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La Corte dejó sin efecto la indemnización por daño moral reconocida al nieto de un ex diplomático argentino en la Alemania Nazi

gtr-233Partes: Irigoyen Juan Carlos Hipólito c/ Fundación Wallenberg y otro s/ daños y perjuicios

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Fecha: 5-ago-2014

Cita: MJ-JU-M-87902-AR | MJJ87902

La Corte revocó la sentencia que reconoció el daño moral sufrido por el nieto de un funcionario acreditado ante la embajada Argentina en la Alemania Nazi, por ser considerado responsable de la muerte de judíos Argentinos por parte de una Fundación.

Sumario:

1.-Corresponde revocar la sentencia que condenó a la fundación demandada por los daños y perjuicios ocasionados al nieto de un ex diplomático acreditado ante la embajada Argentina en la Alemania nazi, puesto que las expresiones publicadas en la página web de la institución, que consideró que su abuelo habría sido responsable de la muerte de judíos argentinos, tienen tutela constitucional, a la luz de las doctrinas sobre libertad de expresión a las que la Corte Suprema adhiere.

2.-La sentencia apelada debe revocarse toda vez que el material que el juez a quo ha tomado en consideración para justificar la condena a la demandada, consiste en material, que mayormente, ha sido extraído de distintos medios de comunicación, con indicación expresa de la fuente y respeto del formato original, razón por la cual resulta de aplicación la doctrina Campillay , según la cual la reproducción de los dichos de otros, no trae aparejada responsabilidad civil ni penal.

3.-Respecto de las manifestaciones que no consisten en la reproducción de afirmaciones de terceros, sino que se le atribuyen directamente a la demandada -en particular, cuando califica al abuelo del actor como cómplice del asesinato de cien judíos argentinos en el Holocausto -, debe entenderse que en estas expresiones no priman las afirmaciones de hechos sino, más bien, prevalecen las ideas, opiniones, juicios críticos o de valor y, por qué no, las conjeturas y las hipótesis, y en este ámbito, lo único prohibido es caer en el insulto o la vejación gratuita o injustificada, y, si bien, lo expresado es una durísima descalificación, no puede ser considerado un insulto gratuito.

4.-Resulta aplicable, mutatis mutandi, lo dicho por la Suprema Corte de los Estados Unidos cuando resolvió en Letters Carrriers vs. Austin , que la acusación de traidores que se había formulado a los demandantes, no generaba responsabilidad pues sólo implicaba una hipérbole; esto mismo puede decirse de la invocada complicidad del abuelo del actor, con los crímenes en la época del nazismo, porque las armas utilizadas en una polémica no deben ser leídas en clave de tipología jurídica.

5.-Debe revocarse la sentencia que reconoció el derecho del nieto del ofendido a percibir la indemnización por daño moral, toda vez que el daño debe presumirse cuando el vínculo familiar es de primer grado o entre hermanos, pero en los restantes casos debe probarse, no solo en cuanto al honor, sino incluso en cuanto al vínculo afectivo del deudo con el difunto, pues la mera invocación del honor de la familia no puede ser suficiente para acreditar el daño moral en una República, donde no se reconocen ni se conservan los títulos familiares (del voto del Dr. Zaffaroni).

6.-En la medida en que las manifestaciones de índole difamatoria se volcaron en torno a una figura pública, en el contexto de una trama histórica en la que el nombrado diplomático se desenvolvió y que no ha terminado de dilucidarse, sean calificadas como meras opiniones, ellas no pueden dar lugar a un resarcimiento, aunque estén concebidas en términos cáusticos, vehementes, hirientes, excesivamente duros o irritantes, o impliquen ataques desagradablemente filosos (del dictamen de la Procuradora Fiscal al que remite el voto del Dr. Zaffaroni).

7.-Aún si las manifestaciones de la demandada se reputaran como atribución de hechos descalificadores, tampoco procedería la reparación pecuniaria que se demanda, habida cuenta que en el caso se ha propalado información, cuya veracidad no está acreditada y que versa sobre la conducta de un funcionario público en el ejercicio de su ministerio, sin que el afectado -sobre quien pesaba la carga probatoria- haya logrado demostrar que la contraria supo que estaba transmitiendo datos falsos u obró con notoria despreocupación por la verdad (del dictamen de la Procuradora Fiscal al que remite el voto del Dr. Zaffaroni).

Fallo:

Procuración General de la Nación

-I-

Contra la sentencia dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil -Sala J- que confirmó la condena por daño moral impuesta a la Fundación Internacional Raoul Wallenberg (en adelante, la FIRW o la Fundación), ésta interpuso recurso extraordinario cuyo rechazo da lugar a la presente queja (v. fs. 551/557, 600/607, 610/622 Y 639/640 del expediente principal, a cuya foliatura me referiré en lo sucesivo).

-II-

El caso versa sobre la responsabilidad civil asignada a la FIRW por el Sr. Juan Carlos Hipólito Irigoyen. Según entendieron los jueces, la fuente del daño moral invocado son las acusaciones en tomo al comportamiento que el fallecido Luis Hernán Irigoyen -abuelo del actor- habría observado como miembro de la legación nacional ante la Alemania del Tercer Reich, respecto de la situación de ciudadanos argentinos de origen judío.

