fbpx

Por no probar el daño psíquico, un trabajador que encontró muerto a un compañero de trabajo no será indemnizado

shutterstock_71611606Partes: Gorrini Leonel Darío c/ Maprimed S.A. s/ accidente – acción civil

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: II

Fecha: 10-jul-2014

Cita: MJ-JU-M-88310-AR | MJJ88310 | MJJ88310

Se rechaza por falta de prueba la petición indemnizatoria por daño psíquico interpuesta por un trabajador que encontró fallecido a un compañero de trabajo.

Sumario:

1.-Cabe confirmar el rechazo de la acción civil iniciada por el trabajador que encontró muerto a un compañero de trabajo, pues de la pericia médica no surge que el actor padezca la incapacidad psíquica invocada, habiendo manifestado el experto que constatar la muerte de un compañero no significa que obligatoriamente se sufra un daño psíquico.

2.-Más allá de cuál sea el fundamento jurídico del reclamo, sea que se trate de una petición en los términos del art. 14 de la ley de riesgos o en el marco del derecho común, si lo que se pretende es la reparación de una minusvalía psíquica a raíz de un hecho determinado, se impone previamente verificar si la reputada incapacidad existe para luego concluir, analizando las restantes pruebas obrantes, si la misma guarda vinculación con el hecho de autos, en este caso, haber sido quien encontró a su compañero fallecido.

Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires, el 10 de julio de 2014, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

La Dra. Graciela A. González dijo:

Contra la sentencia de la instancia anterior se alza la parte actora a tenor del memorial obrante a fs. 501/504. También apelan los peritos ingeniero y médico sus honorarios (fs. 499 y 505, respectivamente), por considerarlos reducidos.

Se agravia la parte actora de la decisión de la Sentenciante de grado que, tras considerar que el actor no se encontraba incapacitado en su esfera psíquica, desestimó la acción intentada en el inicio. Sostiene la apelante que la pericia médica obrante en autos no se encuentra debidamente fundada, en tanto sólo se basó en el informe médico sin considerar las impugnaciones presentadas por su parte ni la totalidad de las restantes pruebas obrantes en la causa, de las que surge -a su criterio- el actuar negligente de la demandada. Destaca que el perito no efectuó los tests psicológicos solicitados ni tuvo en cuenta el informe presentado por su parte, efectuado por el Dr. Rulli con fecha 30/7/09, en el que se le otorga una incapacidad del 20% de la total obrera. Tampoco merituó la causa penal tramitada ante el Juzgado Nº 45 en lo Criminal de Instrucción a raíz del fallecimiento de su compañero, donde constan declaraciones juradas de las irregularidades de trabajo de los empleados, fundamentalmente en el sector del actor y que, en definitiva, provocaron la muerte del empleado Damián Correa. Refiere que no basta solamente con evaluar la pericial psicológica, en tanto a través de la causa penal quedó probada -a su criterio- la dimensión verdadera del impacto sufrido por el hecho denunciado.Solicita, en última instancia, la realización de una nueva pericia médica.

Tal como se extrae de los términos vertidos en el inicio, resulta que el actor reclama una indemnización especial en los términos del art. 14 de la ley 24.557 de $ 180.000, como reparación de la incapacidad psicológica que presenta, además de la suma de $ 50.000 en concepto de daño moral y otros $ 50.000 en concepto de daño psicológico, este último en los términos de los arts. 1109, 1101, 1112 y 1113 del Código Civil (ver fs. 7 vta./8 del libelo inicial). Refirió que el día 26/3/08 encontró a un compañero de trabajo que estaba realizando tareas que, poco antes le habían sido asignadas a él, «tirado en el piso, con su rostro azulado y ojos abiertos desencajados, constatándose su deceso como consecuencia de que, por un comprensible error dado las características de disposición de dichas tomas, había conectado su línea de respiración al nitrógeno en lugar del aire que correspondía, lo que le produjo una brusca hipoxia cerebral y su súbito deceso». Sostuvo que dicha circunstancia -en la que sólo le pasaba por su mente que él podía haber sido la víctima fatal del caso- le provocó una aguda crisis nerviosa que requirió de tratamiento psicoterápico especializado y que persiste en la actualidad, provocándole un cuadro de reacción vivencial anormal neurótica (RVAN) por trastorno de estrés postraumático que lo incapacita en el 20% de la total obrera.

