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Casación hizo lugar a un hábeas corpus colectivo admitiendo la igualdad de los derechos laborales de los presos con los demás trabajadores

Carcel 3Partes: K. Y. T. s/ recurso de casación

Tribunal: Cámara Federal de Casación Penal

Sala/Juzgado: II

Fecha: 1-dic-2014

Cita: MJ-JU-M-89959-AR | MJJ89959 | MJJ89959

La Casación Federal invalidó la decisión de Cámara: un ente penitenciario no puede ser fuente de una regulación laboral que establezca condiciones menos favorables para el trabajador preso que las consagradas en la ley, máxime si pretende fundarse en los fines de educación y resocialización del trabajo en cárceles.

Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar a los recursos de casación deducidos por la defensa oficial y la Procuración Penitenciaria de la Nación y ordenar al Ente de Cooperación Técnica y Financiera dependiente del Servicio Penitenciario Federal, junto con los organismos de Estado vinculados a la materia, y de consuno con la Procuración Penitenciaria, la elaboración de un régimen de trabajo para las personas privadas de libertad que, a la par de organizar el trabajo intramuros atendiendo al especial ámbito en el que se desarrolla, adapte su régimen a la normativa local vigente y a los instrumentos internacionales que rigen la materia, encomendándose a las autoridades penitenciarias para que durante la transición, ajusten su actuación de conformidad con las disposiciones de la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo y sus modificatorias, respecto de los internos que desempeñen tareas laborales, de acuerdo con la coordinación dispuesta por el art. 118 de la Ley 24.660 (en el caso, se casó la resolución de la Cámara Federal y se hizo lugar al habeas corpus correctivo).

2.-El habeas corpus correctivo procede frente al agravamiento de las condiciones de detención y apunta a corregir situaciones que impliquen un plus de sufrimiento en la situación de encierro, es decir, que la tutela no se refiere a la libertad ambulatoria como en los otros supuestos, sino a la dignidad del trato carcelario y su origen sure de la letra del art. 18 de la CN. al consagrar que: Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas (en el caso, se casó la resolución de la Cámara Federal y se hizo lugar al habeas corpus correctivo, ordenando ajustar la actuación del ente penitenciario involucrado a las disposiciones de la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo y sus modificatorias, respecto de los internos que desempeñen tareas laborales).

3.-La privación de la libertad ambulatoria de una persona de manera alguna debe significar un impedimento a los fines del irrestricto ejercicio del derecho al trabajo, en tanto en el plano específico el art. 1° de la Ley 24.660 establece que ‘la ejecución de la pena privativa de la libertad, en todas sus modalidades, tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad.

4.-Los descuentos salariales con sustento en el dictamen emanado del Ente Cooperador Penitenciario se contraponen con las disposiciones contenidas en la Ley 24.660 (art. 107 y cc.) que establee que el trabajo en encierro deberá respetar y adecuarse a la legislación laboral y de seguridad social vigentes.

5.-Para cualquier persona que trabaje no pueden dejar de gobernar como estándares, entre otros, el derecho a la remuneración y la regla de asimilación al trabajo libre, con todos sus alcances (asignaciones familiares, obra social, cobertura frente a accidentes de trabajo, capacitación laboral, agremiación) por imperio del principio de progresividad (en el caso, se casó la resolución de la Cámara Federal y se hizo lugar al habeas corpus correctivo, ordenando ajustar la actuación del ente penitenciario involucrado a las disposiciones de la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo y sus modificatorias, respecto de los internos que desempeñen tareas laborales).

Fallo:

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, al primer dia del mes de diciembre de dos mil catorce, se reúne la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por la doctora Angela Ester Ledesma como Presidente y los doctores Pedro R. David y Alejandro W. Slokar como Vocales, asistidos por la Secretaria de Cámara, doctora María Jimena Monsalve, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto contra la resolución de fs. 105/107 de la causa n? 1318/13 del registro de esta Sala caratulada: «K. Y. T. s/recurso de casación». Interviene representado el Ministerio Público Fiscal por el señor Fiscal General doctor Raúl Ornar Pleé, la Defensa por la señora Defensora Pública Oficial doctora Graciela L. Galván, por la Procuración Penitenciaria de la Nación el doctor Alberto Javier Volpi, por el Servicio Penitenciario Federal el doctor Emilio David Cucarese, por el Ente de Cooperación Penitenciaria la doctora Mariana Soledad González, por el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza el doctor Ulises Waldemar Capelleri y por las Divisiones Trabajo y Contaduría del Complejo supra referido el Subadjutor Sergio Ariel Díaz y el Subalcaide Ricardo Hipólito Martín, respectivamente.

 

Efectuado el sorteo para que los señores jueces emitan su voto, resultaron designados para hacerlo en primer término el juez doctor Alejandro W. Slokar, y en segundo y tercer lugar los jueces doctor Pedro R. David y Angela E. Ledesma, respectivamente.

 

El señor juez doctor Alejandro W. Slokar dijo:

 

-I-

 

1) Que por decisión de fecha 18 de julio de 2013, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, en la causa n° 6683/1 del registro de la Sala I, resolvió -en cuanto aquí interesa- confirmar la resolución del juez federal que rechazó ia acción de hábeas corpus deducida por K. Y.T., en representación de los internos alojados en los pabellones A, B, C y D de la Unidad Residencial V del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza; y modificó el punto dispositivo II de la citada resolución «.en tanto si bien habrá de confirmarse la incompetencia decretada por el magistrado de origen en razón de la materia, deberá extraer testimonios de lo actuado y una vez certificados, remitirlos a la Procuración Penitenciaria de la Nación a los fines de cumplimentar el .punto V de los considerandos que anteceden» (Cfr. ptos. dispositivos 1 y 2 de la resolución de fs. 105/107).

 

Contra ese auto, la defensa oficial interpuso recurso de casación (fs. 129/135), que fue concedido (fs. 141/142), al que adhirió la Procuración Penitenciaria de la Nación (fs. 150/162 vta.).

 

2) Que la recurrente adujo que: «.la declaración de incompetencia y decisión de remitir la cuestión a conocimiento de la Justicia Nacional con competencia laboral, deviene nula por insuficiencia de fundamentación, que el derecho al trabajo de los internos está regulado en los arts. 106 y cc. de la Ley 24660 siendo el Hábeas Corpus la herramienta más rápida y expedita con la que cuentan ante su vulneración».

 

Sostuvo que: «.discrepa con los Camaristas respecto de la imposibilidad que se presentaría para que un Juez diferente de aquel que lleva la causa o la ejecución de un interno pueda decidir sobre cuestiones que hacen a la vida intramuros».

 

Agregó que la resolución recurrida resulta un acto jurisdiccional contradictorio en sí mismo, arbitrario, y por ende carente de la motivación suficiente para su validez.

 

En ese sentido, mencionó que: «la cuestión en

 

tratamiento debe resolverse ante el juez que resulte competente y aluden a lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en ‘Ortega’, es decir, no sustituir al juez de la causa».

 

Así, alegó que:».pese a considerar que la temática planteada por los accionantes está amparada por las normas constitucionales y con ello el legítimo derecho a reclamar, se les obstruye la posibilidad de solución intentada por la vía del Hábeas Corpus».

 

De otra banda, afirmó que en las audiencias celebradas en autos: «.quedó fehacientemente determinado que los internos extranjeros, que trabajan y se alojan en la Unidad V, han visto reducidos sus salarios a partir del mes de abril de 2013, con sustento en el Dictamen/Acta n^ 30/2013 emanado por el Ente Cooperador Penitenciario y derivado el mismo del Acta 8/2010».

 

Mencionó que: «.ese dictamen, sin perjuicio de no haber sido notificado debidamente a toda la población carcelaria, tampoco lo ha sido a sus respectivos jueces naturales que tienen la ejecución de la pena privativa de la libertad de todos los denunciantes, infringiendo así doblemente sus derechos.» .

 

En ese sentido, invocó que: «.en numerosos casos los internos fueron irregularmente notificados ya que no los asistió un intérprete que les haga conocer el contenido de una decisión que se les hizo firmar en su desmedro, ya que se trató de una disposición penitenciaria que afectó sus salarios» [y que] «Esos descuentos salariales se contraponen con las disposiciones contenidas en la Ley 24660 (arts. 107 y c.c.) que establece que el trabajo en encierro deberá respetar y adecuarse a la legislación laboral y de seguridad social vigentes».