En lo sustancial, el fallo de primer grado examinó el desempeño del Sr. Luis H. Irigoyen en el período nazi, concluyendo que éste adecuó su proceder a las pautas dadas por la Cancillería. Dio por sentada la existencia de » . una amplia campaña de prensa y en Internet . [atribuyéndole] la muerte de cien judíos argentinos en los campos de concentración . «, y concluyó que la afrenta de adjudicarle » . tan reprobable conducta, sin que cuente con respaldo probatorio alguno . es calumniosa y hiere la intimidad y la reputación del actor» (v. fs. 555 vta., párrafos segundo y tercero del consid. III). Entendió que el ataque al bien jurídicamente protegido «honor» ha quedado claramente esablecido, de manera que la indemnización resulta procedente, en base a los arts. 1109 y 1078 del Código Civil, desde que la Fundación no acreditó la veracidad de la imputación ni se retractó de ella.

En su apelación de fs. 571/579 la demandada planteó principalmente ante la Cámara que la sentencia de Prime~a instancia no identifica de dónde surge la acusación de su parte contra Luis H.Irigoyen por la muerte de cien judíos argentinos.

La Fundación, dijo, nunca se pronunció en ese sentido, siendo que el único lugar donde se yuxtaponen esa entidad y los cien argentinos llevados a las cámaras de gas, es el articulo firmado por el periodista Raúl Kollmann, quien emplea el modo potencial.

Sostuvo que no existe ninguna campaña dirigida contra Luis H. Irigoyen.

En cambio, expresó, se trata de veinticuatro reproducciones documentales provenientes de medios de comunicación o de internet, espaciadas entre los años 2002 y 2005, Y concentradas alrededor de tres acontecimientos que dotaron a la información de interés público, a saber: la aparición de un libro de Vki Goñi donde el autor aborda algunos vínculos entre el nacionalsocialismo y la Argentina, la visita del entonces Presidente de la República y su señora esposa a un campo de exterminio, y el retiro de la placa colocada en la sede del Mínisterio de Relaciones Exteriores en homenaje a doce diplomáticos, por su solidaridad con las víctimas del régimen nazi (entre ellos, el Sr. Irigoyen).

Adujo que estamos ante una controversia histórica, aún no resuelta, sobre la actitud de nuestra Cancillería y de sus funcionarios frente al holocausto, por donde la FIRW -importante referente en la materia- contaba con la más amplia libertad de expresión, garantizada por los arts. 14 de la Constitución Nacional y 13 del Pacto de San José de Costa Rica.

Afirmó que el decisorio del Juzgado N° 21 le atribuye haber realizado un operativo referido a un funcionario público, con lo cual -según la doctrina de la real malicia y siguiendo el precedente «Patitó»- la demanda no debe prosperar.En ese marco, concluyó que aun de admitirse la falsedad de las manifestaciones contenidas en los artículos colocados en la página web de la Fundación, era necesario que el actor demostrara que dicha entidad supo o debió conocer la inexactitud.

En lo que aquí ínteresa, el razonamiento del tribunal superior de la causa se focaliza en tres puntos fáctico-jurídicos. El primero de ellos es que, según el acta notarial acompañada a fs. 466, en la página web de la FIR W figura la mención de que el abuelo del actor se desentendió de la suerte de unos cien judíos argentinos, a quienes exterminio. También se sindica a Luis Irigoyen como cómplice del asesinato de cien judíos argentinos en el holocausto, y se lo muestra como responsable de dejar morir en la cámara de gas a esas personas.

El segundo eje discursivo consiste en que la Fundación adopta como propios esos comentarios, cuya fuente es irrelevante.

Como último fundamentos dirimente, el a qua afirma que la doctrina de la real malicia no aplica al caso, puesto que la demandada no es un medio periodístico, ni se ha justificado el empleo de algunas de las pautas que inspiraron a la mencionada doctrina.

-III-

En lo central, el recurso extraordinario reprocha que el fallo desconozca la relevancia de la fuente de las noticias recogidas en la página web de la FIRW, sin explicar el por qué de esa proposición, con lo cual dice- el argumento queda reducido a una mera expresión dogmática Ese aserto, replica, tampoco tiene asidero jurídico dado que, desde el ángulo de la doctrina Campillay, la Fundación se ha limitado a reproducír en su sitio web algunas publicaciones efectuadas en medios periodísticos, con cita de la fuente.

Recuerda que en el caso «Acuña» (Fallos: 319:2959 ), V.E.entendió que la línea del precedente «Campillay» tiene por fin establecer un ámbito suficientemente generoso para el ejercicio del derecho constitucional de la libertad de expresión, de modo que la invocación de una fuente y la transcripción sustancialmente fiel de la noticia emanada de ella, priva de antijuridicidad a la conducta.

Agrega que, amparado un medio periodístico por la doctrina de la real malicia, como prenda de la libertad de expresión, su sola repetición con cita de la fuente no podría convertirse en un hecho punible. Lo contrario, repone, no sólo viola la garantía insita en la doctrina Campillay, sino que representa un absurdo que el derecho no consiente, esto es, que una referencia no punible aparecida en un medio periodístico, deje de serlo cuando es reproducida por una ONG.

