Indemnización a cargo de la empresa que vendió electrodoméstico que no funciona debiendo el actor restituirlo en el estado en que este

peso-argentinoPartes: Ferra María C. c/ Megatone S. A. y/o Bazar Avenida S. A s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela

Fecha: 6-may-2014

Cita: MJ-JU-M-87809-AR | MJJ87809

Empresa vendedora de un electrodoméstico que no funciona está obligada a indemnizar el perjuicio causado, debiendo el actor restituir el producto en el estado en que se encuentre.

Sumario:

1.-Corresponde rechazar el recurso de apelación deducido por la demandada condenada a indemnizar la suma reclamada por daños y perjuicios derivados del incumplimiento de contrato de compraventa, suma a la que se le debe adicionar un interés mensual igual a la tasa que aplica el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento de documentos, entre la mora y el efectivo pago, todo ello en el plazo perentorio de 10 días, desde que resultó acreditado el funcionamiento defectuoso de un producto vendido por la accionada, y la actora debe restituir en el estado y funcionamiento que se encuentro el producto adquirido.

2.-Es procedente la multa civil o daño punitivo cuando el obrar del demandado resulta indubitablemente de mala fe, grosera negligencia y actitud moralmente culpable, porque contrariando la LDC. -entre sus disposiciones, las contenidas en el Art. 11 -, ha priorizado sus propios intereses en desmedro de los del consumidor y no produjo prueba en sentido contrario.

Fallo:

En la ciudad de Rafaela, los 6 días del mes de mayo del año dos mil catorce, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la Quinta Circunscripción Judicial, Dres. Beatriz A. Abele, Alejandro A. Román y Lorenzo J. M. Macagno para resolver los recursos de nulidad y apelación interpuestos por la parte demandada, contra la sentencia dictada por la Señora Jueza de Primera Instancia de Circuito N° 16 de Ceres en los autos caratulados: «Expte. N° 119 – Año 2013 – FERRA, María Cecilia c/ «MEGATONE S.A.» y/o «BAZAR AVENIDA S.A.» s/ Daños y Perjuicios – Ley 24240- Sumarísimo».

Dispuesto el orden de votación, en coincidencia con el estudio de la causa resulta: primera, Dra. Abele; segundo, Dr.Román ; tercero, Dr. Macagno Acto seguido el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones:

1era.: ¿Es nula la sentencia apelada? 2da.: En caso contrario ¿es ella justa? 3ra.: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir? A la primera cuestión, la Dra.Abele dijo:

La parte accionada no ha sostenido en la Alzada el recurso de nulidad interpuesto conjuntamente con el de apelación, y no advirtiendo vicio alguno que justifique la declaratoria nulificatoria de oficio, voto por la negativa.

A esta primera cuestión, los Dres. Román y Macagno dijeron que hacían suyos los conceptos y conclusiones de la Jueza de Cámara preopinante y por lo tanto, votaban en el mismo sentido.

A la segunda cuestión, la Dra. Abele dijo:

La Jueza de Primera Instancia hace lugar a la demanda y condena a Megatone y/o Bazar Avenida S.A.a pagar a la actora, la suma de $ 6.019, comprensiva de la totalidad de los rubros admitidos, con más un interés mensual igual a la tasa que aplica el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento de documentos, entre la mora y el efectivo pago, todo ello en el plazo perentorio de 10 días con más las costas.

Para así resolver, toma en consideración que no está controvertida la existencia del contrato de compraventa que vinculó a las partes, quedando el debate circunscripto a la existencia -o no-, del derecho invocado por la actora a que se le devuelva el precio abonado con sus intereses, con más una suma en concepto de daño moral, con motivo del funcionamiento defectuoso de un producto vendido por la accionada.

Encuadra los hechos en la Ley 24.240, la que dice debe interpretarse acompañada del resto del ordenamiento jurídico que la contiene y que rige los contratos (Constitución Nacional y Códigos Civil y Comercial).

Reseña que el actor logró demostrar que la heladera que compró a la accionada, por la que abonó $ 3.519, comprensiva de garantía legal por 12 meses, funcionó normalmente un mes y a partir de allí comenzó a fallar, fue reparada en tres oportunidades y luego de 7 meses el problema no fue resuelto.

Estas circunstancias fueron reiteradamente negadas por la demandada, a pesar de la documental incorporada a la causa, reconocida expresamente por la accionada en su escrito de responde y única prueba producida en el transcurso del juicio.

Rechaza la línea defensiva de la accionada, la que se sustenta en la afirmación de que no se ha demostrado que la heladera no funcionara correctamente, que no existe diagnóstico de irreparabilidad que justifique su cambio y que, aunque así fuera no corresponde a la vendedora reponerla sino exclusivamente al fabricante, conforme la cláusula de garantía inserta en la factura, porque no dio argumentos válidos ni levantó la carga de introducir su propia versión de los hechos ni de acreditarlos.

