fbpx

Respecto de dos menores de 9 y 7 años de edad, se fijó en $ 12.000 la cuota alimentaria a cargo del padre de profesión contador.

AlimentosPartes: T. P. y otros c/ V. D. L. s/ alimentos

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: H

Fecha: 26-jun-2014

Cita: MJ-JU-M-86789-AR | MJJ86789 | MJJ86789

Respecto de dos menores de 9 y 7 años de edad, se fijó en $ 12.000 la cuota alimentaria a cargo del padre de profesión contador.

CURSO ON DEMAND – Para profundizar aspectos sobre esta temática lo invitamos a conocer detalles sobre nuestro Curso teórico-práctico: Derecho de los Alimentos, ingresando  AQUI

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la cuota alimentaria a cargo del progenitor fijada en la suma de $ 12.000 a favor de los menores de 9 y 7 años de edad tomando en consideración para su determinación el trabajo desarrollado por sus progenitores, educación y experiencia, bienes de capital productivo que posean, salud, posibilidades efectivas de lograr ingresos y los gastos para atender a sus propias necesidades.

2.-Si bien la obligación alimentaria a favor de los hijos pesa sobre ambos progenitores, toda vez que la madre conviviente realiza aportes en especie tales como el cuidado y la vivienda, la obligación recae en mayor medida sobre el padre, pues el mayor cuidado y dedicación a los hijos efectuado por la madre importa una inversión de tiempo al que debe atribuirse valor.

3.-Resulta improcedente el pedido de disminución de cuota efectuado por el progenitor argumentando disminución de trabajo y de ingresos toda vez que de la prueba rendida surge que la pareja vivía holgadamente antes de la separación y que actualmente el alimentante posee ingresos mayores a los reconocidos, no obstando fijar la cuota alimentaria la imposibilidad de justificar fehacientemente los ingresos.

4.-Corresponde desestimar el planteo de la progenitora en relación a la solicitud de mantener la cuota alimentaria actualizada toda vez que no se realiza una crítica concreta y razonada del fallo sino que refiere a una resolución que se encuentra firme sin perjuicio de que al fijarse la cuota alimentaria se consideró el tiempo transcurrido desde el inicio de la mediación, mayor edad de los hijos, incremento del costo de vida y posibilidades de la progenitora de generar ingresos.

5.-Las costas son impuestas al alimentante en atención a la forma que se decide y naturaleza del proceso.

Fallo:

Buenos Aires, 26 de junio de 2014.- SM Fs. 2241.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Estos autos son elevados al Tribunal en virtud de los recursos de apelación interpuestos por el demandado, la actora y la señora Defensora de Primera Instancia, el que es mantenido por su par de Cámara, contra la sentencia de fojas 2158/ 2166.

En ella la «a quo» fijó la cuota alimentaria de los dos hijos de la pareja, los que cuentan en la actualidad con 9 y 7 años de edad, en la cantidad de $12.000, (doce mil pesos), tomando al efecto en consideración la prueba rendida en la causa y la de presunciones.

Cabe señalar primeramente, que el tribunal de apelación no se encuentra obligado a seguir a los litigantes en todas sus argumentaciones, ni a refutar éstas una por una, en tanto posee amplia libertad para ordenar el estudio de los hechos y de las distintas cuestiones planteadas asignándoles el valor que corresponda a las que realmente lo tengan y sean decisivas para fundar la sentencia, pudiendo prescindir en consecuencia de aquéllas que no sirvan a la justa solución de la litis. Partiendo de esta pauta directiva, se resolverán los recursos en esta instancia.

Esta Sala ha expresado en forma reiterada que el derecho alimentario del hijo menor de edad deriva de los deberes que impone a sus progenitores la patria potestad (Confr. Belluscio, «Manual de derecho de familia», T° II, p. 228; Bossert- Zannoni, «Manual de derecho de familia» p. 42, arts. 265, 267, 271 y 272 C.C.), los cuales son debidos por cada uno conforme con su condición y fortuna (C.N.Civ., Sala «A», 17/05/88, R. 34.449; id., Sala «D» 20/03/84, L.L. 1984-C-639; id. Sala «G» 29/08/85, R. 16.688, art. 265 citado). En virtud de su origen no está sujeto a la prueba de la necesidad natural en que se sustenta (Confr. Belluscio, ob. cit., pág. 289; Bossert-Zannoni, ob. cit. p.431), la cual incluye manutención, vestido, habitación, asistencia, gastos en las enfermedades, educación, como también los restantes requerimientos que plantea el desarrollo cultural y espiritual del ser humano incluido el esparcimiento. Todo ello, procurando mantener el nivel social y económico de que el menor gozaba hasta el surgimiento del conflicto entre sus padres (Confr. Tanzi-Suarez «La obligación alimentaria emanada de la patria potestad» L.L. 1990-D-466).

En el sublite, los hijos de la partes nacieron A. el 18 de abril de 2005 y B., el 18 de abril de 2007.

