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Existencia de relación laboral entre apoderado legal y una empresa que tenía planes de radicarse en el país

CertificadoLaboralPartes: Sala Espiell Luis Gustavo c/ Yokogawa América do sul ltda. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: VII

Fecha: 26-jun-2014

Cita: MJ-JU-M-87505-AR | MJJ87505 | MJJ87505

En tanto el actor cumplía tareas de gestión previo al establecimiento en Argentina de la sucursal de la demandada y promovía productos comercializados por la misma, surge acreditado el vínculo laboral con la sociedad encartada.

Sumario:

1.-Cabe confirmar la sentencia que hizo lugar a la demanda, pues la demandada no acreditó que el actor fuera el titular de una organización empresaria, ni tampoco que contara con personal a cargo, y mucho menos que las tareas que prestaba para aquélla no revistieran el carácter de personales .

2.-Surge probado que el actor cumplía tareas de gestiones previas al establecimiento en Argentina de la sucursal de la demandada y de promoción de los productos comercializados por la misma, reportando a la dirección del emprendimiento, ya que sin perjuicio de haber sido investido de poder y de resultar durante un período representante legal y administrador de la sociedad, del texto de la traducción pública del poder otorgado al actor claramente surge el otorgamiento de dicho poder para practicar los actos de administración ordinaria de la sucursal de la sociedad otorgante, limitadamente al territorio de la República Argentina, representándola activa y pasivamente.

3.-La imposibilidad de la demandada de contratar en el país no puede actuar en desmedro de los derechos de un trabajador, quien sin perjuicio de dicha incapacidad, efectivamente se encontró laborando en Argentina a las órdenes de la sociedad extranjera, la que en definitiva posteriormente se constituyó en el territorio argentino.

4.-La demandada no puede argumentar desconocimiento de las condiciones de contratación de sus empleados para intentar deslindarse de las responsabilidades que de las mismas surjan en caso de resultar irregulares; a todo evento, para el caso de que ciertamente hubiera sido el actor quien efectuó su inscripción con los datos que surgen de autos, lejos de reforzar la postura asumida por la demandada la debilitan, por cuanto corresponde presumir que el accionante registró su vínculo laboral respondiendo a las directivas de su empleadora por la relación de subordinación que existía entre ambas.

5.-Pretender endilgarle responsabilidad al actor en torno a su deficiente registro resulta a todas luces contrario a la postura asumida por la demandada, en tanto la misma sostuvo que el vínculo estaba correctamente registrado desde mayo de 2007, fecha de inicio de la relación en términos laborales, por lo que resulta absurdo sostener por un lado que no correspondía el registro del actor con anterioridad a mayo de 2007 y por el otro que el registro incorrecto resulta responsabilidad del actor.

Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 26 días del mes de junio de 2014, para dictar sentencia en estos autos: «SALA ESPIELL LUIS GUSTAVO C/ YOKOGAWA AMERICA DO SUL LTDA. S/ DESPIDO» se procede a votar en el siguiente orden:

LA DOCTORA BEATRIZ I. FONTANA DIJO:

Contra la sentencia de primera instancia, que hizo lugar a la demanda, apelan las partes actora y demandada a mérito de los memoriales de fs. 1.226/1.227 y fs. 1.240/1.255 respectivamente, mereciendo las réplicas de fs. 1.279/1.281 y fs. 1.258/1.266.

La parte demandada recurre, por elevados, la totalidad de los honorarios regulados y la perito contadora a fs. 1.268, apela sus emolumentos por considerarlos reducidos.

Atento la índole de las cuestiones planteadas por los recurrentes, abordaré los recursos en el orden que se tratan.

La parte demandada afirma que la sentencia le causa agravio por el reconocimiento del vínculo laboral entre las partes durante el período septiembre de 2004 hasta el 22 de mayo de 2007. Sostiene, en una muy apretada síntesis, que de las constancias de autos surge que el actor durante el mencionado período se encontró vinculado con su parte mediante los contratos de locación de servicios acompañados oportunamente en autos. Hace especial hincapié en la existencia de los referidos contratos y en que en la relación habida no han existidos ninguno de los tres elementos tipificantes de la relación laboral dependiente que exige nuestro ordenamiento jurídico. Efectúa un análisis detallado de los referidos elementos, para luego cuestionar la valoración de la prueba en que se basó el sentenciante para decidir.Finalmente alega que el actor no logró probar ningún indicio que permita basar su pretensión en la presunción del art.23 LCT, resaltando en el punto el carácter de profesional universitario detentado por el actor.

Analizadas que fueron minuciosa y detalladamente las constancias de autos, adelanto que, en mi opinión, el recurso en este aspecto no puede prosperar.

En efecto, de la demanda de autos se desprende que el actor denunció que estuvo vinculado con la demandada durante el período 9/2004 a 5/2007 por un contrato de trabajo que no fue registrado como tal, suscribiéndose al efecto un contrato de locación de servicios y que se lo obligó a emitir facturas.

Por su parte la demandada reconoció expresamente en su responde que contrató, durante el período en cuestión, los servicios del actor a fin que brinde el servicio profesional de asesoramiento y consultoría comercial autónoma y alega que dicha contratación se plasmó en el contrato de servicios profesionales suscripto entre ambas partes el 1 de septiembre de 2004, renovado en dos oportunidades.

En ese marco, y atento lo dispuesto por el art. 23 LCT era la demandada quien debía probar que la relación habida entre las partes no constituía un contrato de trabajo, punto que me lleva a adelantar que no advierto que la accionada haya dado cumplimiento a su carga procesal.

En efecto, de la lectura detenida de las pruebas producidas en autos, no surge que la demandada haya acreditado que el actor fuera el titular de una organización empresaria, ni tampoco que contara con personal a cargo, y mucho menos que las tareas que prestaba para la demandada no revistieran el carácter de «personales».

Por el contrario, conforme lo señala el sentenciante, del análisis de la prueba de autos surge que el actor, desde el año 2004 cumplía tareas de gestiones previas al establecimiento en Argentina de la sucursal de la demandada y de promoción de los productos comercializados por la misma.Asimismo, de las constancias de la causa surge que el accionante reportaba a la dirección del emprendimiento, ya que sin perjuicio de haber sido investido de poder y de resultar durante un período representante legal y administrador de la sociedad, del texto de la traducción pública del poder otorgado al actor en octubre de 2006 (fs. 89/93) claramente surge el otorgamiento de dicho poder para practicar los actos de administración ordinaria de la sucursal de la sociedad otorgante, limitadamente al territorio de la República Argentina, representándola activa y pasivamente, siempre en conjunto con Lieneu Sampaio Lobo, quien conforme se desprende de la prueba testimonial rendida en autos resultaba ser gerente general de la demandada.

Cabe destacar también que, contrariamente a lo afirmado por la demandada, conforme surge de la clásula 1.3 del contrato celebrado con el actor (ver fs. 31), el accionante no podía intermediar productos de otras empresas y efectuar negocio por cuenta propia, por lo que no es cierto que el reclamante en el ejercicio de su profesión pudiera atender a la demandada y a cualquier otra empresa que contratara sus servicios.

La apelante cuestiona la valoración efectuada por el sentenciante de la prueba rendida en autos, pero simplemente se limita a observar el análisis de dos de las testimoniales y de la prueba informática, que no ha resultado sustento de las conclusiones arribadas.

Por otra parte, sostiene que se ha omitido analizar la prueba pericial contable en cuanto a lo señalado por el perito contador con relación a que la demandada no poseía capacidad jurídica en nuestro país durante el período 2004-2007, por lo que difícilmente el actor pudiera haberse desempeñado como dependiente de una persona jurídica inexistente.