Invocando el Art.1.198 del C. Civil recuerda el principio de buena fe recíproca en materia de contratos, el que se extiende en el tiempo desde las tratativas previas hasta el período poscontractual, y que incluye los deberes de información, diligencia, seguridad y conservación o cuidado de las cosas entregadas. Agrega que este principio fue mencionado en el Art. 37 de la Ley 24.240.

Señala que el cumplimiento inexacto o defectuoso de la prestación contractual coloca al incumplidor en situación de tener que indemnizar los daños y perjuicios que sean consecuencia de su conducta deficiente; y en el caso de autos, el cumplimiento inexacto es claramente adjudicable a la parte accionada.

Luego de resumir los hechos, afirma que es obvio y de toda lógica jurídica que recaía sobre la accionada la carga de la prueba de los eximentes de responsabilidad, y nombra al Art. 53 de la Ley 24.240.

Haciendo una interpretación armónica de los artículos 1; 2; 3; 10 bis; 11; 13; 14; 17; 37; 40; 40 bis; 53 tercer párrafo de la Ley 24.240, y concordantes de la misma ley y del Código Civil, concluye que la vendedora es solidariamente responsable frente a la consumidora, por el incumplimiento de la prestación a su cargo. Y destaca que por ello, es que la cláusula inserta en la factura, que pondría el deber de garantía en cabeza del fabricante debe tenerse por no escrita. En virtud de todo lo expresado reconoce el derecho de la actora a percibir de la accionada la suma total de $ 6.019, comprensiva de los siguientes montos y conceptos: $ 5.169 por ser el precio de la heladera, $ 150 por el rubro gastos no documentados, $ 1.500 en concepto de daño moral y $ 1.000 como multa civil según Art. 52 bis de la Ley 24.240, todo ello más los intereses expresados utsupra.

Contra dicha sentencia se alza la demandada interponiendo recursos de apelación y nulidad (fs. 104), los que fueran concedidos a fs. 105.En este estado queda este Tribunales en condiciones de intervenir. A fs. 119 a 122 obra glosada la expresión de agravios presentada por el recurrente. En dicho escrito dice agraviarse porque:

1) La A-quo invirtió la carga de la prueba imponiéndosela a su parte, cuando es sabido que le corresponde probar a quien afirma y no a quien niega. Citando el Art. 17 inc. b, de la L.D.C. dice que el consumidor cuenta con la opción de resolver el contrato con la condición de acreditar que la reparación no ha sido óptima, lo que asegura en el caso no se probó.

2) En la sentencia no se establece que el actor debe devolver la heladera, en contradicción con lo establecido en el Art. 17 inc. b de la L.D.C., lo que importa un enriquecimiento indebido a favor de la actora y un agravio a su parte.

3) Se condena a la recurrente al pago de una multa civil. Argumenta que la naturaleza de los daños punitivos es de tipo penal por lo que debe aplicarse con carácter restrictivo y que no cualquier incumplimiento puede dar lugar a la fijación de daños punitivos. Asegura que debe mediar dolo, quedando excluidos incluso los casos de culpa grave. Asegura que por ser un castigo ejemplar y extraordinario, solo debe aplicarse a aquellas conductas que revistan especial gravedad y sean extraordinarias.Asegura que en el caso no se dan los presupuestos para su aplicación, porque ha actuado en forma diligente, y no puede ser imputada de haber actuado con culpa o negligencia ni ninguna otra conducta que le pueda ser reprochable.

Agrega que los requisitos de la figura son la existencia de un daño injusto de responsabilidad del multado; que se configuren graves inconductas que hayan causado un daño obrando con malicia, mala fe, grosera negligencia y la presencia de circunstancias agravantes relativas al dañador; y finalmente, que se busque desterrar conductas como la que se reprocha a la accionada quien no tiene antecedentes ni reclamo alguno sobre conductas similares.

4) Se reconoce el derecho de la accionante a ser indemnizada por daño moral cuando no ha producido prueba alguna tendiente a acreditarlo. Señala que cuando el daño moral tiene origen contractual debe ser apreciado con criterio estricto, ya que generalmente en ese ámbito de interacción humana solo se afectan intereses pecuniarios, y cita el Art. 522 del C.C.

5) Se condenó al pago de gastos no documentados pese a que no ha acreditado ni detallado los gastos en los que dice haber incurrido.

Finaliza solicitando se reparen los agravios y en consecuencia se modifique la sentencia acogiendo la demanda en todas sus partes, con costas en su totalidad a los demandados (sic) (fs. 122).

A fs. 127 a 131 vto. contesta los agravios la parte actora. Respecto del primer agravio referido a la carga de la prueba, remarca que la accionada ofreció pruebas al responder la demanda y nunca las produjo, a pesar de haber sido proveídas de conformidad. Y agrega que a la falta de aporte de elementos acreditantes por parte de la accionada, se suma que la actora ha demostrado todos los extremos invocados.Cita jurisprudencia que sostiene que la carga de la prueba ya no depende del rol que desempeñe cada litigante -actor o demandado- sino en la posición que cada uno de ellos asume con relación a la concreta cuestión debatida, de manera que la actividad probatoria recae sobre la parte más idónea a ese efecto.

En relación al segundo agravio, el que ataca la omisión de ordenar la devolución del producto adquirido por la Sra. Ferra, afirma que ello nunca fue solicitado por la parte demandada y la jueza no puede resolver sobre lo que nunca se peticionó. Sin perjuicio de ello, recuerda que su parte, en la carta remitida a la vendedora el día 26/07/2.012 (fs. 23), puso a su disposición la unidad defectuosa. Postula también el rechazo del tercer agravio que se origina en la condena al pago de una multa civil, porque asegura que la apelante solo realiza un mero ataque al fallo por disentir con éste pero no da fundamentos que justifiquen un error jurídico en la sentencia.

Más adelante enumera las características de la multa civil: 1. la dispone y determina su cuantía un juez; 2. debe ser peticionada por quien se considera víctima de infracciones y perjuicios; 3. el juez puede disponer o no su aplicación quedando ello a su libre criterio; 4. beneficia al consumidor o usuario; 5. su cuantía se determina atendiendo a la gravedad del hecho cometido, y no a la magnitud del daño; 6. no obsta la existencia anterior de otras condenas indemnizatorias a favor d el mismo consumidor o usuario; 7. si los autores de las infracciones son varios, la condena es solidaria, sin perjuicio de las acciones de regreso; 8. su monto no puede superar el de la «multa» previsto en el Art. 47 inc. b que alcanza de cien pesos a cinco millones de pesos.

Reclama el rechazo del cuarto agravio, el que se relaciona con el reconocimiento de la existencia de daño moral.Dice que el apelante afirma que no se ha probado el mismo, sin tener en cuenta que la Jueza ha desarrollado el tema con especial atención. En un pasaje de la sentencia la Sentenciante afirma que no puede ser exigida la prueba directa del daño moral porque nadie puede ser obligado a probar la mayor o menor intensidad de un padecimiento.

En cuanto al último de los agravios expresados, la parte actora textualmente dice que «… nuevamente la demandada se agravia por un extremo que no surge de la sentencia, en ningún momento de la misma la jueza de primera instancia condena a pagar gastos no documentados, dado que no son peticionados en la demanda, los mismos serán expresados en el momento de realizar la liquidación final» (sic).

A continuación realiza una reseña de los hechos protagonizados por la accionada a los fines de demostrar la mala fe con que ésta ha actuado y solicita, en consecuencia, se eleve al doble el monto otorgado por la Jueza de la instancia anterior para el rubro daño moral y se proceda de igual manera con la suma fijada en concepto de multa civil.

En el petitorio solicita se confirme la sentencia en todas sus partes condenando así a los demandados, y se dupliquen las cifras fijadas como daño moral y multa civil (sic) (fs. 131 vto.).

Ingreso al tratamiento del recurso.

Cuando se celebra un contrato de compraventa, como en el caso de autos, en que la actora adquirió al demandado una heladera, los contratantes se encuentran en situaciones muy diferentes. Por un lado, tenemos a la empresa vendedora que integra redes contractuales, celebra contratos conexos o «construyen» sistemas que poseen una organización y estructura diseñada para maximizar los beneficios y minimizar los riesgos (Ghersi, Carlos – Weingarten, Celia, «Tratado Jurisprudencial y Doctrinario – Defensa del Consumidor», Edit. La Ley, T. I, pág.43). Frente a esta complejidad en cuanto a la cantidad y calidad de los contratos, que va desde la producción hasta la comercialización de los bienes y servicios, con gran cantidad de agentes actuando en esta cadena, está el consumidor quien claramente se encuentra expuesto a los abusos de las empresas (Ghersi, Carlos – Weingarten, Celia, Ob. Cit., T. I, pág. 59).

En esta relación jurídica, resulta indiscutible que la parte más débil es el consumidor (o usuario), por lo que la legislación ha tomado una clara postura tuitiva. «Cuando los portadores de derechos (usuarios y consumidores) en las relaciones jurídicas se encuentran en relación asimétrica (genérica y dinámica), se considera que, además de los principios generales del derecho y la construcción de una disciplina en particular (derechos de los usuarios y los consumidores) debe asumirse un plus, que se genera en un principio de protección especial …» y ello se hace a través de una herramienta que en la sistemática del derecho es universal: la declaración del principio de interpretación pro consumidor (Ghersi, Carlos – Weingarten, Celia, Ob. Cit., T. I, pág. 193).

El principio referido en el párrafo precedente está expresamente establecido en el Art. 3°, segundo párrafo, de la L.D.C., y resulta necesario tenerlo presente porque los Magistrados debemos hacer efectiva esta protección que poseen los consumidores y usuarios.

El primer agravio, que asegura que la Jueza de la instancia anterior ha invertido la carga de la prueba, merece el rechazo. La «carga de la prueba» es en realidad la herramienta con la que cuenta el Juez ante la obligación de juzgar habiendo insuficiencia probatoria.Ante la deficiencia en la acreditación de los hechos controvertidos, el Juez debe determinar sobre cuál de las partes del proceso pesaba su demostración y dictar sentencia en su contra.

En el ámbito de las relaciones de consumo, la materia relativa a la carga de la prueba tiene particularidades que relativizan los principios del derecho procesal con el objeto de satisfacer el fin tuitivo de la norma. Ello no significa que se deje de lado la obligación del consumidor de acreditar la base fáctica que da sustento a su pretensión, ni que se desoiga la doctrina de las cargas probatorias dinámicas, sino que se pone como eje, en este tipo de procesos, el principio de cooperación o colaboración procesal. El Art. 53, tercer párrafo, de la L.D.C. expresamente consagra dicho principio al establecer que: «Los proveedores deberán aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder, conforme a las características del bien o servicio, prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en el juicio». Esta solución que da la ley es razonable, justa y coherente con el objetivo de proteger al consumidor (o usuario), quien se encuentra en un franco plano de desigualdad respecto del proveedor, quien tiene el mayor caudal de información. (Quaglia, Marcelo Carlos, «La Carga de la Prueba en el Ámbito de las Relaciones de Consumo», en Revista de Derecho Comercial del Consumidor y de la Empresa», Edit. La Ley, Año IV – Número 5 – Octubre 2.013, págs. 85 a 93). Dice Osvaldo Alfredo Gozaíni que no se trata de invertir la «carga de la prueba», sino de reconducir el objeto de la prueba, muy necesario en un conflicto tan singular, en el que hay una presunción irrefutable de debilidad del consumidor (o usuario) frente al proveedor. (Picasso – Vázquez Ferreyra, «Ley de Defensa al Consumidor», Edit. La Ley, Tomo III, pág. 318 a 320). Por su parte, el Art.40 de la misma Ley, que regula la cuestión de la responsabilidad por daños, dispone que solo se liberará total o parcialmente quien demuestre que la causa del daño le ha sido ajena. En realidad esta disposición no es novedosa, ya que es igual a la contenida en el Art. 1.113 del C.C. En el caso que acá nos ocupa, la parte actora ha acreditado todos los extremos invocados y que dieron andamiaje a la demanda. No estando en discusión la existencia de un contrato de compraventa, me centraré en los elementos que aportó la accionante para acreditar que la heladera adquirida dejó de funcionar correctamente al mes de haberla comprado, elementos probatorios cuya validez no fue cuestionada por la demandada. Con la demanda se ha adjuntado: la factura de enero de 2.012 (fs. 3), un informe de fábrica sobre un problema técnico de la unidad de febrero de 2.012 (fs. 4), informe de Refrigeración Aldao dando cuenta que la heladera se encuentra en el taller donde le han cambiado uno de los sensores, fechado en marzo de 2.012 (fs. 5), reclamo de ADELCO en nombre de la Sra. Ferra a la firma Megatone, recibida por ésta en abril de 2.012 (fs. 6), respuesta de la vendedora a ADELCO en la que la accionada reconoce las intervenciones técnicas que debió disponer ante los reclamos de la compradora (fs. 7), constancia de Refrigeración Aldao de haber cambiado el conjunto de bimetálicos de la heladera en cuestión, fechada en abril del 2.012 (fs. 12), carta de la Sra. Ferra a la empresa Megatone – Bazar Avenida S.A. intimando a la entrega de una heladera nueva o a la devolución del dinero pagado por la adquirida, de mayo de 2.012 (fs. 13), nota de la acá apelante, de mayo de 2.012, negando todo incumplimiento y los derechos invocados por Ferra (fs.14), nota de la actora a la firma accionada, recibida por la destinataria en julio de 2.012, comunicando que la heladera no funciona, a pesar de las veces que fuera reparada, y vuelve a reclamar la sustitución del producto o el reintegro del monto abonado (fs. 15), comunicación de la demandada a ADELCO afirmando que en abril de 2.012 la heladera ha sido reparada, cambiándole el conjunto de bimetálicos (fs. 16), informe de fábrica de fecha julio de 2.012 (fs. 22), telegrama de la actora a la demandada intimando a la entrega de una heladera nueva o al reintegro del dinero y poniendo a disposición de la vendedora la unidad defectuosa, de julio de 2.012 (fs. 23), nota de la apoderada de la vendedora negado incumplimiento alguno y rechazando el reclamo de fecha agosto de 2.012 (fs. 24).

La demandada, por su parte, al contestar la demanda ofrece prueba documental, la que coincide con parte de la ya presentada por la actora, más confesional, testimonial e informativa (fs. 62 y vto.). Salvo la documental acompañada con la contestación de la demanda, el resto de las pruebas no fueron producidas a pesar de haber sido proveídas de conformidad (fs. 63). La negligencia probatoria por parte de la empresa accionada hace activar los apercibimientos incorporados en los Art. 53 y 40 de la L.D.C.

La A-quo no invirtió la carga de la prueba, simplemente aplicó la ley con los elementos que cada parte aportó.

El segundo agravio, el que se basa en que en la sentencia no se estableció la obligación de Ferra de devolver la heladera, a pesar de condenar a la vendedora a reintegrar el precio pagado, corre la misma suerte que el anterior. En primer lugar cabe señalar que la omisión señalada debió ser materia de una aclaratoria. Y, en segundo lugar, si bien efectivamente, en la parte resolutiva nada se dice al respecto, en el considerando, más precisamente en el segundo párrafo de la fs.100 vto., la Sentenciante expresa que en la ley, bajo el título «Reparación no satisfactoria» se otorga al consumidor la posibilidad entre pedir la sustitución de la cosa por otra de idénticas características, devolverla a cambio del importe pagado u obtener una quita proporcional del precio (Art. 17 L.D.C.). Si la accionante pidió la devolución del dinero, y puso a disposición de la vendedora la heladera en cuestión (ver telegrama de fs. 23); y la Jueza de primera instancia condena a la proveedora a la devolución de lo pagad o, entiendo que es razonable inferir que va implícita la entrega a ésta de la cosa objeto de la compraventa. De cualquier manera, para evitar todo tipo de discusiones posteriores o dudas, sugeriré se incluya expresamente dicha obligación.

En tercer lugar, la quejosa se agravia porque se la condenó al pago de una multa civil.

Antes de entrar de lleno al tratamiento de motivo del agravio, entiendo oportuno reiterar que la Ley 24.240, como su nombre lo indica, es una ley de defensa al consumidor. Para lograr dicha protección, la Ley ha consagrado el principio de interpretación pro consumidor y ha establecido como obligaciones de los proveedores de bienes y servicios, los deberes de información, de seguridad, de ofertas al público, de publicidad, de trato digno y de trato equitativo, además de las que pudieran haber sido pactadas.

A los fines de hacer operativo el fin tuitivo de la ley, el Art. 52 bis dispone: «Daño Punitivo. Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan….».

Considero oportuno aclarar que, contrariamente a lo afirmado por la apelante, la multa civil (o, al decir de la norma, el daño punitivo) no es una sanción de carácter penal, sino que es un instituto de naturaleza civil (Conclusión de la Comisión N° 5 del «III Congreso Euroamericano de Protección Jurídica de los Consumidores», celebrado en Bs. As. en setiembre de 2.010 -«Revista de Derecho Comercial del Consumidor y de la Empresa», Edit. La Ley, Año IV – Número 2 – abril 2.013, pág. 88, nota al pie n° 11).

