La naturaleza temporal de una relación laboral no ha de ser modificada a raíz de la tutela sindical dispuesta por la ley

CertificadoLaboralPartes: Antonini Pablo Mariano c/ Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ juicio sumarísimo

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: VIII

Fecha: 1-oct-2014

Cita: MJ-JU-M-89391-AR | MJJ89391 | MJJ89391

En caso de contratación de un trabajador por un ente público, la tutela sindical prevista en los artículos 48 y 52 de la Ley 23.551, no permite mutar la esencia de la relación de empleo transitoria, ni concede ultraactividad a un vínculo llamado a fenecer.

Sumario:

1.-Cabe confirmar el rechazo de la acción de reinstalación, pues sin desconocer la tutela sindical consagrada en los artículos 48 y siguientes de la ley de asociaciones sindicales, el actor carecía de estabilidad en su puesto de labor, por lo que vencido el plazo de contratación, no existía obligación de su empleador de transitar por los carriles previstos en el art. 52 de la norma referida.

2.-La desvinculación del actor operó por haberse cumplido el plazo estipulado en el convenio suscripto por las partes, y aun en el hipotético supuesto de que se juzgara nula dicha decisión por haber prescindido del trámite de previa exclusión de tutela, lo cierto y concreto es que conforme los términos de la contratación el vínculo estaba destinado a finalizar, situación que el actor no desconocía.

3.-Si se atribuyera estabilidad a quien no ha sido incorporado con los requisitos y medios de selección previstos para el ingreso a la carrera administrativa, no sólo se estaría trastocando el régimen previsto por la Ley 25.164 , sino que también se estaría alterando el monto autorizado por el legislador, en forma diferenciada, para financiar gastos correspondientes a personal contratado y personal permanente.

4.-El actor no mantuvo vinculación jurídica alguna con el demandado, ya que sólo se relacionó con la Universidad de Buenos Aires con vistas al cumplimiento de un objeto propio de ésta: la prestación de asistencia técnica , en el contexto de un acuerdo marco , a quien pagaba la retribución convenida; así, cualquiera sea el enfoque relacionado con la regularidad o irregularidad de las funciones que desempeñó el actor en particular, el sujeto pasivo de toda pretensión con ella relacionada era, necesariamente, dicha universidad.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 1 días del mes de octubre de 2014, se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y, de acuerdo con el resultado del sorteo realizado, proceden a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR LUIS ALBERTO CATARDO DIJO:

I.- Llegan las actuaciones a conocimiento de este Tribunal por el recurso de apelación del actor cuyos agravios expone a fs.336/353, contra la sentencia de fs.320/329 que dispuso rechazar la demanda.

II.- Memoro que el pretensor, en el escrito de inicio, solicitó la nulidad de la extinción de la relación de trabajo, la reinstalación en su lugar de trabajo en la Dirección General de Contaduría, organismo dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por encontrarse amparado por las garantías previstas en los artículos 48 y 52 Ley 23.551 por ser representante sindical de la Asociación Trabajadores del Estado y, por resultar dicho despido discriminatorio en los términos de la Ley 23.592. Asimismo peticionó que dicha actitud de la demandada sea declarada como una práctica desleal (conf. artículo 53 de LAS) y, solicitó las sanciones que detalla y la reparación por el agravio moral ocasionado.

III.- El sentenciante de grado, concluyó que siendo el actor contratado por el plazo de dos años, dentro de un Convenio Marco legítimo, conocido y consentido por el accionante y preexistente a su designación como delegado gremial (fs. 252), la tutela pretendida culminó al tiempo de la extinción del mencionado convenio, no siendo admisibles las garantías previstas en los artículos 48 y 52 de la Ley 23551. Para resolver como lo hizo, basó su decisión en los siguientes argumentos:(a) se encuentra reconocido por las partes que el actor ingresó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través del Programa de Asistencia Técnica firmado en el Marco Convenio nº 5 entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Universidad de Buenos Aires. De la documentación que señala y, de los propios dichos de las partes se desprende que el actor fue destinado a cumplir tareas en la Dirección General de Contaduría dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el objeto de brindar a la demandada asistencia técnica y profesional, así como capacitación en procesos, temas o áreas que ésta considere necesario abordar, a fin de analizar, evaluar y proponer alternativas a los problemas derivados de su gestión, dándosele una oportunidad al actor para el desarrollo profesional, permitiendo a su vez la conformación de grupos interdisciplinarios de trabajo (fs. 32), con un plazo de duración fijado en dos años, pudiendo ambas partes rescindir el Programa unilateralmente (fs. 34); plazo que comenzó a regir desde el 01.06.2008 y culminó el 22.03.2010.Es decir, dijo el señor Juez a quo, que el actor supo desde el comienzo el carácter del vínculo que lo unía al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, siendo éste transitorio y regido por el derecho público, destacándose que la designación del actor así como sus posibles prórrogas, no fueron impugnadas y no adolecieron de ilegitimidad manifiesta, por lo que la mayor o menor conveniencia de recurrir a la creación de cargos transitorios, constituye una decisión de política administrativa no revisable en sede judicial, por estar limitado el control jurisdiccional de los actos administrativos a los aspectos vinculados con su legitimidad; (b) la Ley 471 aplicable a las relaciones laborales con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, excluye en su articulo 4º expresamente la aplicación a los trabajadores del régimen de la Ley 20.744, no existiendo en autos ningún indicio de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se haya valido de figuras contractuales legales para ocultar fraudulentamente una relación de tipo permanente. Las tareas desempeñadas por el actor para la demandada, de la cual dan cuenta los testigos, se ciñeron a las expresamente acordadas en el ya mencionado Programa de Asistencia Técnica celebrado con la Universidad de Buenos Aires, por lo que no se encuentra razón para admitir que la administración pública se haya valido de una figura jurídica supuestamente admisible, con una intención de evidente desviación de poder, pues en el caso de autos, no existió una renovación indefinida del contrato del actor para desempeñarse en tareas propias e iguales al resto del personal permanente de la demandada, lo que conduce a desechar el presunto fraude invocado por el Sr.Antonini en su demanda; (c) el actor se postuló como delegado gremial aun sin cumplir con un año en la prestación de sus tareas (artículo 41 inc b) Ley 23551), inició su actividad con fecha junio de 2008, siendo electo con fecha abril de 2009 y la demandada impugnó oportunamente la postulación del actor como delegado gremial. La circunstancia de que el actor careciera de estabilidad, no le impedía representar a los agentes de la repartición donde trabajaba, pues ninguna norma veda la postulación de los trabajadores por tiempo determinado (artículo 41 Ley 23551 in fine admite tácitamente esa posibilidad), pero destaco que en el caso de autos, el actor conocía de antemano la finalización del convenio que lo unió al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sin cuestionamiento alguno. Por lo tanto, la protección de la tutela sindical reclamada y la correspondiente reinstalación solicitada, daría ultraactividad al contrato convirtiéndolo en permanente, sin haber cumplido el actor con lo dispuesto por la Ley 471 articulo 2 incisos a) y b), lo cual será a todas luces violatorio de la igualdad de trato y no discriminación contenido en el propio inciso c) del mencionado artículo e invocado también por el actor como sustento de su reclamo; (d) se encuentra probado en autos que el actor cumplió funciones de asistencia técnica para la Contaduría General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dentro de un Convenio Marco legítimo y válido y por un plazo determinado, percibiendo honorarios por sus tareas por parte de la Universidad de Buenos Aires, lo que no convierte al actor en trabajador permanente de la primera demandada, ni permite inferir la existencia de fraude alguno; (e) finalmente, la reestructuración del sector en el cual se desempeñaba el actor y que dan cuenta los testigos de autos, no puede ser calificada como actitud persecutoria o discriminatoria ya que, se encuentra dentro de las facultades otorgadas a la Administración Pública por el artículo 2 inciso d) Ley 471, la Ley 70de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los Decretos 50/98 y 731/99 y la Resolución 2356 SSHyF 98, normativas todas cuyas constitucionalidad no ha sido cuestionada en autos, manteniéndoselo al actor cumpliendo funciones en dicho sector.

IV.- A las razones expuestas por el magistrado de grado, reitero la opinión, expuesta en numerosos votos, que la contratación por parte de la Administración Pública Nacional de un empleado en violación de las normas del Régimen Jurídico Básico de la Función Pública -cualesquiera sean las consecuencias que podría acarrear en el marco del derecho administrativo, conforme a lo que resulte de su juzgamiento ante los tribunales federales competentes-, nunca podría ser leída como intención de celebrar un contrato de trabajo, sin infringir seriamente las reglas básicas del razonamiento. También, que rige al respecto la doctrina de la Corte Suprema de Justicia (especialmente, la desarrollada en el precedente “Leroux de Emede, Patricia v. M.C.B.A.”; Fallos: 314:371) respecto de la incomunicabilidad entre el derecho administrativo y el del trabajo, salvo en los supuestos precisos previstos por las excepciones a la regla excluyente del artículo 2° L.C.T. Sin embargo, la inevitable improcedencia del emprendimiento resulta de una cuestión anterior al análisis de su mérito intrínseco: el actor no mantuvo vinculación jurídica alguna con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sólo se relacionó con la Universidad de Buenos Aires, con vistas al cumplimiento de un objeto propio de ésta: la prestación de “asistencia técnica”, en el contexto de un “acuerdo marco”, a quien pagaba la retribución convenida.Cualquiera sea el enfoque relacionado con la regularidad o irregularidad de las funciones que desempeñó el actor en particular, el sujeto pasivo de toda pretensión con ella relacionada era, necesariamente, dicha Universidad.

Desde esa perspectiva de análisis, está reconocido por ambas partes que la desvinculación, en el caso, operó el 22.03.2010 por haberse cumplido el plazo estipulado en el citado convenio, Y, aun en el hipotético supuesto de que se juzgara nula dicha decisión por haber prescindido del trámite de previa exclusión de tutela; lo cierto y concreto es que conforme los términos de la contratación, cuya invalidez no cabe presuponer y, en todo caso, se deberá discutir en un proceso ulterior, el vínculo estaba destinado a finalizar, situación que el actor no desconocía. Dicha circunstancia, obsta decisivamente a toda posibilidad de que se admita la reinstalación, pues eS obvio que ello implicaría el restablecimiento por tiempo indefinido de un vínculo concluído por haberse cumplido el plazo de duración convenido por las propias partes. En el caso de la contratación del actor por un ente público, la tutela sindical prevista en los artículos 48 y 52 de la ley 23.551 no permite mutar la esencia de una relación de empleo transitoria, ni concede ultraactividad a un vínculo llamado a fenecer.

Es claro pues, y como lo sostuvo el Ministerio Público in re Cabaleiro, Miguel Ángel c. Universidad de Buenos Aires U.B.A. s.Juicio Sumarísimo (dictamen 37.731 del 29.03.2004), “…sin desconocer la tutela sindical consagrada en los artículos 48 y siguientes de la ley de asociaciones sindicales, lo cierto es que el actor carecía de estabilidad en su puesto de labor – al menos así ha sido planteada la cues tión y no corresponde en este prieto proceso de cognición efectuar ninguna salvedad acerca del tipo de vínculo que unió a las partes- por ende, vencido el plazo de contratación, no existía obligación de su empleador de transitar por los carriles previstos en el artículo 52 de la Ley Sindical. Repárese que de admitir la tesis del accionante, la suerte de su contratación estaría supeditada a la extensión o no de la tutela sindical por los cargos que el demandante desempeñe dentro de la asociación sindical. Lo expuesto, reitero, no implica desconocer la intensa protección que brinda el artículo 14 bis y que garantiza la ley sindical a los representantes sindicales, sino sólo resolver la cuestión traída a conocimiento, teniendo en consideración las características especiales de la contratación del actor, que tornan inviable la aplicación de la Ley 23.551, sin que ello implique justificar la conducta de la demandada”.