Sin perjuicio que dicha manifestación excede del marco de las facultades del experto contable, resultando una apreciación personal del mismo, cabe señalar que dicha circunstancia resulta inoponible al actor, por cuanto la imposibilidad de la demandada de contratar en el país no puede actuar en desmedro de los derechosde un trabajador, quien sin perjuicio de dicha incapacidad, efectivamente se encontró laborando en Argentina a las órdenes de la sociedad extranjera, la que en definitiva, posteriormente se constituyó en el territorio argentino.

Siendo ello así, no advierto que existan en autos elementos objetivos de prueba que resulten suficientes y conducentes para enervar los efectos de la presunción derivada del art. 23 LCT.

En todo caso, los testigos Aspromonte, Garay y Manteo que declararon a propuesta de la parte actora han corroborado los efectos de dicha presunción al explayarse sobre el desempeño del accionante para la demandada con anterior al período de su registración.

Las impugnaciones intentadas por la demandada respecto de los dichos de esos testigos no solamente no son suficientes para cuestionar su credibilidad, sino que en todo caso no obstan a la conclusión que vengo proponiendo en tanto sus dichos solo corroboran la presunción que cabe aplicar al caso, sin que la accionada haya aportado elementos en contrario.

Concretamente respecto de los dichos de Manteo, la demandada soslaya lo referido por el mismo en cuanto a que los recibos de haberes se emitieron desde el mes de mayo de 2007, que lo sabe

porque él los emitía y porque la empresa recién estuvo en condiciones de tomar personal en ese momento, el 23 o 24 de mayo, que si bien recuerda, era cuando estaban inscriptos como empleadores en la AFIP. Con relación a la modalidad anterior para el pago de haberes, en el caso del actor, sabe que presentaba facturas, que se las enviaba a alguien en Brasil, y que los otros tuvieron que espera a regularizarlo de otra forma, como en el caso del dicente quien ingreso en la demandada en el mes de abril, y que tuvo que presentar facturas para poder cobrar el salario que le hubiese correspondido por abril y mayo del 2007.

Lo referido por el testigo en cuanto a la inscripción de la demandada como empleadora se encuentra corroborado con el informe remitido por AFIP obrante a fs.972.

A mayor abundamiento destaco que el carácter de profesional independiente del actor, y el hecho que el mismo emitiera facturas y estuviera inscripto como Monotributista primero y como Responsable Inscripto luego, resulta insuficiente para controvertir los efectos del art. 23 LCT, ello atento el principio de primacía de la realidad que debe aplicarse en el caso.

Como consecuencia de lo expuesto cabe concluir que las partes estuvieron vinculadas por un contrato de trabajo durante todo el período de la relación habida, por lo tanto, corresponde confirmar la sentencia en este aspecto.

El segundo agravio intentado por la demandada dirigido a cuestionar el monto de la remuneración considerada por el Sr. Juez «a quo», que diera lugar a la procedencia de diferencias salariales y fuera utilizada para el cálculo de los demás rubros de condena, tampoco ha de prosperar, por cuanto, en mi opinión, la queja no constituye agravio en los términos previstos por el art. 116 L.O.

En efecto, la recurrente no se hace cargo ni controvierte eficazmente los fundamentos señalados por el «a quo» que lo llevaron a encontrar acreditada la reducción salarial invocada por el actor a partir de su registro, respecto de las sumas que venía percibiendo con anterioridad a su registro efectivo.

Soslaya también el apelante lo destacado por el Magistrado de grado, en torno a la potestad de los Jueces de efectuar un control de razonabilidad en lo que atañe a la remuneración y que en virtud de la facultad otorgada por el art. 56 de la LCT, teniendo presente los salarios mínimos, vitales y móviles, y las retribuciones de la actividad, y considerando la índole de la actividad y las tareas llevadas a cabo por el actor, decidió fijar la remuneración devengada en la suma invocada al inicio.

Por lo expuesto, cabe confirmar el pronunciamiento en el punto.

