Responsabilidad del local bailable por la agresión física sufrida por uno de los asistentes al lugar

shutterstock_5800363Partes: B. E. F. c/ G. M. y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: G

Fecha: 1-sep-2014

Cita: MJ-JU-M-89036-AR | MJJ89036 | MJJ89036

Puesto que el demandado no adoptó medidas necesarias para garantizar la seguridad de los asistentes al local bailable, resulta responsable por los daños sufridos por la víctima de la agresión física. 

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la responsabilidad de la parte demandada por los daños sufridos por el actor, dado que no adoptó todas o ninguna de las medidas necesarias para que la permanencia de los asistentes en el local pudiera cumplirse sin peligro para ellos, como única cara visible del emprendimiento.

2.-En el caso se trata de una obligación de seguridad que es a su vez de resultado pues debe prevalecer en general tal tendencia ya que el titular de la disco debe asegurar la salida de sus cocontratantes sanos y salvos, esto es, en la misma forma que ingresaron al local.

3.-La obligación del empresario de proporcionar seguridad encuentra apoyo en la teoría del riesgo y del aprovechamiento económico, de modo que resulta equitativo que quien con sus actividades genera riesgos, asuma la responsabilidad que con ellos origina, máxime si se beneficia económicamente con tales actividades; en consecuencia, estando en presencia de una obligación de resultado, a la víctima le basta probar el daño sufrido y la relación de causalidad, pero no tiene necesidad de acreditar la culpa del organizador, la que es presumida por el sólo hecho del incumplimiento contractual.

4.-La entidad, en el caso una disco , solo se exime de las consecuencias de su obligación contractual de resultado, demostrando una causa ajena interruptiva del nexo de causalidad, como ser la culpa del espectador o la de un tercero por quien no debe responder, o el caso fortuito.

5.-Dado que el condenado no ha aportado ningún elemento probatorio que demuestre una inconducta del actor, y paralelamente, tampoco este último ha logrado acreditar que sus agresores integraban el personal de seguridad del establecimiento, dado el resultado de la rueda de reconocimiento y el testimonio de los amigos acerca de la ausencia de identificación de las remeras que portaban, corresponde descartar culpa de la víctima como eximente de responsabilidad.

6.-El empresario organizador del espectáculo público, cualquiera sea su finalidad, o quienquiera que asuma su organización, a título oneroso o gratuito, debe responder en cada caso en que incumpla las obligaciones que pone a su cargo el contrato atípico que celebra con los espectadores asistentes, pues entre el espectador y el organizador se celebra un contrato de espectáculo público, y este último al brindarlo al público con fines de lucro, se compromete implícitamente a que nadie sufra daño a causa de ese hecho, en virtud de la cláusula de incolumidad que se entiende incorporada tácitamente a todo contrato en el que la suerte de la persona de uno de los contratantes que satisface una prestación, queda confiada a la otra parte.

7.-La obligación de seguridad resulta ser una obligación accesoria en virtud de la cual el titular o concesionario de una discoteca debe, además de un complejo de deberes primarios que se conjugan en la prestación principal prevista en el contrato (servicio de música, escenario para el baile y esparcimiento, etc.), velar porque ni las prestaciones o servicios brindados, ni los objetos o dependientes suyos, ni la actividad, desórdenes y pasiones que genera el objeto propio de su quehacer comercial -y en el cual encuentra provecho y ganancias- provoquen daños en las personas o los bienes de sus clientes.

8.-Puesto que las quejas del apelante pueden encontrar adecuado remedio a través del recurso de apelación, corresponde desestimar el recurso de nulidad de la sentencia intentado con fundamento en la violación del principio de congruencia y en la ausencia de fundamentación.

Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los días del mes de Septiembre de Dos Mil Catorce, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, para conocer en el recurso de apelación interpuesto en los autos caratulados:»B., E. F. C/ G., M. Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS», respecto de la sentencia de fs. 631/641, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿ES JUSTA LA SENTENCIA APELADA?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: Señores Jueces de Cámara Doctores BEATRIZ AREÁN – CARLOS ALFREDO BELLUCCI- CARLOS CARRANZA CASARES-

A la cuestión planteada la Señora Juez de Cámara Doctora Areán dijo:

I. La sentencia de fs. 631/641 hizo lugar a la demanda entablada contra M. G., condenándolo a pagar al actor la suma de $ 51.000, con sus intereses y costas, Asimismo, rechazó la demanda promovida contra C. H.B., con costas e hizo lugar a las excepciones de falta de legitimación pasiva opuesta por el codemandado P. G. y por la tercera citada N.M. B. Reguló los honorarios de los profesionales intervinientes.

Contra dicho pronunciamiento se alzó el condenado a fs. 642, siendo concedido el recurso a fs. 661.

