Responsabilidad de la empresa prestataria de energía por el incendio de una vivienda familiar

shutterstock_89597407Partes: R. M. C. y otro c/ EDENOR S.A. s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: II

Fecha: 4-jul-2014

Cita: MJ-JU-M-89171-AR | MJJ89171 | MJJ89171

Responsabilidad de la empresa prestataria de energía por el incendio de una vivienda familiar, toda vez que encontrándose en mejores condiciones profesionales y técnicas para probar la inexistencia de nexo causal y que el suministro fue prestado de modo regular, no lo hizo. 

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la responsabilidad de la empresa prestataria de energía eléctrica por el incendio de la una vivienda familiar, ya que su responsabilidad encuadra dentro de las previsiones inherentes a los daños derivados por el riesgo o vicio de las cosas en su carácter de propietaria de las instalaciones en cuestión y en el caso, existió un incumplimiento de su obligación de supervisión en la prestación del servicio público de distribución y comercialización de energía eléctrica que exige una vigilancia de las condiciones en que aquél se brinda a fin de evitar consecuencias dañosas.

2.-Se tiene por probada la existencia de nexo causal entre el incendio y la conducta de la empresa de energía en virtud de las probanzas aportadas por el perito ingeniero y prueba testimonial presencial aportada, no objetada por la actora. 3-Resulta ajustado el monto otorgado en concepto de valor vivienda, en virtud del presupuesto adjunto y la prueba informativa respecto de la cual la empresa de electricidad guardó absoluto silencio.

4.-Se confirma la suma otorgada en concepto de daño emergente, pues atendiendo a la magnitud del incendio que terminó con la destrucción total del inmueble, que presumiblemente contaban con el mobiliario destinado a su propio uso pues se trataba de la vivienda familiar, y dada la ausencia de prueba relativa a la cuantía que corresponde reconocer, corresponde aplicar el art. 165 del CPCCN., cuyo párrafo final faculta al Juez a la fijación directa de los daños reclamados, siempre que su existencia esté legalmente comprobada, aunque no resultare justificado su monto.

5.-Corresponde confirmar las sumas otorgadas en concepto de daño moral a favor de los reclamantes considerando el episodio que debieron padecer- incendio en su vivienda- el cual según el curso natural y ordinario de las cosas, normalmente apareja secuelas en la integridad psíquica de quienes lo soportan y también repercuten en la esfera íntima de las víctimas.

6.-Corresponde aplicar la tasa vencida que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento de documentos a treinta días.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 4 días del mes de julio de 2014, se reúnen en Acuerdo los señores jueces de la Sala II de esta Cámara para dictar sentencia en los autos del epígrafe. Conforme con el orden de sorteo efectuado, el doctor ALFREDO SILVERIO GUSMAN dice:

I. A fs. 368/373 obra la sentencia del Juez de la anterior instancia, en la que se hizo lugar a la demanda por daños y perjuicios promovida por M. C. R. y C. A. Z. contra la EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA -en adelante, Edenor S.A.-. Los actores imputaron a la accionada un desperfecto en la prestación del servicio causado por una sobrecarga en la tensión eléctrica, lo que habría dado inicio -según sus dichos- al incendio producido el día 26 de febrero de 2006 en la vivienda de su propiedad sita en la calle Güemes 5180, Partido de San Miguel. Con motivo de aquél episodio, y luego de que la explosión de un poste de luz ubicado enfrente de la casa generó el paso de la corriente hacia el interior del hogar propagándose el fuego hacia los ambientes, es que reclaman el pago de los perjuicios que le habría irrogado tal suceso en sus personas y en los bienes de su propiedad.

