibles confusiones entre el ser y el deber ser, lo que parece afectar la faz primaria del entendimiento pleno, legalista y jurídico de la cuestión.

A priori, resulta notorio que el derecho a la educación que asiste a la población carcelaria y que permite a los reclusos finalizar sus estudios primarios, secundarios y universitarios, ha sido recibido por la sociedad toda, con mayor aceptación que el derecho a trabajar de este mismo colectivo, sin embargo, es menester afirmar que tanto el trabajo como la educación, son derechos que deben ser entendidos y garantizados debidamente desde una legalmente inobjetable igualdad de acceso, condiciones y trato. Los mencionados, son derechos que cada estado debe garantizar a los fines de impedir la exclusión social de quien se trate, siendo que las normas nada dicen respecto de la exclusión de estos derechos en detrimento de quienes se encuentran privados de su libertad, más aun cuando el goce de los derechos básicos es inherente a la naturaleza humana y no a la situación penal o judicial del individuo.

Un componente fundamental en el tratamiento de esta cuestión es la función teleológica de la cárcel.Cierto es que el discurso resocializador -o socializador en algunos casos- ha sido receptado con agrado por la mayor parte de los estados modernos, aun con una penosa estadística de reincidencia a cuestas. El resultado negativo de las políticas de resocialización no obsta sin embargo, que los funcionarios penitenciarios, el sistema judicial y el legislador pregonen a viva voz estos objetivos, pues se concibe a la pena privativa de la libertad como una instancia para la reeducación de quien hubo quebrantado el -en términos de J. J. Rosseau- contrato social. Diametralmente opuesto a lo recientemente expuesto es el enfoque de la Escuela Clásica de la criminología, en tanto percibía al crimen como un acto irracional e incomprensible producto del actuar de un hombre que no supo elegir el camino más conveniente, al tiempo que se otorgaba prioridad al hecho sobre el autor, desconociéndose por completo la función reeducadora de la cárcel cuya única utilidad en teoría era asegurar la no reproducción de las conductas negativas acaecidas. Siguiendo estrictamente la inteligencia dispuesta por la carta magna en su art. 75, inc. 22 , corresponde afirmar que la Argentina ha receptado el primer modelo citado, siendo deber del Estado obrar en consecuencia.

Se propone aquí entonces, hacer mención de los fundamentos teóricos y jurídicos, inobjetables a la luz de las normas y más aún, de la ley suprema, para comprender despojados de venalidad cómo y por qué la población carcelaria puede y debe gozar de derechos laborales. A tales efectos, resulta fundamental la permanente referencia a la Constitución Nacional, los tratados internacionales, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y claro, la normativa nacional al respecto, que no solo determinan el adecuado goce de estos derechos por parte de quienes se encuentran privados de la libertad, sino que tienden a regular las condiciones de su ejercicio.

II. PRISIÓN Y TRABAJO.BREVE RESEÑA HISTÓRICA

El célebre teórico social Michel Foucault (1), reconocido por analizar minuciosa y críticamente las instituciones sociales, elaboró como parte de su obra “Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión” una cronología detallada respecto de la concepción de la prisión y la pena privativa de la libertad.

De sus informes surge que la prisión concebida como condena fue desconocida en el Antiguo Derecho, incluso era considerada una medida preventiva, un lugar idóneo para mantener el poder sobre el sujeto que aguardaba su condena. Tiempo después, a mediados del Siglo XVIII, el punto de vista fue modificado de gran forma al punto de considerar el nacimiento de la cárcel como un nuevo sistema de penalización, en tanto en la época medieval, la libertad no era considerada un valor cuya privación pudiera ser un sufrimiento para el sujeto. No menor es la afirmación del autor sobre el valor de la libertad, la cual adquirió sentido económico con el surgimiento del nuevo sistema de producción capitalista.

