El requisito de los seis años de ciudadanía para matricularse en el Colegio de Escribanos no es exigible a la actora

escribano-publico-automotores-escribano-certificados-13294-MLU20075450881_042014-OPartes: Martín y Mata Verónica s/

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Sala/Juzgado: I

Fecha: 5-ago-2014

Cita: MJ-JU-M-89114-AR | MJJ89114 | MJJ89114

El requisito de contar con seis años de ciudadanía a los fines de obtener la matriculación en el Colegio de Escribanos no resulta exigible a la peticionante dado que es evidente que ha desarrollado y arraigado su vida en este territorio y ha demostrado su anhelo de permanecer y ser argentina.

Sumario:

1.-Corresponde concluir que la exigencia prevista en el art. 8, inc. a) de la Ley 404 no resulta aplicable a la peticionante pues su imputación literal importa avalar una discriminación (entre nativos, por un lado, y extranjeros que cumplen con los requisitos sustanciales para ser considerados argentinos, por el otro) que atenta contra el principio constitucional de igualdad.

2.-Corresponde hacer lugar al recurso de apelación deducido y declarar la inconstitucionalidad del inc. a) de la ley 404 y, en consecuencia, tener por cumplidos los requisitos que establece la Ley Orgánica Notarial (n° 404), dado que a través de la prueba colectada se evidencia de manera sustancial que la peticionante ha desarrollado y arraigado su vida en este territorio argentino, le ha brindado hijos a esta Nación, ha contribuido a su desarrollo a partir de su trabajo personal, ha fijado aquí su domicilio demostrando su anhelo de permanecer y ser argentina a través de tales actos.

3.-Corresponde afirmar que el único requisito que impide a la solicitante acceder a la matriculación como escribana, esto es la exigencia de seis años en la naturalización como argentina, luce agravado y severo dado que en virtud de los arts. 16 y 20 de la CN. los extranjeros están equiparados plenamente a los nativos.

4.-La única forma de mantener una distinción entre nativos y extranjeros a los fines de obtener la matriculación en el Colegio de Escribanos sería demostrando cabalmente, por una parte, los fines superiores (es decir, sustanciales y no de mera conveniencia) que con dicha diferenciación se pretenden resguardar y, por la otra, que esa forma es el único medio para lograr la protección.

5.-Puesto que el Colegio de Escribanos ha sido llamado a intervenir en esta información sumaria por imperio de la ley orgánica notarial (que impone su intervención fiscal -art. 9-) e invocó la literalidad de la norma sin argumentar si existían fines sustanciales, propios del ejercicio de la profesión privada de escribano, que obligaron a que sólo un nativo o un naturalizado con seis años de antigüedad pueden desempeñar tal trabajo, la ausencia de argumentación refuerza en el caso el carácter sospechoso del desigual trato previsto en los nativos y extranjeros.

6.-La decisión que se adopte en sede judicial respecto a la acreditación de las exigencias para obtener la matriculación como escribano, debe ser adoptada en forma posterior a la intervención que el ordenamiento jurídico reconoce al Colegio de Escribanos como instancia previa y necesaria a la decisión, pues la declaración de inconstitucionalidad de oficio no constituye menoscabo del derecho de defensa de las partes, pues si así fuese debería, también, descalificarse toda aplicación de oficio de cualquier norma legal no invocada por ellas so pretexto de no haber podido los interesados expedirse sobre su aplicación al caso.

7.-Cabe precisar que la información sumaria constituye un proceso voluntario y está constituido por una petición procesal extracontenciosa en cuya virtud se reclama, ante un órgano judicial y en interés del propio peticionario, la emisión de un pronunciamiento que constituya, integre o acuerde eficacia a determinado estado o relación jurídica privada.

8.-Dado que el control judicial difuso de constitucionalidad se ejerce en el marco de una causa concreta, -a fin de determinar el precepto normativo que gobierna el caso-, no resulta imperioso que la declaración se efectúe en el marco de una controversia concreta de derechos, sino que es preciso que la emisión de tal juicio, de máxima gravedad institucional, resulte imprescindible para alcanzar la solución que el caso reclama.

9.-No corresponde hacer primar las formas procesales frente al agravio constitucional, máxime cuando el proceso voluntario es justamente un proceso judicial iniciado a fin de que un juez declare la existencia de una determinada situación de hecho que no puede ser reconocida como tal sin previamente desaplicar una norma que evidentemente atenta contra el ordenamiento supremo del Estado democrático de derecho.

10.-Puesto que la información sumaria es un proceso (voluntario/no contradictorio) que exige la intervención de un juez, -por lo que no es un mero trámite administrativo-, para reconocer una situación de hecho con arreglo al ordenamiento jurídico, si en dicha intervención, el magistrado advierte que la situación no puede ser reconocida por un óbice de origen infraconstitucional que se aparta del bloque de constitucionalidad, no puede más que, en dichas actuaciones y sin más trámites que aquéllos previstos procesalmente para esta clase de procesos, declarar inaplicables las normas inconstitucionales.

Fallo:

Buenos Aires, 5 de agosto de 2014

Y VISTOS:

Estos autos para resolver el recurso de apelación deducido por la accionante a fs. 88 -fundado a fs. 95/100- contra la sentencia obrante a fs. 84/6 que rechazó la información sumaria.

A fs. 116/7, tomó intervención el Ministerio Público Fiscal.

I. La señora Verónica Martín y Mata dedujo la presente información sumaria con el objeto de inscribirse en la matrícula profesional de escribano, a cargo del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, de conformidad con lo prescripto con los arts. 3, 7, 8 y 9 de la Ley Orgánica Notarial N° 404 y 1°, 2° y 3° del decreto reglamentario n° 1624/00. En dicho marco, solicitó que se declare la inconstitucionalidad y, en consecuencia, la inaplicabilidad, a su caso, del art. 8, inc. a) de la ley 404, modificada por ley 3933; y del art. 2, inc. a) del decreto n° 1624/2000.

Señaló que el citado Colegio rechazó su matriculación por no contar con los seis años de ciudadanía que exige el ordenamiento jurídico vigente en la materia. Destacó que si bien su ciudadanía data del 6 de diciembre de 2011, reside en Argentina en forma ininterrumpida desde el 11 de julio de 1982. Sostuvo que, conforme lo anterior, “.en los hechos, a efectos del arraigo a las costumbres e instituciones del país y del sentimiento de pertenencia a esta Nación lo soy desde hace 31 años de los 40 que actualmente tengo.”.

Fundó su derecho en el art.16, CN y 11, CCABA; así como en sendos precedentes de la CSJN, de tribunales provinciales y locales y del Tribunal de Superintendencia del aludido Colegio donde, habiéndose cuestionado la exigencia de la nacionalidad o la ciudadanía como recaudo para el ingreso al empleo, se reconoció la razón a los actores.

