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Según precedentes de CSJN, «Ferreyra», «Marino» y «Fernández», no procede la indexación de una indemnización por accidente laboral

Trabajador lesionadoPartes: Dell Acqua Norma Susana c/ Provincia A.R.T. S.A. s/ indemnización por accidente de trabajo

Tribunal: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires

Fecha: 20-ago-2014

Cita: MJ-JU-M-88847-AR | MJJ88847 | MJJ88847

Improcedencia del planteo de la actora, en cuanto procura la indexación de la indemnización recibida como consecuencia de un accidente laboral.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar el rechazo del recurso deducido por la actora, pues utilizando una técnica recursiva equivocada, aquélla pretende que se reemplace el mecanismo de fijación del ingreso base previsto en la ley (en cuanto toma en cuenta los salarios devengados en los doce meses anteriores a la primera manifestación invalidante) por aquél que considera más adecuado a sus intereses (computar el salario vigente al momento de la liquidación de la indemnización), limitándose a señalar que el precepto impugnado viola los arts. 14 bis , 16 y 17 de la Constitución nacional, mas soslaya fundamentar, con la profundidad que es exigible a un planteo dirigido a descalificar la validez constitucional de una norma legal, de qué manera habrían sido conculcadas en el caso dichas garantías constitucionales.

2.-Al apoyar sus críticas exclusivamente en la circunstancia de que el salario se habría depreciado en atención al proceso inflacionario sobreviniente al acaecimiento del siniestro, lo que la actora está peticionando -por una vía oblicua- no es sino la indexación o actualización monetaria del crédito, soslayando que los arts. 7 y 10 de la ley 23928 -modif. por el art. 4 de la ley 25561- prohíben expresamente la indexación de los créditos, sin que la interesada haya intentado argumentar motivos susceptibles de excepcionar para el presente caso la regla que se deriva de esas normas.

3.-Cabe mantener la declaración de inconstitucionalidad de la ley provincial 14399 , en cuanto modificó el art. 48 de la ley 11653 e impuso la tasa activa de interés para los créditos laborales, en tanto legisla sobre una materia de derecho común cuya regulación es competencia exclusiva del Congreso de la Nación; así, los intereses moratorios en los créditos laborales deben ser calculados a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y por aquellos días que no alcance a cubrir el lapso señalado, según lo que resulte de prorratear diariamente dicha tasa.

4.-Aun cuando el valor de lo cuestionado en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no supere el límite establecido en los arts. 278 del CPCC y 55 de la ley 11653, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el embate dirigidos a cuestionar el rechazo del planteo de inconstitucionalidad introducido por la parte interesada, toda vez que -tratándose de una cuestión federal cuya reserva ha sido mantenida en esta instancia- corresponde que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos vinculados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales.

Fallo:

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 20 de agosto de 2014, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Pettigiani, Soria, Kogan, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 117.462, «Dell Acqua, Norma Susana contra ‘Provincia A.R.T. S.A.’. Indemnización por accidente de trabajo».

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal del Trabajo con asiento en la ciudad de Tandil, perteneciente al Departamento Judicial de Azul, hizo lugar parcialmente a la demanda promovida, imponiendo las costas a la accionada (fs. 377/381 vta.).

La parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 398/407), concedido por el citado tribunal a fs. 409 y vta.

Dictada la providencia de autos (fs. 504) y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado ante esta instancia, la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:

I. El tribunal del trabajo acogió la acción deducida por Norma Susana Dell Acqua contra «Provincia A.R.T. S.A.», mediante la cual le había reclamado el pago de la indemnización por incapacidad laboral permanente parcial establecida en el art. 14 ap.2 «a» de la ley 24.557.

En lo que resulta relevante para la resolución de la litis, tras fijar en $ 1.130,88 el valor del ingreso base mensual de la actora, y descartar la aplicación al caso de las pautas indemnizatorias establecidas en el decreto 1694/2009, cuantificó la referida prestación en la suma de $ 10.363,05, importe al que añadió intereses calculados de acuerdo a la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires.

En lo que respecta al ingreso base, consideró el a quo que correspondía estar a lo dictaminado por el perito contador, en tanto el importe allí determinado ($ 1.130,88) se adecua a lo que prescribe el art. 12 de la ley 24.557 -que dispone que, a los fines de determinar la mentada base salarial que se utiliza para calcular la indemnización, deben computarse las remuneraciones devengadas en los doce meses anteriores a la primera manifestación invalidante-, debiendo descartarse por tanto la pretensión actoral de establecerlo en la suma de $ 2.562,88, toda vez que ésta se corresponde con salarios percibidos durante el año 2008, cuando el accidente ocurrió en el mes de mayo de 2006 (vered., fs. 375 vta./376).

Por otra parte, para descartar la aplicación al caso del decreto 1694/2009, ponderó el juzgador que el art. 16 del citado reglamento dispone que sus disposiciones entraron en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y deben aplicarse a las contingencias previstas en la ley 24.557 cuya primera manifestación invalidante se produjese a partir de esa fecha. Sobre esa base concluyó que, habiéndose producido el accidente el día 8-V-2006, con anterioridad a la entrada en vigencia del decreto 1694/2009, éste no resulta aplicable en las presentes actuaciones.

Al fundar dicha decisión recordó que esta Suprema Corte ha resuelto -en las causas L. 90.384, «N., P. A.», sent. del 9-V-2007 y L. 94.119, «F., C. V.», sent. del 4-XI-2009- que el decreto 1278/2000 (cuyo art.19 contenía una redacción similar a la del art. 16 del dec. 1694/2009) no resultaba aplicable a los casos en los que el accidente y las consecuencias incapacitantes se hubiesen producido con anterioridad a la entrada en vigencia de dicho reglamento, doctrina legal con apoyo en la cual descartó el planteo introducido por la actora al impugnar la pericial contable (sent., fs. 379 y vta.).

Por último, el tribunal determinó que los intereses debían calcularse con arreglo a la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires (sent., fs. 380).

II. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la parte actora denuncia absurdo y violación de los arts. 1, 2 y 7 de la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos; 1, 4, 5, 8, 21, 24 y 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 bis, 16, 17, 19, 23, 45 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; de los Convenios 95 y 111 de la Organización Internacional del Trabajo, de las resoluciones 414/99 y 287/01 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y doctrina legal que cita (fs. 398/407).

Plantea los siguientes agravios:

1. En primer lugar cuestiona el importe de la indemnización establecida en el art. 14. 2. «a» de la ley 24.557 (fs. 402/406).

a. Por un lado, objeta que, al determinar el valor del ingreso base, el tribunal se haya «ajustado estrictamente» a lo que prevé el art.12 de la ley 24.557, toda vez que, al haber tenido en cuenta las remuneraciones devengadas durante el año anterior al accidente, computó un salario incompleto y depreciado, vulnerando la «doctrina legal» establecida por la Corte Suprema en la causa «Pérez c/Disco».

Afirma que el desajuste con la realidad es notorio, desde que el salario tomado como base indemnizatoria es netamente inferior en moneda constante al que le hubiera correspondido percibir a la actora si la aseguradora de riesgos del trabajo hubiere reconocido el siniestro y abonado en término la indemnización.

Añade que, además de dejar de lado parte del salario de la trabajadora, al no contemplar las «sumas no remunerativas» como integrantes de aquél, la citada norma estanca su importe, perjudicando gravemente a la actora en atención al proceso inflacionario en el cual se encuentra inmerso nuestro país.

Sobre esa base, concluye que el art. 12 de la ley 24.557 es inconstitucional, toda vez que desprotege al trabajador al tomar en cuenta un salario totalmente depreciado, sustancialmente más bajo que cobraría si estuviese sano y trabajando.

Explica que, precisamente por ello, el art. 6 del decreto 1694/2009 estableció que las prestaciones dinerarias por incapacidad laboral temporaria o permanente provisoria previstas en el art. 11 de la ley 24.557 deben calcularse con arreglo al art.208 de la Ley de Contrato de Trabajo, que prescribe que la remuneración que corresponde abonar al trabajador enfermo es la que percibía al momento de la interrupción de los servicios con más los aumentos que durante el período de licencia le fueren acordados a los de su misma categoría.

Por otra parte, destaca que la solución que propone no causa perjuicio alguno a las aseguradoras de riesgos del trabajo, quienes se mantienen con las primas que cobran al momento en que cumplen con el pago de sus obligaciones, y no con las que cobraron al momento del siniestro, lo que demuestra que, de no aceptarse el reclamo, la demandada se enriquecería sin causa alguna.

Luego, en aras de la equidad y a efecto de no depreciar el salario ni el poder adquisitivo de la trabajadora, concluye que debe fijarse el importe de la indemnización con arreglo a la remuneración que le correspondía percibir al momento de liquidarse la prestación, habida cuenta que, en caso de «inflación galopante» no resulta correcto pagar al accidentado sumas que ya han perdido su valor económico.

b. En subsidio, postula que se determine el importe de la indemnización con arreglo a las pautas indemnizatorias del decreto 1694/2009 (fs. 405 vta./406).

Alega que el decreto citado le brindaba al tribunal la oportunidad de dictar una sentencia que no fuera irrazonable, recurriendo al piso indemnizatorio previsto en su art. 2 ($ 180.000 multiplicado por el porcentaje de incapacidad), lo cual hubiese arrojado un capital de $ 23.400.

Aclara que mal puede decirse que el decreto 1694/2009 no es aplicable al caso en virtud de lo que dispone su art. 16, desde que la actora aún no ha visto cancelada su acreencia, verificándose una injusticia notoria para la trabajadora en beneficio de la aseguradora de riesgos del trabajo.

Sobre esa base, estima que el art.16 del decreto 1694/2009 es inconstitucional, al contradecir los fines sociales y protectorios que amparan al trabajador subordinado, máxime cuando aplicar sus disposiciones a los siniestros ocurridos con anterioridad a su entrada en vigencia, pero no cancelados, no implica una aplicación retroactiva de la norma, ni afecta el derecho de propiedad de las aseguradoras.

Invoca, en apoyo de la solución que reclama, lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia en la causa «Valdez c/ Cintioni» (Fallos 301:318), en el cual se declaró la inconstitucionalidad del art. 276 de la Ley de Contrato de Trabajo.

2. En segundo término, cuestiona la aplicación de la tasa pasiva para calcular el importe de los intereses (fs. 406 y vta.).

Dice que lo resuelto vulnera la doctrina legal establecida por esta Corte en la causa L. 108.796, «F., M. A.» (sent. del 6-IV-2011), en la cual se declaró inaplicable a las acciones especiales por accidentes de trabajo la doctrina que dispone la aplicación de la tasa pasiva, toda vez que, con arreglo al art. 622 del Código Civil, en el caso existe una legislación especial (art. 6 de la resol. 287/01 de la S.R.T.) que determina el tipo de interés a aplicar.

Luego -expone-, habiéndose reclamado en el caso una indemnización sistémica, corresponde aplicar la tasa activa del Banco Nación prevista en la citada resol. 287/01, deviniendo inaplicable la doctrina establecida en la causa Ac. 43.858, «Zgonc» (sent. del 21-V-1991).

III. El recurso debe ser desestimado.

1. En primer lugar, cabe destacar que, atento la insuficiencia del valor de lo cuestionado, el recurso bajo examen fue concedido por el tribunal de grado en el estrecho marco de la excepción reglada por el art. 55 -primer párrafo, in fine- de la ley 11.653 (ver resolución de fs.409 y vta.).

Siendo ello así, la labor de esta Corte debería quedar limitada -en principio- a verificar si se ha vulnerado o no la doctrina legal que en el embate se reputa transgredida.

