La ilegitimidad de una huelga no autoriza por si mismo el terminar la relación laboral

shutterstock_137891282Partes: Suárez Walter René y otro c/ Jorge L. Tolosa S.A. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: II

Fecha: 13-may-2014

Cita: MJ-JU-M-87048-AR | MJJ87048

Tipificar como ilegítima la huelga en la que participaron los trabajadores afectados, no demuestra por sí mismo la configuración de una injuria que autorice la resolución del vínculo laboral.

Sumario:

1.-La mera circunstancia de participar en una medida de acción directa, aún cuando en el plano colectivo ésta pudiera llegar a ser considerada ilegítima, no basta para concluir que el despido de los trabajadores que participaron en ella fue efectuado con justa causa en los términos del art. 242 LCT., ya que resulta imprescindible valorar si la conducta individual que cada uno de ellos adoptó durante la medida unida a las circunstancias personales del caso concreto -analizadas en el plano jurídico del derecho individual- resultaron determinantes de una injuria que, por su gravedad, no consentía la prosecución del contrato de trabajo.

2.-Resulta inatendible el agravio de la demandada basado en la ilegitimidad de la medida de fuerza llevada a cabo por varios trabajadores, pues prescinde de relacionar el incumplimiento al débito laboral que ello pudo implicar con las circunstancias específicas de la relación laboral que mantuvo con cada actor y con los antecedentes de éstos.

3.-Aun admitiendo que los actores hayan incurrido en un incumplimiento a su débito laboral al participar en la medida de acción directa, la falta de toda intimación previa a la decisión de ruptura deja a ésta desprovista de fundamento válido.

Fallo:

VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, el 13/5/14, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

Miguel Ángel Pirolo dijo:

La sentencia de primera instancia y su aclaratoria de fs. 348, hicieron lugar en lo principal a las pretensiones salariales, indemnizatorias y sancionatorias deducidas en el escrito inicial; pero rechazó las indemnizaciones reclamada en base a la LNE.

A fin de que sea revisada esa decisión por este Tribunal de Alzada, interpusieron sendos recursos de apelación la parte actora y la parte demandada, en los términos y con los alcances que explicitan en sus respectivas expresiones de agravios (fs. 322/324 y fs. 326/334 y 350/351). A su vez el perito contador, y la representación y patrocinio letrado de la parte actora, cuestionan los honorarios regulados en su favor por estimarlos reducidos (fs. 217 y 321).

Al fundamentar el recurso, la parte actora se agravia por cuanto el a quo rechazó el reclamo fundado en la LNE.

Al fundamentar el recurso la parte demandada se agravia por cuanto el juez de grado consideró que el despido dispuesto por ella no resultó ajustado a derecho.Cuestiona la valoración que efectuó el sentenciante de anterior instancia de la prueba testimonial producida en autos y la liquidación practicada dado que, al efectuar los cálculos, consideró acreditadas la fecha de ingreso y las remuneraciones denunciadas en el escrito inicial.

Sólo con el fin de adecuar el tratamiento de las cuestiones planteadas a un método expositivo que posibilite un lógico desarrollo argumental, estimo conveniente analizar en primer término los agravios expresados por la parte demandada.

Se agravia la demandada por cuanto el a quo consideró que el despido por ella dispuesto no resultó ajustado a derecho.

Los términos de los agravios imponen memorar que -más allá de los cuestiones planteadas en autos respecto de la fecha en la cual se produjeron los despidos directos de los actores- lo cierto es que no se encuentra discutido que la demandada resolvió el contrato laboral habido con los actores en los siguientes términos: “.Habiendo protagonizado el día 15 de febrero de 2012 una medida de fuerza consistente en la retracción o disminución voluntaria de la producción por debajo de los límites normales (“trabajo a desgano”), persistiendo en dicha ilegítima actitud durante toda la jornada del 16-02-12 no obstante haber sido adoptada la citada medida de acción directa encontrándose plenamente vigente la instancia obligatoria de conciliación dictada el pasado 3 de febrero de 2012 por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Morón (Expte. 21530-9931/12) en marco del conflicto colectivo que diera origen a las citadas actuaciones, constituyendo su ilegítima conducta claro incumplimiento contractual que por su gravedad no consiente la prosecución del vínculo laboral, notificamos a Ud.prescindimos de sus servicios a partir del día de la fecha.”

En tales condiciones, y negados que fueran por los actores los incumplimientos alegados en las respectivas comunicaciones extintivas, se encontraba a cargo de la demandada acreditar la existencia de las irregularidades que se invocaron en sustento de la extinción y si, de haber existido, resultaban suficientemente injuriosas como para extinguir el vínculo laboral (art. 377 CPCCN); y, a mi entender, no lo ha logrado.

