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El cuidado no terapéutico de enfermos no está regulado por la LCT

Medico 4Partes: Duarte Beatriz Graciela c/ Devoto Mónica Inés s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: II

Fecha: 16-may-2014

Cita: MJ-JU-M-87016-AR | MJJ87016

Se rechaza la demanda interpuesta en tanto el cuidado no terapéutico de enfermos no se encuentra contemplado dentro de la Ley de Contrato de Trabajo.

Sumario:

1.-Cabe confirmar la sentencia que rechazó la demanda por entender que, más allá del debate en torno a si la accionante se desempeñó para la demandada o para su madre, el cuidado no terapéutico de enfermos no se encuentra contemplado dentro de la LCT, en tanto no se aprecia que la actora se hubiera integrado a una organización empresaria ajena.

2.-Una prestación de servicios que se brinda en favor de quien no es una empresaria de esa actividad -como ocurre normalmente con el cuidado domiciliario de enfermos o ancianos- constituye uno de los pocos casos en los que puede considerarse que subsisten relaciones susceptibles de ser encuadradas en la normatividad prevista en los arts. 1623 y ss. del CCiv.; y en los que puede apreciarse que, entonces, la figura del contrato de trabajo no ha desplazado íntegramente la operatividad de la locación de servicios.

Fallo:

VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, el 16/5/2014, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

La Dra. Graciela A. González dijo:

La sentencia de primera instancia rechazó las pretensiones salariales, indemnizatorias y sancionatorias deducidas en el escrito inicial.

A fin de que sea revisada esa decisión por este Tribunal de Alzada, interpuso recurso de apelación la parte actora, en los términos y con los alcances que explicita en su expresión de agravios (fs. 121/131).

Cabe recordar, que el sentenciante de grado en su decisorio, consideró que, más allá del debate en torno a si la accionante se desempeñó para la demandada o para su madre, lo cierto es que en el caso de cuidado no terapéutico de enfermos no se encuentra contemplado dentro de la LCT. Explicó asimismo, que actualmente la discusión ha sido sanjada al sancionarse la ley 26.844 para el personal de casas particulares, pero que dicha ley no resulta aplicable en la especie.

Señaló asimismo que, de los términos de la demanda surge que las tareas de la actora eran realizadas en el hogar de la madre de la accionada y consistían en su atención y cuidado, por lo que a su entender, no se aprecia que se hubiera integrado a una organización empresaria ajena (conf. art. 5 LCT). El Sr. Juez a quo agregó que a la fecha en que se produjeron los acontecimientos, las tareas realizadas por la accionante estaban expresamente excluidas del decreto 326/56 y no resultaba aplicable la LCT, por lo concluyó que la relación hasta el fallecimiento de la madre de la accionada estuvo regida por las normas del Código Civil.

Al fundamentar el recurso, la recurrente se agravia porque

-a su entender- el Sr.Juez a quo no consideró que entre las partes se daban las características típicas de una relación de dependencia. Manifiesta que es ilógico pensar que una locación de servicios pueda extenderse por seis años, y que a su entender es injusto que la cuestión en estudio, sea encuadrada dentro de las previsiones del derecho civil, pues la locación de servicio, carece de las cualidades que fueron propias de la relación subordinada que existió entre la actora y la demandada. Solicita en subsidio que se aplique al caso de autos la ley 26.844

Cabe señalar en primer término que, en el caso, está reconocido por ambas partes que la actora, desarrolló tareas de cuidado de la madre de la demandada, en su domicilio particular.

Al respecto creo conveniente destacar que reiteradamente he sostenido que el cuidado de personas ancianas o enfermas en el domicilio del paciente constituye trabajo dependiente aun cuando no se preste en favor de un «empresario» y que, respecto de dicho personal, cabe hacer aplicación analógica del estatuto del personal doméstico (dec. 326/56 -hoy derogado por la ley 26.844), por cuanto el carácter operativo y amplio del art. 14 bis de la Constitución Nacional impone que se otorgue amparo a todas aquellas situaciones en las que se verifique un supuesto de trabajo dirigido o subordinado, sin importar que quien contrate los servicios sea o no, a su vez, titular de una empresa o que la categoría se haya excluido del ámbito de aplicación del derecho laboral vigente (ver, entre otros, esta Sala in re «Maidana, Marta c/ Agustini Otilia y otro s/ despido», S.D. 95.125 del 17/7/07 e in re «Pereira c/ Picardo de Ceva «, S.D.97.520 del 17/12/09 ).bh

