El fraude por interposición de personas requiere más pruebas que el impartir órdenes y abonar salarios

shutterstock_2320825Partes: Araujo Alberto c/ Semec SRL y otra y/o quien resulte responsable s/ laboral

Tribunal: Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes

Fecha: 24-jun-2014

Cita: MJ-JU-M-87055-AR | MJJ87055

No se hace lugar al pedido de extensión de responsabilidad en tanto impartir órdenes y abonar salarios no son por sí mismas situaciones que prueben la existencia de fraude por interposición de personas.

Sumario:

1.-Cabe confirmar el rechazo del pedido de extensión de responsabilidad, pues la circunstancia de que la persona física codemandada haya impartido directivas y abonado los salarios no permite inferir que haya sido beneficiaria directa de los servicios prestados por el actor; y tampoco ha demostrado que se trate de un caso de fraude por interposición de personas, ni que la sociedad empleadora haya sido utilizada para lograr fines personales ajenos a la finalidad societaria en los términos de los arts. 59 y 274 de la LSC.

2.-Si se pretende responsabilizar a los socios, controlantes, administradores o directores de una sociedad se deberán indicar los hechos que determinan la imputación de responsabilidad patronal, así como las normas jurídicas que sustentan la pretensión teniendo en cuenta el tipo societario y el cargo desempeñado; en ese sentido, debe existir un concreto planteo para que la actuación de la sociedad se impute directamente a quien la hiciera posible.

Fallo:

En la ciudad de Corrientes, a los veinticuatro días del mes de junio de dos mil catorce, estando reunidos los señores Ministros del Superior Tribunal de Justicia, Doctores Fernando Augusto Niz y Alejandro Alberto Chaín, con la Presidencia del Dr. Guillermo Horacio Semhan, asistidos de la Secretaria Jurisdiccional Dra. Marisa Esther Spagnolo, tomaron en consideración el Expediente Nº MXP – 1243/9, caratulado: “ARAUJO ALBERTO C/ SEMEC SRL Y OTRA Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE S/ LABORAL”. Habiéndose establecido el siguiente orden de votación: Doctores Fernando Augusto Niz, Guillermo Horacio Semhan y Alejandro Alberto Chaín.

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA SE PLANTEA LA SIGUIENTE:

CUESTION

¿QUÉ PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR EN AUTOS?

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR FERNANDO AUGUSTO NIZ, dice:

I.- Contra la Sentencia Nº 31 pronunciada por la Excma. Cámara de Apelaciones de Curuzú Cuatiá (Ctes.) a fs. 174/181 vta., que resuelve rechazar el recurso de apelación interpuesto por el actor, con costas, éste deduce el recurso de inaplicabilidad de ley en tratamiento (fs. 186/200 vta.).

II.- Se encuentran satisfechos los recaudos de admisibilidad del medio impugnativo en análisis, al haber sido planteado fundadamente, contra sentencia definitiva dictada por la Excma. Cámara y dentro del plazo de ley, no estando obligada al cumplimiento del depósito previsto por el art.104 de la Ley 3540, por representar a la parte obrera.

III.- En lo que interesa destacar a los fines del recurso interpuesto, la parte actora pretende la extensión de la condena impuesta a la empleadora SEMEC SRL a la codemandada Riera, socia integrante de aquella.

En su extenso escrito recursivo denuncia errónea aplicación de la ley y absurdo valorativo, expresando además que la CSJN remarcó que debe admitirse el recurso extraordinario en aquellos supuestos donde el acto jurisdiccional carece de los requisitos mínimos que lo sustenten válidamente como tal, en razón de arbitrariedad manifiesta derivada del apartamiento de constancias comprobadas de la causa y omisión de tratamiento de cuestiones sustanciales planteadas.

Sostiene en lo esencial que se trató de una relación sin registración, en la que firmaba recibos por honorarios como contraprestación por sus servicios en relación de dependencia; que la suma percibida por dichos trabajos eran entregados primeramente por Miguel Ledesma y luego del fallecimiento de éste, por su esposa, la codemandada Riera, quien le pagaba mensualmente, sin haber ésta demostrado nada respecto de la existencia de la sociedad ni del carácter que supuestamente desempeñaba. Y que su parte expuso un relato claro y preciso en la demanda, invocando la normativa que podría serle aplicada en función de los mismos.