Agregó que, conforme las atribuciones que tienen los escribanos, “.no se vislumbra a qué fines se exige el ejercicio de la ciudadanía por 6 años como requisito de idoneidad”. Advirtió que el derecho que reclama -al no ser de contenido patrimonial sino “vinculado directamente con el estatuto personal de la libertad”- no es renunciable y, por eso, no puede aplicársele la teoría de los actos propios. En consecuencia, el hecho de haberse inscripto en el concurso estando ya vigente el recaudo cuya inconstitucionalidad se reclama, no es óbice para acceder a lo peticionado. Más aún, adujo que la única forma de cuestionar la constitucionalidad de una norma es frente a una lesión concreta y no en abstracto.

A fs. 60, como consecuencia del traslado conferido al Colegio de Escribanos de la CABA por la magistrada de grado a fs. 54 (donde se le requirió que “acompañe las constancias que acrediten el cumplimiento por parte del peticionante del requisito indicado en el inciso d) del artículo 2° del Decreto N° 1624/00 y tome la intervención a que se refiere el art. 9° de la Ley N° 404”), el citado organismo informó que la accionante inició el trámite para matricularse por haber obtenido el puntaje necesario en las pruebas oral y escrita del concurso de oposición y antecedentes. Empero, no contaba con los años de ciudadanía exigidos por la normativa. Al respecto, sostuvo que “La documentación que debió presentar la interesada al efecto de su inscripción en el concurso. fue el documento nacional de identidad.en el que sólo consta como nacionalidad la de ‘argentina’, por lo que no resultó posible saber que era naturalizada y no cumplía con la antigüedad requerida para ello”, exigencia que sí debía conocer la peticionante pues aquélla surge de la ley orgánica notarial. Destacó que la requirente estuvo en condiciones de solicitar la nacionalidad argentina desde hacía aproximadamente dieciocho años y, sin embargo, mantuvo la original de española durante dieciséis. Con sustento en tales fundamentos, concluyó que no se debía acceder a la matriculación solicitada por no cumplir con los requisitos exigidos a los extranjeros nacionalizados.

La reclamante, a fs. 62/3, contestó dicha presentación cuestionando sus términos, circunstancia que dio origen a una nueva presentación del Colegio obrante a fs. 73. Allí, retractándose de su presentación anterior, señaló que “La documentación que presentó la interesada al efecto de su inscripción en el concurso fue el documento nacional de identidad,. en el que al frente consta como nacionalidad la ‘argentina’, no advirtiéndose que era naturalizada, como aparece en el dorso. algo que puede ocurrir en tal circunstancia cuando se controla la documentación de 348 abogados que se inscribieron para ese concurso”. No obstante dicho reconocimiento, el citado organismo insistió en que la interesada no contaba con los años de ciudadanía exigidos por la ley, hecho que impone no hecer lugar a su pedido de matriculación.

A fs. 84/6, la señora jueza de primera instancia rechazó la presente información sumaria. Para así decidir, indicó que, de la prueba documental acompañada, “se desprende que efectivamente la requirente no acredita el cumplimiento del recaudo exigido por el art. 8 inc. a) de la Ley 404. siendo la actora argentina naturalizada no han transcurrido seis años desde que se le otorgó la nacionalidad”, esto es, 13/02/2012.

Observó que si bien dicha circunstancia surge del propio documento nacional de identidad sin que fuera advertido al momento de la inscripción; de todos modos, la actora no puede alegar su propia ignorancia.Agregó la a quo que “por no haber impugnado la normativa referenciada en forma previa, se colige que en forma voluntaria ha querido infringir lo dispuesto por la Ley 404”.

A tales fundamentos, la magistrada de la instancia anterior añadió que la información sumaria no era la vía procesal idónea para ventilar un planteo de inconstitucionalidad como el efectuado por la peticionante, toda vez que tal atribución fue calificada como la más delicada de las funciones que puede concederse a un tribunal de justicia y constituye la ultima ratio del ordenamiento jurídico; de allí que sea preciso garantizar el derecho de defensa y la bilateralidad, circunstancias que exceden el trámite propio de la información sumaria; ello, más allá de la suerte que tenga el planteo en el marco de una vía procesal adecuada.

Concluyó que los precedentes invocados se adoptaron en procesos absolutamente diferentes a la naturaleza del presente.

Esta decisión dio lugar a la apelación deducida por la peticionante, recurso que motiva la intervención de esta Alzada.

Se agravió la recurrente de que la juez no podía dejar de resolver el planteo de inconstitucionalidad pues dicho control -previo a la aplicación de la norma- es una de las obligaciones que van ínsitas en la actuación de los magistrados; menos, omitir dicho análisis con base en una cuestión procesal; pues, a su entender, ello afecta la tutela judicial efectiva.También se quejó de que el temperamento de no resolver la inconstitucionalidad deducida, alegando una imposibilidad de orden procesal, resulta contradictoria con el curso que se dio al expediente, en particular, con la vista al Ministerio Público Fiscal para que se expida respecto del planteo de inconstitucionalidad.

Sostuvo que el resolutorio es nulo pues se dictó violando el contradictorio inaugurado por la magistrada al fallar sin evacuar la vista a dicho organismo Fiscal que no se había expedido aún sobre la inconstitucionalidad de la norma impugnada.

Añadió que el decisorio se apartó de las constancias de autos, en tanto al iniciar este expediente, se afirmó que se conocía la ley y que la única forma de cuestionar la norma considerada inconstitucional era a partir de un hecho concreto (denegación de la matrícula) y no en abstracto; de allí, que la sentencia recurrida no podía afirmar que no era posible alegar la propia ignorancia ni sostener que en forma voluntaria se quiso infringir la ley.

II. Así planteada la cuestión, corresponde -en primer lugar- recordar que existen dos clases de procesos: el contencioso y el voluntario.

El primero de ellos se configura cuando existen derechos controvertidos entre partes adversas; de allí que sea necesaria una decisión judicial que ponga fin al conflicto de intereses declarando el derecho que asiste a cada una de éstas.

En cambio, en el segundo y en términos generales, no existen partes contrarias, sino una sola que peticiona al juez que declare una situación de hecho, e integre o reconozca eficacia a ciertas situaciones jurídicas particulares que sólo se refieren o afectan al requirente (es decir, es un proceso unilateral); ello, a partir de los elementos de juicio brindados por el peticionante respecto de quien exclusivamente la decisión produce efectos.De allí que sea razonable afirmar que las decisiones que se adoptan en procesos de este tipo no produzcan efectos de cosa juzgada en relación a terceros que pudieran verse perjudicados por la resolución.

Al respecto se ha dicho que “.el objeto del proceso voluntario está constituido por una petición procesal extracontenciosa en cuya virtud se reclama, ante un órgano judicial y en interés del propio peticionario, la emisión de un pronunciamiento que constituya, integre o acuerde eficacia a determinado estado o relación jurídica privada. Se expresó también que dicha petición se diferencia de la pretensión en que no persigue una decisión entre dos partes, sino solamente con relación al sujeto o sujetos que reclaman el ejercicio de la actividad judicial en el caso concreto. La oposición de un interesado legítimo, o las discrepancias que se susciten entre los propios peticionarios, transforman, total o parcialmente, al proceso voluntario en contencioso” (cf. Palacio, Lino Enrique, Manual de Derecho Procesal Civil, ed. Lexis Nexis, Decimoctava edición actualizada, Bs. As., 2004, pág. 923/4).