La privación de la libertad y con ello el encierro, detentaba una teleología no solo política sino también económica, de modo que la invención e implementación del sistema penitenciario cambió el paradigma en términos de control social pasando de una política de aniquilación del transgresor, a una política de reintegración del mismo.

En lo respectivo al trabajo dentro del ámbito carcelario ha de mencionarse como antecedente la llamada Casa de Rasphuis de Amsterdan, lugar abierto en 1596 que fue en un comienzo destinado a jóvenes malvivientes y/o mendigos. Allí se tuvo por concebida la idea de educación en tanto para ello se recurría no solo al trabajo, sino a la instrucción religiosa y castigos corporales. Se insiste entonces, con que el trabajo era de carácter obligatorio y común, siendo un dato no menor que los reclusos percibían un salario como contraprestación.En palabras de Foucault tenía lugar “un juego de medios para atraer al bien y apartar el mal”.

Un paso adelante en la materia fue dado por el Correccional de Gante, en tanto procuraba garantizar “la pedagogía universal para el trabajo […] formar una multitud de obreros nuevos”, apuntando a formar y disciplinar al preso, durante el período de detención y después de él.

En 1775 se tuvo por instaurado el modelo inglés, pergeñado Hanway. En él se proponía un modelo de aislamiento a los efectos de que el condenado -apartado de malas influencias- pudiera reflexionar y descubrir en el fondo de su conciencia la voz del bien, con el fin de lograr un cambio moral. Allí el trabajo era de tipo solitario y tenía por objeto la conversión personal del reo.

El modelo de Filadelfia Walnut Street, abierto en 1790, constituye el precedente por excelencia de la prisión moderna. El mismo reproducía el modelo de Gante e implementaba el trabajo de modo obligatorio en talleres y la financiación de los gastos de prisión por este medio, de manera que se generaba lógicamente una retribución individual a los presos para garantizar su reinserción moral y material en el mundo estricto de la economía.

La prisión en aquellos tiempos, era considerada una máquina que apuntaba a la trasformación del sujeto entero, de su alma, sus hábitos, a la corrección por medio del trabajo impuesto. Foucault afirma entonces que los modelos mencionados poseen puntos en común que tienden a un mismo objetivo: la corrección del sujeto. Es decir, evitar y prevenir que el delito se reitere.

En lo que a la prisión se refiere, en otra tonalidad, Jeremy Bentham -padre del utilitarismo-, proporcionó argumentos para el control social institucionalizado de los sectores más desposeídos, en tanto consideraba al delincuente como un niño carente de autodisciplina para controlar sus pasiones de acuerdo con los dictados de la razón.El autor inglés, fundaba la pena en un cálculo de felicidad social, la legitimaba en la medida en que ahorraba dolor mediante la prevención especial y general. No es en vano aclarar que este importante exponente del pensamiento le otorgaba a la pena un carácter moralizador, que necesariamente requería un entrenamiento para el trabajo

En suma, la concepción de la pena privativa de la libertad ha evolucionado considerablemente, en tanto inicialmente era considerada como castigo y luego fue estructurada a los fines correctivos. Esclarecedor resulta que durante la época del contractualismo, la privación de la libertad ambulatoria no implicaba en modo alguno la privación de la libertad de industria -al trabajo-. Históricamente entonces, el producto del avance humanista y la renovación ideológica ha dado como resultado una concepción evidentemente tendiente a la readaptación social o resocialización con base en la individuación penal, siendo que el trabajo dentro de la prisión es un agregado fundamental a los efectos de obtener resultados satisfactorios.

III. EL TRABAJO PENITENCIARIO, LA CONSTITUCIÓN NACIONAL Y LA NORMATIVA INTERNACIONAL

Haciendo caso omiso a discusiones y conflictos de tipo axiológico, se presenta indiscutible que la Constitución Nacional no refiere en forma alguna a la exclusión de las personas privadas de su libertad del goce de los derechos fundamentales de todo ser humano, de manera que, en esa inteligencia corresponde proteger el derecho a trabajar de los reclusos en igualdad de condiciones respecto de quienes lo ejercen en plena libertad.

