Los frutos pendientes al tiempo de extinguirse el usufructo pertenecen al propietario y si están vendidos el precio es también del propietario.

ContratoPartes: G. L. I. c/ A. L. G. s/ ordinario – rec.ext. de incosntit – casación

Tribunal: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza

Sala/Juzgado: Primera

Fecha: 17-oct-2014

Cita: MJ-JU-M-89253-AR | MJJ89253 | MJJ89253

Los frutos pendientes al tiempo de extinguirse el usufructo pertenecen al propietario, y aun estando vendidos, el precio corresponde también al propietario.

Sumario:

1.-Cabe confirmar el rechazo de la demanda por el cobro de frutos devengados , pues si la recurrente ha pretendido reclamar los frutos pendientes – los que aún se encuentran adheridos a la cosa principal que los ha producido – a la muerte de la usufructuaria, al extinguirse el usufructo aquellos pertenecen al propietario, pues se compensan con los pendientes al tiempo de iniciarse el usufructo, que corresponden al usufructuario.

2.-Respecto al reclamo de los frutos percibidos -los que ya han sido alzados o separados de la cosa-, el análisis de la prueba destinada a acreditar si estos fueron o no recibidos por la usufructuaria antes de su muerte, como así mismo, su cuantía, plazos adeudados, etc, excede notoriamente el marco del recurso de casación en trato.

3.-Señalar simplemente que se han aplicado erróneamente algunos artículos del CCiv. no puede ser considerado una crítica adecuada de la sentencia recurrida que amerite su modificación casatoria.

Fallo:

En Mendoza, a diecisiete días del mes de octubre del año dos mil catorce, reunida la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, tomó en consideración para dictar sentencia definitiva la causa n° (012174-10995901), caratulada: “GIMENEZ LUCIA ISABEL EN J° 27355/34571 G.L.I. C/ A.L.G. P/ ORD P/ REC.EXT.DE INSCONSTIT-CASACIÓN”-

De conformidad con lo decretado a fojas 76 quedó establecido el siguiente orden de estudio en la causa para el tratamiento de las cuestiones por parte de los Señores Ministros del Tribunal: primero: Dr. Jorge NANCLARES; segundo: Dr. Alejandro PEREZ HUALDE; y tercero: Dr. Omar PALERMO.

ANTECEDENTES:

A fojas 23/30, la Sra. Lucía Isabel Giménez, por su propio derecho, interpone recursos extraordinarios de Inconstitucionalidad y Casación contra la resolución dictada por la Cuarta Cámara Civil de Apelaciones a fojas 247/259 de los autos n° 27.355/34.571, caratulados: “G.L.I. C/ A.L.G. P/ ORDINARIO”.-

A fojas 43, se rechaza, formalmente el recurso de Inconstitucionalidad y se admite el de Casación deducido, ordenándose correr traslado a la parte contraria, quien a fojas 50/64vta. contesta solicitando su rechazo, con costas.

A fojas 70/72 se registra el dictamen del Sr. Procurador General del Tribunal, quien aconseja el rechazo de recurso deducido.

A fojas 75 se llama al acuerdo para dictar sentencia y a fojas 76 se deja constancia del orden de estudio efectuado en la causa para el tratamiento de las cuestiones por parte de los Señores Ministros del Tribunal.

De conformidad con lo establecido en el art. 160 de la Constitución de la Provincia, se plantean las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTION: ¿Es procedente el recurso de Casación interpuesto?

SEGUNDA CUESTION: En su caso, ¿qué solución corresponde?

TERCERA CUESTION: Costas.

A LA PRIMERA CUESTION EL DR. JORGE H. NANCLARES, DIJO:

I.- RELACIÓN SUSCINTA DE LOS HECHOS DE LA CAUSA

1. La Sra. L. I. G., promueve demanda invocando el carácter de heredera de la Sra. E.J.D., en contra del Sr. A.L.G.a quien reclama la entrega de 3.662,50 quintales de uva discriminado en las siguientes variedades: uva Bonarda (189,92 quintales), uva Criolla Grande (2.844,57 quintales) y uva Cereza (628 quintales) correspondientes al 25% de los frutos obtenidos en el viñedo inscripto ante el Instituto Nacional de Vitivinicultura bajo el n° D-35787 de titularidad del accionado, correspondiente al período comprendido entre los años 2005 y 2006, o su equivalente en pesos al momento del efectivo pago o, lo que en más o en menos resulte de la prueba a rendirse con más intereses, gastos y costas, ello de conformidad con la modificación del objeto de la demanda efectuada a fs. 32.

