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No se exime de responsabilidad el conductor del automóvil que alega que el accidente se produjo por culpa del maquinista de la locomotora de la empresa de ferrocarriles

shutterstock_78643876Partes: Vigilanco Rosa E. y otros c/ Accomando Antonio y/u otros s/ daño moral

Tribunal: Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Venado Tuerto

Fecha: 2-sep-2014

Cita: MJ-JU-M-89132-AR | MJJ89132 | MJJ89132

No se exime de responsabilidad el conductor del automóvil que alega que el accidente se produjo por culpa de un tercero (maquinista de la locomotora de la empresa de ferrocarriles) al no traerlo a juicio tal como lo indica el art. 305 del CPCC de Santa Fe.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia que acogió la demanda de daños y perjuicios desde que para eximirse de responder el demandado que alegó la culpa de un tercero debió haberlo traído a juicio, lo que no hizo, por lo tanto no se le puede atribuir la culpa del accidente; y si no podemos atribuirle la culpa del accidente al tercero, no podemos eximir al demandado de responder por los daños que su cosa riesgosa provocó a los actores.

2.-Si el demandado admite que su auto impactó contra la rueda del tren y que esta conducta fue deliberada pues evitaba de este modo que el tren lo arrollara, eso significa que tuvo el tiempo suficiente para ver el tren y maniobrar, en consecuencia, no es verdad que condujera a paso de hombre como lo declara, pues si tuvo tiempo para maniobrar y apuntar a la rueda del tren para evitar ser arrollado, tuvo también tiempo para frenar, que es la reacción primera y más natural de cualquier conductor ante una situación semejante y si no lo hizo es porque venía a velocidad inadecuada para la ocasión y los frenos eran insuficientes para detener el auto a tiempo.

3.-Toda vez que el demandado pretende eximirse de responsabilidad porque el accidente se produjo por culpa de un tercero (maquinista de la locomotora, empresa de ferrocarriles) por quien no debe responder, y sin embargo, nunca pide que se traiga a juicio ni al conductor de la locomotora ni a la empresa ferroviaria, tal como lo indica el art. 305 del CPCC de Santa Fe, obsta a cualquier consideración respecto de la eximente, pues no podemos atribuirle judicialmente la culpa de un suceso que ocasionó la muerte de una persona a quien no fue traído a juicio y no tuvo, en consecuencia, ocasión de defenderse.

4.-Cabe hacer lugar parcialmente al recurso de apelación de la citada en garantía, y en consecuencia, revocar la sentencia de primera instancia en cuanto anula el límite de cobertura pactado y declarar la validez de dicho límite, toda vez que los actores no pueden pretender que el límite de cobertura les es inoponible en base a la función social del seguro de responsabilidad civil en los automotores ni en el carácter obligatorio de dicho seguro, el motivo es que tal interpretación llevaría a que los damnificados pudieran demanda a cualquier aseguradora con prescindencia de la existencia de un contrato que la vincule al autor de los daños.

Fallo:

En la Ciudad de Venado Tuerto, a los 2 días del mes de setiembre del año 2014 se reunieron en Acuerdo los Señores Vocales Doctores Héctor Matías López, Carlos Alberto Chasco y Juan Ignacio Prola, de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral, para resolver en los autos: «VIGLIANCO, Rosa E y Ots. c/ ACCOMANDO, Antonio y/u Ots. s/ DAÑO MORAL» (Expte. Nº 12/2012), venidos en apelación del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral de Rufino. Hecho el estudio del juicio,se procedió a plantear las siguientes cuestiones:

1- ¿Es nula la sentencia recurrida?

2- ¿Es justo el fallo apelado?

3- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

Practicado el sorteo de ley, resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Dres. Prola, López y Chasco.

Por Fallo Nº 1.194, del 14/10/2011, el señor Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral de Rufino, resuelve: a) rechazar la declinación de citación en garantía; b) declarar la nulidad parcial y de pleno derecho del contrato de seguro que incluye la limitación de la cobertura y sustituirla por el art. 109 de la Ley de Seguros; c) hacer lugar a la demanda condenando a la demandada y a la citada en garantía al pago de suma de $ 150.000 más intereses en concepto de daño moral, dentro del plazo de treinta días (fs. 282/295). Contra dicho pronunciamiento se alzan la demandada vencida (fs. 296) y la citada en garantía (fs. 298) interponiendo sendos recursos ante el juez de grado, siéndoles franqueada la instancia por el magistrado.

