Culpa concurrente del motociclista fallecido al sobrepasar a un vehículo en una curva con doble línea amarilla, invadiendo el carril contrario.

shutterstock_41462359Partes: Vega María Elena c/ Rivarola Osvaldo Roque y otros s/ ordinario – daños y perjuicios – recuros de casación

Tribunal: Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba

Fecha: 1-jul-2014

Cita: MJ-JU-M-89150-AR | MJJ89150 | MJJ89150

Culpa concurrente del motociclista fallecido al sobrepasar a un vehículo en una curva con doble línea amarilla, invadiendo el carril contrario.

Sumario:

1.-Corresponde anular lo decidido en orden al porcentual de incidencia causal de la responsabilidad de los demandados, pues no obstante la correspondencia con el juicio del Sr. Juez inferior en aspectos tan capitales como la antijuridicidad de la conducta de quien iba al mando del camión y su concurrencia causal en el acaecimiento del accidente en el que perdiera la vida el hijo de la casacionista, no se ha plasmado en la sentencia atacada el íter racional transitado para arribar a una conclusión de la que se derive la merma en el porcentaje por el cual se responsabiliza a los accionados.

2.-Existió un obrar antijurídico del conductor del camión al circular a una velocidad que no permitió su detención total, provocando una frustrada maniobra de esquive del micro bus ya inmovilizado, accionar que se erigió en condición necesaria para el siniestro, desde que generó la necesidad del intento de sobrepaso de la víctima.

3.-Ni la brusquedad de las maniobras de salida a la banquina y reingreso a la ruta, ni la comprobación de la infracción derivada del remolque de otro vehículo han sido determinantes para el acaecimiento del accidente, careciendo tales extremos de incidencia causal, ya que la que provocó el impacto fue la motocicleta de la víctima que invadió el carril contrario en una curva con doble línea amarilla.

4.-La circunstancia de circular el codemandado remolcando la carrocería de otro vehículo no ha sido omitida en la ponderación de la Cámara interviniente, ya que ha sido expresamente tenida en cuenta por el Tribunal, aunque sin asignarle una relevancia dirimente a los efectos de la asignación de responsabilidad.

5.-La inteligencia de las normas sustanciales que regulan la responsabilidad civil propuesta por el Tribunal de Grado no es revisable en casación por la causal recursiva contemplada en el inciso 1º del art. 383 del C. de P.C.A, de lo que se deriva la falta de idoneidad del reproche para habilitar la instancia.

Fallo:

En la ciudad de Córdoba, a los 01 días del mes de julio de dos mil catorce, siendo las 10.45 horas, se reúnen en audiencia pública, los Señores Vocales integrantes de la Sala Civil y Comercial del Tribunal Superior de Justicia, Doctores Armando Segundo Andruet (h), Carlos Francisco García Allocco y María Marta Caceres de Bollati, bajo la presidencia del primero, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados:”VEGA, MARIA ELENA C/ RIVAROLA, OSVALDO ROQUE Y OTROS – ORDINARIO – DAÑOS Y PERJUICIOS – RECURSO DE CASACIÓN – (EXPTE. V 09/13) – EXPTE. 479281″,procediendo en primer lugar a fijar las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente el recurso de casación articulado por la actora al amparo de la causal del art. 383 inc. 1° CPCC?

SEGUNDA CUESTIÓN: En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde?

Conforme al sorteo que en este acto se realiza, los Señores Vocales votan en el siguiente orden: Doctores Armando Segundo Andruet (h), Carlos Francisco García Allocco yMaría Marta Caceres de Bollati.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DOCTOR ARMANDO SEGUNDO ANDRUET (h), DIJO:

I. La actora, a través de su apoderada Dra. Silvia Liliana Velazquez, deduce recurso de casación en estos autos caratulados: “VEGA, MARIA ELENA C/ RIVAROLA, OSVALDO ROQUE Y OTROS – ORDINARIO – DAÑOS Y PERJUICIOS – RECURSO DE CASACIÓN – (EXPTE. V 09/13) – EXPTE. 479281”, en contra de la Sentencia Número diecisiete, dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Familia de Río Tercero con fecha 16 de Octubre de dos mil doce, invocando la causal contemplada en el inciso 1° del art. 383 CPCC.

En Sede de grado la impugnación se sustanció con traslado a la parte contraria, evacuándolo los codemandados Hugo Renato Luzzi y Rubén Enrique Belsun -por medio de sus apoderados, Dres. Fernando Caretó Loza y Mariano Gilardi- a fs. 1293/1297 y Gustavo Alberto Haedo -a través de su representante, Dr. David R. Bergagna- a fs.1300/1306.Mediante Auto Número sesenta y cinco, de fecha 8 de Mayo de dos mil trece, la Cámara a quo concedió el recurso articulado, por el motivo invocado.

Elevadas las actuaciones a esta Sede, dictado y firme el proveído de autos (fs. 1355 vta.) queda la causa en estado de ser resuelta.

II. Las objeciones presentadas en casación admiten el siguiente compendio:

En sustento de su censura, esgrime la casacionista que la sentencia ha sido dictada en violación a los principios de fundamentación lógica y legal.

Se refiere en primer término al porcentaje de responsabilidad atribuido a los Sres. Hugo R. Luzzi y Rubén Belsun, reproduciendo el fragmento pertinente de la resolución.

Afirma que, a pesar de coincidir la Cámara a quo con lo resuelto en primera instancia, no otorga fundamento alguno para minimizar la participación del conductor del camión en el siniestro, reduciéndola a tan sólo el diez por ciento.

Tacha al decisorio por infringir el principio lógico de tercero excluido. Concretamente, alude al reconocimiento de la Cámara a quo de la comisión por parte del conductor del camión de cuatro conductas antijurídicas, que determinaron el intento de esquive o sobrepaso del motociclista y la existencia de concausalidad, restando luego incidencia al actuar del Sr. Belsun, sin dar -según su visión- razón alguna o fundamento.-

Acusa la existencia de una desigualdad en el tratamiento de las responsabilidades que realiza la Cámara entre los sujetos que actuaron en el accidente, sin fundamento, y que no alcanza a romper la relación de causalidad que invoca.

Por otra parte, fustiga la resolución al haber omitido analizar el art.69 “Supuestos especiales de adelantamiento” de la legislación de tránsito aplicable, a favor del conductor de la motocicleta y en virtud del estado de necesidad frente a la conducción imprudente del camión.

Reitera que el conductor del camión cometió más infracciones de tránsito que el de la Pick Up Peugeot 504, pues se detuvo sobre la carpeta asfáltica, no guardó la velocidad y distancia requerida por la ley, ante la detención abrupta del micro ómnibus impactó al mismo, sin controlar el vehículo e invadiendo el carril contrario al intentar un sobrepaso frustrado.

