Pese a que el demandado circulaba por una vía de mayor jerarquía, contando con prioridad de paso, se lo condenó a indemnizar al actor.

IMG_2090Partes: Orellana Sergio Omar y otro c/ Sanabria Torres Victoriano s/ daños y perjuicios (acc. Tran. c/ les. o muerte)

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: J

Fecha: 1-jul-2014

Cita: MJ-JU-M-86878-AR | MJJ86878

Pese a que el demandado circulaba por una vía de ‘mayor jerarquía’, contando con prioridad de paso, se lo condenó a indemnizar al actor por haberlo impactado de manera sorpresiva, cuando se disponía a cruzar la avenida. 

Sumario:

1.-Corresponde condenar a la demandada y su compañía aseguradora a indemnizar a los accionantes por el accidente de tránsito ocurrido, pues quedó demostrado que fue el actor quien adoptó en la emergencia las precauciones del caso y no así el demandado.

2.- Pesa sobre el accionado la carga de demostrar la causal eximente que alega para destruir la presunción de responsabilidad en su contra, es decir, la culpa de la propia víctima (art. 1111 CCiv.) (extremo que en el caso no se logró).

3.-Contar con ‘prioridad de paso’ no significa un ‘bill de indemnidad’ para arrasar con todo lo que se interpone en el camino.

4.-De acuerdo a lo prescripto por el art. 51 inc. ‘e’ de la Ley de Tránsito 24.449, en las encrucijadas urbanas sin semáforo se debe conducir a una velocidad precautoria nunca superior a 30 km/h., para poder conservar el completo dominio del vehículo.

5.-El daño moral importa una minoración en la subjetividad de la persona de existencia visible, derivada de la lesión a un interés no patrimonial, o con mayor precisión, una modificación disvaliosa del espíritu, en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, lo que se traduce en un modo de estar diferente de aquél en el que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste, y anímicamente perjudicial. Se encuentra dentro de la dimensión cuasidelictual de la responsabilidad civil, resultando de aplicación lo normado por el art. 1078 del CCiv., que estipula que este daño se encuentra ‘comprendido’ dentro de la obligación de resarcir el daño causado, de allí que no se requiera la prueba del mismo.

6.-Corresponde que el capital fijado para afrontar el tratamiento del daño psíquico ($3.000) devengue intereses recién a partir de la notificación de la sentencia, si no se demostró erogación previa en tal sentido.

Fallo:

Buenos Aires, al 1° día del mes de julio de 2014, reunidas las Señoras Jueces de la Sala “J” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, a fin de pronunciarse en los autos caratulados: “ORELLANA SERGIO OMAR Y OTRO c/ SANABRIA TORRES VICTORIANO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS (ACC. TRAN. C/ LES. O MUERTE)”

La Dra. Beatriz A. Verón dijo:

1.1.- Contra la sentencia de primera instancia obrante a fs. 335/340 vta. se alzan las partes y expresan agravios, la demandada y citada a fs. 367/370 y la actora a fs. 371/373, mientras que las respuestas lucen agregadas a fs. 375/376 vta. y fs. 378/381 vta.

1.2.- La demandada y su compañía aseguradora impugnan la atribución de responsabilidad efectuada. Sostienen que el actor pretendía cruzar una avenida, arteria de mayor importancia, y que en la emergencia no prestó el debido cuidado, lo que generó el siniestro (art. 39 de la ley 24.499). Asimismo y de manera por demás sintética, relativiza la importancia de las declaraciones prestadas en sede policial por la coactora y el único testigo presencial del evento dañoso.

Luego, critican las sumas establecidas por daño moral por considerarlas exorbitantes y que enriquecen a su contraparte, y observan que resultan superiores a las que fueran objeto de reclamo.Aduce a su vez que este detrimento no ha sido probado.

1.3.- La actora, por su parte, cuestiona los resarcimientos fijados a favor de Gómez en concepto de “gastos” (médicos), incapacidad sobreviniente, daños psicológico y moral, y a favor de Orellana por privación de uso, pérdida por valor venal y daño moral, así como también critica la tasa de interés estipulada.