Para resolver de tal modo, el “a quo”, haciendo mérito de las constancias aportadas a la causa, tuvo por acreditada la existencia de desperfectos en las instalaciones eléctricas externas ubicadas en la vía pública, que provocaron una sobrealimentación del circuito interno, ocasionando ello el cortocircuito que dio origen al proceso ígneo que arrojó como resultado la concreción de numerosos perjuicios en los bienes de los demandantes. En ese sentido, concluyó que la responsabilidad de Edenor S.A. encuadra dentro de las previsiones inherentes a los daños derivados por el riesgo o vicio de las cosas, en su carácter de propietaria de las instalaciones en cuestión.Por otra parte, también sostuvo que la demandada incurrió en un incumplimiento de su obligación de supervisión en la prestación del servicio público de distribución y comercialización de energía eléctrica, que exige una vigilancia de las condiciones en que aquél se brinda a fin de evitar consecuencias dañosas como las acontecidas en la causa. En función de ello, dispuso el pago de la indemnización por los daños patrimoniales causados en el edificio y en los bienes de los actores. Por otra parte, admitió la procedencia del perjuicio moral provocado por el infortunio. El monto total de la condena justipreciada por el sentenciante alcanza a la suma de $200.000. En lo concerniente a los intereses, dispuso que aquellos deberán liquidarse a partir del día del evento dañoso a la tasa vencida que perciba el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento de documentos a treinta días. Por último, impuso las costas a la vencida.

II. Dicho pronunciamiento fue materia de apelación por parte de Edenor S.A. (fs. 383).

La demandada expresó sus agravios a fs. 391/398. En prieta síntesis, sostiene que: a) Yerra el sentenciante al tener por probada la responsabilidad de Edenor S.A. en la generación del foco ígneo que diera lugar al incendio. En ese sentido, advierte que no fue ponderada la prueba pericial en ingeniería de la cual surge que las chispas que se generaron en la instalación, de ninguna manera pudieron dar origen al siniestro.La culpa es de los reclamantes y se configura en la falta de mantenimiento de las llaves termomagnéticas o fusibles del interior de la vivienda; b) No ha quedado configurado el nexo causal entre el daño y el obrar imputable al dueño o guardián de la cosa, lo que impide achacarle a la accionada el deber de reparar; c) Los montos indemnizatorios han sido establecidos en modo irrazonable en tanto no se haya sustento probatorio, fáctico y jurídico que justifique su cuantía; d) No corresponde la fijación de intereses respecto del rubro daño moral, en tanto aquél ha sido dispuesto a valores actuales; e) Por último, las costas debieron ser impuestas a los accionantes en tanto no ha quedado configurada la responsabilidad de Edenor en el hecho que motiva la presente acción.

Los actores hicieron uso del derecho de contestar estos agravios a fs. 403/408.

III.- Sentados así los términos en los que se encuentra debatida la cuestión traída a conocimiento de la Alzada, por razones de orden secuencial resulta prioritario tratar el tema de la responsabilidad que los actores imputan a la concesionaria del servicio público. Más precisamente, si se encuentra acreditado el nexo causal, tal como lo sostuvo el sentenciante haciendo mérito a las pruebas rendidas en la causa, extremo que es puesto en duda por Edenor.

Como punto de partida, debo puntualizar que la responsabilidad que se imputa a la demandada consiste en el incumplimiento del deber de control y vigilancia en el suministro de energía. En tal sentido, corresponde ubicar la relación aludida en el ámbito de lo contractual (v. constancias obrantes a fs. 42/44), debiendo recordarse que la responsabilidad del deudor queda comprometida cuando se configuran los siguientes presupuestos: su incumplimiento, la imputabilidad de éste en razón de su culpa, dolo o inobservancia del deber de seguridad, el daño sufrido por el acreedor y la relación causal entre dicho incumplimiento y el menoscabo antes referido.Basta que uno de esos recaudos fracase para que el demandado quede exento de responsabilidad civil por las consecuencias de su actividad (conf. esta Sala, causas n°2666/99 del 25.06.02; n° 8813/99 del 30.4.02; 13947/03 del 22.02.07, entre otras).