Elevados los autos autos se corren sucesivos traslados para expresar agravios, haciéndolo el demandado a fs.313/215 y la citada en garantía a fs. 319/320. A fs. 322/330 responde la actora. A fs.339 el tribunal advierte la falta de oportunidad de responder los agravios de la citada en garantía a la demandada y viceversa, por lo que se ordena correr sucesivos traslados a tales fines. A fs. 340 satisface su carga procesal la demandada, mientras que la citada en garantía deja pasar la ocasión de hacerlo, dándosele por decaído el derecho a fs. 345, decreto en el que también se pasan autos para defintiva y es notificado a todas las partes según constancias de fs. 346/348. Atento al fallecimiento del demandado Accomando, se ordena la realización del procedimiento establecido en el art. 597, CPCC, citándose por edictos a los herederos y, atento su incomparecencia, se designa curador de la lista de abogados. Cumplida la tramitación, se llaman autos a sala nuevamente, decreto que es notificado a todas las partes. Esto deja la cuestión en estado de ser resuelta por la Sala.

A la primera cuestión el Dr. Prola, dijo:.

Ninguna de las recurrentes sustenta el recurso de nulidad, ni se advierten vicios que ameriten su declaración de oficio, por lo que juzgo que no es necesario que la Sala se expida sobre el punto. De modo que mi voto es por declarar desiertos los recursos de nulidad.

A la misma cuestión el Dr. López, dijo:

Voto en igual sentido que el Dr. Prola.

A la misma cuestión el Dr. Chasco, dijo:

Habiendo efectuado el estudio de la causa y advirtiendo la existencia de dos votos coincidentes, invoco la aplicabilidad al caso de lo dispuesto en el art. 26 Ley 10160, no emitiendo opinión.

A la segunda cuestión el Dr. Prola, dijo:.

No ocurre lo mismo con el recurso de apelación, el que es expresamente sostenido tanto por la demandada cuanto por la citada en garantía.Al tiempo de expresar sus discrepancias con la sentencia de grado, los recurrentes plantean las siguientes quejas:

La demandada.

Manifiesta que la sentencia de grado vulnera sus derechos de propiedad y debido proceso porque:

a) no se hizo lugar a la eximente de responsabilidad por culpa de un tercero, pues entiende que está suficientemente probada en autos;

b) no se consideró como eximente la falta de medidas de seguridad de parte de la empresa de ferrocarriles.

La aseguradora citada en garantía.

1) Porque el a quo rechaza la declinación de la citación en garantía fundada en la culpa grave del demandado;

2) Porque el fallo del a quo establece una obligación en cabeza de la citada en garantía mayor al límite de cobertura asumido por ésta en la póliza.

Oídas las quejas, llega el turno de oír las respuestas que los litigantes le dan a ellas, salvo la aseguradora citada en garantía, quien dejó pasar su ocasión. Veamos:

La actora responde:

A la demandada:

1) En relación al primer agravio, que tratándose de un suceso que queda atrapado por la norma del art. 1113 del Código Civil, por lo que no le bastaba al demandado, para librarse de responsabilidad, con demostrar que de su parte no hubo culpa, sino que debió demostrar la culpa de un tercero por que no debe responder;

2) En relación al segundo agravio, da motivos muy similares a los que esgrimió al responder el primero;

A la aseguradora citada en garantía:

1) En relación al primer agravio, no es posible hacer lugar a la exclusión de cobertura porque a su juicio no existió culpa grave del demandado;

2) En relación al segundo agravio, porque entiende que el límite de cobertura atenta contra su derecho a una reparación integral.

Respuestas del demandado a los agravios de la aseguradora.

1) En relación al primer agravio, que no existió culpa grave de su parte, destaca que la aseguradora no cumplió con lo normado por el art.56 de la Ley de Seguros.

2) En relación al segundo agravio, que su parte no puede ser obligada a consentir una franquicia que no estaba prevista en el contrato.

Hasta aquí las quejas y sus respuestas, pasemos ahora a su análisis.

Tratamiento de los agravios.

Quejas de la demandada.

El primer agravio de la demandada carece de todo sustento probatorio, por lo que debe ser rechazado. Las que siguen son las razones que tengo para motivar la decisión.

En primer lugar debemos hacer notar que, al declarar en sede penal, el propio demandado reconoce que golpeó la rueda del tren, como también lo hace en ocasión de responder la demanda (fs. 73 vta.), al dar su versión de los hechos. Esto tiene consecuencias para el demandado, la primera, de orden procesal, indica que debe probar sus afirmaciones de descargo. Dado que la acreditación de los hechos alegados al constituirse la litis es una carga del propio interés de la parte que no sólo niega, sino que además da su propia versión de la realidad, luego, quedaba a su cargo la prueba de los extremos alegados al contestar la demanda, y no probó.