Advierte que el criterio denominado «real malicia» protege a aquel que -a través de cualquier vía y observando los requisitos de la doctrina Campillay- propala afirmaciones o suministra información sobre terceros. Asimismo, añade, en autos ni siquiera se trata de aserciones propias o de información originada por la demandada, sino de una simple reproducción de textos publicados en órganos de prensa masivos, con cita de la fuente.

-IV-

La solución del asunto exige determinar la recta inteligencia de las cláusulas federales que amparan a la libertad de palabra, de manera que el caso se ajusta a lo dispuesto por el art. 14, inc. 3°, de la Ley N° 48 (arg. Fallos 331:1530 , considerando 3°).

La ahora recurrente propuso a la consideración de los jueces de la causa el problema relativo a la tutela constitucional de la libertad de expresión. Además, el decisorio ingresó en el punto constitucional, en tanto estimó inaplicable el principio de la real malicia, e irrelevante la fuente de la información divulgada. Luego, la intervención de V.E.se encuentra habilitada tanto para examinar las razones por las cuales se negó la protección constitucional a la demandada, como para decidir si la difusión por la que fue condenada merece o no la inmunidad que reconoce el art. 14 de la Constitución Nacional (Fallos: 327:2551 , 3024, 3032, 3157 Y 5528; 328:242 ; 330:1572; 331:1530 , considerando 4°; y 334:1722 , considerando 8°).

En tales condiciones, los argumentos de las partes o del a quo no vinculan a esa Corte, a la que incumbe realizar una declaración sobre el tema en disputa (Fallos: 333:604 y 2396, entre otros).

Al propio tiempo, la apelación esgrime objeciones relativas a la arbitrariedad del pronunciamiento; con lo cual, he de tratar en forma conjunta ambos aspectos, por la estrecha conexidad que guardan entre sí (Fallos: 330:2180 , 2206 y 3471).

-V-

Las doctrinas «Campillay» y de la «real malicia» integran la linea jurisprudencial consolidada de ese máximo tribunal de la Nación (v. esp. dictámenes emitidos en Fallos 327:789 y 329:1631 [última parte], a los que adhirió V.E., y Fallos: 334: 1722, considerando 10).

Esta dirección se profundiza en la sentencia de Fallos: 331: 1530 («Patitó»), referida a una critica difamatoria apoyada en menciones asertivas.

En esa oportunidad (y, más tarde, en los pronunciamientos de Fallos: 332:2559 [«Brugo»], y 334:1722 [«Melo»]), se reforzaron los parámetros de los que ha de valerse el intérprete en situaciones donde confrontan la libertad de expresión, información y prensa, con el derecho a la honra y la reputación (v. asimismo Fallos: 310:508, «Costa»; Fallos: 319:3428 , «Ramos»; S.e. Q. N° 18, L. XLIV, «Quantín, Norberto Julio c/Benedetti, Jorge Enrique y otros s/derechos personaIísimos»; S.C. D. N° 285, L. XLIII, «De Reyes Balboa, Manuel c/Editorial Río Negro S.A. s/daños y perjuicios» -sentencias ambas del 30 de octubre de 2012-; y S.C. M.N° 2674 , L. XLI, «Moslares, José Luis c/Diario La Arena y otros s/dailos y perjuicios» , sentencia del 26 de marzo de 2013).

De dichos precedentes se extraen varios estándares constitucionales. El primero de ellos, es que -como regla- no hay afectación del honor cuando se publican meras opiniones o juicios de valor, que carecen de un contenido informativo sobre hechos o circunstancias, más allá del conocimiento que aquellos brindan sobre las ideas propias del autor.

En cambio, tratándose de afirmaciones de hecho, según la doctrina «Campillay», la difusión de información difamatoria no apareja el deber de reparar siempre que: (a) se omita revelar la identidad de los sujetos presuntamente implicados; o (b) se utilice un tiempo de verbo potencial; o (c) se propale el dato atribuyéndolo directamente a una fuente identificable, con transcripción idéntica o sustancialmente fiel de lo expresado por ella.

Descartada la concurrencia de dichos presupuestos, deberá revisarse el asunto en función del llamado principio de la «real malicia», teniendo en cuenta que el primer factor que abre paso a su aplicación es la condición del sujeto pasivo (funcionario público, figura pública o un particular que hubiera intervenido en situaciones de ese carácter). En este marco, el deber de indemnizar por una información falsa, errónea o cuya veracidad no pudo probarse, concerniente –en lo que nos interesaal ejercicio de una función pública, opera cuando aquella se difunde a sabiendas de su falsedad o con total despreocupación, mientas que la responsabilidad por la propalación de una noticia desacreditadora respecto de un particular, sólo requiere la «negligencia precipitada» o «simple culpa».

El tipo de protección que este último modelo reconoce a la libertad de expresión, no es la prueba de la verdad, pues el canon de la real malicia no opera en función de la certeza o inexactitud objetiva de las expresiones.

Entonces, en la medida en que la jurisprudencia de esa Corte ha incorporado el estándar de la real malicia y no el test de la verdad, losjueces deben limitarse a constatar si la parte actora demostró o no que el autor sabía o debía saber -obrando sin notoria despreocupación- que la especie podía ser falsa. En ese orden, la conciencia de la impostura o la indiferencia negligente no se presumen, encontrándose la carga probatoria en cabeza de la parte actora.

