Se juzga omisivo el actuar de la ART que solo tomo recaudos tras accidentarse un trabajador, pero no previamente

AccidentePartes: M. B. G. A. c/ Jumbo Retail Argentina S.A. y otro s/ accidente – acción civil

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: VII

Fecha: 31-mar-2014

Cita: MJ-JU-M-85880-AR | MJJ85880 | MJJ85880

Con base en el art.1074 del Código Civil, la ART debe responder por las omisiones incurridas a raíz del accidente de un trabajador, siendo que además implementó medidas de seguridad solo tras el hecho sucedido.

Sumario:

1.-Corresponde admitir la responsabilidad de la ART respecto del infortunio sufrido por el actor dado que la condena de la ART se funda en la omisión de cumplimiento de las obligaciones que la ley de riesgos le impone con el objeto de prevenir eficazmente los riesgos del trabajo (cfr. art. 4.1 ley 24557).

2.-Toda vez que no surge que la máquina sobadora industrial en la cual se le aprisionó el brazo al actor estuviera en condiciones de seguridad suficientes para ser operada por los trabajadores, y por el contrario, surge acreditado que la máquina fue reequipada con un pulsador de seguridad y una barra de seguridad superior para evitar atrapamientos, luego del infortunio, la ART debe ser responsabilizada en los términos del art. 1074 del Cciv. por las omisiones incurridas.

3.-Habida cuenta de que el actor no ha sido capacitado para efectuar la tarea designada ni se le han entregado elementos de protección personal para asegurar la indemnidad en su labor con la máquina sobadora, cabe concluir que las omisiones incurridas por la ART demandada fueron relevantes en el resultado de los acontecimientos denunciados, -aprisionamiento del brazo entre los rodillos de la máquina-, que justifican plenamente la condena dispuesta en los términos del art. 1074 del CCiv.

4.-Sin perjuicio de que no ha sido acreditado que la lesión sufrida por el accionante haya determinado que ya no podrá ejercer la actividad que otorgaba un sentido a su vida, ello no impide soslayar que el grave accidente del que fuera víctima constituyó un hecho traumático que le generó una incapacidad psíquica severa que le ha dejado secuelas que impiden el normal desarrollo futuro del dependiente tanto en su vida laboral como personal, en consecuencia, corresponde elevar el monto de condena.

5.-Corresponde declarar la inconstitucionalidad de la limitación en costas establecida por ley 24432 pues resulta clara y manifiestamente violatoria de las garantías constitucionales y de las que surgen de normas internacionales aplicables conforme lo dispuesto por el art. 75 inc. 22 CN.

Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 31 días del mes de marzo de 2014, para dictar sentencia en estos autos: “M. B. G. A. c/Jumbo Retail Argentina S.A. y otro s/Accidente – Acción Civil”, se procede a votar en el siguiente orden:

LA DOCTORA BEATRIZ I. FONTANA DIJO:

La sentencia de primera instancia que hizo lugar al reclamo inicial, viene apelada por ambas demandadas a tenor de los recursos obrantes a fs. 511/514 (Provincia ART S.A.) y fs. 515/517 (Jumbo Retail S.A.), los cuales recibieron réplica en forma conjunta por parte de la actora a fs. 525/527. Asimismo, el accionante, expresa agravios a fs. 507/510, presentación que fue contestada por las contrarias a fs. 528/529 y fs. 530/531.

En virtud de la temática de los recursos deducidos, considero oportuno memorar, en primer lugar, que la presente demanda fue iniciada por el actor, a fines de obtener una indemnización integral, en virtud de los daños derivados del accidente de trabajo que denunció haber sufrido dentro del establecimiento laboral propiedad de la empleadora.

El sentenciante de grado consideró acreditado, y ello no se encuentra controvertido ante esta alzada, que en ocasión de encontrarse trabajando el actor y debiendo sacar un bastón de hojaldre de una máquina sobadora industrial, que dispone de dos rodillos para aplastar la masa, ésta le atrapó el brazo izquierdo, se lo aprisionó entre los rodillos internos de la máquina que siguieron girando, llevando el brazo atrapado hacia el interior de la misma, debiendo intervenir el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Puerto Madryn para proceder al desarme de la máquina y así liberar al actor quien fue trasladado en ambulancia a un hospital de la zona (cfr. informe brindado por la Asociación de Bomberos a fs. 182).

