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Iniciada la ejecución judicial es innecesaria la reinscripción de la hipoteca siendo suficiente el embargo trabado

hipoteca-2Partes: Banco Peña S.A. c/ Cataldo Rafael Roberto y otro s/ ejecución hipotecaria

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: J

Fecha: 24-jun-2014

Cita: MJ-JU-M-86974-AR | MJJ86974

Resulta innecesaria la reinscripción de la hipoteca ante la iniciación de la ejecución judicial pues, el embargo trabado es suficiente para exteriorizar su existencia.

Sumario:

1.-Corresponde desatender los agravios levantados por el acreedor embargante cuando la promoción del presente proceso, la traba del embargo sobre el inmueble y la citación de los acreedores al juicio, tornaron innecesaria la reinscripción de la hipoteca, por lo que se concluye que el derecho que los arts. 3110 y 3934 del CCiv. confiere al acreedor hipotecario sobre el precio de la finca gravada tiene primacía y es preferente respecto del acreedor apelante, dado que el asiento del privilegio del Banco acreedor era el inmueble vendido, producida su venta en subasta judicial, por efecto de la subrogación real, su crédito y su privilegio quedaron automáticamente transferidos al precio obtenido en el remate.

2.-El privilegio constituye una cualidad de modo de ser de ciertos créditos que les atribuye determinada prelación de cobro, nacido él y dado su condición de accesoriedad, la extinción del mismo se produce juntamente con la del crédito, sin perjuicio de la existencia de situaciones especiales que puedan operar como medios directos o indirectos de extinción, donde el crédito del acreedor hipotecario ejecutante, goza de un privilegio especial cuyo rango surge de los arts. 3934 y 3937 del CCiv., que sólo indican su postergación ante las costas judiciales devengadas en la causa, como resulta de los arts. 3900 , 3901 in fine , 3904 , 3906 in fine , 3908 , 3910 in fine , 3913 in fine , 3914 y 3937, mientras que no existe norma que establezca la postergación de esta preferencia y de los gastos funerarios y los de última enfermedad.

3.-La caducidad de la hipoteca importa, de pleno derecho, la pérdida del ius preferendi y del ius persecuendi con relación a terceros y las acciones correspondientes, subsistiendo entre las partes los efectos derivados de los derechos creditorios del caso, es decir, que lo que deriva de la caducidad de la inscripción es la pérdida del privilegio que conlleva la extinción de los efectos de la hipoteca, sin que altere la relación subyacente entre las partes derivada de la obligación garantizada por el derecho real que subsiste hasta su extinción, por lo que resulta pasible de ser ejecutada bajo las reglas y procedimiento propios del derecho común.

4.-Incluso cuando es cierto que la ley determina que la inscripción conserva el privilegio del acreedor hipotecario durante veinte años, la iniciación de la ejecución hipotecaria interrumpe el plazo del art. 3197 CCiv., es que, al haberse hecho valer el privilegio en cuestión con la ejecución de la hipoteca que dio origen a este proceso y trabado el embargo dispuesto por el art. 598 del CPCCN., se suplen la exteriorización del derecho en el registro, por lo que no es necesaria la reinscripción de la garantía, aunque durante el procedimiento haya vencido dicho plazo.

5.-Resulta innecesaria la reinscripción de la garantía ante la iniciación de la ejecución judicial pues, en tanto la inscripción hace oponible la hipoteca a terceros, el embargo trabado en la ejecución hipotecaria es suficiente para exteriorizar su existencia, aunque luego venza el término sin ser renovada; más aún, si como en autos, han sido citados a juicio, en oportunidad de decretarse la subasta, los acreedores y/o terceros poseedores y, en consecuencia, notificados fehacientemente de la existencia y subsistencia del gravamen antes de su caducidad, por lo que no podrán luego desconocerlo aunque no se renueve.

Fallo:

Buenos Aires, 24 de junio de 2014.-

Y VISTOS: Y CONSIDERANDO:

I. Contra la resolución de fs.1056/1959, en tanto desestima el pedido de cobro preferente y de transferencia de fondos introducido a fs.905/906 por el acreedor embargante, se alza a aquél, fundando sus agravios en la memoria que luce a fs.1063/1068; siendo replicados a fs.1071/1074 por la acreedora hipotecaria ejecutante.