Explica, que en fecha 10 de Julio de 1992 sus padres donaron en condominio y partes iguales, entre otros bienes un inmueble rural ubicado frente a calle Ferrer con reserva de usufructo a favor de los donantes y luego, mediante convenio de división de condominio de fecha 11 de marzo de 1997 dicho inmueble se adjudica al demandado Sr. L.A.G.; que en el mismo convenio intervino la madre de los litigantes y se reservó el 50% del usufructo del inmueble referido (cláusula décima segunda), conviniendo en el artículo décimo tercero que “los frutos y productos que se obtengan de este período agrícola 96/97 y los siguientes períodos agrícolas, se adjudican a la fecha de acuerdo a los porcentajes estipulados en el artículo anterior, debiendo A.L.G. y L.I.G., correr con todos los gastos de cosecha, acarreo, impositivos y legales respecto de los inmuebles que por este acto se adjudica…”.

Agrega que, conforme interpretación del convenio efectuado in re N° 20.530, originaria de este Tribunal, ambos litigantes asumieron una obligación personal con la Sra.E.J.D., debiéndole entregar a la misma el porcentaje de la producción, expresando que el demandado nunca cumplió con la entrega del 50% libre de gastos respecto del segundo inmueble, cuyo viñedo figura inscripto bajo el n° D-35.787, por lo que reclama dicho crédito en la proporción que le corresponde (25%) como heredera de su madre. Funda su pretensión en los arts. 3485, 3486 del Código Civil.

2. A fs. 36/39 el demandado A.L.G., contesta solicitando el rechazo de la demanda promovida en su contra, negando expresamente lo que la parte actora le reclama.

Desconoce legitimación activa a la accionante en cuanto sostiene en su escrito de contestación que si bien aquella es heredera de la Sra. E.J.D., se trata de un crédito personal de exclusiva titularidad de la causante derivado de un usufructo a favor de la misma por el cual le correspondió abonarle el 50% de los frutos resultantes de un inmueble que se le adjudicara en la división de condominio efectuada mediante contrato de fecha 11 de marzo de 1997 y que se extinguió con el fallecimiento de la Sra. E.J.D., conforme normas que rigen el usufructo; que en la causa n° 20.530 quien promovió demanda fue la Sra. E.J.D. en contra de L.I.G., y con posterioridad cedió los derechos litigiosos derivados de la misma, destacando que la voluntad expresada en la cláusula Décimo Segunda era que se extinguiera con la muerte de la señora; y que él cumplió con el pago del porcentaje que le correspondía a su madre y a tal efecto acompaña constancia de cancelación de derechos usufructuarios firmado por la Sra. E.J.D.

En subsidio, opone prescripción de la acción con fundamento en el art. 4027 inc.3) en virtud que el reclamo deviene de un porcentaje de frutos y las cosechas terminan en abril de cada año, por lo que si se entiende que se trata de una obligación personal que integra el acervo hereditario prescribe a los cinco años y, en consecuencia, las obligaciones anteriores al año 2006 se encuentran prescriptas.

3. El juez de primera instancia hace lugar a la demanda promovida por la actora, declarando que deberá incluirse la cantidad de 3.662,50 quintales de uva, en las variedades allí discriminadas, como parte del acervo hereditario de la causante Sra. EJD.

4. Dicha sentencia es apelada por el demandado y, a fs. 247/259, la Cuarta Cámara Civil de Apelaciones hace lugar al recurso interpuesto y, en consecuencia, rechaza la demanda deducida por la accionante. Los fundamentos de la Cámara pueden sintetizarse de la siguiente manera:

Lo resuelto en los autos n° 20.530 no tiene efecto de cosa juzgada en estas actuaciones, por cuanto falta la identidad subjetiva entre las partes. En los autos n° 20.530, la Sra. Estefanía Dallago revistió el carácter de actora y la Sra. Lucía Isabel Giménez, demandada; en cambio los presentes tramitaron entre la Sra. Lucía Isabel Giménez como actora y el Sr. Alberto Luis Giménez como demandado.

Por ello hay que analizar los términos del convenio de división de condominio celebrado en el año 1997, ello en razón que para la accionante, en virtud de la interpretación dada en los autos n° 20.530, surgiría en cabeza del accionado una obligación personal de entregar un porcentaje de la cosecha a favor de la causante, Sra. Dallago; en tanto para el accionado en dicho convenio surge de manera indubitable la voluntad de las partes que ese derecho de usufructo o en su defecto la obligación personal convenida, derivada y subsumida dentro del usufructo, se extinga con la muerte de la Sra. Callago, es decir, que no sea transmitido por la sucesión.Mediante el convenio de división de fecha 11/3/97, los Sres. Alberto Luis Giménez y Lucía Isabel Giménez, pusieron fin al condominio existente entre ellos, atribuyéndose entre sí los inmuebles en cuestión. Respecto al objeto del convenio no existe conflicto alguno. Las dudas se suscitan en relación a la cláusula décimo segunda y décimo tercera, las que se transcriben.