Con todo, no puede soslayarse que algunos de los agravios contenidos en el recurso (aquéllos por los cuales se peticiona la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 12 de la ley 24.557 y 16 del decreto 1694/2009, así como el tópico relativo a la aplicabilidad de la ley 14.399, cuya inconstitucionalidad fue planteada por la demandada a fs. 501/503) involucran el análisis de cuestiones federales, circunstancia que -como bien lo destaca la recurrente a fs. 400 vta.- justifica su tratamiento incluso con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales.

En ese sentido, ha declarado esta Corte que aun cuando el valor de lo cuestionado en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el embate dirigidos a cuestionar el rechazo del planteo de inconstitucionalidad introducido por la parte interesada, toda vez que -tratándose de una cuestión federal cuya reserva ha sido mantenida en esta instancia- corresponde que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos vinculados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (C.S.J.N., Fallos 308:490, in re «Strada»; Fallos 310 1:324, in re «Christou»; Fallos 311:2478, in re «Di Mascio»; conf. causa L. 91.737, «Kaufmann», sent. del 21-IX-2011).

Luego, estando en debate una cuestión federal -desde que la recurrente ha denunciado que, al desestimar el planteo de inconstitucionalidad de los preceptos mencionados, el tribunal ha violentado disposiciones constitucionales (conf. C.S.J.N., «Guazzoni, Carlos A. c/ ‘El Día S.A.'», sent. del 18-XII-2001, publicado en «Jurisprudencia Argentina», Tomo 2002-II, pág.318)- las formalidades procesales que regulan los recursos extraordinarios locales no podrían vedar el acceso a esta Suprema Corte a fin de que resuelva la cuestión constitucional planteada (ver, en idéntico sentido, causa L. 89.651, «Salum», sent. del 11-VII-2012).

2. El agravio dirigido a cuestionar la validez constitucional del art. 12 de la ley 24.557 no resulta atendible, porque ha sido insuficientemente fundado.

a. Como quedó señalado, la actora cuestiona la validez del precepto legal citado, que es el que establece el ingreso base salarial que debe tomarse como módulo para calcular la cuantía de indemnización prevista en el art. 14.2 «a» de la ley 24.557.

En lo sustancial, objeta que los salarios que deben utilizarse a tal efecto sean los devengados «en los doce meses anteriores a la primera manifestación invalidante», y no los vigentes al momento en que se liquidó la indemnización, pauta esta última que juzga más adecuada para combatir la depreciación del crédito. En suma, tras reconocer que lo resuelto por el a quo «se ajusta estrictamente a lo previsto por el art. 12 de la ley 24.557» (fs. 402 vta.), estima que «el cálculo que establece el art. 12 resulta inconstitucional por irrazonable, porque desprotege al trabajador accidentado al otorgarle un haber depreciado sustancialmente más bajo que el que cobraría si estuviera sano y trabajando» (fs. 404), añadiendo que «surge clara entonces la inconstitucionalidad del art. 12 por irrazonable en este caso concreto, por contrariar las normas de raigambre constitucional» (fs. 404 vta.).

b. El agravio, como anticipé, no puede prosperar.

(i) Más allá de lo que pudiera opinarse sobre la temporaneidad del planteo constitucional indicado (adviértase que, al impugnar el importe del ingreso base determinado por el perito contador, si bien señaló que el método de cálculo del mentado módulo implicaba tomar en cuenta un salario depreciado, la actora no planteó la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, como sí lo hizo con el art.16 del decreto 1694/2009, petición esta última que reitera de modo subsidiario en el remedio bajo examen), lo relevante para descartarlo es su orfandad argumentativa, que evidencia su insuficiencia técnica y sella su suerte adversa.

(ii) Por un lado, cuadra señalar que, utilizando una técnica recursiva equivocada, la recurrente pretende que se reemplace el mecanismo de fijación del ingreso base previsto en la ley (en cuanto toma en cuenta los salarios devengados en los doce meses anteriores a la primera manifestación invalidante) por aquél que considera más adecuado a sus intereses (computar el salario vigente al momento de la liquidación de la indemnización), limitándose a señalar que el precepto impugnado viola los arts. 14 bis, 16 y 17 de la Constitución nacional (fs. 403), mas soslaya fundamentar, con la profundidad que es exigible a un planteo dirigido a descalificar la validez constitucional de una norma legal, de qué manera habrían sido conculcadas en el caso dichas garantías constitucionales (conf., en idéntico sentido, causa L. 116.672, «Leuzzi», sent. del 21-V-2014, en la que se desestimó un agravio planteado en términos similares al aquí examinado).

Al respecto, ha declarado este Tribunal que debe ser desestimado por insuficiente el planteo de inconstitucionalidad si la articulación ha sido vertida de manera genérica, incumpliendo el interesado con la carga impugnatoria que le es propia (conf. causas L. 116.672, «Leuzzi», cit.; L. 110.415, «Castro», sent. del 12-XII-2012; B. 57.842, «Antonietti», sent. del 23-V-2001).

(iii) Por el otro, no puede desconocerse que, al apoyar sus críticas exclusivamente en la circunstancia de que el salario se habría depreciado en atención al proceso inflacionario sobreviniente al acaecimiento del siniestro, lo que la actora está peticionando -por una vía oblicua- no es sino la indexación o actualización monetaria del crédito.

Empero, al plantear la cuestión en esos términos, soslaya que los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 -modif. por el art.4 de la ley 25.561, normas cuya validez constitucional ha sido convalidada por esta Suprema Corte (conf. causas L. 101.512, «Alanis», sent. del 21-III-2012; L. 92.297, «Ferreyra», sent. del 23-III-2010; L. 89.957, «Marino», sent. del 4-VI-2008; L. 85.591, «Fernández», sent. del 18-VII-2007; entre muchas)- prohíben expresamente la indexación de los créditos, sin que la interesada haya intentado argumentar motivos susceptibles de excepcionar para el presente caso la regla que se deriva de esas normas, que ni siquiera han sido mencionadas en el embate, y cuya inconstitucionalidad e inaplicabilidad al caso tampoco ha sido peticionada, lo que define la improcedencia de la crítica (ver, en similar sentido, la citada causa L. 116.672, «Leuzzi»).