Esta postura no ha sido compartida por mis distinguidos colegas en numerosos precedentes en los que, por mayoría, han sostenido que el personal dedicado al cuidado de personas ancianas o enfermas se encuentra fuera del régimen de la LCT al no tratarse de servicios prestados en favor de una «empresa» (conf. arg. arts. 2, 5 y 6 LCT) y que, tampoco cabe hacer aplicación analógica de regulaciones estatutarias no invocadas, máxime cuando la categoría no se encuentra allí comprendida (ver, en especial, voto del Dr. Maza en el precedente «Maidana» antes citado).

Asi señaló mi distinguido colega Miguel Ángel Pirolo en un precedente de aristas similares al presente: «.está claro que la actora fue contratada para asistir al marido de la demandada que padece una enfermedad y que necesitaba de cuidados especiales y que los servicios fueron prestados dentro del ámbito del domicilio personal y familiar habitual o vacacional.Tal como lo sostiene la sentenciante de grado, dicha circunstancia, no permite admitir la configuración de un contrato de trabajo pues se trata de una prestación de servicios que no se brinda en el marco de una actividad empresaria.». El Dr. Pirolo explicó que: «. En efecto, no se ha invocado ni probado que la demandada tenga a su cargo la explotación de una empresa dedicada a brindar servicios de asistencia a personas enfermas; y está claro que la actora sólo asistió al marido de la demandada en su domicilio ya sea habitual o vacacional. Tanto porque se trató de una prestación de esa índole, como porque no está probado que la demandada se dedique a la atención de personas enfermas, tengo para mí que no pudo ocupar el rol de «empleador» que describe el art. 26 de la LCT en una relación como la habida con la accionante desde que es evidente que la demandada no reviste el carácter de empresaria que describe el art. 5 de esa norma.La acreditación de éste último extremo era de fundamental importancia (CNAT, Sala IV, 31-10-85 «Cantero c/Pams» Errepar 447, CNAT, Sala IV, 30/11/04 sent. 90.152 «Calveiro , Luisa c/ Imperatrice Héctor y otro s/ despido», Sala V, 29/10/97 sent. 57.157 «Garay Aldo c/ Georgalos De Gounaridis María s/ despido», Sala VI, 14-10-86, sent. 24.713 «Nuñez c/García Stella», Sala VII, 14/3/00 sent. 28.725 «Gigena Vilma c/ Guerrero de Martinez, Rosa s/ despido») porque es indudable que quien no organiza medios personales, materiales e inmateriales ordenados bajo una dirección para el logro de fines económicos o benéficos no puede ser considerado «empleador» de servicios que en modo alguno se incorporan a su actividad y que, por lo tanto, no dirige. Como es evidente, era menester que la actora acreditase suficientemente ese extremo; pero, entiendo que por «las circunstancias, las relaciones o causas» que motivaron los servicios de la accionante, es obvio que no se ha tratado de una prestación subordinada, que -por lo tanto- debe considerarse desvirtuada la presunción que emana del art.23 de la LCT por lo que, en definitiva, debe concluirse que no ha mediado entre las partes un contrato como el indicado. Como lo ha señalado esta Cámara a través de sus Salas al analizar situaciones absolutamente análogas a la presente -en las que prestación del servicio estaba dirigida al cuidado de enfermos o de ancianos dentro de un domicilio propio-, se trata de una vinculación de carácter típicamente civil que escapa al ámbito de aplicación propio del derecho del trabajo (CNAT, Sala I, 21/7/06 sent. 83.752 «Furmari, Encarnación c/ Nader, Graciela s/ despido; Sala VII, 5-5-97 SD. 29.181 «Vizcara c/Rodríguez»; Sala III, 31/5/06 «Ledo Dolly y Otra c/ Fallabrino María y otros s/ despido»; Sala VI, 12-12-95 «Matta, María c/Barletta, Lidia» en D.T. 1996-B, pág. 1801; Sala V, «Ortiz, J.c/ Arditi s/ despido», S.D.Nº65.276 del 28-12-01, Sala II, «Maidana Marta c/ Agustini Otilia y otro s/despido» S.D Nº 95125 del 17/7/07, «Pereira Martina Concepción c/ Picardo de Ceva Ana s/ despido» S.D. Nº 97.520 del 17/12/09).»