Este instituto tiene dos fines: castigar y prevenir. El castigo surge ante la práctica de conductas desaprensivas por parte de los proveedores o actores económicos. Es en realidad, y para utilizar la expresión correcta según la jurisprudencia y doctrina mayoritaria, una multa civil. No resulta necesario que se produzca un daño para que proceda la aplicación de la multa, porque su finalidad no es resarcitoria y para su determinación debe mirarse al victimario y no a la víctima, se debe analizar la conducta de aquél. Y, como adelantara, el otro fin perseguido es el de prevenir, lo que se logra al aplicar un castigo ejemplar que lo disuada al incumplidor, y a los demás proveedores (fin individual y general), de repetir o incurrir en el futuro en faltas como las que propiciaron la aplicación de la multa. (Colombres, Fernando Matías, «Algunas cuestionas acerca de los daños punitivos», en «Revista de Derecho Comercial del Consumidor y de la Empresa», Edit. La Ley, Año III – Número 2 – abril 2.012, págs. 132/133). Matilde Zabala de González y Rodolfo González Zavala definen el objetivo primordial de la figura en eliminar los beneficios injustamente logrados mediante la actividad daños: «Toda pena es un mal para el sujeto pasivo; pero aquí la particularidad reside en que el mal es equivalente a la mejora indeseable lograda por el responsable.Con ello, se debilita en buena medida el objetivo sancionatorio, pues en realidad no se infiere un ‘mal adicional’ al dañador, sino que se destruye el ‘beneficio adicional’ que él creó en interés propio y sobre el sacrificio ajeno … De otra manera, se alientan el cálculo y la especulación, por la inclusión de los montos resarcitorios en una planilla de costos cuya resta deja incólumes las ganancias» . En igual sentido opina Ricardo Lorenzetti («Revista de Derecho Comercial del Consumidor y de la Empresa», Edit. La Ley, Año III – Número 2 – abril 2.012, pág. 134). Este artículo se hizo acreedor de numerosas críticas en cuanto a su redacción, la que es considerada poco clara. Y generó distintas posturas en cuanto a su interpretación. Una de las discusiones se ha originado porque si hacemos una interpretación literal de la norma, el simple incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales por parte del proveedor permite aplicar la multa civil. Me enrolo en la corriente que no acepta esta lectura, y entiende que debe mediar un incumplimiento legal o contractual como condición necesaria pero no suficiente para imponer la conducta punitiva, resultando procedente cuando se está frente a un grave reproche en el accionar del responsable del daño, debiendo indagar si ha habido dolo o culpa grave, o un deliberado designio de anteponer los propios intereses y/o el propio beneficio, manteniéndose indiferente de modo consciente frente a la vulneración que provoca en los derechos y/o intereses de los clientes perjudicados (Alvarez Larrondo, Federico M., «Perfiles del daño punitivo y de la responsabilidad solidaria de la Ley 24.240», en «Revista de Derecho Comercial del Consumidor y de la Empresa», Edit. La Ley, Año IV – Número 2 – abril 2.013, pág. 89).

Resulta ilustrativo, mencionar el siguiente ejemplo de simple incumplimiento que no ha merecido sanción, resuelto por la C.N.Com., sala A, 2.012/10/11, en la causa «Barberis, Héctor Edgardo y otro c/ Telecom Personal S.A. y Otros s/Sumario». Los hechos:un local representante de Telecom Personal S.A. vende un teléfono celular al actor, y al realizar la operación con una tarjeta de crédito, hace constar un mayor valor al precio acordado con el comprador, pero ante el reclamo de éste, corrige la liquidación en el mismo período en que el débito debía ser liquidado. Esto permite afirmar que no ha habido en el caso intención dolosa de perjudicar o culpa grave en ese sentido. (www.laleyonline.com.ar, cita: AR/JUR/ 62552/2012).

El incumplimiento concretado con dolo o culpa grave, ha sido descripto de diferentes maneras por la jurisprudencia y la doctrina. Siguiendo la doctrina mayoritaria, los tribunales han utilizado las siguientes expresiones, entre otros, para justificar la procedencia de la sanción en contra del proveedor: obrar con malicia, mala fe, grosera negligencia, temeridad, malignidad, intencionalidad, perversión, actitud moralmente culpable, entre otras similares.

En el caso subexamen, está acreditado que la Sra. Ferra adquirió y pagó la totalidad del precio de una heladera a la firma Megatone de Bazar Avenida S.A., el día 20/01/2.012 (fs. 3), el 25/02/2.012 ya denuncia la compradora un defecto en la unidad (no enfría) (fs. 4), y a partir de allí las reparaciones dispuestas por la proveedora, el funcionamiento por cortos períodos, nuevas fallas y los reclamos de la consumidora, se suceden ante la falta de solución definitiva. Así se llega al mes de julio de 2.012, en el cual la actora intima al cumplimiento de la obligación legal prevista en el Art. 17 de la Ley 24.240, más precisamente el supuesto previsto en el inc. b («Devolver la cosa en el estado en que se encuentre a cambio de recibir el importe equivalente a las sumas pagadas, …»).