De acuerdo a lo anterior, es dable afirmar que la información sumaria constituye un proceso voluntario y goza de las características típicas de tales tipos de actuados.

III.Sentado lo precedente, cabe determinar si, en el ámbito propio de este tipo de acciones, es posible declar ar la inconstitucionalidad de una norma, como requisito previo y necesario, para determinar la existencia de una situación de hecho.

En dicho marco, es preciso referirse al control de constitucionalidad de las normas.

Al respecto, cabe recordar que, en nuestro ordenamiento jurídico, el control de constitucionalidad ha sido confiado a todos los magistrados de los diversos fueros e instancias, en su condición natural de custodios de la Constitución, salvo el peculiar supuesto de control concentrado y abstracto que el constituyente ha puesto exclusivamente en la órbita del Superior Tribunal (artículo 113, inciso 2º, de la Constitución de la Ciudad).

El ejercicio de esa delicada facultad se encuentra condicionado por diversas limitaciones, orientadas a preservar el principio de la división de poderes que resulta esencial al sistema republicano de gobierno.

Consiste en verificar la adecuación de la norma inferior a la superior y su razonabilidad por parte del poder judicial. En particular, el control de razonabilidad permite verificar la “proporción entre el fin querido y la medida adoptada para lograrlo”(cf. BIDART CAMPOS, Germán, Manual de la Constitución Reformada, Edit. Ediar, T. I, pág. 368), evitando de esa forma los supuestos de arbitrariedad que -justamente- tornan inconstitucionales las leyes o actos de gobierno.

La doctrina ha definido este instituto como “una facultad o atribución de la cual un órgano del Estado está investido para discernir y, en su caso, adecuar u ordenar la adecuación de los actos de los restantes poderes estatales al texto constitucional en tanto y en cuanto se estima que la Carta Fundamental es la base normativa con arreglo a la que deben ajustarse las demás regulaciones y actos de los distintos departamentos estatales” (cf. Bottini, María Alejandra y Navarro, Marcelo Julio, “El control de constitucionalidad en la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia”, LL, 2000-F, pág.1371).

La potestad jurisdiccional en cuestión tiende a reforzar la eficacia de la enérgica tutela de los derechos y garantías constitucionales y legales reconocidos a las personas. Ese propósito, en consecuencia, es el que ha de servir de guía en la materia, lo cual abona la prudencia con que ha de emplearse la atribución bajo examen en la medida en que, ausente aquella finalidad, los jueces deberían abstenerse de ejercerla.

Ya en el recordado caso “Municipalidad de la Capital c/ Elortondo” (Fallos, 33:184), la Corte Suprema de Justicia de la Nación expuso que “.es elemental en nuestra organización constitucional la atribución que tienen y el deber en que se hallan los tribunales de justicia, de examinar las leyes en los casos concretos que se traen a su decisión, comparándolas con el texto de la Constitución para averiguar si guardan o no conformidad con ésta y abstenerse de aplicarlas si las encuentran en oposición con ella”, criterio que sigue teniendo plena vigencia hasta la actualidad, sin perjuicio de observar que, el transcurso del tiempo, amplió el control de constitucionalidad respecto de aquellos casos en los que las partes no solicitaron una declaración de inconstitucionalidad, y donde ha sido dictada de oficio, postura adoptada por la Corte a partir del precedente “Mill de Pereyra” y confirmada en el precedente de fecha 19/8/2004, “Banco Comercial de Finanzas (en liquidación Banco Central de la República Argentina) s/ quiebra” (fallos 327:3117).

De acuerdo a la doctrina de la Corte Suprema, la declaración de inconstitucionalidad de oficio es admisible bajo los siguientes parámetros: a) que no exista ningún otro medio para la solución adecuada del caso; b) que no se trate de una declaración en abstracto, sino de un caso o conflicto concreto; c) que sólo produzca efecto en la causa, pues esa declaración no tiene efecto derogatorio de la normativa en cuestión (Gelli, María Angélica, Constitución de la Nación Argentina comentada y concordada, 3º Ed., La Ley, 2005, p.975).

De lo anteriormente expuesto, se infiere que el control judicial difuso de constitucionalidad se ejerce en el marco de una causa concreta, a fin de determinar el precepto normativo que gobierna el caso. Es decir que no resulta imperioso que la declaración se efectúe en el marco de una controversia concreta de derechos, sino que es preciso que la emisión de tal juicio, de máxima gravedad institucional, resulte imprescindible para alcanzar la solución que el caso reclama.

En otros términos, la descalificación constitucional de una norma, concebida como ultima ratio del orden jurídico, sólo resulta procedente cuando ello se muestre necesario para decidir conforme a derecho en el caso particular sometido a conocimiento y conforme a las específicas circunstancias vigentes al tiempo de adoptar la decisión.

De lo precedentemente expuesto, es dable concluir que: a) la finalidad del control de constitucionalidad es impedir que una causa sea resuelta con sustento en una norma inferior que infringe el bloque de constitucionalidad; b) la misión de los jueces como garantes del orden constitucional es restablecer su supremacía adoptando las medidas necesarias a tal fin (vgr. declarando la inaplicabilidad de las normas inferiores); c) la declaración judicial de inconstitucionalidad debe ser dispuesta a pedido de parte o de oficio; d) es exigencia del ejercicio de tan cara misión la existencia de un caso; y e) sólo es posible resolver la cuestión sometida a conocimiento del poder judicial mediante la declaración de inconstitucionalidad.

IV.A esta altura del desarrollo, es preciso definir si la alusión a un “caso” sólo es aplicable a controversia, es decir, a supuestos en que existen partes adversas que buscan una sentencia judicial que defina la suerte de los intereses en conflicto; o si incluye los procesos voluntarios.

Cabe adelantar que el término “caso” abarca ambos tipos de procesos (es decir, no sólo los contenciosos sino también los voluntarios). No es posible arribar a otra solución si se considera que la finalidad que persigue el instituto del control de constitucionalidad es impedir que se apliquen normas que resultan contrarias a los derechos reconocidos por la Carta Fundamental y el respeto de sus mandatos.

Reafirma esta postura (amén de destacar que la Corte se expidió en el marco de una quiebra que puede constituir un proceso voluntario y se admitida también en procesos sucesorios), el hecho de que la jurisprudencia del Máximo Tribunal Constitucional admitiera el control de constitucionlidad de oficio, es decir, aquél que se ejerce más allá de la voluntad expresa de las partes contendientes (y, en consecuencia, al margen de la bilateralidad propia de los procesos contenciosos) y que responde a la obligación que pesa sobre los magistrados frente a la constatación de una evidente contradicción entre la norma inferior que cabría aplicar a la situación concreta y los mandatos constitucionales.

Es más, no puede omitirse que la Corte Suprema observó que en virtud de que “el control de constitucionalidad versa sobre una cuestión de derecho y no de hecho, la potestad de los jueces de suplir el derecho que las partes no invocan o invocan erradamente -trasuntado en el antiguo adagio “iura novit curia”- incluye el deber de mantener la supremacía de la Constitución (art. 31 de la Carta Magna) aplicando, en caso de colisión de normas, la de mayor rango, vale decir, la constitucional, desechando la de rango inferior (Fallos: 306:303, considerando 4° del voto de los jueces Fayt y Belluscio)” (cf.CSJN, “Banco Comercial de Finanzas (en liquidación Banco Central de la República Argentina) s/ quiebra”, Fallos 327:3117).

