Rechazan el amparo interpuesto por no probar el trabajador que su exoneración se debió a motivos políticos

JuezPartes: Velázquez Pedro Ramón c/ Municipalidad de Clodomira s/ acción de amparo – apelación en amparos

Tribunal: Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero

Sala/Juzgado: Criminal, Laboral y Minas

Fecha: 16-jun-2014

Cita: MJ-JU-M-87456-AR | MJJ87456

Rechazo de la acción de amparo por no haber acreditado el trabajador que la exoneración decidida por la demandada obedeciera a una persecución política.

Sumario:

1.-Debe revocarse la sentencia que había hecho lugar a la acción de amparo deducida por el trabajador, pues de la prueba surge que la demandada ha actuado dentro de las facultades que la ley le otorga, aplicando la sanción de exoneración -también legalmente prevista- tras la realización de un sumario, en el cual el amparista ha tenido participación.

2.-No se advierte ilegitimidad o arbitrariedad manifiesta en el accionar de la Municipalidad demandada, y si bien el amparista alega que no existe un medio judicial alternativo que resguarde los derechos afectados, y que ha sido víctima de un claro acto de discriminación y persecución política, dicha circunstancia no ha sido acreditada.

3.-De las constancias de la causa no surge de manera manifiesta el obrar de la demandada con el objetivo de persecución política que el amparista le atribuye, y tampoco es posible advertir sin tener que recurrir a la producción de otras pruebas, que la exoneración se haya motivado en las actividades, conductas y opiniones políticas por parte del actor diferentes o contrarias a las de la demandada.

Fallo:

Santiago del Estero dieciseis de junio de dos mil catorce.

Y Vistos:

Para resolver en los autos del epígrafe el recurso de apelación interpuesto a fs 354/362 por el apoderado de la demandada contra la sentencia del Sr. Juez de Instrucción en lo Criminal y Correccional de Primera Nominación obrante a fs. 343/351 del 30 de diciembre de 2011.

Y Considerando:

I) Que el recurrente se agravia de la decisión del a-quo de hacer lugar a la acción de amparo promovida en su contra, ordenando en consecuencia la inmediata restitución del amparista a su puesto de trabajo.

En fundamento al recurso sostiene que no se está en presencia de un acto manifiestamente ilegal o arbitrario por cuanto la exoneración fue consecuencia de un sumario llevado en legal forma, conforme el procedimiento fijado por el Estatuto del empleado municipal. Agrega que el amparista no ofreció prueba alguna tendiente a demostrar su inocencia o desvirtuar las manifestaciones de los testigos, y que por dicho motivo no puede alegarse violación al derecho de defensa del sumariado. Por otro lado afirma que la sanción aplicada al amparista es razonable y adecuada, por cuanto encuadra en el supuesto contenido en los inc. a) y d) del art 55 de la Ley 5.642. Cuestiona también que el juez de la instancia haya concluído que los actos de su representado han violentado derechos adquiridos por el amparista y que los haya calificado de irrazonables. En ese orden sostiene que siguiendo dicha postura, el sentenciante vulneró los derechos de su parte. Plantea la cuestión federal que entiende involucrada, y pide que oportunamente, se haga lugar al recurso y se revoque la sentencia recurrida con expresa imposición de costas.

II) A fs. 366/368 el apoderado de la actora contesta los agravios vertidos por el recurrente, y pide, por los argumentos que allí expone, que se confirme la decisión apelada en todas sus partes.

III) A fs. 384 y vta. el Sr. Fiscal General se pronuncia por la procedencia del recurso.Expresamente considera que la decisión adoptada por la demandada no es arbitraria, en tanto actuó dentro de la esfera de su competencia , que no surge en el caso que la conducta administrativa impugnada sea manifiestamente ilegal o arbitraria de modo que torne viable la acción de amparo intentada, por cuanto la sanción luce ajustada a derecho luego de transitado el proceso sumario en debida forma.IV) Planteada de ese modo la cuestión, y habiendo superado la apelación los recaudos de admisibilidad formal en los términos del art 863 del CPCC, cabe recordar que el tribunal competente para resolver este recurso se encuentra limitado en primer lugar por aquellas cuestiones o aspectos del fallo objetado que han sido materia de agravio, esto es, únicamente sobre lo que ha sido sometido a su decisión, y dentro de ello, sólo respecto de lo que había sido puesto a consideración del juez de primera instancia, con la excepción de lo relacionado con hechos o cuestiones suscitadas con posterioridad a la sentencia (tras. 277 y 283 CPCC).

En dicho marco referencial, y de los agravios expuestos por el recurrente es posible colegir que el planteo central de su apelación es la improcedencia del amparo con fundamento en la ausencia de ilegalidad o arbitrariedad manifiesta del acto impugnado por el actor.Circunscripto el cuestionamiento recursivo a la falta del mencionado requisito para la viabilidad de la vía escogida por el actor, cabe recordar que este Alto Tribunal viene sosteniendo que una de las características definitorias del instituto del amparo, en orden a la procedencia de la pretensión, es la manifiesta arbitrariedad e ilegitimidad del acto u omisión de que se trate, es que, el ejercicio de la acción de amparo es de carácter excepcional y restrictivo, en cuanto se encuentra limitado a aquellos supuestos en los que la arbitrariedad e ilegalidad del acto cuestionado aparezca de manera evidente, es decir, cuando sea patente e indiscutible la actuación caprichosa de la administración y dicha actividad le provoque al interesado un menoscabo en sus derechos que requiera reparación o protección urgente. La calificación de “manifiesta” implica que los vicios “deben aparecer visibles al examen jurídico más superficial” (Palacio Lino Enrique, “La pretensión de amparo en la reforma constitucional de 1994”, LL 1995 D 1237), es decir, en las palabras de Fiorini (“El Recurso de amparo” LL 93 946) cuando “el ataque es tan patente que se manifiesta, podría decirse, en forma física, visible, ostensible, y notoria”. (STJ Expte. N° 17.791 Año 2012 Autos: “Nassif Lidia Rosa del Carmen c/ Castro Julio Ernesto y/o Municipalidad de Añatuya s/ Acción de Amparo Medida Cautelar de No Innovar Apelación en Amparos” Resolución del 04/10/13).

