Plasmar una renuncia en un acta notarial no obsta las dudas de que se hubieren negociado los términos de la extinción del contrato

RenunciaPartes: Leuchuk Abel Omar y otros c/ JBS Argentina S.A. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: II

Fecha: 13-may-2014

Cita: MJ-JU-M-87019-AR | MJJ87019

Es inválida la renuncia del trabajador plasmada en un acta notarial, pues ello no permite concluir que se hubieren negociado los términos de la extinción y con ello la «gratificación».

Sumario:

1.-La demandada no ha acreditado que se hubiere implementado un plan o programa de retiro voluntario cuyas condiciones hubieren sido puestas en conocimiento de los reclamantes y que, por sus características pudiera involucrar un acto negocial comprendido en el supuesto de extinción del contrato por voluntad concurrente de las partes; por el contrario, tanto al contestar demanda como al formular sus agravios, la recurrente sostuvo que el cese con los actores se operó por renuncia al empleo decidida libre y unilateralmente por dichos trabajadores, lo que no puede considerarse configurado si, como aconteció, el acto de renuncia no estuvo rodeado de las formalidades específicas contempladas en el art. 240 LCT.

2.-El hecho de que en la misma escritura pública en la que el trabajador aparece afirmando renunciar a su empleo por razones particulares y por su propia y libre voluntad se dejara constancia de la entrega de un cheque por un determinado valor en concepto de gratificación , no permite concluir de un modo diverso al que lo hiciera el sentenciante de grado por cuanto no surge del texto del acta que se hubieren negociado los términos de la extinción, como así tampoco que el actor concurriere con su voluntad a atribuirle al monto allí referido determinada imputación, el cual, a lo sumo -en caso de haberse efectivizado- debería considerarse una mera liberalidad de carácter unilateral.

3.-El art. 240 LCT. establece una forma tasada para instrumentar la renuncia al empleo, a la que adjudica el rango de requisito para su validez , lo que a contrario indica que su inobservancia permite tenerla por nula en razón de mediar un vicio de insuficiencia formal; así, la norma no se limita a exigir la forma escrita, sino que califica el medio empleado para comunicarla al destinatario, que sólo podrán ser el despacho telegráfico colacionado o la manifestación del trabajador ante la autoridad administrativa del trabajo que, en tal caso, deberá trasladarla de manera inmediata a conocimiento del empleador.

4.-El acto unilateral de renuncia si bien tiene puntos de contacto con los supuestos de abandono de trabajo y de voluntad extintiva concurrente, se diferencia de éstos en su carácter unilateral, en la formalidad a la que se encuentra sujeta y, en lo esencial, en que tanto la declaración de voluntad como su motivación sustancial coinciden en cuanto al deseo personal del dependiente de poner fin al vínculo, sin derecho a indemnización o contraprestación alguna, lo que deja al margen a aquellos otros supuestos en los que puede advertirse una negociación previa de carácter bilateral o la aceptación de una realidad que al trabajador le ha sido impuesta.

5.-El actor contaba con todo el plazo de la prescripción para formular las intimaciones que creyera pertinentes a fin de obtener el cobro de las indemnizaciones que consideraba adeudadas, por lo que ninguna relevancia corresponde otorgarle en la especie al tiempo transcurrido entre el cese de la relación y los reclamos formulados por el ex dependiente, puesto que no se ha opuesto excepción de prescripción y entre ambos hitos no han transcurrido tampoco los dos años previstos en el art. 256 LCT.

Fallo:

VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, el 13 de mayo 2014 reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

La Dra. Graciela A. González dijo:

El sentenciante de grado hizo lugar a la demanda entablada por los actores en lo que ha sido materia sustancial de controversia y, contra tal decisorio, se alza la parte demandada en los términos y con los alcances que explicita en el memorial obrante a fs. 214/223.

Sostiene la quejosa que el Dr. Villarullo ha efectuado un incorrecto análisis de lo acontecido en cuanto a la forma en que se operó el cese respecto de los coactores Leuchuck y Gutierrez, por cuanto -según indica- ambos renunciaron por escritura pública para acogerse a un plan de retiro voluntario; que JBS Argentina S.A. le reconoció a los demandantes los derechos derivados de la mayor antigüedad en el servicio que asumiera su antecesora «Consignaciones Rurales S.A.» y que, a su juicio, de la prueba testimonial rendida no cabría tener por probada la fecha de ingreso denunciada por los coactores Contreras y Gutierrez. Asimismo señala que, a lo sumo, debieron descontarse de los importes diferidos a condena, las sumas abonadas a Leuchuck y Gutierrez con motivo del egreso. Asimismo se agravia por la condena a hacer entrega de las certificaciones previstas en el art.80 de la LCT y por la forma de imponerse las costas.