La segunda, de orden sustancial, consiste que en los hechos admitidos como propios y que traen consecuencias negativas para la postulación de la parte que los reconoce, generan en el juzgador la convicción de ser verdaderos. En este orden de ideas, si el demandado admite que su auto impactó contra la rueda del tren y que esta conducta fue deliberada pues evitaba de este modo que el tren lo arrollara, eso significa que tuvo el tiempo suficiente para ver el tren y maniobrar. En consecuencia, no es verdad que condujera a paso de hombre como lo declara, pues si tuvo tiempo para maniobrar y apuntar a la rueda del tren para evitar ser arrollado, tuvo también tiempo para frenar, que es la reacción primera y más natural de cualquier conductor ante una situación semejante.Si no lo hizo es porque venía a velocidad inadecuada para la ocasión y los frenos eran insuficientes para detener el auto a tiempo.

También llama la atención que el demandado no haya advertido las señales de relieve del pavimento, ni el cartel con la cruz de San Andrés, ni las señales lumínicas del paso a nivel, ni las luces del tren, ni las señales sonoras. Todas estas señales, según afirma el acta de constatación policial (fs. 156), estaban en funcionamiento, con el agregado que no se detectan huellas de frenado. De esto se infiere, por virtud del sistema de causalidad adecuada que adopta nuestro ordenamiento jurídico (arts. 901 y sgtes. Cód. Civ.), que existe nexo de causalidad entre el accionar del actor y las consecuencias dañosas que padeció la persona que transportaba en su rodado.

Si a lo dicho sumamos que el demandado es titular de la cosa riesgosa -a la que conducía en el momento del evento-, luego comienza a operar la presunción del artículo 1113 del Código Civil. Por lo tanto, no le basta al demandado con demostrar que de su parte no hubo culpa, sino que debe acreditar de manera fehaciente e indubitable la culpa de un tercero por el que no debe responder.

En autos, lejos estuvo de tenerse por acreditada la culpa de un tercero, de las circunstancias referidas en los párrafos precedentes surge que el demandado, con su con accionar, puso el nexo causal necesario para provocar los daños que ocasionaron la muerte de su pasajero.

Hasta aquí los motivos de carácter probatorio que a mi juicio hay para cargar al demandado la responsabilidad por las consecuencias dañosas del evento que protagonizó, con fundamento en el riesgo de la cosa, esto es, el factor objetivo de atribución.Pero existen también motivos de orden jurídico, que he dejado para el final porque conectan el primer agravio con el segundo, y con el deliberado propósito de que se tengan presentes cuando llegue el turno de dar respuesta a este último. Veamos.

La demandada postula que debe ser eximida de responsabilidad porque el accidente se produjo por culpa de un tercero (maquinista de la locomotora, empresa de ferrocarriles) por quien no debe responder. Es el demandado quien alude a esta eximente en su escrito de contestación de demanda, esto significa que, a su juicio, se trata de un caso de intervención obligada de tercero, pues se apoya en la comunidad de causa con la acción del tercero -según su propia postulación- no es cualquier acción sino la adecuada para provocar el resultado dañoso. Sin embargo, nunca pide que se traiga a juicio ni al conductor de la locomotora ni a la empresa ferroviaria, tal como lo indica el art. 305 del Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe. Esto obsta a cualquier consideración re specto de la eximente, pues no podemos atribuirle judicialmente la culpa de un suceso que ocasionó la muerte de una persona a quien no fue traído a juicio y no tuvo, en consecuencia, ocasión de defenderse. Mucho menos se la podemos atribuir para dejar sin indemnización a los damnificados directos del evento dañoso cuya causalidad adecuada, como vimos, puso el demandado.

Si el demandado pretendía que la culpa del accidente era de un tercero por quien no debe responder, debió traer este tercero al juicio; si no lo hizo, debe cargar con las consecuencias de su omisión, dado que se trata, como se dijo también para la prueba, de un imperativo de su propio interés.

A esta conclusión se llega si seguimos el siguiente razonamiento: el demandado tiene calidad de parte en relación al proceso.Parte procesal es, tanto el sujeto procesal principal que peticiona la satisfacción de una pretensión, cuanto aquél a quien le es reclamada la satisfacción de dicha pretensión. Al decir de Peyrano, ellos son los «sujetos que tienen la potencialidad de concretar el contenido del derecho de acción y que gozan de plenitud de facultades para conseguir sus propósitos (el acogimiento o el rechazo de la pretensión deducida)» .

En su calidad de parte y siendo inexcusable para él -si pretendía ser eximido de responsabilidad- debió traer a juicio a quien consideraba culpable del accidente. Y no puede escudarse en que la actora no demandó a la empresa de ferrocarril, por dos motivos irrefutables: 1) la plenitud de facultades que la calidad de parte le da al respecto; 2) porque es un imperativo de su propio interés. Quiero señalar además que se debe juzgar la culpa de un tercero, es decir, atribuirle subjetivamente la responsabilidad a una persona. Esto significa que el factor de atribución de responsabilidad del tercero no puede ser objetivo, debe demostrarse que existió de parte de éste una acción imputable en razón de la negligencia, imprudencia, impericia o inobservancia de los deberes y reglamentos a su cargo.