Teniendo en cuenta la índole de los agravios, trataré los mismos en el siguiente orden de acuerdo a la incidencia que los mismos tienen sobre la solución del pleito.

En primer lugar, se queja la co demandada Jumbo Retail S.A.por la condena dispuesta en primera instancia en los términos del Código Civil. Al respecto hace referencia a lo dispuesto en el art. 39 de la LRT y sostiene que no se ha invocado en autos que la afección padecida por el actor haya sido causada por una acción dolosa de su empleador, por lo que pretende que se haga lugar a la defensa de legitimación pasiva rechazando la demanda a su respecto.

Adelanto que la queja en el punto no tendrá favorable acogida.

Efectivamente, las genéricas referencias efectuadas por el recurrente resultan insuficientes para modificar lo decidido en al respecto en tanto advierto que el sentenciante decretó la inconstitucionalidad del art. 39 LRT con fundamento en normas constitucionales en el mismo sentido y con los argumentos a los que apeló la CSJN en el precedente “Aquino” . A dichos efectos, evaluó la responsabilidad de la empleadora en los términos del art. 1.113 del Cód.Civil y, al respecto, no se advierte en la presentación de marras que se haya efectuado un concreto análisis de lo allí decidido ni que se hayan aportado argumentos conducentes para controvertir adecuadamente la sentencia que apela.

En consecuencia, propongo desestimar el recurso intentado.

A continuación, Provincia ART también se queja por la condena fundada en el Código Civil en tanto sostiene que su parte se obligó en los términos de la ley de riesgos y que, por tanto, la cobertura de la responsabilidad de la empleadora, sólo está referida a las prestaciones que emergen de dicha ley.

Pero este aspecto de la queja tampoco tendrá favorable acogida pues la condena de la ART fue fundada en la omisión de cumplimiento de las obligaciones que la ley de riesgos le impone con el objeto de prevenir eficazmente los riesgos del trabajo (cfr. art.4.1 ley 24.557), y al respecto, no se advierte que se haya efectuado una crítica eficaz de lo allí decidido.

En términos que comparto, el Juez “a quo” hizo hincapié en que no surge de autos que la máquina sobadora industrial en la cual se le aprisionó el brazo al actor, estuviera en condiciones de seguridad suficientes para ser operada por los trabajadores, lo que sí surge efectuado luego de que ocurriera el accidente denunciado en autos en anto el experto informó que la máquina fue reequipada con un pulsador de seguridad con accionamiento del pie y una barra de seguridad superior para evitar atrapamientos (ver informe técnico a fs. 313 y fs. 404).

Tampoco se ha demostrado que el actor estuviera capacitado para efectuar la tarea designada ni que se le hubieran entregado elementos de protección personal para asegurar la indemnidad en su labor con la máquina sobadora, por lo que cabe concluir, que las omisiones incurridas por la ART demandada fueron relevantes en el resultado de los acontecimientos denunciados en autos las cuales, en mi opinión, justifican plenamente la condena dispuesta en los términos del art. 1074 del Código Civil.

En consecuencia, encuentro suficientemente fundada la responsabilidad atribuida a la ART demandada y no advierto que en el recurso se haya aportado prueba conducente que amerite evaluar una solución distinta a la que apela.

Por tanto, propongo desestimar el recurso en el punto.

Por último, tanto la parte actora, como la co demandada Provincia ART se quejan por el monto de condena.El accionante pone especial énfasis en que el sentenciante no incluyó el daño psíquico en el cálculo de la indemnización, mientras que la ART sostiene que la suma fijada en primera instancia, deviene exagerada.

Adelanto que, en mi opinión, cabe receptar la queja del accionante y desestimar la intentada por la demandada.

En primer lugar, no advierto en el recurso de la demandada argumentos conducentes que permitan efectuar una revisión de lo actuado y, por el contrario, asiste razón al demandante respecto de que el Juez “a quo” no ponderó el daño psíquico establecido por el experto médico, lo cual le generó al actor una incapacidad del 20% adicional al daño físico comprobado.

Al respecto, si bien es cierto que, según doctrina de la Corte los porcentajes de incapacidad informados por los peritos médicos, constituyen solamente una variable más a ser merituada por los jueces a fin de determinar la reparación correspondiente, ello en tanto se trata de un pedido de reparación integral, en mi opinión, en este caso, cabe ponderar especialmente la incidencia de la incapacidad psíquica detectada en el actor en atención a las graves características del daño padecido.

De la pericia médica efectuada en autos, se desprende que el actor presenta severas lesiones a nivel de los tejidos blandos de su miembro superior izquierdo, producto de lo cual se observan importantes secuelas que comprometen y limitan la movilidad de la articulación del codo y de la muñeca, con variedad de cicatrices y con injertos de piel, para lo cual el propio actor fue donante de auto injerto de piel, por lo que también presenta cicatrices en su muslo izquierdo.Que el actor tiene alteradas las esferas volitivas y afectivas de su personalidad, que redunda en una disminución de su capacidad de goce en las áreas de despliegue vital individual, recreativo, intelectual y laboral, que presenta signos de ansiedad y angustia, inadecuación, desvitalización y aspecto depresivo.

Ahora bien, el Juez de primera instancia hizo mérito de que no se acreditó en la causa que la lesión sufrida por el accionante haya determinado que ya no podrá ejercer la actividad que otorgaba un sentido a su vida, pero ello no impide soslayar que el grave accidente que nos convoca, constituyó un hecho traumático que le generó una incapacidad psíquica severa que le ha dejado secuelas que impiden el normal desarrollo futuro del dependiente tanto en su vida laboral como personal.

En consecuencia, teniendo en cuenta que la incapacidad comprobada asciende al 62% y considerando la incidencia de la misma en la vida actual y futura del accionante según variables que ya fueron tenidas en cuenta por el Juez “a quo”, propongo elevar el monto de condena a la suma de $650.000 la cual deberá ser incrementada con intereses desde el momento y de acuerdo a la forma que se ha establecido en primera instancia, extremo que llega firme a esta alzada.

En virtud de la modificación que dejo propuesta y lo dispuesto en el art. 279 CPCCN, propongo mantener la imposición de costas y las regulaciones de honorarios las cuales deberán ser calculadas sobre el nuevo monto de condena (conf. art. 68 CPCCN y art. 38 L.O.).Por último la co demandada Provincia ART reclama la aplicación al caso de la ley 24.432, pero adelanto que el planteo tampoco podrá tener favorable acogida.

En efecto, de acuerdo con el criterio sostenido por esta Sala la Ley 24.432 resulta inconstitucional, en tanto impone un límite porcentual a la condena en costas a cargo de la parte vencida (“Alcorta Olguin, Cristian José c/ Molino San Martín SA y otro s/ Accidente – ley especial” S.I.32.643 del 30/6/2011″, “Tula Ana Mabel c/ Kraft Foods SA y otro s/ Accidente – Acción Civil” S.D. 43.620 del 9/6/2011, “Barberis Nilda Maria y otrs c/ Adecco Argentina SA y otros s/ Diferencias de Salarios” S.I. 32.753 del 19/8/2011 y “Villarruel Hector Omar c/ Liberty ART SA s/ Accidente – Acción Civil” SD 43.748 del 24/8/2011, entre otras).