En cuanto a la situación del coactor Leuchuck, se impone referir en forma previa que, si bien la demandada desconoció la fecha de ingreso pretendida por dicho reclamante, expresamente reconoció la antigüedad registrada en el establecimiento desde su incorporación, con fecha 17/8/99, en función de los reconocimientos al respecto formulados por su antecesora en la explotación del frigorífico ubicado en la calle Nicolás Videla 1721 de Berazategui (lugar donde prestaron servicios los reclamantes), por lo que aún asistiéndole razón en cuanto puntualiza que la fecha de ingreso registrada como de inicio de tareas a sus órdenes (1/1/08) resulta ser la correcta en tanto se corresponde con la fecha en que se hizo cargo de la explotación, en nada ha de variar el resultado del juicio en cuanto a la antigüedad computable a los fines indemnizatorios, por lo que corresponde ceñir el análisis de los agravios formulados por la accionada con relación al coactor Leuchuck, a los vinculados a la forma en que corresponde considerar que se ha disuelto el vínculo.

En el caso, la parte actora alegó la existencia de un despido incausado que le fuera «ratificado» mediante la carta documento enviada por la demandada con fecha 5/9/09 (ver fs. 8 de la demanda). A ello se opuso la accionada manifestando que dicho coactor renunció al empleo con anterioridad, a fin de acogerse a un plan de retiro voluntario, por el cual percibió una gratificación de $ 35.000.

Si bien a través del intercambio telegráfico mantenido por las partes y de lo que surge del acta notarial de fecha 27/8/09 (reconocida por el coactor Leuchuck a fs. 84 -ver fs. 43 y fs 45/48 del sobre de prueba reservado-), cabe tener por cierto que el 27/8/09 se labró un acta ante la escribana Marcela Alejandra Fiaschini, en la que se hizo constar que «el señor Abel Omar Leuchuck.por razones particulares y por su propia y libre voluntad deja documentada su renuncia como empleado de JBS Argentina S.A. en el día de la fecha», y que la carta documento enviada por la demandada el 5/9/09 no comunicó el despido sino que ratificó la finalización del vínculo, a su juicio operada el 27/8/09 (fecha coincidente a la suscripción del acta notarial referida), lo cierto es que el acto extintivo en el que la demandada sustenta su postura carece de validez al no reunir los recaudos a los que el art. 240 de la LCT sujeta la configuración de una renuncia al empleo y esa circunstancia, a mi juicio, sella la suerte del planteo.

En efecto, como lo señalara con suma agudeza José Daniel Machado al comentar el art. 240 de la LCT en Régimen de Contrato de Trabajo Comentado (Miguel Ángel Maza -director), La Ley, Bs. As., 2012, T. III p. 343 «. el artículo 240 LCT establece una forma tasada para instrumentar la renuncia al empleo, a la que adjudica el rango de «requisito para su validez», lo que a contrario indica que, su inobservancia permite tenerla por nula en razón de mediar un vicio de insuficiencia formal.- La norma no se limita a exigir la forma escrita, sino que califica el medio empleado para comunicarla al destinatario, que sólo podrán ser el despacho telegráfico colacionado o la manifestación del trabajador ante la autoridad administrativa del trabajo que, en tal caso, deberá trasladarla de manera inmediata a conocimiento del empleador.En ambos casos se prevé que el trabajador debe realizar el acto de manera personal (.) y acreditar su identidad ante el funcionario interviniente»

Agrega en tal sentido dicho autor que el hecho de que «el acto aparezca rodeado de tantas exigencias se explica por la necesidad de proteger al trabajador contra posibles ardides o maniobras montadas por el empleador a fin de conseguir la extinción del vínculo bajo un régimen de gratuidad»; y luego puntualiza que, el acto unilateral de renuncia si bien tiene puntos de contacto con los supuestos de abandono de trabajo y de voluntad extintiva concurrente (arts. 241 y 244 LCT), se diferencia de éstos en su carácter unilateral, en la formalidad a la que se encuentra sujeta y, en lo esencial, en que tanto la declaración de voluntad como su motivación sustancial coinciden en cuanto al deseo personal del dependiente de poner fin al vínculo, sin derecho a indemnización o contraprestación alguna, lo que deja al margen a aquellos otros supuestos en los que puede advertirse una negociación previa de carácter bilateral o la aceptación de una realidad que al trabajador le ha sido impuesta («renuncia negociada» -conf. art. 241 LCT-, ver obra citada anteriormente, pág. 347 y ss)