De la cláusula n° 12 surge que las partes reconocen el derecho de usufructo constituido a favor de la Sra. Dallago, mediante escritura pública n° 47 de fecha 10/10/1992.

Si bien la usufructuaria disminuye su derecho de usufructuar los inmuebles o renuncia parcialmente al mismo, es de recordar que la extinción del usufructo debe ser formalizada en instrumento público (art. 1184 inc. 1 y 10 CC), por lo que la renuncia parcial efectuada por la Sra. Dallago, no tuvo valor alguno hasta tanto no fuere elevado a escritura pública, lo cual no aconteció, por lo que el usufructo continuó sobre la totalidad de los inmuebles.

Queda claro que las partes no convinieron una obligación personal respecto a la Sra. Dallago de entregarle el porcentaje de producción de cada uno de los inmuebles, sino que aquella es consecuencia del derecho de usufructo que ostenta, por lo que corresponde acoger sin más la defensa de falta de legitimación sustancial activa.

Aún en el supuesto que se entendiere que la accionante reclama en su carácter de heredera de la usufructuaria, se llegaría a la misma solución, dado que el usufructo se extingue con la muerte de la usufructuaria.

En contra de esta resolución, la actora interpone recursos extraordinarios ante esta Sede.

II.- EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO

La recurrente sostiene que, aún para el hipotético caso que se interprete que la Sra. Dallago fuera titular de un derecho real de usufructo en virtud del contrato de división de condominio base de la demanda, el fallo recurrido aplica erróneamente los arts. 2825, 2870, 2920 y la nota del art. 2807 del C.Civil.Señala que su parte nunca pretendió continuar con el derecho real de usufructo a posteriori de la muerte de la usufructuaria, sino que mediante la demanda perseguía el cobro de los frutos que le correspondía entregar al demandado a su madre en virtud del contrato de división de condominio, con anterioridad a su fallecimiento. Su pretensión consiste en el cobro de los frutos devengados con anterioridad a su fallecimiento, los cuales le debían ser entregados por el demandado libre de todo gasto.

III.- SOLUCIÓN AL CASO

Tiene dicho el Tribunal, en orden a las exigencias de fundabilidad de la queja extraordinaria, que el recurso de Casación debe contener una crítica razonada de la se ntencia, desarrollando concretamente los motivos de impugnación de los elementos que sustentan el decisorio recu¬rrido, y, a través de una adecuada y autosuficiente demostración, señalar el error normativo en que se ha incurrido (Art. 161 y nota C.P.C.; LA 65-433; 86-153; LS 90-375). Del mismo modo, tiene dicho el Tribunal que no basta para configurar un agravio en sentido técnico, la sola afirmación o explicitación de una tesis jurídica, sin la necesaria impugnación de los fundamentos esenciales de la sentencia. (LA 91-157; 93-101; 95-261; 95-299; 95-38; LS 105-432).

Conforme el criterio expuesto, se advierte la insuficiencia en la fundamentación del escrito recursivo presentado por el quejoso.

En efecto, la recurrente no cuestiona la conclusión a la que arriba la Cámara de que se trata de un derecho real de usufructo y no de una obligación personal, como originariamente pretendía. Sin embargo, señala que el fallo recurrido aplica erróneamente los arts. 2825, 2870, 2920 y la nota del art. 2807 del Ccivil, ya que su pretensión no es continuar con el derecho real de usufructo sino el cobro de los frutos devengados con anterioridad al fallecimiento de la usufructuaria, Sra. Dallago.Sin embargo, la recurrente en modo alguno explicita cuál es la interpretación adecuada de la normativa involucrada, cuál es la tesis jurídica que correspondería aplicar, qué normas regularían su situación y le concederían el derecho que reclama. En definitiva, señalar simplemente que se han aplicado erróneamente algunos artículos del Código Civil no puede ser considerado una crítica adecuada de la sentencia recurrida que amerite su modificación casatoria.

Por lo que, desde un punto de vista estrictamente formal, corresponde el rechazo de la queja.

Asimismo, en consideración a la pretensión de fondo deducida por la recurrida y, más allá de que se trata de un tema novedoso no planteado en las instancias anteriores, lo que constituye una razón más para el rechazo formal de la queja, se advierte la improcedencia sustancial del agravio.

La recurrente pretende el cobro de los frutos devengados con anterioridad al fallecimiento de la usufructuaria, Sra. Dallago, que no fueron entregados por el demandado, nudo propietario.