Según la interpretación que viene haciendo en forma reiterada la Corte Interamericana de Derechos Humanos del art. 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humano, ante una sentencia condenatoria, las costas y gastos se encuentran comprendidos dentro del concepto de reparación (confr. Caso Garrido y Baigorria Vs. Argentina. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de 1998. Serie C N° 39, párr. 79; Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay. Reparaciones y Costas. Sentencia del 17 de junio de 2005; Caso Dacosta Cadogan vs. Barbados. Reparaciones y Costas. Sentencia del 24 de Septiembre de 2009; entre otros). La Corte Interamericana sostiene tal conclusión a partir de que la referida norma establece, entre otras cosas, que si fuera procedente, se dispondrá el pago de “una justa indemnización” a la parte lesionada.

Nuestra Corte Suprema de Justicia, también remite al concepto de “indemnización justa” entre otros en el precedente “Aquino, Isacio c. Cargo Servicios Industriales S.A.”, cuando frente a un reclamo por accidente decretó la inconstitucionalidad del art. 39.1 de la Ley 24.557.

Allí sostiene la Corte que la indemnización debe ser integral, que vale tanto como decir justa, porque no sería acabada indemnización si el daño y el perjuicio quedaran subsistentes en todo o en parte (Fallos:283:213, 223, considerando 4° y su cita).

En ese marco, la reparación del perjuicio no sería justa e integral si se hiciera lugar al reclamo de la parte demandada y se aplicara la limitación en costas dispuesta por la Ley 24.432.

En el caso, en tanto la inconstitucionalidad de dicha norma fue solicitada expresamente por la parte actora (ver fs. 52), en tanto resulta clara y manifiestamente violatoria de las garantías constitucionales y de las que surgen de normas internacionales aplicables conforme lo dispuesto por el art. 75 inc. 22 Constitución Nacional entiendo que existe razón suficiente para proceder a declarar la inconstitucionalidad de la limitación establecida por ley 24.432.

Las costas de alzada propongo que sean soportadas por las demandadas vencidas, fijando los honorarios de los letrados que intervinieron en el 25% de lo regulado para primera instancia (conf. art. 14 Ley 21.839).

Por todo lo expuesto, de prosperar mi voto propongo: 1) Modificar parcialmente la sentencia apelada y elevar el monto de condena a la suma de $650.000 la cual será incrementada con intereses de acuerdo a lo establecido en primera instancia. 2) Confirmar la sentencia en lo demás que decide aclarando que los porcentajes fijados a los profesionales intervinientes, deberán ser calculados sobre el nuevo monto de condena. 3) Imponer las costas de alzada a las demandadas. 4) Regular los honorarios de los letrados intervinientes en esta etapa en el 25% de lo que les corresponda percibir por su actuación en primera instancia.

EL DOCTOR NÉSTOR MIGUEL RODRIGUEZ BRUNENGO DIJO:

Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto de mi distinguida colega por compartir sus fundamentos y agrego que debemos recordar el inveterado axioma proveniente del Derecho Romano: “Secundum commoda, quae quisque sentit, ita onus subiere tenetur” (Conforme a las utilidades que uno obtiene, así debe sufrir las cargas)

Nuestro Máximo Tribunal ha dicho que “.el hecho de ser constitucionalmente inválido que la mentada prestación de la L.R.T. origine la eximición de la responsabilidad civil del empleador (art. 39, inc.1) no se sigue que las A.R.T. queden relevadas de satisfacer las obligaciones que han contraído en el marco de la citada ley, por lo que no existe razón alguna para ponerlas al margen del régimen de responsabilidad civil, por los daños a la persona de un trabajador derivados de un accidente o enfermedad laboral (.) tampoco la hay para que la aludida exención, satisfechos los mentados presupuestos, encuentre motivo en el solo hecho que las ART no pueden obligar a las empleadoras aseguradas a cumplir determinadas normas de seguridad, ni impedir a éstas que ejecuten sus trabajos por no alcanzar ciertas condiciones de resguardo al no estar facultadas para sancionar ni para clausurar establecimientos. Esta postura (.) conduciría a una exención general y permanente(.) no se trata, para las aseguradoras, de sancionar incumplimientos o de imponer cumplimientos, sino de algo que antecede a ello, esto es, prevenir los incumplimientos como medio para que éstos, y los riesgos que le son ajenos, puedan evitarse. Por el otro, olvida que no es propio de las ART permanecer indiferentes a dichos incumplimientos, puesto que la ya citada obligación de denunciar resulta una de sus funciones preventivas.” (v. “Torrillo, Atilio Amadeo y o. C/ Gulf Oil Argentina S.A. y otro” , T.205,XLIV, del 31/03/2009, en similar sentido, esta Sala in re “Verón, Roberto Omar C/ Q.B.Andina S.A. y Otro S/ Accidente- Acción Especial”, S.D. nro.: 41.903 del 22/06/2009; y más recientemente en: “Rivero, Carlos Alberto C/ Pequeña Marina S.R.L. Y Otro S/ Accidente-Acción Civil”; S.D. 42034 del 31.8.09).