La índole desprestigiante de los dichos -aún reconocida por el emisorno genera per se derecho a ser indemnizado. A la inversa, podrían tener aptitud para originar un resarcimiento otras afectaciones de lo que genéricamente se denomina «honor», tales como las derivadas de expresiones ofensivas que pueden caber en la categoría de «insulto» (cf. esp. Fallos: 321:2558, «Amarilla» [voto de los Dres. Petracchi y BossertJ; Fallos: 321:2637, «Cancela» ; y S.C. M. N° 2674, L. XLI, «Moslares, José Luis c/Diario La Arena y otros s/daños y perjuicios» , sentencia del 26 de marzo de 2013 [considerandos 14 y 15]).

El análisis debe necesariamente encauzarse por los carriles hasta aquí enunciados, ya que al eludir dichos lineamientos interpretativos se restringe inaceptablemente el espacio que es necesario para el desarrollo de un amplio y robusto debate público sobre ternas de interés general, garantizado por el art. 14 de la Constitución Nacional.

-VI-

Por otro lado, en el caso «Pandolfi» (Fallos: 320:1272), esa Corte desechó la disquisición en torno a la calidad de periodista o no de quien haya hecho declaraciones tenidas por ofensivas. «Esto [dijo V.E. con referencia a la aplicabilidad del estándar de la «real malicia»] resulta evidente, si se advierte que lo esencial para evaluar el grado de tutela constitucional en materia de libertad de expresión a la luz de la reseñada doctrina, radica en precisar las condiciones que rodean a quien es objeto de la noticia y no al sujeto que la propala . » (v. consid. 11).

Más recientemente (Fallos: 333:2079 [caso «Dahlgren» ]), V.E.apuntó que el modelo interpretativo denominado real malicia, especifica las condiciones en las cuales nuestro derecho constitucional de expresarse libremente es ejercido de conformidad con la Constitución Nacional y, por tanto, dentro de qué marco actúa como causa de justificación. En el plano subjetivo, esa Corte volvió a subordinar su operatividad a la calidad del destinatario y no a la del emisor, empleando dicha doctrina federal para eximir de responsabilidad no ya a un periodista, sino a la autora de una carta de lectores (v. esp. consid. 5° y 7°).

Es que la inmunidad de desplegar las propias ideas por la prensa no tiene como objetivo la custodia de un determinado sector o actividad sino que apunta al respaldo y fortalecimiento del sistema democrático. Como se destacó en el precedente «Patitó» con cita de Joaquín V. González («Manual de la Constitución Argentina», n° 158, pág. 167, Buenos Aires, 1897), la principal importancia de la libertad de prensa, desde un punto de vista constitucional «está en que permite al ciudadano llamar a toda persona que inviste autoridad, a toda corporación o repartición pública, y al gobierno mismo en todos sus departamentos, al tribunal de la opinión pública, y compelerlos a un análisis y crítica de su conducta, procedimientos y propósitos, a la faz del mundo, con el fin de corregir o evitar errores o desastres; y también para someter a los que pretenden posiciones públicas a la misma crítica con los mismos fines . » (cf. asimismo Preámbulo de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, aprobada en octubre de 2000 [108° período ordinario de sesiones] por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos [OENSer.LNIl1.116, Doc. 5 rev. 1 corr., 22 octubre 2002, esp. parágrafos 267 a 270 y notas 647 a 649]; e Informe Especial del Relator sobre la Libertad de Expresión, también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos [esp. su Introducción y su Vol.III, Cap. rr, «La libertad de expresión en el contexto del sistema interamericano de protección de los derechos humanos», acápites B.1.- y B.3.-]).

-VIIDe tal suerte, en el contexto de asuntos que implican criticas difamatorias en el orden de la función pública descartados los supuestos de opinión pura o de insultos en sentido estricto-, el examen no debe focalizarse en el vehículo por el cual se divulga la información, ni en la categoría profesional del difusor. Tampoco en que la referencia descalificadora sea o no verdadera, puesto que el juicio de reproche no opera propiamente en razón de la falsedad de la especie, sino a partir de la postura del sujeto activo al emitir las manifestaciones agraviantes («real malicia»). En todo caso, la falta de correspondencia histórica pierde virtualidad si la modalidad de propagación se atiene a las pautas ya reseñadas en el punto V, párrafo quinto («Campillay»).

A esa luz, observo que la condena impuesta a la Fundación se basa en un solo hecho dañoso, consistente en la presencia en su página web de los textos individualizados a fs. 603 último párrafo; encuadre fáctico que llega firme a esta instancia y al que, por ende, debemos ceñimos. En ese sentido, la lectura del considerando 3.3. de la sentencia, permite inferir que el fundamento dirimente del fallo es que la demandada haya hecho suyas -al colocarlas en su sitio web- las graves menciones contenidas en aquellas piezas, cuyas fuentes tuvo por inconducentes.

A ese respecto, puede verse sin dificultad que los registros obrantes a fs.472/474, 476/478, 480/481, 483 y 488/490 fueron extraídos de diferentes medios de divulgación (Clarín.com, Buenos Aires Herald, Infobae, Herald.com, U24, La Voz del Interior on line y Página 12). Asimismo, se reprodujeron con exactitud -según su formato original- y con indicación explícita de la fuente, circunstancias que confieren virtualidad en autos a la doctrina «Campillay» explicada precedentemente.