Ahora bien, tercero es quien ostenta «un interés relevante que legitime su ingreso a la litis en trámite» , y es claro, en el caso que nos ocupa, que atribuirle la culpa de un accidente de tránsito a un tercero legitima el ingreso de éste al litigio, pues posee el relevante interés de defenderse de tal imputación.Más todavía, si como enseña el prestigioso doctrinario recién citado, las posibilidades procesales del tercero están en directa relación con el grado de interés jurídico relevante ostentado -«A mayor dosis de interés, mayor número de facultades» -, entonces el interés jurídicamente relevante del tercero, en nuestro caso, era el mayor o máximo.

En consecuencia, no habiéndose traído a juicio al tercero no podemos atribuirle la culpa del accidente; y si no podemos atribuirle la culpa del accidente al tercero, no podemos eximir al demandado de responder por los daños que su cosa riesgosa provocó a los actores.

Por los motivos expuestos, se rechaza el agravio.

Tampoco puede hacerse lugar a la segunda queja, la razón ya se vislumbra en los considerando expuestos al tratar el agravio anterior.

En efecto, no puede entrar a considerarse como eximente la ausencia de barrera, pues el tercero no ha sido traído a juicio y porque, además, hubo un cúmulo de otros avisos que no fueron observados por el demandado. Digo, el demandado hizo caso omiso de las señales lumínicas, auditivas y de relieve que se le presentaban. Hay un cartel de máxima 20 km/h que dice haber visto, pero que es obvio que no respetó. El propio sumario penal cuya consideración pide la quejosa, determina, como ya hemos visto, que la policía pudo comprobar que tales señales existían y funcionaban. Está claro también que no tuvo en todo momento el control de su conducido, pues no pudo detener su marcha a tiempo para evitar embestir al tren.

Por último, y en atención a la calidad de persona transportada de la víctima madre de los actores, le incumbe al demandado la responsabilidad en razón del riesgo propio de la cosa (art. 1113, Cód. Civ.), por lo que, al no haber demostrado la culpa de un tercero, tal como lo vimos al tratar el agravio anterior, nace su obligación de indemnizar, toda vez que existe una relación de causalidad (art.901, Cód. Civ.) entre el uso de la cosa riesgosa y el daño provocado por ella.

Por los motivos expuestos, este se rechaza el agravio y también el recurso de la demandada.

Quejas de la citada en garantía.

El primer agravio de la aseguradora consiste en que el a quo rechazó su pretensión de declinación de la citación en garantía por culpa grave del asegurado, lo que, a su juicio, la eximiría de cubrir al asegurado y en consecuencia no debería indemnizar a los actores. En mi criterio la queja debe ser rechazada, por los motivos que daré a continuación.

La citación en garantía del asegurador está regulada en el art. 118 de la ley 17.418, dicha norma lleva por título el de «Privilegio del damnificado», lo que nos lleva a interpretar toda la cláusula normativa en beneficio de quien sufre el perjuicio, pues está claro que el espíritu de la norma apunta a proteger a quien padeció las consecuencias dañosas del riesgo asegurado. Esta inteligencia es propuesta, entre otros, por Sobrino y no es caprichosa, si se conjuga con un análisis sistemático del ordenamiento jurídico argentino.

En este orden de ideas, debemos tener presente el art. 68 de la Ley Nacional de Tránsito 24.449, regula: «SEGURO OBLIGATORIO. Todo automotor, acoplado o semiacoplado debe estar cubierto por seguro, de acuerdo a las condiciones que fije la autoridad en materia aseguradora, que cubra eventuales daños causados a terceros, transportados o no.

«Igualmente resultará obligatorio el seguro para las motocicletas en las mismas condiciones que rige para los automotores.

«Este seguro obligatorio será anual y podrá contratarse con cualquier entidad autorizada para operar en el ramo, la que debe otorgar al asegurado el comprobante que indica el inciso c) del artículo 40.Previamente se exigirá el cumplimiento de la revisión técnica obligatoria o que el vehículo esté en condiciones reglamentarias de seguridad si aquélla no se ha realizado en el año previo.

«Las denuncias de siniestro se recibirán en base al acta de choque del artículo 66 inciso a), debiendo remitir copia al organismo encargado de la estadística.

«Los gastos de sanatorio o velatorio de terceros, serán abonados de inmediato por el asegurador, sin perjuicio de los derechos que se pueden hacer valer luego. El acreedor por tales servicios puede subrogarse en el crédito del tercero o sus derechohabientes.

«Carece de validez la renuncia a un reclamo posterior, hecha con motivo de este pago.

«La reglamentación regulará, una vez en funcionamiento el área pertinente del Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito, el sistema de prima variable, que aumentará o disminuirá, según haya el asegurado denunciado o no el accidente, en el año previo de vigencia del seguro».