Expresó agravios a fs. 836/843, sin merecer respuesta. Interpone contra la sentencia recurso de apelación comprensivo del de nulidad, por violación del deber de fundar y del principio de congruencia. Sostiene que el solo hecho de haber celebrado G.como locador y G. como locatario un contrato de locación del inmueble, no hace a éste responsable de las lesiones que invoca el actor, pues en 1999, ello se encontraba vedado en el contrato, lo que lo lleva a desestimar la excepción de falta de legitimación. La prohibición de la cesión es ajena a la debatida en autos y vedada por el art. 1199 del Código Civil.Si las lesiones se produjeron en un local bailable, debe probarse quién es el responsable de su explotación, autorizado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que concede la pertinente habilitación. No existe prueba alguna de que la habilitación estuviera a su nombre y sí que lo estaba a nombre de P.S.R.L. como resulta del expediente sobre medidas preliminares. La afirmación del actor en la demanda de haber sido agredido por personal que llevaba puesta una remera que decía «La d.», se haya desmentido por los testigos que declararon en la causa penal. En la rueda de reconocimiento no fue nadie identificado. La sentencia civil contradice flagrantemente la penal. Cuestiona en subsidio la tasa de interés y solicita se anule la segunda pericial médica por no estar completa.

II. Comenzaré con el examen de la procedencia del recurso de nulidad de la sentencia, que se sustenta en una violación del principio de congruencia y en la ausencia de fundamentación.

El Cód. Procesal en el art. 253, al disponer que el recurso de apelación comprende el de nulidad, denota que se trata de un recurso carente de autonomía. Sin embargo, ambos recursos no se confunden, pues el primero se refiere a errores «in indicando», es decir a la justicia intrínseca de la sentencia, mientras que el segundo se basa en defectos extrínsecos o vicios de forma, considerándose como tales, inclusive, la omisión de toda fundamentación o la violación del principio de congruencia (art. 34, inc. 4°, Cód.citado).

Es decir que el recurso de nulidad comprendido en el de apelación, se refiere exclusivamente a defectos formales de la sentencia, vicios de construcción que la descalifican como acto jurisdiccional, cuando ha sido dictada sin guardar las formas y solemnidades prescriptas por la ley, o cuando presenta irregularidades que la afectan «en sí misma», por ejemplo, la ausencia de fundamentos, o la exposición oscura e imprecisa, que torna imposible conocer el sentido del acto, o la omisión de cuestiones esenciales, como el no tratamiento de la reconvención o de defensas articuladas por el demandado (Conf. Fenochietto-Arazi, Código Procesal., Tomo 1, pág. 791); o si se pronunciase sobre cuestiones no debatidas en el proceso o excediese el límite cuantitativo fijado en la demanda o en la reconvención, o si omitiese la indicación de la fecha en que se dictó y tal omisión fuese susceptible de ocasionar un perjuicio; o si por contener errores formales graves no fuese posible ejecutarla (Conf. Palacio, Derecho Procesal Civil, Tomo V, pág. 144).

«La admisibilidad del recurso de nulidad contra una sentencia o resolución queda circunscripta a los vicios u omisiones procesales que pudieran afectar a dichos actos decisorios considerados en sí mismos, o sea, cuando se han dictado sin guardar las formas y solemnidades prescriptas por la ley, excluyéndose errores «in procedendo» o irregularidades que le hubieran precedido» (Conf. CNCiv., Sala G, 30-08-00, elDial- AE15621, id. Id. 03/10/1995, LL, 1996-A, 566, entre muchos otros).

A idéntica conclusión debe arribarse si el recurso de nulidad no se sustenta en ningún vicio procesal inherente al dictado de la sentencia, sino en la injusticia, ilegalidad o irrazonabilidad que se le atribuye -tal como ocurre en el caso-, ya que alegaciones de esta naturaleza caen en la órbita del recurso de apelación, que es el marco apropiado para corregir los denominados errores «in iudicando» (Conf. Palacio-Alvarado Velloso, «Código Procesal.», Tomo 6, pág. 180; Podetti, Ramiro, «Tratado de los recursos», pág.243).

Por otra parte, reiteradamente se ha sostenido que si los agravios son susceptibles de ser reparados a través del recurso de apelación, no corresponde considerar el de nulidad deducido.

Por consiguiente, y dado que las quejas del apelante pueden encontrar adecuado remedio por aquella vía, habré de propiciar se desestime el recurso de nulidad, entrando directamente al examen de dichas críticas.