Por otro lado, si alguna de las expresiones allí referidas pudiese adjudicarse directamente a la FIRW -como efectivamente ocurre con la de fs. 475, donde es la Fundación la que tilda al Sr. Luis Irigoyen de «cómplice del asesinato de cien judíos argentinos en el Holocausto» e invita a sumar adhesiones para el retiro definitivo de la placa homenaje mencionada más arriba-, el intérprete debe examinar si ellas corresponden al plano de las meras opiniones o de la imputación de hechos y, en este último supuesto, encuadrar su análisis en los términos de la doctrina de la real malicia.

Desde esta perspectiva, cabe precisar ante todo que el propio actor admite expresamente que su ascendiente -Segundo Secretario de la Embajada argentina en la Alemania del Tercer Reich- fue un «hombre público», que «la actuación de su abuelo se inserta en un marco de debate abierto respecto de la posición de nuestro país durante el Holocausto», y que se trata de un «terna de tanta relevancia histórica» en el cual «todos los d[í]as aparecen enfoques nuevos» (v. fs. 113, primer párrafo; y fs. 3011304, respuestas a las posiciones octava, décima y décimo segunda).

A su turno, la sentencia apelada se hizo cargo del informe del comité de esclarecimiento conformado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, poniendo de relieve que allí se «. indica corno controversial la actuación de los diplomáticos argentinos durante el nazismo», y catalogando a dicha polémica corno «apasionado debate» (v. fs. 450/461, fs. 602 -segundo párrafo del considerando 3.2.-, y fs.603, segundo párrafo).

Precisamente, esa junta concluyó que con los elementos reunidos en la pesquisa que le encomendó la Resolución Ministerial N° 2332/2004 » . no puede pronunciarse de forma definitiva respecto a los hechos investigados y que cualquier decisión que pudiera adoptarse en este estado no contaría con la base fáctica necesaria para justificarla» (sic; fs. 460 punto 1; v. también fs. 356/357, resp. a la pregunta 163 .).

Asimismo, no está discutido que en las dos últimas décadas se crearon tres comisiones en el ámbito de la Cancillería, con el objeto de estudiar el desempeño de la diplomacia argentina en los años del régimen hitleriano (v. esp. fs. 118 vta., primer párrafo, y fs. 547/548).

De estos datos se derivan dos conclusiones conducentes. La primera de ellas es que las manifestaciones de índole difamatoria se volcaron en tomo a una figura pública, en el contexto de una controversia cuya trascendencia ha dado lugar a la creación de tres comités ministeriales ad hoc. El carácter público del interés implicado y de la condición de Luis H. Irigoyen resul ta, pues, un antecedente innegable.

La segunda inferencia es que la trama histórica en la que se desenvolvió el nombrado diplomático no ha terminado de dilucidarse, aspecto éste ciertamente relevante en la determinación del factor subjetivo que exige la doctrina de la real malicia.

En ese contexto y conforme a los criterios reseñados en el punto V, si calificásemos a las expresiones que se juzgan en autos como meras opiniones, ellas no pueden dar lugar a un resarcimiento, aunque estén concebidas en términos cáusticos, vehementes, hirientes, excesivamente duros o irritantes, o impliquen -parafraseando al fallo «New York Times Ca. v. Sullivan» (376 U.S. 254 [1964]), en cuya línea de pensamiento se ha apoyado históricamente V.E.-, ataques desagradablemente filosos.

Tampoco procedería la reparación pecuniaria que se demanda si esas manifestaciones se reputaran como atribución de hechos descalificadores.Es que en el caso se ha propalado ínformación, cuya veracidad no está acreditada y que versa sobre la conducta de un funcionario público en el ejercicio de su mínisterio, sin que el afectado -sobre quien pesaba la carga probatoria- haya logrado demostrar que la contraria supo que estaba transmitiendo datos falsos u obró con notoria despreocupación por la verdad. Antes bien, como acabo de señalar, en la causa se estableció que estamos ante una temática controversial e inconclusa -definida así por una comisión de expertos de la propia Cancillería-, de manera que nada autoriza a sostener que, al colocar en su página web las declaraciones cuestionadas, la FIR W haya obrado con una marcada indiferencia por la autenticidad de lo afirmado, en el sentido de la doctrina de la real malicia, máxime frente a las finalidades que alientan a esa entidad, conforme surge de fs. 268, 270, 275 cap. VI y 467.

Finalmente, entiendo que el supuesto excepcional de los enunciados insultantes no se da en la especie, sin que quepa formular mayores consideraciones al respecto, puesto que tanto el propio accionante como los jueces de la causa han sustraído a la afrenta de este terreno, situándola en el estricto plano de la difamación.

-VIII-

Aun cuando el asunto presenta las aristas subrayadas precedentemente, la Sala descartó dogmáticamente la cuestión referida a la fuente. Omitió, en efecto, una explicación sobre el punto, que era particularmente necesaria en tanto los textos objeto de reproche provenían mayoritariamente de terceros cuya ajenidad se invocó y no fue desvirtuada en el proceso.

