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No debe indemnizarse por accidente de trabajo a quien se accidentó prestando tareas para el Plan Jefes de Hogar.

AccidentePartes: Salas Amelia Gladis c/ Estado Provincial s/ indemnización derivada de accidente de trabajo

Tribunal: Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy

Fecha: 19-mar-2014

Cita: MJ-JU-M-86240-AR | MJJ86240

Improcedencia de la indemnización por accidente de trabajo, toda vez que la actora realizaba sus actividades para el Estado como contraprestación a su designación como beneficiaria del Plan Jefes de Hogar.

Sumario:

1.-Debe acogerse el agravio del Estado provincial que postula se revoque el decisorio en tanto condenó al mismo al pago de una indemnización por accidente derivada de una relación laboral inexistente, pues no es un hecho controvertido y surge de la propia demanda que la situación de la actora es la de beneficiaria del Plan Jefes de Hogar, en cuyo marco realizaba las actividades que le fueran asignadas como contraprestación.

2.-La situación de las personas que brindan contraprestaciones en el marco de planes y programas sociales diseñados para paliar diversas emergencias no puede considerarse vínculo laboral con los órganos ejecutores del orden nacional, provincial o municipal, sin perjuicio de los seguros que puedan contratarse para la cobertura de eventuales contingencias y que quedan a cargo de diversos órganos conforme el plan de que se trate.

3.-El Programa Jefes de Hogar establecido por el decreto nacional Nº 562/2002 tiene por objeto brindar una ayuda económica a sus titulares, con el fin de garantizar el Derecho Familiar a la Inclusión Social tendiente a asegurar: a) la concurrencia escolar de los hijos, así como el control de salud de los mismos; b) la incorporación de los beneficiarios a la educación formal; c) su participación en cursos de capacitación que coadyuven a su reinserción laboral; d) su incorporación en proyectos productivos o en servicios comunitarios de impacto ponderable en materia ocupacional; así, el decreto mencionado denomina `beneficio´ a la retribución concedida, debiendo entenderse como un subsidio otorgado en el marco de una actividad de fomento por parte de un programa implementado por la administración nacional y descentralizado operativamente en cuanto a su ejecución a través de cada Provincia y por medio de los municipios.

Fallo:

En la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, a los diecinueve días del mes de marzo del año dos mil catorce, los Señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia, doctores Sergio Ricardo González, Clara D. L. de Falcone, José Manuel del Campo, Sergio Marcelo Jenefes y Jorge Daniel Alsina, este último por habilitación, bajo la presidencia del primero de los nombrados, vieron el expediente Nº 9272/12, caratulado: «Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en expte. Nº B-139.894/05 (Sala I – Tribunal del Trabajo) Por indemnización derivada de accidente de trabajo: Salas, Amelia Gladis c/ Estado Provincial».

El Dr. González dijo:

El 25 de junio de 2012, la Sala I del Tribunal del Trabajo dictó sentencia en la causa de la referencia acogiendo la demanda incoada por Amelia Gladis Salas respecto del Estado Provincial, condenándolo a pagar la suma de trece mil setecientos veintidós pesos con cuarenta y siete centavos ($ 13.722,47) en concepto de indemnización por incapacidad parcial, permanente y definitiva, con costas.

Con posterioridad, por aclaratoria del 17 de setiembre de 2012, y ante la solicitud de aplicación por la actora del Decreto 1694/09, elevó el monto indemnizatorio a la suma de doscientos cuarenta y nueve mil cuarenta y ocho pesos ($ 249.048).

En contra de lo resuelto, deduce recurso de inconstitucionalidad en esta instancia el Dr. Hugo Alberto Lara en representación del Estado Provincial.

Al relatar antecedentes, indica que la actora promovió demanda el 5 de junio de 2005 reclamando el pago de indemnización por incapacidad laborativa, sustentándola en el hecho de haber sufrido un accidente laboral siendo beneficiaria del Programa Jefes de Hogar, bajo el Programa Nacional de Empleo, ascendiendo el beneficio a la suma de $ 150 mensuales durante el año 2004.

