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Prepaga debe brindar cobertura de escolaridad y transporte al hijo -discapacitado- del amparista.

ambulanciaPartes: F. M. V. B c/ OSDE y otro s/ amparo ley 16.986

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca

Fecha: 4-jul-2014

Cita: MJ-JU-M-87624-AR | MJJ87624

Obligación de la empresa de medicina prepaga de brindar cobertura de escolaridad y transporte al hijo discapacitado del amparista.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia que rechazó la excepción de falta de legitimación efectuada por el servicio nacional de rehabilitación de personas con discapacidad e hizo lugar a la acción de amparo tendiente a que la empresa de medicina prepaga y el mencionado organismo subsidiariamente provean la cobertura integral de escolaridad pretendida atento lo indicado por los médicos que atienden al menor con sustento en la especialidad del proyecto pedagógico implementado para personas con discapacidades y el gasto que irrogue el transporte desde su domicilio alestablecimiento educativo en fin a preservar la salud y el desarrollo integral de la menor y la circunstancia de que del Registro de Prestadores, no surgen colegios inscriptos para cubrir las necesidades de la menor, no puede ser impedimento para otorgar la cobertura requerida.

2.-La circunstancia de que la prestación requerida no se encuentre dentro del PMO, no obsta su cobertura por parte de la empresa de medicina prepaga demandada cuando del espíritu proteccionista que refleja el art. 15 de la Ley 24.901, surge que las prestaciones de rehabilitación tienen por objeto, además de la restauración, la adquisición de aptitudes e intereses para que una persona con discapacidad alcance el nivel psicofísico y social más adecuado para lograr su integración social, utilizando todos los recursos humanos y técnicos necesarios cediendo el reparo de la apelante por la pretensa limitación del PMO (Resolución Ministerial), en los concretos casos de discapacidad abarcados por la Ley 24.901.

Fallo:

Bahía Blanca, 4 de julio de 2014.

VISTO: Esta causa nro. FBB 7164/2013/CA2, caratulada «F.M., V.B. c/ OSDE y otro s/ Amparo ley 16.986», venido desde el Juzgado Federal nro. 2 de la sede, puesta al acuerdo para resolver el recurso de apelación presentado a fs. 180/187, contra la sentencia de fs. 175/179 vta.

El señor Juez de Cámara, doctor Ricardo Emilio Planes, dijo:

I. La sentencia de grado rechazó el planteo de falta de legitimación efectuado por el Servicio Nacional de Rehabilitación de Personas con Discapacidad; e hizo lugar a la acción de amparo entablada por Luis Alejandro Flores y María Rosa Morelli, en representación de su hija menor FM,VB, contra la obra Social de Organización de Servicios Directos Empresarios (OSDE) y contra el Servicio Nacional de Rehabilitación de las Personas con Discapacidad; ordenando a OSDE y en forma subsidiaria al Servicio Nacional de Rehabilitación de las Personas con Discapacidad proveer en forma inmediata (en razón de que se encuentra transcurriendo el ciclo escolar 2014): a) la cobertura total e integral en un 100% de la escolaridad en el «Colegio Oral del Sur», ello conforme a lo que indiquen los profesionales que lo atienden, con sustento en la especialidad del proyecto pedagógico implementado en el mismo para atender las necesidades de personas con discapacidades como las que padece la menor; y b) los gastos de transporte desde su domicilio al establecimiento educativo; todo ello a fin de preservar la salud y desarrollo integral de la menor.

Impuso las costas a las demandadas vencidas, y difirió la regulación de honorarios hasta que los profesionales intervinientes acrediten su situación previsional e impositiva (fs. 175/179 vta.).

II.A fs. 180/187, apeló el representante de OSDE (Servicios Directos Empresarios), sobre la base, en síntesis, de los siguientes agravios:

a) El establecimiento «Colegio Oral del Sur» no se encuentra inscripto en el Registro Nacional de Prestadores, condición necesaria para que OSDE pueda contratar con sus prestadores.b) La Magistrada omite expedirse sobre el PMO, siendo que OSDE tiene dicho que no se pueden incluir todas las prestaciones que la ciencia médica incorpore día a día sin regulación por parte del Estado. c) La sentencia afecta el derecho de propiedad al prescribir la cobertura de tratamientos sumamente costosos que no se encuentran incluidos en la legislación vigente. d) El fallo resulta arbitrario al considerar a OSDE como empresa de medicina prepaga cuando no es un establecimiento comercial, sino una Asociación Civil sin fines de lucro.

III. La actora contestó el traslado conferido a fs. 189/192.

La Fiscal General subrogante asumió intervención a fs. 198/200 vta. propiciando el rechazo del recurso.

El representante del Ministerio pupilar asumió intervención a fs. 202/204, siendo de opinión que corresponde el rechazo del recurso.

IV. Ingresando a decidir, y siguiendo el orden propuesto por la apelante, a) se debe anticipar que del Registro de Prestadores, no surgen colegios inscriptos en nuestra localidad para cubrir las necesidades de la menor. Y ello no puede ser impedimento para otorgar la cobertura requerida, pues deben primar los fines a los que propende la legislación que rige la materia: la integridad de la cobertura que emana de la ley 24.901, art.1°.

A lo expuesto se suma que es menester no obstaculizar el proceso de integración de la menor, ya iniciado (fs. 52/53, 55/56, 195/196).

Desde esta perspectiva, resulta acertado y conducente lo dispuesto por el a quo al ordenar «la cobertura total e integral en un 100% de la escolaridad en el Colegio Oral del Sur.».

b) En cuanto al restante agravio, debe ser resuelto con base en los siguientes fundamentos: del espíritu proteccionista que refleja el art. 15 de la ley 24.901, surge que las prestaciones de rehabilitación tienen por objeto, además de la restauración, la adquisición de aptitudes e intereses para que una persona con discapacidad (como la actora, véase doc. de fs.6) alcance el nivel psicofísico y social más adecuado para lograr su integración social, utilizando todos los recursos humanos y técnicos necesarios. Al respecto, el último párrafo de esta norma enfatiza: «En todos los casos se deberá brindar cobertura integral en rehabilitación, cualquiera fuere el tipo y grado de discapacidad, con los recursos humanos, metodologías y técnicas que fuere menester, y por el tiempo y las etapas que cada caso requiera.»

Con base en lo expuesto y por la jerarquía normativa (art. 31 C.N.) cede el reparo de la apelante por la pretensa limitación del PMO (Resolución Ministerial), en los concretos casos de discapacidad abarcados por la ley 24.901, como bien lo resuelve la sentenciante.

Por ello, propicio: 1ro.) Rechazar el recurso de apelación interpuesto e imponer las costas en la alzada a la demandada vencida (art. 68 CPCCN). 2do.) Diferir la regulación de honorarios para la vez en que sean estimados los de la primera instancia (ley 21.839, art. 14).

El señor Juez de Cámara, doctor Pablo A. Candisano Mera, dijo:

Me adhiero al voto del doctor Ricardo Emilio Planes.

Por ello, SE RESUELVE: 1ro.) Rechazar el recurso de apelación interpuesto e imponer las costas en la alzada a la demandada vencida (art. 68 CPCCN). 2do.) Diferir la regulación de honorarios para la vez en que sean estimados los de la primera instancia (ley 21.839, art. 14).

Regístrese, notifíquese, publíquese (Acs. 15/13 y 24/13) y devuélvase. No suscribe el señor Juez de Cámara, doctor

Néstor Luis Montezanti (art. 3°, ley 23.482).

Pablo A. Candisano Mera

Ricardo Emilio Planes

María Alejandra Santantonin

Secretaria

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