Paralelamente, apartándose de la doctrina que trasciende especialmente de los precedentes «Pandolfi» y «Dahlgren», el decisorio consagró apodícticamente un tratamiento diferencial entre la prensa y otros eventuales actores, en punto al ejercicio de la libertad de palabra.Por ende, rehusó considerar la doctrina federal antes expuesta, con las profundas proyecciones que esa disparidad conlleva a nivel institucional.

A partir de aquellas dos proposiciones (irrelevancia de la fuente y emisor no periodista), la sentencia terminó por acotar la solución del problema al plano del derecho común, prescindiendo de las directivas de hermenéutica constitucional pertinentes. De tal manera, atento a que no puede atribuirse responsabilidad a la recurrente, al así hacerlo los jueces han dado una respuesta alejada tanto de los antecedentes fácticos de la causa como de la recta exégesis federal.

-IX-

En definitiva, opino que V.E. debe declarar procedente la queja, hacer lugar al recurso extraordinario interpuesto, y revocar la sentencia apelada.

Buenos Aires, 1 de agosto de 2013.

M. ALEJANDRA CORDONE ROSELLO

Procuradora Fiscal ante, la Corte Suprema de la Nación SUBROGANTE

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 5 de agosto de 2014

Vistos los autos: «Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Irigoyen, Juan Carlos Hipóli to c/ Fundación Wallenberg y otro s/ dafios y perjuiciosu , para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

1°) Que el actor, Juan Carlos Hipólito Irigoyen, promovió demanda por cobro de dafios y perjuicios contra «The International Raoul Wallenberg Foundationu, fundado en que dicha institución habría sostenido que su abuelo, Luis Hernán Irigoyen (ex diplomático acreditado ante la embajada argentina en Berlín, durante la época nazi), sería «responsable de dejar morir en las cámaras de gas a alrededor de 100 judíos argentinos» (fs. 113 del expte. principal, el citado de aquí en adelante) .

La sentencia de primera instancia acogió el reclamo y condenó a ~a demandada a pagar al actor la suma de $ 50.000, en concepto de dafio moral (fs. 551/557), decisión que fue confirmada por la Sala «JU de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil (fs. 600/607). Contra este fallo, la demandada interpuso el recurso extraordinario de fs. 610/622, que, denegado por el a quo a fs.639/640, motivó la presente queja.

2º) Que corresponde que esta Corte entienda en las materias federales implicadas en autos pues está en juego la inteligencia de doctrinas constitucionales relativas a la libertad de expresión y la decisión apelada ha sido contraria al derecho que la apelante fundó en aquéllas.

3º) Que el Tribunal no considerará el tema concerniente a la legitimación activa del actor, pues la cámara aclaró que el cuestionamiento de aquélla solo había sido introducido, tardíamente, en la expresión de agravios y, por lo tanto, el a qua no debía pronunciarse «por el valladar impuesto por el art. 277 del rito» (fs. 605 vta.). La apelante manifestó, por su parte; que «no opuso en modo alguno una defensa ‘sine actione agi t’, por una razón elemental consistente en que nunca rehuyó el debate franco y abierto acerca de lo que constituye la materia del presente litigio» (fs. 619 vta.).

4°) Que lo discutido en autos son las manifestaciones que la Fundación Raoul Wallenberg ha podido hacer en torno a la actuación del abuelo del actor cuando aquél se desempeñó como Agregado en la Embajada de la República Argentina ante la Alemania del Tercer Reich.

En palabras de una Comisión que actuó en el ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cuita de nuestro país, «es materia de controversia la actitud de Luis H. Irigoyen en relación a las objeciones planteadas por el diplomático respecto a la repatriación de judíos argentinos que vivían en la Francia de Vichy, en territorio no ocupado, así como en relación al no reconocimiento de 16 pasaportes falsos o ‘pasaportes de cortesía’ presentados por la Oficina Principal de Seguridad del Reich pertenecientes a personas que fueron transportadas de Varsovia al campo de concentración de Bergen-Be1sen» (fs.451).

Debe señalarse que la citada Comisión concluyó que «no puede pronunciarse en forma definitiva respecto a los hechos investigados y que cualquier decisión que pudiera adoptarse en este estado no contaría con la base fáctica necesaria para justificarla» (fs. 460).

5°) Que el material que el a qua ha tomado en consideración para justificar la condena a la demandada obra a fs.

467/493 Y consiste en material sacado de la página web de la Fundación Wallenberg (conf. fs. 466/466 vta. y 603, punto 3.3 de la sentencia de la cámara) .

Se advierte, sin dificultad alguna, que en muchos casos se trata de material extraído de distintos medios de comunicación, con indicación expresa de la fuente y respeto del formato original. Así, por ej.,472/473 («Clarín»); fs. 474 («Buenos Aires Herald»); 476 («Infobae»); fs. 477 («Clarín»); fs. 478 («Miami Herald»); fs. 479 («Infobae»); fs. 480 («Clarín») ; fs. 481 («Infobae») ; fs. 482 («Associated Press»); fs. 484 («La Nación»); fs. 485 («Página 12»); fs. 488 («La Voz del Interior»); fs. 489 («Página 12»); fs. 490 («Buenos Aires Herald»); fs. 492 («Forward»).

En algunos casos las notas están firmadas y en otros no.