Cabe señalar liminarmente que, más allá de cuál sea el fundamento jurídico del reclamo de autos, sea que se trate de una petición en los términos del art.14 de la ley de riesgos o en el marco del derecho común, lo cierto es que si lo que se pretende es la reparación de una minusvalía psíquica -como en el caso de autos- a raíz de un hecho determinado, se impone previamente verificar si la reputada incapacidad existe para luego concluir, analizando las restantes pruebas obrantes en autos, si la misma guarda vinculación con el hecho de autos, en este caso, haber sido quien encontró a su compañero fallecido.

De tal modo, resulta relevante en autos la prueba pericial médica rendida a fs. 333/337, en la que el experto informó, luego de efectuar el examen psíquico del actor y describir los test y pruebas realizadas, que no se constataban elementos secuelares de daño psíquico en el actor, por lo que éste carecía de incapacidad psíquica. Explicó el perito que «no se ha establecido intensificación respecto al rasgo de personalidad

de base, como tampoco se ha establecido una modificación en el modo de ser, de pensar, reaccionar, actuar ni consecuencias que se expresen en lo personal, social, laboral, familiar y de vida recreativa, como tampoco en la sexualidad u otros elementos neurovegetativos, que permitan inferir consecuencia psíquica». Sostuvo, asimismo, que no se ha considerado necesaria la realización de tests gráficos, dado que los mismos, como estudios de complementariedad, solo sirven en casos de duda, no siendo el caso de autos, en el que el perito «no presenta duda alguna al momento de establecer su criterio diagnóstico, de que el actor no posee el daño secuelar psíquico invocado en la demanda» (fs. 337).

Las impugnaciones deducidas por la parte actora a fs. 357/358 y 457/461, carecen de base suficiente y no llegan a refutar el dictamen señalado, que se encuentra adecuadamente fundado en pautas técnicas y científicas, y proviene de un experto médico especializado en psiquiatría y psicología médica, lo cual me lleva a adjudicarle suficiente eficacia probatoria, en los términos del art.477 del CPCCN.

Por lo demás, reiteradamente he sostenido que la apreciación del informe pericial es facultad de los jueces, la que debe ser ejercida conforme las reglas de la sana crítica (art. 477 CPCCN), por lo que el Judicante tiene respecto de ella, la misma libertad de ponderación que le asiste para el análisis de los demás medios probatorios.

De conformidad a lo hasta aquí expuesto, cabe concluir que, tal como dio cuenta el perito médico desinsaculado en autos, el actor no presenta en la actualidad incapacidad psíquica alguna.

La insistencia de la parte actora relativa a que ni el experto médico ni la Sentenciante de grado tuvieron en cuenta en el análisis de la causa, la gravedad de la situación vivida por el trabajador al encontrar fallecido a su compañero -con el que incluso había forjado una buena relación- ni los elementos obrantes en la causa penal labrada como consecuencia de dicho evento, de la que surgirían irregularidades en la empresa que habrían favorecido el acaecimiento del accidente que culminó con la muerte de Correa no puede ser atendida puesto que, como sostuvo el perito médico, el haber sido observador de un suceso desagradable, como lo es constatar la muerte de un compañero de trabajo, no significa que obligatoriamente se sufra un daño psíquico.

El perito médico explicó que «un daño psíquico es aquel en el cual el individuo que lo padece modifica su personalidad de base, y evidencia problemáticas en áreas como la personal, la familiar, la pareja, lo laboral, los deportes, la vida social, etc. derivados del daño en cuestión, definiéndose «daño» al perjuicio a la vida, a la salud o al patrimonio de una persona. El hecho de haber sido testigo de una situación, no obligatoriamente debe marcar a un individuo de por vida».