Atribución de responsabilidad

2.1.- Aunque no se encuentra debatido el encuadre jurídico aplicable en el sub examine, me detendré allí brevemente para fundamentar la solución que propondré.

En este sentido cabe poner de resalto que a los fines de imputar el daño cuya reparación se reclama, a tenor de la naturaleza objetiva con basamento en la “teoría del riesgo” que recepta el art. 1113, 2° párrafo 2° supuesto del C.C., sobre el accionado pesaba la carga de demostrar la causal eximente (casus) que alega para destruir la presunción de responsabilidad en su contra, es decir, la culpa de la propia víctima (art. 1111 C.C.), extremo que no ha logrado.

2.2.- En efecto, no está en duda que el demandado, circulando por la Av. Eva Perón al volante del VW Gol, fue quien impactó el Gacel del actor que lo hacía por la calle San Nicolás (localidad de Florencio Varela, Prov. Buenos Aires).

A estos fines la defensa intentada por las apelantes finca (y se limita) en que Sanabria Torres circulaba por una vía de “mayor jerarquía”, pero a tenor de las probanzas producidas y el encuadre aplicable, el accionante fue quien adoptó en la emergencia las precauciones del caso y no así el demandado (art. 39, inc. “b”, ley 24.449).

2.3.- De acuerdo a lo declarado por Roberto Vilela, único testigo presencial del siniestro parado en la parada de colectivo existente en dicha esquina, el actor sólo cruzó cuando el tránsito por la Av.Eva Perón se hallaba detenido y un vehículo ocasionalmente allí detenido a la espera de la reanudación de la marcha (el primero de la fila, un Fiat 147), le hizo señas (“juego de luces”) para que avanzara, y sólo recién allí lo intentó.

Sostuvo que allí fue que apareció por el costado de manera sorpresiva el rodado del accionado, y que colisionó al accionante.

Esto es lo que se desprende de la declaración obrante en esta sede (acta de fs. 138/139, N 1° y 2° rep.), y -en lo sustancial- es coincidente con lo que depusiera oportunamente en sede penal (cfr. fs. 16 y vta. de la Causa N° 13-02-7032-09 que tengo a la vista).

No puedo pasar por alto que lo aseverado por este testigo no ha merecido cuestionamiento serio, tampoco ha sido repreguntado a los fines de lograr socavar su credibilidad, tampoco en oportunidad de practicar alegato ya que, luego de señalar lacónicamente su carácter de “testigo único”, reputó “ligero y vago” lo declarado por la “Sra. Frías” (¿?), inexistente en autos, adjetivos estos que lejos se encuentran de representar fielmente el relato practicado por el deponente.

Respecto a la valoración de dicho único testimonio, no encuentro mérito para apartarme de él, y me remito a lo resuelto por esta Sala en reiteradas ocasiones (“Acuña, Marcela y otros c/ Garret, Gerardo y otros s/ Ds. y Ps.”, Expte. 5.125/05, 19/4/2012; idem, “Ramos, Fermin Florencio y otro c/ Transporte 22 de Septiembre S.A.C. y otros s/ Ds. y Ps.”, Expte. N° 59.754/2.003, del 19/9/2011; idem, “Ojeda, Julio C. y otro c/ Ttes. Metropolitanos Gral. Roca S.A. s/ Ds. y Ps.”, Expte. N° 40.180/2.006, del 17/5/2.011, entre otros; Guasp, Jaime, Derecho Procesal Civil, Ed. Civitas, t. I, págs. 565-6; Palacio, Lino Enrique, Derecho Procesal Civil, Abeledo, t. V, pág.266).

Por lo demás, lo aseverado por Vilela no se encuentra desvirtuado por ninguna probanza y confiere sustento a lo decidido en la sentencia en crisis.

