Condenan a empleadora por divulgar con panfletos la grave enfermedad de una trabajadora

shutterstock_160505195Partes: R. M. N. c/ Federación Asociación Trabajadores de la Sanidad Argentina Fatsa y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: VI

Fecha: 30-jun-2014

Cita: MJ-JU-M-88330-AR | MJJ88330 | MJJ88330

Resulta discriminatoria la divulgación por parte de la empleadora de la enfermedad que padece la actora, a través de panfletos repartidos en el lugar de trabajo.

Sumario:

1.-Cabe confirmar la sentencia que hizo lugar al reclamo por reparación en los términos del art. 1 de la Ley 23.592 deducido contra la empleadora y el sindicato, pues surgen probados los daños materiales y morales generados como consecuencia del comportamiento discriminatorio de los accionados, mediante acciones de persecución y discriminación laboral y sindical que consistieron en la divulgación de la enfermedad (H.I.V.) que padecía la actora mediante volantes repartidos a la gente que iba a votar en las elecciones para cubrir cargos de comisión directiva.

2.-Si bien en los panfletos no se señalaba el nombre de la candidata de la lista que tenía una enfermedad, no se acreditó que hubiera otra persona o varias de ellas que padecieran el Virus de la Inmunodeficiencia humana, es decir que la alusión era directa a la reclamante.

3.-La asociación demandada no podía desconocer el trato discriminatorio que se estaba produciendo en el acto eleccionario, y conforme los dichos de los testigos, los volantes también fueron repartidos en el propio sindicato, por lo cual todos los demandados deberán responder solidariamente como lo hacen.

4.-Aun cuando existe una norma legal sustantiva que establece la prohibición de discriminación en forma genérica por cualquiera de las causas, la víctima de dicha acción ilegal tiene gran dificultad en hacer valer el derecho violentado si se ve obligada a presentar todos los elementos de prueba de la discriminación; por ello, la discriminación indirecta puede ser considerada un mecanismo para superar la dificultad de la prueba, ya que esta es trasladada en gran medida al demandado en cuanto a la justificación de la acción que implicó un acto discriminatorio.

Fallo:

Buenos Aires, 30 de JUNIO de 2014

En la Ciudad de Buenos Aires reunidos los integrantes de la Sala VI a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia en estas actuaciones, practicando el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

LA DOCTORA GRACIELA L. CRAIG DIJO:

Contra la sentencia de primera instancia que hizo lugar al reclamo en lo principal se agravian la parte demandada y actora según los memoriales de fs. 453/455 y de fs. 449/452, respectivamente, cuya réplica de ésta última luce a fs. 464/469vta.

La actora inicia su reclamo por reparación en los términos del art. 1 de la Ley 23.592 de los daños materiales y morales generados como consecuencia del comportamiento discriminatorio de los accionados, mediante acciones de persecución y discriminación laboral y sindical que consistieron en la divulgación de la enfermedad que padecía (H.I.V.) mediante volantes repartidos a la gente que iba a votar en las elecciones para cubrir cargos de comisión directiva, revisores de cuentas y congresales en el ámbito de la filial de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, donde se la proponía como Secretaria de la mujer en la lista opositora “Blanca Bordó.

Cumpliendo una intimación a fs. 76, indicó que la acción es contra la empleadora y la Asociación Gremial que han actuado de común acuerdo en perjuicio de ella, en tanto las partes han tenido conocimiento de la discriminación sufrida. Contesta la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina Filial Buenos Aires, negando los hechos y manifestando la ausencia total de denuncia que la señale como responsable de los hechos discriminatorios o ante el

I.N.A.D.I. manifestando que solo se busca un beneficio económico (ver fs. 181 vta). Luego, en la contestación de las personas físicas demandadas a fs. 198/203 y a fs.222/231, se inclinan por negar los hechos y manifestar la ausencia de claridad en el relato de los mismos en la demanda y la ausencia de imputación precisa hacia cada demandado.

El Sr. Juez “a quo”, resolvió hacer lugar a la demanda en cuanto entiende acreditada la discriminación denunciada.

La parte demandada – Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina – plantea su queja contra la decisión de la instancia anterior, sosteniendo, en síntesis, que se efectuó una incorrecta apreciación de las pruebas testimoniales aportadas a la causa. Adelanto que la queja debe ser rechazada.

En primer término, cabe destacar que en la apreciación de la prueba, el art. 386 del CPCCN exige al juzgador que la valoración de la misma lo sea por los principios de la sana crítica, bajo un análisis del conjunto de las probanzas mediante la concordancia o discordancia que ofrezcan los distintos elementos de convicción arrimados al proceso.