3. Tampoco es atendible el subsidiario planteo de inconstitucionalidad del art. 16 del decreto 1694/2009, que adolece de similar insuficiencia que el abordado en el apartado precedente.

Así, se ciñe la quejosa a expresar que el citado precepto «es inconstitucional por contradecir los fines sociales y protectorios que amparan al trabajador subordinado (arts. 14, 14 bis y 17 C.N.) al impedir la aplicación de sus disposiciones a los siniestros ocurridos con anterioridad pero no cancelados a la fecha de entrada en vigencia de la norma» (fs. 405 vta.).

Aun dejando de lado que la decisión sentencial de no aplicar las pautas indemnizatorias previstas en el decreto 1694/2009 se basó en doctrina legal de esta Corte, cuya errónea aplicación al caso no ha sido denunciada por la recurrente (sent., fs.379 vta.), es la insuficiencia argumental del planteo constitucional lo que justifica su rechazo.

En primer lugar, debo manifestar que las enunciaciones genéricas que se efectúan en el embate en modo alguno resultan suficientes ni eficaces para jaquear su validez constitucional, en tanto no alcanzan a demostrar una falta de razonabilidad en el criterio escogido por la norma para determinar su fecha de entrada en vigencia, todo lo cual deja evidenciada la insuficiencia del agravio.

Cuadra recordar que la declaración de inconstitucionalidad de una ley o decreto constituye un acto de suma gravedad institucional, por lo que debe ser considerada como la ultima ratio del orden jurídico, de modo tal que los requisitos establecidos por el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, en orden a la fundamentación del recurso de inaplicabilidad de ley, cobran particular gravitación en los casos en los que se pretende la revisión de un pronunciamiento judicial que decide acerca de la constitucionalidad de un precepto legal que allí se ha aplicado (conf. causas L. 110.415, «Castro», sent. del 12-XII-2012; L. 62.704, «Caamaño de Trincado», sent. del 29-IX-1998; L. 45.654, «Silacci de Mage», sent. del 28-V-1991). Luego, la carga impugnativa que pesa sobre el recurrente (art. 279, C.P.C.C.) debe exacerbarse para arribar a una conclusión tan relevante como aquélla que conduce a invalidar un precepto por contrario a la Constitución (conf. L. 110.415, «Castro», cit.).

En consecuencia, siendo que en el caso la quejosa no ha satisfecho la mencionada carga, el planteo de inconstitucionalidad del art. 16 del decreto 1694/2009 debe ser desestimado.

4. El agravio orientado a rebatir la aplicación de la tasa pasiva de interés tampoco puede prosperar.

a. No acierta la quejosa en cuanto sostiene que resulta aplicable al caso la tasa de interés prevista en la resolución 287/01 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

(i) De inicio cuadra destacar que no le asiste razón en cuanto denuncia violación de la doctrina establecida en la causa L.108.796, «F., M. A.» (sent. del 6-IV-2011).

Como se señaló en el precedente L. 113.328, «M., O. E.» (sent. del 23-IV-2014), en la citada causa L. 108.796, «F., M. A.» -en la que el tribunal del trabajo había dispuesto la aplicación de la tasa de interés prevista en la resolución 287/2001 de la S.R.T.-, la decisión sobre el particular fue confirmada por esta Corte en virtud de la insuficiencia del planteo ensayado y examinado en esta sede extraordinaria (art. 279, C.P.C.C .). El recurrente propugnó allí la aplicación de la doctrina legal en materia de intereses, elaborada en torno al art. 622 del Código Civil, dejando sin réplica el fundamento basal de la construcción jurídica en la que se sustentó la sentencia para la actuación del mencionado dispositivo especial.

Luce así evidente que la situación difiere sustancialmente de la planteada y juzgada en el sub lite, por lo que el indicado argumento recursivo debe ser descartado.

(ii) Sentado ello, cabe precisar que, si bien con posterioridad al dictado de la sentencia atacada y a la interposición del recurso extraordinario bajo examen esta Corte fijó su doctrina legal sobre el tópico debatido declarando la inaplicabilidad, en el ámbito de procesos judiciales como el presente, de la tasa de interés prevista en las resoluciones 414/99 y 287/01 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (conf. causa L. 113.328, «M., O. E.», cit.).

Debo destacar que dicho criterio judicial resulta plenamente aplicable al sub lite, habida cuenta que -como previamente lo ha declarado este Tribunal- en tanto no corresponde soslayar las circunstancias existentes al momento de decidir la causa, aunque resulten sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario, el litigio debe ser resuelto por aplicación de la doctrina legal actualmente vigente, aun cuando la misma no había sido establecida cuando se dictó la sentencia recurrida y se dedujo el medio de impugnación (conf. causa L. 107.602, «Iturregui», sent.del 30-X-2013; entre muchas).

En consecuencia, a los fines de desestimar el agravio, habré de reproducir en la especie los lineamientos que emanan del citado precedente L. 113.328, «M., O. E.».

(iii) A modo introductorio, cabe señalar que el procedimiento administrativo que prevé la ley 24.557, reglamentado por el decreto 717/1996 (B.O., 12-VII-1996) y demás normativa (resoluciones de la S.R.T. 1601/2007, 1604/2007, entre muchas otras), que se inicia a partir de la denuncia del infortunio que formulen el empleador (art. 31, ap. 2 inc. «c», ley cit.), el trabajador o sus derechohabientes (art. 31, ap. 3 inc. «e», ley cit.), según el caso, está destinado al otorgamiento de las prestaciones en especie (arts. 20, 26 ap. 3 y concs., ley cit.) y dinerarias (arts. 11 a 19, 39 y concs., ley cit.) en ella contempladas.