III. Con carácter previo al análisis de los agravios expresados contra la sentencia, recordaré liminarmente que, como desde antiguo lo viene sosteniendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación y diversos tribunales inferiores, la omisión de tratamiento de cuestiones oportunamente sometidas a consideración del juez de la causa, no afecta por sí la garantía de la defensa en juicio porque los jueces no están obligados a meritar cada uno de los argumentos de las partes sino los que a su juicio sean decisivos para la correcta solución del caso. Asimismo, tampoco están constreñidos a seguirlas en la evaluación de todos y cada uno de los agravios expresados, sino a atender a aquellos que estimaren conducentes para resolver la cuestión debatida (Conf. CSJN, 18/04/2006, Crousillat Cerreño, José F., DJ 01/11/2006, 646; id. 24/08/2006, Alarcón, Marisel y otros c/Instituto Provincial de la Vivienda y Urbanismo del Neuquén , Fallos, 329: 3373, id. 08/08/2002, Giardelli, Martín Alejandro c/ Estado Nacional -Secretaría de Inteligencia del Estado , Fallos, 325:1922; id. 04/11/2003, Acuña, Liliana Soledad c/ Empresa Distribuidora del Sur S.A. , Fallos, 326:4495; id. 04/11/1997, Wiater, Carlos c. Ministerio de Economía , DJ 1998-3, 376, entre muchos otros).

IV.Surge de los autos sobre medidas preliminares que tengo a la vista que en 1996, la Dirección General de Registros y Certificaciones de la ex Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, otorgó la habilitación para el local ubicado en la avenida M.2315/17/21 (P.B., sótano, piso primero y entrepiso) a nombre de la firma P. S.R.L. para despacho de bebidas, restaurante, etcétera y anexo local de baile clase C con intercalación de números de variedades. Este «status» subsistía al menos hasta setiembre de 2000, fecha de emisión del informe agregado a fs. 98. Se desconoce la suerte posterior.

Surge de fs. 16 que los recibos emitidos por S.estaban a nombre de L. D., y no de personas físicas o jurídicas.

La demanda fue promovida contra P. S.R.L., P. G. y M. G., sin perjuicio de la posterior incorporación a la litis de varias personas que de un modo u otro han estado vinculados con los nombrados, pero no precisamente con los hechos aquí debatidos.

Todo indica, aunque no está probado fehacientemente, que P. G. es el propietario de la finca de la avenida M. 2315/2321 de esta Ciudad y, como tal, la cedió en locación a C. H. B. y P.M. Y. el 6 de diciembre de 1991, por el término de 84 meses, venciendo el 1° de diciembre de 1998. Los citados actuaron en representación de P. S.R.L. (en formación), la que debía aceptar expresamente el contrato y, mientras tanto, seguirían aquéllos como locatarios.

Recién el 12 de mayo de 1995 se suscribió el contrato de sociedad, con una duración de 15 años. Fue inscripto en el Registro Público de Comercio el 21 de julio de 1995 y obtuvo la habilitación municipal en febrero de 1996.

A la fecha de la notificación del traslado de la demanda, 12 de mayo de 2002, conforme cédula de fs. 143, se desconoce si la sociedad se hallaba en funcionamiento, pero a fs. 144 vta.fue declarada rebelde, estado que cesó con la presentación de fs. 211/224. Acompañó por entonces la apoderada una fotocopia de un contrato de concesión que se habría celebrado el 6 de marzo de 1998 entre P.S.R.L. y G., por el cual la sociedad le habría cedido a este último el permiso de uso del inmueble para la explotación por su cuenta de un negocio Disco y de las barras existentes para expedición, servicio de bebidas.

El convenio tenía una duración desde el 1° de marzo de 1998 hasta el 26 de noviembre de 1998.

El 2 de diciembre de 1998 P. S.R.L. envió a Gh.una carta documento, intimándolo a proceder a la restitución del local y de todos los documentos relacionados con la habilitación municipal. El 9 de ese mes se labró un acta notarial en la que quedó asentado que G.hacía entrega al representante legal de la sociedad del local con sus llaves, en cuanto a la habilitación comercial y su respectivo libro, expresó aquél que los tenía traspapelados y se comprometió a buscarlos, cosa que nunca hizo o, al menos, nunca logró encontrar.

Las relaciones jurídicas sucesivas, enmarañadas y confusas, continuaron de inmediato. En efecto, el 10 de diciembre de 1998 firmó G. un nuevo contrato con M. G. por 36 meses, con vencimiento el 10 de diciembre de 2001, a pesar que P. S.R.L. tenía la tenencia del inmueble, que G. le había devuelto el día anterior.

Todo hacía parecer que se estaba enfrentando con un verdadero festival de tradiciones traslativas y restitutivas de la tenencia, que nada bueno debieron encubrir frente a los acreedores y el fisco.

En una extraña cláusula adicional manuscrita se incorporó al sinalagma como colocatario a A. O. B., con prohibición total de ceder o subarrendar total o parcialmente el bien locado ni transferir el contrato sin conformidad del locador (queda en claro que es falso lo afirmado en el primer párrafo de fs.49 en la contestación de demanda).

A pesar de tal interdicción el 1° de marzo de 1999 G. B., aparentemente, cedieron la locación a favor de R.C.hasta el 31 de mayo de 2000 entregándole la tenencia y llaves del local, hecho de cuya realidad tengo mis serias dudas. Más aún, tengo la casi total certeza de que la fotocopia incorporada tardíamente en el momento de cesar de rebeldía de P. S.R.L. ha sido un intento fallido de desviar la responsabilidad de G. en dirección a un ignoto C., hasta de cuya existencia concurren dudas.