En efecto, contrariamente a lo esgrimido por la quejosa, las declaraciones testimoniales aportadas a la causa lucen convincentes a los fines de acreditar los hechos agraviantes denunciados en el inicio. El dicente Álvarez (fs. 349/351), manifestó conocer a la Asociación demandada porque el testigo fue Secretario adjunto en la Seccional Capital desde el año 1993 hasta 2004 además de afiliado. Dijo que conoce al Sanatorio demandado porque tenía prestaciones de salud y a los coaccionados físicos por trabajar todos allí y eran afiliados del sindicato. Indicó saber que en el año 2004 la actora se postuló para un cargo y cree que era para la secretaria de la mujer lo que sabe pues él también integraba la lista. Manifestó que durante la campaña para las elecciones del año 2004, dentro del sanatorio se repartieron panfletos, volantes de la lista contraria (celeste y Blanca) en los cuales se hacía mención a la enfermedad de la accionante (H.I.V.), sin recordar exactamente las palabras que se usaban. Dijo que los volantes se distribuyeron en el sanatorio y en el sindicato.Indicó que los panfletos agraviantes no solo fueron arrojados dentro del sanatorio, sino que también fueron distribuidos en el sindicato. También, expresó que sabe que los panfletos anteriormente mencionados pertenecían a la lista contraria porque las personas que lo repartían eran de la lista e incluso, personalmente, el testigo intercedió con la dueña o administradora del sanatorio, la Sra. Mercedes Elmeaudy, recriminándole por la situación y esta señora le contestó que eran los muchachos del sindicato y que ella no podía hacer nada.

Asimismo, La testigo Apaza (fs. 396/400), conoce al sanatorio “Medical Power S.A.” porque ella trabajó ahí desde el año 1998 hasta 2004 más o menos, no conoce a la Asociación demandada ya que solo fue una vez a hacer un trámite, conoce a los codemandados físicos y a la accionante desde que empezó a trabajar allí. Indicó que en el año 2004 la actora se presentó para ser delegada, un cargo electivo dentro de la Asociación, que siempre hubo una lista (celeste y Blanca) y que lo novedoso de ese año, fue que se presentara otra lista. Manifestó que internamente se sabía que iba a ganar la lista “celeste y blanca” y que en el momento de las elecciones, los delegados de esta lista siempre los iban a buscar y en el camino de las urnas les inducían el voto. Expresó que se tiraron panfletos en donde se lo acusaba a quién se postulaba para la lista contraria a la “celeste y Blanca” de hacer campaña con la enfermedad de una compañera y que ellos no se lo iban a permitir. La testigo preguntó a quién se hacía referencia y le respondieron el nombre de la actora.Indicó al respecto que sabe que todos los coaccionados físicos estaban dentro del sindicato, que los delegados eran Maschio, Rivas, Delavilla, Panizo y Viñuela, que después Montanaro estaba en el conmutador pero se la pasaba internado en lo que era el sindicato, que Lanza era la novia de Maschio, que esta persona estaba en el conmutador y que después terminó siendo la secretaria de recursos humanos, que estuvo en todos lados, que siempre estaba en el sindicato tomando cafecito, que Cabral siempre estaba con los gremialistas. También, Expresó que a la actora siempre la rotaban, pero en la época de las elecciones fue peor, porque la mandaron al subsuelo al lado de la morgue. Asimismo, dijo que el gremio nunca salió en defensa de la actora, y es más, el gremio primero cobraba para ellos y después venían para el resto, que arreglaban con los directivos del sanatorio cuando y cuanto le pagaban al personal y que sabe de ello porque todos ahí sabían que el sindicato estaba al tanto de todo lo que estaba pasando por detrás.

Encuentro luego de lo señalado que las declaraciones aquí vertidas resultan contundentes a los efectos de la acreditación de los tratos hostiles y agraviantes contra la persona accionante y se condicen con el dictamen Nº 202/05 del INADI del 03/11/2005 (ver sobre Nº 5328), respecto de los actos llevados a cabo por los delegados de la lista “celeste y blanca” de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad, que contaron con la anuencia de las máximas autoridades de la empleadora accionada y de la asociación gremial que pudiendo hacerlo no tomo medida alguna al respecto.

Cabe recordar que el artículo 1 de dicha norma prescribe que quien menoscabe derechos y garantías fundamentales reconocidos por la ley fundamental será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y reparar el daño moral y material ocasionado. El mismo artículo particularmente considera actos u omisiones discriminatorias los determinados por motivos de:raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos. Las formas de discriminaciones no son abiertas ni explícitas, no se apoyan en normas legales y como tales actitudes tienen un amplio repudio general el encubrimiento y la disimulación del acto discriminatorio es lo habitual por quienes discriminan e incluso por las víctimas de la discriminación. Frente a ello es necesario efectuar una lectura de los hechos más allá de su expresión literal en concordancia con el principio de la primacía de la realidad comprendido dentro del derecho protectorio respecto del cual juega como un complemento a fin de que éste no pueda ser marginado en los hechos mediante la adopción de algunas figuras jurídicas que disimulan la realidad. Asimismo, cabe destacar, que aun cuando existe una norma legal sustantiva que establece la prohibición de discriminación en forma genérica por cualquiera de las causas, la víctima de dicha acción ilegal tiene gran dificultad en hacer valer el derecho violentado si se ve obligada a presentar todos los elementos de prueba de la discriminación. Es sabido que la discriminación indirecta puede ser considerada un mecanismo para superar la dificultad de la prueba ya que esta es trasladada en gran medida al demandado en cuanto a la justificación de la acción que implicó un acto discriminatorio. En igual sentido me he pronunciado en el fallo dictado como Juez de primera Instancia a cargo del Juzgado de Trabajo nro. 55 en el Expte Nº 22.537/2002 “GREPPI, Laura Karina c/ TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. s/ Despido” confirmado por la sala IX según sentencia del 31 de mayo de 2005.

A mayor abundamiento cabe recordar que el art.9 de la LCT reformado por la ley 26.428 dispone que en la parte pertinente .”Si la duda recayese en la interpretación o alcance de la Ley, o en la apreciación de la prueba en los casos concretos, los jueces o encargados de aplicarla decidirán en el sentido más favorable al trabajador”, reforma que materializa la expresión del principio protectorio que tiene fundamento en el art. 14 bis de la Constitución Nacional cuando dice que “el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes” consagrando el principio in dubio pro operario esencia misma del derecho que nos ocupa.

Coincido con el señor magistrado de grado en que si bien en los panfletos no se señalaba el nombre d e la candidata de la lista que tenía una enfermedad, no se acreditó que hubiera otra persona o varias de ellas que padecieran el Virus de la Inmunodeficiencia humana, es decir que la alusión era directa a la reclamante (ver sobre Nº 5328). En consecuencia, como bien se señala en el decisorio de la instancia anterior la asociación demandada no podía desconocer el trato discriminatorio que se estaba produciendo en el acto eleccionario, y conforme los dichos de los testigos que estimo convincentes y que fueran antes analizados, los volantes también fueron repartidos en el propio sindicato; por lo cual, considero que todos los demandados deberán responder solidariamente como lo hacen.

Por todo lo expuesto y atento el análisis de los elementos recabados, propongo rechazar los agravios de la demandada y confirmar la sentencia de grado en lo principal.

Seguidamente, la parte actora y demandada cuestionan el monto de condena y que el mismo lleve intereses a valores del pronunciamiento.

En primer término, estimó que el monto de condena resulta un razonable resarcimiento por el daño total ocasionado (art. 1 de la ley 23.592, art.1078 CC), por lo que propongo la confirmación de la condena en ese punto.

Sin embargo, estimo que debe modificarse la forma en que fueron impuestos los intereses conformes el planteo de la accionante. Tal como lo he sostenido en casos análogos, y según doctrina de esta Sala que comparto, considero que para preservar el valor del monto de carácter resarcitorio debe estarse a la fecha en que con el accionar de los demandados en oportunidad de realizar las prácticas discriminatorias se ocasiono el perjuicio al accionante y las afecciones que sufriera con motivo del mismo en el mes de julio de 2004 y por ello es que propicio modificar la sentencia de grado e imponer los intereses dispuestos en grado desde julio de 2004 (fecha del acto eleccionario) hasta la fecha del efectivo pago.

Por lo hasta aquí expuesto, entiendo que las costas de alzada deben estar a cargo de la demandada vencida (art. 68 C.P.C.C.N.) a cuyo efecto propongo que se regulen los honorarios de los letrados intervinientes en un 25% de lo que les corresponda percibir por su labor en la anterior etapa (art. 38 Ley 18.345).

EL DOCTOR JUAN CARLOS FERNANDEZ MADRID DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, conforme con lo dispuesto en el art. 125, 2do. párrafo, Ley 18.345, el Tribunal RESUELVE: 1- Modificar la sentencia de grado en cuanto a la forma en que fueron impuestos los intereses e imponer los intereses dispuestos en la instancia anterior desde julio de 2004 hasta la fecha del efectivo pago; 2 – Confirmar la sentencia de grado en lo demás que fuera motivo de agravio; 3- Imponer las costas de Alzada a la demandada vencida y regular los honorarios de los profesionales intervinientes en esta Alzada, en el 25% de lo que les fuera regulado por las tareas cumplidas en la instancia anterior.

Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la ley 26856 y con la Acordada de la CSJN Nº 15/2013.

Regístrese, notifíquese y vuelvan.

GRACIELA L. CRAIG

JUEZ DE CAMARA

JUAN CARLOS FERNANDEZ

MADRID JUEZ DE CAMARA

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