En razón de lo expuesto, a tenor de la queja introducida por Edenor en cuanto a la inexistencia de nexo causal, válido es recordar que cuando nos referimos a la relación de causalidad entre el daño padecido y el hecho de la persona o de la cosa a las cuales se atribuye su producción (conf. BUSTAMANTE ALSINA, “Teoría General de la Responsabilidad Civil”, pág. 267), entendemos por tal, como expresa Atilio ALTERINI, la imputación o atribución material de determinado efecto a cierto sujeto de derecho (ver “Responsabilidad Civil”, pág. 135).

Por ello, no basta el incumplimiento de una obligación contractual o legal sino que es además indispensable establecer el nexo de causalidad entre el efecto dañoso y el hecho que suscita la responsabilidad en cuestión (LLAMBÍAS, J.J., “Tratado de Derecho Civil. Obligaciones”, 2ª ed., t.I, nº 281; BUSTAMANTE ALSINA, J., “Teoría General de la Responsabilidad Civil”, 5ª ed., nº 580; BORDA, G., “Tratado de Derecho Civil. Obligaciones”, 4ª ed., t.II, nº 1313; y conf. esta Sala, causa 7113 del 27.3.90). Por lo tanto, no alcanza con comprobar que un hecho ha sido antecedente de otro para considerarlo su causa eficiente. A ese fin es menester que tenga, por sí, la virtualidad de producir semejante resultado. Es decir que el hecho haya provocado el efecto dañoso por virtud de su propia potencia generadora (conf. esta Sala, causas 6924 del 14.11.89; 5076/98 del 16.10.2001; etc.; LLAMBIAS, J.J., ob.cit., nº 289).

IV.- Ahora bien, a fin de determinar la causa eficiente del proceso ígneo que dio origen a los daños en el inmueble, es necesario sumergirse en la actividad probatoria de las partes.En tal sentido, resulta de trascendental importancia para la construcción del nexo causal la verificación de la anomalía en la prestación del servicio. En especial, en lo relativo al funcionamiento de la caja de distribución de energía, de la cual por conducto de cables externos, se traslada la corriente eléctrica hacia las viviendas.

En esa faena, me impresionan como de suma utilidad el informe técnico elaborado por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de General Sarmiento, las declaraciones testimoniales y el dictamen pericial llevado a cabo por el Ingeniero Gustavo Pablo GALMÉS.

En primer término, del informe remitido por el Comandante Mayor FERRARI de bomberos surge la existencia del incendio en la “casa de familia” ocurrido el día 26 de febrero de 2006 al promediar las 2:52 horas, en el inmueble situado en la calle Güemes n°5180, de la Localidad de San Miguel (v. 149/150). Si bien del mentado documento no se desprende la causa que dio origen al foco ígneo, la prueba testimonial rendida en autos aporta elementos conducentes para reconstruir la secuencia de hechos que se desencadenaron en el siniestro ocurrido en la vivienda de los actores. En ese sentido, al ser interrogada respecto de lo acontecido el día 26 de febrero de 2006 en su barrio, la Sra. Elda NAVARRO manifestó que lo primero que sintió fue olor a cable quemado, y que al salir a la vereda pudo observar los postes “tirando chispas y estruendos”. Asimismo, destacó que vio como el cableado comenzaba a prenderse fuego y que “después al largo rato empezó a prenderse fuego la casa y explotó las ventanas, vidrios” (v. respuesta tercera, fs. 210). En consonancia con ello, el testigo Fernando NAVARRO dijo que escuchó unas explosiones y después vio cómo se prendió fuego la caja de distribución de luz y luego la casa (v. respuesta tercera, fs.216). Tales declaraciones, que no han sido siquiera observadas por la accionada, tratan de testigos presenciales de lo acontecido, circunstancia que me lleva a apreciarlas con suficiente fuerza convictiva para tener por probados los extremos apuntados en la demanda (arg. art. 386 del C.P.C.C.N.). Por ello, y aún sin adentrarme en las causas técnicas que pudieron dar lugar al incendio, no puedo desconocer que la inmediatez entre el desperfecto en la caja de distribución y la explosión en el inmueble de los actores, hace presumir con un alto grado de probabilidad que el foco ígneo se originó con motivo de aquella anomalía en la caja ubicada en la vía pública.