Expresa que de lo señalado por la Cámara respecto de los dichos de los testigos -quienes no hacen otra cosa que describir los hechos según aparecía ante sus ojos-, no puede derivarse nada en contra de su pretensión, ya que sólo era una apariencia; y quien debió demostrar su verdadera realidad era la Sra. Riera; no admitiendo el recurrente que la única responsable sea la empresa, ya que no se acreditó absolutamente nada sobre su existencia y funcionamiento (fs. 197 y vta.). De allí que la accionante pretende la aplicación al caso de lo dispuesto por el art. 14 de la Ley de Contrato de Trabajo o de los arts. 54, 59 y 274 de la ley 19.550 (fs.199 vta.).

Afirma que el “a quo” aplica erróneamente la ley “al tener por acreditada la real existencia de una persona jurídica como SEMEC SRL, cuya existencia no fue acreditada en autos […]” (fs. 193), así como la función de socia gerente suplente de SEMEC SRL a la codemandada MARIA LUISA RIERA, que tampoco lo fue, valorando errónea y arbitrariamente el material probatorio obrante en autos.

Finalmente endilga al sentenciate no resolver cuestiones concretamente planteadas refiriéndose a su solicitud de que en caso de confirmarse la sentencia en crisis en cuanto excluye de responsabilidad a la codemandada Riera, revoque las costas impuestas a su parte y las imponga en el orden causado (citando como fundamento la Sentencia N° 28/13 de este Superior Tribunal).

IV.- El Tribunal “a quo” consideró no verificados en autos los presupuestos para trasponer la personalidad jurídica de la sociedad empleadora y extender la responsabilidad de manera solidaria a su integrante codemandada. En tal sentido expresó que era preciso acudir a los términos expuestos en la demanda, en la que el actor señaló – siempre- que su vínculo existió respecto de SEMEC SRL y que tal circunstancia surge de las expresiones que transcribe a fs. 177 vta., a las que me remito por razones de brevedad.

Así expresó que de ellas surge, en todo caso, que Riera actuaba como representante de la sociedad SEMEC SRL, de la que era socia según surge del informe de Inspección General de Personas Jurídicas obrante a fs. 107, integración que consideró debía tenerse por vigente dado que no se han registrado las modificaciones societarias que la codemandada denunciara al contestar la demanda. Por lo que expresó que la actuación de la Sra. Riera lo fue en esa calidad y no a título personal.A lo que el sentenciante agregó que así debe ser considerado, más allá de la posibilidad de presentarse como una actuación societaria irregular, configurado por los sucesivos fallecimientos de los socios LEDESMA (Miguel Ángel y Daniel José), circunstancia que, en todo caso -dijo-, podría conformar alguna responsabilidad intrasocietaria entre Riera y la socia restante (Gogorza), pero que no excluye ni modifica el carácter en que las decisiones de la codemandada fueron adoptadas, en la intención de continuar con el giro de la empresa.

Afirmó que la crítica del apelante no alcanza entidad suficiente para conmover los argumentos del juez de grado, resultando la imposibilidad de extender la condena a la persona física que actuó en la relación con el actor como representante de la persona jurídica, de la cual -aseveró- se diferencia con absoluta obviedad; llegando a la misma conclusión si se pretende extender la responsabilidad tanto mediante las normas relativas a la solidaridad laboral derivada de la acusación de fraude laboral (art. 14, ley 20.744) o de las pertinentes de la Ley de Sociedades N° 19.550, al no haberse descripto con precisión suficiente cuáles serían los hechos justificantes para su aplicación al caso concreto.

Asimismo, luego de transcribir en lo pertinente la Sentencia N° 16/10 de este Superior Tribunal recaída en caso análogo, y su propia jurisprudencia, analizó los hechos que consideró acreditados por las pruebas incorporadas a la causa, comparando para ello lo expresado por el actor en su demanda, las declaraciones de distintos testigos y el informe de la Inspección General de Personas Jurídicas y en razón de todo ello, concluyó que la Sra.Riera jamás actuó en carácter personal, como empleadora directa del actor, sino en representación -extralimitada o no- de la sociedad SEMEC SRL, de la que formó parte.

E impuso las costas al actor, dada su condición de vencido.

V.- Tras el análisis de los fundamentos que sustentan la sentencia atacada y los agravios precedentemente sintetizados que endilgan errónea aplicación de la ley, absurdo valorativo y arbitrariedad al fallo de la Cámara “a quo”, dejo anticipado desde ya mi voto en el sentido de la improcedencia del recurso en tratamiento, toda vez que lo decidido, -más allá que pueda o no ser compartido-, en modo alguno resulta pasible de la tacha que se le imputa.