La demandada no ha acreditado en el caso que se hubiere implementado un plan o programa de «retiro voluntario» cuyas condiciones hubieren sido puestas en conocimiento de los reclamantes y que, por sus características pudiera involucrar un acto negocial comprendido en el supuesto de extinción del contrato por voluntad concurrente de las partes (conf. art. 241 L.C.T). Por el contrario, tanto al contestar demanda como al formular sus agravios, la recurrente sostuvo que el cese con los actores Leuchuck y Gutierrez se operó por renuncia al empleo decidida libre y unilateralmente por dichos trabajadores, lo que no puede considerarse configurado si, como aconteció, el acto de renuncia no estuvo rodeado de las formalidades específicas contempladas en el art.240 LCT.

El hecho de que en la misma escritura pública en la que el trabajador aparece afirmando renunciar a su empleo «por razones particulares y por su propia y libre voluntad», se dejara constancia de la entrega de un cheque por un determinado valor en concepto de «gratificación», no permite concluir de un modo diverso al que lo hiciera el sentenciante de grado por cuanto, no surge del texto del acta obrante a fs. 43 del sobre de prueba reservada que se hubieren negociado los términos de la extinción, como así tampoco que el actor concurriere con su voluntad a atribuirle al monto allí referido determinada imputación, el cual, a lo sumo -en caso de haberse efectivizado- debería considerarse una mera liberalidad de carácter unilateral.

Por lo demás, la empleadora no ha demostrado en forma fehaciente que el actor hubiere percibido la suma que se dijo instrumentada a través del documento entregado en tanto no ofreció prueba oficiaría que acredite el cobro del cheque y en tal sentido, los reconocimientos formulados por el demandante respecto de la documental acompañada en el sobre de prueba que obra reservado (ver fs. 84), resultan ineficaces a los efectos de tener por efectivizado el pago, máxime cuando, como se puntualizara previamente, la accionada no demostró que el distracto que se pretendiera formalizar de ese modo, se hubiera encontrado vinculado a una negociación previa destinada a obtener el «retiro voluntario» del dependiente.

Tampoco resulta admisible, a mi juicio, la argumentación ensayada con sustento en el silencio observado por el coactor Leuchuck desde que cesó de prestar servicios (septiembre de 2009) hasta su primera intimación de octubre de 2010, por cuanto ambas partes coinciden en considerar extinguido el vínculo en fecha anterior, por lo que el comportamiento observado por las partes con posterioridad resulta inhábil para modificar el modo y oportunidad en que el distracto debe considerarse operado, por lo que la pretensión de encuadrar el caso en lo dispuesto en el art.241 de la LCT con base en tal circunstancia, debe ser desestimada.

Desde tal perspectiva, el actor contaba con todo el plazo de la prescripción para formular las intimaciones que creyera pertinentes a fin de obtener el cobro de las indemnizaciones que consideraba adeudadas, por lo que ninguna relevancia corresponde otorgarle en la especie al tiempo transcurrido entre el cese de la relación y los reclamos formulados por el ex dependiente, puesto que no se ha opuesto excepción de prescripción y entre ambos hitos no han transcurrido tampoco los dos años previstos en el art. 256 LCT.

Por otra parte, habida cuenta que no surge fehacientemente acreditado a través de la prueba documental ofrecida y tampoco mediante la compulsa efectuada por el perito contador (ver fs. 103/112), que los actores Leuchuck y Gimenez hubieren cobrado los cheques identificados en las actas notariales que obran a fs. 43 y 59 de la documental obrante en el legajo de prueba Nro. 1893, la pretensión subsidiaria de que se disponga el descuento de las sumas consignadas en tales instrum entos, debe ser desestimada (con f. art. 499 Cód. Civil).

Con relación a los coactores Ricardo Contreras y Lujan Gutierrez, la crítica se centra, en lo medular, en la fecha de ingreso considerada en la sentencia de grado y, en tal aspecto, estimo le asiste razón a la quejosa por cuanto, un análisis detenido y pormenorizado de los testimonios de Escobar (ver fs. 185) y de De Angeli (ver fs. 186) no permite tener por demostrado que, efectivamente los coactores hubieren prestado servicios en beneficio directo del establecimiento de titularidad de la demandada con anterioridad a la fecha de ingreso que le fuera reconocida a los fines de los derechos derivados de la antigüedad (septiembre 2006).