Con relación a la experticia presentada a fs. 246/248, no me pasan desapercibidas las conclusiones a las que arriba el auxiliar en cuanto a que por la distancia entre la vivienda y el lugar en que se encuentra ubicado el poste, las chispas generadas en éste no podrían dar origen a aquél incendio (v. 224vta., punto 10). Sin embargo, de la simple lectura del escrito de inicio se desprende que la causal generadora del daño que imputan los accionantes a la demandada no se ciñe en la existencia de chispas en la caja de distribución. Antes bien, basan su imputación en una sobrecarga de energía que arrasó con su casa y que derivó del desperfecto sucedido en el poste externo (v. fs. 45/46vta.).

El perito ingeniero, parte en su informe de la presencia de una anomalía originada en la caja de distribución, pues en la inspección realizada pudo advertir que “efectivamente existen evidencias de que sobre la zona ha existido elevación de temperatura, reflejándose en el color oscuro que el poste de madera presenta en la zona donde se ubica la caja” (fs.226, punto 7). Ahora bien, consultado el experto en cuanto a la función de la caja de distribución, aquél indico que alimentan de electricidad a varias viviendas y que a ella “ingresan los cables aéreos que distribuyen la electricidad y egresan dos cables para cada vivienda” (v. fs. 222 vta.). Asimismo, también sostuvo que las causas de desperfectos en las referidas cajas pueden deberse, entre otros, a sobretensiones (fs. 222vta. puntos 3) y 5). Por otra parte, al ser interrogado respecto de la llave térmica monofásica del medidor externo que alimenta cada vivienda, sostuvo que su principal función es reemplazar los fusibles externos y que produce “el corte de energía en el caso de una sobrecarga que genere elevadas corrientes” (v. fs. 225 y aclaración formulada a fs. 249 donde el Ing. GALMÉS reemplaza el término “sobrecarga” por “sobretensión”).

V.- Lo expuesto hasta aquí sugiere que la existencia de una sobretensión en el flujo eléctrico emitido por Edenor S.A., funciona como causa para dar origen a la ignición. Sin embargo, resta analizar si efectivamente tal circunstancia aconteció, para de este modo tener por acreditados los extremos apuntados por la actora como sustento de la atribución de responsabilidad que le reprocha a la accionada.

A mi juicio, el agravio respecto de la inexistencia de causalidad no puede prosperar, en tanto encuentro elementos de convicción que me persuaden para tener por cierto la existencia de una anomalía en el flujo de tensión emitido por la distribuidora. En tal sentido, cobra trascendental importancia la prueba testimonial rendida en autos, de la cual se desprende que el día en que ocurrió el siniestro se vivenció en los inmuebles linderos al de los accionantes inconvenientes en el suministro de la energía eléctrica. Con relación a ello, al ser interrogada respecto de lo acontecido en su hogar el día del suceso, la testigo Elda NAVARRO manifestó que luego de la explosión de los postes, desenchufó los artefactos en su vivienda y “después se cortó la luz” (fs.210). En igual sentido, la Sra. María del Valle RODRÍGUEZ indicó que aquél día, luego de ver como se prendía fuego el cable, se quedó sin luz (fs. 212). Por otra parte, el Sr. Walter León MURUA, vecino de los actores y de profesión electricista, testificó que el siniestro se produjo en la caja, siendo que algunos sectores contaban con luz y otros no por tratarse de distintas fases. Asimismo, manifestó que luego de informarle sus datos al oficial a cargo del operativo y de constatar “que los cables tenían tensión” (fs. 218, respuesta tercera), procedió a cortar el suministro ante la falta de presencia del personal de Edenor, luego de recibir la autorización policial para que los bomberos comenzaran su labor. El referido testigo también indicó que el cable concéntrico “estaba recalentado” produciéndose un “retorno de tensión, en alguna de las partes del cable se corta el neutro y manda solamente positivo y al tener resistencia del otro lado del cable se produce el recalentamiento…” (fs. 218vta., respuesta a la primera ampliación).