Dicho trámite, sea que expire con la aceptación del siniestro por parte de la aseguradora de riesgos del trabajo, sea que continúe ante la Comisión Médica local correspondiente y -luego, en su caso- ante la Comisión Médica Central o -a opción del interesado- ante el juez federal con competencia en cada provincia, sea que se recurra ante la Cámara Federal de la Seguridad Social, responde al sistema especial diseñado y objetivos trazados por dicha ley (arts. 1, 21, 46 y concs.).

En ese ámbito, de conformidad con lo dispuesto por los arts. 35 a 38 de la ley 24.557, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo se encuentra a cargo de la regulación y supervisión del régimen instituido, insertándose en ese esquema la resol. 414/99, posteriormente modificada por resol.287/2001.

De sus considerandos se desprende que la motivación de su dictado se inspiró en la necesidad de establecer la tasa de interés ante el pago tardío y fuera de término de las prestaciones dinerarias por incapacidad permanente parcial y total -de carácter provisorio o definitivo-, así como por fallecimiento, registrado en numerosas situaciones por parte de las aseguradoras de riesgos del trabajo frente al incumplimiento de los plazos fijados, según el caso, por las resoluciones 24.808 y 24.852 emanadas de la Superintendencia de Seguros de la Nación (S.S.N.) y 104/98 emitida por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (S.R.T.). Con ese fundamento, e invocando las facultades conferidas por el art. 36 de la ley 24.557, este último ente determinó la tasa de interés a calcularse ante la demora, conforme la activa del Banco de la Nación Argentina.

(iv) En ese contexto no caben dudas respecto de la inaplicabilidad de las resoluciones 414/99 y 287/01 al presente caso; y las razones que conducen a sostener dicha conclusión se asientan en que dicho régimen ha sido concebido y reservado para regir en el marco del procedimiento que la Ley de Riesgos del Trabajo contempla ante el pago tardío de las prestaciones dinerarias allí previstas, circunstancia que lo exhibe manifiestamente ajeno a este proceso judicial y a su objeto, e importa un obstáculo insalvable para su actuación por los jueces en este ámbito litigioso.

Ello así, aun soslayando los posibles reproches que pudieran hacer mella en la legitimidad de las resoluciones en cuestión, atento las atribuciones conferidas a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo en el art. 36 de la ley 24.557, la naturaleza de las funciones en juego y el rango que cabe atribuirle en la pirámide normativa (art. 75, Const.nac.). Por lo demás, y sin perjuicio de potenciales reparos, el Poder Ejecutivo sólo ha facultado a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo a determinar los plazos y condiciones para el pago de las denominadas prestaciones dinerarias adicionales de pago único contempladas en el ap. 4 del art. 11 de la ley citada y modif. (art. 3, dec. 410/2001).

(v) Con arreglo a lo dicho, la postura de la quejosa resulta contraria a la doctrina legal de esta Corte, por lo que corresponde desestimar la petición de que se liquiden los intereses de conformidad con la tasa establecida en la resolución 287/2001 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

b. Aun debiéndose descartar el argumento citado, la respuesta al tema de la tasa de interés no puede separarse del análisis de las prescripciones contenidas en la ley 14.399 (publicada el 12-XII-2012; es decir, entre la fecha de la sentencia -7-VII-2012- y la actualidad).

En la causa L. 110.487, «Ojer» (sent. del 13-XI-2013), donde -con mi voto- me cupo abrir el respectivo acuerdo, propuse a mis distinguidos colegas no solo la declaración de inconstitucionalidad de la ley provincial 14.399 (en cuanto modificó el art. 48 de la ley 11.653 e impuso la tasa activa de interés para los créditos laborales), sino también la revisión de la doctrina sentada al respecto a partir de la causa L. 94.446, «Ginossi» (sent. del 21-X-2009). En este último expediente se había dispuesto -por mayoría, de la que no participé- la aplicación de la tasa pasiva usada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, mientras que mi propuesta fue la de reconocer a los jueces la facultad, dentro de ciertos límites, de fijar tales tasas, acorde a lo prescripto en el art. 622 del Código Civil.

En dicha causa «Ojer» (como en otras dictadas en la misma fecha: L. 90.768, «Vitkauskas»; L. 108.164, «Abraham»; L. 108.142, «Díaz»; L. 102.210, «Campana»; como en otras posteriores:v., por ej., causas L. 113.328, «M., O. E.» y L. 99.031, «Luque», sents. del 23-IV-2014; L. 109.020, «Brandan» y L. 117.018, «Crisci», sents. del 4-VI-2014; L. 100.846, «Cabello», sent. del 18-VI-2014) se resolvió por mayoría continuar con la citada doctrina de «Ginossi», más allá de que fuera declarada la invalidez constitucional de la reforma legislativa.

Pues bien: de la misma manera que antes lo hice, aunque siempre dejé a salvo mi opinión, he de plegarme al voto mayoritario y aceptar como doctrina legal de esta Suprema Corte (en los términos de los arts. 279 y 289 del C.P.C.C.) la de que los intereses moratorios en los créditos laborales deben ser calculados a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y por aquellos días que no alcance a cubrir el lapso señalado, según lo que resulte de prorratear diariamente dicha tasa.

Solo agrego una consideración más: el recurso extraordinario previsto en la legislación de la Provincia de Buenos Aires tiene características muy especiales, heredadas -según es tradición afirmar- de la casación francesa. Más allá de que se trate de una forma bastarda (como decía Morello) del modelo francés, o que resulte legítimo heredero de anteriores y autóctonos recursos españoles (conf. Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación de nuestro colega Juan Carlos Hitters; 2° ed., pág. 42) lo cierto es que el nuestro presenta, a la altura de la ley procesal, una nota particular.Según se legisla en nuestro código formal, el recurso extraordinario local no solo autoriza a revisar la probable infracción a la ley o su errónea aplicación a un caso por parte de los jueces inferiores, sino que también faculta a este Tribunal a verificar y, en su caso, corregir la violación o incorrecta aplicación de la doctrina legal que él mismo ha establecido (art. 279, ya cit.).

Dicha doctrina legal, según se ha expuesto inveteradamente, es aquella interpretación que la Suprema Corte hace de las disposiciones legales que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia (conf. causa A. 71.590, «Giusti», sent. del 27-XI-2013; L. 113.584, «Rodríguez», sent. del 18-IX-2013; L. 103.596, «Lamas», sent. del 22-V-2013, por citar sólo las más recientes), y no la que fluye de los votos en minoría de alguno de los magistrados que conforman el Tribunal (conf. L. 116.824, «G., R. E.», sent. del 23-X-2013; causa L. 44.643, «Kieffer», sent. del 20-XI-1990).

Tal definición, y en tanto se quiera reforzar la característica vinculante de la doctrina legal y alejar todo atisbo de fragilidad que pudiera afectar a nuestro clásico remedio impugnativo, no puede depender de la accidental constitución del Tribunal (por ejemplo, por ausencia temporal de uno de sus miembros). Por el contrario, a no dudarlo, debe ser entendida como la emanada del acuerdo logrado por los miembros ordinarios y naturales de la Suprema Corte, de manera tal que se eviten situaciones de desigualdad que podrían provenir de accidentales integraciones de la misma.

En función de todo ello y -lo reitero- dejando a salvo mi opinión personal, me ateng o a la referida doctrina legal, con arreglo a la cual corresponde desestimar el agravio bajo examen.

IV. Por todo lo expuesto, corresponde declarar la inconstitucionalidad de la ley 14.399 y desestimar el recurso extraordinario deducido.

Costas a la recurrente vencida (arts.68 y 289, C.P.C.C.).

Así lo voto.

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:

Adhiero al voto de mi distinguido colega doctor de Lázzari, y sólo he de manifestar que -en cuanto al agravio relativo a la tasa de interés- comparto la propuesta decisoria de declaración de inconstitucionalidad de la ley 14.399, remitiéndome para ello -por razones de brevedad- a mi voto en las causas L. 108.142, «Díaz» y L. 102.210, «Campana» (ambas con sent. del 13-XI-2013).

Voto por la negativa.

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:

I. El recurso no prospera.

1. Comparto lo expuesto por mi distinguido colega doctor de Lázzari en el ap. III.1 de su voto. Para ello, tengo en especial consideración que en el recurso deducido el recurrente evidencia que en el caso se encuentra en juego una cuestión federal, razón que a su criterio justifica la admisibilidad del recurso (v. fs. 400 vta.).

Y, en efecto, tal tesitura se refleja en distintos pronunciamientos de esta Corte (así, causas Ac. 91.670, «M., A.», resol. de 8-II-2006; Ac. 92.459, «V., O.», resol. de 30-XI-2005; entre otras).

En ese sentido se ha señalado que, por razones de celeridad y de economía procesal, las decisiones de este Tribunal deben adecuarse a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir de los precedentes «Strada» (Fallos 308:490); «Christou» (Fallos 310 v.1:324) y «Di Mascio» (Fallos 311:2478), en cuanto a que todo pleito radicado ante la justicia provincial en el que se susciten cuestiones federales, debe arribar al alto Tribunal sólo después de «fenecer» ante el órgano máximo de la judicatura local, dado que los tribunales de provincia se encuentran habilitados para entender en causas que comprendan puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (conf. causa L. 85.710, «Aguirre», sent. de 26-IX-2007).

2.Luego, adhiero también a lo argumentado por el ponente en el ap. III., puntos 2 y 3 de su voto.

3. En lo que respecta al agravio referido a la tasa de interés aplicada por el órgano jurisdiccional de grado, he de precisar que su pronunciamiento no puede ignorar la doctrina legal actual de esta Corte, aun cuando ésta, a la época del dictado de la sentencia recurrida e incluso a la de la interposición del recurso, todavía no se encontraba vigente (conf. causas L. 90.644, «Conde», sent. de 22-VI-2011; L. 96.891 «Díaz», sent. de 3-XI-2010).

En repetidas ocasiones ha declarado este Tribunal (conf. L. 85.534, «O., C.», sent. de 13-II-2008; L. 89.455, «Pirro», sent. de 12-IV-2006) y reiteradamente lo ha advertido la Corte Suprema de Justicia de la Nación (conf. Fallos 298:33; 301:693; 304:1649 y 1761; 308:1087; 310:670 y 2246; 311:870 y 1810; 312:555 y 891, entre otros), que no corresponde dejar de atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario.

3.1. Ingresando al asunto, debe señalarse que en el precedente L. 113.328, «M., O. E.» (sent. de 23-IV-2014), esta Corte sostuvo que la resolución 414/1999 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo tiene por objeto regular una situación concreta que se plantea en el ámbito del procedimiento administrativo previsto en la ley 24.557 por lo cual no cabe extenderla a la esfera de un proceso judicial como el tramitado. Dichas directrices, que también se han proyectado sobre la resolución 287/2001, han sido reiteradas en numerosas oportunidades por este Tribunal, así -entre otras- en las causas L. 116.448, «Márquez», sent. de 11-VI-2014; L. 117.080, «Espíndola» y L. 116.923, «Ortega», ambas sents.de 4-VI-2014.

Entonces, y a excepción de lo dicho en el último párrafo del subpunto (iv), suscribo lo afirmado por la colega que inaugura este acuerdo en el ap. III.4.a. de su sufragio, concluyendo que la doctrina actual del Tribunal conduce a rechazar el agravio que contiene el recurso.

3.2. Sentado lo anterior, la solución de la controversia no puede soslayar la sanción de la ley provincial 14.399 (B.O., 12-XII-2012) que modifica el art. 48 de la ley 11.653. Ello, en función del planteo efectuado por la parte demandada (v. fs. 501/503) al contestar la vista conferida a las partes por esta Corte a fs. 456 y vta., en el que cuestiona la validez constitucional de aquella normativa y solicita su inaplicabilidad en el caso.