A todo esto, el 19 de abril de 1999 P. S.R.L. intimó por carta documento a B la restitución de los certificados y libros de habilitación, desconociéndose el resultado, como también es una incógnita qué funciona hoy en el local, aunque como se verá lo he descubierto.

Para esa fecha P S.R.L. había quedado desligada de la relación locativa. Y para el año 2011 se había extinguido como sociedad por vencimiento del plazo.

Sin embargo, investigando a mi peculiar estilo «Sherlock Holmes», pude averiguar que hoy funciona allí un supermercado, cuyo teléfono es según TeleXplorer (011) 4896-4455, a nombre A. N. C., bajo el rubro «supermercados y autoservicios, alimentos y bebidas», que a tenor del acento de la persona del sexo masculino que atendió el teléfono en la mañana del 29 de agosto con la excusa de preguntarle si abrían el día del paro general, se trataría de un integrante de la comunidad china.

V. Surge de la causa penal que tengo a la vista que fue iniciada por B. el 15 de julio de 1999, declarando que el 4 de ese mes y año, encontrándose en el interior del local La D. en compañía de otro individuo fue agredido por personas de seguridad interna, altas, de contextura robusta, uno con el cabello largo recogido y otro rubio corto.En otras oportunidades en que había concurrido al boliche esas personas lo habían palpado en la entrada y de verlos nuevamente los reconocería.

A fs. 7 declaró la testigo D. que el 4 de julio siendo las 5 y 45 horas estaba con el novio y un amigo W. cuyo apellido no recuerda y que estaba charlando con E. B. (qué casualidad que no recuerda el apellido del amigo y sí el nombre y apellido de quien estaba conversando con ellos). Poco después vio como éste fue agredido en un principio por una persona de seguridad, que momentos antes había palpado a E. y al novio para entrar. Tenía pelo medio ondulado rubio, largo, vestido con ropa común, luego se agregó otra persona de seguridad pero de pelo color castaño corto. Tomó contacto con Edgardo después de lo acontecido.

Al deponer a fs. 59/60 da una versión del hecho condimentada superlativamente, que es inútil examinar.

A fs. 8 declaró C. R. -el novio- reproduciendo la declaración de la anterior casi textualmente. La exposición de fs. 53/54 es lisa y llanamente desechable por las contradicciones en que incurre

A fs. 51/52 al declarar en sede judicial el testigo P. que se presenta como amigo de B. Destaco de sus dichos que llegó al lugar aproximadamente a la una de la madrugada. Luego expresa que alcanzó a observar (estaba a su lado) a uno solo de seguridad que empujó a E., cree que intencionalmente, luego llegaron otros que los separaron, eso sí desconoce si E. respondió a la agresión ni vio quién lo golpeó. A pesar de ello, describe al agresor como robusto de pelo rubio largo y enrulado, no tenía ningún cartel que lo identificara como personal de seguridad del lugar aunque lo había visto antes. Da un motivo no muy creíble por el cual no hicieron la denuncia esa madrugada.

Al realizarse rueda de reconocimiento, B. dice reconocer al que está identificado con el N°1, apellidado A. Por el contrario, R. y P.no reconocen a ninguno.

Al tomar nueva declaración testimonial a B., modifica su posición expuesta ese mismo día y ahora ante el juez y secretario se retracta totalmente.

A fs. 110/111 se dicta sentencia y se destaca que las dos personas que fueron indagadas tan solo por responder a las características informadas por el aquí actor y los tres supuestos testigos presenciales, realizaban en el momento del incidente tareas ajenas a la seguridad, lo que se ve corroborado por los resultados negativos del reconocimiento en rueda.

Se debería seguir adelante con la investigación no descartándose que se haya tratado de personas asistentes al sitio, sin tener vinculación alguna con el personal. Se desconoce si esa sugerencia del juez O. ha sido cumplida.

Surge de la información del hospital P. que el 4 de julio de 1999 a las 7 y 30 horas fue atendido en la guardia B. A fs. 25 el Médico Forense consigna que fue asistido por traumatismo facial, epistaxis, pérdidas de piezas dentarias, incisivos centrales. A fs. 28 el Jefe del Servicio de Otorrinolaringología escribe que el paciente presenta marcada desviación del sepsum nasal en fosa nasal derecha que determina un síndrome de insuficiencia ventilatoria unilateral y parcial. Finalmente la odontóloga forense establece la fractura de dos incisivos centrales superiores producto de un choque con o contra un cuerpo duro-semiduro. También ofrece cicatriz de labio cortante superior.

VI. El sentenciante de grado no fija su posición en cuanto a la relación jurídica preexistente entre los litigantes, pero a mi juicio se está ante un supuesto típico de responsabilidad contractual.