Ahora bien, esta percepción de los hechos que los testigos evidenciaron al momento de ser interrogados no mereció ninguna objeción por parte de la accionada. En este aspecto, es dable poner de resalto que la representación letrada de Edenor S.A., aun estando presente en las audiencias, no formuló oposiciones o repreguntas a fin de desvirtuar su valor probatorio. Ante la ausencia de elementos que me lleven a desechar los dichos volcados por los testigos, me inclino por conferirle suficiente fuerza convictiva para tener por acreditado -junto con el aporte de los restantes elementos- que existió efectivamente el incumplimiento de la accionada (arg. arts.386 y 456 del C.P.C.C.N.). En otras palabras, el infortunio aconteció por el desperfecto que se verificó en las instalaciones externas de Edenor.

Si no se coincide con mi apreciación acerca de la suficiente prueba directa obrante en el expediente para fundar una condena contra el prestador del servicio público, juzgo que en el caso existen -cuanto menos- presunciones con fuerza probatoria, que permiten arribar a la conclusión de que efectivamente el incendio tuvo su origen en una sobretensión en el flujo eléctrico, configurando esto un desperfecto en la prestación del servicio; cuyas consecuencias dañosas deben ser soportadas por quien tenía a su cargo la obligación contractual (arg. art. 163 inc. 5° C.P.C.C.N.).

A mayor abundamiento, no es posible soslayar que parecería que la demandada era quien se encontraba en mejores condiciones profesionales y técnicas para probar en este juicio la inexistencia de una variación en el fluido eléctrico. Sólo bastaba con acreditar que el suministro fue prestado de modo regular en ese día. En cambio, Edenor S.A. optó por la cómoda actitud de no aportar prueba al respecto.

Es por ello que la falta de toda evidencia traída por esta parte, autoriza a extraer presunciones que no la favorecen. Aún si se reconociera que, como principio, incumbe al reclamante acreditar la negligencia imputada a la distribuidora eléctrica, no puede soslayarse que pesa también sobre ésta el deber jurídico y moral de colaborar en el esclarecimiento de la verdad, ponderando que muchas veces -tal lo que aquí ocurre- es Edenor quien está en mejores condiciones de aportar los elementos enderezados a la consecución de ese fin (conf. esta Sala causas:5131 del 2.2.88; 7933 del 2.7.91; 7994 del 22.5.91; 61 del 1°.12.92; 7474/92 del 9.11.94; 6602/94 del 10.12.94, etc.; MORELLO, A., “Hacia una visión solidarista de la carga de la prueba”, ED-132-953; PEYRANO, J., “Doctrina de las cargas probatorias dinámicas”, LL-1991-B-1034; y “Fuerza expansiva de la doctrina de las cargas probatorias dinámicas”, LL supl. diario del 22.4.96).

En un pleito de estas características entablado por un usuario (profano) contra un concesionario de servicios públicos (poseedor del “know how”), quién mejor podría ilustrarnos sobre las causas y proyecciones del siniestro que Edenor, que además tiene el deber constitucional de proteger la seguridad de sus usuarios (arg. art. 42 de la Constitución Nacional). Volviendo a la órbita del derecho privado, al tratarse de la prueba de hechos tendientes a dilucidar si la demandada se comportó en la hipótesis sin omitir “las diligencias exigidas por la naturaleza de la obligación y que correspondiesen a las circunstancia de personas, del tiempo y del lugar” (arts. 512 y 902, Código Civil), resulta admisible recurrir a todo tipo de pruebas, e inclusive a la de presunciones (arg. art. 163, inc.5°, Código Procesal). El curso natural y ordinario de las cosas indica que una casa que al momento del siniestro no se encuentra habitada y cuyos aparatos electrónicos se encuentran en estado de reposo, mal puede ocasionar un incendio, pero sí que -tal como dijo el perito y reafirmaron los testigos- un cambio en la corriente eléctrica pueda operar como causa eficaz para desencadenar la explosión que dio origen a la ignición (conf. arg. arts. 901, 903 y 904 del Código Civil).