Ahora bien, esta obligatoriedad del seguro para poder circular, hace presumir al resto de la población que quien está circulando con su rodado por la vía pública cumple con los tres requisitos que la ley de tránsito exige para circular:

1) que el rodado satisface los requisitos técnicos y tecnológicos (Título V de la ley 24.449);

2) que el conductor satisface las condiciones de idoneidad para conducir (Licencia, arts. 13 a 20, ley 24.449);

3) que el conductor y el rodado se encuentran asegurados (art. 68, ley 24.449).

En relación a este último requisito, digamos que supone la existencia de un mercado cautivo muy importante y dinámico (cada día hay más automotores circulando) en beneficio de las aseguradoras; y, a la vez, convicción social de que si se padece un daño injusto derivado de un accidente de tránsito, quien sea el titular del automotor estará en condiciones de responder por los perjuicios causados.La razón por la cual la ley establece la obligatoriedad del seguro para circular, está en que el daño que se puede ocasionar con un vehículo puede llegar a ser inconmensurablemente mayor al patrimonio de la persona que lo causa. De hecho, es lo que sucede en la mayoría de los accidentes de tránsito en los que hay fallecidos o lesionados graves, los que llevan a indemnizaciones muy abultadas. Pesemos en una persona de clase media, empleado con buen sueldo y cuyo único patrimonio consista en un auto pequeño -por ejemplo, un VW Gol- y una vivienda, y que sufra un accidente de tránsito en el que mueren tres personas y por el que deba responder ¿Cómo haría esta persona para pagar las indemnizaciones derivadas del accidente? Imposible, y lo que es peor, la mayoría de las víctimas de tales daños quedarían sin reparación. Es decir que, además de haber padecido la pérdida de un ser querido o lesiones gravísimas irrecuperables -lo que de por sí son circunstancias imposibles de reparar-, ni siquiera es resarcido en dinero porque quien le causó el daño carece de un patrimonio suficiente como afrontar la indemnización. De lo que se deriva que el seguro obligatorio cumple una importantísima función social.

Por lo tanto, si tenemos presente: a) los beneficios económicos que el tener un mercado cautivo trae a las aseguradoras; b) la función social que cumple el seguro obligatorio; y, c) el carácter privilegiado que la ley de seguros le brinda a la víctima, al reconocerle acción contra la aseguradora a través de la citación en garantía. Luego hemos encontrado el marco dentro del cual habrá de interpretarse la normativa que rige el caso.

Ahora bien, en esta inteligencia, la culpa grave (art.114, Ley 17.418) es de interpretación estricta, pues una cosa es que el asegurado pierda su derecho a la indemnidad de su patrimonio, y otra muy distinta es que el perjudicado por el acto imprudente del asegurado pierda su derecho a la indemnización. Porque la desmesura en la negligencia del asegurado, de lo contrario, lejos de convertirse en una sanción para él , se convierte en una sanción para la víctima, y termina por consagrar el derecho a la indemnidad del patrimonio de la aseguradora, quien no se estaría haciendo cargo del álea asumido al celebrar el contrato.

El ya citado Sobrino lo explica: «. es básico resaltar que las mismas normas, se encargan de hacer una distinción fundamental, dado que el Art. 70 establece que en caso de culpa grave, la consecuencia es que la Aseguradora queda liberada

Pero, en el Art. 114, la consecuencia es muy diferente, habida cuenta que si hay culpa grave del asegurado, la ley determina que el asegurado no tiene derecho a ser indemnizado; es decir pierde su derecho a la indemnidad.

En efecto, se debe tener muy presente que en los seguros de responsabilidad civil, el asegurado tiene el ‘derecho a la indemnidad’ y la víctima tiene el ‘derecho a la indemnización’.

De manera tal que en nuestra opinión, el Art. 114 establece que si el asegurado actúa con culpa grave, va a perder el ‘derecho a la indemnidad’, pero la víctima va a mantener el ‘derecho a la indemnización’.»

Si bien lo dicho es suficiente para rechazar el agravio, quiero señalar algunas otras cuestiones que obstan a su procedencia.

En primer lugar, y este argumento es irrefutable, la responsabilidad por el evento es asignada al demandado en razón del riesgo de la cosa, es decir, en virtud del factor objetivo de atribución. Por lo tanto, no se juzgó la culpa, luego, no puede haber culpa grave al punto de eximir a la aseguradora.

En segundo lugar, si la aseguradora consideraba que había culpa grave de su asegurado, debió demostrarlo de modo fehaciente e indudable.Lo que no ocurrió en autos. Vale señalar al respecto que la aseguradora no ofreció prueba alguna.

En tercer lugar, «las cláusulas de exclusión de cobertura por culpa grave del asegurado son de tal gravedad que sólo es factible su interpretación restrictiva, de tal suerte que sólo puede invocarlas el asegurador cuando el asegurado ha actuado con manifiesta y grave despreocupación, cuando ha obrado con una negligencia en la que no hubiera incurrido de no mediar seguro» .