El empresario organizador del espectáculo público, cualquiera sea su finalidad – deportiva, artística, cultural, musical, etcétera-, o quienquiera que asuma su organización, a título oneroso o gratuito, deberá responder en cada caso en que incumpla las obligaciones que pone a su cargo el contrato atípico que celebra con los espectadores asistentes (Conf. Alterini-Ameal-López Cabana, «Derecho de Obligaciones Civiles y Comerciales», Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1995, ps.764 y 765).

Entre el espectador y el organizador se celebra un contrato de espectáculo público, y este último al brindarlo al público con fines de lucro, se compromete implícitamente a que nadie sufra daño a causa de ese hecho, en virtud de la cláusula de incolumidad que se entiende incorporada tácitamente a todo contrato en el que la suerte de la persona de uno de los contratantes que satisface una prestación, queda confiada a la otra parte. Sería inconcebible que el empresario pudiera desentenderse de ese deber de seguridad hacia el espectador, pues tal postura equivaldría al juego de una cláusula de exoneración inaceptable, ya que nadie puede obligarse y desobligarse simultáneamente (Conf. Llambías, Jorge, «Responsabilidad civil provenientes de accidentes deportivos», ED, 47-951).

En el caso específico que nos ocupa, se ha dicho que quien concurre a una «disco» a estar con amigos, a hacer amistades, en definitiva, a distraerse, se relaciona jurídicamente con el proveedor del servicio, de modo que la responsabilidad civil por los daños padecidos por el asistente es contractual. El contrato contiene dos obligaciones: la principal, consistente en ofrecer el servicio prometido (música de determinada clase, venta de bebidas, iluminación, etcétera), y una accesoria de seguridad (Conf. Sagarna, Fernando Alfredo, «Daños causados por custodios privados – Responsabilidad de las discos por el hecho de sus dependientes», LL, 1999-E, 133).

Si bien la elaboración jurídica de la «obligación de seguridad» nació a propósito del contrato de transporte de personas, a través de la famosa sentencia de la Corte de Casación francesa del 21 de noviembre de 1911, «in re»: «Zbidi Hamida Ben Mahmoud c.Compañía General Transatlántica», luego se fue extendiendo paulatinamente a todos los contratos en los que durante su cumplimiento pueden producirse daños físicos o morales al beneficiario de la prestación principal, de modo que esa obligación consiste en el deber de arbitrar lo necesario para resguardar la integridad corporal de esa parte.

Así, se la ha aplicado en los espectáculos públicos o deportivos, en los zoológicos, traslados en teleféricos, parques de atracciones, piscinas, salones de baños, locales de belleza, peluquerías, pistas de patinaje, toboganes acuáticos, hamacas y lugares de reunión social o locales bailables. Este deber que pretende mantener la incolumidad de los contratantes, se suma al resto y tiene su fuente en lo dispuesto en el art. 1198 del Cód. Civil, que impone el vigor y vigencia de la buena fe antes, durante y después de la relación contractual (Conf. Compagnucci de Caso, Rubén H., Obligación de seguridad, LNBA 2005-0-32).

Entre nosotros ha sido definida la obligación de seguridad como una obligación contractual expresa o tácita, anexa e independiente del deber principal, que existe en todo tipo de contrato y por la cual el deudor garantiza objetivamente al acreedor que no le causará daños en bienes distintos al que fuera concebido como objeto del negocio, como consecuencia del desarrollo efectivo de la prestación principal (Conf. Agoglia-Boragina-Meza, «Responsabilidad por incumplimiento contractual», Ed. Hammurabi, p. 172, Buenos Aires, 1993).

El organizador del espectáculo, llámese propietario del cine o teatro, productor de espectáculos como recitales, óperas, teatro al aire libre, etcétera, asume un deber secundario de seguridad frente al espectador, quien no espera sólo ver el espectáculo, sino que, por más que no lo pacte, está impuesta en la naturaleza de la relación jurídica la obligación de garantizar su seguridad, desde el acceso al espectáculo hasta la desconcentración cuando finaliza (Conf.López Herrera, Edgardo, Teoría general de la responsabilidad civil, 2006, LexisNexis, Lexis Nº 7004/007809).

Específicamente, en lo que se refiere a la obligación tácita de seguridad existente en casos como el presente, se la ha definido como la obligación accesoria en virtud de la cual el titular o concesionario de una discoteca debe, además de un complejo de deberes primarios que se conjugan en la prestación principal prevista en el contrato (servicio de música, escenario para el baile y esparcimiento, suministro de bebidas, entremeses, bocadillos y otros tipos de comestibles), velar porque ni las prestaciones o servicios brindados, ni los objetos o dependientes suyos, ni la actividad, desórdenes y pasiones que genera el objeto propio de su quehacer comercial -y en el cual encuentra provecho y ganancias- provoquen daños en las personas o los bienes de sus clientes. Para el logro de ese fin debe adoptar todas las medidas razonables de custodia y vigilancia para prevenir y evitar, fundamentalmente, los daños a que sus clientes se encuentran expuestos por diversos sucesos (enfrentamientos entre grupos; grescas bilaterales; acciones de sujetos alcoholizados o con el entendimiento obnubilado, etcétera) que de forma bastante común se producen dentro del ámbito del local o en los sectores de ingreso o egreso del mismo (Conf. SC Buenos Aires, 2005/08/10, «Mandirola, Juan y otra c.Club Deportivo Alsina», LLBA 2005 (noviembre), 1163, voto del doctor Roncoroni por la mayoría).