En este contexto, cabe afirmar que la norma mencionada ya ha sido declarada inconstitucional por este Tribunal -entre otros- en el precedente L. 108.164, «Abraham» (sent. de 13-XI-2013), siendo ello así, habré de reproducir -en lo pertinente- los argumentos que brindé en dicha oportunidad.

a. La ley 14.399 fija la tasa para el cálculo de los intereses que deberán adicionarse al monto total de la condena en los procesos laborales. En concreto, dispone la aplicación del «. promedio de la tasa activa» establecida por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento.

De los fundamentos del proyecto se desprende que, al margen de su incorporación en el régimen procedimental, con su sanción se ha procurado contemplar un aspecto sustancial, no adjetivo, concerniente a los derechos del trabajador dependiente. Se establece así una tasa por considerarla más adecuada a los intereses implicados en la relación de trabajo. Ello explica la mención que en los fundamentos de la iniciativa se hace al plenario de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata de fecha 30 de agosto de 2001 y a la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 414/99.

b.Por sus características, la norma es de aplicación inmediata a partir de la fecha de su entrada en vigencia -esto es, el 21-XII-2012- respecto de aquellos créditos laborales cuyo reconocimiento resulte aún materia de controversia, conforme surge del art. 3 del Código Civil, en línea con el criterio del Tribunal (conf. causas L. 35.909, «Góngora de Carrizo»; L. 35.251, «Mantuano»; L. 35.908, «Silvero de Sequeira»; todas con sent. de 4-XI-1986, en «Acuerdos y Sentencias», 1986-III-580). Así, esta Corte declaró aplicable la ley 23.928 (B.O., 28-III-1991) aun a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes (conf. causa Ac. 37.456, «I.B.M. Arg. S.A.», sent. de 22-X-1991), en igual línea, a los hechos in fieri o en curso de desarrollo al tiempo de su sanción (art. 3, cit.; conf. causas Ac. 63.091, «Fisco de la Pcia. de Bs. As.», sent. de 2-VIII-2000; Ac. 49.095, «Cánepa», sent. del 12-IV-1994) y, en especial, una vez entrada en vigencia de la aludida norma nacional para definir, precisamente, la tasa de interés (conf. Ac. 43.448, «Cuadern, Daniel c/ Sagedico S.A. s/Cobro de australes» y Ac. 43.858, «Zgonc, Daniel Roberto y ot. c/ Asociación Atlético Villa Gesell s/Cobro de australes», ambas sents. de 21-V-1991 ).

Ante la subsistencia de la mora a la fecha de la entrada en vigor de la ley 14.399, sus efectos habrían de regir esta litis.

c. Según se dijo, la ley local aludida establece el accesorio del capital que procede en los litigios laborales como reparación por el atraso en el pago de una obligación pecuniaria finalmente reclamada en juicio.

Hasta su puesta en vigor tenía aplicabilidad la directiva general emergente del primer párrafo del art. 622 del Código Civil, en cuanto dispone: «El deudor moroso debe los intereses que estuviesen convenidos en la obligación, desde el vencimiento de ella.Si no hay intereses convenidos, debe los intereses legales que las leyes especiales hubiesen determinado. Si no se hubiere fijado el interés legal, los jueces determinarán el interés que debe abonar» y la interpretación que en torno a ello ha sostenido este Tribunal.

d. Sabido es que en esta materia la doctrina de la Corte, a partir de la sanción de la ley 23.928, aplica la denominada tasa pasiva en ausencia de acuerdo de partes y de interés legal (causas Ac. 38.680, «Reyes», sent. de 28-IX-1993; Ac. 49.987, «Magnan», sent. de 16-VI-1992; Ac. 43.858, «Zgonc», sent. de 21-V-1991; Ac. 43.448, «Cuadern», sent. de 21-V-1991 ), criterio que fue ratificado en el precedente «Ginossi» y que no ha sido alterado por el abandono del sistema de convertibilidad (ley 25.561; conf. causa cit.).

En tales condiciones, la evaluación constitucional de la ley 14.399 exige discernir si una norma local como la mencionada puede válidamente regular aspectos de una relación jurídica del derecho común; y, en todo caso, si se trata de una de las «leyes especiales» a las que se hace referencia en el art. 622 del Código Civil. Anticipo una respuesta negativa.

e. No cabe duda que la ordenación jurídica de las relaciones del trabajo es un ámbito cuya legislación, de orden común, las provincias han delegado al Estado federal, privativo del Poder Legislativo de la Nación (arts. 31, 75 inc. 12, 126 y concs., Const. nac.; Fallos 320:1344; 311:1795; 275:254; 256:215, entre otros). Tampoco que, en ese campo, ha de incluirse precisamente el tramo que la ley 14.399 viene a regular: el relativo a los efectos de la mora en el cumplimiento de la obligación pecuniaria emergente del contrato de trabajo y su resarcimiento mediante la aplicación de los intereses. Ello revela la incompatibilidad entre la normativa provincial enjuiciada y la atribución de competencias constitucional prevista en la cláusula de los códigos (art. 75 inc. 12, Const.nac.).

Para más, tampoco podría encuadrar en el supuesto del segundo párrafo del art. 622 del Código Civil, dispositivo que prevé la sanción por inconducta procesal, ya instituido en el ámbito laboral por la Ley de Contrato de Trabajo (art. 275, L.C.T.).

f. Nada obstaría en términos constitucionales a que se incorporare una disp osición sustantiva, de contenido análogo al que en este pleito se cuestiona. Probablemente ello sería valorado positivamente en el marco de las relaciones laborales, como instrumento de protección de la parte más débil de ese vínculo y desincentivo a la morosidad patronal en el reconocimiento de los derechos materiales de los trabajadores.