En suma:

1) No se demostró la culpa grave del asegurado;

2) No se condenó por culpa;

3) Se atribuyó responsabilidad por el factor objetivo;

5) La culpa grave es de interpretación estricta.

La razón de todas estas prevenciones que acabo de enumerar, se convierte así en el principal argumento para sostener la inoponibilidad al damnificado de la defensa de culpa grave del asegurado: no puede cargarse sobre el damnificado las consecuencias nefastas del incumplimiento contractual del asegurado (que en nuestro caso no existió), pues así se estaría haciendo responsable a una persona (el damnificado) de la conducta de otra (asegurado), cuyos actos no controla y quien además le causó un daño (de ahí su calidad de damnificado). Lo que es a todas luces injusto.

Por los motivos expuestos entiendo que el agravio debe ser rechazado.

En relación al segundo agravio, en cambio, juzgo que debe ser recibido favorablemente. He aquí mis razones.

En primer lugar, entiendo que es inadmisible la modificación del contrato de seguro celebrado entre el demandado y la citada en garantía. El a quo podía hacer o no lugar al límite de cobertura, para ello había sido convocado por las partes. Pero no podía modificar las condiciones del contrato como lo hizo, cambiando un límite de cobertura acordado por los contratantes, por una franquicia de hecho del 15% que nadie pactó y con sólo fundamento en la voluntad del juez. De manera que en este punto el fallo es insostenible.

Entonces, ¿cuál es la solución justa del agravio?En principio, señalar que, contra la postulación de la actora, la cuestión no se resuelve por lo dispuesto en el art. 61 de la ley 17.418, pues esta norma regula lo relacionado al seguro de daños patrimoniales, mientras que la cuestión que se dirime en autos se refiere a un seguro de responsabilidad civil, lo que es del todo distinto. Mientras el primero asegura de modo directo bienes del propio tomador; el segundo tiene por objeto reparar los daños que el tomador produce a los bienes de terceros. Como vemos, la finalidad de uno y otro es absolutamente distinta, por lo que no corresponde que se apliquen supletoriamente las normas de uno para resolver cuestiones que se susciten en el otro. Por lo tanto, la protección de la norma invocada es ineficaz para validar la cláusula que el a quo declaró nula.

Ahora bien, el contrato de seguro se caracteriza por una importante intervención del Estado, ya en cuanto a la tipificación legal que regula el contrato, ya por el fuerte control de la autoridad administrativa, toda vez que la póliza, para poder ser comercializada, debe estar aprobada por la autoridad de control. Según Stiglitz, «otra de las principales razones que justifican la fiscalización del Estado sobre las empresas de seguros, se halla vinculada a la aprobación de ‘elementos contractuales’ (sic), entre ellos el texto de la propuesta y de la pòliza de seguros (arts. 23-2, 24, inc. a] y 25-1, ley 20.091), pues es función de la Superintendencia de Seguros de la Nzción ejercer el control de legitimidad (art. 25-1, ley 20.091), equidad (art. 25-2, ley 20.091) y claridad (art. 11-2, L.S.) de los textos que instrumentan el contrato. Esta vigilancia es indispensavle en un contrato que, como el de seguro, porta un contenido predispuesto por la empresa controlada, lo que presupone un desequilibrio genético formal, sólo factible de ser bloqueado por el ejerecicio de un control efectivo y conducente realizado desde afuera del contrato por la autoridad de control.Y que, ulteriormente, no obsta al control judicial» .

Y más adelante, aclarando el concepto, enseña: «Ya hemos expresado sobre la cuestión que el Estado debe ejercer un control particularmente intensificado sobre el contenido de los documentos contractuales destinados a potenciales consumidores (propuesta y póliza) y que deben ser presentados por los aseguradores a la Superintendencia de Seguros de la Nación para ser aprobados (arts. 23-2, 24, inc. a] y el 25-1-2 y 3, ley 20.091).» .

Esto, si bien no obsta a la potestad judicial de control sobre el contenido de los instrumentos contractuales -como lo señala el propio Stiglitz-, importa a mi juicio un control administrativo previo que exige, de quien pretenda nula una cláusula de la póliza, razones muy fundadas y prueba diáfana, lo que no se produce en autos. Ello así toda vez que, además, la nulidad siempre es de excepción, y no es bueno que los jueces se inmiscuyan en los acuerdos privados para modificar lo pactado entre las partes, si no se advierte lesión a los derechos de alguna de ellas.