El derecho a trabajar de todos los habitantes de la nación, fundamental y correspondiente a las bases de la naturaleza humana, se encuentra debidamente garantizado en el art. 14 de la ley suprema argentina . Su texto refiere al ejercicio de toda industria lícita, más no existe distinción alguna entre aquellos que pueden gozar de tal derecho.Es menester recordar que los tratados internacionales tampoco excluyen a las personas detenidas del goce del derecho, en tanto los Estados se comprometen a reglamentar el correcto ejercicio del mismo.

Si bien aquí el acápite refiere a la Constitución Nacional, por extensión y aplicación lógica del ar t. 75, inc. 22 del mismo cuerpo normativo es necesario citar las normas internacionales que el Estado argentino se hubo obligado a cumplir.

En primer término, ha de citarse la Disposición General de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que en ocasión de determinar los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, menciona en su Principio XIV que “Toda persona privada de libertad tendrá derecho a trabajar, a tener oportunidades efectivas de trabajo, y a recibir una remuneración adecuada y equitativa por ello, de acuerdo con sus capacidades físicas y mentales, a fin de promover la reforma, rehabilitación y readaptación social de los condenados, estimular e incentivar la cultura del trabajo, y combatir el ocio en los lugares de privación de libertad. En ningún caso el trabajo tendrá carácter aflictivo. Los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos deberán aplicar a los niños y niñas privados de libertad todas las normas nacionales e internacionales de protección vigentes en materia de trabajo infantil, a fin de evitar, particularmente, la explotación laboral y garantizar el interés superior de la niñez.Los Estados Miembros promoverán en los lugares de privación de libertad, de manera progresiva y según la máxima disponibilidad de sus recursos, la orientación vocacional y el desarrollo de proyectos de capacitación técnico-profesional; y garantizarán el establecimiento de talleres laborales permanentes, suficientes y adecuados, para lo cual fomentarán la participación y cooperación de la sociedad y de la empresa privada.”

Según se ha visto, corresponde que la persona condenada revista el carácter de titular de los mismos derechos que las personas libres y solamente sufra limitaciones claramente detalladas, previstas en la normativa aplicable que se desprenden de la decisión judicial que dispuso la pena privativa de la libertad. Lo dicho mantiene total consonancia con el mentado principio de legalidad en tanto y en cuanto es indispensable que el contenido de las penas esté previsto por la ley, no pudiendo privarse a los condenados de sus derechos subjetivos excediendo lo dispuesto por la normativa vigente.

Un hito en la cuestión del llamado trabajo de presos, fue el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (2), que tuvo lugar en Ginebra en 1955, y las resoluciones 663CXXIV del 31/07/57 y 2076 LXII del 13/05/77 que en sus puntos 72.1, 74.1 y 2, determinan que “la organización y los métodos de trabajo penitenciario deberán asemejarse lo más posible a los que se aplican a un trabajo similar fuera del establecimiento, a fin de preparar a los reclusos para las condiciones normales del trabajo libre”, “en los establecimientos se tomarán las mismas precauciones prescritas para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores libres” “Se tomarán disposiciones para indemnizar a los reclusos por los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, en condiciones similares a las que la ley dispone para los trabajadores libres”.

El artículo XIV de la Declaración Americana de Derechos y deberes del Hombre reza que “toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas y a seguir libremente su vocación, encuanto lo permitan las oportunidades existentes de empleo”, mientras que la Declaración Universal de Derechos Humanos en su art. 23.1 dispone que “toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo”.

Por su parte el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dispone en sus arts. 6 y 7 que “Los Estados Partes en el presente pacto reconocen el derecho a trabajar que comprende el derecho de toda persona de tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho. Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los Estados Partes en el presente pacto para lograr la plena efectividad de este derecho deberá figurar orientación y formación técnico-profesional, la preparación de programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que garanticen las libertades políticas y económicas fundamentales de la persona humana” siendo que además reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial “a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores: i. Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual; ii.Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del presente Pacto; b) La seguridad y la higiene en el trabajo; c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad; d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos.”