Sentado lo expuesto, los términos del planteo revisor imponen señalar, en primer término, que la mera circunstancia de participar en una medida de acción directa, aún cuando en el plano colectivo ésta pudiera llegar a ser considerada ilegítima, no basta para concluir que el despido de los trabajadores que participaron en ellas fue efectuado con justa causa en los términos del art. 242 LCT, ya que resulta imprescindible valorar si la conducta individual que cada uno de ellos adoptó durante la medida unida a las circunstancias personales del caso concreto -analizadas en el plano jurídico del derecho individual- resultaron determinantes de una injuria que, por su gravedad, no consentía la prosecución del contrato de trabajo (En idéntico sentido CNAT, Sala X, in re “Ayala, Pablo c/ San Antonio de Padua S.A. s/ despido” Sent del 19/04/00; CNAT Sala IV, in re “Ferreyra, Rubén c/ Proveduría para el Personal del Banco de la Pcia. de Bs. As. s/ despido”, Sent. del 10/08/95; CNAT, Sala VI, Romano Elisabet c/ Obra Social del Personal de la Industria Textil s/ despido” Sent. del 8/07/93; CNAT, Sala III, in re “Ramos Humberto c/ Murchinson SA Estibajes y Cargas y otros s/ despido” sent.del 6/12/96; esta Sala in re “Lobur Luis Miguel c/ Elisabel SA s/ despido” SD 94.947 del 24/4/07).

Desde esa perspectiva resulta inatendible el agravio de la demandada basado en la ilegitimidad de la medida de fuerza llevada a cabo por varios trabajadores, pues prescinde de relacionar el incumplimiento al débito laboral que ello pudo implicar, con las circunstancias específicas de la relación laboral que mantuvo con cada actor y con los antecedentes de éstos.

En efecto, tal como he señalado precedentemente, la demandada despidió a los actores alegando su participación en una medida de fuerza durante dos días, que, además, habría importado una actitud ilegítima por encontrarse ambas partes en la instancia obligatoria de conciliación por ante el Ministerio de Trabajo; y, lo cierto es que, más allá de la alegada ilegitimidad de la medida, tal descalificación, por sí sola, no demuestra la configuración de una injuria que autorizara la resolución del vínculo, más aún cuando, como en el caso de autos, no existió una intimación previa y contemporánea al distracto, que diera a los accionantes la oportunidad de cesar en su presunto incumplimiento.

En otras palabras, aún admitiendo que los actores hayan incurrido en un incumplimiento a su débito laboral al participar en la medida de acción directa, la falta de toda intimación previa a la decisión de ruptura deja a ésta desprovista de fundamento válido. En efecto, la actitud asumida por la demandada aparece como contrapuesta a las directivas que emanan de los arts. 10, 62 y 63 de la LCT que le imponían intimar previamente al cese por parte de los trabajadores de los incumplimientos imputados. En el marco de la relación individual de trabajo, no basta que existan ciertos incumplimientos de alguna de las partes para que se justifique sin más la ruptura del vínculo porque el deber de obrar de buena fe y, fundamentalmente, el principio de conservación del contrato (art.10 cit.), exigen que a tal solución se arribe luego de haber dado ocasión a la incumplidora de modificar su actitud mediante la intimación pertinente (salvo cuando existiese un incumplimiento de suma gravedad y no fuera posible subsanarlo mediante diligencias posteriores a una intimación). En el caso de autos, como se vio, no ha existido intimación previa a la decisión de ruptura que diera ocasión a los accionados de cesar en su presunto incumplimiento, por lo que no cabe duda que tal decisión carece de causa que la justifique.

Por otra parte, es evidente que el incumplimiento individual de cada actor debió haber sido analizado en el marco de sus antecedentes para poder establecer si pudo haber sido sancionado con alguna medida disciplinaria proporcionada a la falta (arg. art. 67 LCT), antes de adoptar la extrema decisión de resolver el vínculo.

Además, la parte demandada no produjo prueba alguna que acredite la magnitud del incumplimiento al débito laboral, que atribuye a los actores -en forma individual y personal-, más allá de su participación en la medida de acción directa, ni que hayan ejercido de modo abusivo su participación en esa medida. En efecto, en la rogatoria que obra glosada por cuerda a las presentes actuaciones, los testigos Kuriger (fs. 15), Rinkunas (fs. 16), Rodríguez (fs. 18), y Garnica (fs.20) si bien afirmaron que entre el 15/2/12 y 16/2/12 protagonizaron -junto a otros compañeros- una medida de acción directa que consistió en bajar el ritmo de la producción de cuarenta medias reses a diez por hora, no indicaron en modo alguno que, más allá de la existencia de la medida de fuerza en sí misma, los actores hayan ejercido abusivamente esa medida ni de cuál habría sido la disminución en el ritmo de producción en la que, concretamente, habrían incurrido Suárez y Arias ni aportan evidencia alguna de que los actores hayan incurrido en algún tipo de conducta agresiva o violenta que excediera de la mera participación pacífica en la medida.

En función de todo lo expuesto precedentemente, propongo se confirme la sentencia de anterior grado en cuanto consideró que el despido directo dispuesto por la accionada no resultó ajustado a derecho.

Se agravia la parte demandada por cuanto el a quo consideró acreditada la fecha de ingreso denunciada por los actores en el escrito inicial.

Los términos del agravio imponen memorar que el actor Suárez dijo que ingresó a trabajar el 3/6/08, en tanto Arias sostuvo haber ingresado a trabajar el 2/2/01 (ver fs. 6 vta). La demandada negó dichas circunstancias y afirmó que el primero de los accionados había ingresado el 3/10/08 y que Arias lo había hecho el 18/7/03 (ver fs. 66 vta./67).

En atención a la forma en que ha quedado trabada la litis, incumbía a los actores acreditar que ingresaron a trabajar con anterioridad a la fecha en que los registró la demandada (art. 377 CPCCN); y, a mi entender, lo han logrado.

En efecto, el testigo Fernández (fs. 183) dijo que fue compañero de trabajo de los actores. Explicó que ingresó a trabajar para la demandada a fines del ’99 y que Arias lo hizo a principios del 2001, en tanto Suárez ingresó en junio de 2008.

A su vez, Ramírez (fs.184/185) dijo que ingresó a trabajar para la demandada a mediados del 2002 y que Arias ya estaba trabajando. Agregó que Suárez ingresó en junio de 2008.

El testigo Acosta (fs. 181/182) dijo que ingresó a trabajar para la demandada en el año 1999 y que se desempeñó hasta 2007, y que, luego en el año 2010 reingresó. Explicó que Arias ingresó a principios de 2001 y que cuando el dicente reingresó en 2010, Suárez ya estaba trabajando.

Si bien la recurrente cuestiona la objetividad de los reseñados testimonios, lo cierto es que la concordancia y uniformidad de sus declaraciones con respecto al momento en el cual ubican el inicio de la relación laboral de los actores me llevan a aceptar la evidencia que surge de sus dichos (conf. art. 90 LO). Por otra parte, sus manifestaciones resultan coherentes y objetivas y no denotan una intención o un interés personal en perjudicar a la demandada ni en favorecer a los actores. Nada prueba en autos que sus manifestaciones sean falsas; ni está demostrado que tuvieran algún grado de enemistad, animadversión, o rencor personal hacia la accionada o a sus directivos que los indujera a declarar del modo en que lo hicieron. Ello me persuade que no han declarado en esta causa con el deliberado ánimo de perjudicarlo sino, simplemente, diciendo la verdad. Valorando en conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica los testimonios producidos a instancia de la parte actora (conf. art.386 CPCCN y 90 LO), entiendo que está suficientemente acreditado que Arias y Suárez ingresaron a trabajar con anterioridad a la fecha en la cual fueron registrados por la demandada como de inicio de la relación.

El argumento vertido por la demandada respecto de que, mediante la prueba pericial contable se encontraría acreditado que la fecha de ingreso de los actores fue correctamente registrada por la demandada, a mi entender, carece de virtualidad para modificar la conclusión expuesta precedentemente, dado que, aún cuando la empleadora haya demostrado mediante la prueba pericial contable, que en sus libros se asentó como fecha de ingreso de Suárez el 3/10/08 y la de Arias el 18/7/03, lo cierto y concreto es que ello no implica que el contenido de dichos asientos sean veraces y que las constancias allí consignadas, no pueden ser opuestas al trabajador. Esta Sala ha sostenido que “.los libros aún llevados en legal forma, no hacen plena prueba de su contenido, si existen otros elementos de juicio que los contradigan, ya que los datos allí volcados, por emanar exclusivamente del empleador son inoponibles al trabajador.” (sent. 82063 del 23/10/97 “Schwarzfeld, Christian c/ Arescar SA s/ despido”). Ello es así, porque la contabilidad de la empresa sólo refleja una declaración unilateral de la voluntad del empleador, a la que no tiene acceso el trabajador para su control y/o modificación.

Por otra parte, en tanto está acreditada mediante la prueba testimonial analizada precedentemente que los actores comenzaron a prestar servicios para la demandada con anterioridad a la fecha registrada por ésta, tal circunstancia lleva a concluir que la documentación presentada por la accionada contiene datos falsos sobre la fecha de ingreso; y que, por lo tanto, tales instrumentos carecen de toda eficacia probatoria. En tales condiciones, es evidente que la accionada no ha llevado debido registro de la relación habida con la actora (conf. arts. 52 LCT y 7 y subs de la ley 24.013), pues ha omitido registrar la correcta fecha de ingreso de Suárez y de Arias.Tal circunstancia, indudablemente, genera la presunción del art. 55 de la LCT en favor de la fecha de ingreso invocada en el escrito inicial. En función de los elementos testimoniales reseñados (valorados conf. arts. 386 CPCCN y 90 LO) y habida cuenta de la presunción derivada del art. 55 de la LCT, cabe tener por acreditado que el vinculo que unió a Suárez y a Arias con la demandada se inició el 3/6/08 y el 2/2/01, respectivamente. Desde esta perspectiva, propicio confirmar lo decidido en la instancia de grado, sobre el punto, lo que así dejo propuesto.

Se agravia la parte demandada por cuanto el sentenciante de anterior instancia consideró acreditado el pago de una parte del salario de los actores en forma marginal.

Al respecto, cabe memorar que Arias denunció en la demandada que cobraba $ 6.800 en forma mensual, que Suárez afirmó que cobraba $ 6.000; y que, ambos dijeron que una parte de esas remuneraciones les era abonada fuera de toda registración.

En atención a la forma en que ha quedado trabada la litis, incumbía a la parte actora acreditar el salario denunciado y la existencia de pagos marginales de una parte de su remuneración (art. 377 CPCCN); y, a mi entender, lo han logrado.

En efecto, los testigos que declararon a instancia de la parte actora fueron contestes en afirmar que Arias cobraba $1.700 en forma semanal y que Suárez cobrara $ 1.500 por semana; y señalaron que una parte del dinero se abonaba en efectivo y no figuraba en los recibos. Además, los tres deponentes señalaron que Julio Rodríguez les abonaba la remuneración, y pese a que la recurrente dijo que existía una contradicción en el lugar de pago indicado por los testigos -porque Fernández afirmó que se realizaban en la oficina de “Toloza”-, resulta obvio que el testigo se refirió al lugar geográfico (ver declaración de Acosta que indicó que el frigorífico se encontraba en Gral.Las Heras Jorge Toloza); por lo cual, no se advierten contradicciones respecto de los dichos de los deponentes reseñados en cuanto al tema bajo análisis.

Valorada la prueba testimonial precedentemente analizada, a la luz de las reglas de la sana crítica (art. 386 CPCCN y 90 LO) estimo que se encuentra debidamente acreditado que los actores percibían las remuneraciones denunciadas en el escrito inicial y que una parte de ellas era abonada fuera de toda registración. Por todo lo expuesto precedentemente, corresponde confirmar la sentencia recurrida en cuanto a la liquidación de los rubros diferidos a condena.

Se agravia la parte actora por cuanto el a quo rechazó las indemnizaciones de la LNE pues consideró que los actores incumplieron con los recaudos del art. 11 de la norma reseñada. Al respecto afirman los actores recurrentes que intimaron a la demandada con anterioridad a que fueran despedidos y comunicaron dicha circunstancia a la AFIP (23/2/12), dado que la comunicación de la extinción de la relación laboral remitida por la accionada el 17/2/12 carecería de toda virtualidad porque fue remitida a erróneos domicilios.

Al respecto cabe destacar que el argumento de los recurrentes respecto de que la comunicación extintiva del 17/2/12 resultaría inhábil por cuanto no fue recepcionada por ellos carece de sustento. En efecto, según surge del informe del Correo Argentino obrante en autos a fs. 236/237, la comunicación del despido remitida a Suárez el 17/2/12 fue devuelta al remitente con la observación “dirección inexistente” (ver fs. 223/224 vta.); en tanto la remitida a Arias fue devuelta al remitente con la observación “dirección insuficiente” (ver fs. 235), pero lo cierto es que de dicho informe se desprende que fueron dirigidas respectivamente a Magan Gurie 3841 de la localidad de Pablo Noguez; y a Pellegrini 1110 de Gral. Las Heras, es decir, al que los propios actores denunciaron en sus respectivas fichas personales -reconocidas a fs. 120- (ver documental obrante en el Anexo 5841 y copias obrantes a fs.23 y fs. 31).