II. Centra sus críticas el quejoso contra la omisión de aplicar en el caso el instituto de la caducidad de la inscripción registral de la hipoteca acaecida en autos, aseverando la arbitrariedad del decisorio que impugna y reprochando la imposición de las costas en su contra.

Con tal fin, luego de reseñar los antecedentes de la causa que entiende pertinentes con el objeto de demostrar el error del decisorio y la equivocación en la aplicación del derecho, asevera que la entidad bancaria ejecutante ha perdido el privilegio especial de su crédito, tornándose un acreedor quirografario desde el 6 de septiembre de 2009, al producirse la caducidad de la inscripción del privilegio que pretende hacer valer; hecho que ha sido omitido de considerar por la «a quo», soslayando lo establecido por los artículos 3151 y 3197 del Código Civil.

Sostiene tal conclusión, en el hecho de que el saldo del precio de la subasta se integró en fecha posterior (septiembre de 2010) a aquella en que operara la caducidad de la inscripción registral de la hipoteca, por lo que es incorrecto alegar que se ha operado la subrogación real a favor del banco sobre el producido de la subasta, cuando sólo la seña del remate se canceló encontrándose vigente el gravamen hipotecario.Insiste en que, en tales condiciones y ante la actividad procesal que desplegara, el pronunciamiento recurrido desatiende y se aparta de las constancias obrantes en la causa y del derecho aplicable, a más de desconocer el desinterés en mantener, no sólo su privilegio sino concretar la percepción de lo adeudado por el acto de enajenación forzosa del bien gravado, evidenciado por el acreedor hipotecario, quien hasta la fecha de la presentación del apelante en autos, no había impulsado las actuaciones con tal fin.

Finalmente, con referencia a los gastos causídicos, reprocha que no se haya advertido que el tema puesto a decisión de la juez de grado es inusual, lo que amerita que no debe aplicarse mecánicamente el principio sentado en el primer párrafo del artículo 68 del Código Procesal.

III. De entre las constancias que emergen de autos, cabe rescatar que el presente proceso ejecutivo de las sumas garantizadas con hipoteca en primer grado de privilegio el 06 de septiembre de 1979, fue promovido el día 24 de julio de 1985 por la sociedad «Viviendas Guillermo A. Peña y Hermano S.A., Sociedad de Ahorro y Préstamo para la Vivienda y otros inmuebles», siendo su continuador, el Banco Peña S.A.

La pretensión ejecutiva se enderezó contra los mutuarios, Sres. Rafael R. Cataldo y Osvaldo C. Cataldo, respecto del gravamen de tres unidades funcionales (números 1, 2 y 3) del inmueble situado en esta ciudad, con frente a la calle Tomás Liberti 1158/60/64/68/72.Dictada la sentencia de trance y remate, a efectos de su ejecución, el 2 de septiembre de 1992 se decretó la venta en pública subasta de dichos inmuebles, en block (fs.275), habiéndose concretado la misma el 18 de marzo de 1993, conforme resulta del boleto de compraventa que luce a fs.339.

Luego de promovida por uno de los ejecutados la nulidad del remate y declarada la caducidad de dicho incidente (fs.511, 9/05/2007), finalmente, el 12 de junio de 2007, se aprobó la subasta (fs.559). A partir de dicho acto, se suscitaron distintos planteos relativos a la determinación del monto que debía integrarse en concepto de saldo de precio del remate, habida cuenta el lapso transcurrido entre dicha venta y su falta de integración. La resolución de tales planteos, determinó que se intimase al adquirente de los inmuebles a depositar el saldo del precio de compra (fs.784, del 18/06/2010).

El dinero producto del remate se encuentra hoy invertido en un plazo fijo (fs. 832 y 864/5) y, sobre el total de ese dinero (un capital de $89.794,92 más los intereses que correspondan a la inversión), pesa un embargo decretado en los autos caratulados «Banco Español del Río de la Plata Ltdo. S.A. c/ Cataldo, Osvaldo Carmelo y otro s/ Ejecución Prendaria», de trámite por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 37. Dicho embargo, alcanza a la cantidad de $461.189,44 (ver fs.851 y nota de fs. 854), mientras que la liquidación del crédito llevada a cabo por el ejecutante de autos arroja la cantidad de $401.446,65 (ver fs. 879 y auto que la aprueba, de fs.997).