Invocó entonces como aplicables las Resoluciones Nº 458/2002 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, modificada por Resolución Nº 313/2002, reglamentarias de su ejecución.

Intimada por el Tribunal del Trabajo a presentar planilla de los rubros reclamados, se dio cumplimiento a ello a fs.46 con un reclamo que ascendía a la suma de $ 16.920, con aplicación de la fórmula prevista por la Ley de Riesgos del Trabajo y sobre la base de la suma que percibía como beneficiaria del plan.

La demanda fue contestada indicando que en el caso no resultaban aplicables las disposiciones de la ley 24.557 en tanto la actora es beneficiaria de un programa social, resultándole aplicables las normativas reglamentarias respectivas y en tanto la misma no reviste el carácter de empleada del Estado Provincial (art. 137 inc. 13 de la Constitución Provincial).

La sentencia acogió la demanda en los términos arriba reseñados y reguló honorarios.

Deducida aclaratoria (fs. 244 del principal) se indicó que el monto de condena resultaba ínfimo frente a las secuelas incapacitantes que porta la actora, omitiendo la aplicación de la reforma del art. 14 de la Ley de Riesgos, que establece que ninguna indemnización puede ser inferior al monto obtenido de la multiplicación del porcentaje de incapacidad por la suma de $ 180.000. Atendiéndola, el Tribunal la resuelve modificando en forma sustancial el fallo primigenio.

Al concretar agravios, señala que el Estado Provincial se ve gravemente perjudicado por lo resuelto en tanto carece de fundamentos suficientes y, desprovisto de todo apoyo legal, se funda sólo en la voluntad de los jueces que lo suscribieron.

Se ha omitido el análisis de las constancias debidamente acreditadas en la causa y, en consecuencia, la aplicación de la ley, es decir que se ha prescindido del texto legal sin dar razón alguna y, para justificarlo, el a quo se sustenta en afirmaciones o fundamentos meramente aparentes.

Así, en primer término, refiere a la nulidad de la aclaratoria del 17 de setiembre por violación de la ley.

Entiende que el Tribunal se ha excedido en sus facultades al resolverla, lo que deviene del evidente cambio sustancial que realizó sobre la sentencia del 25 de junio (fs.230/233) puesto que en ella condenó al pago de $ 13.722,47, a lo que arriba aplicando la fórmula del art. 12 de la Ley de Riesgos, considerando el monto que percibía la actora.

Los términos del art. 49 impiden que por esta vía se introduzcan cambios de tal naturaleza en el decisorio, el que no deviene del incremento mismo de la indemnización sino de la nueva argumentación dada para condenar al Estado al pago de la suma indicada. La aclaratoria no ha sido concebida como lo dice el fallo, a fin de evitar la promoción de recursos sino a fin de corregir errores materiales, suplir omisiones o defectos de expresión y veda al tribunal «alterar lo substancial de la resolución» que es lo que hizo, en definitiva, ya notificada la sentencia.

Además de la arbitrariedad formal que de ello resulta, el Tribunal va más allá y, sin que sea pedido por la actora, decide declarar la invalidez del art. 16 del decreto 1694/09 en cuanto establece que sus disposiciones entrarán en vigencia a partir de su publicación y se aplicarán a las contingencias previstas por la ley 24557 cuyas primeras manifestaciones invalidantes se produzcan a partir de esa fecha. Así, declara la invalidez temporal de una norma vigente desde diciembre de 2009 en adelante para poder incrementar el monto de la indemnización. Luego determina un monto indemnizatorio exorbitante, sin establecer el procedimiento seguido para arribar a la suma de $ 249.048, generando a su vez un enriquecimiento sin causa a favor de la actora.