Ello así, dado que no es posible hacer primar las formas procesales frente al agravio constitucional, máxime cuando el proceso voluntario es justamente un proceso judicial iniciado a fin de que un juez declare la existencia de una determinada situación de hecho que no puede ser reconocida como tal sin previamente desaplicar una norma que evidentemente atenta contra el ordenamiento supremo del Estado democrático de derecho.

Sintetizando: la información sumaria es un proceso (voluntario/no contradictorio) que exige la intervención de un juez (por lo que no es un mero trámite administrativo) para reconocer una situación de hecho con arreglo al ordenamiento jurídico. Si en dicha intervención, el magistrado advierte que la situación no puede ser reconocida por un óbice de origen infraconstitucional que se aparta del bloque de constitucionalidad, siendo su misión más importante resguardar la supremacía de la Carta Fundamental, no puede más que, en dichas actuaciones y sin más trámites que aquéllos previstos procesalmente para esta clase de procesos (es decir, la citación fiscal), declarar inaplicables las normas inconstitucionales para, de esa forma, poder continuar el proceso -ahora sí, libres de impedimentos ilegítimos- declarando la acreditación de determinadas situaciones que se ajustan y respetan las normas supremas.

V. Expuesto lo anterior, resulta preciso recordar que la requirente pidió -en su presentación- la declaración de inconstitucionalidad del art. 8°, inc. a) de la ley 404, modificada por la ley 3933 y del art. 2, inc. a) del decreto n° 1624/2000.

Ahora bien, el mentado artículo reza: “Para inscribirse en la matrícula profesional deberán reunirse los siguientes requisitos: a) Ser argentino nativo o naturalizado con no menos de seis años de naturalización; b) Tener título de abogado expedido o revalidado por universidad nacional o legalmente habilitada.Podrá admitirse otro título expedido en igual forma siempre que su currículo abarque la totalidad de las materias y disciplinas análogas a las que se cursen en la carrera de abogacía de la Universidad de Buenos Aires; c) Acreditar, al momento de la matriculación, conducta y antecedentes intachables; d) Estar habilitado para el ejercicio de la función notarial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3º, último párrafo” (cf. texto Art. 1º de la Ley Nº 3.933).

Por su parte el art. 9° dispone que “Excepto lo previsto en su inciso d), los requisitos del artículo 8° deberán justificarse ante el juez competente en la Ciudad de Buenos Aires, con intervención fiscal del Colegio de Escribanos. Las resoluciones son apelables ante el Tribunal de Superintendencia”.

Por su parte, el art. 2° del decreto reglamentario n° 1624/2000 establece que “Las exigencias que determinan los tres primeros incisos del artículo 8° de la Ley N° 404, deberán ser justificadas por el procedimiento establecido en el artículo 9° de la misma, mediante: a) partida de nacimiento o carta de ciudadanía, en su caso; b) el respectivo diploma emitido por universidad nacional o debidamente habilitada en la forma de ley; c) certificado policial de buena conducta y declaración testimonial de dos o más personas que refieran su comportamiento durante los últimos 5 años.A opción del peticionante ambos requisitos podrán suplirse mediante acta de notoriedad que recoja la declaración testimonial de dos o más escribanos de la demarcación en igual sentido; d) certificado expedido por el Colegio de Escribanos que acredite en qué examen de evaluación obtuvo el puntaje mínimo requerido por la ley o ganado el concurso previsto para cubrir el cargo que pretenda; e) certificado expedido por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuyo informe deberá ser considerado a los fines del inciso h) del artículo 16 de la Ley N° 404; f) certificado expedido por el Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del que resulte la inexistencia de cualesquiera de las causales determinadas en el artículo 16 de la Ley N° 404; g) certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencia a los fines de verificar los impedimentos del artículo 16, incisos e) y g) de la Ley N° 404”.

VI. De las normas transcriptas precedentemente se infiere, en primer término, que la propia ley establece la información sumaria como procedimiento adecuado para acreditar los requisitos necesarios para acceder a la matriculación. En efecto, el citado art. 9° impone que -con excepción del inc. d) del art. 8° (esto es, “Estar habilitado para el ejercicio de la función notarial”)-, los requisitos “deberán justificarse” ante la justicia local con intervención del Colegio de Escribanos.

Si tenemos en cuenta que la información sumaria -tal como se adelantara- es la vía idónea para que se declare una situación de hecho e integre o reconozca eficacia a ciertas situaciones jurídicas particulares que sólo se refieren o afectan al requirente, o más sintéticamente, se limita a tener por acreditados -a partir de la prueba presentada- los dichos del peticionante; la afirmación precedente se muestra no sólo razonable sino evidente.

VII.A la conclusión precedente, debe añadirse, por un lado, que la decisión que se adopte en sede judicial respecto a la acreditación de las exigencias para obtener la matriculación como escribano, debe ser adoptada en forma posterior a la intervención que el ordenamiento jurídico citado reconoce al Colegio de Escribanos (“con intervención fiscal”) como instancia previa y necesaria a la decisión, máxime si se tiene en cuenta que a criterio de la Corte la declaración de inconstitucionalidad de oficio no constituye “.menoscabo del derecho de defensa de las partes, pues si así fuese debería, también, descalificarse toda aplicación de oficio de cualquier norma legal no invocada por ellas so pretexto de no haber podido los interesados expedirse sobre su aplicación al caso (confr. fallo precedentemente citado, considerando 5°, Fallos: 324:3219 voto del juez Boggiano, considerandos 11, 13 y 14 y del juez Vázquez, considerandos 15, 16 17 y 19)” -cf. CSJN, “Banco Comercial de Finanzas (en liquidación Banco Central de la República Argentina) s/ quiebra” (fallos 327:3117)-.

Sobre el particular, se advierte además que el citado Colegio -cuando se le dio intervención en los términos del art. 9° de la ley 404- sostuvo que la solicitante no acreditaba (en términos exclusivamente formales) los años de naturalizada que exige el inc. a) del art. 8°.

VIII. Expuesto lo anterior, cabe adentrarse a analizar el único requisito que estaría impidiendo a la solicitante acceder a la matriculación como escribana: la exigencia de seis años en la naturalización como argentina.

A tal fin, es necesario recordar que el art. 16, CN, garantiza la igualdad ante la ley de todos sus habitantes y la admisibilidad en los empleos “sin otra condición que la idoneidad”.

Además, el art. 20 de la Ley Suprema reconoce que “Los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano; pueden ejercer industria, comercio y profesión. No están obligados a admitir la ciudadanía.Obtienen nacionalización residiendo dos años continuos en la Nación; pero la autoridad puede acotar este término a favor del que lo solicite, alegando y probando servicios a la República”.

Las normas transcriptas permiten confirmar que, en nuestro país y en lo que se refiere a los derechos civiles (dentro del cual se enmarca el derecho a trabajar y, en particular, a ejercer una profesión), los extranjeros están equiparados plenamente a los nativos por imperio constitucional.