 

Continuó alegando que: «Si bien el reclamo amparista tiene su origen en una cuestión económica -afectación indebida e ilegal del salario-, la calidad de personas privadas de la libertad de los agraviados hace que esa vulneración se incluya, indefectiblemente, en el agravamiento de las condiciones de detención».

 

Asimismo, señaló que: «.se coloca a las personas privadas en evidente desigualdad con el resto de los trabajadores porque se les impide el acceso a la totalidad del sueldo sobre la base de las ausencias a sus tareas ocasionadas por motivos de enfermedad y otros».

 

Evocó que:».tampoco debe obviarse que su condición de personas privadas de la libertad y por ende a disposición de juez penal [.] implica que en más de una ocasión deban salir de su centro de detención para comparecer a los estrados judiciales por diversas causales» [o] «.ante cualquier requerimiento de las autoridades penitenciarias en el ámbito que les es propio». Así destacó que: «.la propia autoridad

 

carcelaria lo coloca en la dicotomía de acatar directivas o salvaguardar su salario».

 

En definitiva solicitó que se haga lugar a la acción de hábeas corpus iniciada por K. Y. T., en su nombre y en representación de los internos alojados en los pabellones A, B, C y D de la Unidad Residencial V del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza y se ordene a las autoridades penitenciarias, en especial al Ente Cooperador Penitenciario que dispongan todo lo necesario para el cese de los descuentos salariales practicados a partir del dictamen 30/13, la devolución de las quitas que se hayan practicado en cada caso y, en lo sucesivo, la regularización del pago de los salarios a la luz de la legislación laboral.

 

3) Que el doctor Alberto Javier Volpi, en representación de la Procuración Penitenciaria de la Nación, adhirió al recurso de casación interpuesto por la defensa (fs. 150/162 vta.).

 

Así, en esa oportunidad, acompañó tanto la procedencia de la acción de hábeas corpus como vía jurisdiccional adecuada ante vulneraciones denunciadas en esta causa, como que el dictamen nº 30/2013 del ENCOPE vulnera derechos fundamentales del colectivo amparado, en cuanto la resolución recurrida resulta arbitraria y carente de fundamentación.

 

Refirió que:»[a]ún cuando resulte evidente, las condiciones en las que se cumple la privación de la libertad al interior [sic] del régimen penitenciario federal imponen insistir en la exigencia de la vigencia de los Derechos Fundamentales -entre ellos los Derechos Económicos, Sociales y Culturales- de las personas detenidas, constituyendo la acción de hábeas corpus correctivo [.] la vía específica para hacerlo».

 

En ese sentido, citó distintas resoluciones en las cuales el Poder Judicial dispuso medidas para evitar vulneraciones de derechos económicos, sociales y culturales en el marco de procedimientos de hábeas corpus.

 

De otra banda, mencionó que el cimero tribunal ha sostenido que el juez que recibe el hábeas corpus no puede desplazar su competencia, so pretexto de tratarse de un tema privativo del juez de ejecución penal.

 

Asimismo, señaló que: «.la negativa a dar curso a la acción por medio de la figura [aquí presentada], sumado a la decisión de dejar sin efecto la remisión de las actuaciones a la justicia laboral y la remisión de copia de lo actuado a [esa] PPN -órgano gubernamental sin ninguna competencia jurisdiccional- importa dejar sin tutela jurisdiccional un derecho».

 

También adhirió a los planteos de la Defensa Oficial que cuestionan la legitimidad del temperamento adoptado por el ENCOPE, toda vez que al desconocer la existencia de licencias pagas ante ausencias justificadas, violenta los principios básicos del derecho del trabajo.

 

Así, alegó que: «no sería correcto desde esa perspectiva exigirle a la persona detenida [.] que deba elegir entre cumplir con uno de los aspectos del mismo -el trabajo- en detrimento del resto de los pilares del tratamiento -el estudio y la vinculación con la familia- porque se le efectúan descuentos en su remuneración si asiste a educación o recibe visitas de sus familiares» [y que] «.aún cuando el ENCOPE manifieste que el trabajo penitenciario no se rige por un contrato de trabajo sino por las disposiciones de la ley de ejecución, las relaciones laborales que presentan las características descriptas en el art.21 LCT se presumen dadas dentro de un contrato laboral, con todos los elementos – derechos, deberes, obligaciones, condiciones de trabajo, etc.- que él presupone».

 

Por otro andarivel, destacó que: «[e]l supuesto consentimiento dado por el trabajador a la aplicación de un régimen laboral más perjudicial que el establecido por la legislación en la materia no puede ser reconocido».

 

En ese orden refirió que: «[a] diferencia de lo que sostiene el ENCOPE, la doctrina laboral concluye unánimemente que ‘el concepto d e remuneración no se circunscribe simplemente a la contraprestación del trabajo efectivamente realizado, sino que se extiende a la disponibilidad de la fuerza de trabajo del dependiente en favor del empleador, desde tal óptica, pueden ser considerados conceptos remuneratorios las vacaciones, los feriados, las enfermedades y determinadas licencias, cuando se trata de períodos en los que el trabajador no presta servicios».

 

Por último, adujo que: «[l]as situaciones especiales que rodean al trabajo dentro de la prisión, exigen por una lado, el reconocimiento de una posición de doble hiposuf iciencia del trabajador privado de su libertad [.] garantizándoles un sistema de protección reforzado».

 

4) Que a fs. 228 se dejó constancia de haberse superado la etapa prevista por el art. 468 del rito y de haber presentado breves notas el Ente de Cooperación Penitenciaro (ENCOPE), la defensa oficial y la Procuración Penitenciaria.

 

En esa oportunidad, el ENCOPE solicitó que se rechace el recurso de la defensa, alegando que el supuesto planteado no implica un agravamiento en las condiciones de detención y no autoriza a sustituir del conocimiento en la materia a los jueces naturales.

 

Asimismo, refirió que «[u]na solución contraria a la adoptada por el a-quo desvirtuaría el tan preciado instituto del Hábeas Corpus, a más de que implicaría un exceso en la jurisdicción del juez en lo Criminal», citando un fallo de la Sala I de este tribunal para avalar su postura.

 

A su turno, la defensa reeditó en lo sustancial los agravios formulados en el recurso de casación, y mencionó que:».con posterioridad al dictado de la resolución criticada, el Sr. Juez integrante de la Cámara Federal de Apelaciones de la Plata, Antonio Placido [sic] ha variado su postura en orden a la viabilidad de la acción de hábeas corpus y en orden a la ilegalidad de los descuentos operados en los salarios de los detenidos.» .

 

Por último, la Procuración Penitenciaria evocó sus planteos, citando jurisprudencia posterior para avalar su postura.

 

En esas condiciones, las actuaciones quedaron en estado de ser resueltas.

 

-II-

 

Que esta Sala ya se ha pronunciado en orden a la admisibilidad del remedio casatorio magüer la inexistencia de regla expresa que conceda jurisdicción a la Cámara Federal de Casación Penal (Cfr. art. 23 del CPPN).

 

En la ocasión, se indicó -entre otros argumentos- (Cfr. causa n5 14.805, caratulada: «N.N. s/recurso de casación’, rta. 2/2/2012, reg. n^ 19.653 y causa n^ 16.436, caratulada: «Procuración Penitenciaria s/recurso de casación», reg. n2 647/13, rta. 22/5/2013) que: «[s]i bien el art. 432 C.P.P.N. ha establecido un régimen de numerus clausus al declarar que ‘las resoluciones judiciales serán recurribles sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos por la ley’, ni el hecho de que las decisiones de la naturaleza de la que aquí se pretende impugnar no estén comprendidas en los arts. 457 y ss. C.P.P.N, ni el art.19 de la ley 23.098 conducen a la aplicación de tal regla de clausura cuando se invoca una cuestión federal que habilita la competencia de esta Cámara de Casación como tribunal intermedio, conforme la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso de Fallos 328:1108 (‘Di Nunzio, Beatriz Herminia s/excarcelación s/recurso de hecho’) doctrina que ha sido extendida a las impugnaciones de decisiones sobre hábeas corpus

 

dictadas en el marco de la ley 23.098, si los agravios invocados aparecen claramente vinculados con una cuestión federal en el caso de Fallos: 331:632 (‘Sandoval, Sebastián Ricardo’)».

 

Por lo demás, el recurso de casación ha sido deducido temporáneamente y satisface las demás exigencias de interposición del artículo 463 del código de forma.

 

La recurrente ha alegado que se encuentran comprometidos los arts. 14, 14 bis, 16, 18, 33 y 75 inc. 22 CN y arts. 2, 14, 24 de la DADDH; arts. 1, 7, 8 y 23 de la DUDDHH; arts. 1, 6 y 24 de la CADDHH; arts. 3, 6 y 7 del PIDESyC y arts. 2 y 3 del PIDCyP.

 

Así, a falta de otros remedios idóneos para la custodia de los derechos de carácter colectivo, como los que aquí se pretende resguardar, se impone admitir la acción de hábeas corpus en favor de un núcleo cuyas personas son indeterminadas y variables, en un supuesto como el presente.

 

Al respecto, se predica que: «[e]l hábeas corpus

 

correctivo procede frente al agravamiento de las condiciones de detención, y apunta a corregir situaciones que impliquen un plus de sufrimiento en la situación de encierro [.e]s decir que la tutela no se refiere a la libertad ambulatoria como en los otros supuestos, sino a la dignidad del trato carcelario [y s]u origen surge de la letra del art. 18 de la CN al consagrar que:’.Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas.'» (Ledesma, Ángela Ester, «Juicio de hábeas corpus», Hammurabi, Buenos Aires, 2014, p. 79).

 

De otra banda, nótese que este tribunal ha interpretado con flexibilidad el límite que impone el art. 457 CPPN cuando se trata de examinar la admisibilidad de los recursos de casación interpuestos para impugnar decisiones en la materia, a fin de asegurar un recurso efectivo para la protección de derechos de un colectivo que caen bajo el objeto de la acción de hábeas corpus (Cfr. Sala de Feria, causa n° 153, caratulada: «Procurador Penitenciario de la Nación s/recurso de casación», rta. 26/1/2011, reg. n° 29).

 

Al respecto, la Sala III de esta Cámara evocó que: «[h]ace ya tiempo el alto Tribunal, en armonía con las prescripciones internacionales sobre derechos humanos que adquirieron raigambre constitucional mediante su incorporación a la Carta Magna, con la reforma acaecida en el año 1994, sostuvo en autos ‘Giroldi, Horacio David y otro s/recurso de casación’ -causa ns 32/93, del 7/4/1995 que ‘.la Corte Interamericana precisó el alcance del artículo 1 de la Convención, en cuanto los Estados parte deben no solamente «respetar los derechos y libertades reconocidos en ella’, sino además ‘garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona sujeta a su jurisdicción'».

 

Agregó que:»la Corte Suprema de Justicia de la

 

Nación, al pronunciarse en los autos ‘Recurso de hecho deducido por el Centro de Estudios Legales y Sociales en la causa Verbitsky, Horacio s/hábeas corpus’ [.] resolvió que ‘Pese a que la Constitución no menciona en forma expresa el hábeas corpus como instrumento deducible también en forma colectiva, tratándose de pretensiones como las esgrimidas por el recurrente, es lógico suponer que si se reconoce la tutela colectiva de los derechos citados en el párrafo segundo, con igual o mayor razón la Constitución otorga las mismas herramientas a un bien jurídico de valor prioritario y del que se ocupa en especial, no precisamente para reducir o acotar su tutela sino para privilegiarla’ -Cfr. Considerando 16- (Cfr. causa nº 7537, caratulada: «García Méndez, Emilio y Musa, Laura Cristina s/recurso de casación» , rta. 11/12/2007, reg. nº 1749/07) .

 

De otra parte, ha sido también el cimero tribunal nacional quien ha reconocido que: «con la extensión del procedimiento sumarísimo de hábeas corpus a la protección a la dignidad y respeto de la persona, con los que debe cumplirse la privación de libertad, el legislador ha buscado establecer un medio legal adicional, rápido y eficaz, para resguardar el trato digo en las prisiones y para solucionar situaciones injustas que allí se planteen» (Fallos: 322:2735 ; 327:5658).

 

En esta inteligencia, entiendo que la vía de hábeas corpus en favor de un colectivo es formalmente admisible, porque además -y como será de desarrollo- se encuentran involucradas cuestiones federales, todo lo que conlleva la idoneidad del reclamo.

 

-III-

 

Que, despejada la procedencia formal de la presentación en trato, debe reseñarse liminarmente como materia que con fecha 29 de abril de 2013 el preso K. Y. T.promovió acción de hábeas corpus colectivo correctivo entablado en favor de los detenidos que se encuentran con contrato de trabajo intra muros articulado a través del Ente Cooperador Penitenciario dependiente de la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal, alojados en los pabellones A, B, C y D de la Unidad Residencial V del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, con el fin de que se adecúen a la normativa laboral vigente, toda vez que actualmente sólo se abonan las horas trabajadas y no aquellas que por cuestiones de enfermedad, educación, visita y otras cuestiones relacionadas al régimen carcelario, le impiden presentarse a cumplir con las mismas, lo cual se traduce en una disminución en la suma de dinero percibida al final de cada liquidación.

 

La Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata -tal como se dejó nota en el inicio de este sufragio-, confirmó la resolución del juez federal que -en cuanto fue materia de apelación- había rechazado la acción de hábeas corpus deducida y modificó el punto dispositivo II de la citada decisión refiriendo que: «.si bien habrá de confirmarse la incompetencia decretada por el magistrado de origen en razón de la materia, deberá extraer testimonios de lo actuado y una vez certificados, remitirlos a la Procuración Penitenciaria de la Nación a los fines de cumplimentar el punto V de los considerandos que anteceden».

 

Así, entre otros argumentos, sostuvo que: «.considera que no se encuentra configurada una situación que constituya un agravamiento ilegítimo en la forma y las condiciones de detención de los amparistas que habilite la vía intentada, en los términos que establece el artículo 36 de la ley 23.098″.

 

Asimismo, la cámara a quo agregó que:»La pretensión que motiva la presente causa y, máxime teniendo en cuenta el carácter fundamental del objeto de la cuestión traída, en la que se encuentran en juego principios constitucionales, con la gravedad que ello representa, pero sin existir, por el momento, la urgencia que obligue a tomar una decisión inmed iata, hace necesaria la tramitación de este sumario ante el juez que resulte competente».

 

Por último, se expidió mencionando que: «.advirtiendo que de plantearse las cuestiones aquí ventiladas ante el juez natural de cada uno de los internos accionantes, dichos magistrados podrían declararse incompetentes en razón de la materia, el a quo, con el fin de evitar dilaciones y teniendo en cuenta el domicilio del demandado -ENCOPE-, ordenó extraer testimonios de lo actuado y remitirlos a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para que desinsacule al Juzgado Nacional del Trabajo que corresponda» [más] «.el Tribunal considera pertinente poner en conocimiento de las pretensiones de los accionantes al Procurador Penitenciario de la Nación, quien deberá canalizar dichos requerimientos ante la jurisdicción que estime corresponder».

 

-IV-

 

Que, con motivo de la medida dispuesta por la presidencia de esta Sala a fs. 166, se receptaron diez (10) de los doce (12) legajos laborales requeridos y dos (2) informes confeccionados por la División de Trabajo del Complejo Penitenciario Federal nQ 1.

 

Por otra parte, con fecha 8 de abril de 2 014 se recibió el expediente S-33/2013 del Ente Cooperador Penitenciario dependiente de la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal, que fuera solicitado a fs.166.

 

Cabe señalar que, de la compulsa de los legajos sindicados, resulta -entre otras irregularidades- que los internos en numerosos casos no fueron regularmente notificados, a partir de la falta de asistencia por un intérprete que informase de los términos del «formulario de consentimiento» y al no advertirse tampoco inserta la firma ni la fecha en que las habrían impuesto.

 

-V-

 

Que constituye punto de partida ineludible para el examen de la materia en recurso, la atención al trabajo y a la regulación del mercado unidos a la historia social de la cárcel -cuanto menos en su proceso evolutivo en los estados modernos-, en el desarrollo del modo de producción capitalista y la incidencia de la pena de encierro institucionalizado (Vid. Rusche, Georg y Kirchheimer, Otto, «Pena y estructura social», Temis, Bogotá, 1984; Melossi, Dario y Pavarini, Massimo, «Cárcel y Fábrica. Los orígenes del sistema penitenciario. Siglos XVI-XIX» siglo XXI, México, 1987; Foucault, Michel, «Vigilar y Castigar. Nacimiento de la prisión», Siglo XXI, México, 1987).

 

Así, y aún en nuestro país «el surgimiento y consolidación de la criminológica positivista entre 1890 y 1920 y, por extensión, su proyecto -defensa social- (que incluía un ambicioso programa de reforma de prisiones), aparece relacionado con una problemática fundamental de la economía agroexportadora: la cuestión de la disciplina del trabajo»(Salvatore, Ricardo, «Subalternos, derechos y justicia penal. Ensayos de historia social y cultural argentina 1829-1940», Gedisa, México, 2010, p. 201).

 

Es que entre el mercado emergente y el nacimiento de los sistemas formalizados de control, la triada que conforman trabajo, fábrica y cárcel constituyeron elementos de un mismo entramado. Por ello se ha dicho que: «Cualquier esfuerzo para una reforma del tratamiento del delincuente encuentra su límite en la situación del estrato proletario, que debe ser socialmente más alto que el de la prisión.Cuanto peor sea la situación carcelaria, más intimidará (según la regla de la less-eligibility). Si la vida dentro de prisión es igual o mejor que su propia vida, la amenaza de prisión no surtiría efecto» (Rusche, Georgy, «II mercato del lavoro a l’esecuzione della pena. Riflessioni per una sociología della giustizia pénale», en «La Questione Crimínale», vol. II-III, Bologna, 1976, p. 319 y ss.).

 

Para Pavarini, el trabajo carcelario constituye «la cuestión central, en tanto que la instrucción, la disciplina y la educación religiosa no son sino simples proyecciones de los términos y de las formas en los que se había venido realizando históricamente la organización del trabajo obligatorio» (Pavarini, Massimo, «In tema di economía política della pena. I rapporti tra struttura economica e lavoro penitenziario alie origini del sistema capitalistico di produzione» en «La Questione Crimínale», vol. II-III, Bologna, 1976, p. 265 y ss.).

 

De este modo, todo análisis histórico y cultural demostró que la cárcel surgía como «medio de educación al trabajo y encontraba su justificación como instrumento del mercado de trabajo» (Pavarini, op. cit., p. 271).

 

Aunque, como se ocupa se advertir Aniyar de Castro: «esto no quiere decir que la cárcel haya sido una célula productiva, esto es, que haya tenido una verdadera utilidad económica. Siempre ha sido una empresa marginal. Ella, según Pavarini, no es verdaderamente una fábrica, sólo la prefigura como modelo» (Aniyar de Castro, Lola; Codino, Rodrigo, «Manual de Criminología Sociopolítica», Ediar, Buenos Aires, 2013, p.53) .

 

Ahora, en el marco de las últimas décadas y como fenómeno mundial, la denunciada sustitución de la gestión asistencial por la gestión punitiva -con la correspondiente expansión de la cárcel- amenazó otras funciones gubernamentales básicas y obligó al freno del gasto o inversión en materia carcelaria.

 

De tal modo, uno de los métodos para reducir la factura carcelaria consiste en reintroducir en masa el trabajo

 

no calificado en los centros penales. Este uso del sector privado de la mano de obra reclusa aparece repetidamente destacado por los medios de comunicación y ha sido ampliamente denunciado por los críticos y activistas de las prisiones (Vid., por todos, Stern, Vivien, «Creando criminales. Las cárceles y las personas en una sociedad de mercado», Ad-Hoc, Bs. AS., 2010, p. 125 y ss.).

 

En efecto, desde fines de los años 90 existe un fuerte lobby para eliminar las barreras impuestas por severas restricciones legales y prácticas que tiene esta forma de empleo y terminar con el sistema de «uso estatal», para volver al sistema de contratos de modo de permitir a las empresas privadas emplear a reclusos con el nivel de salario vigente para vender todo tipo de productos en el mercado abierto.

 

Así, se censura que:»El dinero generado por los

 

presos empleados serviría para cubrir el costo de su encierro, para compensar a las víctimas de sus delitos y para generar ingresos públicos adicionales mediante deducciones e impuestos», lo que lleva a exaltar «las condiciones de ‘libre mercado’ del siglo XIX, cuando tres cuartas partes de los presos trabajaban, 2 de cada 3 para empresarios privados, el informe urgía a las autoridades a dejar de ‘desperdiciar’ el ‘enorme activo’ de la mano de obra convicta y a pasar a ‘hacer que las cárceles bulleran de actividad productiva’ mediante la revocación de las leyes federales y estatales que limitaban el uso de trabajadores y productos de las cárceles, la restricción de las posibilidades de demandas judiciales de los reclusos contra el empleo en prisión y la recompensa financiera a los directivos que convirtieran sus centros en económicamente autosuficientes y establecieran una producción flexible y programas de marketing; en resumen, animaba a ‘gestionar las prisiones como un negocio'» (Wacquant, Loic, «Las dos caras del gueto. Ensayos sobre marginalización y penalización», Siglo XXI, Buenos Aires, 2010, p. 190 y ss.).

 

Por lo demás, no puede ser ajeno a la cuestión laboral carcelaria que «[e]nfrentar las inseguridades es combatir a la par la inseguridad civil y la inseguridad social. Hoy en día existe un amplio consenso respecto de que, para asegurar la seguridad civil (la seguridad de los bienes y de las personas) se requiere una fuerte presencia del Estado: hay que defender el Estado de derecho. Lo mismo debería suceder para luchar contra la inseguridad social: habría que salvar el Estado social» [y que] «En gran medida, sólo se podrá neutralizar el aumento de la inseguridad social si se le da, o no, seguridad al trabajo»(Castel, Robert, «La inseguridad social ¿Qué es estar protegido?», Manantial, Buenos Aires, 2004, pp.119 y 111, respectivamente).

 

-VI-

 

Que, de otra banda, no es ocioso el señalamiento de que la pena de encierro institucionalizado no se edifica exclusivamente sobre el dato normativo que informa de la relativa restricción a la libertad de circulación de un sujeto, habida cuenta que comprende una amplísima -y en la mayor de las veces ilegítima- limitación de derechos.

 

En ese orden, el instrumento o título ejecutivo debe ser exclusivamente la sentencia, que constituye la «carta magna del preso» y, por tanto, todo lo que esté más allá de los mandatos derivados de ella no puede formar parte de ninguna restricción (Freudenthal, Berthold, «La posición jurídicopública del preso», Revista Peruana de Ciencias Penales N2 13, Sección Doctrina, 2003, pp. 351 y ss.).

 

En particular, en lo atingente al trabajo, es de destacar que todo preso no puede ser ajeno al «derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado» (art. 6º, PIDESC), lo que goza en nuestro país de estatus y protección constitucional, habida cuenta que se encuentra garantizado por el art. 14 bis CN y por diversos Tratados Internacionales de Derechos Humanos expresamente incluidos en el art. 75, inc. 22 de la norma suprema, tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 23), la Convención Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. 14), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (arts. 62 y 72).

 

Al respecto, en todo orden jurídico desarrollado, el trabajo se entiende en la doble valencia de derecho-deber del recluso (art. 26 LOGP España; Italia, art. 20; Bélgica, arts. 63-63; Alemania, art. 41; Holanda, art. 32; Inglaterra y Gales, norma 28; Suecia, art. 10; Francia D-98) (Cfr. García Arán, Mercedes y De Sola Dueñas, Ángel, «Legislado Penitenciaria Europea Comparada», Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especiazlizada de la Generalitat de Catalunya, 1991, p. 39).

 

Desde ese plano, se asume que: «Existe una prohibición genera l de trabajo forzoso u obligatorio.No obstante los convenios e instrumentos internacionales dejan claro que el trabajo que realizan los reclusos no entra automáticamente en dicha categoría. Los reclusos sentenciados pueden ser obligados a trabajar, siempre y cuando se observen determinadas condiciones. Son: que el trabajo sea productivo; que el trabajo les ayude a adquirir aptitudes que les resultarán útiles después de ser puestos en libertad; que los reclusos sean remunerados por el trabajo que hacen; que las condiciones de trabajo sean, en general, similares a las de los lugares de trabajo civiles, en especial en lo relativo a los requisitos de seguridad e higiene laboral; que las horas de trabajo no sean excesivas y les dejen tiempo para otras actividades» (Cfr. Coyle, Andrew, «La administración penitenciaria en el contexto de los derechos humanos», Centro Internacional de Estudios Penitenciarios, Reino Unido, 2002, p. 87) .

 

Así, ante el interrogante acerca de los casos en que se pueden obtener permisos laborales, se señala que: «[e]l trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo en los siguientes supuestos: a.- Durante los permisos extraordinarios y salidas que se le concedan, b.- Durante los permisos ordinarios y salidas programadas que se le concedan, c.- Durante cualquier otra salida autorizada por el Establecimiento» (Ríos Martín, Julián Carlos, «Abrir las cárceles injustas. Manual práctico para la defensa de las personas presas», Servicios de Publicaciones, Biblioteca, Decanato de los Juzgados, Madrid, 1996, p. 99).

 

Se impone recordar que en ese ámbito, y desde hace tantas décadas, se consideraba entre otros derechos laborales los de: «Derecho a jornada cierta. Derecho a un horario de trabajo. Derecho al descanso diario. Derecho al descanso semanal y en fiestas. Derecho a vacaciones anuales remuneradas. Derecho a permiso por motivos personales o legales.» [y entre algunos de los derechos económicos de los trabajadores penitenciarios, pueden citarse] «Derecho al salario legalmente establecido. Derecho a la promoción económica. Derecho a las gratificaciones extraordinarias.» (Cfr. «La normativa laboral penitenciara. Situación y Desarrollo. Primeras jornadas de trabajo del Organismo Autónomo ‘Trabajos Penitenciarios’, Artes Gráficas, Madrid, 1982, p.137/138).

 

-VII-

 

Que, en nuestro medio, cabe afirmar sin hesitación que la privación de la libertad ambulatoria de una persona de manera alguna debe significar un impedimento a los fines del irrestricto ejercicio del derecho al trabajo, en tanto en el plano específico el art. le de la Ley N2 24.660 expresamente establece que: «la ejecución de la pena privativa de libertad, en todas sus modalidades, tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad».

 

Dicha finalidad resulta plenamente consecuente con lo dispuesto por el art. 18 constitucional en el sentido que «las cárceles de la nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas», como así también con el mandato de reinserción social previsto por diversas normas internacionales que, a partir de la reforma de 1994, gozan en nuestro sistema jerarquizado de normas de rango constitucional (art. 72, inc. 22 CN).

 

En tal sentido, el trabajo del preso en su lugar de detención no resulta ser una concesión graciable, sino que, de conformidad con lo expresamente dispuesto por la normativa en la materia, constituye un derecho (art. 106 de la Ley N2 24.660 y el art. 97 del decreto N2 303/96).

 

Así, se defiende que: «.el trabajo prestado por las personas privadas de la libertad ambulatoria se encuentra alcanzado por el principio general de protección o ‘protectorio’ previsto por el art. 14 bis CN, el cual establece que ‘El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador:condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial.’ . Asimismo, se mencionó que: «.la ley 24.660, en su art. 107 inc. g) expresamente dispone que: ‘el trabajo se regirá por los siguientes principios: (…) Se respetará la legislación laboral y de seguridad social vigente’ [y que] «.el art. 117 de dicha norma establece que ‘La organización del trabajo penitenciario, sus métodos, modalidades, jornadas de labor, horarios, medidas preventivas de higiene y seguridad, atenderán a las exigencias técnicas y a las normas establecidas en la legislación inherente al trabajo libre'», y también se agregó que: «.el 2º párrafo del art 120 de dicho cuerpo legal establece que los salarios serán abonados en los términos establecidos en la legislación laboral vigente» [y que] «.el art. 130 de la norma en cuestión dispone expresamente que ‘La muerte o los accidentes sufridos por internos durante o con motivo de la ejecución del trabajo, así como las enfermedades profesionales contraídas por su causa, serán indemnizables conforme la legislación vigente'» (Cfr. Isequilla, Matías, «El derecho al trabajo y la libertad sindical de las personas privadas de libertad ambulatoria», en «Derecho Penal», año II, NS 6, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Bs. As., 2013, p. 282; también Porta, Elsa, «El trabajo de las personas privadas de su libertad», La Ley 2013-B, p. 236 y «La protección de los derechos laborales de los internos trabajadores», en «Revista Penal», cit., p. 383 y ss.).

 

Finalmente, también se enseña que: «Los arts. 107, inc.f) y 120 de la ley 24.660 expresamente disponen que el trabajo de las personas privadas de la libertad ambulatoria debe ser remunerado. Asimismo, dicho art. 12 0 determina que ‘[l]os salarios serán abonados en los términos establecidos en la legislación laboral vigente’ De esa manera, mediante el mecanismo de la remisión legal, la norma citada precedentemente dispone en forma expresa la regulación del instituto de la remuneración de los internos en los términos previstos por los arts. 103, siguientes y concordantes de la Ley de Contrato de Trabajo» (Cfr. Isequilla, op. cit., p. 284; también Porta, Elsa, «La protección.» cit., p. 384).

 

En esa inteligencia, no es posible olvidar que -tal como ha dejado sentado el cimero tribunal nacional- «.sostener que el trabajador es sujeto de preferente atención constitucional no es conclusión sólo impuesta por el art. 14 bis, sino por el renovado ritmo universal que representa el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que cuenta con jerarquía constitucional a partir de la reforma constitucional de 1994 (Constitución Nacional, art.75, inc. 22). Son pruebas elocuentes de ello la Declaración Universal de Derechos Humanos (arts. 23/25), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. XIV), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (arts. 6 y 7), a lo que deben agregarse los instrumentos especializados, como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (art. 11) y la Convención sobre los Derechos del Niño (art.32)»(Cfr. Fallos:327:3677 ).

 

Por lo demás, desde lo que resulta del plano empírico para la solución de la especie, deben reconocerse los datos estadísticos relevantes que enmarcan la realidad laboral penitenciaria argentina actual, en tanto reflejan que el 59 % de las personas privadas de su libertad en nuestro país no accede actualmente a ningún trabajo remunerado.

 

También los indicadores oficiales informan que del universo de aquellos trabajadores presos remunerados, sólo el 19 % cuenta con la posibilidad de acceder a cuarenta horas semanales de trabajo remunerado, en tanto el 81 % restante, o trabaja menor cantidad de horas o no tiene posibilidad de acceso a un trabajo pago, por cierto por razones ajenas a su voluntad, todo lo que viene a señalar que ocho de cada diez presos no gozan de los derechos consagrados en el artículo 14 bis constitucional (Cfr. Informe Anual de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena, Sneep, Año 2013, Ministerio de Justicia de la Nación, http://www.ius.qob.ar/media/2736750/Informe%2 0SNEEP%2 0ARGENTINA %202013.pdf).

 

De otra parte, no puede escapar que para cubrir el equivalente al salario mínimo dispuesto por el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, un preso debería trabajar un mínimo de diez horas durante cinco días de la semana (Cfr. Resolución 3/2014 del 12 de septiembre de 2014).

 

-VIII-

 

Que, junto a lo expuesto, la afirmación efectuada por la Defensa Pública y la Procuración Penitenciaria en cuanto a que los descuentos salariales con sustento en el Dictamen nQ 30/2013 emanado por el Ente Cooperador Penitenciario «.se contraponen con las disposiciones contenidas en la Ley 24660 (arts.107 y c.c.) que establece que el trabajo en encierro deberá respetar y adecuarse a la legislación laboral y de seguridad social vigentes», debe ser de recibo.

 

En este sentido, cabe evocar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa M. 821 XLIII «Méndez, Daniel Roberto s/recurso de casación» , resuelta el 1 de noviembre de 2011 señaló que: «. el ingreso a una prisión, no despoja al hombre de la protección de las leyes y, en primer lugar de la Constitución Nacional, y que la dignidad humana implica que las personas penalmente condenadas son titulares de todos los derechos constitucionales, salvo las libertades que hayan sido constitucionalmente restringidas por procedimientos que satisfagan todos los requerimiento del debido proceso» [y que] «Justamente en la Declaración de Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos -La Habana, Cuba, 1990- se estableció como regla elemental que el ser humano no pierde su dignidad por estar privado de su libertad; es que con excepción de aquellas limitaciones que sean evidentemente necesarias por el hecho del encarcelamiento, todos ellos, sin distinción alguna, siguen gozando de los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos en los documentos de protección nacional e internacional de los derechos humanos» (Considerando 62).

 

En esa línea, se predica que: «.el interno en un centro carcelario es un sujeto de derechos que, como regla general, será titular de los mismos derechos que las personas libres (ámbito de reserva) y, como excepción, sufrirá las limitaciones especialmente previstas en el ordenamiento jurídico como inherentes a la resolución judicial que dispuso la medida de encierro carcelario» (Rivera Beiras, Iñaki y Salt, Marcos Gabriel, «Los derechos fundamentales de los reclusos», España y Argentina, Editores del Puerto S.R.L., Bs. As., 2005, Io reimpresión, p. 178/179).

 

También se enseña que: «.el n.is del art.10.2 del Pacto Internacional [de Derechos Civiles y Políticos], contiene una disposición de carácter general al estipular que ‘toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano’. Se trata, pues, de una norma que habrá de servir como orientación para todas aquellas regulaciones, actividades administrativas, decisiones jurisdiccionales, etc., que se refieran al ámbito penitenciario» (Rivera Beiras, Iñaki, «La devaluación de los derechos fundamentales de los reclusos. La construcción jurídica de un ciudadano de segunda categoría», José María Bosch Editor, 1997, Barcelona, España, p. 36).

 

Similares consideraciones sobre la materia aparecen vertidas desde hace tiempo en el sentido que: «La privación de libertad es una forma de estar socialmente, y por ser una forma de estar socialmente, el delincuente no deja de ser un ser social y un ente jurídico» (García Valdés, Carlos, «El trabajo penitenciario en España», Talleres penitenciarios de artes gráficas de Alcalá de Henares, 1979, Madrid, p.31).

 

Es que desde siempre se han consagrado normas que fijan estándares de protección, entre las que deben invocarse las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955); los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos, adoptados y proclamados por la Asamblea General en su resolución 45/111, del 14 de diciembre de 1990; el Conjunto de Principios para la Protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, adoptado por la Asamblea General en su resolución 43/173 del 9 de diciembre de 1988; los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas (Resolución 1/08 de la CIDH); de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptada por la Asamblea General de la ONU en su resolución 39/46, del 10 de diciembre de 1984.

 

En este orden, el cimero tribunal, in re «Mendez» supra citada, señaló que: «.Dichas Reglas Mínimas (adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente – Ginebra, 1955-, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV), 31-7-1957, y 2076 (LXII), 13-5-1977), por lo demás, regulan pormenorizadamente las obligaciones estatales en materia de derechos económicos, sociales y culturales de los detenidos . Y, si bien carecen de la misma jerarquía que los tratados incorporados al bloque de constitucionalidad federal, se han convertido, por vía del artículo 18 de la Constitución Nacional, en el estándar internacional respecto de personas privadas de libertad (‘Verbitsky’, cit., p. 1187; asimismo: ‘Gallardo’, Fallos: 322:2735). Con análogos alcances han sido aplicados, entre otros, por el Comité contra la Tortura (vgr.: Observaciones finales: Guatemala, 6-12-2000, A/76/44, párr. f), por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (p. ej. : Yvon Neptune vs.Haití, fondo, reparaciones y costas, sentencia del 6-5-2008, Serie C n^ 180, párr. 144), y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que las ha entendido como referencias adecuadas de las normas internacionales mínimas para el trato humano de los reclusos, en materia, p. ej. , de alojamiento, higiene y tratamiento médico (informe n° 127/01, caso 12.183, Joseph Thomas – Jamaica, 3-12-2001, párr. 133, entre otros)».

 

En tal inteligencia cabe reparar en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos supra citadas, en cuanto en el artículo 72.1 establecen que: «La organización y los métodos de trabajo penitenciario deberán asemejarse lo más posible a los que se aplican a un trabajo similar fuera del establecimiento, a fin de preparar a los reclusos para las condiciones normales del trabajo libre» y en el art. 7 6.1 dispone que: «El trabajo de los reclusos deberá ser remunerado de una manera equitativa».

 

Similares exigencias respecto del trabajo penitenciario se encuentran en el principio XIV de los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas; en el artículo 14 del Convenio nQ 29 de la OIT relativo al Trabajo Forzoso u Obligatorio, adoptado el 28 de junio de 1930 por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo en su decimocuarta reunión; y en el artículo 8.1 del Convenio ns 95 sobre la protección del salario, adoptado el 01 julio 1949 por la 32s reunión CIT en Ginebra.

 

En efecto, en la causa ns 14.805, caratulada: «N.N. s/recurso de casación» (reg. nº 19.653, rta. 2/2/2012) mencioné, evocando al cimero tribunal que:».resulta claro del texto constitucional y de los tratados internacionales con dicha jerarquía (artículos 18 y 75, inciso 22 de la Constitución Nacional), que pesa sobre el Estado el deber de custodia de todas las personas que están sometidas a detención preventiva o o condena y que dicho deber estatal debe llevarse a cabo con el debido respeto de los derechos fundamentales reconocidos por dichas normas, en el marco de los estándares internacionales».

 

Así, se ha advertido que: «.como herencia de una ya vieja preocupación mundial por el problema del trabajo penitenciario, el [.]I Congreso Mundial de las Naciones Unidas para la prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, proporciona un esquema suficiente completo y simple para proclamar el estatuto jurídico de trabajo penitenciario. Y, en síntesis, se viene a establecer que el trabajo penitenciario debe ser: a) Desvinculado de la naturaleza de la pena, b) Factor significativo del régimen y tratamiento como medio de fomentar hábitos laborales: ya en los conceptos de formar profesionalmente o incrementar la actividad laboral habida o conseguida, c) Obligatorio para los que estén sometidos a cumplimento de pena impuesta y voluntario para los que aún no han sido sentenciados, d) Debe procurarse que sea vigente y tenga una proyección futura, al tiempo que adecuado a las condiciones psicotécnicas de los internos. e) Debe ser debidamente remunerado y estar tutelado por la seguridad en los riesgos del trabajo, amparado por la Seguridad Social y protegido por un régimen jurídico» (García Valdés, op. cit. p., 30/31).

 

Asimismo, se supo mencionar que el problema: «[e]s producto, a nivel mundial, de unos sistemas laborales que no soportan la identidad del trabajo penitenciario con el trabajo libre.Así las Naciones Unidas, a través de su Oficina de Asuntos Sociales, publicó en 1955 un trabajo analítico sobre los aspectos laborales penitenciarios y en el que se reflejan comparativamente el salario de los internos con el del trabajador libre» [y que p]or ello es de suponer que en el mismo año 1955, al redactar las Naciones Unidas las ‘Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos’, al tratar en la norma séptima 22 el salario de los internos, establece que ‘a menos que el trabajo sea para otras dependencias del gobierno, las personas para las cuales se efectúe pagarán a la Administración el salario normal exigible por dicho trabajo, teniendo en cuenta el rendimiento del recluso» (p. 50).

 

Cabe en ese plano traer el Rapport General del Comité Permanente de América Latina del «XII United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice» de 2010, en cuanto a la segunda parte del Proyecto de Revisión de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, de donde surge que: «.[a] toda persona penalmente privada de

 

libertad se le tratará de manera que se respeten su integridad física, psíquica y moral, su dignidad humana inherente, y sus derechos y garantías fundamentales, en apego a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos» [y dentro del título «Trabajo» de los principios fundamentales de la segunda parte del Proyecto de Revisión de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, surge en el punto 8) que] «[e]l trabajo de las persona penalmente privadas de libertad deberá ser remunerado de manera equitativa» [y que] «[e]ste precepto se deriva del concepto de dignidad humana y del principio de igualdad ante la ley» (Cfr. «XII United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice», Salvador-Bahía- Brazil, April 12-19, 2010, General Report of the Permanent Latin America Committee for the Revisión and Actualization of the Mínimum Rules of the United Nations for the Treatment of Prisoners, National Council of Justice of Brazil, 2010, p.111 y 140).

 

Esta Sala hubo de señalar que: «.el trabajo carcelario es conside rado un deber y un derecho de los condenados, de conformidad con la normativa que rige (art. 107 de la ley 24.600), y éste específicamente deberá ser remunerado y respetar la legislación laboral vigente.» (Cfr. causa nº 7222, caratulada: «Morales, Alberto s/recurso de casación», reg. n2 9638, rta. 8/3/2007 y sus citas).

 

En esa línea, la jueza Ledesma refirió que: «.La concepción de que la persona pierde todos sus derechos con la condena, y sea objeto de arbitrariedades, resulta incompatible con un Estado de Derecho. La Argentina se alejó claramente de dicha postura, a través del art. 2 de ley 24.660 que establece «El condenado podrá ejercer todos los derechos no afectados por la condena o por la ley y las reglamentaciones que en su consecuencia se dicte.».

 

De esta forma, hoy se admite sin discusión que las persona privadas de la libertad son sujetos de derecho, condición que fue reafirmada por la Corte Suprema en el precedente «Romero Cacharane» (Fallos: 327:388).

 

Toda sana doctrina extranjera y nacional se vierte en similar sentido (Vid. Mapelli Caffarena, Borja, «Principios Fundamentales del Sistema Penitenciario Español», Bosch, Casa Editorial, S.A., Barcelona, 1983, p. 217; Cesano, José Daniel, «Evitando y humanizando el castigo. El abogado y el juez ante las consecuencias jurídicas del delito», Ediciones Jurídicas Cuyo, Mendoza, 2003, p. 229; Ruotolo, Marco, «Derechos de los Detenidos y Constitución», Ad-Hoc, Buenos Aires, 2002, p. 261).

 

-IX-

 

Que con estricto apego al capítulo VII de la ley Nº que reglamenta el trabajo de las personas detenidas, ha de estarse a los patrones que orientan el trabajo penitenciario del artículo 107 que enumera en el inciso «f» que: «Deberá ser remunerado», y en el inciso «g» dispone que: «Se respetará la legislación laboral y de seguridad social vigente». En consonancia, el artículo 117 establece que:»La organización del trabajo penitenciario, sus métodos, modalidades, jornadas de labor, horarios, medidas preventivas de higiene y seguridad, atenderán a las exigencias técnicas y a las normas establecidas en la legislación inherente al trabajo libre» y el artículo 120 dispone que: «El trabajo del interno será remunerado, salvo los casos previstos por el artículo 111. Si los bienes o servicios producidos se destinaren al Estado o a entidades de bien público, el salario del interno no será inferior a las tres cuartas partes del salario mínimo vital móvil. En los demás casos o cuando la organización del trabajo esté a cargo de una empresa mixta o privada la remuneración será igual al salario de la vida libre correspondiente a la categoría profesional de que se trate. Los salarios serán abonados en los términos establecidos en la legislación laboral vigente» (el resaltado no obra en el original).

 

En esa línea, se defiende que: «.resultan aplicables a las relaciones laborales de los internos la totalidad de las normas que integran denominado Orden Público Laboral, tales como la ley 20.744 de Contrato de Trabajo (LCT), la ley 24.013 Nacional de Empleo (LNE), la ley 24.557 de Riesgos de Trabajo (LRT), la ley 19.587 de Seguridad e Higiene en el Trabajo, entre otras» [y evocando lo dispuesto en el tercer párrafo del art. 14 bis CN y el inc. g) del art. 107 de la ley 24.660 señaló que] «.cabe también concluir que asiste a los trabajadores privados de la libertad ambulatoria el derecho a gozar de la totalidad de los beneficios de la Seguridad Social inherentes al trabajo dependiente, en especial los previstos por las leyes 24.241 (jubilaciones y pensiones), 24.714 (asignaciones familiares) y 23.660 (obra social)» (Cfr. Isequilla, op. cit., pp. 283 y 284).

 

En el mismo sentido se pronunció la Sala III de la Cámara Federal de La Plata, en la causa FLP 1467/2013, de fecha 14 de noviembre de 2013:»[e]sa legislación, en principio, serían las normas de derecho laboral privado, es decir, la ley 20.744 de contrato de trabajo y sus modificatorias. Debe enfatizarse que ello es así sólo en principio, porque la LCT establece como fuentes de regulación del contrato de trabajo a 1) a sí misma; 2) a las leyes y estatutos profesionales; 3) a las convenciones colectivas o laudos con fuerza de tales; 4) a la voluntad de las partes y 5) a los usos y las costumbres (art. lero. de la ley 20.744). Pero cualquiera sea la fuente de regulación de la actividad, lo cierto es que ‘Las partes, en ningún caso, pueden pactar condiciones menos favorables para el trabajador que las dispuestas en las normas legales, convenciones colectivas de trabajo o laudo con fuerza de tales, o que resulten contrarias a las mismas. Tales actos llevan aparejada la sanción prevista en el art. 44 de esta ley’ (art. 7mo. de la mencionada ley)».

 

Éste -y no otro- es el criterio recientemente receptado por la jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en el marco de una acción colectiva de amparo promovida por el Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria (SUTPLA). En ese sentido, la Sala IX sostuvo, de conformidad con lo dictaminado por el señor Fiscal General ante ese tribunal que: «.el ordenamiento legal, cuyo acatamiento se pretende, establece expresamente que los contratos de trabajo con los internos se rigen por la legislación laboral, lo que debe entenderse, como una remisión cabal al derecho del trabajo privado [y que] lo cierto es que, el sistema de trabajo ‘intramuros’ efectúa un claro reenvío a la Ley de Contrato de Trabajo.» (Cfr. causa «Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libetad Ambulatoria SUTPLA y otro c. Estado Nacional Ministerio de Justicia y Derecho Humanos de la Nación y otros s/acción de amparo», rta. 30/7/2013).

 

En ese orden se estableció que:».un dictamen del

 

Ente Cooperador Penitenciario, no puede ser fuente de una regulación laboral que establezca condiciones menos favorables para el trabajador en situación de encierro que las consagradas en la ley. Menos aún si pretende fundarse en los fines de educación y resocialización del trabajo en cárceles y en los beneficios pedagógicos para la persona detenida».

 

De este modo, se brinda acogida al principio constitucional de «igual remuneración por igual tarea» (arts. 14 bis y 75, inc. 22 CN -Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 23.2; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 7.a.i.-).De tal suerte, y tal como lo señaló la recurrente, todos los aspectos de la vida intramuros previstos en la ley Nº hacen a las diferentes circunstancias en que se lleva adelante la restricción de la libertad impuesta como condena o como prisión preventiva, y constituyen por lo tanto, condiciones de detención que habilitan la vía del art. 3 inc.2 de la ley N9 23.098 por encontrarse configurada una situación de agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención del colectivo amparado al verse vulnerados sus derechos fundamentales, extremo avalado por el derecho internacional, y la doctrina y jurisprudencia que emana de este sufragio.

 

A todo lo expuesto, y tal como lo destacó la amparista, no hay que soslayar que en su condición de personas privadas de la libertad, el incumplimiento de órdenes emanadas del Director de la institución podría hacer incurrir al recluso en sanciones de carácter disciplinario que afectarían su progresividad en el régimen, colocándolos ante la propia autoridad en la dicotomía de acatar directivas o salvaguardar el derecho a su salario.

 

Por ello, habilitada la vía del hábeas corpus colectivo correctivo planteado, se advierte que cuando se elaboran dictámenes que restringen el monto del salario por motivos que no se compadecen con disposiciones contenidas en la LCT, se están agregando a la legislación que debe aplicarse en materia laboral carcelaria limitaciones que ella no contiene y, luego, vulnerando derechos fundamentales. En definitiva, para cualquier preso que trabaje no pueden dejar de gobernar como estándares -entre otros- el derecho a la remuneración y la regla de asimilación al trabajo libre, con todos sus alcances, (vgr. asignaciones familiares, obra social, cobertura frente a accidentes de trabajo, capacitación laboral, agremiación) por imperio del principio de progresividad. En este ámbito, como en el medio libre, nunca es tan necesario recordar el eterno adagio:el trabajo digno dignifica al hombre.

 

De tal suerte, propicio hacer lugar a los recursos de casación, sin costas, casar los puntos I y II de la resolución recurrida, y tal como se indicó en ese pronunciamiento, disponer que el ENCOPE (Ente de Cooperación Técnica y Financiera, dependiente del Servicio Penitenciario Federal), junto con los organismos del Estado vinculados a la materia en cuestión, y de consuno con la Procuración Penitenciaria, elaboren un régimen de trabajo para las personas privadas de su libertad que, a la par de organizar el trabajo intramuros atendiendo al especial ámbito en el que se desarrolla, adapte su régimen a la normativa local vigente y a los instrumentos internacionales que rigen la materia; asimismo, mientras se elabore el régimen de trabajo en situación de encierro dispuesto en el párrafo anterior y hasta tanto ello suceda, el director del Servicio Penitenciario Federal deberá instruir a las autoridades del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza a los fines de que ajuste su actuación a las disposiciones de la ley N^ 20.744 de Contrato de Trabajo y sus modificatorias, respecto de los internos que desempeñen tareas laborales, de acuerdo con la coordinación dispuesta por el art. 118 de la ley N2 24.660. Finalmente, corresponde librar oficios a los señores titulares de los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación a fin de que tomen conocimiento de lo aquí resuelto.

 

Tal, mi voto.

 

El señor juez doctor Pedro R. David dijo:

 

Que la normativa nacional e internacional no pone en discusión el derecho al trabajo de los reclusos.Ello, pues el tratamiento del problema en las R eglas Mínimas del Tratamiento de los Reclusos demuestra que un trabajo digno y remunerado de acuerdo a cánones de justicia equitativa es parte esencial del adecuado tratamiento de los mismos.

 

Así, en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos se dispone:

 

«71.1) El trabajo penitenciario no deberá tener carácter aflictivo.

 

2) Todos los condenados serán sometidos a la obligación de trabajar habida cuenta de su aptitud física y mental, según la determine el médico.

 

Se proporcionará a los reclusos un trabajo productivo, suficiente para ocuparlos durante la duración normal de una jornada de trabajo.

 

3) En la medida de lo posible, ese trabajo deberá contribuir por su naturaleza a mantener o aumentar la capacidad del recluso para ganar honradamente su vida después de su liberación.

 

4) Se dará formación profesional en algún oficio útil a los reclusos que estén en condiciones de aprovecharla, particularmente a los jóvenes.

 

5) Dentro de los límites compatibles con una selección profesional racional y con las exigencias de la administración y la disciplina penitenciarias, los reclusos podrán escoger la clase de trabajo que deseen realizar.

 

  1. 1) La organización y los métodos de trabajo penitenciario deberán asemejarse lo más posible a los que se aplican a un trabajo similar fuera del establecimiento, a fin de preparar a los reclusos para las condiciones normales del trabajo libre.

 

2) Sin embargo, el interés de los reclusos y de su formación profesional no deberán quedar subordinados al deseo de lograr beneficios pecuniarios de una industria penitenciaria.

 

  1. 1) Las industrias y granjas penitenciarias deberán preferentemente ser dirigidas por la administración y no por contratistas privados.

 

2) Los reclusos que se empleen en algún trabajo no fiscalizado por la administración estarán siempre bajo la vigilancia del personal penitenciario.A menos que el trabajo se haga para otras dependencias del gobierno, las personas para las cuales se efectúe pagarán a la administración el salario normal exigible por dicho trabajo teniendo en cuenta el rendimiento del recluso.

 

  1. 1) En los establecimientos penitenciarios se tomarán las mismas precauciones prescritas para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores libres.

 

2) Se tomarán disposiciones para indemnizar a los reclusos por los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, en condiciones similares a las que la ley dispone para los trabajadores libres.

 

  1. 1) La ley o un reglamento administrativo fijará el número máximo de horas de trabajo para los reclusos por día y por semana, teniendo en cuenta los reglamentos o los usos locales seguidos con respecto al empleo de los trabajadores

 

libres.

 

2) Las horas así fijadas deberán dejar un día de descanso por semana y tiempo suficiente para la instrucción y otras actividades previstas para el tratamiento y la readaptación del recluso.

 

  1. 1) El trabajo de los reclusos deberá ser

 

remunerado de una manera equitativa».

 

Estas disposiciones han sido acogidas normativamente a nivel interno en la ley 24.660, que sobre el punto señala:

 

«ARTICULO 107. – El trabajo se regirá por los

 

siguientes principios:

 

  1. a) No se impondrá como castigo;

 

  1. b) No será aflictivo, denigrante, infamante ni

 

forzado;

 

  1. c) Propenderá a la formación y al mejoramiento de los hábitos laborales;

 

  1. d) Procurará la capacitación del interno para desempeñarse en la vida libre;

 

  1. e) Se programará teniendo en cuenta las aptitudes y condiciones psicofísicas de los internos, las tecnologías Utilizadas en el medio libre y las demandas del mercado laboral;

 

  1. f) Deberá ser remunerado;

 

  1. g) Se respetará la legislación laboral y de seguridad social vigente»

 

«ARTICULO 120. – El trabajo del interno será

 

remunerado, salvo los casos previstos por el artículo 111. Si los bienes o servicios producidos se destinaren al Estado o a entidades de bien público, el salario del interno no será

 

inferior a las tres cuartas partes del salario mínimo vital móvil.En los demás casos o cuando la organización del trabajo esté a cargo de una empresa mixta o privada la remuneración será igual al salario de la vida libre correspondiente a la categoría profesional de que se trate.

 

Los salarios serán abonados en los términos establecidos en la legislación laboral vigente».

 

En atención a estas disposiciones, comparto la solución propuesta por nuestro distinguido colega preopinante.

 

La señora juez Angela Ester Ledesma dijo:

 

Adhiero a la solución propuesta por mis colegas pues el trabajo penitenciario no debe ser diferenciado del trabajo libre en relación a los derechos y condiciones reconocidos a los trabajadores en el art. 14bis de la CN. (Cfr. doctrina sentada por el Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, Sala III, 2012, «Detenidos Unidad 15 Batán s/ recurso de queja interpuesto por el fiscal de Estado», sentencia publicada en la edición 140 de la Revista Pensamiento Penal del 16/3/12).

 

Tal es mi voto.

 

En mérito al resultado habido en la votación que antecede, el tribunal por unanimidad RESUELVE:

 

  1. HACER LUGAR a los recursos de casación y CASAR la resolución recurrida. SIN COSTAS (arts. 470 y 530 ccds. CPPN).

 

  1. ORDENAR al Ente de Cooperación Técnica y Financiera (ENCOPE), dependiente del Servicio Penitenciario Federal, junto con los organismos del Estado vinculados a la materia en cuestión, y de consuno con la Procuración Penitenciaria, la elaboración de un régimen de trabajo para las personas privadas de su libertad que, a la par de organizar el trabajo intramuros atendiendo al especial ámbito en el que se desarrolla, adapte su régimen a la normativa local vigente y a los instrumentos internacionales que rigen la materia.

 

III. ENCOMENDAR al Sr. Director del Servicio Penitenciario Federal para que durante la transición se instruya a las autoridades del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza para que ajusten su actuación de conformidad con lasdisposiciones de la Ley NQ 20.744 de Contrato de Trabajo y sus modificatorias, respecto de los internos que desempeñen tareas laborales, de acuerdo con la coordinación dispuesta por el art. 118 de la Ley N2 24.660.

 

  1. COMUNICAR la presente a los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación lo decidido.

 

Regístrese, notifíquese, comuniqúese, ofíciese y remítase a la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, sirviendo la presente de atenta nota de envío.

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