Debe destacarse que entre los parámetros útiles para la determinación cuantitativa de la cuota alimentaria han de valorarse -entre otros- el trabajo desarrollado por cada uno de los progenitores y aquel que podrían desarrollar acorde a su edad, capacitación, educación y experiencia; los bienes de capital productivos o no que cada uno posea, su estado de salud, sus posibilidades efectivas de lograr ingresos, y la demanda generada por la atención de sus propias necesidades (conf. Bossert, «Régimen jurídico de los alimentos», Astrea, 1993, página 184). Sin embargo, para estimar la contribución exigible a quien detenta la tenencia del hijo, deben considerarse los aportes en especie que efectúe y que posean significación económica, tales como proporcionar y mantener la vivienda -propia o arrendada-, así como, la atención y los cuidados brindados a los menores en sus múltiples requerimientos cotidianos. Ello es así, pues tales factores importan una inversión de tiempo al que debe atribuirse valor, pues de otro modo pudo haber sido dedicado a la realización de actividades lucrativas (conf. CNCiv., Sala «C», 08/02/88, ED 128-309; id., Sala «E», 28/04/86, R. 21.703; Bossert, ob.cit., página 185).

En este sentido, se sostiene que «aunque la obligación de prestar alimentos a los hijos pesa sobre ambos progenitores, se interpreta que ésta recae en mayor medida sobre el padre, en tanto que la madre, si ejerce la tenencia, la compensa con el mayor cuidado y dedicación que a sus hijos les brinda .» (v. «Ventura, Adrián – Stilerman, Marta; «Alimentos» pág. 103).

En efecto, ha quedado acreditado en esta causa que los niños conviven con su madre en la casa que ella adquirió con el 50% de lo obtenido al tiempo de dividir el departamento en el que habitaba la pareja y sus hijos antes de su separación.

Ambos padres son profesionales; en el caso del señor D. V., se desempeña como contador público, y la señora P. T. es abogada, aunque cuando nacieron los hijos acordaron que ésta se hiciera cargo de ellos y que no ejerciera la profesión, extremo en el que las partes se encuentran contestes (Ver también declaración del testigo L., de fojas 538).

Por su parte, el demandado esgrime al tiempo de contestar la demanda que sus ingresos se han visto disminuidos por pérdida de clientes, lo que sostiene en su apelación, por lo que junto con aquellos gastos que le genera hoy en día el hecho de vivir por su cuenta, no le permiten afrontar la cuota que se ha establecido.

En base a tales premisas corresponde revisar las pruebas aportadas al proceso, las que han sido justipreciadas en forma correcta por el «a quo».

Con relación a la capacidad económica del alimentante, de los dichos de los testigos que depusieron a fojas 538:767/768; 770/771 y 778, junto con los saldos de las distintas tarjetas de crédito que poseía y las diversas cuentas bancarias, algunas de las cuales a posteriori de la separación o al tiempo del pedido de informes ya no estaban vigentes, permiten inferir que la pareja y los niños vivieron una situación cuanto menos holgada.

Ello así, no solo por lo expuesto «ut supra», sino por la vivienda en la que habitaron, por el colegio elegido para sus hijos -Las Esclavas-, por el que hoy, según los dichos del alimentante, abona por ambos la suma de $ 4.481, y la cantidad de viajes realizados al exterior, para lo que basta ver el informe del Ministerio del Interior Dirección General de Migraciones de fojas 1828/1829, como los consiguientes gastos en dólares, aún cuando se los efectuara en tiendas de marca pero de productos discontinuos.

A lo expuesto corresponde adicionar que a la fecha, además del pago del colegio también el demandado abona por obra social para sus hijos una cuota de $ 1.000, y deposita $ 1.600 mensuales para los restantes gastos. Únicamente desde esa óptica no es dable presumir que, aún cuando, según dice, sus ingresos han disminuido sean los que declara -aproximadamente $ 12.000-.

Además, pese a que haya perdido clientes, como asevera, y declaran los distintos testigos presentados por él a fojas 490/491 y 495/496, es necesario tomar en cuenta que informa que paga $ 3000 de alquiler, que utiliza el automóvil de su hermana, lo que sin lugar a dudas también le genera gastos, junto con aquellos necesarios para su alimentación, esparcimiento etc., todo lo que denota la inconsistencia de lo señalado respecto de sus emolumentos.

Por otra parte, de ser ello así, no alcanza a entenderse cómo efectúo trabajos para el testigo M.-ver fojas 490/491-, sin percibir una contraprestación, cuando ella era ineludible para cubrir las necesidades de sus hijos.