Así lo señaló la CSJN en el precedente “Repetto”, al decir que toda discriminación normativa que establezca distinciones entre unos y otros en dicha materia atenta contra el mentado art. 20. Más aún, sostuvo que “Si bien es cierto que la Constitución no consagra derechos absolutos, y que los consagrados en ella deben ser ejercidos conforme las leyes que los reglamentan., esa reglamentación, en lo que hace a los derechos civiles, no puede ser dictada discriminando entre argentinos y extranjeros, pues entonces no constituiría un ejercicio legítimo de la facultad reglamentaria porque estaría en pugna con otra norma de igual rango que la reglamentada, y no puede constituir criterio interpretativo válido el de anular una normas constitucionales por aplicación de otras, sino que debe analizarse el conjunto como un todo armónico, dentro del cual cada disposición ha de interpretarse de acuerdo con el contenido de las demás.” (voto de los ministros Petracchi y Bacqué).

En el caso “Vadell”, la Corte afirmó que el ejercicio de la profesión de escribano no reviste las características de una relación de empleo público (a pesar de que, en ejercicio de su función de fedatario, cumple una función pública) y lo definió “como un profesional del derecho afectado a una actividad privada, pero con atributos que en parte lo equiparan a la gestión pública, cuyos actos, vinculados al comercio jurídico privado, dan fe de esas relaciones privadas y no expresan la voluntad del Estado como éste normalmente la exterioriza a través de sus órganos”.

Si bien esasafirmaciones eximirían de analizar si el recaudo de antigüedad en el ejercicio de la ciudadanía es requisito de la idoneidad para el desempeño en un cargo público (pues el ejercicio de la escribanía no es tal), a fin de resolver la cuestión en términos completos, cabe recordar que, en el precedente “Gottschau” (entre otros, vgr. “Calvo”, “Hooft”), la Corte Suprema manifestó que cuando se refiere al empleo público el art. 20 de la CN no resulta aplicable, en tanto no se halla en juego ningún derecho civil. Remarcó que el artículo que rige la cuestión es el art. 16, CN, que no reconoce una equiparación rígida como el mentado art. 20, sino que impone un principio genérico (el de igualdad de todos los habitantes) que no inhibe la posibilidad establecer diferencias legítimas.

En este supuesto, conforme los términos del Supremo Tribunal, se “admite gradaciones, las preciaciones de más o de menos, el balance y la ponderación. Todo ello en tanto no se altere lo central del principio que consagra: la igualdad entre nacionales y extranjeros, todos ellos ‘habitantes de la Nación’”. De allí que fuera necesario efectuar un test de razonabilidad del requisito de nacionalidad argentina impuesta por la ley local, máxime cuando dicha categoría (el origen nacional) es considerada sospechosa de discriminación y portadora de una presunción de inconstitucionalidad.

La única forma de mantener dicha distinción (entre nativos y extranjeros) sería demostrando cabalmente, por una parte, los fines superiores (es decir, sustanciales y no de mera conveniencia) que -con dicha diferenciación- se pretenden resguardar y, por la otra, que esa forma es el único medio para lograr la protección (es decir, la ausencia de otras alternativas menos restrictivas y dañosas). De ello surge evidente que el criterio de ponderación, en casos como el de autos, es agravado y severo.

IX.Aplicando tal doctrina al caso de autos, se observa que al Colegio de Escribanos -que ha sido llamado a intervenir en esta información sumaria por imperio de la ley orgánica notarial (que impone su intervención fiscal -art. 9-)- invocó la literalidad de la norma sin argumentar si existían fines sustanciales, propios del ejercicio de la profesión privada de escribano, que obligaron a que sólo un nativo o un naturalizado con seis años de antiguëdad pueden desempeñar tal trabajo; así como, señalar los motivos por los que la doctrina sentada por la CSJN (frente a circunstancias análagas a la de este proceso) no resultaba aplicable a la especie.

La ausencia de argumentación refuerza en el caso el carácter sospechoso del desigual trato previsto en la norma

X. No debe perderse de vista que la requirente nació en el año 1973 (ver fs. 7), en España. Tal como surge de la prueba anejada a fs. 21, desde el año 1982 (es decir, desde la edad de 9 años), reside en este país. Ha cursado sus estudios primarios, secundarios y universitarios en Argentina (cf. fs. 22/31 y 13), y, además, aprobó el examen para ser escribana. Contrajo matrimonio con un nativo (fs. 48) y tiene dos hijas nacidas en esta Nación (fs. 49). Cuenta con, al menos, un bien de su p ropiedad en estas tierras (fs. 50/2). Ha desarrollado su actividad laboral y profesional en este territorio por más de veintidós años (fs. 27/45). Su legal proceder como ciudadana está acreditado a través de fs.14/15 (acta de notoriedad); 17 (certificado que acredita no ser deudora alimentaria) y 20 (certificado donde consta que no registra de antecedentes penales).

Toda la prueba mencionada evidencia de manera sustancial que la peticionante ha desarrollado y arraigado su vida en este territorio argentino, le ha brindado dos hijos a esta Nación, ha contribuido a su desarrollo a partir de su trabajo personal, ha fijado aquí su domicilio demostrando su anhelo de permanecer y ser argentina a través de tales actos. Ello, no obstante también haber realizado el trámite formal necesario para la obtención de la ciudadanía (que valga señalarlo actuación cuyo inicio se remonta al año 2010 -ver fs. 11). Asimismo, cabe observar que si se rechazara este proceso y se la obligara a iniciar uno nuevo alcanzaría los años que la reglamentación exige en materia de ciudadanía.

XI. Además, corresponde recordar que la ley 404 define, en su art.20, las siguientes “funciones notariales, de competencia privativa de los escribanos de registro, a requerimiento de parte o, en su caso, por orden judicial:

Recibir, interpretar y, previo asesoramiento sobre el alcance y efectos jurídicos del acto, dar forma legal y conferir autenticidad a las declaraciones de voluntad y de verdad de quienes rogaren su instrumentación pública.

Comprobar, fijar y autenticar el acaecimiento de hechos, existencia de cosas o contenido de documentos percibidos sensorialmente que sirvieren o pudieren servir para fundar una pretensión en derecho, en tanto no fueren de competencia exclusiva de otros funcionarios públicos instituidos al efecto.

Fijar declaraciones sobre notoriedad de hechos y tenerla por comprobada a su juicio, previa ejecución de los actos, trámites o diligencias que estimare necesarios para obtener ese resultado.

Redactar y extender documentos que contengan declaraciones de particulares y expresiones del escribano autorizante, con forma de escrituras públicas, actas, copias testimoniadas o simples, certificados y documentos protocolares o extraprotocolares que tengan el carácter de instrumento público conforme las disposiciones del Código Civil, esta ley u otras que se dictaren.

Legitimar por acta de notoriedad hechos o circunstancias cuya comprobación pueda realizarse sin oposición de persona interesada, en procedimiento no litigioso. Sin perjuicio de lo que dispusieren específicamente leyes sobre la materia, serán de aplicación supletoria, en lo pertinente, las normas del Código Procesal”.