Concluye que si al conductor de la Pick Up se lo responsabilizó en un 30%, no hay razón lógica para que el conductor y titular registral del camión Mercedes Benz tenga menor asignación de culpa; máxime -aclara- cuando su conducta fue activa.

Como segunda queja, se ocupa de lo resuelto en relación a la eximición de responsabilidad del Sr. Gustavo A. Haedo. También en este caso, considera comprometidos los principios de fundamentación legal y tercero excluido.

Específicamente, señala que en la sentencia se expresa que el conductor de la Ford Transit no vulneró ninguna norma de tránsito y luego se afirma que el Sr. Haedo violó la legislación vigente al remolcar un vehículo en ruta.

Según los términos del decisorio, considera que no queda claro si la ruptura del nexo de causalidad en la responsabilidad del Sr.Gustavo Haedo es totalmente por culpa de la víctima, o si lo es “en parte”. Afirma, en definitiva, que el fallo es contradictorio al expresar que “el nexo causal se ha visto fracturado en su totalidad por culpa de la víctima (en parte), y otro tanto, por la de terceros por quienes el nombrado no debe responder…”

Entiende a su vez que la Cámara a quo ha omitido valorar la pericia técnica oficial, al menospreciar el hecho del remolque por parte de la Ford Transit de la carrocería de un vehículo con una barra y cadenas en los extremos, es decir, sin estructura rígida. Con respecto a este punto, estima que el Tribunal se apartó, sin establecer un razonamiento lógico y legal, del argumento correcto del Sr. Juez de Primera instancia.

Asimismo, reputa que se ha prescindido del análisis de las maniobras bruscas realizadas por la Ford Transit hacia la derecha, bajando a la banquina y, luego, hacia su izquierda para retomar la ruta, sin frenar y violando las disposiciones legales del art. 40 inc. b) del Código de Tránsito Leyes 8560 y 9022.

Expresa que la apreciación de la Cámara a quo, que refiere que 68,5km/h es una velocidad escasa, es subjetiva, desde que para un vehículo de gran porte que lleva remolcado con barra la carrocería de otro, que baja a la banquina y vuelve a la ruta, tal kilometraje sí es una gran velocidad, por las circunstancias de modo y lugar. Insiste en la falta de aplicación del derecho vigente, según leyes provinciales 8560 y 9022.

Del mismo modo, considera omitida la disposición del art.1113 CC, pues se trata la Ford Transit de una cosa de riesgo y que a su vez, el conductor realizó maniobras sin dominio del vehículo y sin tener en cuenta los peligros propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito.

Alega que no se puede suprimir al 100% la responsabilidad del conductor del Ford Transit, pues la cosa riesgosa estuvo en el lugar del hecho y -sigue diciendo- con el accionar de su conductor aportó un hecho dirimente a que el siniestro ocurriera.-

Puede aceptar que la responsabilidad del Sr. Haedo resulte atenuada o disminuida por el hecho de la víctima, pero concibe que suprimirla totalmente resulta un exceso jurisdiccional que altera la paz social, por no estar acompañada de una argumentación jurídica suficientemente sólida y haberse omitido aplicar correctamente el marco legal.

Adita que la supuesta culpa de la víctima no alcanza a romper totalmente la responsabilidad surgida del art. 1113, 2do. párrafo del CC en relación a la Ford Transit, pues el accionar del conductor fue contrario a derecho.

A su juicio, la Cámara no argumenta por qué no valora la situación de emergencia de la víctima, en los términos del art. 69 de la Ley de Tránsito y su estado de necesidad, pero sí se ocupa de la del conductor de la Ford Transit.-

Tilda de contradictorio el razonamiento sentencial que concluye que el conductor de la Ford Transit recién pierde el dominio del vehículo tras el choque, pues -según la lectura de la casacionista- las constancias probatorias indican que la motocicleta estaba a una escasa distancia de la doble línea amarilla y, por ende, la Ford Transit se aproximó demasiado al centro de la ruta por la ingobernabilidad en todo su tren, sin poder conservar correctamente la derecha, como exige el Código de Tránsito.

Discute la aseveración de que los croquis de fs. 629 y 630 sean idénticos y no admitan las divergencias señaladas por el Sr. Juez de Primera instancia.Indica que el primero de los referenciados es el que se compadece con el resto de las probanzas y que el segundo contradice las constancias probatorias surgidas de Sede Penal, las fotografías reconocidas, las declaraciones de Tarquino y Piacentini e, incluso, a las del mismo perito oficial.

Esgrime que, de acuerdo a los principios de la lógica clásica, si el Sr. Córdoba está muerto por haber sufrido un impacto fatal en su tórax por una cosa riesgosa descontrolada en su circulación, su conductor es responsable, como mínimo, parcialmente de su deceso.

Asegura que el estado de necesidad de la víctima en el que se encontró al frenar abruptamente delante de él el camión, la obligó a intentar un adelantamiento, para evitar un mal mayor, cuestión que -acorde a la queja de la recurrente- no ha sido valorada por la Cámara a quo.-

Añade que la conducta del motociclista, que carece de una estructura contundente que lo proteja, es analizada por el Tribunal con total menosprecio y parcialidad, desconociendo la sana crítica racional y el curso normal y habitual de los acontecimientos.-

Declara que la Cámara debería haber distribuido con mayor equidad la responsabilidad, pues todas las conductas implicadas determinaron concatenadamente y en forma activa el resultado fatal del accidente.-

Su tercera queja atañe a la condena en costas por los recursos acogidos parcial y totalmente, al considerarla excesivamente onerosa.

Trae a colación como fundamento de su agravio su condición de madre que perdió a su hijo en un accidente en cadena, y estimó que la víctima pudo haber carecido de responsabilidad alguna, ante la emergencia y estado de necesidad en el que se encontró.

Solicita, en definitiva, se la exima de costas y se resuelva en consonancia con lo dispuesto en primera instancia, ya que el decisorio atacado resulta gravoso además de injusto.-

III.Así reseñado el embate, corresponde abocarse a su análisis.

Toda vez que el recurso sub júdice se proyectó en triple perspectiva, cuestionándose -por un lado- el porcentaje de responsabilidad atribuido a los codemandados Sres. Hugo R. Luzzi y Rubén Belsun, -por el otro- objetándose la eximición de responsabilidad decidida respecto del accionado Sr. Gustavo A. Haedo, y -finalmente- reprochándose lo resuelto en materia causídica, los principios de verificabilidad y racionalidad imponen un tratamiento separado de cada uno de tales segmentos de la pretensión impugnativa.

IV. El porcentaje de responsabilidad atribuido a los Sres. Hugo R. Luzzi y Rubén Belsun.

V.a. Según los términos reseñados supra, los vicios formales fundamentales que se enrostran a este acápite del pronunciamiento se dirigen a cuestionar el 10% de incidencia causal finalmente acordado a la participación del camión en el accidente en el que perdiera la vida el Sr. Juan Eduardo Córdoba.

Desde esta perspectiva, anticipo criterio en sentido coincidente al propugnado por la recurrente toda vez que -como se explicitará a continuación- la motivación dada en este segmento del fallo luce insuficiente.

IV. b.El principio de razón suficiente, desde su misma conformación lógica -en rigor- lo que dice es que todo juicio, para ser realmente verdadero, ha menester necesariamente de una razón suficiente; así en la magnífica conceptualización de A. Pfänder (Lógica; Bs. As., Espasa Calpe, 1945, pág. 263 y ss) y que rápidamente es enunciado como:”nada hay sin una razón suficiente”.

Conviene señalar, en lo que aquí corresponde, que en el orden del razonamiento judicial cuando se ha utilizado el nombrado principio, en realidad a lo que se está apuntando, es a señalar que cierto tipo de pronunciamientos -por caso los que conforman el genérico de las “resoluciones judiciales”-, deben contener las “razones” que sean capaces de abonar lo enunciado en el mismo juicio forense que en ellas se sostenga.

Dicha razón será suficiente, cuando baste por sí sola para servir de apoyo completo a lo enunciado en el juicio, por consiguiente, no haga falta nada más para que el juicio sea plenamente justificado (Romero, F.; Pucciarelli, E., Lógica, Bs. As., Espasa Calpe, 1945, pág. 34). En puridad hay que señalar, que el principio de razón suficiente no es la verdad del juicio, sino precisamente su fundamento; como que la verdad o la ontologicidad del mismo por una parte y la justificación de ello por otro; sólo son equivalentes en su validez, mas no son la misma cuestión. El principio de razón suficiente tiene como sentido propio declarar de un modo general qué es lo que necesita un juicio para que su pretensión de verdad no sea una pretensión vacía, sino completa.

IV.c. En el caso de autos, ambos Tribunales de Mérito han coincidido en que se produjo el obrar antijurídico del conductor del camión al circular a una velocidad que no permitió su detención total, provocando una frustrada maniobra de esquive del micro bus ya inmovilizado. Son contestes también en que dicho accionar se erigió en condición necesaria para el siniestro, desde que generó la necesidad del intento de sobrepaso de la víctima. En ambos casos, resultan relevantes las pruebas periciales rendidas y el reconocimiento del propio Sr. Belsún en Sede Penal.

Sin embargo, a pesar de explicitar la propia Cámara a quo su concordancia con la reconstrucción de lo acontecido efectuada por el Sr.Juez de Primera instancia y la valoración de la prueba recogida (en especial, lo dictaminado por el perito mecánico oficial), valorando en análogo sentido las fotografías existentes en la causa, en modo alguno deja sentadas las razones que motivan la sustancial modificación del porcentaje dispuesta.-

Obsérvese que, por una parte el Tribunal a quo expresa su acuerdo con la lectura del judex en reiteradas oportunidades, a saber: “En tal situación, coincido con el a quo que el Sr. Belsún, no respetó los límites de velocidad (art. 48 de la ley 9022) y la distancia y velocidad exigible a que elude el art. 49 del mismo ordenamiento” (fs. 1265); “Ante esta circunstancia, también coincido con el juez inferior que en este particular también ha existido una relación causal entre el hecho comprobado y el resultado dañoso, dado a que si el conductor del camión hubiere respetado la distancia y la velocidad con el colectivo, no hubiere impactado con el mismo, y por tanto, no se hubiere producido su detención brusca en la carpeta asfáltica del modo que expresáramos, por lo que a mi modo de ver el conductor de la motocicleta no se habría encontrado con esa detención imprevista del camión” (fs. 1265/1265 vta.); “De ahí que considero que ha existido concausalidad como concluye el a quo en la sentencia, con el riesgo o vicio de la cosa (camión) y la culpa de la víctima y del tercero Rivarola…” (fs. 1265 vta. /1266). (Los subrayados me pertenecen).

No obstante la correspondencia con el juicio del Sr.Juez inferior en aspectos tan capitales como la antijuridicidad de la conducta de quien iba al mando del camión y su concurrencia causal en el acaecimiento del accidente en el que perdiera la vida el hijo de la casacionista, no se ha plasmado en la sentencia atacada el íter racional transitado para arribar a una conclusión de la que se derive la merma en el porcentaje por el cual se responsabiliza a los demandados Luzzi y Belsun.

La única referencia sobre el punto en el decisorio bajo examen indica que: “…en este particular considero que la maniobra del camión no ha tenido la incidencia en el porcentaje atribuido por el a quo sino en uno menor, que considero en el diez por ciento (10%)…” (fs. 1266).

Lo lacónico de lo expuesto por el a quo basta para descalificar la fundamentación del fallo en lo que hace a la determinación del porcentaje de responsabilidad provocada por la actividad del camión.

Ello así, pues -tal como se ha explicitado- el Tribunal a quo ha elaborado su conclusión sin establecer una relación lógica y de suficiente razonabilidad entre las variables utilizadas para calibrar el grado de responsabilidad aludido. No ha explicado tampoco las razones que avalaban la reducción, ni desarrollado los motivos que justificaban acordar mayor responsabilidad en la emergencia a la conducta de la víctima.-

La ausencia de la debida respuesta al respecto ha privado a la recurrente del conocimiento de los motivos jurídicos por los que se acoge parcialmente la postura de los apelantes y se disminuye el porcentaje de responsabilidad asignado. Ello viola el precepto constitucional contenido en el art. 155 de la Constitución Provincial y su correlato en la ley formal, art.326 CPCC.

Lo expuesto no importa -de ninguna manera- desconocer que la distribución del grado de responsabilidad en el caso de culpas concurrentes constituye un ámbito en el que interviene fundamentalmente el prudente arbitrio de los Tribunales de mérito, de allí que -en principio- el cuestionamiento sobre el punto escaparía a la revisión casatoria.

Sin embargo, la particularidad apuntada no exime a los jueces del deber de expedirse al respecto y al hacerlo, están obligados a fundar lógica y legalmente su decisión (arts. 155 de la CP y 326 del CPCC).-

En su mérito, corresponde anular lo decidido en orden al porcentual de incidencia causal de la responsabilidad de los Sres. Hugo R. Luzzi y Ruben E. Belsún.

IV. d. Lo decidido torna abstracto el tratamiento del resto de los agravios traídos a esta instancia respecto del capítulo del pronunciamiento en estudio.-

V.La eximición respecto del codemandado Sr. Gustavo A. Haedo

V.a. Valiéndose de diversos argumentos, se queja la recurrente de la decisión de eximir -absolutamente- de responsabilidad civil al conductor del vehículo Ford Transit CCR 363.

Sin embargo, tal como se explicitará a continuación, un atento análisis de las constancias de la causa evidencia que los supuestos vicios de actividad enrostrados al pronunciamiento o bien no se configuran en la especie, o bien resultan irrevisables por el carril impugnativo propuesto.

Doy razones:

V.b. Violación al principio de tercero excluido

Considera la recurrente vulnerado el mentado principio al afirmar la Cámara a quo la inexistencia de violación alguna de norma de tránsito, efectuando luego la salvedad con respecto al remolque de un vehículo en ruta.

Pues no se verifica la afrenta acusada, desde que si bien el Tribunal reconoce el hecho del remolque de otro vehículo en ruta por parte del Ford Transit como infracción, la falta de dirimencia de la circunstancia se impone a poco de proseguir la lectura de lo dispuesto en la providencia fustigada.Dicho en otros términos, la crítica vertida se origina en la lectura descontextualizada de lo resuelto.

Cabe precisar que el principio de tercero excluido -derivación del principio de identidad- se enuncia como “una cosa es o no es” o “entre dos cosas contradictorias no cabe término medio”.

Es cierto que las resoluciones judiciales que conculquen estos principios incurren en una motivación defectuosa, pero el sereno repaso de lo establecido en el decisorio atacado evidencia que, a fin de explicitar su razonamiento, el sentenciante enumera en primer término como elementos destacables del accionar atribuible a la Ford Transit: la eventualidad de haber cometido movimientos “bruscos”; la identificación del hecho de remolcar otro automóvil como única infracción; y el mantenimiento del control del vehículo previo al impacto con la motocicleta. Agrega luego que, según su determinación de la mecánica “en ningún momento impactó con el camión ni produjo otra maniobra que haya incidido de man era causal en el choque con la motocicleta” (fs.1267 vta.). Enfatiza en cambio, que fue la ubicación del Sr. Córdoba la que provocó el accidente, fundamentando su razonamiento en que el impacto se produjo en el carril sur por donde transitaba Haedo.-

De tal manera, no existe contradicción alguna en lo decidido. Bien entendido, el temperamento del fallo en crisis evidencia que -a juicio del Mérito- no existió ninguna infracción vehicular con incidencia causal en el hecho lesivo. Y en tal contexto, no se advierte contradicción ni ilogicidad alguna.

Dicho de otro modo, el traslado de un remolque, aún cuando contrario a una norma de tránsito, carece -en el entendimiento del Tribunal a quo- de toda dirimencia en la provocación del daño.

Por lo expuesto, la falta de relevancia de la circunstancia derivada del remolque del vehículo genera que el vicio apuntado carezca de la consistencia necesaria para invalidar el resolutorio.-

V. c.Falta de claridad en cuanto a ruptura del nexo causal

El cuestionamiento ensayado ante esta Sede revela una ostensible confusión interpretativa de lo resuelto.

Alega la quejosa que el fallo se contradice al sostener que: “…el nexo causal se ha visto fracturado en su totalidad por culpa de la víctima (en parte), y otro tanto por la de terceros…” (el resaltado pertenece al memorial original).

Empero se advierte que lo dispuesto en la resolución es que el nexo de causalidad se quebrantó en “su totalidad” o de modo “absoluto” en relación con el Sr. Haedo. Sólo a modo de explicación de tal aserto es que se aclara que tal ruptura obedeció, en distintos porcentajes, a la culpa de la víctima y a la culpa de terceros, por quienes el demandado no debía responder.

Por lo tanto, la queja no puede ser de recibo.

V.d. La plataforma fáctica y la valoración probatoria.-

En distintos apartados, fustiga la recurrente la sentencia en crisis a través de la abierta discusión del criterio sustentado por el Tribunal a quo para reconstruir la mecánica del accidente, según las constancias probatorias obrantes en la causa. Así, manifiesta su explícita discrepancia con las consideraciones de la Cámara a quo relacionadas con la influencia del hecho de remolcar un vehículo en ruta, de la realización de maniobras bruscas, de la velocidad de circulación acreditada, de la fijación del lugar del impacto y del cotejo de los croquis incorporados a la pericia (fs.628/629).

Cuadra adelantar que ninguna de las quejas vertidas en este sentido logran superar el umbral de lo revisable, demarcado por la naturaleza del recurso planteado.

En efecto, constituye jurisprudencia inveterada de este Cuerpo que el Tribunal de Casación no puede revisar la valoración de las cuestiones fácticas y elementos probatorios de la causa para declarar el acierto o desacierto de la conclusión de la resolución en orden a los hechos que ella fija, sino que su objetivo se reduce a controlar la observancia de las reglas de la lógica que debe seguir el pensamiento para verificar si la motivación -en el plano fáctico- ha rebasado los límites impuestos por la sana crítica racional.

Así, se ha sostenido -de manera monocorde- que, por vía de principio, los jueces de grado son soberanos en la fijación y calificación de los hechos litigiosos y en la valoración de las pruebas, por lo que lo manifestado en este sentido queda excluido del control casatorio pretendido.

En tal senda, el disenso del recurrente sobre tales apreciaciones involucra el planteamiento de una cuestión de hecho, privativa de los jueces de mérito y ajena al control de esta Sala por la vía intentada, lo que determina el fracaso del agravio.-

Por lo demás, resulta útil destacar que -pese al sentir del quejoso- la circunstancia de circular el Ford Transit remolcando la carrocería de otro vehículo no ha sido omitida en la ponderación de la Cámara interviniente. Por el contrario, ha sido expresamente tenida en cuenta por el Tribunal aunque -y aquí radica ciertamente la discrepancia de la casacionista- sin asignarle una relevancia dirimente a los efectos de la asignación de responsabilidad. La consideración de este hecho se desprende de la sentencia en cuanto se hace alusión a los dichos del testigo Piacentini: “…quien comentó que venía en el auto remolcado por la Ford Transit…” (fs.1267) o en la sección ya aludida por la recurrente “…no advierto que haya existido violación de ninguna norma de tránsito por el conductor de la Transit, salvo en lo que respecta al remolque de otro vehículo en ruta…” (fs. 1267 vta.). También al indicar que: “Ello, por cuanto ambos peritos coinciden en que la velocidad al momento previo al choque no era excesiva (68, 45 km/hora, perito oficial, 69,5 km/hora perito de control), y que dicho vehículo en ningún momento impactó con el camión ni produjo otra maniobra que haya incidido de manera causal en el choque con la motocicleta.” (fs. 1267 vta.).

Lo expuesto evidencia que, lejos de haberse prescindido de tal dato fáctico, el mismo ha sido valorado aunque restándole la eficacia dirimente que pretende atribuirle la quejosa.

Lo mismo acontece con la posible ejecución de acciones toscas, según da cuenta la Cámara al afirmar que “…Si bien este vehículo pudo haber realizado las dos maniobras “bruscas” que comenta Piazentini, consistente en haber intentado dirigirse a la banquina de su lado ante la maniobra de esquive del camión, y luego retomar la marcha ante la detención del camión…fue la ubicación de esta última (la moto) la que, a mi juicio provocó el accidente…” (fs. 1267 vta.).-

Ergo, según la lectura de la Cámara a quo, ni la brusquedad de las maniobras de salida a la banquina y reingreso a la ruta, ni la comprobación de la infracción derivada del remolque de otro vehículo han sido determinantes para el acaecimiento del accidente. En el temperamento del Mérito tales dos extremos carecieron de incidencia causal, ya que la que provocó el impacto fue la motocicleta que invadió el carril contrario en una curva con doble línea amarilla.-

Lo aducido en torno a la velocidad a la que circulaba el Ford Transit resulta demostrativo -también- de la intención de la quejosa de que se adopte su propia lectura y valoración de los factores determinantes del siniestro.La Cámara ha basado su ponderación en las conclusiones del perito oficial, del perito de control así como en las fotografías registradas y, más allá de la discordante opinión de la recurrente en cuanto a si los niveles informados 68,45 km/hora o 69,5 km/hora devienen excesivos o no en las condiciones de tiempo y lugar, el juicio referenciado no constituye materia censurable por el carril escogido en tanto carece de vicio formal alguno que lo afecte.

En este punto, tampoco explica la quejosa cómo es que la Cámara a quodeja de aplicar el derecho vigente (ley 8560, modificada por ley 9022) sin dar razón suficiente. Se impone destacar que si bien a fs. 1284 menciona la recurrente la supuesta violación del art. 40 inc. b) de ley 8560 y 9022, la evocada norma se refiere a la obligación de portar cédula o documento de identificación del automotor, por lo que no se compadece con las cuestiones debatidas en el juicio. Por el contrario, la solución ha sido avalada en el derecho vigente, habiendo sustentado la decisión la Cámara en los arts. 70; 71; 39; 48; 68 de ley 9169 (fs.1267 vta.) amén del art. 1113, segundo párrafo, segundo supuesto del CC (fs.1268).

La ingobernabilidad del vehículo Ford Transit que acusa la casacionista producto del lugar de impacto como queja no puede correr mejor suerte que las anteriores, por idénticos motivos. Esconde la impugnación -en realidad- otro intento por hacer primar su privativa valoración de la prueba rendida en la causa obteniendo de parte de esta Sala un nuevo juicio sobre la forma en que acontecieron los hechos que dieron lugar a la muerte del Sr.Córdoba y acerca de la meritación de las conductas desplegadas en la circunstancia, lo cual -como ya se anticipara- deviene inadmisible.

Es que, a despecho de lo aducido, la supuesta ingobernabilidad constituye sólo un juicio de valor subjetivo de la impugnante que carece de sustento probatorio concreto, erigiéndose en uno de los posibles modos de valorar lo acaecido.

Reitero, a juicio del Órgano Jurisdiccional de Alzada, Haedo mantuvo el control de su rorado con remolque y sus maniobras no fueron las causantes del siniestro. Tal temperamento no ha sido idóneamente atacado.-

A su vez, tampoco es dable el control de lo decidido en cuanto a la semejanza de los croquis de fs. 628 y 629, pues ha dado la Cámara el fundamento para sostener su aserto al sostener que “la distinta la dimensión de uno y otro, puede llevar a apreciar de un modo solo aparente alguna diferencia, la que no es tal, dado a que en la pericia se indica con precisión el lugar en que se produjo la colisión entre ambos rodados. La conclusión de este auxiliar estimo que se encuentra corroborada con las tomas fotográficas n°14 y n° 15…” (fs. 1266 vta.).-

Consecuentemente, la diferencia de los dibujos fue superada por la conclusión técnica única. Tal solución, aún cuando no se comparta en su mérito, es formalmente impecable.-

Lo dicho evidencia la imposibilidad de habilitar el examen de lo decidido mediante la vía intentada. Esto así pues la materia sub examine, atañe a la construcción de los hechos de la causa, y como tal, escapa al estrecho límite impuesto por la ley para el motivo de casación en estudio.

En definitiva, ninguna de las quejas referenciadas puede ser receptada.

V. e. El plexo jurídico aplicado.

Enrostra la recurrente al decisorio la omisión de aplicar el art. 1113 del Código Civil, al tratarse la Ford Transit de una cosa de riesgo y la falta de valoración de la emergencia de la víctima en los términos del art.69 de la ley 9022.

En primer lugar, se impone advertir que la queja por falta de aplicación del art. 1113 del Código fondal carece de todo asidero desde que el encuadramiento jurídico de la responsabilidad, en función de cómo se ha trabado la litis, ha hallado su marco -precisamente- en este precepto legal.

En efecto, la estructura de la resolución bajo anatema da cuenta de la estrategia expositiva adoptada por la Cámara a quo, conforme explicita al responder la primer cuestión cuando -dando tratamiento conjunto de las quejas vinculadas a la asignación de responsabilidad y concausalidad determinadas- destaca (en el apartado “X) Solución. Responsabilidad en el accidente”) que el Sr. Juez de Primera instancia “…efectuó un meduloso análisis sobre la normativa aplicable al caso, en particular del art. 1113, segundo párrafo, del Código Civil, en donde se contempla la teoría del riesgo creado, aclarando que ello no implica que las presunciones de causalidad operen automáticamente, in abstracto, de la conducta que haya desarrollado cada uno de los demandados…” (fs.1261 vta. El subrayado me pertenece). Tras citar jurisprudencia de este Tribunal Superior de Justicia sobre la materia, agrega que “se fijan pautas relativas al orden lógico investigativo que debe gobernar en hipótesis como las que nos convoca, en el sentido que, ante la alegación del eximente por culpa del tercero, como así también de la ‘culpa de la víctima’, compele al Tribunal a efectuar una investigación pormenorizada de los hechos protagonizados por la ‘víctima’ o el ‘tercero’, y del propio demandado, como un razonamiento previo indispensable, pues esta investigación es hábil para permitir arribar a una liberación parcial de responsabilidad dado la concurrencia de causalidad y elementos de atribución jurídica de los intervinientes en el ilícito…” (fs. 1262. El énfasis ha sido agregado).

Por lo demás, la crítica pareciera partir de un serio error conceptual: la responsabilidad objetiva por riesgo regulada en el art.1113 del CC no presupone -ni determina- derechamente la responsabilidad del titular o guardián de la cosa riesgosa. En cambio, el propio dispositivo prevé los supuestos que fracturan el nexo de causalidad. Y, precisamente, ello ha sido lo resuelto en el fallo en crisis.-

De tal guisa, no reviste seriedad la queja que acusa la falta de aplicación de un dispositivo legal (art. 1113 CC, segundo párrafo), cuando explícitamente ha sido el nombrado mandato el que conforma la premisa normativa de análisis de ambos Tribunales de mérito intervinientes.

A lo dicho cabe añadir que la inteligencia de las normas sustanciales que regulan la responsabilidad civil propuesta por el Tribunal de Grado no es revisable en casación por la causal recursiva contemplada en el inciso 1º del art. 383 del C. de P.C., de lo que se deriva la falta de idoneidad del reproche para habilitar la instancia.

No puede correr mejor suerte la queja que apunta a desvirtuar la resolución por no valorar la emergencia de la víctima en los términos del art. 69 de la Ley de Tránsito y su estado de necesidad. Es que la omisión acusada no ha sido introducida tempestivamente por la parte interesada al diálogo procesal de la alzada, razón por la cual la cuestión era ajena a la competencia funcional del a quo.

Para justificar tal aserto, es dable recordar que -conforme nuestro ordenamiento adjetivo- la Cámara de Apelaciones tiene un doble orden de limitaciones.Así, primeramente, está restringida por las pretensiones planteadas en los escritos introductorios del proceso (traba de la litis en primer grado). En segundo lugar -y siempre dentro del marco de las pretensiones planteadas en primera instancia- el juicio del tribunal de segundo grado está circunscrito a los capítulos que han sido planteados en el recurso de apelación.

A la segunda de las limitaciones enunciadas refiere el principio “tantum devolutum quantum apellatum” conforme al cual la Cámara no tiene más facultades de revisión que aquéllas que han sido objeto del recurso sometido a juzgamiento.

Así, el principio de congruencia tiene en la segunda instancia manifestaciones propias y específicas, más limitantes y rigurosas.

Es que, como lo sostiene autorizada doctrina, “el juicio de apelación tiene un objeto propio, que son las pretensiones impugnativas de los recurrentes, y la voluntad de éstos limita o condiciona más al juez de recurso. Sus agravios constituyen el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver (…). Su competencia funcional está determinada por los motivos invocados por el recurrente en función de los agravios por el perjuicio ocasionado por el fallo” (Conf. DE LA RUA, F., Límites de los recursos y prohibición de ‘reformatio in peius’ en materia penal y civil. LL 1982-B-102).

Por aplicación de tales pautas a la especie se patentiza que el argumento que se vale del art. 69 de la Ley de Tránsito para justificar la actuación de Córdoba en la emergencia no fue materia de recurso alguno, llegando firme y precluida la cuestión a la alzada.

A fin de facilitar la compresión de tal conclusión, se estima de utilidad recordar que el Juez de primera instancia se ocupó por señalar -con minucia- las razones por las que consideraba debía descartarse la autorización de adelantamiento especial dispuesta en el dispositivo referenciado.Así, vg.r, sostuvo en lo medular que:”…entiendo que en el caso existen circunstancias que disminuyen la autorización especial de adelantamiento en lugar prohibido que provienen de las reglas de experiencia y que han sido receptadas en el art. 69.- Ello así, por dos motivos: el primero porque no debe olvidarse que transitaba sobre una curva…El segundo motivo, surge del ya mencionado art. 51, ley 8560, el que, al regular sobre las PROHIBICIONES, prescribe: ‘Está prohibido en la vía pública: f) conducir a una distancia del vehículo que lo precede, menor de la prudente, de acuerdo a la velocidad marcha. … Pues bien, conforme a lo que surge de las constancias de la causa -periciales especialmente-, no se encontraron huellas de frenada correspondientes a la motocicleta. De allí que, simplemente, el Sr. Juan E. Córdoba no intentó frenar su motocicleta con antelación a su maniobra de sobrepaso.”(fs. 999).

La simple consulta de las constancias de la causa patentiza que la parte actora no apeló el decisorio recaído, ni cuestionó -in concreto- lo decidido sobre el punto.

Así las cosas, la ausencia de recurso sobre el particular impedía al Tribunal de Apelación revisar o volver a juzgar la aludida autorización, so pena de incurrir en incongruencia.

De tal manera, no ha existido la acusada omisión, sino que el Órgano de Alzada ha respetado la materia sometida a su conocimiento.

En el mismo sentido, esta Sala tiene dicho que el supuesto defecto que vicie el primer fallo debe ser denunciado en apelación y el impugnante debe agraviarse en aquella oportunidad, so pena que su silencio se interprete como aquiescencia con lo resuelto (art. 356 CPCC). La omisión de sometimiento de la cuestión ante la Cámara de Juicio, acarrea la caducidad del derecho a promover la casación en base a ese argumento: “non datus recursos omissio medio”. La impugnación por vía de casación no torna procedente el per saltum (Confr. Sent. n° 191/00, Sent.n° 86/09 entre otros).-

En el escenario descripto, las críticas ensayadas devienen insusceptibles de control casatorio.

V. f. La ruptura del nexo de causalidad con respecto al Sr. Haedo.

A esta altura, resulta imperativo volver a recordar que el remedio impugnativo articulado (inc. 1° art. 383 del C. de P.C.) permite, únicamente, que el Tribunal Superior verifique -y eventualmente corrija- la existencia de presuntos vicios “in cogitando” (en el pensamiento por violación a las reglas de la lógica) o “in procedendo” (en el procedimiento, por alteración de las reglas adjetivas vigentes) capaces de producir la ineficacia del acto sentencial. En consecuencia, las cuestiones de fondo o de naturaleza sustancial, así como las relacionadas con la calificación jurídica de los hechos y la valoración de la prueba, son ajenas a esta Sede Extraordinaria cuando se recurre al amparo del inc. 1° del art. 383 ib., ya que -por esta vía- la ley adjetiva ha confiado a este Tribunal solamente el contralor de las formas del procedimiento y de la sentencia.

El cotejo de las quejas vertidas en este punto a la luz de la pauta de actuación precedentemente expuesta permite colegir la improcedencia de los embates, pues acompañan especulaciones que sólo cuestionan la justicia intrínseca de la decisión, por considerar erróneamente ponderada la conducta del conductor de la Ford Transit.

No podemos dejar de acotar que al aseverar la quejosa que “si el Sr. Juan Eduardo Córdoba está muerto por haber sufrido un impacto fatal en su tórax por una cosa riesgosa o descontrolada en su circulación, como lo es la Ford Transit Dominio CRR 363 su conductor es responsable, COMO MÍNIMO PARCIALMENTE, de su deceso” (fs. 1287 vta), deja de lado nada menos que la acreditación de la culpa de la víctima y de terceros por los cuales no responde el guardián de la cosa riesgosa en los propios términos del art. 1113 CC.

A ello añado lo ya dicho en el considerando V.e.de la presente resolución a lo que me remito brevitatis causae.

Tampoco merece recibo la censura encaminada a desvirtuar el análisis del accionar del Sr. Córdoba, pues no indica – y mucho menos explica- dónde radica el menosprecio o parcialidad que achaca a la Cámara para evaluar el hecho de carecer el motociclista de estructura contundente que lo proteja.-

No se alega sobre el punto vicio lógico o procesal alguno con eficacia para invalidar -desde lo formal (vicio o aspecto revisable)- el acto sentencial (arg. art. 385 inc. 1° CPCC).

La decisión propuesta en definitiva, se comparta o no en lo sustancial, ha sido adoptada a la luz de los datos que definen la controversia y encuentra suficiente apoyatura en los fundamentos desarrollados en el fallo.

De tal manera, los reproches en modo alguno resultan idóneos para habilitar la instancia, por lo que no cabe más que rechazar el recurso, en este extremo.

VI. La condena en costas.-

La queja de la actora se centra en la onerosidad que le acarrea lo decidido al cargar a su parte con los gastos causídicos producidos en la segunda instancia, en función del resultado obtenido.-

En efecto, la quejosa circunscribe su impugnación a la condena en costas por “los recursos acogidos parcial y totalmente respecto de los Sres. Hugo R. Luzzi, Enrique Belsun y Gustavo Haedo” (fs. 1288 vta.). Es decir, se agravia exclusivamente en cuanto a los gastos causídicos correspondientes a la segunda instancia, y en relación a las apelaciones deducidas por Hugo R. Luzzi y Enrique Belsún por una parte y Gustavo Haedo, por otra.

En esos términos, parte de la crítica ha devenido abstracta atento la anulación de lo resuelto en torno a la apelación de los Sres. Luzzi y Belsún en este mismo decisorio, cuestión que así decido.

Respecto de las costas propias del recurso de apelación del Sr. Gustavo Alberto Haedo, se dispuso “imponer las costas en esta instancia a la actora por resultar vencida (art. 130 del C.de P.C.)”. De lo extractado resulta claro que para cargar las costas en la forma en que lo hizo, el Tribunal a quo ponderó particularmente el resultado del recurso y la aplicación del principio objetivo del vencimiento en juicio contemplado en la Ley de Rito.

Pues bien, de manera liminar, cabe recordar que este Tribunal Superior de Justicia ha sostenido, en su actual integración, que la impugnación sobre la imposición de costas resulta una materia examinable en casación siempre y cuando la resolución a su respecto resulte infundada o arbitraria.

La falta de fundamentación importa que la condenación en costas dispuesta por el a quo esté desprovista de todo motivo o razón que la justifique.La tacha de arbitrariedad implica que la resolución en materia de costas, carezca de todo apoyo legal o sustento razonable, y se encuentre fundada tan sólo en la voluntad del Tribunal (TSJ Cba, in re: Transporte Rigar SRL c/ Banco de la Provincia de Córdoba -Ordinario-Otros-Recurso Directo-“, Sent. Nro. 303 del 16/12/09).

Guiándome por esta noción esencial, y atendiendo lo decidido en el punto, adelanto opinión en el sentido de que el fallo en crisis no presenta un demérito formal que afecte el juzgamiento de este aspecto accesorio.

En efecto, luce patente que el órgano jurisdiccional de grado ha fundado suficientemente la imposición de costas decidida, puntualizando la razón que lo inclinó a imponerlas en la forma que objeta la impetrante (aplicación del principio objetivo de la derrota) por lo que en modo alguno se configura una falta de motivación en dicho capítulo sentencial.

Por otro lado, tampoco se advierte arbitrariedad en el segmento causídico.-

En los términos de la doctrina elaborada pretorianamente por la C.S.J.N., sólo puede hablarse de arbitrariedad cuando exista un ostensible e inaceptable apartamiento del ordenamiento jurídico vigente.Es decir, la “arbitrariedad” implica -indefectiblemente- que la resolución atacada carezca de todo sustento jurídico razonable, y se encuentre fundada tan sólo en la voluntad del Tribunal.

Y lo cierto es que los motivos brindados por la Cámara a quo para justificar la decisión arribada sobre el punto no devienen irrazonables o absurdos, sino que -por el contrario- se presentan como una derivación directa del ordenamiento y una aplicación concreta del dispositivo procesal pertinente.

Ninguna duda ofrece el alcance que cabe asignar al criterio objetivo del vencimiento consagrado en el art.130 CPCC, conforme el cual las costas deben ser soportadas por aquella parte cuya pretensión no ha encontrado tutela alguna en el proveimiento del juzgador. Y eso es lo que ha sucedido en el caso de la apelación interpuesta por el Sr. Gustavo Alberto Haedo y cuyo rechazo solicitara la casacionista, según se desprende de su contestación de los agravios obrante a fs. 1186.

En realidad, la serena lectura de la motivación aportada por la quejosa para sustentar su queja revela más bien la apelación a una falacia ad misericordiam para atacar lo decidido. A ello apunta al hacer hincapié en su carácter de “madre que perdió a su hijo en un Accidente de Tránsito que ocurrió en cadena, habiendo estimado con derecho, que su hijo que se conducía en motocicleta y que resultó muerto, al carecer de estructura que lo protegiera pudo haber carecido de responsabilidad alguna, ante la emergencia y estado de necesidad en que se encontró” (fs. 1288 vta.).

Sucede que aún reconociendo la indiscutible desazón que el trágico desenlace ha provocado en el espíritu de la actora, ninguno de los datos que denuncia:el hecho de ser madre de la víctima, el acaecimiento de un accidente en cadena, la estimación de contar con derecho para litigar, la conducción de motocicleta, la carencia de estructura protectora o la supuesta emergencia y estado de necesidad resultan suficientes para desnudar un vicio en lo decidido que habilite la revisión de esta Sala a través del extraordinario carril casatorio de lo dispuesto en materia de costas.

