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Se rechaza la demanda por mobbing e injurias ya que no se observan conductas injuriantes, calumniosas o que encuadren en la ley de violencia laboral.

mobbing1Partes: A. E. .E c/ B. S. y otra s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mercedes

Sala/Juzgado: I

Fecha: 21-oct-2014

Cita: MJ-JU-M-89238-AR | MJJ89238 | MJJ89238

Se rechaza con costas la demanda promovida por la actora por mobbing e injurias ya que de la prueba de autos no se observan conductas injuriantes, calumniosas o que encuadren en la ley de violencia laboral.

Sumario:

1.-Debe confirmarse la sentencia de primera instancia que rechaza la demanda promovida por la actora contra los demandados por injurias, calumnias y violencia laboral, ya que los médicos demandados tienen un deber profesional -más aún como jefes de sector – de denunciar cualquier incumplimiento en sus subordinados, bastando que se configure tan sólo uno de los comportamientos denunciados y probados en autos para proceder a pedir la desafectación de la actora.

2.-No se advierte que se cumplan los presupuestos de la responsabilidad civil toda vez que no existe un hecho antijurídico ni un factor de atribución; los profesionales de la medicina deben cumplir un deber legal, el cual incluye denunciar los incumplimientos de las personas a su cargo, por lo que no corresponde calificar como ‘antijurídico’ la nota presentada al Director del hospital para desafectar a la actora de su cargo como jefa de enfermería.

3.- No se advierte un daño causado por una acción injustificada – conforme lo exige el art. 1716 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (Ley 26994, Congreso de la Nación Argentina) – ya que el ejercicio de control por parte de los médicos constituye el ejercicio regular de un deber legal, por lo que mal puede ser la causa de la reparación del daño.

Fallo:

En la ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, a los 21 días del mes de Octubre de 2014, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala I de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mercedes de la Pcia. de Buenos Aires, Dres. EMILIO ARMANDO IBARLUCIA y ROBERTO ANGEL BAGATTIN, con la presencia de la Secretaria actuante, para dictar sentencia en el Expte. Nº SI-114971 , en los autos: «A. E. E. C/ B., S.Y OTRA S/ DAÑOS Y PERJUICIOS».-

La Cámara resolvió votar las siguientes cuestiones esenciales de acuerdo con los arts. 168 de la Constitución Provincial y 266 del C.P.C.-

1ª.) ¿Es justa la sentencia apelada?

2ª.) ¿Que pronunciamiento corresponde dictar?

Practicado el sorteo de ley dio el siguiente resultado para la votación: Dres. Emilio A. Ibarlucía y Roberto A. Bagattin.-

VOTACION

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, el señor juez Dr. Emilio A. Ibarlucía dijo:

I.- La sentencia de fs. 395/99 es apelada por la actora, quien expresa agravios a fs. 410/21, los que son contestados a fs. 424/25.

II.- La sra. E. E.Arceluz promovió demanda contra S.B. y Gisela Despalanques por indemnización de los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de las injurias y acoso por parte de los mismos.

Dijo que en el año 1993 ingresó al Hospital Blas Dubarry de Mercedes como enfermera y luego de seis años de becada, gracias a su desempeño y esfuerzo, fue nombrada titular del cargo. Expresó que todo se desarrollaba normalmente hasta que comenzó a trabajar el Dr. S.B.en el hospital y comenzó una persecución en su contra, menoscabando la calidad de su desempeño frente a colegas, pacientes, familiares y la comunidad hospitalaria, acusándola de negligencia, de mala administración y de encubrir el robo de insumos, todo lo cual le causó vértigo, «pannikattack», vómitos y síntomas de depresión, incluyendo llantos.

Continuó narrando que para poner fin a la situación presentó una nota el 17/03/08 al director del hospital, dado que excedía al ámbito de la institución y había pasado a ser comentario en la ciudad. Como respuesta el Dr. B., junto con la Dra. Despalanques, presentaron sendas notas dirigidas al director del hospital y al departamento de enfermería, donde la injuriaron, al denunciarla por incapacidad profesional, irregularidades potencialmente graves, acusación infundada de robo de material y encubrimiento, quejas de pacientes y familiares, desconocimiento de los pacientes, falta de predisposición al trabajo y de no sancionar a los enfermeros, por todo lo cual propusieron que fuera reemplazada por otra enfermera.

Expresó que no hubo despido alguno, ni sumario, ni sanción, pero para preservar su integridad personal, se dispuso su pase al servicio de salud mental.