En apoyo de su argumento relativo a que el decisorio no puede ser modificado en lo sustancial por esa vía, cita fallos de este Superior Tribunal:LA 43, Fº 710/713, Nº 267; LA 39, Fº 160/162 Nº 69; LA 53 Fº 2110/2111 Nº 706; LA 49 Fº 1715/1717 Nº 568; LA 47 Fº 1196 Nº 522; LA 39 Fº 160/162 Nº 69; LA 43 Fº 710/713 Nº 267; LA 52 Fº 2007/2009 Nº 717, LA 48 Fº 1655/1657 Nº 584, entre otros.

También considera arbitraria la sentencia del 25 de junio. Entiende incongruente la misma en tanto la actora, al momento del accidente, era beneficiaria del plan al que hemos referido y como contraprestación debía cumplir cuatro horas donde se lo indicara la Gerencia de Empleo. Así ingresa a trabajar a la lavandería del Hospital San Roque y al demandar, lo hace con sustento en las resoluciones relativas a ese beneficio y sin desconocerlo. Es decir que sabía el carácter civil de la responsabilidad asumida por el órgano de aplicación, que no es el Estado Provincial, y sin embargo demandó a la provincia.

Tampoco debe perderse de vista que a fs.46 denunció como monto pretendido la suma de $ 16.720.

En concordancia con esa pretensión se contestó demanda poniendo particular énfasis en que no se trataba de una relación regida por las normas laborales, lo que no genera estado de indefensión puesto que la actora debió demandar en el fuero civil y efectuar el reclamo de reparación civil.

Incongruentemente, puesto que la actora jamás sostuvo la existencia de una relación de dependencia, y así incluso lo reconoce, el a-quo expresa que la misma existió en tanto marcaba tarjeta y respondía a las órdenes de los mandatarios del Estado Provincial; que en la especie nos encontramos con una persona que pone a disposición del mismo y en virtud de su situación de necesidad -desempleada- su capacidad laboral durante un período de cuatro horas diarias, de lunes a viernes, percibiendo a cambio una retribución monetaria más allá del nombre que se le dé y el argumento subsiguiente también es dogmático para llegar a la conclusión de que la ley 24557 se aplica a los beneficiarios de los planes sociales.

El a-quo excedió sus potestades al apartarse de las pretensiones deducidas por la actora y la defensa opuesta por el Estado Provincial; prescindió de aplicar el art. 2 de la LRT en forma dogmática transcribiendo un párrafo doctrinario inaplicable al caso para pretender justificar ese apartamiento puesto que se trata de una cuestión atípica.

Dice de la vulneración a los arts. 17; 18 y 28 de la Constitución Nacional y 43 de la Constitución Provincial e introduce el caso federal.

Corrido traslado del recurso, concurre a evacuarlo la Dra. Teresita Beatriz Rojas en representación de la actora (fs. 24/27).

Refiere a la improcedencia de la vía toda vez que la contraria sostiene nada más que una discrepancia con lo resuelto. La falta de fundamentación suficiente altera las reglas que orientan a los recursos extraordinarios.

Es improcedente revisar por arbitrariedad la sentencia originaria por preclusión de la etapa procesal oportuna.La quejosa perdió oportunidad de impugnar el decisorio de fondo del 25 de junio de 2012 al no formular ningún pedido de aclaratoria ni manifestación previa de que deduciría recurso de inconstitucionalidad, de tal modo resulta improcedente su pretensión de, con la excusa de revocar el fallo complementario que sólo modifica el monto de condena, revocar el decisorio inicial.

Refiere luego a la doctrina de los actos propios y sostiene que, al haber sido notificada del decisorio principal sin ejercer defensa alguna de las que tenía a su disposición, el Estado Provincial ha consentido la que acogía la pretensión de la actora de ser indemnizada por las secuelas que porta como consecuencia del accidente laboral padecido y, siendo tal su obrar previo, no puede ahora actuar de modo contrario a su conducta precedente.

En cuanto a la validez de lo que denomina como sentencia complementaria, también impugnada, reitera que el agravio constituye una mera discrepancia con lo resuelto por el tribunal de grado.