Sentado lo anterior y, siguiendo analógicamente los lineamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa Ramos, José Luis c/ Estado Nacional (Min.De Defensa – A.R.A.) s/ indemnización por despido, en el caso, no se verifica el presupuesto fáctico valorado por el Máximo Tribunal que permita concluir que “la demandada utilizó figuras jurídicas autorizadas legalmente para casos excepcionales, con una evidente desviación de poder que tuvo como objetivo encubrir una designación permanente bajo la apariencia de un contrato por tiempo determinado”, comportamiento que ” tuvo aptitud para generar en el actor una legítima expectativa de permanencia laboral que merece la protección que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional otorga al trabajador contra el despido arbitrario”. Por otra parte, ello no significa que “…el mero transcurso del tiempo haya modificado la situación irregular del actor, que tiene derecho a la reparación de los perjuicios derivados del obrar ilícito de la demandada, pero no podría solicitar su reincorporación al empleo ni la aplicación de un régimen laboral específico para el cálculo de la indemnización que le corresponde. En particular, no puede sostenerse que el actor tenga derecho a la reincorporación en el cargo. Esa conclusión vulneraría el régimen legal de la función pública, y el principio constitucional que prevé que corresponde al Congreso autorizar anualmente el presupuesto general de gastos de la Administración Nacional, y que toda erogación que se aparte de estos límites resulta ilegítima (artículos 75, inciso 8 de nuestra Carta Magna y 29 de la ley 24.156). Al respecto, cabe recordar que la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional establece un régimen diferenciado para empleados que ingresen como planta permanente y para aquellas personas contratadas o designadas como transitorias. En lo que aquí interesa, el artículo 8 sólo reconoce estabilidad a quienes ingresen a cargos pertenecientes al régimen de carrera, y cuya financiación esté prevista en la

Ley de Presupuesto.En tales condiciones, si se atribuyera estabilidad a quien no ha sido incorporado con los requisitos y medios de selección previstos para el ingreso a la carrera administrativa, no sólo se estaría trastocando el régimen previsto por la ley 25.164; sino que también se estaría alterando el monto autorizado por el legislador, en forma diferenciada, para financiar gastos correspondientes a personal contratado y personal permanente. De esta manera, la cuestión aquí debatida se diferencia de la decidida por esta Corte en la causa “Madorrán” (Fallos: 330:1989), porque en aquel supuesto el actor había sido designado como empleado de la planta permanente y, como tal, tenía derecho a la estabilidad en su cargo”.

En definitiva, el rechazo de la acción fue ajustado a derecho y, en consecuencia, propicio su confirmación, con la salvedad, de que las costas se impongan por el orden causado atento a la índole de las cuestiones debatidas. (artículo 68 in fine C.P.C.C.N.).

V.- Las regulaciones de honorarios en atención a la importancia, mérito de los trabajos realizados y las normas arancelarias de aplicación, lucen razonables y no deben ser objeto de corrección (Ley 21.839, Ley 24.432, artículo 38 Ley 18345).

VI.- Por las razones expuestas, citas legales, argumentos propios de la sentencia apelada y, oído que fue el Señor Fiscal General, propongo se confirme la sentencia apelada en todo lo que fue materia de agravios, con la salvedad indicada respecto de las costas del proceso que se imponen por el orden causado; se regulen los honorarios de los letrados firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara en el 25% de los que, le fueron regulados en origen.

EL DOCTOR VICTOR A. PESINO DIJO:

Que, por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.- Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE:

I)Confirmar la sentencia apelada en lo principal que decide y fue materia de agravios;

II)Imponer las costas del proceso por el orden causado;

III)Regular los honorarios de los letrados firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara en el 25% de los que, le fueron regulados en origen.

Regístrese, notifíquese, cúmplase con lo dispuesto en el artículo 4º Acordada CSJN 15/13 del 21/05/13 y, oportunamente, devuélvase.

LUIS ALBERTO CATARDO

JUEZ DE CAMARA

VICTOR ARTURO PESINO

JUEZ DE CAMARA

Ante mí:

ALICIA E. MESERI

SECRETARIA

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