IV. Descripto brevemente el marco del presente recurso, no deviene ocioso recordar que el primer rasgo esencial en la materia que surge de nuestro sistema legal es que los privilegios emanan de la ley y no pueden ser creados por voluntad de las partes (art.3876, Cód.Civil; Cordeiro Alvarez, Ernesto «Tratado de los privilegios», p.16, Ed. Depalma, 2da. ed., Bs. As. 1969).

Así, en tanto el privilegio constituye una cualidad de modo de ser de ciertos créditos que les atribuye determinada prelación de cobro (conf. Llambías, «Tratado de derecho civil. Obligaciones», t.I, p.591, núm.487), nacido él y dado su condición de accesoriedad, la extinción del mismo se produce juntamente con la del crédito, sin perjuicio de la existencia de situaciones especiales que puedan operar como medios directos o indirectos de extinción, donde el crédito del acreedor hipotecario ejecutante, como se señala en el pronunciamiento apelado, goza de un privilegio especial cuyo rango surge de los artículos 3934 y 3937 del Código Civil, que sólo indican su postergación ante las costas judiciales devengadas en la causa, como resulta de los artículos 3900, 3901 «in fine», 3904, 3906 «in fine», 3908, 3910 «in fine», 3913 «in fine», 3914 y 3937, mientras que no existe norma que establezca la postergación de esta preferencia y de los gastos funerarios y los de última enfermedad.

V. En lo que respecta a la caducidad de la hipoteca de autos, cuestión que constituye la base central de los rezongos del acreedor apelante, es cierto que el artículo 3197 del Código Civil dispone que los efectos de la inscripción de la hipoteca se extinguen pasados veinte años desde que fue registrada y que, con similar alcance, el artículo 3151 del mismo cuerpo legal, también norma que se conservan los efectos de la inscripción por veinte años, si antes no se renovare.

En tal sentido, el artículo 37 ley 17.801, concordante con el art.71, inc. a), ley 17.417, dispone en forma expresa que caducan de pleno derecho y sin necesidad de solicitud alguna, por el transcurso del tiempo que expresa este artículo o por el que, en su caso establezcan leyes especiales: a) la inscripción de la hipoteca, al vencimiento del plazo legal si antes no se renovare.Agrega que los plazos se cuentan a partir de la toma de razón.

Ciertamente, la caducidad de la hipoteca importa, de pleno derecho, la pérdida del «ius preferendi» y del «ius persecuendi» con relación a terceros y las acciones correspondientes, subsistiendo entre las partes los efectos derivados de los derechos creditorios del caso.

Es decir, que lo que deriva de la caducidad de la inscripción es la pérdida del privilegio que conlleva la extinción de los efectos de la hipoteca, sin que altere la relación subyacente entre las partes derivada de la obligación garantizada por el derecho real que subsiste hasta su extinción, por lo que resulta pasible de ser ejecutada bajo las reglas y procedimiento propios del derecho común.

Empero, incluso cuando es cierto que la ley determina que la inscripción conserva el privilegio del acreedor hipotecario durante veinte años, alineadas con la postura asumida por algunos autores, entendemos que la iniciación de la ejecución hipotecaria interrumpe el plazo del artículo 3197. Es que, al haberse hecho valer el privilegio en cuestión con la ejecución de la hipoteca que dio origen a este proceso y trabado el embargo dispuesto por el artículo 598 del Código Procesal, se suplen la exteriorización del derecho en el registro, por lo que no es necesaria la reinscripción de la garantía, aunque durante el procedimiento haya vencido dicho plazo.

No desconocemos que si la hipoteca se encuentra en ejecución, la doctrina no es uniforme sobre la necesidad de la reinscripción de la garantía, aunque si coinciden algunos en su conveniencia, en pos de evitar planteos como el suscitado en autos (ver Colombo-Kiper, «Ejecución Hipotecaria», Ed. La Ley, 2da. edición, pág.145; Abrevaya, Alejandra D., «Ejecución Hipotecaria», Ed. LexisNexis-Abeledo Perrot, 2da. edición, pág.258; Highton, Elena I., «Juicio Hipotecario», Ed.Hammurabi, t.1, pág.654 y 655). Mientras algunos autores sostienen la necesidad de renovar la inscripción hasta el remate, o inclusive hasta que el comprador haya depositado el precio de la subasta (Fernández, Raymundo L., «Tratado teórico-práctico de la hipoteca, la prenda y demás privilegios», edición del autos, Bs. As., 1941, t.I, p.268; Salvat, «Tratado de derecho civil argentino. Derecho Reales», t.IV, pags.181 a 183; Lafaille, Héctor, «Derecho Civil. Tratado de los derechos reales», Ed. Ediar, Bs. As., 1945, t.III, p.331), otros indican que la sola iniciación de la ejecución releva al acreedor de esta carga para conservar sus derechos (Borda, Guillermo A., «Tratado de derecho civil. Derecho Reales», t.II, n°1291, pág.322 y ss.; Cammarota, Antonio, «Tratado de derecho hipotecario», 2da. ed., p.415).