En este orden de ideas, advierto que la póliza tiene la aprobación de la autoridad de control para ser comercializada, que la cláusula de límite cuantitativo de cobertura es de uso en plaza, que no existe norma jurídica que impida establecerla, y por último, que en el caso concreto de autos dicho límite no luce exagerado ni parece alterar el equilibrio del contrato en favor de la aseguradora; luego, no veo razón o motivo para anular la cláusula. Menos si el fundamento normativo que reemplaza la cláusula se encuentra en el art. 109 de la ley de seguros, precepto éste que se refiere al derecho a la indemnidad del patrimonio del asegurado (no del derecho a la indemnización del damnificado), quien debe asumir de su parte el riesgo por el límite de cobertura aceptado al celebrar el contrato.En este orden de ideas, observo que el asegurado está de acuerdo con éste límite de cobertura y así lo expresa al responder agravios. Y menos aún si tenemos presente que la Superintendencia de Seguros de la Nación, va actualizando los topes o límites de cobertura, límite éste que, en la actualidad, alcanza los $ 200.000, es decir, un monto superior a la condena .

A lo dicho cabe agregar que la solución que proponemos tiene sustento en doctrina reciente de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país: «5°) Que aun cuando lo atinente a la interpretación y aplicación de normas de derecho común relativas al seguro de responsabilidad civil configura materia ajena, en principio, a la vía excepcional del art. 14 de la ley 48, ello no resulta óbice para su consideración por este tribunal cuando el a quo ha prescindido de dar un tratamiento adecuado a la controversia de conformidad con las normas aplicables y las circunstancias comprobadas de la causa (conf. Fallos: 324:3618; 325:329; 327:5082; 333:203, entre muchos otros).

«6°) Que ha sido acreditado, en términos que no son susceptibles de revisión en la vía federal, que los damnificados B. y V. viajaban en la cajuela del vehículo de carga con tres amigos más; que el lugar no estaba habilitado para el transporte de personas; que se habían colocado «tablones de madera» a modo de asientos improvisados y no había cinturones de seguridad ni apoya-cabezas; que la póliza del seguro excluía específicamente la reparación de los daños ocasionados a los transportados en dichas condiciones, circunstancias que llevaron a la aseguradora a declinar la cobertura.

«7°) Que la Ley Nacional de Tránsito impone la necesidad de contratar un seguro obligatorio de responsabilidad civil frente a terceros —transportados o no— por los eventuales daños que pudiera ocasionar el dueño o guardián del automóvil (art.68 ley 24.449), y dispone también que su contratación debe realizarse de acuerdo con las condiciones que fije la Superintendencia de Seguros de la Nación, autoridad en materia aseguradora.

«8°) Que los arts. 109 y 118 de la ley de Seguros 17.418 establecen que el asegurador se obliga a mantener indemne el patrimonio del asegurado o del conductor por él autorizado por cuanto deban a un tercero como consecuencia de daños causados por el vehículo objeto del seguro, por cada acontecimiento ocurrido durante la vigencia del contrato, y «La sentencia que se dicte hará cosa juzgada respecto del asegurador y será ejecutable contra él en la m edida del seguro».

«9°) Que sin perjuicio de señalar que el acceso a una reparación integral de los daños sufridos por las víctimas de accidentes de tránsito constituye un principio constitucional que debe ser tutelado, y que esta Corte Suprema ha reforzado toda interpretación conducente a su plena satisfacción, ello no implica desconocer que el contrato de seguro rige la relación jurídica entre los otorgantes (arts. 1137 y 1197 del Código Civil) y los damnificados revisten la condición de terceros frente a los mismos porque no participaron de su realización, por lo que si desean invocarlo deben circunscribirse a sus términos (arts. 1195 y 1199 del Código Civil, votó del juez Lorenzetti en la causa «Cuello» y Fallos:330:3483).

«10) Que la función social que debe cumplir el seguro no implica, empero, que deban repararse todos los daños producidos al tercero víctima sin consideración a las pautas del contrato que se invoca, máxime cuando no podía pasar inadvertido para los damnificados que estaban viajando en un lugar no habilitado para el transporte de personas y que de tal modo podían contribuir, como efectivamente ocurrió, al resultado dañoso cuya reparación reclaman.

«11) Que, por lo demás, la oponibilidad de las cláusulas contractuales ha sido el criterio adoptado por el tribunal en los supuestos de contratos de seguro del transporte público automotor (Fallos: 329:3054 y 3488; 331:379, y causas O.166. XLIII. «Obarrio, María Pía c. Microómnibus Norte S.A. y otros» y G.327.XLIII. «Gauna, Agustín y su acumulado c. La Economía Comercial S.A. de Seguros Generales y otro», sentencias del 04/03/2008).

«12) Que no obsta a lo dicho la modificación introducida por la ley 26.361 a la Ley de Defensa del Consumidor, pues esta Corte ha considerado que una ley general posterior no deroga ni modifica, implícita o tácitamente, la ley especial anterior, tal como ocurre en el caso de la singularidad del régimen de los contratos de seguro (M.1319.XLIV «Martínez de Costa, María Esther c. Vallejos, Hugo Manuel y otros s/ daños y perjuicios», fallada el 09/12/2009).