La accionada cuestiona la condena al pago de la multa prevista en el art.1º de la ley 25.323 por cuanto sostiene además de lo ya expresado para el primer agravio, que en tanto que el actor, desde el momento que la demandada pudo poseer capacidad jurídica para desempeñarse en el país, era al máximo responsable de la firma y el encargado de efectuar todos los trámites ante los organismos de control, resultó el mismo quien se inscribió como dependiente adjudicándose la re muneración y la antigüedad que resultaba adecuada a la realidad de los hechos.

Advierto que tampoco le asiste razón a la recurrente en este aspecto.

En primer lugar corresponde señalar que pretender endilgarle responsabilidad al actor en torno a su deficiente registro, resulta a todas luces contrario a la postura asumida por la demandada, en tanto la misma sostuvo que el vínculo estaba correctamente registrado desde mayo de 2007, fecha de inicio de la relación en términos laborales, por lo que resulta absurdo sostener por un lado que no correspondía el registro del actor con anterioridad a mayo de 2007 y por el otro que el registro incorrecto resulta responsabilidad del actor.

Sin perjuicio de ello, y a mayor abundamiento cabe destacar que, conforme surge del pto.1) del Poder referido ut supra, el actor no tenía otorgado poder individual para contratar empleados fijando las respectivas condiciones de trabajo, atento que el referido acto debía realizarlo «en conjunto» con Lineau Sampaio Lobo.

Asimismo, corresponde destacar que la demandada no puede argumentar desconocimiento de las condiciones de contratación de sus empleados, para intentar deslindarse de las responsabilidades que de las mismas surjan en caso de resultar irregulares.

A todo evento, para el caso de que ciertamente hubiera sido el actor quien efectuó su inscripción con los datos que surgen de autos, lejos de reforzar la postura asumida por la demandada, la debilitan, por cuanto corresponde presumir que el accionante registró su vínculo laboral respondiendo a las directivas de su empleadora por la relación de subordinación que existía entre ambas.

En el punto corresponde destacar, con relación a la doctrina de los actos propios que invoca la quejosa en apoyo a su posición, que la conducta desplegada por el actor durante su vinculación, respondiendo a las órdenes de su empleadora, no puede perjudicarlo a la luz de lo normado en los arts. 58 y 12 LCT.

Por todo lo expuesto, corresponde confirmar la procedencia de la multa decidida en origen.

En cuanto a la multa prevista por el art. 80 LCT, sin perjuicio que, de conformidad con los términos del agravio, la solución que dejo propuesta sella la suerte del recurso, a todo evento señalo que, en tanto la demandada no demostró haber entregado las certificaciones y no produjo prueba que permita corroborar que fueron confeccionadas en tiempo y forma, adviértase que no acompañó en autos los certificados respectivos, solo cabe confirmar la condena dispuesta en este sentido.

Asimismo, con relación a la condena a entregar los certificados de trabajo y de servicios previsionales, no encontrándose debidamente fundada ni acreditada la imposibilidad alegada para la confección de los mismos, corresponde desestimar el recurso intentado y confirmar la condena decidida en origen.

También cabe confirmar lo decidido en relación al incremento indemnizatorio previsto por el art.2° de la ley 25.323, ello toda vez que en autos se encuentran cumplidos los recaudos que prevé la norma; el actor intimó fehacientemente al pago de las diferencias indemnizatorias (v. fs. 21 y reconocimiento de fs. 140) y ante el incumplimiento de la demandada se vio obligada a iniciar la presente acción.

Por último, con relación a los agravios expresados por la actora respecto de la aplicación del tope indemnizatorio de conformidad con la doctrina sentada por el Alto Tribunal en la causa «Vizzoti, Carlos c/ AMSA S.A. s/ despido», adelanto ya mi posición contraria a la procedencia del recurso.

La actora sostiene que ningún tope debió aplicarse porque el cargo que detentaba el actor no se encuentra incluído en el convenio colectivo aplicable a la demandada.