No existe violación a la congruencia ni lesión al derecho de defensa en juicio de la quejosa puesto que en modo alguno el Juzgador de Grado en su sentencia complementaria ha formulado un cambio sustancial en la cuestión debatida y decidida.Sólo ha acogido la aclaratoria planteada, recalculando matemáticamente el monto indemnizatorio conforme la misma norma de fondo con la que r esolvió la causa y que erróneamente había aplicado al momento de determinar el quantum indemnizatorio.

La sentencia de fondo consideró a la actora dependiente del Estado Provincial porque, más allá del subsidio que percibía, la patronal se beneficiaba con sus servicios, impartía instrucciones y controlaba el horario que cumplía, razón por la que, a esa vinculación, aplicó la Ley de Riesgos sin distinguir los asalariados del Estado Provincial y los trabajadores que cumplen sus labores habituales a su favor pero que no perciben sus remuneraciones del mismo.

Es, entonces, cuestión sustancial en la causa, la aplicación de la ley citada a la actora, sin retaceos ni distinciones respecto de otros trabajadores, cuestión de fondo que entiende consentida por la quejosa.

A fin de determinar la existencia de omisión en la aplicación de la norma del decreto que integra la ley, en uso de sus facultades, el Tribunal ponderó su alcance y vigencia y, siendo que los jueces de oficio pueden declarar la inconstitucionalidad de cualquier norma sin que medie petición de partes, en cumplimiento de su función de velar y resguardar las Constituciones Nacional y Provincial y las leyes, así lo hizo respecto al decreto en cuestión y ello en modo alguno puede ser arbitrario, incongruente o lesivo, cuando lo que se está salvaguardando son nuestros pilares y principios fundamentales que sustentan el estado de derecho.

Firme la integración dispuesta con el vocal habilitado, los autos fueron llevados a la Fiscalía General para dictamen, pronunciándose el Sr. Fiscal General por la admisión parcial del recurso.

Con relación al decisorio fondal, entiende que el mismo constituye derivación razonada del derecho vigente y que la tacha de arbitrariedad no cubre las meras discrepancias entre lo decidido por el juzgador y lo considerado por las partes.Entiende inexistente la absurdidad postulada al determinar la existencia de una relación de trabajo entre actora y demandada, en razón de las cuestiones ponderadas por el a quo. Por ello el sentenciante, con adecuado criterio y resultando acreditado el daño por la pericia médica, como consecuencia del accidente de trabajo, resolvió su reparación.

Distinta suerte postula para el agravio referido a la modificación introducida en la sentencia por la resolución aclaratoria y ello por cuanto se excedió su acotado marco elevando el monto de condena de $ 13.722 a $ 249.048 por lo que ha de considerarse que ese instituto está previsto para enmendar defectos de expresión, no de volición, los que, de existir, deben subsanarse por medio de los recursos pertinentes.

Siendo ello así y en tanto la resolución aclaratoria excede los límites impuestos por la normativa citada, corresponde su revocación.

Así, la causa ha quedado en estado de ser resuelta y, adelantando opinión, diré que el recurso deducido debe prosperar.

Para ello es menester abordar en primer término lo aseverado por la recurrida en sentido de que la sentencia primigenia quedó oportunamente consentida por el Estado Provincial.

Señalo en el punto que la observación debe desestimarse. Del texto del art. 49 del CPC, surge que «El plazo para interponer recursos no corre sino desde la notificación de la resolución aclaratoria» (párrafo 3º). En mérito de ello, deducida temporáneamente la aclaratoria por su contraria (fs. 244 del principal), resulta claro que sólo luego de la notificación de su resolución comenzó a correr el plazo para la interposición del recurso respectivo con lo que la manifestación previa formulada a fs.252 por el Estado Provincial resultó tempestiva y en modo alguno puede entenderse que consintió el decisorio originario.

Aclarado el punto, señalo que debe acogerse el agravio del Estado Provincial que postula se revoque el decisorio en tanto condenó al mismo al pago de una indemnización derivada de una relación laboral inexistente.

No es un hecho controvertido, y surge de la propia demanda (fs. 38), que la situación de la actora es la de beneficiaria del Plan Jefes de Hogar, en cuyo marco realizaba las actividades que le fueran asignadas como contraprestación.

De modo reiterado se ha considerado en la jurisprudencia que -en principio- la situación de las personas que brindan contraprestaciones en el marco de planes y programas sociales diseñados para paliar diversas emergencias no puede considerarse vínculo laboral con los órganos ejecutores del orden nacional, provincial o municipal, sin perjuicio de los seguros que puedan contratarse para la cobertura de eventuales contingencias y que quedan a cargo de diversos órganos conforme el plan de que se trate (Cftr. entre otros «Orieta, Azucena del Carmen c. Provincia Seguros ART S.A. s/ indemnización por fallecimiento», sentencia del 30/11/12, Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala I, LL on line AR/JUR/67990/2012; «S.C.P. c. Hospital Agudos Gob. Domingo Mercante y otros», sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de San Martín del 16/07/10, LL on line AR/Jur/74048/2010; «Rodríguez, Daniel José y otro c. Municipalidad de General Pico», sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de General Pico, LL Patagonia 2008 (octubre), 493, AR/JUR/6890/2008) y, en nuestros tribunales, «Osinga, Sabino Victoriano c/ Municipalidad de Palpalá -Estado Provincial- Hospital Wenceslao Gallardo -Dirección Provincial de Empleo y Capacitación-Club Altos Hornos Zapla s/ Indemnización por accidente y otros rubros», sentencia de la Sala II del Tribunal del Trabajo del 27/08/2008, Expte.B-123061/04,www.justiciajujuy.gov.ar).

En efecto, ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que «El Programa Jefes de Hogar establecido por el decreto nacional Nº 562/2002 tiene por objeto `brindar una ayuda económica a sus titulares indicados en el art. 2º, con el fin de garantizar el Derecho Familiar a la Inclusión Social´ tendiente a asegurar: a) la concurrencia escolar de los hijos, así como el control de salud de los mismos; b) la incorporación de los beneficiarios a la educación formal; c) su participación en cursos de capacitación que coadyuven a su reinserción laboral; d) su incorporación en proyectos productivos o en servicios comunitarios de impacto ponderable en materia ocupacional -art. 3º. El decreto mencionado denomina `beneficio´ a la retribución concedida -arts. 5º y 6º-, debiendo entenderse como un subsidio otorgado en el marco de una actividad de fomento por parte de un programa implementado por la administración nacional y descentralizado operativamente en cuanto a su ejecución a través de cada Provincia y por medio de los municipios» (SCBA, B 68051, I 13/10/2004, Wakula, Alejandro c. Municipalidad de La Costa y otro s/ Accidente de Trabajo. Conflicto de competencia. Art. 7º inc. 1, ley 12.008).

Sin desconocer que, de esa regla es dable apartarse en supuestos excepcionales, no advierto que en el caso de autos se configuren circunstancias que me lleven a apartarme de ese encuadramiento. Así, de las constancias de fs. 8 (documental acompañada por la actora a su demanda) y del propio texto de esta última (fs. 38) surge que la Sra. Salas cumplía funciones en el marco de ese plan en el hospital desde el 8 de marzo de 2004, habiéndose producido el accidente el 21 de mayo del mismo año.No se advierten, por lo demás, elementos que permitan concluir la existencia de un vínculo laboral sino solo y simplemente el cumplimiento de lo pautado en el Plan respectivo.

Por lo expuesto, y descartada para el caso la existencia del mismo, comparto con el Tribunal a quo que la acción ejercida fue la que corresponde a la Ley de Riesgos del Trabajo toda vez que en el escrito de demanda no ejerció ninguna de las acciones posibles del derecho común ni planteó la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley mencionada. No obstante, considero a la misma inaplicable al caso por el argumento expuesto anteriormente. En efecto, en tanto no existe relación laboral, la ley invocada no es aplicable (art. 2º).