Asimismo expreso que: «.Por otra parte, creo conveniente puntualizar que una prestación de servicios que se brinda en favor de quien no es una empresaria de esa actividad (como ocurre normalmente con el cuidado domiciliario de enfermos o ancianos), constituye uno de los pocos casos en los que puede considerarse que subsisten relaciones susceptibles de ser encuadradas en la normatividad prevista en los arts. 1623 y subs. del Código Civil; y en los que puede apreciarse que, entonces, la figura del contrato de trabajo no ha desplazado íntegramente la operatividad de la locación de servicios.» («García Vicenta Graciela c/ Vitale Angélica Generosa Emilia s/ despido», SD nro. 102525 del 29/11/13, del Registro de esta Sala).

Frente a ello, y en el convencimiento de que no resulta útil insistir en una posición que no ha de ser aceptada, por elementales razones de economía y celeridad procesal, adhiero a la solución propuesta por mis distinguidos colegas Dres. Pirolo y Maza sin perjuicio de dejar a salvo mi opinión en los términos precedentemente expuestos.

En cuanto al planteo subsidiario dirigido a que en el caso se aplique el nuevo régimen estatutario vigente para el personal auxiliar de casas particulares (ley 26.844) se impone referir que la cuestión resulta ajena a la traba de la litis y que al no haberse sometido tal tópico a consideración del Sr. Juez de primera instancia, esta Alzada se encuentra impedida de pronunciarse al respecto (conf. arts.34,163 y 277 CPCCN), en tanto ello implicaría fallar extra petita con total menosprecio del principio de congruencia que en resguardo de la garantía de defensa en juicio debe regir el proceso.

Por lo demás, la propia recurrente reconoció que la ley 26844 que invoca en su memorial de agravios no se encontraba vigente al tiempo de sucederse los hechos que se ventilan, por lo que de acatarse la pretensión subsidiaria deducida, también se afectaría el principio de irrectroactividad de las leyes que goza de jerarquía constitucional (conf. arg. Arts. 19 CN y 3 del Cód. Civil), por lo que se impone desestimar el planteo en tal sentido formulado.

En conclusión, por lo expuesto y al no encuadrarse las pretensiones deducidas en la normativa invocada al demandar, corresponde confirmar el decisorio de grado en cuanto rechazó la demanda en todas sus partes (art. 499 Código Civil).

Por otra par te, las costas se impondrán en el orden causado dada la naturaleza de la cuestión debatida y la existencia de criterios jurisprudenciales divergentes. (art.68, 2º parr. CPCCN).

A su vez y con arreglo a lo establecido en el art.14 de la ley 21.839, habida cuenta del mérito y extensión de labor desarrollada en esta instancia por la representación y patrocinio letrado de la parte actora y de la parte demandada, propongo que se regulen los honorarios por esas actuaciones en el 25% y 30%, respectivamente, de lo que corresponde, a cada una de ellas, por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior.

Miguel Ángel Pirolo dijo: adhiero a las conclusiones del voto de mi distinguida colega por análogos fundamentos.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia dictada en la instancia de grado anterior en todo lo que fue materia de apelación y agravios;

2) Imponer las costas de la Alzada, a cargo de la recurrente vencida; 3) Regular los emolumentos de la representación y patrocinio letrado de la parte actora y de la representación y patrocinio letrado de la parte demandada, por los trabajos realizados en esta Alzada, en el 25% respectivamente, de lo que corresponde, a cada una de ellas, por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior; 4) Hágase saber a los interesados lo dispuesto por el art. 1º de la ley 26856 y por la Acordada de la CSJN Nº 15/2013, a sus efectos.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Miguel Ángel Piropo

Juez de Cámara

Graciela A. González

Juez de Cámara

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