Ello es así, al advertir una verdadera imprecisión en la forma de plantear la extensión de responsabilidad a una de las socias de la firma demandada en el escrito de demanda, pues el recurrente omitió ya desde el promocional fundamentar su pe-/ dido; y la sentencia de Cámara que reparó en ese déficit cuenta con fundamentación suficiente, resultando ajustada a derecho y a la jurisprudencia de este Superior Tribunal.

Expresó el accionante en su postulación: “Realizaba las tareas de guardia médica […] asistiendo a las víctimas de innumerables accidentes […] trasladándolos a la clínica […] en vehículos ambulancia de la firma Semec S.R.L. […]”; “La firma Semec S.R.L. estuvo en sus comienzos integrada por […]”; “La presente se dirige a la empresa y persona referida, en razón de que se desconoce la realidad legal de la misma, apareciendo la Sra. María Luisa Riera ante el actor, como titular de la misma […]”.

(Lo resaltado me pertenece).

Surge de lo precedentemente transcripto que el actor demandó a la empresa Semec S.R.L., reconociendo manifiestamente su calidad de empleadora, indicando que siempre estuvo sujeto a las órdenes del Dr. Daniel Ledesma y, luego de su fallecimiento, a las de la Sra.Riera.

La circunstancia que esta última haya impartido directivas y abonado los salarios, no permite inferir que haya sido beneficiaria directa de los servicios prestados por el actor como ahora pretende; por lo menos en las especiales circunstancias del caso.

Tampoco ha demostrado que se trate de un caso de fraude por interposición de personas; ni que la sociedad empleadora haya sido utilizada para lograr fines personales ajenos a la finalidad societaria en los términos de los arts. 59 y 274 de la LSC.

Al respecto tiene dicho el Máximo Tribunal Nacional que: “Desde esta perspectiva, resulta irrazonable que el simple relato del actor, sin mencionar el respaldo de otras pruebas producidas en la causa, tenga la virtualidad de generar la aplicación de una causal de responsabilidad en materia societaria que tiene carácter excepcional, sin la debida justificación.” (CSJN, 31/10/02, “Carballo c. Kanmar S.A.”, T y SS, 2002-934).

Aún si la persona física codemandada integró el ente societario (ver informe Inspección General de Personas Jurídicas, fs. 107), no puede confundirse su figura con la de la sociedad, pues ésta es un sujeto de derecho con el alcance fijado en la ley. Y los actos realizados por los integr antes de una sociedad no pueden ser imputados a título personal, dada la diferenciación de personalidad que emerge de la ley 19550 y de los arts. 33 y sgtes. del Código Civil. Por lo que la eventual responsabilidad de los socios por los actos de la sociedad nace cuando se acredita en forma categórica y contundente un fraude, no alcanzando, por tanto, las meras suposiciones que el recurrente pueda tener.

Ya lo tiene dicho este Superior Tribunal: “[…] como es sabido, las obligaciones solidarias en el derecho del trabajo provienen siempre de la ley. Por tal motivo si el demandante pretende la responsabilidad solidaria entre la firma demandada y uno o más de sus miembros, debió exponer y demostrar los hechos tendientes a que se da en el caso el supuesto previsto por la ley 19.550.[…] Es que las manifestaciones genéricas resultan insuficientes para condenar a los directivos, ya que la regla es que la sociedad es una persona jurídica distinta de las personas que la integran y solo de modo excepcional puede extenderse la responsabilidad que le cabe a la primera a los socios, controlantes, administradores y representantes siempre y cuando se acrediten los extremos de hecho contemplados en la ley. […]” (Sentencia Laboral N° 19, 7/4/10, Expte. N° EXP-4448/7, entre otras).

En el concreto caso, el actor siquiera intentó fundar por qué razones pretendía que se extendiera la responsabilidad de la firma demandada a la codemandada Riera. Tan sólo invocó los arts. 14 de la LCT y 54, 59 y 274 de la Ley de Sociedades Comerciales, cuando debió estipularlo con claridad y probarlo. Y éstas resultan omisiones sustanciales que impiden la extensión de responsabilidad a la codemandada como lo decidiera la Cámara “a quo”.

“Si se pretende responsabilizar a los socios, controlantes, administradores o directores de una sociedad, se deberán indicar los hechos que determinan la imputación de responsabilidad patronal así como las normas jurídicas que sustentan la pretensión teniendo en cuenta el tipo societario y el cargo desempeñado; debe existir un concreto planteo para que la actuación de la sociedad se impute directamente a quien la hiciera posible”. (S.T.J. Ctes., Sent. N° 16, 25/3/10, Expte. N° C02-41036118/7).