Queda claro entonces, que internacionalmente y por ende en lo que respecta a la normativa nacional -pues no puede la última contrariar preceptos internacionales-, no existe fundamento legal alguno por el cual se pretenda dar curso a la restricción infundada del derecho al trabajo de los reclusos, máxime cuando no solo no ha de ser cercenado el mismo sino que además los estados deben comprometerse hasta el máximo de sus posibilidades para tornar efectivo el goce de tales prerrogativas.

IV. CRITERIO DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO

El máximo organismo internacional encargado de regir los cauces del derecho del trabajo, trata la cuestión del trabajo de presos en sus convenios 29 y 105. Así las cosas, la OIT no prohíbe de ningún modo el trabajo penitenciario pero si, en cambio, determina restricciones precisas al respecto.

La normativa citada dispone que el trabajo penitenciario sólo puede imponerse a condenados por sentencia judicial, siendo que no puede obligarse a trabajar a los detenidos en espera de juicio ni a presos por decisión administrativa. Lógicamente deviene obligatorio para las autoridades penitenciarias, la supervisión de la labor.Puntualmente, el Convenio 105 establece que empresas o particulares pueden emplear a presos que trabajen por voluntad propia, debiendo asegurarse que sus condiciones de trabajo sean similares a aquellas de las relaciones de empleo libres del sector en cuestión, resultando indispensable que los trabajadores penitenciarios hayan consentido su labor a favor de un empleador privado.

Algunos ejemplos que el mismo organismo provee al respecto refieren al trabajo para una entidad privada en el marco de un programa de educación o capacitación, trabajo en talleres de la cárcel para producir bienes que se vendan a entidades privadas en el mercado abierto, trabajo fuera de la cárcel para una entidad privada en el marco de un programa de preliberación, entre otros.

Para la Organización Internacional del Trabajo es fundamental que el trabajo penitenciario se realice en condiciones que se aproximen a aquellas de la “relación de trabajo libre”, ello en virtud de los principios antes vistos relacionados con la dignidad humana. Entonces, en caso de que una empresa hiciere uso del trabajo penitenciario, es recomendable que en cuestiones económicas las condiciones resulten similares a las de los trabajadores libres, así como también deben gozar de las mismas condiciones en materia de salud, seguridad laboral, higiene y seguridad social.

Es dable destacar que el propio organismo internacional admite la posibilidad de que al salario percibido por los trabajadores privados de la libertad se le practiquen descuentos por concepto de comida y alojamiento.

V. NORMATIVA NACIONAL Y TRABAJO DE PRESOS

V.1. Ley 24.660

Titulada de “Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad” y sancionada en 1996, la ley 24.660 contempla al trabajo de modo dual, puesto que no solo es concebido como un derecho sino como un deber para los sujetos condenados, en tanto es parte de un tratamiento que tiene -como se dijo con anterioridad- una finalidad tendiente a la resocialización.

El capítulo VII de la norma regula lo atinente al trabajo, en tanto el art. 107 establece condiciones básicas para el desarrollo de la labor.Se enuncian entonces, principios de cumplimiento obligatorio que determinan que el trabajo en las cárceles “a) No se impondrá como castigo; b) No será aflictivo, denigrante, infamante ni forzado; c) Propenderá a la formación y al mejoramiento de los hábitos laborales; d) Procurará la capacitación del interno para desempeñarse en la vida libre; e) Se programará teniendo en cuenta las aptitudes y condiciones psicofísicas de los internos, las tecnologías utilizadas en el medio libre y las demandas del mercado laboral; f) Deberá ser remunerado; g) Se respetará la legislación laboral y de seguridad social vigente”.