En ese escenario, la imposibilidad de justificar fehacientemente los ingresos del obligado no obsta a la determinación de la cuota alimentaria, desde que a tal fin se admite uniformemente el empleo de prueba de presunciones, tal como lo ha puesto de manifiesto la «a quo», (CNCiv. Sala «F», diciembre 28-984, «C. de D., c/ C.D.H.N.»; id. id. abril 17-984, «D. de M., E. M. c/ M., M. N», id id abril 15-985, «L. de B., L. C. B.»), la que, por otra parte, debe ser apreciada con criterio amplio, favorable a la prestación que se persigue (conf. CNCiv. Sala «E», julio 8-981, «A. de R., H. c/ R., R.», id. Sala D, junio 23-981, «G. de A., L. E. c/ A., J. O.», id. id. junio 10-981, «P. de F., C. G. c/ F., M.O.», entre otros).

Referente al juicio de alimentos, se ha sostenido que no es necesario que la prueba de los ingresos del alimentante sea directa, pues no requiere la demostración exacta de las ganancias de éste o de su patrimonio, sino que basta con un mínimo de elementos que den las pautas básicas para estimar el monto de la pensión; por lo que la prueba del caudal económico del alimentante puede surgir de la prueba directa en su totalidad, o en parte de prueba directa y de indicios sumados o de presunciones exclusivamente, siempre que reúnan las condiciones de eficacia que le son propias, aunque con criterio amplio en favor de la pretensión de la demandante (conf. Colombo, Carlos «Código.», T. II, pág. 280, CNCiv. Sala A, r. 30.624 del 8/10/87, r. 32.531 del 15/10/87, r. 32.488 del 23/2/88, r. 35.935 del 26/4/88; idem, Sala K, 22/6/90, «J. de M. L. c/M. I. s/alimentos; idem Sala L, 14/2/91, G. A. c/ M. O.s/sumario»; idem, Sala G, 6/3/89, «G. B. S. c/ G. G. C. s/alimentos»; idem Sala E, 5/12/94, «S. M. G. c/ F. O. s/alimentos»; idem Sala L 14/12/99, «D. A. S. c/Z. A. S.»), tal como aquí sucede.

En estas condiciones, y aun cuando el Sr. V. alegue que no se logró acreditar que posea los bienes que se denunciaron en el escrito de demandada etc., que muchos de los gastos a los que se hace referencia han sido realizados por los abuelos maternos de sus hijos, esos extremos no pueden ir en desmedro de estos últimos.

Se destaca que los progenitores tienen el deber de proveer a la asistencia de sus hijos menores y que para ello deben desplegar todos los esfuerzos necesarios realizando trabajos productivos, sin que puedan excusarse de cumplir con su obligación alimentaria invocando falta de trabajo o ingresos insuficientes, cuando ello no se debe a imposibilidades o dificultades prácticamente insalvables (Confr. Bossert Gustavo A. «Régimen Jurídico de los Alimentos», Editorial Astrea, 3a. reimpresión, página 206 n° 231 y sus citas jurisprudenciales).

En consecuencia, valorada la prueba arrimada en autos, en particular y en conjunto conforme con las reglas de la sana crítica (artículo 386 del Código Procesal), teniendo en consideración el nivel de vida de cada una de las partes, la edad de sus hijos a la fec ha 9 y 7 años, y a que no pueden ser dejados de lado los gastos que insumen las actividades extracurriculares que realizan B.y A., como la parte proporcional de los gastos del hogar que deben ser asumidos por ambas partes, el tribunal considera adecuado el monto de la cuota estipulada por la sentenciante.

Por último, en lo que hace al modo en que deberá realizarse el pago de la mentada cuota, lo es de la forma que surge del punto VI de la parte resolutiva de la sentencia apelada -depósito bancario- y no como lo pretende la parte demandada a fojas 2186/vta., punto VII, salvo que así lo acuerden las partes.

Con ello se ha dado respuesta a los agravios del demandado, y de la señora Defensora de Menores de Cámara.

Atinente a la queja de la actora, se advierte que en la medida que solicita que se mantenga actualizada la cuota alimentaria, ello no configura un agravio, toda vez que no se realiza una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que se consideran erróneas, sino que se hace referencia a un auto mediante el que se declaro tardía su solicitud y que adquirió firmeza -ver fojas 2141/2143-.

No obstante, se ha tenido presente el tiempo transcurrido desde que se inició la mediación y la mayor edad de A. y B., como el incremento del costo de vida y las posibilidades de la actora de generar ingresos. Consecuentemente, no existen otras consideraciones que efectuar.

Ello, claro está, sin perjuicio de lo que puedan solicitar las partes por la vía y forma que entiendan corresponde, de juzgar que les asiste derecho.

Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: Confirmar la decisión apelada, en todo lo que fue materia de agravio, con costas al alimentante en atención a la forma en que se decide y a la naturaleza del proceso, (artículos 68 y 69 del Código Procesal). Regístrese y notifíquese a la señora Defensora de Menores de Cámara en su despacho y a las partes en los términos del artículo 135 del Código Procesal. Cumplido, comuníquese al CIJ (Ac. 15/2013 y 24/2013 CSJN). Oportunamente, devuélvase encomendándole al «a quo» las restantes notificaciones, de corresponder.

Fdo.

Sebastian Picasso.

Liliana E. Abreut de Begher.

Claudio M. Kiper.

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: