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Es aplicable a la empresa de telecomunicaciones la ley de defensa del consumidor pudiendo la Municipalidad realizar inspecciones en las oficinas de la actora

sentenciaPartes: Telefónica de Argentina S.A. c/ Municipalidad de La Plata s/ acción meramente declarativa

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de La Plata

Sala/Juzgado: II

Fecha: 14-may-2014

Cita: MJ-JU-M-87715-AR | MJJ87715

Se confirma la sentencia que declaró que le es aplicable a la empresa de telecomunicaciones actora la legislación de defensa del consumidor y no sólo la emergente de la ley de telecomunicaciones, con lo que la Municipalidad de La Plata está legitimada para realizar inspecciones en las oficinas de la actora en dicho municipio – aún de oficio – para salvaguardar el cumplimiento de la legislación de defensa del consumidor.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia apelada por la que se declaró que le son aplicables a la empresa telefónica actora, en su oficina de atención al público con sede en la ciudad de La Plata, no solo y exclusivamente las disposiciones de la ley de telecomunicaciones sino también las de la ley de defensa del consumidor, y por lo tanto la Oficina correspondiente de la Municipalidad de La Plata aquí demandada tiene facultad de realizar inspecciones -aún de oficio- para velar por el cumplimiento de la legislación consumeril.

2.-En la causa bajo examen, nos encontramos frente a la protección de los usuarios del servicio telefónico en el marco de una relación de consumo y no con respecto a aspectos técnicos vinculados con la prestación del servicio, sin perjuicio de la posibilidad que tienen los usuarios de presentar sus reclamos ante la CNC.

3.-El Juzgado Municipal de Defensa del Consumidor, tiene competencia para ejercer las funciones, que en materia de protección de los derechos de usuarios y consumidores, se le han encomendado.

4.-Los servicios públicos domiciliarios con legislación específica y cuya actuación sea controlada por los organismos que contempla le Ley 24240 de Defensa del Consumidor, (entre los que cabe incluir a la Municipalidad de La Plata, a través de la Oficina de Defensa del Consumidor), se rigen por las normas citadas.

Fallo:

La Plata, 14 de mayo de 2014.

AUTOS Y VISTOS: Este expediente N° 18.732 (689/2013 S.G.J.), caratulado «Telefónica de Argentina S.A. c/ Municipalidad de La Plata s/ acción meramente declarativa», proveniente del Juzgado Federal de Primera Instancia N°4 de esta ciudad; Y CONSIDERANDO QUE

EL JUEZ ÁLVAREZ DIJO:

I. La sentencia de primera instancia de fs. 158/162 declaró que los servicios públicos domiciliarios con legislación específica y cuya actuación sea controlada por los organismos que contempla le Ley 24240 de Defensa del Consumidor, (entre los que cabe incluir a la Municipalidad de La Plata, a través de la Oficina de Defensa del Consumidor), se rigen por las normas citadas, y de conformidad con los fundamentos expresados en el considerando III.

Para así decidir el juez de primera instancia entendió que corresponde declarar aplicables los art. 42 y concordantes de la Constitución Nacional; art. 38 y concordantes de la Constitución Provincial; artículos 3, 25, 41 y concordantes de la Ley 24240; 79, 80, 81 y concordantes de la Ley 13133, 1° y 2 y anexo del Decreto 1089/04. Asimismo, determinó que, ante la opción contemplada en el artículo 25 de la Ley 24240, las competencias no son excluyentes, sino concurrentes.

II. A fs. 164 interpuso recurso de apelación la parte actora, Telefónica de Argentina, con la expresión de agravios obrante a fs. 170/175 y vta.

III.Los agravios se refieren, en síntesis, a que no existe un usuario en particular que haya adoptado una u otra vía en el inicio del reclamo, sino que por el contrario es la Municipalidad de La Plata que con su accionar de oficio avanza hacia una actividad, sobre la que desde su óptica no tiene competencia.

En efecto, sostiene que si la actuación resulta de oficio es por ante la Comisión Nacional de Comunicaciones donde debe presentarse el reclamo.

Por otra parte manifiesta que en su entendimiento se ha dejado de lado el principio de congruencia que debe regir a toda sentencia judicial, toda vez que el juez de grado decidió en su fallo respecto de situaciones diferentes a las planteadas.

IV. Ahora bien, en primer lugar, haré una breve síntesis de lo acontecido en estos actuados para analizar luego los agravios traídos a esta instancia.

1. A fs. 56/80 y vta. se presenta la apoderada de Telefónica de Argentina S.A. con el fin de que se brinde certeza respecto a cuál es el marco jurídico que debe regir la cuestión atinente a la atención que su mandante brinda a sus clientes en la Oficina Comercial La Plata.

Considera que la cuestión planteada consiste en determinar cuál es el organismo competente para la aplicación de la normativa aplicable en lo que respecta al control del funcionamiento de la Oficina Comercial La Plata de Telefónica de Argentina, y consecuentemente el control y la fiscalización al respecto.

Relata que existe una normativa expresa y particular que rige la prestación del servicio público telefónico y su fiscalización, como así también se estipulan los cargos y multas frente a irregularidades que se presentaren en dicha prestación.En ese marco aclara que, toda esta normativa es de estricto orden federal, en tanto regula una materia que la Constitución Nacional ha reservado por su carácter interprovincial a la autoridad federal.

En su escrito de inicio describe que la Municipalidad de La Plata a través de su Juzgado de Faltas N°2 de Defensa del Consumidor, se presentó de manera oficiosa en la Oficina Comercial (en los meses de enero y julio del año

2009) y constató un incumplimiento al artículo 27 de la Ley 24240, que dispone la obligación de las empresas prestadoras de los servicios públicos de garantizar la atención personalizada.

En ese sentido, indica que el día 8 de enero de 2009, un inspector de la Dirección de Control Urbano de la Municipalidad de La Plata se hizo presente en la oficina comercial de Telefónica de Argentina, ubicada en la calle 47 N°680 de esta ciudad, a los fines de realizar un procedimiento conjunto con personal de la Dirección Municipal de Defensa del Consumidor.

En la mencionada fecha se labró el acta de comprobación N°122377, en la que se verificó la falta de atención personalizada de los clientes de Telefónica, desconociendo el artículo 27 de la Ley 24240.

Refiere que luego de distintas actuaciones administrativas, presentó su descargo ante el Juzgado Municipal de Faltas N°2, reiteró el planteo de incompetencia (que fue rechazado con fecha 14/10/2010) y ejerció las defensas del caso en cuanto al fondo de la cuestión debatida.

Por último, arguye acerca de la viabilidad de la presente acción declarativa de certeza, solicita medida cautelar, cita normativa y jurisprudencia y deja planteada la inconstitucionalidad del artículo 70 de la Ley 13133.

2. A fs. 83 y vta., el juez de grado rechazó el pedido de medida cautelar solicitada por la actora.

3. A fs.108/114 se presenta la apoderada de la parte demandada a contestar la demanda.

En primer lugar plantea que es competente para entender en estos autos la Justicia Contencioso Administrativa Provincial, en virtud de los artículos 1° y 2 de la Ley 12008, por tanto solicita se declare la incompetencia de la justicia federal.

En segundo lugar alega que no existe falta de certeza jurídica en razón de que, en la inteligencia de la Constitución Provincial que reguló en su artículo 38 el derecho de los consumidores y usuarios, se dictó la Ley 13133 en la que se autorizó la descentralización en los municipios (arts. 79, 80 y 81).

4. A fs. 129 el sentenciante rechazó con fecha 6 de diciembre de 2010 el planteo de incompetencia efectuado por la demandada, con imposición de costas.

5. Como ya adelantáramos, el 22 de junio de 2012 se dictó sentencia, la cual declaró que los servicios públicos domiciliarios con legislación específica y cuya actuación sea controlada por los organismos que contempla le Ley 24240 de Defensa del Consumidor, (entre los que cabe incluir a la Municipalidad de La Plata, a través de la Oficina de Defensa del Consumidor), se rigen por las normas citadas, y de conformidad con los fundamentos expresados en el considerando III.

6. A fs. 216 y en uso a las facultades conferidas por el artículo 36 del CPCCN se corrió vista al Señor Fiscal General a los fines de que se expida sobre la competencia, quien dictaminó que esta Cámara resulta competente para entender en las presentes actuaciones (v. fs. 217/218).

V. En primer lugar, considero oportuno resaltar que el principio protectorio que fundamenta el Derecho del Consumidor surge del artículo 42 de la Constitución Nacional al reconocer un conjunto de derechos fundamentales y plenamente operativos frente a las relaciones de consumo.

En ese marco la Ley 24240 de Defensa del Consumidor regula de manera expresa y exclusiva las relaciones de consumo.Así, reconoce a favor de los usuarios y consumidores un conjunto de derechos, otorgándole a los conflictos suscitados un tratamiento específico sustraído del campo del derecho común y sometido a un estatuto particular sustentado en criterios derivados del orden público económico social de protección.

Así, y después de la reforma introducida por la Ley 26361 (B.O 07/04/2008) el artículo 3 de la ley de Defensa del Consumidor quedó redactado de la siguiente forma:

«Relación de consumo es el vínculo jurídico entre el proveedor y el consumidor o usuario.

Las disposiciones de esta ley se integran con las normas generales y especiales aplicables a las relaciones de consumo, en particular la Ley No 25.156 de Defensa de la Competencia y la Ley No 22.802 de Lealtad Comercial o las que en el futuro las reemplacen. En caso de duda sobre la interpretación de los principios que establece esta ley prevalecerá la más favorable al consumidor.

Las relaciones de consumo se rigen por el régimen establecido en esta ley y sus reglamentaciones sin perjuicio de que el proveedor, por la actividad que desarrolle, esté alcanzado asimismo por otra normativa específica.» Por otra parte, el artículo 25 resultó sustituido y en su tercer párrafo dice:

«Los servicios públicos domiciliarios con legislación específica y cuya actuación sea controlada por los organismos que ella contempla serán regidos por esas normas y por la presente ley.En caso de duda sobre la normativa aplicable, resultará la más favorable para el consumidor.

Los usuarios de los servicios podrán presentar sus reclamos ante la autoridad instituida por legislación específica o ante la autoridad de aplicación de la presente ley.» Sentado lo expuesto, podemos advertir que se dejó de lado el carácter supletorio que antes tenía la Ley de Defensa del Consumidor frente a otras regulaciones al establecerse la integración armónica de toda la normativa que regula los derechos del consumidor.

Dicha normativa, permite identificar el principio general de descentralización institucional, al establecer las competencias concurrentes entre la nación y las provincias.

Asimismo, la Ley Nacional de Telecomunicaciones 19798 establece la jurisdicción nacional sobre los servicios de telecomunicaciones de una provincia interconectados con otra jurisdicción y le asigna al Poder Ejecutivo Nacional para fiscalizar toda actividad o servicio de telecomunicaciones. En efecto, el Decreto 1185/90 determina que la Comisión Nacional de Comunicaciones es quien tiene bajo su órbita la regulación administrativa, el control, fiscalización y verificación y le compete aplicar, interpretar y hacer cumplir la normativa en materia de comunicaciones.

En ese orden de ideas, en la causa bajo examen, nos encontramos precisamente frente a la protección de los usuarios del servicio telefónico en el marco de una relación de consumo y no con respecto a aspectos técnicos vinculados con la prestación del servicio, sin perjuicio de la posibilidad que tienen los usuarios de presentar sus reclamos ante la CNC, como bien lo establece el art. 25 de la normativa citada.

También resultan aplicables a la relación de consumo aquella normativa complementaria dictad a por las provincias en uso de sus facultades en defensa de los consumidores, tal como lo establece el artículo 41 de la Ley de Defensa del Consumidor que dice: «La Secretaría de Comercio Interior dependiente del Ministerio de Economía y Producción, será la autoridad nacional de aplicación de esta ley.La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias actuarán como autoridades locales de aplicación ejerciendo el control, vigilancia y juzgamiento en el cumplimiento de esta ley y de sus normas reglamentarias respecto de las presuntas infracciones cometidas en sus respectivas jurisdicciones.» Por su parte, en atención a la política de descentralización operante en la materia, la Provincia de Buenos Aires dictó la Ley 13133 que instrumentó el «Código Provincial de los Derechos de los Consumidores y Usuarios».

En lo que aquí interesa, es de utilidad recordar lo que rezan los siguientes artículos:

ARTÍCULO 79: Los Municipios ejercerán las funciones emergentes de esta Ley; de la Ley Nacional de Defensa del Consumidor, y de las disposiciones complementarias, de conformidad con los límites en materia de competencias y atribuciones.

ARTÍCULO 80: Los Municipios serán los encargados de aplicar los procedimientos y las sanciones previstos en esta Ley, respecto de las infracciones cometidas dentro de los límites de sus respectivos territorios y con los alcances establecidos en este artículo.

Las sanciones que apliquen los Municipios tendrán el efecto previsto en el artículo 70.

ARTÍCULO 81: Corresponde a los Municipios: a) Implementar el funcionamiento de un organismo o estructura administrativa que se encargará de ejecutar las funciones emergentes de esta ley. A tal efecto, podrán crearse estructuras administrativas u organismos especializados, o asignárselas a organismos ya existentes con potestades jurisdiccionales sobre cuestiones afines. b) Instrumentar la estructura correspondiente a la instancia del procedimiento y a la etapa resolutiva, cada una de las cuales tendrá un funcionario competente a cargo. c) Deberán asimismo capacitar a su personal y cuerpo de inspectores. d) Confeccionar anualmente estadísticas que comprenderán las resoluciones condenatorias contra proveedores de productos y servicios; los casos de negativa a celebrar acuerdos conciliatorios, y los incumplimientos de los acuerdos celebrados. Las estadísticas deberán ser divulgadas pública y periódicamente y elevadas a la Autoridad de Aplicación.e) Facilitar la tarea del Organismo Municipal encargado de aplicación de las funciones y atribuciones que les acuerda esta ley, creando tantas Oficinas Municipales de Información al Consumidor como lo consideren necesario, teniendo en cuenta sus características demográficas y geográficas.

Las Oficinas Municipales tendrán las siguientes funciones:

Prestar asesoramiento y evacuar consultas a los consumidores y usuarios.

Brindar información, orientación y educación al consumidor.

Fomentar y facilitar la creación y actuación de asociaciones locales de consumidores.

Efectuar controles sobre productos y servicios, en la medida que sean compatibles con el régimen de competencias municipal, y en su caso, elevar las actuaciones al organismo municipal de aplicación para la sustanciación del procedimiento pertinente.

Recibir denuncias de los consumidores y usuarios.

Fijar y celebrar conciliaciones entre el denunciante y la empresa denunciada.

Elevar las actuaciones al organismo municipal de aplicación en el caso que fracase la conciliación, o para su homologación.

Propiciar y aconsejar la creación de normativa protectiva de los consumidores en el ámbito de competencia municipal teniendo en cuenta la problemática local o regional.

Colaborar con el Gobierno Municipal en la difusión de las campañas de educación y orientación al consumidor.

Asistir al organismo municipal en todo lo que esté a su alcance.

En dicha inteligencia la Municipalidad de la Plata dictó el Decreto N°1089/2004, por el cual se creó en el ámbito de la Secretaría de Gobierno, la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor, que tiene a su cargo ejecutar la etapa correspondiente a la instancia del procedimiento administrativo establecido en el Capítulo IV de la Ley 13133, para la inspección, comprobación y determinación de las infracciones de la Ley 24240 y sus normas reglamentarias en la Provincia de Buenos Aires (art. 1°). Asimismo, se creó en el ámbito de la Secretaría de Justicia de Faltas y Control Urbano, el Juzgado Municipal de Defensa del Consumidor, que tiene a cargo la ejecución de la etapa resolutiva del sumario procedimental instado en la mencionada ley provincial (art.2).

Por último, y en atención al agravio respecto a que la Municipalidad ha actuado de oficio es de utilidad recordar que el artículo 37 de la Ley 13133, establece que el procedimiento administrativo puede iniciarse por denuncia del consumidor o de oficio, con lo cual estimo que no existe óbice para negar la competencia, dentro de este marco, de la Municipalidad de La Plata.

En suma, considero que en atención a una correcta armonización de toda la normativa citada, el Juzgado Municipal de Defensa del Consumidor, tiene competencia para ejercer las funciones, que en materia de protección de los derechos de usuarios y consumidores, se le han encomendado.

Por todo lo expuesto propongo al acuerdo rechazar el recurso de apelación interpuesto por Telefónica de Argentina, motivo por el cual cabe confirmar la sentencia de primera instancia. Costas de Alzada por su orden en atención a la ausencia de contestación del recurso. (artículo 68 CPCCN).

Así lo voto.

EL JUEZ SCHIFFRIN DIJO:

I- La actora, la empresa Telefónica de Argentina SA, solicitó, en este fuero de excepción, que se le brindara certeza acerca del marco normativo aplicable a las cuestiones referidas a la atención recibida por sus clientes en la oficina comercial de la ciudad de La Plata.