6º) Que resulta evidente que el a qua ha dej ado de aplicar la doctrina «Campillay», que el Tribunal ha explicitado en numerosos precedentes. Así, por ejemplo, en el caso «Dahlgren Jorge Erie el Editorial Chaeo SA y otro», sentencia del 09/11/2010 (Fallos 333:2079 ), se expresó que la Corte Suprema ha desarrollado una doctrina según la cual, en determinadas condiciones, la reproducción de los dichos de otro, no trae aparejada responsabilidad civil ni penal.Es preciso que se haya atribuido el contenido de la información a la fuente pertinente y se haya efectuado, además,. una transcripción sustancialmente fiel a lo manifestado por aquélla.

Ha dicho la Corte que esa doctrina posibilita que se transparente el origen de las informaciones y permite a los lectores relacionarlas no con el medio a través del cual las han recibido, sino con la específica causa que las ha generado. También los propios aludidos resultan beneficiados, en la medida en que sus eventuales reclamos -si a ellos se creyeran con derecho podrán ser dirigidos contra aquellos de quienes las noticias realmente emanaron y no contra los que solo fueron sus canales de difusión (Fallos: 316:2394, considerando 6°; 316:2416, considerando 10 e igual considerando del voto concurrente) .

También la Corte ha resaltado el carácter fuertemente tutelar de esta doctrina, según la cual se permite al que suministra una información desinteresarse de la verdad o falsedad de ella y eximirse de responsabilidad con la sola cita de la fuente.

Parece justo, entonces, a efectos de garantizar un razonable equilibrio entre la libertad de expresión y la protección del honor personal, exigir que el que propale la noticia acredite judicialmente que ha invocado la fuente y que sus dichos coinciden sustancialmente con aquélla (Fallos: 319: 3428, considerando 8º)

El Tribunal ha aclarado, asimismo, que la doctrina no puede ser considerada de naturaleza civil o penal: ella debe ser aplicada a cualquier tipo de proceso pues está destinada a establecer un ámbito lo suficientemente generoso para el ejercicio del derecho constitucional de la libertad de expresión. La invocación de una fuente y la transc ripción sustancialmente fiel de la noticia emanada de ella priva de antijuridicidad a la conducta, ,razón por la cual el principio juega tanto en el ámbito de la responsabilidad civil como en el penal (Fallos: 319:2959, considerando 10).

Uno de los fundamentos principales de la doctrina radica en que, en temas de relevancia pública parece prioritario que todas las voces sean escuchadas, para que se acreciente y robustezca el debate propio de un sistema democrático. Si el informador pudiera ser responsabilizado por el mero hecho de la reproducción del decir ajeno -supuestamente lesivo de terceroses claro que se convertiría en un temeroso filtrador y sopesador de la información, más que su canal desinhibido. Ello restringiría la información recibida por la gente y, al mismo tiempo, emplazaría’al que informa en un impropio papel de censor (fallo «Dalhgren» , considerando 8°).

Ya se dijo en «Ramos» (Fallos: 319:3428, considerando 8°), con referencia a la doctrina que reseñamos supra, que » .permite al que suministra una información desinteresarse de la verdad o falsedad de ella y eximirse de responsabilidad civil con la sola cita de la fuente (fallo «Dalhgren» , considerando 9º).

El a quo prescindió totalmente de lo expuesto supra.

7º) Que existe, además, algún material que, a diferencia del detallado en el considerando 5º, no consiste en la reproducción de afirmaciones de terceros sino que debe atribuirse directamente a la demandada, como, por ejemplo, el texto de fs. 475. Allí se da cuenta de que el ministro de relaciones exteriores Rafael Bielsa dispuso el retiro de una placa colocada en el ministerio en la que se rendía homenaje a diplomáticos argentinos solidarios con las víctimas del nazismo. Esa placa contenía, entre otros, el nombre de Luis H. Irigoyen, a quien el texto de la Fundación Wallenberg califica. de «cómplice del asesinato de cien judíos argentinos en el Holocausto» (loc. cit.).

80) Que la expresión transcripta es una de aquellas en la que no priman las afirmaciones de hechos sino, más bien, prevalecen las ideas, las opiniones, los juicios críticos o de valor y, por qué no, las conjeturas y las hipótesis, de acuerdo a la distinción -entre uno y otro tipo de expresión- que esta Corte acepta (conf.sentencia in re «Quantin, Norberto Junio» Fallos: 335:2150) En el ámbito de los «juicios de valor» lo único prohibido es caer en el «insulto» o en la «vejación gratuita o injustificada» (fallo «Quantin», citado, considerandos 12 a 14).

Debe, en todo caso, superarse un estrecho literalismo, al momento de juzgar las expresiones emitidas (loc. cit.).

9°) Que haber considerado a Luis H. Irigoyen «cómplice» o «responsable» de la desaparición de judíos argentinos, en la Alemania del nazismo, es una durísima descalificación que se relaciona con la actuación que le cupo en aquellos años, en el marco de lo señalado por la ya citada comisión ministerial (ver considerando 4°, supra). Con todo, no puede ser considerado un insulto gratuito sino, por el contrario, un cuestionamiento ríspido, de un tipo no inusual en las disputas históricas.