El salario -también conocido como “peculio”- que el trabajador privado de su libertad percibe con habitualidad se ha de regir por los arts. 120 y 121 de la norma, en tanto disponen que “… El trabajo del interno será remunerado, salvo los casos previstos por el art. 111. Si los bienes o servicios producidos se destinaren al Estado o a entidades de bien público, el salario del interno no será inferior a las tres cuartas partes del salario mínimo vital móvil. En los demás casos o cuando la organización del trabajo esté a cargo de una empresa mixta o privada la remuneración será igual a l salario de la vida libre correspondiente a la categoría profesional de que se trate. Los salarios serán abonados en los términos establecidos en la legislación laboral vigente…”. Por su parte, puntualmente el art. 121 establece los descuentos y retenciones que sobre el salario han de ser aplicados, mientras que el sistema de acrecimiento se encarga de diagramar la distribución de esa remuneración estableciendo una serie de descuentos y retenciones, y a su vez los artículos 123 a 126 establecen un sistema de acrecimiento y ahorro de las sumas generadas a favor del trabajador.

V.2.Ley 24.372

El circuito por medio del cual un sujeto privado de su libertad se convierte en trabajador remunerado encontrándose en prisión implica la intervención del EnCoPe (Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario Federal), creado en por ley 24.372 -sancionada en 1994-. Este ente ocupa el rol de empleador como parte del Estado, siendo que monopoliza la oferta de empleo a los efectos de -según art. 1- “propender al mejor funcionamiento y la modernización de los métodos operativos de los talleres de laborterapia para los internos alojados en jurisdicción de la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal”.

El EnCoPe posee órganos de conducción entre los que se destacan la Asamblea de Delegados, el Consejo Directivo y la Comisión Revisora. Los mismos se encuentran a cargo de integrantes del propio Servicio Penitenciario, obligados a desempeñar sus funciones en el marco de lo dispuesto por la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal.

VI. JURISPRUDENCIA DESTACADA

El necesario correlato entre la normativa pro homine que pregonan los tratados internacionales ratificados por Argentina y la realidad fáctica que a diario deviene en incumplidora de tales disposiciones, encuentra reencause en la jurisprudencia, fuente del derecho indispensable a los efectos de tornar operativos derechos que con frecuencia son vulnerados o restringidos en demasía.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, afirmó en autos “Romero Cacharane” (R. 230 XXXIV, rta. 9/3/2004) que “La concepción de que la persona pierde todos sus derechos con la condena, y sea objeto de arbitrariedades, resulta incompatible con un Estado de Derecho. La Argentina se alejó claramente de dicha postura a través del art.2 de ley 24.660 que establece “El condenado podrá ejercer todos los derechos no afectados por la condena o por la ley y las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten.”. Este precedente no hace más que poner de manifiesto de manera clara y concisa que las personas privadas de la libertad no renuncian -ni les ha de ser quitado- a su carácter de sujetos de derecho, por lo que aun encontrando limitada su libertad ambulatoria no corresponde vedarles derechos tan fundamentales como lo es el derecho a trabajar.

El 18 de mayo de 2009, la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal en autos “Sitko, Roberto Carlos s/recurso de casación” rechazó con asiento en la Ley 24.660 -art. 121- la inconstitucionalidad alegada respecto de la retención del 25% del salario del trabajador privado de la libertad en pos de solventar los gastos generados al Sistema Penitenciario. El presentante sostuvo que la mencionada disposición, en cuanto dispone que “La retribución del trabajo del interno, deducidos los aportes correspondientes a la seguridad social, se distribuirá simultáneamente en la forma siguiente:.c) 25% para costear los gastos que causare en el establecimiento.”, no resultaba razonable, pues conforme al art. 18 de la Constitución Nacional su guarda debía estar íntegramente a cargo del Estado siendo que además se contrariaba el art. 14 bis de la ley suprema.