Ahora bien, una normativa que apuntare a ese objeto debería provenir del Congreso de la Nación, pues así lo impone la Constitución (art. 75 inc. 12, Const. nac.).

g. Cuando lo ha entendido pertinente, en otras materias de derecho común, el legislador nacional ha ejercido la atribución de establecer una tasa legal. Por ejemplo, en el art. 565 del Código de Comercio, respecto de la tasa activa, sobre cuyos contornos esta Corte se ha pronunciado en diversas ocasiones (conf. causas C. 101.538, «Eduardo Beraza S.A.», sent. de 14-IX-2011 ; C. 94.239, «Candiano», sent. de 30-VI-2010(ref:MJJ56990; Ac. 78.860, «Sinigagliese», sent. de 30-VI-2004; Ac. 57.803, «Banco de la Provincia de Buenos Aires», sent. de 17-II-1998; Ac. 61.335, «Río Paraná S.A.», sent. de 18-XI-1997; Ac. 59.006, «Debiazzi», sent. de 10-XII-1996; Ac. 55.593, «Ugarte y compañía S.A.», sent. de 14-VI-1996; Ac. 55.356, «Tecnocom San Luis S.A.», sent. de 4-IV-1995; Ac. 51.259, «Banco de la Provincia de Buenos Aires», sent.de 20-XII-1994).

En cambio, en cuestiones laborales, no ha destinado una regla para abordar la cuestión aquí tratada, pese a que ha reglado otros tópicos, como, v.gr., los efectos de la calificación de la conducta del empleador y de la mora en el cumplimiento de determinadas obligaciones, por incorporación directa en el régimen general del contrato de trabajo (art. 275, L.C.T.; ley 26.696, respecto del art. 15), o por conducto de leyes especiales (art. 2, ley 25.323; 9, ley 25.013).

h. Es dable reiterar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha declarado que estos aspectos jurídicos sustanciales corresponden a la legislación nacional, por lo que no cabe a las provincias dictar leyes incompatibles con lo que los códigos de fondo establecen al respecto ya que, al haber delegado en la Nación la facultad de dictarlos, han debido admitir la prevalencia de las leyes del Congreso y la necesaria limitación de no dictar normas que la contradigan (Fallos 311:1795, con sus propias citas; 308:2588; 303:1801; 275:254; 269:373; 235:571; 226:727; 176:115).

En materia laboral se constata un ejemplo claro de descalificación de una norma provincial (la ley 9497 de la Provincia de Santa Fe) destinada a regular un instituto de aquellas relaciones jurídicas materiales, como es la jornada de trabajo (Fallos 308:2569).

i. Todo lo expuesto revela que la ley provincial objetada en autos se encuentra en pugna con la Constitución nacional (arts. 31, 75 inc. 12, 126 y concs.), en tanto legisla sobre una materia de derecho común cuya regulación es competencia exclusiva del Congreso de la Nación.

Por ello, la ley 14.399 deviene inconstitucional y no es aplicable en el caso.

j. A la vez, la ausencia de pacto en lo que respecta a los intereses determina la plena vigencia en autos de la doctrina legal en la materia, elaborada por esta Corte en uso de las facultades que el art.622 confiere a la judicatura y, por tanto, en el caso, los intereses moratorios deben ser liquidados exclusivamente sobre el capital (art. 623, Cód. Civil) con arreglo a la tasa de interés que pague el Banco Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a 30 días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprometidos y por aquellos días que no alcance a cubrir el lapso señalado, el cálculo será diario con igual tasa (arts. 7 y 10, ley 23.928, modif. por ley 25.561; y 622, Cód. Civil; conf. causas L. 94.446, «Ginossi», sent. de 21-X-2009 ; Ac. 92.667, «Mercado», sent. de 14-IX-2005; L. 80.710, «Rodríguez», sent. de 7-IX-2005; L. 79.789, «Olivera», sent. de 10-VIII-2005; L. 87.190, «Saucedo», sent. de 27-X-2004; L. 88.156, «Chamorro», sent. de 8-IX-2004; L. 79.649, «Sandes», sent. de 14-IV-2004; L. 75.624, «Taverna», sent. de 9-X-2003; L. 77.248, «Talavera», sent. de 20-VIII-2003 ; L. 76.276, «Vilchez», sent. de 2-X-2002; Ac. 68.681, «Mena de Benítez», sent. de 5-IV-2000 ; Ac. 72.204, «Quinteros Palacio», sent. de 15-III-2000; Ac. 57.803, «Banco de la Provincia de Buenos Aires», sent. de 17-II-1998).

4. Finalmente, cabe señalar que la solución a la que se arriba, en cuanto se declara la inconstitucionalidad de la ley 14.399, ha de mantenerse aun cuando la actora se desempeña o se ha desempeñado para la Administración provincial, pues, conforme lo expuesto en el sufragio que emití en la causa L. 117.203 «Klena» (sent. del 17-IV-2014), al que por celeridad me remito, la competencia reservada a los poderes provinciales en materia de regulación de empleo público no está aquí en juego.

II.Con todo, comparto la propuesta decisoria que el colega ponente eleva a este acuerdo.

Así lo voto.

A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:

Adhiero al voto del colega doctor de Lázzari y, en relación al agravio que cuestiona la tasa de interés, comparto la propuesta decisoria de la declaración de inconstitucionalidad de la ley 14.399 y remito -en lo pertinente- a los fundamentos que expuse al votar en la causa L. 108.142, «Díaz» (sent. del 13-XI-2013), conformando la mayoría que define el contenido actual de la doctrina establecida por esta Corte ante casos sustancialmente análogos al presente (conf. L. 90.768, «Vitkauskas»; L. 102.210, «Campana»; L. 108.164, «Abraham» ; y L. 110.487, «Ojer», sentencias del 13-XI-2013, entre otras).

Así lo voto.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente

S E N T E N C I A

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la parte actora; con costas (art. 289, C.P.C.C.).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

DANIEL FERNANDO SORIA

HILDA KOGAN

EDUARDO JULIO PETTIGIANI

EDUARDO NESTOR DE LAZZARI

GUILLERMO LUIS COMADIRA

Secretario

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