Resulta aplicable, mutatis mutandis, lo que dijo la Suprema Corte de los Estados Unidos cuando resolvió, en «Letters Carriers vs. Austin» 418 U.S. 264 (1974), que la acusación de «traidores»‘que se había formulado a los demandantes no generaba responsabilidad pues solo implicaba una hipérbole. En efecto, era claro que ninguno de los lectores del periódico -en el que se detallaban acciones de los actores reprensibles y destructivas para el tejido social- podría haber entendido que aquellos habían cometido el delito de traición, en sentido estricto.

Lo mismo puede decirse de la invocada «complicidad» del abuelo del actor, con los crímenes de la época del nazismo.

Las armas utilizadas en una polémica no deben ser leídas en clave de tipología jurídica.Se incurriría en una lamentable confusión de ámbitos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que «En la arena del debate sobre temas de alto interés público, no solo se protege la emisión de expresiones inofensivas o bien recibidas por la opinión pública, sino también la de aquellas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios públicos o a un sector cualquiera de la población» (ver «Kimel Eduardo G. c/ República Argentina», 2-5-2008, párrafo 88).

Por lo expuesto, las mentadas expresiones -sobre cuya justicia o injusticia no deben pronunciarse los tribunales- tienen tutela constitucional, a la luz de las doctrinas sobre libertad de expresión a las que esta Corte adhiere.

Este análisis no fue hecho por el a quo en su fallo, lo que también conduce a su descalificación.

Por, ello, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se revoca la sentencia apelada, rechazándose la demanda (arto 16, segunda parte, de la ley 48).

Costas de todas las instancias en el orden causado, en atención a la naturaleza de la cuestión planteada (art. 68, segunda parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Agréguese la queja al principal y reintégrese el depósito efectuado. Notifíquese y, oportunamente devuélvae. RICARDO LUIS LORENZETTI – ELENA I. HIGHTON DE NOLASCO – ENRIQUE S. PETRACCHI – E. RAUL ZAFFARONI – JUAN CARLOS MAQUEDA –

VOTO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON E.RAÚL ZAFFARONI

Considerando:

1°) Que, la cuestión planteada ha sido objeto de adecuado tratamiento en el dictamen de la señora Procuradora Fiscal, a cuyos fundamentos y conclusiones esta Corte remite por razones de brevedad.

2°) Que, sin perjuicio de la limitación de la materia que procesalmente corresponde decidir al Tribunal -y dado que no ha dejado de ser mencionada en la instancia previa-, la cuestión de la existencia misma del daño moral en el presente caso, no merece ser totalmente ignorada en esta instancia.

La referencia a la familia en la protección al honor impuesta por la Convención Americana sobre Derechos Humanos hace reparable la injerencia en ésta y no cualquier ofensa a un familiar sin limitación alguna de tiempo o parentesco. Es obvio que el daño mo~al debe sufrirlo la persona reclamante y, por ende, la ofensa al difunto debe representar una lesión hacia su propio honor o bien, lo que no puede desconocerse, a un sentimiento o afecto particular hacia éste, que es digno de protección.

Tratándose de parentesco de primer grado o de hermanos, cabe presumir al menos el sentimiento de afecto por parte del deudo, que sería lesionado por cualquier falsa imputación deshonrosa. Pero cuando se trata de grados más lejanos de parentesco, esta lesión debería ser probada en función de razones que deben ser materia de prueba, como la da haber convivido con el difunto, haberlo tratado y conservai un sentimiento especial de respeto o haberlo asumido como ejemplo formativo, haber sido criado por el difunto, o cualquier otra circunstancia semejante.

La mera invocación de honor de la familia, en casos de parentesco más lejano que el de primer grado o de hermanos, no puede ser suficiente para acreditar el daño moral del deudo, porque de lo contrario nos hallaríamos frente a un verdadero desplazamiento de los ámbitos naturales de discusión:el revisionismo histórico pasaría a ser materia judiciable, con la consiguiente limitación a la libertad de investigación histórica.

Es posible que el demandante haya sufrido un daño moral en el caso, pero no cabe tenerlo por probado con la sola invocación de su grado de parentesco. La prueba del vínculo, fuera de los casos en que la proximidad permite presumirlo, no puede ser suficiente prueba del daño moral en una República. Diferente sería la solución en una monarquía o cuando se conserven y reconozcan títulos familiares, pues en estos supuestos se lesiona el derecho al honor del título que el pariente ostenta, cualquiera sea el grado de parentesco. No basta, pues, invocar disposiciones del derecho civil que muchas veces no han tomado en cuenta esta diferencia, en razón de la fuente originaria de los textos.

En síntesis: el daño moral debe presumirse cuando el vínculo familiar es de primer grado o entre hermanos, pero en los restantes casos debe probarse, no solo en cuando al honor, sino incluso -y muchas veces antes que otra consideración- en cuanto al vínculo afectivo del deudo con el difunto.

En este correcto entendimiento se dimensionaría adecuadamente la disposición constitpcional en forma compatible con el principio republicano de gobierno y con la protección a la libertad de investigación histórica.

Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal subrogante, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se revoca la sentencia apelada. Costas por su orden por la naturaleza de la cuestión planteada (art. 68, segunda parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que dicte un nuevo pronunciamiento, con arreglo a lo aquí resuelto. Reintégrese el depósito. Agréguese la E. RAUL ZAFFARONI

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