2.4.- En otro orden, atendiendo el argumento de fondo de los quejosos, recuerdo que el hecho que el demandado contara con “prioridad de paso” no siginifica que tuviera un “bill de indemnidad” para arrasar con todo lo que se interponga en su camino (in re “Wang Guifang c/ Paladino, Edgardo s/ Ds. y Ps.”, Expte. N° 11.815/2.008, del 20/9/2011; idem, “Leffalle, Nicolás c/ Vecchiet, Christian y otros s/ Ds. y Ps.”, Expte. N° 96.213/2.004, del 26/8/ 2010; idem, “Ullua, José Pablo Kritsch, Luis s/ Sumario” , Expte. Nº 9.251/2003, del 05/7/07, entre otros).

Cabe recordar que a tenor de lo prescripto por el art. 51 inciso “e 1” de la ley 24.499, el demandado debía conducir a una “velocidad precautoria” nunca superior a 30 km/h. en las encrucijadas urbanas sin semáforo para poder conservar el completo dominio del vehículo (ver Vázquez, Adolfo Roberto, Legislación sobre tránsito, Ed. La Llave, 4° ed., págs. 557/558).

2.5.- En defintiva, en virtud de las circunstancias de hecho relatadas y razones de derecho desarrolladas, propicio confirmar el pronunciamiento atacado.

Incapacidad sobreviniente (daño psíquico)

3.1.- En primer lugar observo que la sentenciante de grado rechazó con acierto lo reclamado por daño físico pues el perito médico no constató incapacidad de esta naturaleza (cfr. dictamen a fs. 148), pero acierta la actora al observar que el perjuicio psíquico ha sido demostrado cabalmente, y que por tanto se impone su resarcimiento.

3.2.- En efecto, el perito interviniente (en experticia que corresponde valorar en los términos de los arts. 386 y 477 del rito) informó que el siniestro de autos “tiene relación directa y causal” con la patología sufrida (sintomatología fóbica) que la incapacitan de manera parcial y permanente en un 5% (fs. 167, pto.”d”), e indicó la necesidad de realizar tratamiento médico de seis meses a razón de una sesión semanal (fs. 167, pto. “e”).

Si bien tal informe fue impugnado (fs. 176/177 vta.), el idóneo desinsaculado ratificó el carácter permanente de la minusvalía debido a la cronicidad constatada del trastorno de ansiedad (ptos. 1/3), por lo que el resultado de la terapia apunta prioritariamente a prevenir un agravamiento de la patología más que a paliar sus efectos (pto. 4).

Por tanto, considerando que la coactora tenía 27 edad a la fecha del siniestro (fs. 5 de la causa penal), propicio fijar por daño psíquico la suma de $10.000 y por gastos para afrontar su tratamiento la de $3.000 (art. 165 CPCCN).

Daño moral

4.1.- Por este concepto, la juez de grado fijó las sumas de $5.000 para Sergio Omar Orellano y la de $10.000 a favor de Natalia Elizabeth Gomez.

4.2.- Comienzo por recordar que esta sala participo del criterio que aprehende con amplitud el daño moral, al considerar que se trata de un perjuicio que no queda reducido al clásico pretium doloris (sufrimiento, dolor, desesperanza, aflicción, etc.) sino que, además, apunta a toda lesión e intereses (jurídicos) del espíritu cuyo trasunto sean unas alteraciones desfavorables en las capacidades del individuo de sentir lato sensu, de querer y de entender (Bueres, Alberto J., “El daño moral y su conexión con las lesiones a la estética, a la sique, a la vida de relación y a la persona en general”, en” Revista de Derecho Privado y Comunitario”, Rubinzal-Culzoni, Nº 1, págs.237/259).