Sostuvo que su vida había sufrido un viraje de un día para el otro debido al acoso del Dr. B., debiendo soportar el desdén a diario, todo lo cual encuadraba en la ley 13.168 sobre violencia laboral, y aclaró que había formulado una querella penal.

Pidió resarcimiento por daño moral, daño psíquico, daño psicológico, daño al proyecto de vida, daño punitivo, daño a la felicidad y pérdida de chance.

2.- Contestó la acción el Dr. B., negando en primer término todos los hechos relatados.Dijo que la actora era supervisora de enfermería del hospital en la sala de hombres, y por lo tanto su tarea era supervisar y controlar que los enfermeros asistieran a los pacientes internados con trato amable y que cumplieran las prescripciones de los médicos, que quedaban escritas en las historias clínicas, como asimismo indicar al personal de cocina las dietas prescriptas, solicitar la medicación a la farmacia y la remisión de cada paciente para que se les realizaran estudios. También debía cumplir funciones de enfermera en el turno que cubría y comprobar que se realizaran las tareas encomendadas a enfermeros de otros turnos.

Explicó que él era Jefe Médico de la Sala de Hombres (3er. piso) y como tal tenía la responsabilidad de la salud física y mental de los pacientes allí internados, como de que los médicos y enfermeras cumplieran sus funciones, cosa que la actora no hacía. Citó diversos ejemplos de ellos, como ser: no controlar que no faltaran elementos, no suministrar a pacientes la alimentación en la forma que debía dárseles, enviar al laboratorio tubos con extracciones de sangre sin rotularlos adecuadamente y extraviando las órdenes médicas, llevar a un paciente a un quirófano siendo que no era el que debía ser operado, darle a pacientes líquidos de contraste para hacer estudios, que luego no se realizaban y otras irregularidades graves. Dijo que estaba siempre en el office de enfermería jugando con su celular o tomando mate, además de tener mal trato con pacientes y familiares.

Expresó que agotaron todos los intentos por lograr un cambio de la actora, quien presentó una nota el 17/03/08 imputándosele persecución desmedida, Por su parte presentó las notas del 27/03/08. Agregó que la actora había hecho una querella penal por calumnias e injurias contra él y la codemandada, la que fue tenida por desistida.

Negó la procedencia de los rubros indemnizatorios reclamados.

3.- La Dra.Silvina Gisela Despalanques contestó la demanda adhiriendo a los términos del codemdado pero haciendo la salvedad de que ninguna imputación se hacía en su contra salvo el haber acompañado al Dr. B. en las notas que presentaran.

4.- Producida la prueba, se dictó sentencia rechazándose la demanda, con costas. Para así decidir, el juez sostuvo que había que diferenciar lo que constituía una conducta injuriosa de las tensiones ordinarias que subyacían en toda relación interpersonal, como el ámbito laboral.

Desde ese punto de partida, dijo que las declaraciones testimoniales no revelaban que la actora hubiera sufrido injurias, mal trato u hostigamiento por parte del accionado. Detalló hechos narrados por los testigos en cuanto a irregularidades acontecidas que eran responsabilidad de la misma como supervisora de enfermería. En cuanto a la nota que los accionados elevaran al director del hospital y al jefe del departamento de enfermería, y la de la propia actora, expresó que evidenciaban un conflicto laboral, cuyo tratamiento y procedimiento estaban reservados al área respectiva y no era materia de revisión en sede judicial, toda vez que no denotaban un contenido hostil ni persecutorio o que el traslado a otro servicio se dispusiera como sanción.

En cuanto al dictamen psicológico producido en autos dijo que no podía decirse que el diagnóstico emanado del mismo tuviera relación causal adecuada con los hechos motivo del juicio. Por último, sostuvo que del legajo personal de la actora surgía que con posterioridad a los hechos denunciados, contrajo matrimonio y encabezó una lista como delegada gremial, lo cual demostraba que su vida personal y laboral no había sido alterada.

En definitiva, por no encontrar configuradas las injurias, rechazó la demanda.

III.- 1.- La actora formula los siguientes agravios contra la sentencia: 1) omisión de considerar la prueba documental no desconocida por los demandados:(las notas que presentaran estos en el hospital); 2) incorrecta valoración de la prueba testimonial – que analiza -; 3) ausencia de valoración de la prueba pericial; 4) haber restado valor al legajo de la actora; 5) considerar no probado el daño efectivo; 6) no dar por acreditado el nexo causal entre los hechos y el daño.

2.- En su réplica, los demandados expresan en primer lugar que la pieza recursiva no cumple con los requisitos del art. 260 por lo que piden que se aplique el art. 261 del C.P.C. En subsidio discuten cada uno de los agravios formulados pidiendo que se confirme la sentencia.

IV.- 1.- En relación al pedido de deserción del recurso, la pieza expositoria de agravios cumple las exigencias del art. 260 del C.P.C., por lo que la petición no puede ser atendida.

2.- La demanda se funda en el art. 1089 del C.C. y en la ley provincial 13.168. La primera norma contempla el derecho a pedir una indemnización por haber sido objeto de de calumnias o injurias, y la segunda es la reglamentación para el ámbito de la administración pública provincial de lo que se denomina «mobbing» o violencia laboral (tema abordado por diversos autores, entre otros por Abajo Olivares, Francisco Javier, «Mobbing. Acoso psicológico en el ámbito laboral», 2da, ed. ampliada, LexisNexis, Bs. As., 2006).

La ley 13.168 contempla una sanción de orden correctivo (apercibimiento, suspensión de hasta 60 días corridos, cesantía o exoneración) para el funcionario que incurriera en ese tipo de conductas, lo que debe viabilizarse mediante el sumario administrativo respectivo (arts. 9 y 10). Obviamente no es dicha sanción el objeto de los presentes autos, pero las conductas que la ley describe, en el caso de ser probadas debidamente, pueden ser calificables de antijurídicas y generar responsabilidad civil en el supuesto de haber causado un daño (arts. 1066, 1067, 1068, 1069, 1109 y cctes. C.C.).

Establece el art. 2 de esta ley:»… se entiende por violencia laboral el accionar de los funcionarios o empleados públicos que valiéndose de su posición jerárquica o de circunstancias vinculadas con su función incurran en conductas que atenten contra la dignidad, integridad física, sexual, psicológica y/o social del trabajador o trabajadora, manifestando un abuso de poder llevado a cabo mediante amenaza, intimidación, amedrentamiento, inequidad salarial, acoso, maltrato físico, psicológico y/o social». El art. 4 aclara: «Se entiende por maltrato psíquico y social contra el trabajador o la trabajadora a la hostilidad continua y repetida en forma de insulto, hostigamiento psicológico, desprecio o crítica».

El art. 5 a título enunciativo, cita acciones definibles como maltrato psíquico y social. En lo que al caso de autos – de acuerdo a los hechos denunciados en la demanda – incumbe: «…c) juzgar de manera ofensiva su desempeño en la organización; d) cambiarlo de oficina, lugar habitual de trabajo con ánimo de separarlo de sus compañeros de trabajo o colaboradores más cercanos; … i) promover el hostigamiento psicológico a manera de complot sobre un subordinado».

A su vez, el art. 6 expresa: «Se entiende por acoso en el trabajo, a la acción persistente y reiterada de incomodar al trabajador o trabajadora, manifestada en comportamientos, palabras, actos, gestos y escritos que puedan atentar contra la personalidad, la dignidad o la integridad física o psíquica del individuo o que puedan poner en peligro su empleo o degradar el clima de trabajo, en razón de su sexo, opción sexual, edad, nacionalidad, origen étnico, color de piel, religión, estado civil, capacidades diferentes, conformación física, preferencias artísticas, culturales, deportivas o situación familiar».

Encuadrado, entonces, lo que es el objeto de los presentes autos, es de señalar en primer lugar que no se ha producido prueba alguna de que los demandados hayan proferido a la actora dichos que puedan calificarse como injuriosos o calumniosos en los términos del art. 1089 del C.C., dirigidos directamente a la actora o acerca de ella en conversaciones con terceros.Tampoco se han probado hechos, conductas o actitudes de parte de los accionados encuadrables en las conductas descriptas por la ley 13.168 arriba referidas (arts. 375 y 384 C.P.C.).

Queda como único elemento de análisis la nota que presentaron al director del hospital y al departamento de enfermería de fecha 27/03/08 (copias a fs. 27 y 29), la que diera lugar a que fuera cambiada de sección en el hospital (pasó al área de salud mental).

Por medio de esta nota los médicos demandados solicitaron que la actora, con carácter urgente, fuera desafectada del cargo de supervisora de enfermería del servicio de Clínica Médica, por los siguientes motivos: «1) incapacidad para realizar su función; 2) irregularidades potencialmente graves; 3) reiterados hechos de robo del material descartable del servicio y no comprometerse a realizar las investigaciones y sanciones correspondientes como responsables; 4) se reciben quejas de los pacientes y familiares por mal trato verbal; 5) mala disposición para realizar tareas indicadas; 6) falta de conocimiento de los pacientes internados, enviando a realizar estudios como radiografías, electrocardiogramas, etc., a pacientes que no corresponden; 7) las extracciones de sangre que llegan al laboratorio en algunas oportunidades eran sin rotular o sin orden médica, dificultando el trabajo del personal de laboratorio y lleva a la confusion de dicho pedido… ; 8) no se realizan las sanciones correspondientes a los enfermeros que realizan frecuentemente mal el cumplimiento de las indicaciones médicas con el riesgo grave que ello implica. Ej: se continúan tratamientos que fueron modificados o suspendidos, entre otros.»

La nota agrega que se le ha solicitado que actúe de acuerdo a su función, que es falto a la verdad que el Dr. B. haya tenidos actitudes agresivas para con ella (esto dado que la actora había presentado una nota en ese sentido), y que sólo se reclama que realice el trabajo acorde a su cargo. Termina la nota diciendo que lo expresado implica un grave riesgo para los pacientes internados y para el ejercicio profesional de los firmantes.Proponen finalmente el reemplazo de la sra.A. sugiriendo el nombre de la reemplazante.

Como surge de la mera transcripción de la nota efectuada, las razones por las que los accionados pidieron la desafectación de la actora como supervisora del servicio de Clínica Médica eran particularmente graves, y, a mi juicio, bastaba con que sólo algunas de ellas se fundaran en hechos ciertos para poder calificar el comportamiento de los médicos demandados como mero cumplimiento de un deber legal y profesional (art. 1071 ler. párr. C.C.; SCBA C. 97.827 del 09/06(10; C. 113.438 del 14/03/12; esta Sala, causas nros. 108. 629 del 26/09/06 y 110.669 del 12/06/07, entre otras).

Es que debe partirse de lo especialmente importantes y delicadas que son las tareas que se desempeñan en los hospitales o centros de atención de la salud. La vida y la salud física y psíquica de las personas son los bienes que están en juego. Cualquier error, producto de distracción, negligencia, imprudencia o impericia puede costarles la vida o agravar la salud física y psíquica de los pacientes atendidos o internados. Asimismo, la gravedad de las situaciones que los pacientes y sus familiares atraviesan exige que sean tratados con el máximo de consideración y buen trato. Es por ello que los médicos que ejercen funciones de responsabilidad – jefes de sección, de planta o de servicio – tienen la obligación profesional y el deber legal de prevenir que ocurra un hecho por el cual un paciente pueda ver agravada su enfermedad o simplemente que sea innecesariamente perturbado. En tal tarea deben hacer a los médicos bajo su dirección y al personal técnico auxiliar a través de los responsables o supervisores de las área respectivas, todas las observaciones o advertencias de cualquier cosa que estimen que se ha hecho mal o que se está haciendo mal, y procurar que se implementen las correcciones necesarias y que hechos de ese tipo no vuelvan a producirse.Las declaraciones testimoniales rendidas en autos acreditan que los demandados tenían motivos suficientes para presentar la nota antedicha.

María Marta Navarro, farmacéutica, a cargo del área de planeamiento y organización de los medicamentos, además de decir que tenía las mejores referencias y de que nunca había llegado a sus oídos algún tipo de queja respecto de los mismos, declaró que la actora, como supervisora de enfermería era la encargada de hacer los pedidos diarios de los medicamentos de los pacientes internados, y que habitualmente ocurría que pedía medicación sin justificar su uso, que pedía dosis diarias mayores a las estadísticamente estandarizadas, lo cual motivaba que tuvieran que llamar al jefe de Sala, el Dr. B., para enterarse de la prescripción médica. Aclaró que no podía quedar sin registración para qué se había utilizado el medicamento (fs. 265 y vta.).

Estela Beatriz Petry, enfermera de otra Sala, además de expresar que tenía buen concepto de los médicos demandados, dijo que las enfermeras del servicio de la actora, iban a su sección a buscar material porque en el de ella no lo encontraban. Relató un episodio consistente en que en una oportunidad fue con un médico, el Dr. Pascusio – a pedido del Dr. Bandoni – a colocar una «vía central» a un paciente en el servicio a cargo de la actora, y estando en esa tarea, ingresó la sra.Arceluz diciendo delante de la hija del paciente que no lo hicieran dado que era un paciente terminal, por lo que tuvieron que desistir de hacerlo (fs. 266/67).

Este episodio es corroborado por la testigo Cecilia Gómez, al narrar que su padre estuvo internado entre diciembre de 2007 y el 3/03/08 – en que falleció de un cáncer terminal -, y que el Dr. Bandoni ordenó que se le hiciera una «vía central» para que pudieran llevarlo a su casa, razón por la cual se apersonó el Dr.Pascusio con la enfermera Estela Petry para hacerlo; cuando ella estaba afuera de la habitación entró la sra.Arceluz y gritó delante de su padre, que para qué hacían eso si era un paciente terminal que se iba a morir, ante lo cual su padre, quien estaba lúcido, levantó la cabeza y oyó todo. Declaró esta testigo que durante el tiempo que estuvo internado su padre recibió un mal trato de parte de Arceluz – por ejemplo que se le infiltrara mal un suero -, por lo que aquel se negaba a que lo atendiera (fs. 270/71).

El testigo Carlos Biagini, empleado del área de servicio social del hospital, declaró que la actora no cumplía sus funciones con eficiencia dado que no sabía lo que necesitaba o tenían pedido los pacientes. Respecto del Dr. B. dijo que era un médico muy responsable y que tenía un trato afable con familiares y pacientes (fs. 272/73).

La testigo María Celina Ramognini, radióloga del servicio de tomografía computada del hospital, narró las dificultades con que se encontraban debido a que más de una vez recibían pacientes sin la preparación previa necesaria para que se les hiciera una tomografía. Dijo que entre 12 y 24 horas antes del estudio los pacientes debían llegar habiendo tomado un antialérgico (para no sufrir un shock, dado que cada cuerpo responde de distinta manera) y líquido de contraste iodado, pero que en el servicio se encontraban con la sorpresa de que nada de eso se había hecho, con lo cual debían mandar de vuelta al paciente sin practicársele el estudio. Expresó que la responsable de que esos preparativos se hicieran era la sra.A. quien debía cumplir un protocolo (fs. 277 y vta.).

Estos dichos son ratificados por el testimonio de Oscar Alfredo Uncal, camillero del hospital, quien declaró que más de una vez había bajado pacientes para que se les hicieran tomografías sin que se le hubiera hecho la preparación previa (fs.274 y vta.).

Por último, la testigo Silvia Toscano, médica de la Sala, además de decir que tenía un alto concepto de ambos demandados, declaró que la actora tenía mal organizado el servicio, lo que hacía que los pacientes corrieran riesgos, dado que no se cumplían los tratamientos y faltaba material indispensable. Expresó que los médicos de distintos sectores pedían cambios, que la actora fuera trasladada, que se quejaban de que no se acordara de quiénes eran los pacientes cuando llegaban especialistas para las interconsultas, que a veces estaba indicado el almuerzo cuando el paciente debía ser llevado para una cirugía, que hablaba mucho por teléfono, que las órdenes de estudios desaparecían de un día para el otro, que preparaba la medicación de toda una sala y obligaba a las enfermeras a suministrarla, lo cual era un riesgo, ya que cada enfermera debía preparar la medicación de su paciente, etc. (fs. 275/76).

La actora en su expresión de agravios intenta controvertir cada uno de estos testimonios, pero no lo gra, a mi juicio, revertir la convicción que producen en cuanto al deficiente cumplimiento de sus tareas como supervisora de enfermería por parte de la actora, ya que leídos en conjunto son concordantes entre si (arts. 456 y 384 C.P.C.).

El único testigo ofrecido por la actora – enfermero – que declaró en autos sólo dijo que ésta tenía un buen trato con los pacientes, aunque aclaró que nunca había trabajado en el 3er. piso. (fs. 325 y vta.).

En cuanto a la pericial psicológica producida en autos (fs. 368/75) es cierto que da cuenta de un trastorno depresivo y ansioso «moderado a severo» padecido por la actora, que según la experta guarda relación de causalidad con las circunstancias laborales vividas en el hospital, motivadas en la relación conflictiva que se generara con el Dr. B., pero es de advertir que para que haya responsabilidad civil tienen que reunirse los cuatro elementos que la conforman:hecho antijurídico, daño, relación de causalidad entre el primero y el segundo y un factor de atribución. En el caso, falta el primer elemento y el cuarto.

En efecto, aún cuando sigamos la tesis de la antijuridicidad material (superadora de la antijuridicidad formal de los arts. 1066 y 1074 del C.C.), no se advierte un daño injustamente causado; o sea, un daño causado por una acción no justificada (conf. la definición de antijuridicidad del art. 1715 del Código Civil y Comercial sancionado por ley 26.994, que entrará en vigencia en 2016). En su art. 1716 este código menciona entre los hechos «justificados» al ejercicio regular de un derecho. Obviamente incluye este concepto al legítimo ejercicio de un deber legal (art. 10, 1° parr. del C.C. y C. nuevo, equivalente al art. 1071, 1° parr. C.C.).

Si los médicos demandados se limitaron a cumplir con el deber que les imponía la alta responsabilidad de los cargos que ejercían (Jefe Médico de la Sala de Hombres y médico de plata del sector), mal puede decirse que incurrieron en un hecho antijurídico al presentar una nota dirigida al director del hospital y al departamento de enfermería pidiendo la desafectación de la actora como supervisora de enfermería del servicio de Clínica Médica. Reitero que era su deber prevenir que volvieran a tener lugar las graves irregularidades ocurridas, que, como se ha señalado, han sido probadas en autos.

Destaco que la circunstancia de que no consten en el legajo de la actora observaciones por el incumplimiento o deficiente cumplimiento de sus obligaciones no puede considerarse un impedimento para que los profesionales demandados presentaran la nota referida. En primer lugar porque no se ha insinuado siquiera que para que se presente un pedido de esa naturaleza deban constar previamente medidas disciplinarias en el legajo. Y en segundo lugar porque la naturaleza y gravedad de las faltas denunciadas justificaban que se obrara de esa manera.Como ya se señaló, la vida y la salud de los pacientes debe primar por encima de todo, y por ende deben adoptarse las medidas preventivas que sean necesarias.

Finalmente, es de señalar que no surge de la nota presentada por los accionados que le imputaran a la actora la comisión de delitos, sino que se le atribuyó falta de compromiso con la realización de las investigaciones por los robos de material descartable del servicio.

En conclusión, no surge de la prueba producida que los demandados hayan injuriado o calumniado a la actora en los términos del art. 1089 del C.C. y tampoco que hayan acosado a la misma incurriendo en alguna de las conductas contempladas por la ley 13.168. Antes bien, se desprende de la prueba producida que los mismos tenían motivos suficientes para presentar la nota al director del hospital y al departamento de enfermería pidiendo la desafectación de la actora como supervisora de enfermería del servicio, lo que torna en justificada su conducta (arts. 375, 384, 456 y 474 C.P.C.; doct. arts. 1066, 1074, 1071, 1089, 1109 y cctes. C.C.).

Por lo expuesto, propongo que se confirme la sentencia apelada.

V.- Si mi voto es compartido, las costas de ambas instancias deberán ser soportadas por la actora vencida (art. 68 C.P.C.).

VOTO POR LA AFIRMATIVA.

El señor juez Dr. Roberto A. Bagattin, por iguales fundamentos y consideraciones a los expuestos por el señor juez preopinante, emite su voto en el mismo sentido.

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, el señor juez Dr. Emilio A. Ibarlucía dijo:

De acuerdo a la forma en que ha quedado votada la cuestión anterior, el pronunciamiento que corresponde dictar es confirmatorio de la sentencia apelada, con costas en ambas instancias a la actora vencida.

ASI LO VOTO.-

El señor juez Dr. Roberto A. Bagattin, por iguales fundamentos y consideraciones a los expuestos por el señor juez preopinante, emite su voto en el mismo sentido.

Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dictándose la siguiente:

S E N T E N C I A

Y VISTOS:

CONSIDERANDO:

Que en el Acuerdo que precede y en virtud de las citas legales, jurisprudenciales y doctrinales, ha quedado resuelto que la sentencia apelada debe ser confirmada.-

POR ELLO y demás fundamentos consignados en el acuerdo que precede, SE RESUELVE:

CONFIRMAR la sentencia apelada, con costas en ambas instancias a la actora vencida. NOT. Y DEV.-

Firman: Dr. Emilio A. Ibarlucía

Dr. Roberto A. Bagattin.

Ante mí

Dra. Gabriela A. Rossello

Secretaria

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