Se presenta de manera ostensible, que si bien no es dable negar que se trata de elementos tenidos en cuenta -de un modo u otro- en su momento en el razonamiento judicial, son utilizados en este contexto a manera de configurar un argumento que apela a la movilización de los sentimientos de piedad del auditorio, antes que a formalizar las propias razones serias y consistentes con las cuales la argumentación debe ser ejecutada (Cfr. Andruet Armando S. (h) Teoría General de la Argumentación Forense, Alveroni. Córdoba, 2001, pág. 313).-

De lo expuesto queda evidenciado que no se configuran ninguno de los vicios susceptibles de invalidar este tramo de la decisión recurrida, en tanto las costas han sido impuestas fundadamente y con arreglo a derecho; ello -claro está- sin perjuicio de la justicia y cualidad intrínseca de lo resuelto, materia no susceptible de examen por la vía recursiva propuesta.-

VII. Con todo ello queda suficientemente respondido y fundado el acogimiento parcial del recurso de casación articulado por la actora.-

Así voto.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DOCTOR CARLOS FRANCISCO GARCÍA ALLOCCO, DIJO:Adhiero a los fundamentos brindados por el Señor Vocal Doctor Armando Segundo Andruet (h). Por ello, compartiéndolos, voto en igual sentido a la primera cuestión planteada.-

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA VOCAL DOCTORA MARÍA MARTA CACERES DE BOLLATI, DIJO:

Comparto los fundamentos expuestos por el Señor Vocal del primer voto.-

Así voto.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SEÑOR VOCAL DOCTOR ARMANDO SEGUNDO ANDRUET (h), DIJO:

A mérito de la respuesta dada al primer interrogante propongo:

I.Hacer lugar parcialmente al recurso de casación deducido al amparo de la causal prevista en el inc. 1º del art. 383 del CPCC.-

II. Anular parcialmente la Sentencia Número diecisiete, dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Familia de Río Tercero con fecha 16 de Octubre de dos mil doce, sólo en lo concerniente al “porcentaje de responsabilidad” atribuible a los codemandados Hugo R. Luzzi y Rubén Belsun y la imposición de costas de su recurso de apelación.-

III. Lascostas se imponen en relación a la casación contra lo resuelto en orden a la participación de los codemandados Hugo R. Luzzi y Rubén Belsun a los mencionados accionados y en cuanto a la casación contra lo decidido en torno al accionar del Sr. Gustavo Haedo a la parte actora, en ambos casos según art. 130 CPCC.

IV. El porcentaje para la oportuna regulación de los honorarios por los trabajos de casación por la responsabilidad de los Sres. Hugo R. Luzzi y Rubén Belsun se fija para la Dra. Silvina Velazquez de Bosaz en el treinta y cuatro por ciento del punto mínimo de la escala del art. 36 ley 9459 (arts. 25, 29, 34, 36, 37 y cc. del CA) sobre lo que ha sido materia de agravio; en cuanto a la casación por la eximición de responsabilidad del Sr. Gustavo Haedo, se fijan los honorarios del Dr. David R. Bergagna en el treinta y cuatro por ciento del punto mínimo de la escala del art. 36 ley 9459 (arts. 25, 29, 34, 36, 37 y cc. del CA) sobre lo que ha sido materia de agravio. No se regulan honorarios a los Dres. Fernando L. Caretó Loza y Mariano Gilardi en el primer caso ni a la Dra. Silvina Velazquez de Bosaz en el segundo, atento lo dispuesto por el art.26 CA a contrario sensu.

V.Reenviar la causa a la Cámara de origen, a fin de que, previa integración, emita nuevo pronunciamiento de la cuestión que ha sido materia de anulación.

Se aclara en el punto que lo único que ha sido objeto de invalidación refiere a la distribución porcentual de responsabilidad de los codemandados Hugo R. Luzzi y Rubén Belsun y del Sr. Juan E. Córdoba. En cambio, ha quedado firme lo resuelto respecto de la participación y responsabilidad de los otros codemandados. Por lo demás, no deviene ocioso advertir que en la resolución de reenvío deberán observarse los principios recursivos que rigen la alzada, tales como la reformatio in pejus y el tantum devolutum quantum apellatum.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DOCTOR CARLOS FRANCISCO GARCÍA ALLOCCO, DIJO:

Coincido con el criterio de solución que propicia mi colega de primer voto, adhiriendo en consecuencia a la conclusión a la que arriba.

Así voto.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA VOCAL DOCTORA MARÍA MARTA CACERES DE BOLLATI, DIJO:

Adhiero a la solución propuesta por el Señor Vocal de primer voto.

Voto en idéntico sentido.

Por ello, el Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Comercial,-

RESUELVE:

I. Hacer lugar parcialmente al recurso de casación deducido al amparo de la causal prevista en el inc. 1º del art. 383 del CPCC.-

II. Anular parcialmente la Sentencia Número diecisiete, dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Familia de Río Tercero con fecha 16 de Octubre de dos mil doce, sólo en lo concerniente al “porcentaje de responsabilidad” atribuible a los codemandados Hugo R. Luzzi y Rubén Belsun y la imposición de costas de su recurso de apelación.-

III. Imponer las costasen relación a la casación contra lo resuelto en orden a la participación de los codemandados Hugo R.Luzzi y Rubén Belsun a los mencionados accionados y en cuanto a la casación contra lo decidido en torno al accionar del Sr. Gustavo Haedo a la parte actora, en ambos casos según art. 130 CPCC.

IV. El porcentaje para la oportuna regulación de los honorarios por los trabajos de casación por la responsabilidad de los Sres. Hugo R. Luzzi y Rubén Belsun se fija para la Dra. Silvina Velazquez de Bosaz en el treinta y cuatro por ciento del punto mínimo de la escala del art. 36 ley 9459 (arts. 25, 29, 34, 36, 37 y cc. del CA) sobre lo que ha sido materia de agravio; en cuanto a la casación por la eximición de responsabilidad del Sr. Gustavo Haedo, se fijan los honorarios del Dr. David R. Bergagna en el treinta y cuatro por ciento del punto mínimo de la escala del art. 36 ley 9459 (arts. 25, 29, 34, 36, 37 y cc. del CA) sobre lo que ha sido materia de agravio.-

V. Reenviar la causa a la Cámara de origen, a fin de que, previa integración, emita nuevo pronunciamiento de la cuestión que ha sido materia de anulación, conforme los parámetros expuestos en el considerando V. de la Segunda Cuestión.-

Protocolícese e incorpórese copia.

Dr. Armando Segundo Andruet (h)

Presidente de la Sala Civil y Comercial T.S.J.

Dr. Carlos Francisco García Allocco

Vocal del Tribunal Superior de Justicia

Dra. María Marta Cáceres de Bollati

Vocal del Tribunal Superior de Justicia

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