Tiempo después -en 2011-la Corte se expidió en el caso “Méndez” dando un importante giro sobre la cuestión salarial de los trabajadores privados de la libertad, al tiempo que además reafirmó criterios fundamentales que hacen al respeto de la condición humana y trabajadora de los presos. El tribunal consideró inadmisible que so pretexto del tan mentado instituto de la readaptación, el Estado colocara en cabeza del interno el costo total o parcial de su estadía en el presidio, pues en virtud de los arts.18 y 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, es el Estado mismo quien debe custodiar a todas las personas que están sometidas a detención preventiva o condena en tanto dicho deber estatal debe llevarse a cabo con el debido respeto de los derechos fundamentales reconocidos por las normas, en el marco de los estándares internacionales.

El citado caso “Méndez” deviene esclarecedor en términos doctrinarios, pues en su último punto se afirma con total corrección que “el ingreso a una prisión, no despoja al hombre de la protección de las leyes y, en primer lugar de la Constitución Nacional, y que la dignidad humana implica que las personas penalmente condenadas son titulares de todos los derechos constitucionales, salvo las libertades que hayan sido constitucionalmente restringidas por procedimientos que satisfagan todos los requerimiento del debido proceso”. Prosigue, “…Justamente en la Declaración de Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos se estableció como regla elemental que el ser humano no pierde su dignidad por estar privado de su libertad; es que con excepción de aquellas limitaciones que sean evidentemente necesarias por el hecho del encarcelamiento, todos ellos, sin distinción alguna, siguen gozando de los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos en los documentos de protección nacional e internacional de los derechos humanos”.

VII. CONSIDERACIONES FINALES

Como corolario, corresponde aclarar que dada su extensión el presente trabajo no pretende brindar un panorama detallado producto de la praxis o bien estudios de campo, en tanto lo que aquí se ofrece es una visión general respecto del derecho a trabajar en su faz más básica y elemental, que asiste a la llamada población carcelaria. A esos efectos, se ha tenido a bien despejar dudas en términos valorativos para poder analizar de modo estrictamente formal el contenido de las normas, tanto nacionales como internacionales, para luego comentar brevemente el criterio de la Organización Internacional del Trabajo, leyes nacionales y jurisprudencia relevante.De todo lo examinado, se ha de concluir que la tendencia humanista que en la faz jurídica se refleja en los Derechos Humanos torna inadmisible cualquier tipo de discriminación en el ejercicio efectivo del derecho a trabajar entre personas libres y privadas de la libertad, en tanto estas últimas se encuentran sujetas a normativa especial que regula el alcance de estos derechos.

Habiendo aceptado la vigencia y el debido respeto del derecho al trabajo, corresponde tener en cuenta que, lógicamente, por obvia decantación los derechos que surgen del ejercicio lícito del trabajo devienen también lícitos y de goce indiscutible, tal el caso de la libertad de agremiación, el cobro del Sueldo Anual Complementario y “descanso y vacaciones pagados” tal como lo establece el art. 14 bis, piedra basal del constitucionalismo social en nuestro país que se haya en la Carta Magna desde 1957.

Secundarios entonces, devienen los análisis y dilemas éticos en tanto la normativa es clara al respecto. La privación de la libertad no es más -ni menos- que el despojo de la libertad ambulatoria, y cierto es que a raíz de esa imposibilidad deviene complejo el ejercicio de derechos varios, sin embargo de ningún modo es sinónimo de privación de la dignidad, máxime cuando la función de la pena es pretendidamente reeducadora y resocializadora.

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(1) Foucault, M. (2003) Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión. Buenos Aires: Siglo XXI Editores. (Trabajo original publicado en 1975)

(2) Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, Ginebra 1955. Resoluciones 663 CXXIV del 31/07/57 y 2076 LXII del 13/05/77.

(*) Abogado, UBA. Periodista. Especialista en Derecho del Trabajo, UBA (en curso). Coordinador de Laborjuris, suplemento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de Microjuris.

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