En efecto, no se cuestiona en el caso que JBS S.A. asumió la titularidad de la relación recién con fecha 1/1/08 y que la incorporación de los coactores, derivada de su anterior desempeño a las órdenes de Consignaciones Rurales S.A., involucró asumir la antigüedad en el servicio que estos registraran para terceras empresas prestatarias de los servicios de depostada (entre ellas Beltec SRl, Procecar SRL y Marbet SRL -ver fs. 7 vta. de la demanda-). Sin embargo no se ha demostrado que Consignaciones Rurales S.A. haya reconocido como propios de su actividad los servicios prestados por los actores en el frigorífico demandado con anterioridad al 6/9/06 y los testigos deponentes en autos aluden a la circunstancia de haber visto a los actores prestando servicios allí, pero a las órdenes de Juan Carlos Martín y no bajo la dependencia de las empresas referidas en la demanda (en el caso de Contreras y Gutierrez, la firma Procecar SRL -ver términos de la demanda a fs. 8 vta. y 9 vta.-).

Con tales elementos y, al no haber alegado los reclamantes en el inicio circunstancia alguna que permita responsabilizar siquiera de manera indirecta a JBS

S.A. -en su calidad de adquirente del establecimiento- por las tareas que los actores habrían desempeñado durante los períodos puntuales a los que aluden los testigos Escobar y De Angeli (algunos meses del año 2002 y otros tantos del año 2004 o 2005) para Juan Carlos Martín, de prosperar mi voto, cabe hacer lugar a la crítica formulada y computar a los fines indemnizatorios la antigüedad registrada por cada uno de los codemandados desde el dìa 6/9/06 hasta el momento en que se operaran sus respectivos ceses (marzo 2010 para el coactor Lujan y Octubre de 2009 para el coactor Contrertas).

Antes de proceder a la revisión de las liquidaciones practicadas en favor de dichos coactores con sustento en una antigüedad computable diversa a la reconocida, resulta menester puntualizar que, las cuestiones planteadas en cuanto a la forma en que se operó el cese del Sr.Luján Gutiérrez deben ser desestimadas por idénticos argumentos a los que anteriormente he desarrollado con relación a la «renuncia» del coactor Leuchuck .

En efecto, en el acta notarial labrada a propuesta de la demandada por la escribana Marcela Alejandra Fiaschini, el día 18 de marzo de 2010, el Sr. Gutiérrez aparece renunciando a su empleo «por razones particulares y por su propia y libre voluntad» y luego, la accionada le remite una carta documento «ratificando la finalización de la relación laboral a partir de la fecha 18 de marzo de 2010» (ver fs. 59/vta. y 72 en el sobre de prueba reservada). Sin embargo, el acto extintivo que pretendió instrumentarse mediante escritura pública, no reúne los recaudos formales a los que el art. 240 de la LCT sujeta su validez, por lo que de conformidad con los fundamentos expuestos «ut supra» con relación a la situación del coactor Leuchuck (sustancialmente análoga a la descripta), corresponde confirmar la sentencia de grado en cuanto entendió operado el cese con la comunicación remitida por la empleadora el 26/3/10.

El agravio formulado con relación a lo decidido con sustento en lo dispuesto en el art. 80 de la L.C.T., a mi juicio no puede prosperar por cuanto la recurrente no rebate adecuadamente el argumento central de la decisión adoptada en grado al respecto y ello toda vez que, conforme lo puntualizara el magistrado interviniente, la documental aportada por la accionada sólo daría cuenta de la extensión de una certificación de servicios y remuneraciones (formulario ANSES), que en modo alguno satisface la totalidad de los recaudos de contenido previstos en el art. 80 de la L.C.T. Consecuentemente, al verificarse que idéntico temperamento se ha adoptado respecto de todos los aquí demandantes, corresponde mantener la decisión de grado en cuanto consideró procedentes los reclamos indemnizatorios formulados por éstos, ante la falta de entrega en debido tiempo y forma de los certificados de trabajo reclamados y por los que se practicaron las pertinentes intimaciones (conf. dec.146/01).

En consecuencia, por lo expuesto, corresponde mantener la condena recaída en favor del actor Abel Omar Leuchuck y recalcular los rubros e importes diferidos a condena correspondientes a los coactores Ricardo Contreras y Luján Gutiérrez en base a la antigüedad derivada de computar, para ambos, la fecha de ingreso antes indicada (6/9/06) y los parámetros salariales establecidos para cada uno de ellos en la sentencia de grado, en tanto estos últimos no han sido cuestionados ante la Alzada.