El daño moral importa una minoración en la subjetividad de la persona de existencia visible, derivada de la lesión a un interés no patrimonial, o con mayor precisión, una modificación disvaliosa del espíritu, en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, lo que se traduce en un modo de estar diferente de aquél en el que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste, y anímicamente perjudicial (Pizarro, Ramón D., Vallespinos, Carlos, Instituciones de Derecho Privado. Obligaciones, Hammurabi, t. 2, pág. 641; ver mis votos in re “Luciani, Nelly c/ Herszague, León y otros c/ Ds. y Ps.”, Expte. N° 21.920/2006, del 13/8/2010; “Peralta, Daniel Oscar c/ Transportes Metropolitanos General San Martín y otro s/ Ds. y Ps.”, Expte. N° 33.299/2005, del 10/5/2010; “Burcez, Elizabeth Graciela c/ Aguas Argentinas S.A s/ Ds. y Ps.”, Expte. N° 115.335/2005, del 22/4/2010, entre muchos otros)

A la hora de precisar el resarcimiento, debe examinarse el “resultado de la lesión”, es decir, de qué manera y con qué intensidad el agravio contra la persona le ha causado un perjuicio. Los bienes personalísimos no pueden ser cuantificados en más o menos, pero el sujeto puede sufrir más o menos a consecuencia de la lesión, y también el juez tiene que graduar de la misma manera la indemnización ya que no siempre es igual el daño moral derivado de actividades lesivas análogas. Por tanto, rige el principio de “individualización del daño” y las circunstancias de la víctima suelen dimensionar de distinta manera, inclusive en el ámbito espiritual, las derivaciones de una lesión similar (Zavala de González, Matilde, Código Civil y Normas Complementarias, Bueres-Highton, Hammurabi, t.3A, págs. 171/2).

4.3.- En consecuencia, a diferencia de lo alegado por los quejosos y toda vez que nos encontrarnos dentro de la dimensión cuasidelictual de la responsabilidad civil, resulta de aplicación lo normado por el art.1078 del Código de Vélez que estipula que este nocimiento se encuentra “comprendido” dentro de la obligación de resarcir el daño causado, de allí que no se requiera la prueba de este daño como pretenden los apelantes.

A los fines del justiprecio, considero que a la fecha del siniestro Gómez tenía 27 años de edad (fs. 5 de la causa penal) y Orellana 35 años (fs. 1 de la misma causa), que a Septiembre de 2013 se encontraban desocupados y el segundo cobraba un seguro de desempleo, y de humilde condición socioeconómica (cfr. declaraciones a fs. 5/6 del BLSG). También observo y pondero -a diferencia de lo sostenido por los quejosos- que las sumas objeto de reclamo lo fueron de acuerdo a “lo que en más o en menos resulten de las probanzas a producirse en autos…” (fs. 26).

En consecuencia, considero que los montos estipulados en la anterior instancia deben ser confirmados, lo que así propongo (art. 165 del CPCCN).

Gastos , privación de uso y pérdida del valor venal

5.- Por estos conceptos se ensayan quejas que no reúnen los requisitos que la ley impone para poder considerarlos “crítica concreta y razonada” del fallo impugnado en los términos que prescribe el art. 265 del CPCCN, extremo que se desprende de la mera lectura de la presentación a despacho (fs. 371 vta. y fs. 372).

Por tanto, corresponde sin más la aplicación de lo dispuesto por el art.266 del rito.

Intereses

4.1.- Sobre este rubro de la cuenta indemnizatoria, es la actora quien reclama que los réditos fijados sobre el capital de condena sean computados a la tasa activa, así como también solicita que se actualicen los montos.

4.2.- En primer lugar recuerdo -tal como lo hiciera la sentenciante- que en principio corresponde aplicar desde el inicio de la mora y hasta el efectivo pago del capital de condena dicha tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (CNCiv., esta Sala, 28/09/2009 Expte. Nº 101.903/2005 “Ochoa, Raúl c/ Recoletos Argentina S.A.”; Idem., id.,19/11/2009, Expte. Nº 115.969/2003, “Rodríguez Ayoroa, Hilda c/ Deconti S.A. y otros”; Id., id., 4/5/2010 Expte. Nº 28.910/2003, “Colombo, Aquilino c/ De Rosso, Héctor”; entre otros).