De esta forma, sin entrar en el debate técnico de cuál hubiera sido el medio más idóneo de prevención del caso, tampoco es atendible la defensa argumental relativa a haber cumplido, supuestamente, con las previsiones estatuidas en materia de seguridad para atenuar accidentes.De hecho, la mejor muestra de que no fueron efectivas es la producción del daño mismo, y por ende, la decisiva influencia que tuvo éste en la disminución de la capacidad del dependiente, lo que implica la falta de cumplimiento al deber impuesto legalmente de conformidad

con lo normado en el art. 1.074 del Código Civil.

Así, es válido colegir que -a juzgar por el resultado- la aseguradora no cumplió eficazmente con su deber legal de prevención y contralor que le impone la normativa aplicable; lo que constituye una omisión culposa para el acaecimiento del infortunio y que conlleva la aplicación del art. 1.074 citado (en igual sentido, v. de esta Sala, en “Alcorta Olguin, Cristian José C/ Molinos San Martin S.A. Y Otro S/ Accidente”; S.D. 42.029 del 31.8.09).

Ello sin olvidar también que el art. 902 del Código Civil complementa, en cierto modo el art. 1074 del mismo cuerpo legal, e impone el deber de mayor diligencia cuando las circunstancias lo impongan (en igual sentido, esta Sala en Pérez, Elsa Edit c/ Sanatorio Güemes S.A. s/ despido”, SD: 30.030 del 5.11.97).

No puede soslayarse que el Estado ha delegado en las aseguradoras de riesgos de trabajo, si bien inconstitucionalmente, todo lo relativo al control y sujeción de los empleadores a las normas de higiene y seguridad, imponiéndoles a estos gestores privados del sistema diversas obligaciones de control y supervisión (art. 18 decreto 170/96). Se genera así, una ampliación de los sujetos responsables, de modo tal que deja de ser el empleador el único obligado en materia de prevención de riesgos laborales, por lo cual la omisión o cumplimiento deficiente de aquella función “cuasi-estatal” genera la responsabilidad de la A.R.T., cuando -como en el caso- se comprueba un nexo de causalidad adecuada con el daño sufrido por el trabajador (art. 901, 902 y 904 Cód.Civil). Por todo ello -a mi juicio- coincido en que la Aseguradora de Riesgos del Trabajo demandada debe responder en forma solidaria con la codemandada Jumbo Retail Argentina S.A. por las obligaciones

pecuniarias determinadas por la Dra. Fontana.

LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIRÓS DIJO:: no vota (art. 125 ley 18.345).

En atención al resultado del presente acuerdo, EL TRIBUNAL RESUELVE: 1) Modificar parcialmente la sentencia apelada y elevar el monto de condena a la suma de $650.000 (seiscientos cincuenta mil pesos) la cual será incrementada con intereses de acuerdo a lo establecido en primera instancia. 2) Confirmar la sentencia en lo demás que decide aclarando que los porcentajes fijados a los profesionales intervinientes, deberán ser calculados sobre el nuevo monto de condena.

3) Imponer las costas de alzada a las demandadas. 4) Regular los honorarios de los letrados intervinientes en esta etapa en el 25% (veinticinco por ciento) de lo que les corresponda percibir por su actuación en primera instancia. 5) Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la ley 26.856 y con la Acordada de la CSJN Nº15/2013.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

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