VI.-Por último, también debe desecharse el planteo introducido por la demandada con relación a la falta de prueba por parte de los actores de que las instalaciones internas poseyeran las medidas de seguridad mínimas e indispensables exigidos por la normativa que regula la materia.En el sub-examine no ha quedado demostrado, según las pruebas arrimadas, atisbo alguno de negligencia de las víctimas. En efecto, el perito ingeniero, afirmó que “los elementos de protección exigibles no protegen de sobrecargas de tensión en la línea de distribución” (v. fs. 225vta., punto 3). El Ing. GALMÉS reafirma sus dichos ante la impugnación de la demandada obrante a fs. 253, al analizar la “Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles”. En ese aspecto, destaca que de acuerdo al punto 771.17 “Dispositivos de maniobra y protección”, “sólo es exigible aquellas protecciones derivadas de fallas o mal empleo de la instalación eléctrica dentro de la vivienda (con el usuario como causante)”. Esta obligatoriedad no se extiende a aquellas “protecciones por sobre o sub-tensiones que derivan de fallas en la distribuidora y no en la instalación interna del usuario” (fs. 256). En igual sentido, al ser consultado el testigo MURUA respecto de si la instalación interna tenía los dispositivos de protección recomendados, contestó por la afirmativa indicando que la vivienda contaba con “térmica, disyuntor y jabalina” (fs. 218vta.).

De lo expuesto se colige que no se encontraba en cabeza de los actores deber jurídico alguno de contar con aparatos adicionales tendientes a disminuir los efectos perjudiciales que un desperfecto en las redes externas pudiera irrogarle en sus bienes. La plataforma fáctica y normativa que se configura en autos, permite aseverar que ha sido demostrado que no existió culpa en el actuar de los usuarios, en tanto la conducta de aquellos en nada incidió en la consecución del resultado dañoso.

En síntesis, no puede eximirse de responsabilidad a Edenor en la medida que no ha podido acreditarse la ruptura del nexo causal por el cual debe responder.A idéntica solución se arriba tanto abordando la cuestión desde su carácter de dueño o guardián de la cosa riesgosa, como desde el incumplimiento de las obligaciones que pesan sobre la prestadora del servicio público en lo inherente a la supervisión y vigilancia de las condiciones en que el servicio se presta. Para ello, tomo en cuenta que la doble imputación subjetiva-objetiva de responsabilidad, en la cual mi colega de la anterior instancia ha justificado la condena, no ha sido cuestionada por ninguna de las partes. Y es que, desde el punto de vista de la inobservancia de las obligaciones que pesan a su cargo, Edenor no ha siquiera probado la acreditación de controles periódicos en las instalaciones en la vía pública o la verificación de las estructuras externas en un buen estado de conservación. Y si se prefiere encuadrar la cuestión en las previsiones del artículo 1113 -segundo párrafo- del Código Civil, tampoco ha podido comprobarse alguno de los eximentes regulados en la referida norma. Ello, aún ante los esfuerzos argumentativos de la demandada por descartar el carácter de “cosa riesgosa” que corresponde atribuirle a la energía eléctrica; calificativo, como mínimo, polémico, si se repara en la potencialidad de generar consecuencias dañosas que tiene el fluido eléctrico entre las personas y sus cosas.

VII.- Establecida la responsabilidad de Edenor S.A. en el hecho generador de los daños, resta dar tratamiento a los agravios que la recurrente esgrime con relación a la cuantía de los rubros reconocidos.

Sobre este aspecto, pondero que las pruebas arrimadas a la causa abonan los extremos sostenidos por los accionantes en cuanto a la efectiva generación de daños que afectaron su propiedad. Sólo basta referir a las fotografías del domicilio de los actores (fs. 29/30), las declaraciones de los testigos (fs. 210, 212, 214 y 216) y el informe del cuerpo de bomberos (fs.35), para entender que de lo que aquí se trata es de intentar cuantificar la magnitud de esos perjuicios, encontrándose fuera de toda duda que efectivamente aquellos concurrieron.