Sin embargo su postura no merece ser receptada por cuanto no tiene en cuenta lo expresamente previsto por el tercer párrafo del art. 245 de la LCT, que expresamente contempla esta circunstancia y dispone que corresponderá aplicar el tope del convenio aplicable al establecimiento donde se preste servicios o al convenio más favorable, en el caso de que hubiera más de uno.

Las regulaciones de honorarios cuestionadas resultan ajustadas a las tareas cumplidas y pautas arancelarias aplicables, por lo que propongo se confirmen (conf. Ley 21.839, Dec. Ley 16.638/57 y art. 38 ley 18.345).

En virtud de la solución alcanzada propongo imponer las costas de alzada a la demandada vencida en lo sustancial del reclamo, a cuyo efecto estimo los honorarios de los letrados intervinientes en el 25% de lo que les corresponda percibir por su actuación en la primer etapa (art. 14 ley 21.839).

Por lo expuesto y de prosperar mi voto propongo: 1) Confirmar la sentencia en todo cuanto fuera materia de recurso y agravio.2) Imponer las costas de alzada a la demandada vencida.

3) Regular los honorarios de los letrados intervinientes en el 25% de lo que les corresponda percibir por su actuación en la primer etapa.

LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIRÓS DIJO:

Sin perjuicio de adherir al voto de la Dra. Fontana, deseo añadir a lo expuesto que observo en estos obrados, una conducta fraudulenta por parte de la demandada. Hablo del fraude ubicado en la causa final del acto y como vicio del mismo, tal como lo consigna el art. 14 LCT.

De manera tal que corresponde la aplicación del art. 13 del mismo cuerpo legal (Ferreiros, El Fraude y sus consecuencias jurídicas. Ed. La Rocca.).

Asimismo, añado también que, recientemente he publicado un trabajo en el que analizo el tema referido a la locación de servicios. Allí he señalado que nuestro Código Civil define claramente el concepto de locación de servicios: «.es un contrato consensual.» tiene lugar cuando una de las partes se obligare a prestar un servicio y la a pagarle por ese servicio un precio en dinero. Los efectos de este contrato serán juzgados por las disposiciones de este Código sobre las «obligaciones de hacer». Así lo establece el artículo 1623 de nuestro Código sancionado en septiembre de 1869. Es decir que estamos hablando de una norma jurídica de más de una centuria larga.

No obstante ello, cabe destacar que en los últimos cincuenta años ningún civilista destacado ha aceptado la existencia de este contrato y todos han dado cuenta de su abrogación.

Borda, en su «Tratado de Derecho Civil» en la parte de contratos, dice que la locación de servicios ha sido reemplazada por el contrato de trabajo, y pasa directamente al estudio del contrato de trabajo. Ripert Boulanger en su «Tratado de derecho civil», Tomo III (contratos) señala en su tercera parte, dedicada a contratos relativos al trabajo que el intercambio de servicios entre los hombres da lugar a contratos cuya importancia ha aumentado considerablemente en la época moderna.Y añade, los romanos distinguían la «locatio operarum» que no había recibido un gran desarrollo a causa del trabajo servil y la «locatio operis faciendi» que consistía en realizar un trabajo determinado por un precio fijado de antemano. Oponían ese contrato al mandatum que era a título gratuito. Esta división se ha mantenido

en el Código Civil. La expresión «locación de obra y de industria» que se encuentra en él ha sido abandonada en la actualidad. Los contratos relativos al trabajo se dividen en contrato de trabajo y contrato de empresa.

De allí en más el autor pasa directamente al estudio del contrato de trabajo expresando que no resulta acertado hoy el sistema del Código Civil cuando para referirse al contrato de trabajo recurre al contrato de locación.

Destaco asimismo en el trabajo, que conforme afirma Spota Alberto G en «Instituciones de derecho» -Editorial Depalma- Contratos-Vol. La fuerza del trabajo -material o inmaterial- mediante contraprestación numeraria que es el objeto de la llamada locación de servicios, nos pone frente a un contrato en el cual está siempre presente, y en primer término, el hombre, o sea la condición humana, aún cuando existe subordinación jurídica de este trabajador con respecto al empleador. Ello explica el art. 14 bis de la Ley Suprema Nacional.