Esto es, frente al supuesto incumplimiento de las pautas dadas por el renovado artículo 27 de la ley 24240 (modificada por ley 26361), determinar que qué organismo, del ámbito nacional, provincial o municipal, es competente para ejercer el control y fiscalización del servicio telefónico domiciliario.

Dicho artículo reza: «Registro de reclamos. Atención personalizada. Las empresas prestadoras deben habilitar un registro de reclamos donde quedarán asentadas las presentaciones de los usuarios. Los mismos podrán efectuarse por nota, teléfono, fax, correo o correo electrónico, o por otro medio disponible, debiendo extenderse constancia con la identificación del reclamo.

Dichos reclamos deben ser satisfechos en plazos perentorios, conforme la reglamentación de la presente ley.Las empresa prestadoras de servicios públicos deberán garantizar la atención personalizada a los usuarios».

La respuesta aparecía, en forma clara, en la redacción original, la de 1993, del artículo 41 de la ley 24240, que trascribo a continuación:

«Aplicación nacional y local. La Secretaría de Industria y Comercio será la autoridad de aplicación de la presente ley. Los gobiernos provinciales y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires actuarán como autoridades locales de aplicación ejerciendo el control y vigilancia sobre el cumplimiento de la presente ley y sus normas complementarias respecto de los hechos sometidos a su jurisdicción. Las provincias, en ejercicio de sus atribuciones, podrán delegar sus funciones en organismos de su dependencia o en los gobiernos municipales.» En este contexto, el Senado y la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires sancionaron la ley no 13.133 (BO 5/01/2004 y modificada por ley no 14.514 del 4/07/2013), con el fin -entre otros- de establecer las reglas administrativas y judiciales para la efectiva implementación en el ámbito local de las normas de protección consagradas en la Ley Nacional de Defensa del Consumidor (art.1 inciso b).

Los legisladores, en la misma norma local, dedicaron el título IX, compuesto de los artículos 79 a 82, al tratamiento de las funciones de los Municipios.

Además, el decreto provincial no 1036/04 (del 24/05/2004), estableció que la Autoridad de Aplicación -Ministerio de la Producción- actuaría concurrentemente con los Municipios, en la vigilancia, control y juzgamiento en el marco de aplicación de la ley no 13.133, aún en aquellos casos en que las presuntas infracciones pudiesen afectar el comercio local.

La incerteza acerca de la competencia de los municipios es probable que se presente luego de la novel redacción del artículo 41 de la ley no 24240, que fuera modificada por ley no 26361 (7/04/2008).

En efecto, el artículo 17 de la ley no 26361 sustituyó el texto ya trascripto por el siguiente: «Aplicación nacional y local. La Secretaría de Comercio Interior dependiente del Ministerio de Economía y Producción, será la autoridad nacional de aplicación de esta ley. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias actuarán como autoridades locales de aplicación ejerciendo el control, vigilancia y juzgamiento en el cumplimiento de esta ley y de sus normas reglamentarias respecto de las presuntas infracciones cometidas en sus respectivas jurisdicciones.» De la lectura de este texto vemos que, por un lado se agregó el término juzgamiento, y por el otro se quitó la oración in fine, que mencionaba a los municipios.

Cabría preguntarse por qué el legislador modificó la redacción del artículo en forma tan sustancial, y la respuesta debe buscarse en los antecedentes parlamentarios de la norma.

Así, del análisis del proyecto debatido y sancionado en la Cámara de Diputados, como Cámara de origen, no surge la supresión, sino que se mantuvo el texto «Las provincias, en ejercicio de sus atribuciones, podrán delegar funciones en organismos de su dependencia o en los gobiernos municipales» (v.orden del día 306/2006).

Del debate en la Cámara revisora tampoco nace la eliminación. Apenas un comentario acerca de la palabra «juzgamiento» de la Senadora Negre de Alonso y una breve disq uisición de la Senadora Escudero acerca de que «El artículo 41 establece cual es la competencia de las provincias en materia de control» (v. versión taquigráfica de la sesión ordinaria del 19/12/2007, pág. 69, en http://www.senado.gov.ar).

No se advierte, entonces, la intención del legislador de cercenar las autonomías municipales, menos aun cuando las comunas son los principales representantes de los intereses de sus vecinos.