Si bien es cierto que, quien elige un medio para comunicar su voluntad, carga con los riesgos que la elección implica, ello es a condición que no sea imputable al destinatario la causa que impide la efectividad del medio empleado. En tal contexto, la circunstancia de que Correo Argentino haya informado que el domicilio de Suárez era “dirección inexistente”; y que el de Arias era “dirección insuficiente” (ver fs. 236/237), no obstante haber sido dirigidos a un domicilio correcto, no puede originar perjuicio a la demandada, ya que el incumplimiento de la carga de recepcionar las comunicaciones de la empleadora por parte de los actores, en su propio domicilio, es de su exclusiva responsabilidad. Desde esa perspectiva, creo evidente que la comunicación de los respectivos despidos remitida por la demandada el 17/2/12, ingresó bajo la órbita de conocimiento presunto de los actores el 23/2/12 en el caso de Suárez, y el 22/2/12 en el caso de Arias y tuvieron plena virtualidad a su respecto. No dejo de advertir que la comunicación de voluntad, en nuestro derecho, reviste carácter recepticio; sino que sólo he querido puntualizar que la falta de entrega material de las piezas postales, no implica que no deban considerarse recepcionadas por el destinatario cuando -como ocurrió en el caso- la comunicación ingresó bajo la órbita de su conocimiento presunto.

Ahora bien, Suárez y Arias intimaron a la demandada para que registrara correctamente la relación laboral mediante TCL del 23/2/12, y tales comunicaciones ingresaron a la órbita del conocimiento presunto de la demandada el 28/2/12 (ver fs. 209), es decir con posterioridad a que se disolviera el vínculo. En consecuencia, considero que corresponde confirmar el pronunciamiento de la anterior instancia en cuanto no hace lugar al reclamo basado en las indemnizaciones previstas en la LNE (conf. art. 3, dec. 2725/91.

Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, y habida cuenta del recurso deducido por la parte demandada contra lo resuelto mediante aclaratoria de fs.348 en la que se hizo lugar al incremento previsto en el art. 1 de la ley 25.323, dado que en la demanda luego, de reclamar las indemnizaciones de la LNE, se reclamó también, en forma subsidiaria el incremento previsto en el art. 1, y que, en el caso de autos, se acreditó la marginalidad prevista por la norma, que dicha irregularidad se mantuvo inalterada hasta el momento del despido, propongo confirmar la condena a la accionada al pago del incremento previsto en el art. 1 de la ley 25.323.

Por otra parte y de acuerdo con el resultado que se ha dejado propuesto para resolver las apelaciones, estimo que las costas de alzada deben ser impuestas en el orden causado en atención a los vencimientos parciales y mutuos (art. 68 2da. parte CPCCN).

En atención al mérito y extensión de la labor desarrollada durante el trámite en primera instancia, al valor económico del litigio y a las pautas que emergen del art. 6 y subs. de la ley 21.839, de la ley 24.432, del art. 38 de la L.O. y del dec. 16.638/57, considero que los honorarios correspondientes a la representación y patrocinio letrado de la parte actora, y a la perito contadora no resultan reducidos, por lo que corresponde confirmarlos.

A su vez y con arreglo a lo establecido en el art.14 de la ley 21.839, habida cuenta del mérito y extensión de labor desarrollada en esta instancia por la representación y patrocinio letrado de la parte actora y de la representación y patrocinio letrado de la parte demandada, propongo que se regulen los honorarios por esas actuaciones en el 25%, respectivamente, de lo que corresponde, a cada una de ellas, por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior.

La Dra. Graciela A. González dijo:

Que adhiere a las conclusiones del voto del Dr. Miguel Ángel Pirolo, por análogos fundamentos.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia dictada en la instancia de grado anterior en todo lo que fue materia de apelación y agravios; 2) Imponer las costas de la Alzada, en el orden causado; 3) Confirmar los honorarios regulados por las tareas realizadas en la anterior instancia; 4) Regular los emolumentos de la representación y patrocinio letrado de la parte actora y de la representación y patrocinio letrado de la parte demandada, por los trabajos realizados en esta Alzada, en el 25% y 25%, respectivamente, de lo que corresponde, a cada una de ellas, por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior. 5) Hágase saber a los interesados lo dispuesto por el art. 1º de la ley 26856 y por la Acordada de la CSJN Nº 15/2013, a sus efectos.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Graciela A. González

Juez de Cámara

Miguel Ángel Pirolo

Juez de Cámara

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s