Tampoco empece a lo precedentemente expuesto, el informe acompañado por la parte actora con su impugnación (ver fs.357/358) en tanto el mismo resulta ser un informe de parte, datado en el año 2009, efectuado por un perito médico del que no se refiere especialidad y por lo demás, resulta contradictorio tanto con la prueba pericial médica realizada por un perito médico de oficio especializado en la materia y con dos informes efectuados al actor en el año 2010, a raíz de habérsele practicado exámenes preocupacionales para ingresar a empresas en las que trabajó luego de haberse desvinculado de la aquí demandada.

Al respecto resulta relevante señalar que, conforme dio cuenta la prueba informativa rendida por Sun Chemical Ink S.A. (fs. 319) y Martin Cava S.A. (fs. 329), ambas empresas en las que el actor laboró desde el 20/9/10 hasta el 21/5/12 y desde 4/2/10 hasta el 31/8/10, respectivamente, el accionante superó los exámenes preocupacionales sin habérsele detectado psicopatología alguna.

En definitiva, no habiendo constatado en el accionante incapacidad alguna como consecuencia del desafortunado evento relatado en el inicio, corresponde desestimar el agravio en cuestión y confirmar lo resuelto en la anterior instancia en cuanto rechaza la acción intentada por el actor en reclamo de la reparación del daño psicológico que pretende.

Cabe destacar, respecto del daño moral que también fue desestimado en la sentencia de grado, que ningún agravio concreto vertió el accionante respecto de lo concluido por la Dra. Funes Montes en cuanto a que el actor no fue un damnificado directo del accidente de marras, circunstancia que podría haber generado en el trabajador el daño moral reclamado. Téngase en cuenta que se define como tal a la lesión en los sentimientos que determina dolor o sufrimientos físicos, inquietud espiritual, o agravio a las afecciones legítimas (conf. Jorge Bustamante Alsina, Teoría General de la Responsabilidad Civil, 8va. Edición, Editorial Abeledo – Perrot, Buenos Aires, 1993, pág.234), ninguna de las cuales se advierte en el caso de autos, siendo dable destacar que, por lo demás, ninguna prueba obra en la causa que permita vincular el despido sin causa del trabajador con su condición de testigo por haber sido quien encontró a su compañero fallecido.

Consecuentemente, propongo confirmar la sentencia de grado en cuanto a este aspecto se refiere.

Por lo demás, no advirtiendo razones que permitan apartarse en el supuesto en análisis del principio general de imposición de costas al vencido (art. 68 CPCCN), propicio confirmar también lo decidido respecto de las costas en la anterior instancia.

Habida cuenta del mérito y extensión de la labor desarrollada por los profesionales que actuaron en estos autos, de acuerdo con las pautas que emergen del art. 6 y subs. de la ley 21.839, de la ley 24.432 y del art. 38 de la L.O., estimo que los honorarios regulados a los peritos ingeniero y médico, por las labores cumplidas en la anterior instancia, no resultan reducidos, por lo que cabe su confirmación.

Asimismo propongo que las costas de alzada se impongan a la parte actora y que los honorarios de los letrados firmantes de los escritos de fs. 501/504, 516 y 519/527, por las labores cumplidas en esta instancia, se regulen en el 25% respectivamente, de la suma que le corresponda percibir a cada uno por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior.

El Dr. Miguel Ángel Maza dijo:

Adhiero a las conclusiones del voto de la Dra. Graciela A. González, por análogos fundamentos.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art.125, 2ª parte de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: 1°) Confirmar la sentencia de grado en todo cuanto fue materia de agravio; 2°) Imponer las costas de alzada a la parte actora; 3º) Fijar los honorarios de los letrados firmantes de los escritos de fs. 501/504, 516 y 519/527, por las labores cumplidas en esta instancia, en el 25% de lo que a cada una le corresponda percibir por sus trabajos en la instancia anterior; 4º) Hágase saber a los interesados lo dispuesto por el art. 1º de la ley 26856 y por la Acordada de la CSJN Nº 15/2013, a sus efectos.

Cópiese, regístrese, notifíquese y devuélvase.-

Miguel Ángel Maza

Juez de Cámara

Graciela A. González

Juez de Cámara

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: