Nulidad del matrimonio celebrado en Uruguay y su consiguiente falta de vocación hereditaria ya que existía impedimento de ligamen al momento de celebrarlo.

Divor.Partes: T.L. M.A. T.L. A.S. T.L. L. c/ V. L. A. s/ nulidad de matrimonio y subsidiariamente falta de aptitud sucesora

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Salta

Sala/Juzgado: Segunda

Fecha: 9-oct-2014

Cita: MJ-JU-M-89249-AR | MJJ89249 | MJJ89249

Se declara la nulidad del matrimonio celebrado por la demandada en el Uruguay y su consiguiente falta de vocación hereditaria toda vez que existía impedimento de ligamen al momento de celebrar el matrimonio.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia apelada y declarar inválido el segundo matrimonio celebrado en el Uruguay ya que el causante se encontraba divorciado bajo la vigencia de la Ley 2392 que no disolvía el vínculo conyugal, por lo cual existía impedimento de ligamen.

2.-El artículo 8º de la ley 23.515 establece que cualquiera de los cónyuges podría haber solicitado la conversión en divorcio vincular de la sentencia dictada bajo la derogada ley 2393 a fin de que adquiriera los efectos de los artículos 217, 218 y 3574 del Código Civil el cual nunca fue realizado por los contrayentes, por lo cual debe considerarse que el impedimento de ligamen subsistió hasta la muerte del causante.

3.- Debe considerarse nulo de nulidad absoluta el matrimonio celebrado con impedimento de ligamen toda vez que – al margen del orden público internacional – contraría el orden público interno.

4.-El matrimonio celebrado en fraude a la ley argentina permite la aplicación del artículo 219 del CCiv. Argentino para declarar su nulidad, encontrándose legitimadas las actoras por ser hijas legítimas del causante y estar comprendidas en la excepción prevista por el artículo 239 del CCiv. , teniendo intereses legítimos en la declaración de invalidez del matrimonio.

5.- Debe declararse inválido el matrimonio celebrado en Uruguay pese a las manifestaciones del causante de ser ‘divorciado’ toda vez que la derogada Ley 2392 rige las causales de nulidad de los matrimonios celebrados bajo su vigencia, contemplando también el supuesto de impedimento de ligamen.

Fallo:

Salta, 09 de Octubre de 2014

Y VISTOS:

Estos autos caratulados T.L.,M.A.;T.L.,A.S.;T.L.,L.vs.V.,L.A.

ORDINARIO: NULIDAD DE MATRIMONIO Y SUBSIDIARIAMENTE FALTA DE APTITUD SUCESORA”

Expediente Nº 240077/08del Juzgado de 1ra.Instancia en lo Civil y Comercial 4º Nominación (CAM 453078/13de Sala II) y, CONSIDERANDO:

La doctora Verónica Gómez Naar dijo:

I.-Vienen estos autos por apelación de la sentencia dictada el 30 de septiembre de2013 que rola a fojas 363/369, mediante la cual el señor Juez en grado hizo lugar a la demanda y declaró, a los efectos de la ley argentina, la nulidad del matrimonio celebrado entre L. A. V. y M. W. T.G.el 21 de julio de 1983, en la República Oriental del Uruguay, Punta del Este, Intendencia de Maldonado, disponiendo que no podrá ser invocado por la demandada en el proceso sucesorio para justificar su vocación hereditaria. Para así decidir, argumentó que el matrimonio se celebró existiendo impedimento de ligamen, pues el señor T.se encontraba divorciado en los términos del artículo 67 bis de la ley 2392 que no disolvía el vínculo.

Asimismo, consideró que si bien como regla la acción de nulidad caduca por efecto de la muerte de alguno de los cónyuges, la acción puede ser intentada por los descendientes y ascendientes cuando existe un vicio que trae aparejada la nulidad absoluta del matrimonio y existe interés jurídico en aquéllos.

Con fundamento en el artículo 219 del Código Civil y remisión al artículo 166 inciso 6º del mismo cuerpo legal, consideró que el matrimonio celebrado con impedimento de ligamen constituye un supuesto de nulidad absoluta, y que tal prescripción no ha sido modificada hasta la fecha por otra ley ni por el derecho internacional.

Mencionó que la Corte Suprema en el fallo “Solá” interpretó el Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1940 en el sentido de que no se impone a los países signatarios la obligación de desconocer validez al matrimonio celebrado en otro con impedimento de ligamen sino que deja librado al orden público internacional del estado requerido la decisión sobre la reacción que más convenga al espíritu de su legislación.

De acuerdo a ello, sostuvo que en nuestro orden interno se ha limitado la legitimación para accionar a determinadas personas y en determinadas condiciones, y que no cabe duda de que el impedimento de ligamen acarrea la nulidad absoluta del matrimonio.

En cuanto a los precedentes de la Corte Suprema de la Nación citados por la parte demandada, luego de analizarlos, refirió que no puede interpretarse que la Corte Federal haya sostenido que sobre la base del cambio de legislación generado por la sanción de la Ley 23.515, el matrimonio así viciado constituya un supuesto de nulidad relativa; agregando que tampoco su plataforma fáctica resulta similar a la de estos autos en tanto la acción de nulidad no ha sido intentada por ascendientes o descendientes y, en algunos casos, tampoco se ha interpuesto aquella acción

Afojas 370, la accionada interpuso recurso de apelación, que funda mediante la expresión de agravios formulada a fs. 381/391. Luego de analizar los precedentes “Solá” y “Ulloa” de la Corte Suprema de la Nación, interpreta que el cambio de doctrina de la Corte importó que el matrimonio con impedimento de ligamen dejó de ser un acto viciado.

Según ello, afirma que el fallo se equivoca cuando interpreta que el matrimonio celebrado en el extranjero con impedimento de ligamen sigue siendo para la legislación argentina un acto nulo.

Asevera que resulta contradictorio que el señor Juez de primera instancia interprete que a partir del dictado de la Ley Nº 23.315 desapareció el orden público en las cuestiones de matrimonio con impedimento de ligamen pero que, no obstante, subsiste la nulidad absoluta.

Refiere que no puede haber acto nulo si no hay orden público comprometido.

Se queja porque el juzgador aplicó la excepción del artículo 239 del Código Civil cuando no existe nulidad absoluta en este caso.

En cuanto a la pretensión subsidiaria -de cese de la vocación hereditaria -que no ha sido tratada por el Juez al haber prosperado la principal, se remite a lo manifestado en los alegatos, A fojas 393/394, las actoras contestan el traslado de la expresión de agravios, solicitando el rechazo del recurso por las razones que allí exponen.- Corrida vista a la Fiscalía de Cámara, a fojas 402/403 ésta emite dictamen favorable a la confirmación de la sentencia recurrida Llamados los autos para sentencia a fojas 420, mediante providencia firme, la causa se encuentra en estado de ser resuelta.

II.-En primer término deben ser tratados los agravios concernientes a la pretensión de nulidad de matrimonio toda vez que de su resultado dependerá la necesidad de considerar o no los argumentos relativos a la pretensión subsidiaria

Examinadas las críticas expuestas por la quejosa, cabe ponderar que la cuestión central a determinar gira en torno al carácter relativo o absoluto de la nulidad y la legitimación de las actoras parareclamar la nulidad del matrimonio celebrado en el extranjero por su padre, M. W. T. G. (fallecido) con la señora L. A. V. Al momento de llevarse a cabo el matrimonio, el 21 de julio de 1983, el señor T. se encontraba separado legalmente de la señora A. L.C. bajo el régimen del artículo 67 bis de la ley 2393, la cual – como es sabido-no admitía la disolución del vínculo conyugal.

En consecuencia, el matrimonio fue celebrado en fraude de la ley argentina vigente a ese momento. La norma que regula la acción de nulidad de matrimonio, el artículo 239 del Código Civil prescribe que esta acción no puede intentarse sino en vida de ambos esposos, salvo que sea promovida por el cónyuge supérstite en los casos allí previstos o por los ascendientes o descendientes con interés legítimo, siempre que la nulidad sea absoluta.

En este caso, se encuentra corroborado que las demandantes son hijas del contrayente y tienen ese interés en razón de que es preciso examinar la validez de tal matrimonio en orden a determinar el derecho de la señora V. a la sucesión del señor T. en donde aquéllas resultan legítimas herederas.

Ahora bien, respecto del otro requisito – esto es, que se trate de una nulidad absoluta -, es aquí donde la apelante plantea su objeción principal al fallo, en el entendimiento de que, a partir de la nueva doctrina de la Corte Suprema de la Nación, el matrimonio celebrado en el extranjero con impedimento de ligamen no reúne tal condición sino que constituye un supuesto de nulidad relativa.

Al respecto, en los fallos invocados por la parte (“Solá, Jorge Vicente s/sucesión ab intestato”, Fallos 319:2779; “Ulloa, Alberto s/sucesión”, Fallos 330:1572; y “Santa Coloma, Helena Beatriz s/ recurso de hecho deducido en la causa Boo, Héctor José s/sucesión”, Fallos 333:1759), concreta y textualmente expresa el más Alto Tribunal Federal lo siguiente:que a partir de la disolubilidad del matrimonio civil argentino, en virtud del criterio de actualidad del orden público internacional, el orden jurídico argentino carece de interés actual en reaccionar frente a un matrimonio celebrado en el extranjero en tales condiciones. A fin de entender correctamente la doctrina de la Corte Federal sobre esta cuestión, es menester recordar la distinción que suele realizarse entre orden público internacional y orden público interno.

Kaller de Orchansky enseña que el orden público es uno de los conceptos de mayor trascendencia en el mundo jurídico por las limitaciones que impone a la libertad y por el respeto que le es debido, en cuanto involucra principios superiores inherentes a la organización del Estado y de la familia, rectores del orden moral y de las buenas costumbres, que aseguran la realización de los valores humanos fundamentales (Kaller de Orchansky, Berta, “Manual de Derecho Internacional Privado”, pág. 137, ed. Plus Ultra, Bs.As., 1987).

En cuanto al orden público interno, se trata de reglas que imperan sobre las relaciones jurídico privadas puramente internas y no pueden ser derogadas por la autonomía de la voluntad.

En cambio, el orden público internacional constituye una barrera a la aplicación de las leyes extranjeras normalmente competentes en virtud del Derecho Internacional Privado del foro, y es definido como un conjunto de principios que excluyen la aplicación del derecho extranjero.

En tal sentido, los Tratados de Montevideo de 1889 y 1940 coinciden en disponer, en el artículo 4º del respectivo Protocolo Adicional:

“Las leyes de los demás Estados jamás serán aplicadas contra las instituciones políticas, las leyes de orden público o las buenas costumbres del lugar del proceso”. De acuerdo a la distinción descripta, surge que el radio de acción de uno u otro es diferente por cuanto no todas las normas de orden público interno justifican la excepción de orden público internacional.

Y tal es, en mi entender, el aspecto que ha considerado la Corte Suprema en los precedentes que invoca el recurrente.

En efecto, la modificación experimentada en el derecho privado argentino a partir de la ley 23.515 ha provocado una variación de nuestro orden público internacional en cuanto la incorporación de la disolubilidad por divorcio del vínculo conyugal conlleva que no se justifique ahora la reacción contra la aplicación de la ley extranjera.

El matrimonio indisoluble ha dejado de formar parte de los principios fundamentales de nuestro Estado.

Pero en modo alguno ello implica que la disolución del vínculo antes de contraer nuevo matrimonio haya dejado de ser una regla de orden público interno; pues ninguna duda merece el hecho de que el régimen matrimonial argentino es – y continúa siendo -de orden público interno (v. autora y obra citada, págs. 137 y ss.).

La diferencia es sutil pero a la vez sustancial:cuando se trata de hacer valer un acto matrimonial celebrado en el extranjero no aplica la excepción de orden público internacional en este caso, porque puede existir ahora en nuestro país nuevo matrimonio.

Mas ello no implica que si el nuevo matrimonio es llevado a cabo con impedimento de ligamen pueda ser anulado a petición de parte legítima y que tal vicio sea de nulidad absoluta por afectar el orden público matrimonial argentino.

De tal modo, se advierte que – como bien lo destaca el magistrado a quo en su fallo – la plataforma fáctica de los tres precedentes citados difiere de la que se presenta en el sub examine; puesto que en ninguno de esos casos se planteaba una pretensión de nulidad del matrimonio viciado promovida por parte legitimada.

En la causa Solá, Jorge Vicente s/sucesión”, se planteó si tenía legitimación para promover el juicio sucesorio la mujer que contrajo matrimonio con el causante en Paraguay sin que se hubiera disuelto el que éste había celebrado previamente en nuestro país; idéntica cuestión a la suscitada y resuelta en el precedente “Santa Coloma s/Rec. de hecho”.

Por su lado, en el caso “Ulloa, A.s/sucesión”, se trataba de igual modo de un proceso sucesorio en el cual la cónyuge supérstite pretendía hacer valer sus derechos.

En primera instancia fue incluida en la declaratoria de herederos, lo cual fue revocado por el Tribunal de Apelación quien declaró inválido el acto matrimonial celebrado en Perú con el causante, rechazando la vocación hereditaria de la peticionaria, quien al momento de contraer esas nupcias se encontraba divorciada bajo el régimen de la ley 2393 y con posterioridad al acto, en el año 1987, se anotó marginalmente la conversión de divorcio vincular de acuerdo a la ley 23.515.

En comentario a este fallo, Solari señala que en él la Corte Suprema reafirma la postura “en cuanto a que los efectos de dichos matrimonios no pueden ser desconocidos en nuestro país por aplicación de la doctrina de la ineficacia territorial, sino que los mismos deben ser declarados nulos para privarles de efectos en la República” (La Ley tº 2007-F, pág.

249).

Por consiguiente no cabe interpretar la doctrina de tales fallos extendiendo sus alcances al supuesto que se presenta en esta causa, ni hacerle decir al Tribunal señero lo que no ha manifestado.

Si así fuera, si la doctrina sentada en tales precedentes tuviere los alcances que pretende otorgarle la parte demandada, significaría por parte del Tribunal Federal la abrogación de la disposición de los artículos 84 y 85 de la ley 2393, vigentes al momento del acto, sin declaración de inconstitucionalidad de tales prescripciones legales, lo cual carece de toda razonabilidad.

Adviértase que la ley vigente al momento de la celebración del matrimonio rige las causales de nulidad; pero las consecuencias en curso de los matrimonios celebrados se rigen por el Código en su redacción vigente, impuesta por la ley 23.515, en virtud del artículo 3º del citado cuerpo legal.

Así, se ha referido que “si a la fecha de la celebración del matrimonio mediaba el impedimento de ligamen, la entrada en vigencia de la disolubilidad del vínculo en vida de los esposos no transforma ese matrimonio en válido, pues para apreciar la eficacia de los actos es aplicable la ley vigente a la época de su celebración” (Ferrer, Francisco A.M., Graciela Medina y M.

Josefa Méndez Costa, “Código Civil Comentado”, t. I, pág. 318, Rubinzal-Culzoni, Sta.Fe, 2007).

El artículo 84 de la ley 2393 prescribe expresamente:

“Es absolutamente nulo el matrimonio celebrado con alguno de los impedimentos establecidos en los incisos 1, 2,3, 5 y 6 del art. 9, y su nulidad puede ser demandada por el cónyuge que ignoró la existencia del impedimento y por los que hubieran podido oponerse a la celebración del matrimonio.

Por su parte, el artículo 9 dispone: “Son impedimentos para el matrimonio: (…) 5. El matrimonio anterior mientras subsista”.

En lo que aquí interesa, entonces, las disposiciones de la derogada ley 2393 resultan asimilables a las incorporadas por la ley 23.515 al Código Civil, cuyo artículo 219 dispone – por contraposición a los supuestos de nulidad relativa previstos en el artículo 220 -que es de nulidad absoluta el matrimonio celebrado con el impedimento establecido en el inciso 6 del artículo 166, a saber: “el matrimonio anterior, mientras subsista”.

Consiguientemente, resulta aplicable el análisis que de estas disposiciones efectúa la doctrina, afirmando la procedencia de la acción de nulidad cuando el impedimento violado ha sido el ligamen, parentesco o crimen calificándolos como supuestos de nulidad absoluta.

El fundamento del impedimento de ligamen surge del sistema matrimonial monogámico que repudia la poligamia, “es ético y, en cuanto a sus caracteres es absoluto, no dispensable, transitorio y su violación acarrea la anulabilidad de nulidad absoluta” (Ferrer, Francisco A.M., Graciela Medina y M.

Josefa Méndez Costa, op. cit., t. I, págs.44 y ss.). No puede desconocerse que estamos en presencia de connubio celebrado claramente en fraude a la ley argentina y también a la ley uruguaya – país que donde tampoco admite la bigamia -, con impedimento de ligamen por parte de uno de los contrayentes, obstáculo que rige con prescindencia de la indisolubilidad o disolubilidad del vínculo matrimonial.

Del acta matrimonial de la intendencia municipal de Maldonado surge que el señor T. manifestó ser divorciado, no pudiendo desconocer la demandada los efectos de ese divorcio para el derecho argentino vigente y la consiguiente falta de aptitud nupcial del consorte por existencia de ligamen.

Es claro que la bigamia es reprimida por el orden público familiar vigente en nuestro estado de derecho (Bueres, Alberto J. -Elena I. Highton, “Código Civil”, t. 1, pág. 1015, ed. Hammurabi, Bs. As., 1995).

Y si bien resulta incuestionable el carácter mutable del orden público internacional, en este caso se vio actualizado por la reforma que receptó el divorcio vincular en nuestro país en lo que se refiere a la disolubilidad del vínculo matrimonial mas no en lo referente a la prohibición de la poligamia, situación que se verifica cuando contrae matrimonio quien no había recuperado aptitud nupcial al momento de la celebración de las nupcias en el extranjero.

De allí, entonces, que la interpretación de los justos y precisos términos de la doctrina de la Corte lleva a concluir que lo que allí ha resuelto es que no cabe desconocer los efectos o validez de un matrimonio contraído en el extranjero con impedimento de ligamen, en la medida en que no ha sido declarado inválido.

Ello implicó la modificación del criterio sostenido con anterioridad a la admisión legal de la disolubilidad del vínculo, en el año 1969, in re “Rosas de Egea, Manuela c.Instituto Nacional de Previsión Social”, en donde había expresado que las autoridades nacionales tienen facultad para desconocer valor en el territorio argentino al matrimonio celebrado en el exterior por quien era casada en la República Argentina al tiempo de contraerlo, sin necesidad de obtener previamente la nulidad de aquél; pues “no corresponde imponer al régimen jurídico argentino validez extraterritorial de un matrimonio que puede ser válido en el extranjero, pero que se opone a sustanciales principios de orden público interno e internacional según nuestro derecho”.

Es lógico que así fuera pues la carencia de divorcio en nuestra legislación provocó el vigor de la tesis de la ineficacia del matrimonio contraído en tales condiciones, como medio de reprender a quienes así actuaban, en fraude a la ley argentina.

Ha dejado así sentado que, en la actualidad, con la ley 23.515 que admite el divorcio vincular, no estamos en la situación de la derogada ley 2393, debiendo los matrimonios celebrados en fraude a la ley argentina ser declarados nulos por solicitud de parte interesada, para privarles de efectos jurídicos en nuestro país; conclusión que ha sido receptada en la jurisprudencia (CNCiv., sala D, 03/06/10, “V., H. c. L., A. J. C. s. nulidad de matrimonio”); si bien cierta doctrina ha criticado el cambio de doctrina del Alto Tribunal por entender que no procede otorgar efectos a tales matrimonios, aún sin declaración de nulidad (v. Calderón Vico de Della Savia, “Matrimonio in fraudemlegis. Título y legitimación para la vocación sucesoria como cuestión previa. Orden público”, art. publ. en La Ley, tº 2007 -D, págs.131/135).

Pero como quedó demostrado, no se está aquí en presencia del supuesto respecto al cual se expidió la Corte.

En el caso que nos ocupa, la situación no ha variado y el carácter absoluto de la nulidad del matrimonio celebrado en el extranjero con impedimento de ligamen resulta incontrastable.

Al comentar el artículo 160 del Código Civil, Kaller de Orchansky señala que seis de los nueve incisos del artículo 166 del mismo cuerpo legal -entre los cuales consigna al matrimonio anterior mientras subsista – configuran impedimentos dirimentes de orden público internacional, que acarrean la nulidad de los matrimonios celebrados en el extranjero, aunque el derecho del estado donde se contrajo no hubiera contenido esas prescripciones.

Aclara que se mantiene el impedimento de ligamen, siendo la redacción del inciso 6° idéntica a la de la ley 2393 (Bueres, Alberto J. -Elena I. Highton, op. cit., t. 1,pág. 807).

III.-En lo que respecta a la acción de nulidad, tal como se ha destacado, los descendientes y ascendientes de cualquiera de los cónyuges del matrimonio viciado están legitimados para accionar siempre que lo sea con miras a la satisfacción de un derecho que depende de la invalidez del matrimonio (Bueres – Highton, op. cit., págs. 447 y ss.).

En el sub lite, no corresponde desconocer la legitimación de las actoras para demandar la nulidad del matrimonio de marras en la medida en que se presentan los extremos exigidos por el artículo 239 del Código Civil cuando se trata de los descendientes del cónyuge premuerto.

Por su parte, el vicio grave congénito del acto matrimonial se halla fuera de debate, puesto que no se ha controvertido el hecho del matrimonio anterior, el impedimento de ligamen existente a la fecha del acto y subsist ente incluso hasta el fallecimiento del señor T.puesto que nunca se acudió al régimen de conversión previsto en el artículo 8º de la ley 23.515 según el cual cualquiera de los cónyuges podría haber solicitado la conversión en divorcio vincular de la sentencia dictada bajo la derogada ley 2393 a fin de que adquiriera los efectos de los artículos 217, 218 y 3574 del Código Civil.

Por ende, cabe concluir que el fallo impugnado resuelva acertadamente la invalidez del matrimonio por la causal de impedimento de ligamen.

En virtud de lo expuesto, compartiendo el dictamen del Fiscal de Cámara en cuanto a la improcedencia del recurso, considero que debe ser confirmada la sentencia apelada en lo que fue materia de agravio. Con relación a las costas, la complejidad jurídica de la cuestión sometida a decisión, que involucra elementos extranjeros, aspectos de derecho internacional y derecho interno que han merecido distintas y novedosas interpretaciones, amerita la solución de apartarse del principio general del vencimiento e imponerlas por el orden causado, de conformidad a la disposición del artículo 67 2º párrafo del Código de rito.

Así voto.

El doctor Sergio Miguel Ángel David dijo:

Por compartir sus fundamentos, me adhiero al voto que antecede.

Por ello, LA SALA SEGUNDA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL,

I.-RECHAZA el recurso de apelación interpuesto por la demandada a fojas 370 y, en su mérito, CONFIRMA la sentencia de fojas 363/369 en lo que fue materia de agravios. Con costas por su orden.

II.-ORDENA

se registre, notifique y baje.

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