Al lado de un conjunto de deberes primarios que tipifican la prestación principal del titular de la discoteca (servicio de música, escenario para el baile y esparcimiento, suministro de bebidas, entremeses, bocadillos y otros tipos de comestibles), existe un deber de seguridad que, como obligación accesoria integra y ensancha, implícita o tácitamente, aquella prestación principal, imponiendo a aquél la toma de todas las medidas razonables de custodia y vigilancia para prevenir y evitar, fundamentalmente, los daños a que sus clientes se encuentran expuestos por diversos sucesos (enfrentamientos entre grupos; grescas bilaterales; acciones de sujetos alcoholizados o con el entendimiento obnubilado, etc.) que de forma bastante común se producen dentro del ámbito del local o en los sectores de ingreso o egreso del mismo (Conf. Hersalis, Marcelo, Los locales bailables, LA LEY 2009-C, 3689).

Sentado ello, corresponde examinar si esa obligación de seguridad es de medios o de resultado.

Prevalece en general la tendencia a ubicarla entre las segundas y ella es uniforme en este caso concreto: el titular de la «disco» debe asegurar la salida de sus cocontratantes sanos y salvos, esto es, en la misma forma que ingresaron al local (Conf. Sagarna, Fernando Alfredo, «Daños causados por custodios privados – Responsabilidad de las discos por el hecho de sus dependientes», LL, 1999-E, 133).

Se ha dicho que: «Los empresarios o promotores de espectáculos están obligados por un deber legal de garantía o seguridad respecto de la indemnidad de los espectadores mientras asisten y permanecen en el lugar, antes, durante y hasta después de la finalización del evento, configurándose una obligación de resultado que impone al organizador una responsabilidad objetiva» (Conf.CNCiv., sala I, 27/3/2001, JA 2001-III-536).

Se ha sostenido igualmente que la obligación del empresario de proporcionar seguridad encuentra también apoyo en la teoría del riesgo y del aprovechamiento económico, de modo que resulta equitativo que quien con sus actividades genera riesgos asuma la responsabilidad que con ellos origina, máxime si se beneficia económicamente con tales actividades (Conf. Weingarten, Celia y Ghersi, Carlos A., «La responsabilidad por organización de espectáculos deportivos», LL 1994-D-12).

En consecuencia, estando en presencia de una obligación de resultado, a la víctima le basta probar el daño sufrido y la relación de causalidad, pero no tiene necesidad de acreditar la culpa del organizador, la que es presumida por el sólo hecho del incumplimiento contractual (Conf. Trigo Represas-Cazeaux, «Derecho de las Obligaciones», Tomo 4, p. 322, CNCiv., Sala K, 14/11/2003, JA 2004-II, 467).

La entidad, a su vez, se eximirá de las consecuencias de su obligación contractual de resultado, demostrando una causa ajena interruptiva del nexo de causalidad: la culpa del espectador o la de un tercero por quien no debe responder o el caso fortuito.

VII. La culpa de la víctima actúa como causal exculpatoria, siempre que adquiera la jerarquía de ser condición adecuada del propio daño, conforme a lo previsto en el art. 1111 del Cód. Civil: «El hecho que no cause daño a la persona que lo sufre, sino por una falta imputable a ella, no impone responsabilidad alguna».

Es decir que si el daño deriva exclusivamente de la culpa del que lo ha sufrido, no se generará ninguna responsabilidad a cargo de la otra persona sindicada como responsable.Únicamente la víctima debe asumir las consecuencias derivadas de su obrar imprudente, pues en tal hipótesis se ha producido la quiebra del nexo causal entre el daño y el riesgo de la cosa.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación desde hace muchos años ha adherido a la doctrina por la cual la culpa de la víctima con aptitud para cortar el nexo de causalidad entre el hecho y el perjuicio debe aparecer como la única causa del daño y revestir las características de imprevisibilidad e irresistibilidad propias del caso fortuito o fuerza mayor (Conf. CSJN, 12/12/89, Ortiz, Eduardo A. c/. Empresa Ferrocarriles Argentinos, LL, 1990-C-626; id. 23/11/2004, Pachilla, Hugo Armando y otros c/ Transportes Metropolitanos General Roca S.A. , Fallos, 327:5224, id. 24/04/2001, Contreras, Raúl Osvaldo y otros c/ Ferrocarriles Metropolitanos S.A. , Fallos, 324:1344; id. 10/10/2000, Chaves, Fabián Mario c/ Tucumán, Provincia de s/ daños y perjuicios , Fallos, 323:2930, entre otros).