A su vez, el art.21, establece que “En ejercicio de tal competencia, los escribanos de registro pueden:

Certificar firmas o impresiones digitales puestas en su presencia por personas debidamente identificadas coetáneamente al requerimiento y legitimar la actuación del firmante cuando ello fuere requerido u obligatorio.

Expedir copias autenticadas, totales o parciales y autorizar testimonios por exhibición o en relación.

Expedir certificados sobre:

Existencia de personas, cosas o documentos.

Asientos de libros de actas, de correspondencia u otros registros, pertenecientes a personas jurídicas o físicas.

La remisión de correspondencia y documentos por correo, tomando a su cargo la diligencia de despacharlos.

La recepción de depósitos de dinero, valores, documentos y otras cosas.

El alcance de representaciones y poderes.

La autenticidad de fotografías, reproducciones o representaciones de imágenes, personas, cosas o documentos que individualice.

La vigencia y contenido de disposiciones legales.

Documentos que se hallen en trámite de otorgamiento o de inscripción.

Contenido de expedientes judiciales.

Labrar actas de sorteo, de reuniones de comisiones, asambleas o actos similares; de protesta, de reserva de derechos, de presencia, de notificación, de requerimiento, de comprobación de hechos, de notoriedad o de protocolización.

Exigir la presentación o entrega de toda la documentación necesaria para el acto a instrumentar.

Extender, a requerimiento de parte interesada o por mandato judicial, reproducciones totales o parciales o copias simples y extractos de las escrituras otorgadas o traslados de sus agregados, cuando el protocolo en el que se hallen insertas se encontrare a su cargo.

Certificar el estado de trámite de otorgamiento de todo tipo de documentos cuya confección le hubiere sido encomendada, así como, en su caso, el de la pertinente inscripción.

Realizar inventarios u otras diligencias encomendadas por autoridades judiciales, o administrativas, que no estuvieren asignadas en forma exclusiva a otros funcionarios públicos”.

Además, el art.22, dispone que “El ejercicio de la profesión de escribano comprende, además, las siguientes actividades:

El asesoramiento y la emisión de dictámenes orales o escritos en lo relativo a cuestiones jurídico notariales en general.

La redacción de documentos de toda índole, cuando el ordenamiento legal no le impusiere forma pública.

La relación y el estudio de antecedentes de dominio u otras legitimaciones.

Las demás atribuciones que otras leyes le confirieren”.

También, admite (art. 23) que “Los escribanos están facultados para realizar ante los jueces de cualquier fuero y jurisdicción, así como ante los organismos estatales, nacionales, provinciales o municipales o de la Ciudad de Buenos Aires, todas las gestiones y trámites necesarios para el cumplimiento de sus funciones e, incluso, las de inscripción en los registros públicos de los documentos otorgados ante ellos y de los autorizados fuera de su distrito. Podrán examinar y retirar, mediante autorización judicial, expedientes judiciales o administrativos. Los funcionarios, oficiales yempleados públicos deberán prestar la colaboración que los escribanos les requieran en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes que les incumben”.

XII. De la transcripción normativa efectuada en el considerando anterior, se desprende claramente que ninguna de las funciones o competencias legalmente reconocidas a los escribanos en ejercicio de su profesión liberal, amerita exigir una antigüedad de seis años en el ejercicio de la ciudadanía; motivo por el que dicha imposición se muestra contraria a los arts. 16 y 20, CN, y, en consecuencia, inaplicable respecto de la solicitante de la presente información sumaria.

En síntesis, la declaración de inconstitucionalidad de la exigencia impuesta respecto de la antigüedad de la naturalización se manifiesta como la única solución posible para resguardar acabadamente los derechos constitucionales en juego. No existe otra posibilidad de una solución adecuada y justa de este trámite por otras razones que las constitucionales comprendidas en la causa (cf. CSJN, causa “Mill de Pereyra”, consid. 10).

XII.A más de lo expuesto, es dable recordar que la Corte reconoció que la información sumaria tendiente a justificar la “verdadera nacionalidad de una persona” constituía el trámite adecuado aún cuando fuera promovida con el fin de solicitar la carta de ciudadanía argentina (conf. Corte Suprema in re “Sobetay, David D.”, publicada en Fallos: 188:244); máxime cuando la reclamante ha demostrado, en palabras del maestro Lino E. Palacio, un interés concreto y una finalidad particular -obtener la matrícula de escribana)-(cf. Palacio, Lino E., “Derecho Procesal Civil”, t. VIII, nº 1370, p. 382/383).

Es decir, si este proceso es factible cuando se pretende demostrar la nacionalidad a los fines de reclamar la ciudadanía, es coherente sostener que también es factible para que se verifique que la calidad sustancial (no formal) de ciudadana excede en mucho el plazo de 6 años que exige el ordenamiento legal que rige la profesión de escribanos.

XIII. Amén de la solución arribada y aún cuando exceda de lo necesario para el dictado de este fallo, es preciso poner énfasis en el concepto de “ciudadanía por naturalización”; pero, para ello, es imperativo previamente definir el término “nacionalidad”.

Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos -en el caso de las Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana (sentencia del 23/11/2006)- “la nacionalidad es la expresión jurídica de un hecho social de conexión de un individuo con un Estado. La nacionalidad es un derecho fundamental de la persona humana que está consagrado en la Convención Americana, así como en otros instrumentos internacionales, y es inderogable de conformidad con el artículo 27 de la Convención” (párr. 136). Es el “vínculo jurídico político que liga una persona a un Estado determinado, permite que el individuo adquiera y ejerza los derechos y responsabilidades propias de la pertenencia a una comunidad política. Como tal, la nacionalidad es un prerrequisito para el ejercicio de determinados derechos” (párr.137). Asimismo, señaló que “[l]a nacionalidad, conforme se acepta mayoritariamente, debe ser considerada como un estado natural del ser humano. Tal estado es no sólo el fundamento mismo de su capacidad política sino también de parte de su capacidad civil. De allí que, no obstante que tradicionalmente se ha aceptado que la determinación y regulación de la nacionalidad son competencia de cada Estado, la evolución cumplida en esta materia nos demuestra que el derecho internacional impone ciertos límites a la discrecionalidad de los Estados y que, en su estado actual, en la reglamentación de la nacionalidad no sólo concurren competencias de los Estados sino también las exigencias de la protección integral de los derechos humanos. [.] En efecto, de la perspectiva doctrinaria clásica en que la nacionalidad se podía concebir como un atributo que el Estado otorgaba a sus súbditos, se va evolucionando hacia un concepto de nacionalidad en que, junto al de ser competencia del Estado, reviste el carácter de un derecho de la persona humana” (párr. 138 ) -énfasis añadido-.

El fallo transcripto, en el párrafo 139, afirma que “La Convención Americana recoge el derecho a la nacionalidad en un doble aspecto:el derecho a tener una nacionalidad desde la perspectiva de dotar al individuo de un mínimo de amparo jurídico en el conjunto de relaciones, al establecer su vinculación con un Estado determinado, y el de proteger al individuo contra la privación de su nacionalidad en forma arbitraria, porque de ese modo se le estaría privando de la totalidad de sus derechos políticos y de aquellos derechos civiles que se sustentan en la nacionalidad del individuo”.

Dado el reconocimiento de la trascedencia de la nacionalidad, la sentencia de la Corte Interamericana destaca que “el principio de derecho imperativo de protección igualitaria y efectiva de la ley y no discriminación determina que los Estados, al regular los mecanismos de otorgamiento de la nacionalidad, deben abstenerse de producir regulaciones discriminatorias o que tengan efectos discriminatorios en los diferentes grupos de una población al momento de ejercer sus derechos. Además, los Estados deben combatir las prácticas discriminatorias en todos sus niveles, en especial en los órganos públicos, y finalmente debe adoptar las medidas afirmativas necesarias para asegurar una efectiva igualdad ante la ley de todas las personas” (párr. 141).

XIV. En efecto, se encuentra en juego el principio constitucional de igualdad ante la ley y su correlato necesario, esto es, la prohibición de discriminación que, en palabras de la Corte, “resultan elementos estructurales del orden jurídico constitucional argentino e internacional” (CSJN, “Sisnero, Mirtha Graciela y otros c/ Taldelva SRL y otros s/amparo” , 20/05/2014).

La igualdad no impone necesariamente la imposibilidad de regular de manera diferente situaciones de hecho, sino la de basar tales distinciones en argumentos arbitrarios, es decir, en justificaciones no objetivas. Por ello, el principio de igualdad puede ser traducido como “el derecho de todos a que no se establezcan privilegios o excepciones que excluyan a unos de lo que se le concede a otros en igualdad de circunstancias” (CSJN, Fallos 312:826).

Es en el marco anterior que cobran vigencia las llamadas “categorías sospechosas” que, a modo enunciativo detalla la ley antidiscriminación n° 23.592, en su art.1°, a saber “raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos”. Tales categorías, en principio, no pueden ser invocadas para establecer distinciones entre las personas.

Es dable señalar que tales categorías no son taxativas, es decir, pueden ser ampliadas conforme el avance internacional y nacional de la protección de los derechos humanos y de los contextos históricos, políticos, económicos, sociales y culturales dentro de los cuales corresponden que sean analizadas (cf. Saldivia, Laura, “Categorías sospechosas, flexibles y contextuales”, en La Constitución en 2020, 48 propuestas para una sociedad igualitaria, Gargarella, Roberto (coordinador), Siglo veintiuno editores, Bs. As., Argentina, 2011, pág. 36 y ss.).

Como consecuencia de lo anterior, cabe afirmar que la materia que nos ocupa reviste una evidente complejidad. La discriminación puede originarse directamente en la ley si es que ésta -basada en algún criterio de distinción “sospechoso” (aunque no sea uno de los expresamente mencionados)- establece distinciones arbitrarias frente a situaciones análogas (en tal caso, la norma deberá reputarse inconstitucional) o puede derivar de una interpretación tan formal de la ley que -en lugar de analizar los hechos a la luz de los fines perseguidos por la norma- haga imperar sólo su texto sin permitirse indagar acerca de la teleología del precepto. En este caso, puede suceder que la norma no sea en sí misma inconstitucional (por discriminatoria) sino que su aplicación literal, es decir, formal y no sustancial, dé lugar a situaciones discriminatorias irrazonables.También puede ocurrir que tanto la letra de la ley como la interpretación que se haga de la misma conduzca a la configuración de una desigualdad inaceptable.

Lo dificultoso de la tarea (que recae en todos los operados jurídicos), se desprende asimismo de la obligación de -en cada caso particular- “averiguar cuándo hay situaciones equivalentes, cuándo discriminación objetiva o arbitraria, y hasta qué punto no lesionan la cláusula constitucional de igualdad las discriminaciones hechas mediante diversas interpretaciones o aplicaciones -no provenientes directamente de la ley-” (Sagüés, Néstor, Elementos de Derecho Constitucional, T.2, Ed. Astrea, 3° ed. Actualizada y ampliada, Bs. As, 2001, pág. 540)

No obstante lo anterior, la misión encomendada constitucionalmente a los jueces de velar por el imperio de la Carta Fundamental prima sobre cualquier complejidad que pueda constituir el control de constitucionalidad así como su ejercicio en cualquier tipo de proceso.

XV. A partir de lo anterior, cabe analizar el concepto de “ciudadanía por naturalización”, toda vez que el extranjero que decide naturalizarse en este país, no persigue otra cosa que la adquisición de la “nacionalidad” argentina, es decir, afirmar su vínculo jurídico político con el Estado Argentino, que le permita desarrollar su propio plan de vida (en ejercicio de su autonomía individual) en esta Nación a través no sólo del ejercicio de su capacidad política sino también de su capacidad civil.

Ahora bien, a tal fin, cabe recordar que, conforme surge de la ley de ciudadanía (n° 346), más precisamente del título II “De los ciudadanos por naturalización”- acceden a dicho estatus:”1°. Los extranjeros mayores de 18 años, que residiesen en la República dos años continuos y manifestasen ante los jueces federales de sección su voluntad de serlo; 2°. Los extranjeros que acrediten dichos jueces por haber prestado, cualquiera que sea el tiempo de residencia, algunos de los servicios siguientes:. 7°. Haberse casado con mujer argentina en cualquiera de las Provincias”.

Además, el título III “Procedimientos y requisitos para adquirir la Carta de Ciudadanía”, dispone -en su art. 6°- que “Los extranjeros que hubiesen cumplido las condiciones de que hablan los artículos anteriores, obtendrán la carta de naturalización que le será otorgada por el Juez Federal de Sección ante quien la hubiesen solicitado”.

Los requisitos exigidos en la citada ley, en particular, los dos años continuos de residencia, tienen por finalidad acreditar, en palabras de la Corte Suprema, que el pedido de ciudadanía responde a una leal voluntad de arraigo y subordinación a los principios rectores de la vida nacional, que habilite para invocar la garantía constitucional de permanecer en el territorio (cf. CSJN, “Ni, I-Shing s/ carta de ciudadanía”, 23/06/2009, T. 332, P. 1466). Más aún, nótese que el recaudo de la antigüedad en la residencia no es absoluto y definitivo pues puede ser flexibilizado si se dan algunas de las condiciones que la norma enuncia a continuación (vgr. haber contraido matrimonio con un nativo).

Lo anteriormente expuesto permite afirmar que quien pretende obtener la ciudadanía debe demostrar el vínculo que ha logrado con el país donde pretende instalarse, hecho que se evidencia a través de múltiples factores, por ejemplo, el matrimonio con un nacional, la adquisición del idioma, el haber tenido hijos en el país y proceder a educarlos respetando la lengua de nacimiento y los usos de esta tierra, haber establecido una residencia fija y prolongada en este territorio, la participación en la vida política argentina, el ejercicio pleno de una profesión, el respeto por las costumbres locales, entre muchas más.Estas circunstancias permiten comprobar -más allá de cualquier trámite formal- el anhelo de ser argentino, es decir, de pertenecer a este país y desarrollar su propio plan de vida como cualquier argentino nativo.