No obstante, cambia la decisión en caso que su aplicación implique una “alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido”, lo que así interpreto al igual que la sentenciante de grado, pues es la situación que se verifica en el sub examine (CNCiv., esta Sala, 11/02/2010, Expte. Nº 52.629/2005, “Solimo, Héctor Marcelo c/ Trenes de Buenos Aires y otro” ; Idem., Id., 25/02/2010, Expte. Nº 87.802/2000, “Valdez Sandra Noelia c/ Urbano Alberto Daniel y otro”; Id., id., 15/3/2010, Expte. Nº 40.230/2006 “Benzadon, Ricardo José c. Guillermo Dietrich S. A. y otro” ; Id. Id.,21/12/09 Expte.Nº 43.055/99 “Vivanco, Ángela Beatriz c/ Erguy, Marisa Beatriz y otros”; Id., id., 17/11/2009, “Pierigh, Fabiana Claudia c/ Radetch, Laura Virginia y otros”).

Tal como sostuvimos las tres integrantes de esta Sala en oportunidad de pronunciarnos con la mayoría en el plenario “Samudio”, la aplicación de la tasa activa, que tiene por objeto mantener incólume la significación económica de la condena, puede implicar como un efecto no querido un resultado contrario y objetivamente injusto, produciendo una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido (esta Sala, “Gutiérrez, Luis A. c/ Luciani, Daniela C. s/ Ds. y Ps.”, Expte. Nº 69.941/2005, del 10/8/2010, entre muchos otros).

4.3.- Para arribar a tal solución cabe recordar que las indemnizaciones fueron fijadas a “valor actual”, y ello así pues nos encontramos en el terreno de las “obligaciones de valor”, categoría obligacional que las distingue de la dineraria pues resultan sensibles a la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, de allí su carácter correctivo y que permite sortear el escollo legal en materia de desvalorización monetaria (ley 23.928, 25.561 y dec. 214/2002), lo que en definitiva me persuade a confirmar lo decidido en la anterior instancia.

Sin perjuicio de ello, al acogerse la acción intentada en lo atinente a los gastos para afrontar el tratamiento del daño psíquico (nocimiento que también prospera desde luego), el capital fijado por aquél concepto de $3.000, al no haberse demostrado erogación alguna en este sentido, no devengará intereses sino recién a partir de la notificación de la presente sentencia.

5.- En suma, por las consideraciones efectuadas, doy mi voto para que:a) Se modifique el fallo apelado y se indemnice a favor de Natalia Elizabeth Gomez el “daño psíquico” y los “gastos para su tratamiento”, con las sumas de $10.000 y $3.000 respectivamente;

b) Se computen los intereses sobre el capital fijado por “gastos de atención psicoterapéutica” de la manera estipulada en el acápite N° 4;

c) Se confirme el resto de la sentencia apelada en todo cuanto ha sido objeto de apelación y agravio;

d) Se impongan las costas de Alzada a la demandada y citada vencidas (art. 68 CPCCN).

Las Dras. Zulema Wilde y Marta del Rosario Mattera adhieren al voto precedente.

Con lo que terminó el acto, firmando las Señoras Vocales por ante mí que doy fe.-

Buenos Aires, julio de 2014.-

Y VISTOS: Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedentemente transcripto el Tribunal RESUELVE:

a) Modificar el fallo apelado e indemnizar a favor de Natalia Elizabeth Gomez el “daño psíquico” y los “gastos para su tratamiento”, con las sumas de $10.000 y $3.000 respectivamente;

b) Computar los intereses sobre el capital fijado por “gastos de atención psicoterapéutica” de la manera estipulada en el acápite N° 4;

c) Confirmar el resto de la sentencia apelada en todo cuanto ha sido objeto de apelación y agravio;

d) Imponer las costas de Alzada a la demandada y citada vencidas (art. 68 CPCCN).

e) Difiérase la regulación de los honorarios para su oportunidad.

Regístrese, notifíquese por cedula por Secretaría y comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada N° 15/13 art. 4°) y oportunamente devuélvase.-

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