No obstante, la quejosa nada dice de lo dispuesto en el art. 2864CC en cuanto establece “Los frutos naturales pendientes al tiempo de comenzar el usufructo pertenecen al usufructuario. Los pendientes al tiempo de extinguirse el usufructo pertenecen al propietario, y si están vendidos, el precio corresponde también al propietario.”

Lo expuesto en la norma citada respecto a los frutos naturales es aplicable a los industriales – frutos reclamados en este caso – tal como lo señala la doctrina (Código Civil comentado, t. 5, Bueres – Highton, comentario art. 2864, pág. 969).

Se advierte además, que, el reclamo deducido respecto a los frutos “devengados” obedece a una falta de precisión conceptual de la quejosa, por cuanto nuestro Código Civil los clasifica en “pendientes” y “percibidos” (arts. 2425 y 2426CC) pero no en devengados.

Por lo que, si la recurrente ha pretendido reclamar los frutos pendientes – los que aún se encuentran adheridos a la cosa principal que los ha producido – a la muerte de la usufructuaria, rige lo dispuesto en el art. 2864 CC ya citado.En consecuencia, los frutos pendientes al extinguirse el usufructo (por la muerte de la usufructuaria en el caso), pertenecen al propietario, pues se compensan con los pendientes al tiempo de iniciarse el usufructo, que corresponden al usufructuario. (Código Civil comentado, t. 5, Bueres – Highton, comentario art. 2864, pág. 968).

Considero, en cambio, que el reclamo se ha limitado a los frutos percibidos – los que ya han sido alzados o separados de la cosa – teniendo en cuenta el modo en el que se ha redactado la pretensión en la demanda: entrega de 3.662,50 quintales de uva de distintas variedades que allí describe, correspondientes a lo cosechado en el viñedo n° 35.787 de titularidad del accionado en los años 2.005 y 2.006.

En este aspecto, el análisis de la prueba destinada a acreditar si tales frutos fueron o no recibidos por la usufructuaria antes de su muerte, como así mismo, su cuantía, plazos adeudados, etc, excede notoriamente el marco del recurso de casación en trato.

En virtud de lo expuesto, si mi voto resulta compartido por mis distinguidos colegas de Sala, corresponde rechazar el recurso de Casación planteado y, en consecuencia, confirmar la sentencia recurrida.

Así voto.

Sobre la misma cuestión el Dr. PALERMO, adhiere al voto que antecede.

A LA SEGUNDA CUESTION EL DR. JORGE H. NANCLARES, DIJO:

Atento lo resuelto en la cuestión anterior corresponde rechazar el recurso de Casación interpuesto y, en consecuencia, confirmar la sentencia dictada por la Cuarta Cámara Civil de Apelaciones a fojas 247/259 de los autos n° 27.355/34.571, caratulados: “G.L.I. C/ A.L.G. P/ ORDINARIO”.

Así voto.

Sobre la misma cuestión el Dr. PALERMO, adhiere al voto que antecede.

A LA TERCERA CUESTION EL DR. JORGE H. NANCLARES, DIJO:

Atento lo resuelto en las cuestiones anteriores, corresponde imponer las costas a la recurrente vencida (arts. 36 y 148 C.P.C.).

Así voto.

Sobre la misma cuestión el Dr.PALERMO, adhiere al voto que antecede.

Con lo que se dio por terminado el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continuación se inserta:

S E N T E N C I A :

Mendoza, 17 de octubre de 2,014,-

Y VISTOS:

Por el mérito que resulta del acuerdo precedente, la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, fallando en definitiva,

R E S U E L V E :

I.-Rechazar el recurso de Casación interpuesto a fs. 27/30 y, en consecuencia, confirmar la sentencia dictada por la Cuarta Cámara Civil de Apelaciones a fojas 247/259 de los autos n° 27.355/34.571, caratulados: “G.L.I. C/ A.L.G. P/ ORDINARIO”.

II.- Imponer las costas a la recurrente vencida.

III.- Regular los honorarios profesionales por el trámite del recurso extraordinario de la siguiente manera: Dr. Jorge VARGAS GEI, en la suma de ($.); Dr. Enrique MARZARI DE ELIZALDE, en la suma de ($.) y Dr. Ricardo Osman GANUM, en la suma de ($.).

IV.Dar a la suma de pesos DOSCIENTOS ($ 200), de la que da

cuenta la boleta obrante a fs. 1, el destino previsto por el art. 47 inc. IV del C.P.C.

Notifíquese. Ofíciese.

DR. JORGE HORACIO NANCLARES

Ministro

DR. OMAR ALEJANDRO PALERMO

Ministro

CONSTANCIA: Que la presente resolución no es suscripta por el Dr. Alejandro PEREZ HUALDE, por encontrarse en uso de licencia (art. 88 ap. III del C.P.C.). Secretaría, 17 de octubre de 2,014,-

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