La intimación recibó el rechazo rotundo de la proveedora, por lo que la Sra. Ferra se vio obligada a promover la presente acción, previo trámite previsto en el Capítulo II, Título XI de la L.D.C.- Corresponde ahora calificar la conducta del vendedor.Analizados los hechos concluyo que el proveedor ha violado el deber de dispensar a la compradora un trato equitativo, entendiéndose por éste el derecho del consumidor a una adecuada calidad del bien o del servicio, entre otros (Ghersi, Carlos – Weingarten, Celia, Ob. Cit., T. I, pág. 299). Ampliando el concepto, la jurisprudencia ha dicho que es el derecho del consumidor (o usuario) a la protección de sus intereses económicos (CNFed,. Contenciosoadministrativo, sala II, 05/11/1998, «Ciancio, José c/ Energas», http://www.laleyonline.com.ar. CFed. La Plara, sala III, 05/03/2.009, Cooperativa Obrera Ltda. Acta 1712, Olavarría, http://www.laleyonline.com.ar. CNCiv. Sala K, 08/09/2.008, Lopo Tejo, Miguel c/Forest Car S.A., La Ley 2.008-F, 110), remarcando además que «la Constitución Nacional ordena a las autoridades proveer a la protección de los intereses económicos y condiciones de trato equitativo y digno de los usuarios y consumidores» («Coto C.I.C.S.A. y otro vs. Dirección Nacional de Comercio Interior – Disposición 162/2012 (Expte. S01:152280/2010 – Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal Sala IV; 21-oct-2013; Rubinzal on line; RC J 755/14).

Me resulta indubitable que el accionado obró con mala fe, grosera negligencia y actitud moralmente culpable, porque contrariando la L.D.C. -entre sus disposiciones, las contenidas en el Art. 11-, ha priorizado sus propios intereses en desmedro de los del consumidor. La multa civil (o daño punitivo) es procedente, y así votaré. También se agravia porque se la condenó al pago del daño moral, y su principal argumento para sostener su postura es que no se ha producido prueba alguna tendiente a acreditarlo.

La Jueza de grado basa la responsabilidad civil atribuida al vendedor, y por ende el deber de reparación, en el Art. 522 del Código Civil. Sin que implique ignorar dicha norma, en el sistema creado por la Ley 24.240, el tema de la responsabilidad es tratado en su Art. 40.Del mismo surge que los civilmente responsables son todos los beneficiados económicamente con el producto, por lo que el factor objetivo de atribución deriva de la doctrina del riesgo-provecho («Revista de Derecho Privado y Comunitario», Rubinzal – Culzoni Editores, Tomo 2.012 – 1, págs. 318 a 322 vto.).

Volviendo al análisis del Art. 522 del C.C., nos enseña Félix Trigo Represas, que, además de los requisitos generales atinentes a la existencia de un daño moral resarcible, esta norma exige además la preexistencia de una obligación y la inejecución de la misma, lo que se traduce en un incumplimiento definitivo imputable al cumplimiento irregular y defectuoso. Continúan expresando los juristas mencionados, que el daño moral resultante de hechos ilícitos se tiene por probado in re ipsa, en cambio en materia contractual el daño no se presume y debe ser probado en forma clara y terminante. (Compagnucci de Caso y Otros; «Código Civil de la República Argentina – Explicado», Rubinzal – Culzoni Editores, T. II, págs. 439 y vto.). En igual sentido: Jalil, Julián Emil, en Picasso – Vázquez Ferreyra, «Ley de defensa al consumidor», Editorial La Ley, T. III, Parte Especial, págs. 336 a 337 vto.

En el III Congreso Nacional de Derecho Civil (cuyas recomendaciones fueron receptadas por la Ley 17.711), propició interpretar que en todos los casos de indemnización por responsabilidad contractual o extracontractual, el juez podrá condenar al responsable a la reparación del agravio moral que hubiese causado, de acuerdo con la índole del hecho generador de la responsabilidad y las circunstancias del caso. El hecho generador de responsabilidad en el ámbito de este Art. 522 del C.C. no puede ser otro más que el incumplimiento del contrato, y «de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 520, el daño moral deber consecuencia inmediata y necesaria de la falta del cumplimiento de la obligación. Es decir sólo son indemnizables los daños que el incumplimiento provoca según el curso natural y ordinario de las cosas (Art.901),…» (Belluscio – Zannoni; «Código Civil y Leyes Complementarias», Editorial Astrea, T. 2, págs. 730 a 732) Entiendo que en el caso que acá nos ocupa, si bien no hubo una prueba específica (vg.: estudio psicológico) para acreditar el daño moral, el mismo surge claro de las circunstancias del caso. La heladera, es un bien mueble que considero imprescindible para una vida digna y sana, más aún en la estación estival -recuérdese que el electrodoméstico en cuestión fue adquirido en enero de 2.012- y en un lugar como Ceres, donde las temperaturas son muy elevadas. No lo califico en el caso, como un bien suntuoso sino de primera necesidad, por lo que la imposibilidad de su uso normal a partir del mes de su compra, los constantes reclamos y las reparaciones que no dieron el resultado correspondiente, indudablemente han generado daño moral, entendiéndose por éste toda perturbación que exceda el grado de simples molestias. Debe tenerse presente que no estamos hablando de un desperfecto que inutilizó la heladera por uno o dos días, sino de una privación injusta que dura al día de hoy. En resumen, el daño queda demostrado con la acreditación de la compra de la heladera, la fecha en la misma se concreta y su imposibilidad de uso normal.

Este agravio también debe rechazarse.

El último y quinto agravio, me resulta insólito, porque se queja la recurrente de que se ha reconocido la suma de $ 150 en concepto de daños no documentados, porque los mismos no se han acreditado. Digo que me resulta insólito porque si estamos hablando de gastos «no documentados» no podemos pretender que se acrediten. Y la actora sí enumeró los conceptos en su demanda mencionando los gastos de taxis y remises para trasladarse al local comercial a formalizar el reclamo (fs.34), lo que resulta razonablemente convincente.

Cabe también la improcedencia de este agravio.

Dejo aclarado que no tomé en cuenta el punto 3) del petitorio por resultar un grave error, que entiendo involuntario, al contradecirse con todo el resto del escrito. Sin perjuicio de ello insto a la profesional a evitar la presentación de escritos confusos que puedan generar desorientación o recursos que gesten gastos jurisdiccionales inútiles.

En cuanto al escrito de contestación de agravios, me veo obligada a señalar que la petición de la parte actora en los puntos a) y b), en los que solicita se duplique el monto fijado en baja instancia en concepto de daño moral y se eleve el monto de la multa civil (fs. 131) no puede tratarse en esta instancia porque la actora peticionante no ha apelado el fallo ni se ha adherido al recurso opuesto por la accionada.

Respecto de lo expresado por la actora en el punto c), a fs. 131, podría ser considerado por aplicación del principio iura novit curia. El apartado mencionado cita el Art. 17, inc. b) de la L.D.C., el que dispone que, ante las reparaciones no satisfactorias, el consumidor puede devolver la cosa en el estado en que se encuentre a cambio de recibir el importe equivalente a las sumas pagadas, conforme el precio actual en plaza de la cosa, al momento de abonarse dicha suma o parte proporcional, si hubiere efectuado pagos parciales. Pero por respeto «la garantía que prohíbe la reformatio in pejus cuyo sustento constitucional ha sido reconocido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación como derivación de la inviolabilidad de la defensa en juicio (garantía de garantías)» (López Gastón, Rodrigo D.; «Agravamiento cualitativo de la pena y la reformatio in pejus», publicado en: LA LEY 06/07/2011 , 9 – LA LEY 2011-D , 150; Fallo Comentado: Corte Suprema de Justicia de la Nación ~ 2011-05-24 ~ «Capristo, Jonathan Abel y otros», http://www.laleyonline.com.ar, cita Online:AR/DOC/2087/2011) no puede agravarse en esta instancia la situación para el apelante.

Voto entonces por la afirmativa A esta segunda cuestión, los Dres. Román y Macagno dijeron que hacían suyos los conceptos y conclusiones de la Jueza de Cámara preopinante y por lo tanto, votaban en el mismo sentido.

A la tercera cuestión, la Dra.Abele dijo: Que como consecuencia del estudio precedente propongo a mis colegas, resolver en el siguiente sentido: 1) Rechazar el recurso de apelación opuesto por la parte demandada, y confirmar en todos sus términos la sentencia elevada. 2) Dejar aclarado que la actora deberá dar íntegro cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 17, y percibido el precio, devolverá al demandado el bien adquirido en el estado en que se encuentre. 3) Imponer las costas al accionado. 4) Fijar los honorarios de la Alzada en el 50% de los que se regulen en la instancia de origen.

A la misma cuestión, los Dres. Román y Macagno dijeron que la resolución que corresponde adoptar era la propuesta por la Dra. Abele, y en ese sentido emitieron su voto.

Por las consideraciones del Acuerdo que antecede la CAMARA DE APELACION CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL, RESUELVE: 1) Rechazar el recurso de apelación opuesto por la parte demandada, y confirmar en todos sus términos la sentencia elevada. 2) Dejar aclarado que la actora deberá dar íntegro cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 17, y percibido el precio, devolverá al demandado el bien adquirido en el estado en que se encuentre. 3) Imponer las costas al accionado. 4) Fijar los honorarios de la Alzada en el 50% de los que se regulen en la instancia de origen.

Insértese el original, agréguese el duplicado, hágase saber y bajen.

Héctor R.Albrecht Secretario TOMO N°: 22

RES. N°: 72

FOLIO N°: 259/269

Concluido el Acuerdo, firmaron los Jueces de Cámara por ante mí, doy fe.

Beatriz A. Abele

Juez de Cámara

Alejandro A.Román

Juez de Cámara

Lorenzo J. M. Macagno

Juez de Cámara

Héctor R.Albrech

Secretario

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