Hay que recordar que en nuestro país existió un proyecto de Código Civil unificado con Código de Comercio en el año 1995 para cuya elaboración fueron designados los siguientes juristas: Héctor Alegría, Atilio A. Alterini, Jorge H. Alterini, Augusto C. Belluscio, Antonio Boggiano, Aída Kemelmajer de Carlucci, María J. del Socorro Méndez Costas, Julio C. Rivera, Horacio Roitman, Eduardo A.Zannoni, todos en funciones «ad honorem». En dicho proyecto eliminaron la locación de servicios en los términos del tradicional contrato de Vélez y encararon de manera moderna el tema haciendo referencia al contrato de obra o de servicios por el cual una persona -según el caso, el contratista o el prestador de servicios- actuando, se obliga a favor de otra llamada comitente, a realizar una obra material o intelectual o a proveer un servicio mediante una retribución.

Si bien el proyecto fue aprobado por el Poder Legislativo, luego fue vetado por el Poder Ejecutivo, invocando razones económicas.

En la actualidad suele oirse -con frecuencia- para desechar la existencia de un contrato de trabajo que se invoca la existencia de un contrato de locación de servicios, tanto en el ámbito privado como en el público.

En rigor de verdad, sostener que una persona puede con su trabajo ser objeto de una locación de servicios no es sólo dar muestras de un enorme atraso histórico y social sino que también es «cosificar» al ser humano. Y para hacer frente a estas concepciones, se han lanzado los más prestigiosos juslaboralistas del mundo detentando para ello las banderas de la dignidad, concepto estrechamente ligado a los derechos humanos.

En los tiempos que corren es de vital importancia tener en cuenta los textos internacionales de derechos humanos, que se destacan por haber puesto como eje de todo sistema de derechos, libertades y garantías, la dignidad del hombre, o si se quiere, como suele decir Gialdino, el hombre según su naturaleza propia, según la esencia que le e s propia.

Para finalizar el artículo señalé que, si bien el contrato de locación de servicios no existe más en ningún ámbito del derecho; si alguien intentara utilizarlo estaría desarrollando una conducta inconstitucional ya que es principio implícito de nuestra Constitución que el trabajo no es una mercancía y que goza de la protección de las leyes entrando ya ahora en el art.14 bis.

Luego de todo lo expuesto destaco que, si el trabajador, ya sea en el ámbito público o privado ha firmado un contrato de ese tipo corresponde sea considerado en la verdadera situación

jurídica que le cabe. Prevalece el principio de primacía de la realidad y esa realidad muestra que es un trabajador en relación de dependencia, que es protagonista de un contrato de trabajo.

La suscripción de esos contratos constituye un verdadero acto de fraude en el sentido técnico-jurídico de la figura y por tanto son firmados tratando de burlar el orden público laboral. Resultan por lo menos, inoponibles al trabajador debiendo ser desplazada la legislación que se pretende aplicar, por la legislación laboral que es la que verdaderamente corresponde. (ver Ferreirós, Estela Milagros, «El contrato de trabajo y la locación de servicios», publicado en Doctrina Laboral y Previsional- Errepar; nº 270, febrero de 2008).

EL DOCTOR NESTOR MIGUEL RODRIGUEZ BRUNENGO: No vota (art. 125 ley 18.345).

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo el Tribunal Resuelve: 1) Confirmar la sentencia en todo cuanto fuera materia de recurso y agravio. 2) Imponer las costas de alzada a la demandada vencida. 3) Regular los honorarios de los letrados intervinientes en el 25% (veinticinco por ciento) de lo que les corresponda percibir por su actuación en la primer etapa. 4) Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la ley 26.856 y con la Acordada de la CSJN Nº 15/2013.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

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