No obsta a este pronunciamiento el hecho de que el Estado Provincial haya consentido la resolución interlocutoria mediante la cual se desestimó la excepción de incompetencia que planteara en razón de la materia (fs. 85) porque aún en aquel supuesto pudo eventualmente analizarse la acción ejercida si se hubieran configurado los presupuestos de la responsabilidad respectivos (ver «Orieta, Azucena del Carmen c/ Provincia Seguros ART s/ indemnización por fallecimiento»…cit.).

Por todo lo expuesto y de compartir mis pares el criterio sustentado debe revocarse el decisorio dictado para rechazar la demanda. En consecuencia, no corresponde atender el agravio relativo a la modificación de la cuantía de la indemnización fijada por vía de aclaratoria.

Propongo entonces, acoger el recurso de inconstitucionalidad tentado por el Estado Provincial en el sentido referido, con costas por el orden causado en ambas instancias en razón de que la actora pudo entender haber litigado con algún derecho y de buena fe (art. 102, último párrafo).

Para la regulación de los honorarios profesionales, deberá computarse como base el monto de condena originario, esto es, el fijado en la sentencia del 25/06/12, en tanto resulta acorde a la pretensión ejercida y determinada estimativamente a fs. 46 del principal. Por ello, para la instancia anterior, los que corresponden a la Dra.Teresita Beatriz Rojas habrán de establecerse en la suma de pesos un mil novecientos veinte pesos con ochenta centavos ($ 1.920,80). Los correspondientes al peritos, Dr. Ramón E. Lobo, habrán de fijarse en la suma de cuatrocientos cincuenta y siete pesos ($ 457) por aplicación del art. 200 de la ley 4055/84 y Acordada Nº 14/86 y los del Ing. José Edgar Rivera en la suma de pesos ochocientos veintitrés ($ 823) por aplicación del art. 92 de la ley 2442/58 (LA 56 Fº 1089/1093 Nº 351). A todas las sumas habrán de aditarse desde esa fecha y hasta el efectivo pago intereses a la tasa activa car tera general préstamos nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (LA 54 Fº 673/678 Nº 235).

Respecto de los que corresponden a esta instancia, en tanto aplicando a esa base la escala de los arts. 6, 11 y 7 de la ley 1687 resultaría un monto inferior al fijado en Acordada 14, Nº 16, los honorarios profesionales de la Dra. Teresita Beatriz Rojas habrán de establecerse en la suma de pesos un mil ($ 1.000), a los que habrá de aditarse el impuesto al valor agregado, de corresponder. No se regulan honorarios profesionales al procurador fiscal porque no puede percibirlos de su mandante.

Los Dres. de Falcone, del Campo, Jenefes y Alsina, adhieren al voto que antecede.

Por ello, el Superior Tribunal de Justicia,

Resuelve:

1.- Hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad deducido por el Estado Provincial y, en consecuencia, revocar la sentencia de la Sala I del Tribunal del Trabajo del 25 de junio de 2012 y su aclaratoria del 17 de setiembre de 2012, quedando la parte resolutiva de la primera redactada, en lo pertinente, como sigue: «I.- Rechazar la demanda deducida por Amelia Gladis Salas en contra del Estado Provincial, con costas por el orden causado. II.- Regular los honorarios profesionales la Dra. Teresita Beatriz Rojas en la suma de pesos un ($ …), los correspondientes al perito Dr. Ramón E. Lobo, en la suma de pesos ($…) y los del Ing. José Edgar Rivera en la suma de pesos ($ …). A todas las sumas habrán de aditarse desde esa fecha y hasta el efectivo pago intereses a la tasa activa cartera general préstamos nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.»

2.- Imponer las costas de esta instancia por el orden causado y regular los honorarios de la Dra. Teresita Beatriz Rojas en la suma de pesos ($ …) a los que habrá de aditarse el IVA, de corresponder.

3.- Registrar, agregar copia en autos y notificar por cédula.

Sergio Ricardo González

Clara Aurora De Langhe de Falcone

José Manuel del Campo

Sergio Marcelo Jenefes

Jorge Daniel Alsina (Habilitado).

Ante mí: María Florencia Carrillo – Secretaria Relatora.

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