Así, si bien la doctrina se encuentra dividida respecto de este punto bajo análisis, como adelantamos, entendemos innecesaria la reinscripción de la garantía ante la iniciación de la ejecución judicial pues, en tanto la inscripción hace oponible la hipoteca a terceros, el embargo trabado en la ejecución hipotecaria es suficiente para exteriorizar su existencia, aunque luego venza el t érmino sin ser renovada; más aún, si como en autos, han sido citados a juicio, en oportunidad de decretarse la subasta, los acreedores y/o terceros poseedores y, en consecuencia, notificados fehacientemente de la existencia y subsistencia del gravamen antes de su caducidad, por lo que no podrán luego desconocerlo aunque no se renueve. Es que frente a estos supuestos configurados en el «sub examine» la hipoteca ya les es oponible, estando inclusive en conocimiento de la voluntad positiva e interés del acreedor de no abandonar su derecho, lo que se manifiesta indubitablemente a través del juicio hipotecario (conf. Highton, Elena I., «Juicio Hipotecario», Ed.Hammurabi, t.1, pág.655).

Deben, pues, desatenderse los agravios levantados por el acreedor embargante cuando la promoción del presente proceso, la traba del embargo sobre el inmueble y la citación de los acreedores al juicio, tornaron innecesaria la reinscripción de la hipoteca. Por lo que cabe concluir que el derecho que los artículos 3110 y 3934 del Código Civil confieren al acreedor hipotecario sobre el precio de la finca gravada tiene primacía y es preferente respecto del acreedor apelante, dado que el asiento del privilegio del Banco acreedor era el inmueble vendido, producida su venta en subasta judicial, por efecto de la subrogación real, su crédito y su privilegio quedaron automáticamente transferidos al precio obtenido en el remate (conf. art.3196 Cód. Civil).

Lo así implicado, permite aventar la ignota posibilidad de oponer a esta conclusión la inactividad del acreedor hipotecario denunciada por el apelante, en la medida que, a más de poder encontrarse motivada en la liquidación por el B.C.R.A. de la primigenia sociedad ejecutante, no se han aducido ni probado, que tal conducta encuentre justificación en la intencionalidad de burlar e impedir el ejercicio de los derechos de prelación de cobro que postula el apelante.

V.Distinta solución se impone con relación a los reproches formulados contra la imposición de las costas devengadas con motivo de la sustanciación, pues ante las distintas líneas de interpretación doctrinaria y jurisprudencial elaboradas en torno a la materia en debate, cabe considerar que el acreedor embargante vencido actuó sobre la base de una convicción razonable acerca de la cuestión con-trovertida.

Deben, pues, soportar las partes por su orden las costas genera-das en ambas instancias, en tanto la existencia de jurisprudencia y doctrina discrepante demuestra la concurrencia de un justificativo su-ficiente para apartarse del principio objetivo de la derrota consagrado por el artículo 68, párrafo 1º del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y eximir al vencido de cargar con la totalidad de los gastos causídicos; y con ese alcance, modificarse la decisión bajo recurso.

En mérito a lo expuesto y a lo considerado, el tribunal RESUELVE: Modificar la resolución apelada de fs.1056/1059 con el alcance indicado en el considerando V de la presente; confirmándola en lo principal que decide y fuera materia de agravio. Con costas de alzada por su orden (arts.68 y 69, Cód. Procesal).

Regístrese. Comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada N°15/13, art.4°) y devuélvase a la instancia de grado haciéndose saber que deberá disponerse la notificación de la recepción de las actuaciones y el presente fallo, en forma conjunta.

FDO:

MARTA DEL ROSARIO MATTERA.

ZULEMA WILDE.

BEATRIZ A VERON

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