Debe descartarse en el caso esta primera eximente, pues nada se ha acreditado que permita deducir la «culpa» al actor por haber incurrido en un acto de provocación y por haber iniciado la reyerta.

Tonta no soy y los ángeles dicen que están en el cielo, está fuera de toda disputa que algo debió haber ocurrido en ese «antro» (como dicen los mejicanos) casi a las 6 de la mañana, luego de una intensa madrugada de danza, bebida, etcétera, etcétera.

Sin embargo, reitero, el condenado no ha aportado ningún elemento probatorio que demuestre una inconducta del actor.Paralelamente, tampoco este último ha logrado acreditar que sus agresores integraban el personal de seguridad del establecimiento, dado el resultado de la rueda de reconocimiento y el testimonio de los amigos acerca de la ausencia de identificación de las remeras que portaban.

Ha dicho la Sala que el empresario no puede eximirse de responsabilidad por el hecho de que las lesiones producidas a uno de los asistentes las haya efectuado un tercero, porque el deber de seguridad que pesa sobre el organizador de estas veladas en discotecas o de cualquier otro espectáculo, obliga a prevenir este tipo de altercados o las frecuentes actitudes desaprensivas de los concurrentes, que tengan potencialidad dañosa para los otros participantes, especialmente ante el grado de alcoholismo, adicciones y violencia que crecientemente se experimenta en esos eventos. Ello impide calificar de imprevisible al hecho que motivó las lesiones de la actora y menos aún pensarlo inevitable, desde que adecuados resortes de seguridad hubiesen podido aventarlo. Por tanto, no puede aceptarse que un caso fortuito hubiese roto el nexo causal entre esa obligación de resultado incumplida y el daño experimentado (Conf. CNCiv., Sala G, 26/08/2004, RCyS 2004-XI, 108).

El vínculo jurídico que unió a quien se retiraba del local bailable y fue agredido por personal de seguridad del mismo con la empresa propietaria del local es de naturaleza contractual, pues quien concurre a un local bailable se relaciona jurídicamente con el proveedor del servicio y éste se obliga, entre otras cosas, a brindarle seguridad de que saldrá del sitio sano y salvo, es decir, se trata de una obligación de resultado, que se basa en el factor de atribución objetivo de garantía (Conf. CNCiv., Sala A, 16/09/2011, RCyS 2011-XII, 137).

Concordantemente se ha resuelto que si bien los concurrentes a un espectáculo son, respecto de la entidad organizadora, terceros, luego de haber permitido su ingreso y teniendo a cargo el control de la seguridad del espectáculo, aquélla atrae sobre sí la responsabilidad por los daños causados (Conf. CNCiv.Sala F, 26/08/2008, LA LEY 2008-F , 388).

Por todo ello y porque G. no adoptó todas o ninguna de las medidas necesarias para que la permanencia de los asistentes en el local pudiera cumplirse sin peligro para ellos, como única «cara visible» del emprendimiento ( descartando de plano la supuesta sublocación a C. presentada en fotocopia simple, fuera de término, y casualmente abarcando unos pocos meses dentro de los cuales se encuentra el 4 de agosto de 1999)y ante la ausencia de agravios sobre el particular, propongo a mis colegas confirmar la sentencia en cuanto lo hace responsable por los daños sufridos por el actor, exclusivamente por los fundamentos que anteceden y haciendo caso omiso de los invocados por el juez de grado.

VIII. Se agravia el demandado por los montos indemnizatorios fijado el magistrado anterior.

Frente a la exigencia contenida en el art. 265 del Código Procesal, cuando se trata del contenido de la expresión de agravios, pesa sobre el apelante el deber de resaltar, punto por punto, los errores, las omisiones y demás deficiencias que atri buye al fallo. No basta con disentir, sino que la crítica debe ser concreta, precisa, determinada, sin vaguedades. Además, tiene que ser razonada, lo que implica que debe estar fundamentada.

En la expresión de agravios se deben destacar los errores, omisiones y demás deficiencias que se asignan al pronunciamiento apelado, especificando con exactitud los fundamentos de las objeciones.

La ley requiere, con la finalidad de mantener el debate en un plano intelectual antes que verbal, que la crítica dirigida a lo actuado en la instancia de grado sea concreta, lo cual significa que el recurrente debe seleccionar de lo proveído por el magistrado aquel argumento que constituya estrictamente la idea dirimente y que forme la base lógica de la decisión. Efectuada esa labor de comprensión, incumbe al interesado la tarea de señalar cuál es el punto del desarrollo argumental que resulta equivocado en sus referencias fácticas, o bien en su interpretación jurídica (Conf.esta Sala G, 12/02/2009, La Ley Online; AR/JUR/727/2009).