XVI. Aplicando las pautas precedentes al caso de autos, debe ponerse de resalto que la requirente nació en el año 1973 (ver fs. 7), en España. Tal como surge de la prueba anejada a fs. 21, desde el año 1982 (es decir, desde la edad de 9 años), reside en este país. Ha cursado sus estudios primarios, secundarios y universitarios en Argentina (cf. fs. 22/31 y 13). Contrajo matrimonio con un nativo (fs. 48) y tiene dos hijas nacidas en esta Nación (fs. 49). Cuenta con, al menos, un bien de su propiedad en estas tierras (fs. 50/2). Ha desarrollado su actividad laboral y profesional en este territorio por más de veintidós años (fs. 27/45). Su legal proceder como ciudadana está acreditado a través de fs. 14/15 (acta de notoriedad); 17 (certificado que acredita no ser deudora alimentaria) y 20 (certificado donde consta que no registra de antecedentes penales).

Toda la prueba mencionada evidencia de manera sustancial que la peticionante ha desarrollado y arraigado su vida en este territorio argentino, le ha brindado dos hijos a esta Nación, ha contribuido a su desarrollo a partir de su trabajo personal, ha fijado aquí su domicilio demostrando su anhelo de permanecer y ser argentina a través de tales actos. Ello, no obstante también haber realizado el trámite formal necesario para la obtención de la ciudadanía (que valga señalarlo actuación cuyo inicio se remonta al año 2010 -ver fs. 11).

XVII.A esta altura del desarrollo y a modo de síntesis, cabe afirmar que la decisión a la que este fallo arriba, tiene por sustento:

a) toda la prueba reseñada ut supra y la certeza que emerge de su análisis en relación a que la peticionante -más allá de los trámites formales- ha afincado sus raíces en este país.

b) la teleología del concepto de nacionalidad y de ciudadanía por naturalización, que exceden en mucho la simple realización de un trámite administrativo cuando las circunstancias fácticas acreditan -de manera acabada- que se cumple con los recaudos para ser considerado ciudadano argentino.

c) la jurisprudencia internacional que obliga al Estado -con sustento en el derecho imperativo de protección igualitaria- a abstenerse de producir regulaciones que produzcan efectos discriminatorios;

d) las pautas que emergen de la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación en materia de nacionalidad y acceso al trabajo.

e) las características propias de las funciones y competencias que asume un escribano en el ejercicio de su profesión liberal que no justifican apartarse de todas las circunstancias descriptas en los puntos anteriores.

XVIII. A partir de lo anterior, es que debe concluirse que la exigencia prevista en el art. 8, inc. a) del citado ordenamiento legal (que constituyó el solitario obstáculo para que sea matriculada por el Colegio de Escribanos) no resulta aplicable a la peticionante pues su imputación literal importa avalar una discriminación (entre nativos, por un lado, y extranjeros que cumplen con los requisitos sustanciales para ser considerados argentinos, por el otro) que atenta contra el principio constitucional de igualdad.

En consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso de apelación deducido; declarar la inconstitucionalidad del inc. a) de la ley 404, modificada por la ley 3933, y del inc. a) del art. 2° del decreto n° 1624/2000 (en cuanto exige carta de ciudadanía) y, en consecuencia, tener por cumplidos los requisitos que establece la Ley Orgánica Notarial (n° 404)

DISIDENCIA DE LA JUEZ MARIANA DIAZ:

I.La señora Verónica Martín y Mata dedujo la presente información sumaria con el objeto de inscribirse en la matrícula profesional de escribano, a cargo del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, de conformidad con lo prescripto con los arts. 3, 7, 8 y 9 de la Ley Orgánica Notarial N° 404 y 1°, 2° y 3° del decreto reglamentario n° 1624/00. En dicho marco, solicitó que se declare la inconstitucionalidad y, en consecuencia, la inaplicabilidad, a su caso, del art. 8, inc. a) de la ley 404, modificada por ley 3933; y del art. 2, inc. a) del decreto n° 1624/2000. Señaló que el citado Colegio rechazó su matriculación por no contar con los seis años de ciudadanía que exige el ordenamiento jurídico vigente en la materia.

A fs. 84/6, la señora jueza de primera instancia rechazó la presente información sumaria. Para así decidir, indicó que, de la prueba documental acompañada, “se desprende que efectivamente la requirente no acredita el cumplimiento del recaudo exigido por el art. 8 inc. a) de la Ley 404. siendo la actora argentina naturalizada no han transcurrido seis años desde que se le otorgó la nacionalidad”, esto es, 13/02/2012.

Observó que si bien dicha circunstancia surge del propio documento nacional de identidad sin que fuera advertido al momento de la inscripción; de todos modos, la actora no puede alegar su propia ignorancia.Agregó, la a quo que “por no haber impugnado la normativa referenciada en forma previa, se colige que en forma voluntaria ha querido infringir lo dispuesto por la Ley 404”.

A tales fundamentos, la magistrada de la instancia anterior añadió que la información sumaria no era la vía procesal idónea para ventilar un planteo de inconstitucionalidad como el efectuado por la peticionante, toda vez que tal atribución fue calificada como la más delicada de las funciones que puede concederse a un tribunal de justicia y constituye la ultima ratio del ordenamiento jurídico; de allí que sea preciso garantizar el derecho de defensa y la bilateralidad, circunstancias que exceden el trámite propio de la información sumaria; ello, más allá de la suerte que tenga el planteo en el marco de una vía procesal adecuada.

Concluyó que los precedentes invocados se adoptaron en procesos absolutamente diferentes a la naturaleza del presente.

Esta decisión dio lugar a la apelación deducida por la peticionante, recurso que motiva la intervención de esta Alzada.

II. El art. 9° de la ley 404 (Ley Orgánica Notarial) dispone: “Excepto lo previsto en su inciso d), los requisitos del artículo 8° deberán justificarse ante el juez competente en la Ciudad de Buenos Aires, con intervención fiscal del Colegio de Escribanos. Las resoluciones son apelables ante el Tribunal de Superintendencia”.

III. Ahora bien, cabe advertir que la presente información sumaria ha sido tramitada conforme los términos del citado art. 9.

En consecuencia, frente al recurso de apelación deducido por la peticionante contra la decisión de la a quo que rechazó el presente trámite, corresponde que sea el Tribunal de Superintendencia quien resuelva tales planteos.

IV. Ello así, corresponde declarar la incompetencia de esta Alzada y ordenar la remisión de las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad.

Por todo lo expuesto y oído el Ministerio Público Fiscal, el Tribunal, por mayoría, RESUELVE: Hacer lugar al recurso de apelación deducido; declarar la inconstitucionalidad del inc. a) de la ley 404, modificada por la ley 3933, y del inc. a) del art. 2° del decreto n° 1624/2000 (en cuanto exige carta de ciudadanía) y, en consecuencia, tener por cumplidos los requisitos que establece la Ley Orgánica Notarial (n° 404).

Regístrese. Notifíquese al Ministerio Público Fiscal en su despacho y a la recurrente y al Colegio de Escribanos de la Capital Federal por Secretaría. Oportunamente, devuélvase.

Magistrados:

Dr. Carlos F. Balbín;

Dra. Fabiana Schafrik;

Dra. Mariana Díaz.

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