Sentado ello, y examinadas que fueran las constancias obrantes en autos, los términos de la demanda, prueba aportada por ambas partes, los fundamentos de la sentencia atacada y los agravios vertidos por la accionada, no es posible advertir la presencia indiscutible del supuesto bajo análisis, toda vez que, y en coincidencia con el dictamen del Sr. Fiscal General, de las mencionadas actuaciones surge que la demandada ha actuado dentro de las facultades que la ley le otorga, aplicando la sanción de exoneración -también legalmente previstatras la realización de un sumario, en el cual el amparista ha tenido participación.En efecto, este Alto Tribunal no advierte ilegitimidad o arbitrariedad manifiesta en el accionar de la Municipalidad de Clodomira y si bien recurrente alega que no existe un medio judicial alternativo que resguarde los derechos afectados, y que ha sido victima de un claro acto de discriminación y persecución política, dicha circunstancia no ha sido acreditada en el sub-examine. Es decir que de las constancias de la causa no surge de manera manifiesta el obrar de la demandada en el sentido o con el objetivo (persecución política) que el amparista le atribuye, tampoco es posible advertir sin tener que recurrir a la producción de otras pruebas, que la exoneración se haya motivado en las actividades, conductas y opiniones políticas por parte del actor diferentes o contrarias a las de la demandada. Tampoco se desprende de modo palmario de las constancias de la causa, los vicios en el sumario denunciados por el actor quedando en todo caso la acreditación de tales extremos sujeta a la utilización de una vía donde sea posible mayor amplitud de debate y prueba. En consecuencia, y siguiendo el criterio sustentado por este Órgano Superior, la exigencia de esta vía, requiere en orden a su admisibilidad que el planteo formulado por el actor y los elementos aportados a la causa le permitan al sentenciante tener una convicción clara y ostensible de la ilicitud o arbitrariedad incurrida, que en el caso de marras no se vislumbra, ya que estamos en presencia de un proceso con un marco muy reducido de cognición.

En ese sentido, la pretensión del amparista no resulta viable, en cuanto, la situación fáctica que le sirve de sustento aparece como opinable o discutible, y por ende, requiere mayor amplitud de debate y prueba.En función de lo anteriormente afirmado, surge que la determinación de la justicia del caso excede los límites que sujetan a la vía del amparo, por lo que la pretensión del actor resulta improcedente, pues, de lo contrario, se llegaría a la ordinarización del amparo, en razón del limitado conocimiento que le otorga el ordenamiento procesal vigente. En esa línea, este Órgano Superior tiene dicho que “no debe usarse el Amparo para cuestiones que sean susceptibles de mayor debate en los que corresponde resolver de acuerdo con los procedimientos ordinarios (Resol. Serie “A” Nº 126 de fecha 05 09 96 “Salim Felipe Raúl contra Gobierno de la Provincia sobre Acción de Amparo”; Resol. Serie “B” Nº 68 de fecha 22 05 97, “Fraguas Fernando Rafael contra Honorable Concejo Deliberante sobre Acción de Amparo”).

Esta vía debe ser utilizada en extremas y delicadas situaciones que revelen la imprescindible necesidad de ejercerla, ya que su objeto es corregir los defectos o desbordes en que hubiesen incurrido organismos estatales y particulares o personas, alterando el orden jurídico al turbar el ejercicio de aquello reputado lícito o autorizado indiscriminadamente, de modo que, al violarse derechos fundamentales, la reparación no pueda ser posible por otra vía. “De lo contrario, caemos en el riesgo de que el amparo determine el desplazamiento, inclusive la virtual “derogación” de las normas actualmente reguladoras de diversos procesos judiciales (.)”,(Palacio, Lino, “La pretensión del amparo en la reforma constitucional de 1994”,pág.1243).

En razón de ello, y atento que -a lo contrario de la conclusión a la que arribara el Sr Juez de primera instancia- no se advierte que surja en forma manifiesta lo denunciado por el actor respecto de las circunstancias de hecho previas al sumario así como la existencia de ilegalidad o arbitrariedad en el actuar y decisión de la autoridad administrativa a la que la califica de persecutoria y fundada en falsas denuncias, debe este Tribunal hacer lugar a la apelación bajo estudio y en su mérito revocar la decisión impugnada, rechazando así la acción de amparo. Por lo expuesto, doctrina y jurisprudencia señaladas, y oído que fuere el Sr Fiscal General del Ministerio Público Se Resuelve: I) Hacer lugar al Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandada; en consecuencia, II) Revocar la resolución del Sr. Juez de Instrucción en lo Criminal y Correccional de Primera Nominación obrante a fs. 343/351 del 30 de diciembre de 2011. III) Con costas. Protocolícese, expídase copia para agregar a autos, hágase saber y oportunamente archívese.

Fdo:

Raúl Alberto Juárez Carol.

Gustavo Adolfo Herrera.

Armando Lionel Suárez.

Ante mí: Dra. Isabel M. Sonzini de Vittar – Secretaria Judicial Autorizante –

Es copia fiel del original, doy fe.

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