A poco que se medite, se podrá pensar que, quizás, se ha tratado de un error de tipeo, que trajo aparejada una confusión fácilmente subsanable con una interpretación armónica de las normas en pugna.

No admito una interpretación contrario sensu, dado que ella sería manifiestamente adversa a las incorporaciones que en materia de descentralización política y de los distintos matices de la autonomía municipal que los constituyentes del 94 efectuaron en los artículos 121 y 123 de la Constitución Nacional (cfr.

Rosatti, Horacio, «Tratado de Derecho Constitucional», Tomo II, Ed. Rubinzal -Culzoni Editores, 2011, pág. 602 y ss. y Hernández, Antonio María, «Derecho Constitucional», Tomo I, Ed., La Ley pág. 538 y ss.) En este correlato, también debemos tener presente al artículo 25 de la reformada ley 24240, el que dice en su parte pertinente: «.Los servicios públicos domiciliarios con legislación específica y cuya actuación sea controlada por los organismos que ella contempla serán regidos por esas normas y por la presente ley.En caso de duda sobre la normativa aplicable, resultara la más favorable para el consumidor.

Los usuarios de los servicios podrán presentar sus reclamos ante la autoridad instituida por legislación específica o ante la autoridad de aplicación de la presente ley.» Si acaso, como pretende la actora, sólo admitiéramos la protección que otorga el artículo 42 («En las dependencias de atención al público, los prestadores deberán exhibir carteles indicadores consignando que se encuentran a disposición el Libro de Quejas, el cuadro tarifario vigente y el Reglamento General de Clientes de Servicio Básico Telefónico»), del Reglamento General de Clientes de Servicio Básico Telefónico (RGCSBT) aprobado por resolución de la Secretaría de Comunicaciones no 10059/99 (BO 10/05/1999), y sólo se previera el amparo de la Comisión Nacional de Comunicaciones (art. 3 del RGCSBT y decreto no 1185/90) frente a los abusos contra los usuarios, estaríamos negando la tutela tripartita (Constitución, Ley y Reglamento) pensada y puesta en práctica por el legislador, con mucha más claridad y efectividad a partir de 2008.

Es cierto que no podemos perder de vista la doctrina que emana de la sentencia dictada en Fallos: 327:5771, la que no comparto. En ella, el caso que se ventilaba trataba de la actuación del Programa de Comercio, Servicios y Cooperativas de Ministerio de Economía de San Luis -autoridad de aplicación provincial de la ley 24240- que constató el incumplimiento de los artículo 4, 19, 25 y 27 de la ley de Defensa de Consumidor frente al reclamo de dos usuarias del servicio público domiciliario telefónico e impuso, a la empresa Telefónica de Argentina una multa con fundamento en el «retiro de atención al público inmediata y personal», esto una infracción a los artículos mencionados.El conflicto se desató porque la empresa demandada sostuvo la incompetencia del organismo provincial en razón de la materia, al no ser aplicable la ley 24240 al servicio telefónico, advirtiendo que todo reclamo administrativo correspondía a la Comisión Nacional de Comunicaciones.

Los Ministros de la Corte Suprema consideraron que «.se objeta fundamentalmente la competencia de la administración local misma para ejercer el control o intervenir en el desarrollo de la actividad de la peticionaria -servicio de telecomunicaciones- en razón de que la facultad de fiscalización respectiva ha sido conferida exclusivamente a organismos nacionales específicos por las normas federales que regulan la materia (entre ellas, la ley 19.798; el decreto 1185/90 y sus modificatorios, etc.). Que en razón de ello, «. la correcta decisión sobre la apelación judicial interpuesta exige precisar el sentido y los alcances de las referidas normas federales en que la recurrente funda su posición, dictadas por el Estado Nacional en ejercicio de las facultades conferidas por la ley nacional de telecomunicaciones 19.798, así como discernir la posible compatibilidad entre ese marco normativo y el instituido por la ley 24.240 —de defensa del consumidor—, a tenor de lo dispuesto en el último apartado de su art. 25, cometidos que exceden los encomendados a los tribunales provinciales y que se encuentran reservados a la jurisdicción federal ratione materiae (confr. doctrina de Fallos: 315:1883 y 324:4468)». El resaltado me pertenece.

Este criterio fue sostenido por la mayoría firmante en Fallos: 330:215, sin embargo, me permito rescatar la opinión en minoría del Dr. Lorenzetti que subrayó «Que la ley 24.240 comporta un marco de integración armónico con las normas que regulan el servicio telefónico. En efecto, la supletoriedad prevista en el art. 25 de la ley, en relación con los servicios públicos domiciliarios con legislación específica, controlados por organismos allí previstos, debe ser entendida como su aplicación en ausencia de previsión, pero no una subordinación del microsistema del consumo.Es que en supuestos de pluralidad de fuentes, no cabe la solución jerárquica sino la integración armónica» Si bien esta cita es anterior a la ley 26361 -el fallo citado es del 8 de mayo de 2007-, toma una relevancia particular al confrontarla con el nuevo artículo 25 ya citado, porque el dictum constituye una postura destinada a armonizar todas las normas relativas al tema en pos del usuario, que es mantenida en una disidencia posterior (T. 123. XLIV. del 4 de agosto de 2009).

Para una mejor comprensión veamos la redacción original de la parte pertinente del artículo 25 -la que tuvo a la vista la Corte al momento del fallo-:

«.Los servicios públicos domiciliarios con legislación específica y cuya actuación sea controlada por los organismos que ella contempla, serán regidos por esas normas, aplicándose la ley supletoriamente.» En cambio, el actual artículo 25, en lo que aquí interesa reza «Los servicios públicos domiciliarios con legislación específica y cuya actuación sea controlada por los organismos que ella contempla serán regidos por esas normas y por la presente ley.En caso de duda sobre la normativa aplicable, resultará la más favorable para el consumidor.

Los usuarios de los servicios públicos podrán presentar sus reclamos ante la autoridad instituida por legislación específica o ante la autoridad de aplicación de la presente ley» Frente a esta realidad legislativa acerca de la amplísima protección del usuario de servicios públicos domiciliarios y su incorporación dentro de la Ley de Defensa del Consumidor, debemos superar la anacronía que suponen las decisiones jurisprudenciales de la mayoría mencionadas anteriormente.

Mutaciones que se van dando desde las minorías firmantes.

Es claro el cambio de paradigma en la legislación que rescata a esta franja de usuarios y consumidores como la parte más vulnerable de la relación de consumo en el servicio telefónico, y otorga mejores condiciones de trato que las leyes que regulan específicamente y en particular las cuestiones técnicas de la prestación del servicio telefónico nacional (ley no 19.798 y cc.).

En esta misma línea, es preciso entender que cuando se trata del cuidado y amparo del usuario o del consumidor, la inmediatez y estrechez de la relación entre el municipio y el público, lo torna el órgano de poder más cercano a los conflictos que pudieren suscitarse al respecto.

Por ello, no encuentro argumentos que permitan excluir a los municipios como autoridades de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, dentro, claro, está de su ámbito territorial.

Finalmente, me permito trascribir las palabras que los Dres.Lorenzetti y Zaffaroni esgrimieron en su voto en disidencia en Fallos 330:3098.

«El principio protectorio de los consumidores es un mandato que debe llevar a realizar los mayores esfuerzos hermenéuticos a los fines de obtener una igualdad negocial informativa, la que a su vez es coherente con la buena fe contractual.

La noción de igualdad constitucional exige establecer instrumentos que disminuyan las distancias cognoscitivas que existen entre expertos y profanos en el ámbito de las prestaciones.

El principio de la transparencia en el mercado favorece la difusión de la información, ya que ésta es el antídoto del error.

.La tutela constitucional del contrato también lleva a una conclusión similar. Una mayor información mejora el discernimiento, lo cual conduce a una mejora del consentimiento genético y del asentimiento respecto de actos posteriores. Una aceptación informada con plenitud disminuirá sensiblemente los motivos para para las quejas, y los litigios innecesarios.» De lo que se trata en sí, es proteger a la parte más débil en una relación de consumo, y una manera de implementar dicha protección es evitando caminos sinuosos e intransitables que impidan obtener una respuesta expedita.

Por lo expuesto y, en los presentes términos, comparto la solución de mi colega preopinante.

Por ello, SE RESUELVE: Rechazar el recurso de apelación interpuesto por Telefónica de Argentina, y confirmar la sentencia de primera instancia.

Costas de Alzada por su orden en atención a la ausencia de contestación del recurso (artículo 68 CPCCN).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo: César Álvarez – Leopoldo H. Schiffrin – Olga A. Calitri (Art. 109, R.J.N.).

Jueces de Cámara.-

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