Finalmente, habiendo dado el tribunal “a quo” acabada respuesta para desestimar las objeciones esgrimidas por el accionante -al reclamar la extensión de condena a la codemandada Riera- la fundamentación sentencial no puede ser desvirtuada reiterando argumentos como los que expuso al apelar la sentencia del primer grado, sin alegar y acreditar un caso de ilegalidad o de absurdo en la ponderación del material fáctico y probatorio.No existe, en rigor de verdad, una crítica razonada a la apoyatura legal del fallo.

Por lo que, incumpliendo el recurrente la carga de demostrar la existencia de infracción a la ley o el desacierto o incongruencia del decisorio con los hechos probados en juicio y el derecho aplicable, estas omisiones conllevan al rechazo del recurso en tratamiento y la confirmación de la sentencia atacada en punto a la extensión de responsabilidad pretendida.

VI.- Respecto del agravio referido a las costas de Primera Instancia y su no tratamiento por la Cámara, no menos cierto es que al decidir imponerlas al actor vencido en la parte dispositiva, cabe interpretar que no encontró motivos como para apartarse del principio objetivo de la derrota.

Ahora bien, examinados los fundamentos expuestos por el recurrente a la luz del precedente que cita y constancias obrantes en la causa, se desprende que las características de la relación pretendida en el “sub exámine” pudieron llevar al actor a considerarse con derecho a litigar contra la recurrida, siendo en consecuencia el planteo análogo a la jurisprudencia invocada.

En efecto, el hecho de haber impartido directivas la codemandada Riera y abonado los salarios obraron como circunstancias que seguramente motivaron a entablar la demanda contra ella, sin perjuicio de las imprecisiones que han quedado constatadas en este proceso, al no haberse descripto con concreción suficiente cuáles fueron los hechos justificantes de un pedido de extensión de responsabilidad en los términos de la Ley de Sociedades Comerciales; pero que tiene entidad para fundar la imposición de costas en el orden causado en todas las instancias, tal como se resolvió en el precedente que cita el recurrente (STJ Ctes., Expte. N° MXP-1514/10, Sent. Laboral N° 28/13).

Consecuentemente, existen motivos para apartarse del principio general contenido en el art. 87 de la ley 3540 y, en razón de lo disciplinado en el art.88 de dicha norma, corresponderá imponer las costas en todas las instancias por el orden causado, revocándose, en lo pertinente, las sentencias de primera y segunda instancia.

VII.- Por todo lo expuesto y si este voto es compartido por la mayoría de mis pares, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto a fs. 186/200 vta., imponiendo las costas en todas las instancias por el orden causado, revocándose, en lo pertinente, las sentencias de primera y segunda instancia; y confirmando en todo lo demás la recurrida. Regular los honorarios profesionales del Dr. Pedro A. Destéfani, por el actor y los correspondientes al Dr. Rubén Luis Zambón, por la codemandada, en un 30% de la cantidad que, respectivamente, quede establecida para cada uno de ellos en primera instancia (art. 14, ley N° 5822), y en la calidad de Monotributistas que revisten frente al I.V.A.

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR GUILLERMO HORACIO SEMHAN, dice:

Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Fernando Augusto Niz, por compartir sus fundamentos.

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO

DOCTOR ALEJANDRO ALBERTO CHAIN, dice:

Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Fernando Augusto Niz, por compartir sus fundamentos.

En mérito del precedente Acuerdo el Superior Tribunal de Justicia dicta la siguiente:

SENTENCIA Nº 40

1°) Hacer lugar parcialmente al recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto a fs. 186/200 vta., imponiendo las costas en todas las instancias por el orden causado, revocándose, en lo pertinente, las sentencias de primera y segunda instancia; y confirmando en todo lo demás la recurrida. 2°) Regular los honorarios profesionales del Dr.

Pedro A. Destéfani, por el actor y los correspondientes al Dr. Rubén Luis Zambón, por la codemandada, en un 30% de la cantidad que, respectivamente, quede establecida para cada uno de ellos en primera instancia (art. 14, ley N° 5822), y en la calidad de Monotributistas que revisten frente al I.V.A. 3°) Insértese y notifíquese.

Fdo:

Dres. Fernando Niz

Guillermo Semhan

Alejandro Chain.

  1. Denuncia de fraude de hipolito es otra justificacion ante su derrota http://bit.ly/2kOwiht

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