«13) Que, por lo demás, cabe mencionar como pauta interpretativa que la resolución 34.225/2009 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, que establece las condiciones de la cobertura mínima requerida por el art.68 de la ley 24.449, aun cuando no resulta aplicable al caso por la fecha de su entrada en vigencia, prevé que el asegurador no indemnizará los daños sufridos por los terceros transportados en exceso de la capacidad del vehículo o en lugares no aptos para tal fin.

«14) Que, en consecuencia, demostrados los presupuestos fácticos y la existencia de la cláusula de exclusión de cobertura, no hay razón legal para limitar los derechos de la aseguradora, por lo que corresponde revocar la decisión sobre el punto» .

Para terminar, y a mayor abundamiento, digamos que los actores no pueden pretender que el límite de cobertura le es inoponible en base a la función social del seguro de responsablidad civil en los automotores ni en el carácter obligatorio de dicho seguro. El motivo es que tal interpretación llevaría a que los damnificados pudieran demanda a cualquier aseguradora con prescindencia de la existencia de un contrato que la vincule al autor de los daños. Esto es impensable. De hecho, no conozco de la existencia de ningún juicio en que se cite en garantía a una aseguradora sin contrato. Por lo tanto, el contrato de seguro celebrado entre el demandado y la citada en garantía tiene alguna injerencia, alguna importancia, es parámetro de algo. Luego, si lo traemos a un juicio con pretensión de obligar a uno de los contratantes a responder justamente por ser uno contratantes de ese acuerdo, no podemos menos que obligarlo -tal como lo dice la ley de seguros- en la medida en que se comprometió -más cuando dicho compromiso está firmemente vigilado por la autoridad administrativa- y no más allá de ella, ya que si el contrato es ley para las partes, al obligar a la aseguradora más allá de lo acordado, se la estaría obligando a hacer lo que la ley no manda, en clara violación a la disposición constitucional.

De manera que en razón de los fundamentos expuestos, el límite de cobertura acordado en la póliza (fs.75/76) es válido, con la salvedad que el monto del límite seguirá las variaciones que establezca la autoridad de aplicación.

Atento a los vencimientos recíprocos, las costas en ambas instancias se reparten en un 20% a cargo de los actores y el 80% a cargo del demandado y la citada en garantía (art. 252, CPCC).-

A la misma cuestión el Dr. López, dijo:

Adhiero al voto precedente.

A la misma cuestión el Dr. Chasco, dijo:

Me remito a lo expuesto en la primera cuestión.

A la tercera cuestión el Dr. Prola, dijo:

Por los motivos expresados en los párrafos precedentes voto: 1) Declarando desiertos los recursos de nulidad; 2) Rechazando el recurso de apelación del demandado; 3) Haciendo lugar parcialmente al recurso de apelación de la citada en garantía, y en consecuencia, revocando la sentencia de primera instancia en cuanto anula el límite de cobertura pactado y declarando la validez de dicho límite, y confirmándola en el resto; 4) Costas en ambas instancias 20% a cargo a los actores y 80% a cargo de la aseguradora y la citada en garantía; 5) Practíquese por secretaría de baja instancia la planilla de sellados de justicia correspondiente, tomando como base el monto de la condena; 5) Regulando los honorarios de los profesionales intervinientes en el 50% de lo que corresponde por la instancia inicial.

A la misma cuestión el Dr. López, dijo:

Voto en igual sentido que el Dr. Prola.

A la misma cuestión el Dr. Chasco, dijo:

Me remito a lo expuesto en la primera cuestión.

Por todo ello, la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Venado Tuerto,

RESUELVE:

I. Declarar desiertos los recursos de nulidad.

II. Rechazar el recurso de apelación del demandado.

III. Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación de la citada en garantía, y en consecuencia, revocar la sentencia de primera instancia en cuanto anula el límite de cobertura pactado y declarar la validez de dicho límite, y confirmarla en el resto.

IV. Costas en ambas instancias 20% a cargo de los actores y 80% a cargo de la aseguradora y la citada en garantia.

V. Practiquese por Secretaria de baja instancia la planilla de sellados de justicia correspondiente, tomando como base el monto de la condena.

VI. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes en el 50% de lo que corresponde por la instancia inicial.

Insertese, hágase saber y bajen.

AUTOS VIGLIANCO ROSA Y OTROS C. ACCOMNAOD A. Y OTS S. DAÑO MORAL 12-12-

Dr. Juan Ignacio Prola

Dr. Héctor Matías López

Dr. Carlos Alberto Chasco

-art. 26 Ley 10160-

Dra. Andrea Verrone

Secretaria

  1. Interesante, se ve con claridad la necesidad de la citación del tercero . Comparto la interpretación del seguro de responsabilidad civil, y la culpa grave. gracias por subirlo

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