No existe posibilidad de tener como expresión de agravios al escrito que omite el análisis pormenorizado de la resolución apelada, no indica sus presuntos defectos, ni impugna sus fundamentos legales, limitándose a reiterar en términos aproximados las alegaciones ya formuladas y a la enunciación de meras apreciaciones subjetivas de orden general y no jurídico, sin rebatirlas concretamente (Conf. esta Sala G, 10/02/1987, LL, 1987-B, 288).

Este escrito debe bastarse a sí mismo, sin que quepa remitirse a presentaciones anteriores. Si no se introduce en el análisis pormenorizado del fallo ni cuestiona sus fundamentos legales, limitándose, en otros términos, a reproducir circunstancias relatadas con anterioridad o introducir otras que nada tienen que ver con la cuestión discutida, no reúne los requisitos suficientes como para ser tenido como tal (Conf. esta Sala G, 09/12/1983, LL, 1985-C, 643).

Si el juzgador se encuentra obligado a dar suficiente sustento a su decisión, simétricamente corresponde al recurrente exponer razones que desvirtúen el razonamiento contenido en la sentencia (Conf. esta sala, L. 318.425, del 3/7/2001 y L. 418.726, del 21/11/2005, L. 509.780 del 15/12/08, entre muchos otros).

Sin embargo, a la hora de decidir la declaración de deserción del recurso de apelación, la gravedad de las consecuencias que ello apareja impone una aplicación restrictiva. En caso de duda en cuanto a la suficiencia o insuficiencia de la expresión de agravios, debe estarse a la apertura de la instancia, apreciando con tolerancia las deficiencias, con el fin de no conculcar el derecho de defensa en juicio (Conf. Fenochietto-Arazi, Código., Astrea, 1983, Tomo 1, p. 840).

Tradicionalmente esta Sala sostiene que aun cuando el escrito presentado bajo la denominación de tal no constituya la expresión de agravios en los términos del art. 265 del Cód.Procesal, debe aplicarse al respecto el criterio amplio, en orden al respecto del principio constitucional de la defensa en juicio de los derechos y con la finalidad de brindar acabada satisfacción al recurrente, permitiendo la apreciación de las razones alegadas para la modificación de la sentencia (Conf. esta Sala, 03/08/1981, LL, 1983-B, 768; id. id. 10/02/1987, LL, 1987-B, 288, entre muchos otros).

En el caso el apelante se ha limitado a remitirse a expresiones contenidas en el alegato y a impugnaciones a peritajes presentados ante el juez de la instancia anterior, a través de una expresión de agravios, que sólo ha expuesto algunos argumentos imprecisos acerca de supuestas omisiones atribuidas a aquél, por lo que es irremediable acudir a la consecuencia que impone el art. 266 del aludido Código, declarando parcialmente desierto el recurso.

IX. Solicita el apelante se aclare el lapso en que corresponde aplicar la tasa de interés establecida por el juez a-quo, al propiciar el empleo de la tasa activa desde la sentencia hasta el cumplimiento de la condena y con anterioridad, el 8 % anual.

Tal tema debió ser objeto de un recurso de aclaratoria, no siendo ésta la oportunidad procesal para introducirlo, más allá de su inoficiosidad, dado que los términos de la sentencia no ofrecen margen a duda alguna.

X. Las costas de alzada se imponen al demandado vencido (art. 68 del Código Procesal).

Los Señores Jueces de Cámara Doctores Bellucci y Carranza Casares votaron en igual sentido por análogas razones a las expresadas en su voto por la Dra. Areán. Con lo que terminó el acto.

Buenos Aires, de Septiembre de 2014.-

Y VISTOS:

Por lo que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede, se resuelve: I. Rechazar el recurso de nulidad interpuesto con costas al vencido. II. Por los fundamentos que emergen del voto preopinante, confirmar la sentencia apelada en todas sus partes, con costas de alzada al apelante derrotado. III.Vueltos los autos, se arbitrará lo conducente para el logro del ingreso del tributo de justicia, y se recuerda la personal responsabilidad que impone la ley 23.898. IV.- En atención a la calidad, extensión y mérito de la labor profesional desarrollada y a lo establecido por los arts. 6, 7, 9, 14, 37, 38 y conc. de la ley 21.839 y la ley 24.432, se confirman -por considerarlos ajustados a derecho- los honorarios regulados a fs. 111 en favor de la letrada apoderada del demandado G., que no alegó. Se elevan los emolumentos fijados a la letrada y apoderada de la tercera vencedora, a la suma de ($.). Por sus labores como letrada apoderada del demandado condenado su retribución se eleva a la suma de ($.), y se regula la suma de ($.) por sus labores de alzada. Se deja constancia de que la publicación de esta sentencia se encuentra sujeta a lo establecido por el art. 164, segundo párrafo del Código Procesal.

Regístrese, notifíquese a las partes mediante cédula por Secretaría, oportunamente cúmplase con la Acordada 24/13 de la CSJN y devuélvanse.

BEATRIZ AREÁN

CARLOS ALFREDO BELLUCCI

CARLOS CARRANZA CASARES

Por ante mi:

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