Tomando en consideración para el actor Luján Gutierrez una antigüedad en el servicio de 4 años (6/9/06 al 26/3/10) a los fines previstos en el art. 245 LCT, los rubros que correspondería diferir a condena ascienden a: 1) $ 19.228,04 en concepto de indemnización por antigüedad; 2) $ 3.373,25 en concepto de indemnización sustitutiva del preaviso; 3) $ 281,10 -incidencia del SAC sobre el rubro anterior-), 4) Integración del mes de despido: $ 310,12; 5) art. 2 ley 25323: $ 11596,25; 6) $ 14.421,03 en concepto de indemnización art. 80 LCT y 7) Vacaciones prop. 2010 (3,4 dìas $ 458,76 – $ 402,66 ya abonada): $ 56,10, lo que arroja un total de $ 49.265,89.-

En cuanto al coactor Ricardo Contreras, teniendo en cuenta una antigüedad computable a los fines previstos en el art. 245 de la LCT de 3 años (6/9/06 al 8/10/09), y los parámetros salariales establecidos en la sentencia de grado, corresponde diferir a condena los siguientes rubros e importes: 1) Diferencia por indemnización por antigüedad ($ 15.929,70 – $ 11922,48 ya percibido) $ 4.007,22; 2) Diferencia por vacaciones prop. 2009

(10,85 días más la incidencia del SAC: $ 1.671,44 – $ 1.583,84 ya cobrados): $ 87,60; 3) art. 2

ley 25323 (50% de $ 4.007,22): $ 2.003,61 y 4) Indemnización art.80 LCT $ 15.929,70, lo que arroja un total para dicho coactor de $ 22.028,13.

Al respecto cabe referir que no se ha diferido a condena diferencia alguna en concepto de indemnización sustitutiva del preaviso omitido por cuanto se advierte que el rubro ha sido abonado oportunamente y por un importe superior al que resultaría de computar el salario de $ 3.555 establecido en la sentencia de grado (ver en el sobre de prueba reservada el recibo obrante a fs. 17 -reconocido a fs. 84- en el que se consigna por este rubro la suma de $ 4.486,21).

Tanto el importe total de $ 91.427,12 establecido en la instancia previa en favor de Leuchuck, como las sumas antes detalladas como correspondientes a los coactores Gutierrez y Contreras, devengarán intereses de conformidad con lo dispuesto en la sentencia de grado -no cuestionada en tal aspecto-

Finalmente, en orden a la forma de imponerse las costas en la instancia previa, cabe referir que si bien es cierto que la demanda de los actores no ha prosperado en la extensión pretendida, no lo es menos que se han visto compelidos a accionar en procura del reconocimiento de sus derechos y que la demandada ha resultado vencida en lo que ha sido materia principal de controversia en los casos de los coactores Leuchuck y Luján, por lo que teniendo en cuenta que, como reiteradamente se sostuviera la determinación de las costas no constituye una cuestión meramente aritmética o de cálculo sino que para su fijación debe tenerse en cuenta la índole de lo debatido, el resultado final obtenido y en especial, las razones que dieron origen al litigio, por aplicación del principio general que rige en la materia (art. 68 CPCCN), propicio mantener la decisión adoptada al respecto en la instancia previa.

En orden a los gastos causidíacos correspondientes a la actuación en segunda instancia, propicio imponer las costas de Alzada en el orden causado en atención a los mutuos vencimientos parciales y recíprocos obtenidos (arts.68 y 71 CPCCN).

En tal sentido, de conformidad con lo dispuesto en el art. 14 de la ley 21839 y en el art. 38 LO propicio regular los honorarios de la representación y patrocinio de la parte demandada y de la parte actora por las tareas de Alzada, en el 25% de lo que en definitiva resulte, para cada una de ellas, por su intervención en la instancia previa.

El Dr. Miguel Ángel Maza dijo: Por análogos fundamentos adhiero al voto precedente.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 CPCCN), el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar la sentencia apelada y reducir los montos de condena correspondientes a los coactores Luján Gutierrez y Ricardo Contreras a las respectivas sumas de ($ 49.265,89) CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS y de ($ 22.028,13) VEINTIDÓS MIL VEINTIOCHO PESOS CON TRECE CENTAVOS, las que devengarán intereses de conformidad con lo dispuesto en la sentencia de grado, 2) Mantener la condena recaída con relación al coactor Leuchuck, 3) Declarar las costas de la Alzada en el orden causado, 4) Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte demandada y de la parte actora por las tareas de Alzada, en el 25% de lo que en definitiva resulte, para cada una de ellas, por su intervención en la instancia previa 5) Hacer saber a los interesados lo dispuesto por el art. 1º de la ley 26856 y por la Acordada de la CSJN Nº 15/2013, a sus efectos.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Mi guel Ángel Maza

Juez de Cámara

Graciela A. González

Juez de Cámara

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