Por ello, los extremos apuntados por la recurrente no resultan suficientes para rechazar los montos tendientes a resarcir los daños efectivamente causados. De este modo, existen ciertas constancias que me impresionan como suficientes para estimar el valor de los perjuicios sufridos en la vivienda. En tal sentido y al margen de reconocer cierta simpleza del presupuesto elaborado por la sociedad “Viviendas “5” estrellas” (fs.31/32 y 201), no deja de ser un elemento relevante que me orienta para la estimación de la cuantía que debe reconocerse por este item. Además frente a la contestación de oficio obrante a fs. 200/201, la demandada guardó absoluto silencio.

En punto a los daños causados en la estructura edilicia, el presupuesto inherente a la ejecución de una nueva construcción, incluyendo materiales y mano de obra, asciende a la suma de $97.800, de conformidad con lo informado a fs. 33. Siendo este el único dato certero en cuanto al monto que los accionantes deberían haber desembolsado en la época en la que aconteció el siniestro para volver las cosas al estado anterior del evento dañoso imputable a Edenor, propongo confirmar la suma reconocida en la anterior instancia, menor al monto indicado, en tanto aquella sólo ha sido cuestionada por la demandada.

VIII.- Por otra parte, debo expedirme respecto a las críticas efectuadas con respecto al “quantum” otorgado en concepto de “daño emergente”, mediante el cual se ha justipreciado la destrucción sufrida en los diferentes bienes muebles.

Sobre este punto, debo decir que atendiendo a la magnitud del incendio que terminó con la destrucción total del inmueble (v. declaraciones testimoniales antes indicadas), que presumiblemente contaban con el mobiliario destinado a su propio uso pues se trataba de la vivienda familiar, no me parece desmedido el monto reconocido por el “a quo” por este concepto.En otras palabras, evidenciados los daños en los bienes de propiedad de los accionantes y dada la ausencia de prueba relativa a la cuantía que corresponde reconocer, no me queda otra alternativa que hacer uso de las facultades emergentes del art. 165 del Código Procesal , cuyo párrafo final faculta al Juez a la fijación directa de los daños reclamados, siempre que su existencia esté legalmente comprobada, aunque no resultare justificado su monto (conf. Sala III, de este fuero, causas 1281/93 del 12.4.96, 5094/92 del 9.5.95; FASSI-YÁÑEZ, “Código Procesal Civil y Comercial”, T. 1, pág. 827). Por lo que considero adecuado confirmar la suma de $10.000 para cada uno de ellos, en concepto de daño emergente.

X.- En cuanto al daño moral, cabe recordar que, a juicio de esta Sala, la indemnización cumple un papel principalmente resarcitorio (confr. causa 4412 del 1.4.77 y muchas posteriores), sin que exista relación lógica o jurídica que justifique proporcionar su entidad a la magnitud de los daños económicos, en tanto se trata de rubros de naturaleza enteramente distinta que descansan sobre presupuestos también diferentes. Desde otro enfoque, debo decir que la gravedad del acontecimiento producido en la vivienda de los actores tuvo proyecciones mortificantes con aptitud para provocar, en quien lo sufrió, alteraciones disvaliosas de su espíritu, merecedoras de una indemnización a título de daño moral (arts. 522 y 1078 del Código Civil). A lo que es pertinente añadir que la existencia del daño moral, en el caso, fue admitida por el señor Magistrado de primera instancia y ese aspecto de su decisión ha pasado en autoridad de cosa juzgada, ante la crítica por parte de la demandada que sólo ha cuestionado la fijación del monto.

En lo que concierne a la presente litis, parto de la base de que el episodio que debieron padecer los actores, según el curso natural y ordinario de las cosas (arg. art.901 del Código Civil), normalmente apareja secuelas en la integridad psíquica de quienes lo soportan y también repercuten en la esfera íntima de las víctimas. Basta imaginarse la desazón familiar al ingresar a su hogar destruido por las llamas.

En ese sentido, del dictamen efectuado por la perito psicóloga designada en autos, surge que los actores padecen de “un trastorno por estrés postraumático derivado del hecho de autos… y que todo hecho traumático para una personalidad con base normal deja huellas en la memoria de los mismos y presenta como síntoma cardinal angustia” (ver fs. 190).

Por lo tanto, obran en autos suficientes elementos de convicción para detectar en los actores el padecimiento de aflicciones que puedan ser subsumidas en el rubro daño moral. A ello agrego, que al momento de fijar los montos relativos a este rubro, el “a quo” incluyó aquellas sumas que se encuentran destinadas al “tratamiento psicológico” y que, de acuerdo al informe pericial, los accionantes requieren para lograr la remisión del cuadro que padecen.

Por todo ello, la suma de $40.000 a favor del Sr. R. y de $60.000 para la Sra. Z. reconocida en la anterior instancia no me impresiona como excesiva, debiendo desestimarse el agravio de la demandada al respecto.

XI.- Con respecto a la tasa de interés aplicable con relación al rubro daño moral, debo advertir que no se llega a comprender el agravio volcado al punto 4°) del escrito de fs. 391/398. En ese sentido, la recurrente entiende que aquél monto ha sido fijado a valores actuales y por ende, no correspondería que la suma devengue intereses. Sin embargo, de la lectura del dispositivo recurrido no se desprende dicha circunstancia y por tal motivo, la petición de Edenor no puede obtener acogida favorable. Compulsando la sentencia apelada entiendo que el rubro en cuestión ha sido justipreciado -al igual que los restantes rubros- al momento del hecho.De allí que no exista motivo para inferir que sólo con respecto al rubro daño moral el sentenciante lo ha establecido a valores actuales, cuando en rigor de verdad, la fijación del cómputo de los intereses ha sido dispuesta de modo genérico para todas las sumas reconocidas en el considerando XI de fs. 372.

Ciertamente que al haber sido ponderado dentro del daño moral las cantidades relativas a los gastos de tratamiento psicológico, debieron discriminarse para que el cómputo de sus intereses comience a correr a partir de la fecha de notificación de esta sentencia, por tratarse de gastos futuros. Sin embargo, al no haber sido esto criticado por la parte, desde un plano procesal, debo decir que esta Sala carece de atribuciones para modificar lo resuelto en la anterior instancia (arg. art. 271 del C.P.C.C.N.). Tampoco, en la oportunidad procesal correspondiente, la interesada requirió aclaratoria sobre la cuestión.

XII.- Por último, resta expedirme con relación a la queja tendiente al rechazo de la imposición de costas con sustento en su falta de responsabilidad en el hecho que motiva la presente acción. En este aspecto, y atendiendo a los argumentos esbozados en el presente voto en los cuales ha quedado verificado el deber de responder que recae sobre la accionada, entiendo que no existen motivos para apartarse del criterio objetivo de la derrota (art. 68 del C.P.C.C.N.). Por tal motivo, también propongo la confirmación de la sentencia en cuanto le impuso las costas a la demandada vencida.

XIII. En atención a lo expuesto, voto por confirmar la sentencia apelada en todo lo que fuera motivo de agravio. Las costas en esta instancia deberán ser sufragadas por la demandada por resultar vencida (art. 68 C.P.C.C.N.).

Los doctores Ricardo Víctor Guarinoni y Graciela Medina, por razones análogas a las expuestas por el doctor Alfredo Silverio Gusman, adhieren al voto que antecede.

En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, esta sala RESUELVE: confirmar la sentencia apelada en todo lo que fuera motivo de agravio. Las costas en esta instancia deberán ser sufragadas por la demandada por resultar vencida (art. 68 C.P.C.C.N.).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

ALFREDO SILVERIO GUSMAN

RICARDO VICTOR GUAR INONI

GRACIELA MEDINA

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